martes, 31 de agosto de 2010

Comunicado suministrado por Richard Solly (MAC)

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA,en ocasión de la II Reunión Plenaria Extraordinaria. 1. Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, reunidos en Asamblea Plenaria Extraordinaria, hemos analizado la situación en que actualmente se encuentra nuestra querida Patria. Lo hemos hecho desde nuestro corazón de pastores, con la mirada iluminada por la luz del Evangelio y desde el contacto que tenemos con la realidad de las comunidades. Hemos constatado varias situaciones que nos preocupan profundamente: ..... e. Un profundo y progresivo daño ecológico y la eliminación de la biodiversidad en muchas áreas de Guatemala: Somos testigos del deterioro imparable del medio ambiente. Falta una verdadera cultura ecológica en el guatemalteco. Existen malas costumbres, hondamente arraigadas, que ensucian, contaminan y dañan el medio ambiente. Manifestamos nuestra comunión y nuestro apoyo al obispo Alvaro Ramazzini y a su eminencia, el cardenal Rodolfo Quezada, en sus repetidas intervenciones advirtiendo del daño que produce el que se continúe con la minería a cielo abierto así como la explotación del petróleo en el área protegida conocida como la Laguna del Tigre. Ahora también se pretende la minería de hierro en la costa sur. Ellos, junto con numerosos sectores de la sociedad civil y de las comunidades afectadas, han dado la señal de alerta de los daños que las industrias extractivas de metales pueden producir, incluída la conflictividad social y los efectos nocivos sobre la salud. A pesar de estos planteamientos, existe una campaña mediática, astutamente impulsada, que hace que parezca como bueno y deseable lo que no puede justificarse de ninguna manera. El pretexto es demostrar que lo más importante es atraer la inversión extranjera no importa si se destruye o se respeta la riqueza natural de nuestro país. Esos bienes no renovables con los que cuenta nuestra patria, fueron dados por Dios para beneficio de todos y no como mercancías negociables por parte del Estado y de empresas sin demasiados escrúpulos. ...... Pedimos que este comunicado sea leído en todas las parroquias. Guatemala, 26 de Agosto del año 2010.

Los Milagros del Limón

El limón No mata las CéLULAS BUENAS..........................Saludos, y a tomar una limonada natural
El Limón (Citrus limonun Risso, Citrus limon (L.) Burm., Citrus medica) es un producto milagroso para matar las células cancerosas. Es 10,000 veces más potente que la quimioterapia. ¿Por qué no estamos enterados de ello? Porque existen organizaciones interesadas en encontrar una versión sintética, que les permita obtener fabulosas utilidades. Así que de ahora en delante usted puede ayudar a un amigo que lo necesite, haciéndole saber que le conviene beber jugo de limón para prevenir la enfermedad. Su sabor es agradable. Y por supuesto no produce los horribles efectos de la quimioterapia. Y sí tiene la posibilidad de hacerlo, plante un árbol de limón en su patio o jardín. Todas sus partes son útiles.
La próxima vez que usted quiera beber un jugo, pídelo de limón natural sin preservantes.
¿Cuántas personas mueren mientras este secreto ha estado celosamente guardado para no poner en riegos las utilidades multimillonarias de grandes corporaciones?
Como usted bien lo sabe el árbol de limón es bajo. No ocupa mucho espacio, Se le conoce con el nombre de Limonero, limón, lima, limoeiro (gal.), llimoner (cat.), limoiaritz (eusk.).

La fruta es un cítrico que viene en diferentes presentaciones; su pulpa se la puede comer directamente o se la emplea normalmente, para elaborar bebidas, sorbetes, dulces, etc.
El interés de esta planta se debe a sus fuertes efectos anti cancerígenos. Y aunque se le atribuyen muchas más propiedades, lo más interesante de ella es el efecto que produce sobre los quistes y los tumores. Esta planta es un remedio de cáncer probado para los cánceres de todos los tipos. Hay quienes afirman que es de gran utilidad en todas las variantes del cáncer. Se la considera además como un agente anti-microbial de amplio espectro contra las infecciones bacterianas y por hongos; es eficaz contra los parásitos internos y los gusanos, regula la tensión arterial alta y es antidepresiva, combate la tensión y los desórdenes nerviosos.
La fuente de esta información es fascinante: procede de uno de los fabricantes de medicinas más grandes del mundo, quien afirma que después de más de 20 pruebas de laboratorio, realizadas a partir de 1970 los extractos revelaron que:
Destruye las células malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon, de pecho, de próstata, de pulmón y del páncreas…
Los compuestos de este árbol demostraron actuar 10,000 veces mejor retardando el crecimiento de las células de cáncer que el producto Adriamycin, una droga quimioterapéutica, normalmente usada en el mundo. Y lo que es todavía más asombroso: este tipo de terapia, con el extracto de limón, destruye tan sólo las malignas células del cáncer y no afecta las células sanas.

Instituto de Ciencias de la Salud, L.L.C. 819 N. Charles Street Baltimore,
MD 1201

jueves, 26 de agosto de 2010

Noticia Importante (El Espectador, agosto, 26,/10)

Corte Interamericana pone a México en banquillo por denuncia de campesinos
Por: Afp
Los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera alegan que fueron detenidos y torturados por los militares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este jueves una audiencia de dos días por una denuncia de dos campesinos mexicanos que se oponían a la tala de bosques, que fueron detenidos por militares en 1999 y luego condenados bajo cargos de tener armas y drogas.
Los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, cuyo denuncia fue avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, alegan que fueron detenidos y torturados por los militares para que firmaran declaraciones inculpándose y que no tuvieron un juicio justo.
"La Comisión encontró que se había desconocido el derecho que tienen estas personas a que el Estado investigara, judicializara y penalizara los malos tratos y las torturas, y finalmente fueron condenadas con base en declaraciones que rindieron estas personas sometidas a los malos tratos y las torturas", dijo el comisionado de la CIDH en el juicio, Rodrigo Escobar.
La CIDH llevó el caso ante la Corte Interamericana, con sede en San José, que este jueves escuchó el testimonio de Montiel, quien junto a Cabrera fue liberado de prisión en 2001 por orden del gobierno del ex presidente Vicente Fox, en medio de presiones de entidades ecologistas y humanitarias.
"Quiero agradecer a Dios y a la Corte Interamericana por permitirme venir a hablar de viva voz", declaró Montiel al iniciar su testimonio ante el panel de siete jueces, encabezado por el presidente de la Corte, el magistrado peruano Diego García-Sayán.
Montiel, quien testificó sin quitarse su sombrero vaquero, relató que sufrió prisión, malos tratos y torturas como "consecuencia de la lucha de la organización (de campesinos ecologistas) para defender nuestros bosques".
Los dos campesinos del estado mexicano de Guerrero alegan que fueron detenidos y condenados como represalia por la campaña que iniciaron en 1998 contra la tala de bosques en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
En los dos días de audiencia, la Corte escuchará también declaraciones de testigos y peritos, y los alegatos de los abogados del gobierno mexicano y de los campesinos, además de los representantes de la CIDH.

sábado, 14 de agosto de 2010

Documento Clave para la relación Minería y Comunidades

MINAS Y COMUNIDADES:
LA DECLARACION DE LONDRES 2008
• Denunciar las afirmaciones sin sustento de la industria minera
• Contra los modelos actuales de “relacionamiento corporativo”
• Frente a las crecientes amenazas a la vida
• Por un total reconocimiento de los derechos comunitarios
En mayo de 2001, veinticuatro representantes de comunidades y grupos
afectados por la minería en Asia, Africa, India y América del Sur y Norte, nos
reunimos en Londres para identificar y analizar los impactos de la minería en la
vida de las comunidades y los ecosistemas, y compartir estrategias para
enfrentar las prácticas y políticas inaceptables de esta industria.
Reconocimos a Londres como la capital minera mundial, donde se provee gran
parte del capital que se invierte en el sector y se fijan los precios
internacionales de los metales. También aquí tienen sus oficinas centrales dos
de las cuatro empresas mineras más influyentes del mundo.
Londres es también el centro de las iniciativas lanzadas por la industria para
persuadir a la “comunidad internacional” y continuar así con muchas de sus
prácticas inaceptables. Al frente de esas iniciativas estaba el Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM), con el apoyo de la mayoría de las
grandes empresas mineras y unas veinte ONGs internacionales.
Siete años atrás, declaramos que estas iniciativas promovían al menos cuatro
verdades a medias o mitos:
(i) la supuesta necesidad de más minerales y más explotaciones
mineras;
(ii) el argumento que sostiene que la minería promueve el desarrollo;
(iii) la creencia en que soluciones técnicas pueden resolver casi todos
los problemas; y
(iv) que todos aquellos que se oponen a la minería son básicamente
comunidades y ONGs ignorantes y “antidesarrollo”.
Vimos que numerosas experiencias – algunas con más de veinte años de
desarrollo – contradicen enfáticamente dichas asunciones.
De aquella histórica reunión nació la Red Minería y Comunidades (Mines and
Communities Network – MAC).
MINAS Y COMUNIDADES – SIETE AÑOS DESPUÉS
Reunidos nuevamente en Londres, en octubre de 2007, con un grupo editorial
de más de treinta miembros de catorce países, MAC reafirma la realidad de
aquellas experiencias y profundiza sus demandas iniciales.
Desde 2001, vemos a los pueblos sufrir todavía más profundamente a causa
de la minería en todas sus etapas y nuevas formas - desde la exploración hasta
la extracción y finalmente el abandono. El dolor y la destrucción irreparable
ocasionada a culturas, identidades y vidas se ha profundizado. Más tierras
ancestrales han sido tomadas, y más riquezas naturales, sin el consentimiento
de los pueblos y sin beneficios sustanciales para las comunidades o las
economías de las naciones donde ellas se encuentran.
El avance de la opresión militar y paramilitar por fuerzas estatales y privadas,
que actúan en nombre de empresas mineras, ha aumentado dramáticamente.
Con esto, una creciente demonización, arresto arbitrario, e incluso asesinato de
líderes comunitarios cuyo único “crimen” ha sido oponerse a proyectos mineros
que amenazan la integridad territorial y modo de vida comunitarios.
La extracción de minerales ha envenenado aguas, destruido fuentes de
alimentación, relaciones sociales, ha provocado enfermedad y daño. Muchas
veces, comunidades han sido divididas por conflictos civiles generados desde
afuera. El aumento en el uso de maquinaria ha quitado a muchos el rol que
alguna vez tuvieron como trabajadores mineros.
En los últimos años la industria minera, con el apoyo de algunas autoridades de
gobierno, se ha vuelto muy agresiva y sofisticada en la manipulación de las
leyes y políticas nacionales e internacionales, que favorecen sus propios
intereses, mediante mecanismos como los tratados de libre comercio.
La legislación minera de unos cien países ha sido drásticamente modificadas
(liberalizadas) según los intereses del capital minero. Protocolos que protegen
a los pueblos indígenas y el medioambiente se diluyen, al tiempo que la
expansión minera alcanza niveles sin precedente y más países minerodependientes
resignan su responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos
para convertirse en sirvientes de las corporaciones globales.
Al mismo tiempo, hemos sido testigos presenciales del aumento en la
resistencia comunitaria, y de nuevas alianzas forjadas entre poblaciones
locales y trabajadores, quienes sufren por la incertidumbre de los contratos
temporarios o la usurpación corporativa de la minería tradicional en pequeña
escala.
En mayo de 2001:
1) Demandamos una moratoria para nuevos proyectos mineros a gran
escala en Asia, Africa y América Latina;
2) Expresamos nuestra firme oposición a toda actividad minera o
disposición de residuos mineros en bosques, cursos de agua y
montañas;
3) Llamamos al banco Mundial/Fondo Monetario Internacional a cesar todo
financiamiento hacia códigos mineros diseñados por la propia industria
que fueran impuestos a los gobiernos de Africa, Asia-Pacífico y América
Latina.
4) Demandamos estándares más estrictos y obligatorios para todo el sector
minero;
5) Insistimos en el reconocimiento y respeto incondicional de todos los
derechos sobre el suelo y subsuelo de los pueblos indígenas y las
comunidades afectadas por la minería, así como su derecho a vetar
proyectos inaceptables;
6) También insistimos en que las empresas mineras deben sanear los
perjuicios terribles causados por sus minas antiguas y actuales, sin
utilizar fondos públicos, y deben responsabilizarse en sentido moral,
legal y financiero por sus daños;
Ahora fortalecemos y elaboramos estas demandas iniciales.
NUEVAS DEMANDAS DE CAMBIO:
Llamamos a:
1) Rechazar toda asistencia oficial o de agencias multilaterales para el
desarrollo – la Corporación Financiera Internacional o la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, el Banco Europeo de
Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo, y otros – orientada
principalmente a promover la extracción de minerales, el desarrollo de
infraestructura primaria para la industria minera, o una mayor dilución en
los marcos regulatorios, regímenes de impuestos y regalías, concebidos
para favorecer los intereses de la industria minera privada y sus
inversores.
2) Cancelar o renegociar todos los contratos de extracción y procesamiento
de minerales y licencias que roban a los pueblos la renta de sus
recursos, dilapidan bienes comunes, resultan en la exportación de los
beneficios reales de los minerales extraídos, o sacrifican en cualquier
modo el derecho ciudadano a un modo de vida sustentable. Rechazar
todo código minero y cancelar todo tratado de libre comercio, de
inversiones bilaterales y acuerdos de asistencia multilateral que permitan
o contribuyan con tales contratos o licencias.
3) Abandono de todo código de conducta corporativo o promesa de
responsabilidad social que dependa solamente de una observación
voluntaria, sin monitoreo transparente e independiente de su
implementación.
4) Asegurar a los Pueblos Indígenas garantías a sus derechos, usando
como estándar mínimo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007. De ellos, es
central el derecho a la autodeterminación, del cual es un instrumento
importante el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Los
pueblos indígenas deberían ser convocados a otorgar o negar el CLPI
antes que cualquier actividad de exploración o explotación minera se
lleve a cabo en sus territorios. Si una comunidad indígena decidiera no
otorgar el CLPI, la empresa interesada debe respetar su decisión y
retirarse del territorio de la comunidad.
5) Respeto al derecho de toda comunidad a decir “no” a un proyecto
minero o relativo a los minerales que consideren podría impactar de
manera adversa en su medioambiente o en los recursos de los que
dependen.
6) Repudiar las leyes anti-terrorismo y otras políticas que amenazan la vida
y recortan los derechos de comunidades o activistas que protestan
contra proyectos mineros.
7) Poner fin a la violencia, ya sea de los Estados o aquellos empleados por
empresas mineras, contra quienes se oponen a la minería, incluyendo
asesinatos extrajudiciales.
RESPONSABILIDAD DE LA ONGS:
En 2001, buscamos la solidaridad de la sociedad civil, y especialmente de las
organizaciones de desarrollo y ambientales, en respuesta al clamor global de
las comunidades afectadas por la minería.
1) Pedimos a estas organizaciones que aseguren que las comunidades
afectadas por la minería hayan sido completamente informadas
previamente sobre todos los aspectos de cualquier proyecto minero, y
fortalecidas para responder por ellas mismas frente a esa información.
2) Pedimos a estas organizaciones que se nieguen a participar en
iniciativas impulsadas por la industria para servir a sus propios intereses.
3) También les pedimos que promuevan medidas de cumplimiento legal y
políticamente obligatorio que aseguren la responsabilidad de la industria
minera, ante todo, frente a las comunidades afectadas por la exploración
y extracción de minerales.
Ahora, invitamos a estas organizaciones a ir más allá y:
1) Apoyar activamente a las comunidades en la defensa de sus derechos.
2) Asegurar que nunca negociarán con la industria o los gobiernos en
nombre o representación de ninguna comunidad, excepto que hayan
sido invitadas a hacerlo por la propia comunidad.
3) Denunciar cualquier abuso a los derechos humanos perpetrado contra
aquellos que se oponen a operaciones mineras.
4) Promover y asistir modelos de desarrollo tradicionales, u otros, que
hayan sido elegidos por las comunidades como alternativa a la
dependencia de la gran minería, de acuerdo a su integridad cultural,
social, económica y ambiental.
5) Rechazar cualquier fondo u oferta de financiamiento que provenga de
empresas mineras o empresas relacionadas con el sector minero,
cualquiera sea su propósito declarado.
6) Negarse a colaborar o emplear cualquier consultor – incluyendo
académicos – que no puedan probar fehacientemente su independencia
de la industria minera.
Finalmente, como miembros o adherentes de la Red Minería y Comunidades,
renovamos nuestro compromiso en la defensa de nuestros miembros y todos
aquellos con quienes trabajamos, cuando su nombre, derecho a la libre
expresión y organización, o la propia vida sean puestos bajo amenaza.
Hacia el cumplimiento de estos objetivos, invitamos a firmar esta Nueva
Declaración de Londres.
(Lista de quienes firman como miembros y adherentes la Declaración, 12/
2008)
Abdulai Darimani
THIRD WORLD NETWORK AFRICA (Ghana)
Abigail (Abie) Kiyan Cordillera Peoples Alliance (CPA) (Philippines
Abu A. Brima NETWORK MOVEMENT FOR JUSTICE AND
DEVELOPMENT (Sierra Leone)
Chalid Muhammad Indonesia
Siti Maemunah (Mai) JATAM (Indonesia)
Tracy Glynn JATAM (Canada)
Mining Advocacy Network and the Conservation
Council of New Brunswick
Armando Perez Araujo YANAMA (Colombia)
Remedios Fajardo YANAMA (Colombia)
Catalino ‘Bong’ Corpuz TEBTEBBA FOUNDATION (Philippines)
Catherine Coumans MININGWATCH CANADA (Canada
Dawn Paley MININGWATCH CANADA (Canada)
Susan Murdock MININGWATCH CANADA (Canada)
Jamie Kneen MININGWATCH CANADA (Canada)
Russell Hart MININGWATCH CANADA (Canada)
Cesar Padilla
Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina
(Latin America)
Geoff Nettleton PIPLinks (United Kingdom)
Andrew Whitmore (Whit) PIPlinks
Ximena Warnaars
Luis Claps
Ecuador
Jo M Villaneuva LRC-KSK (Friends of the Earth - Philippines)
Jose De Echave COOPERACION (Peru)
Clemente ‘Enteng’ Bautista KALIKASAN (Philippines)
Karyn Keenan Halifax Initiative (Canada)
Lulu Jimenez Cordillera Peoples Alliance (CPA) (Philippines)
Ravi Rebbapragada Mines, Minerals and People (India)
K Bhanumathi (Bhanu) Mines, Minerals and People (India)
Sreedhar Ramamurty Environics Trust, Mines, Minerals and People (India)
Stuart Kirsch Associate Professor
The University of Michigan
Techa Beaumont Minerals Policy Institute (MPI) (Australia)
Tito Natividad Fiel DIOPIM Committee on Mining Issues (DCMI)
(Philippines)
Xavier Dias BIRSA (India)
Jharkhand Mines Area Coordination Committee
Andrew Hickman Down to Earth (DTE) UK
Andrew Whitmore PIPLinks
Richard Solly Partizans (UK)
Roger Moody Partizans (UK)

Solidaridad con Baltasar

MANIFIESTO POR LA JUSTICIA DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN
El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia.
El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal.
El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas.
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional.
El juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por una sala del Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad al Movimiento Nacional del franquismo.
Una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español.
El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme con su Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo.
Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.
Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.

Consideraciones del Gobierno Colombiano

CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO
AL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA (2009)
Bogotá, marzo de 2010
I. Introducción
1. El Estado colombiano agradece la presentación del Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos, en su décimo tercer período de sesiones. Así mismo, considera propicia la oportunidad para destacar la labor de los funcionarios de su Oficina en Colombia y agradecer la visita de la Alta Comisionada Adjunta y del Jefe de la División de Operaciones, recibidas durante 2009.
2. El Resumen Ejecutivo del Informe hace una justa valoración de los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en Colombia, al señalar los “importantes avances” logrados durante el año objeto de estudio y resaltar “la apertura del Estado colombiano al escrutinio internacional, el espíritu de cooperación así como la apertura y franqueza para tratar los retos” según está consignado textualmente en el Informe. Dentro de los logros, vale la pena incluir la reducción en un 63% de las declaraciones de personas que manifiestan haber sido desplazadas durante el año, con respecto a 2008.
3. La lectura del Informe permite concluir que las instituciones del Estado colombiano, en su integridad, se encuentran comprometidas en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ciudadanía, emanadas de la Constitución Nacional, del carácter democrático del régimen político vigente en el país, de las Leyes nacionales y de los compromisos internacionales adquiridos. Así mismo, se demuestra que, aunque subsisten problemas por superar, la política del Estado está centrada en trabajar con toda su capacidad por garantizar y proteger los Derechos Humanos, sin ninguna complacencia frente a las violaciones a los derechos de quienes habitan en el territorio. Es evidente que no existe política gubernamental que admita o justifique la violación de derechos, ni ahorro de esfuerzos, por parte del Estado para evitar que tales violaciones ocurran.
4. Especial significación tiene el reconocimiento de los avances en la Fuerza Pública colombiana manifestados en la reducción drástica de denuncias relacionadas con la ocurrencia de homicidios en persona protegida, el combate a todos los fenómenos de criminalidad, los esfuerzos de protección a la población y a las instituciones, la expedición de políticas acordes a la protección de los Derechos Humanos y la constatación de que los casos en que sus miembros incurren en faltas son casos aislados y en contra de la política del Ministerio de Defensa y del Alto Mando. En una situación como la de Colombia, la labor de las Fuerzas Militares y de Policía es intensa y se requiere transparencia y compromiso con los Derechos Humanos para lograr legitimidad y sostenibilidad de los logros alcanzados en el combate a la violencia y a la criminalidad. Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, Phillip Alston, afirmó lo siguiente: “Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa”.
5. Las instituciones colombianas toman nota de los retos señalados por el Informe y de las falencias por superar; al hacerlo, el Estado destaca que muchas de las prioridades señaladas coinciden con aquéllas definidas en la política estatal, tales como la superación de la impunidad, el combate a todos los grupos ilegales y a toda forma de criminalidad, la protección de la población frente a los grupos armados ilegales ligados al narcotráfico, la garantía total para el ejercicio de todas las libertades, la prevención y castigo a la violencia sexual, las políticas diferenciales para sectores más vulnerables de la población y la agilización de los procesos desarrollados al amparo de la Ley de Justicia y Paz tendientes a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
6. Con profundo respeto por la independencia de la Oficina de la Alta Comisionada y por las conclusiones consignadas en su Informe, el Estado colombiano se permite consignar sus Consideraciones, con el ánimo de enriquecer su contenido, facilitar una mejor comprensión de la realidad nacional y poner en conocimiento del público resultados relevantes, así como información sobre las políticas públicas que se encuentran en desarrollo. Para mayor comprensión, las notas serán cortas y se ordenarán de acuerdo con el contenido del Informe.

II. Cooperación con la comunidad internacional
7. Además de lo reseñado en el Informe respecto de la visita de cuatro representantes de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas a Colombia durante 2009; la visita de la Alta Comisionada Adjunta y del Jefe de la División de Operaciones de la Oficina; el análisis de la situación colombiana por parte de tres órganos de tratados; la adopción, en el mes de marzo, del Examen Periódico Universal y la presentación del Informe del Secretario General ante del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad en aplicación del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes contenido en la Resolución 1612 (2005), vale la pena destacar el funcionamiento regular del mecanismo de diálogo tripartito establecido con la comunidad internacional representada en el denominado Grupo de los 24[1] y la sociedad civil en el marco del Proceso Londres – Cartagena – Bogotá, el suministro de información permanente a la Corte Penal Internacional, el establecimiento de mecanismos de diálogo en materia de Derechos Humanos con la Unión Europea, Canadá y España, entre otras actividades, sin mencionar la interlocución permanente y la atención ofrecida a las orientaciones emanadas del Sistema Interamericano de derechos humanos y de la OIT, así como un sinnúmero de actividades desarrolladas en el ámbito bilateral, o en el marco del relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil.
8. En desarrollo del ejercicio del examen Periódico Universal, Colombia demostró su voluntad de asumir con transparencia y seriedad el proceso de examen y auto-reflexión, lo que permitió al Estado identificar los logros y los desafíos por superar; por ello, ha puesto en funcionamiento, de manera pública, un sistema de seguimiento periódico a los 133 ítems identificados como recomendaciones aceptadas o compromisos voluntarios[2].
9. No existe, en Colombia, restricción de ninguna naturaleza a la presencia, movilidad o actividad de organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil – nacionales o internacionales- o periodistas, a pesar de la situación de orden público que aún afecta algunas regiones. Los Relatores que visitaron el país han destacado las garantías y facilidades brindadas por el Estado para su labor, la apertura y disposición de todas las instituciones, el nivel de los funcionarios que los han recibido así como los esfuerzos y logros en todos los terrenos.
10. En conclusión, Colombia ha demostrado su más alto compromiso con los ideales de la dignidad humana y respeto por los mecanismos establecidos por la comunidad internacional, estatales y no estatales; ello obedece a la transparencia inspirada en los principios democráticos que sustentan el régimen político nacional, y al compromiso de la Política de Seguridad Democrática con el respeto a los Derechos Humanos. Las instituciones colombianas pueden tener deficiencias en su desempeño, pero es evidente que se guían por una política comprometida con la garantía, el respeto y la protección de los Derechos Humanos.
11. El Estado colombiano espera de la comunidad internacional una respuesta acorde a sus esfuerzos, compromiso y realizaciones; resulta desalentador que mientras el Estado colombiano invierte todo su empeño en desarrollar una política transparente y comprometida con los Derechos Humanos, el país se vea sometido a tratamientos discriminatorios e injustos por parte de sectores de la comunidad internacional.

III. Independencia del Poder Judicial
12. El Gobierno valora altamente la garantía de la independencia del poder judicial en un Estado de Derecho; por ello, se ve obligado a hacer referencia a la aseveración, contenida en el Informe, en el sentido de que “…las tensiones y enfrentamientos públicos…. Pudieron haber socavado la independencia de la rama judicial”.
13. Como en todo Estado democrático, en Colombia existen diferencias de criterio sobre una diversidad de temas, y debate público sobre decisiones de las diferentes ramas del poder público; en lo que toca con decisiones judiciales, el Gobierno Nacional de manera transparente ha expresado sus observaciones o ha puesto en conocimiento del público y de los órganos competentes informaciones recibidas sobre presuntos comportamientos inadecuados de miembros del Poder Judicial; otros sectores de la sociedad colombiana también han manifestado su inconformidad frente a decisiones judiciales.
14. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional ha acatado todas y cada una de las decisiones judiciales que lo afectan y ha modificado sus políticas y presupuesto, acorde con las exigencias de los fallos judiciales, cuando ello ha sido necesario.
15. El Gobierno se permite recordar que:
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, una sala del Consejo Superior de la Judicatura y dos terceras partes de la Corte Constitucional, así como todos los funcionarios judiciales de nivel nacional, departamental y municipal son escogidos, elegidos o postulados por órganos del Poder Judicial o de los órganos de control del Estado;
El presupuesto de la Rama Judicial es administrado de manera autónoma por ésta, a través del Consejo Superior de la Judicatura, y durante el período comprendido entre 2002 y 2009, prácticamente se ha duplicado dicho presupuesto;
En los casos en los cuales el poder Ejecutivo participa en nominaciones, la decisión sobre el nombramiento de los funcionarios está en manos del Congreso de la República o de la Corte Suprema de Justicia.
No existe interferencia, presiones o influencia del Ejecutivo en las decisiones que autónomamente toman los operadores judiciales.
16. El Gobierno Nacional ha prestado toda la colaboración necesaria para el avance de investigaciones cuando ello se ha requerido, y ha brindado las condiciones de seguridad para los y las funcionarios del poder judicial en todo el territorio. La gran mayoría de las actuaciones judiciales se desarrollan en un ambiente de cooperación armónica, orientado a obtener los fines del Estado consagrados en la Constitución y las Leyes colombianas.
17. La preocupación expresada en el Informe respecto a la persistencia de problemas estructurales en la administración de justicia es compartida por el Gobierno y por la sociedad colombiana; la persistencia de graves retrasos en las investigaciones judiciales, así como la falta de unidad de criterios jurisprudenciales entre otros, son retos que se deben abordar para superar la impunidad, a través de una tarea acometida por el Estado en su conjunto. El Gobierno compromete sus esfuerzos en ello, y solicita a los órganos del poder judicial el reconocimiento de estos desafíos y la voluntad para superarlos. La sociedad espera resultados prontos, eficaces, imparciales y sólidamente fundamentados, así como seguridad jurídica de parte del Estado.

IV. Organismos de Inteligencia
18. El Estado colombiano reconoce la gravedad de las informaciones dadas a conocer en el mes de febrero del 2009 sobre presuntas actividades ilegales de inteligencia desarrolladas por personas vinculadas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante los años 2003 a 2005; así lo ha expresado de manera pública el Presidente de la República y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional. Al respecto, es conveniente precisar lo siguiente:
La investigación sobre los hechos denunciados es adelantada por la Fiscalía General de la Nación y por la Procuraduría General de la Nación, de manera independiente y autónoma;
El Director del DAS entregó personalmente la evidencia que soporta dicha investigación, pocos días después de revelado el escándalo; por lo tanto, el Gobierno ha prestado toda su colaboración para el esclarecimiento de los hechos y ha actuado de manera transparente, al preservar la evidencia y ponerla en manos de los órganos judiciales competentes para la investigación; por ello, es incomprensible para el Gobierno que el Informe señale “obstáculos iniciales para la investigación”.
Las personas y organizaciones que aparecen como presuntas víctimas han contado con todas las garantías de representación, acceso e intervención en las diligencias judiciales;
El Gobierno Nacional ha tomado las medidas administrativas necesarias para enfrentar la situación y, desde antes de finalizar 2009, se radicó para consideración del Congreso de la República un Proyecto de Ley destinado a liquidar el DAS y crear una agencia civil de inteligencia conforme a los más altos estándares de calidad y transparencia.
Tal como lo señala el Informe, al parecer, la responsabilidad de estas actuaciones corresponde a funcionarios que transgredieron la política del Gobierno Nacional.
La Ley de Inteligencia (Ley 1288) presentada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la República con el apoyo de todas las bancadas allí representadas, dos meses antes de que se conocieran las denuncias, demuestra la preocupación del Estado colombiano por regular la legítima actividad de inteligencia, de acuerdo con los más altos estándares establecidos en materia de necesidad, pertinencia, límites y controles a dicha actividad.
19. La Ley de Inteligencia establece que no puede desarrollarse ninguna actividad de inteligencia que no corresponda a objetivos señalados en el Plan Nacional de Inteligencia y sin orden de autoridad responsable; establece que no pueden llevarse a cabo actividades de este tipo motivadas por la pertenencia a un grupo étnico, político, organización de Derechos Humanos o medio periodístico, entre otros; igualmente establece mecanismos de control interno y externo a través de una Comisión del Congreso de la República, entre otras disposiciones.
20. Así mismo, la Ley establece la obligación de depurar los archivos de Inteligencia; para ello se expidió el decreto reglamentario 3600 de septiembre de 2009, en el cual se habilita la cooperación de organismos internacionales, entre ellos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. El Gobierno Nacional agradece la gestión de acompañamiento adelantada por dicha Oficina, que permitió, en febrero de 2010, que funcionarios del Estado colombiano comprometidos en esta labor, conocieran la experiencia de países europeos materia de depuración e archivos de inteligencia.
21. Los hechos demuestran una actuación transparente y oportuna del Estado en relación con los organismos de Inteligencia y el establecimiento de normas y mecanismos que permitan que esta facultad se desarrolle de manera legítima y con pleno respeto a los derechos de las personas que habitan el territorio nacional.
22. Ello no obsta, para que se reitere el sentimiento de consternación por los hechos que hayan podido ocurrir y que empañan la política gubernamental. Así mismo, el Estado reitera su consideración a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de las presuntas actividades ilegales de inteligencia, entre quienes se cuentan funcionarios gubernamentales y de otras ramas del Estado, miembros de organizaciones sociales, periodistas y representantes de organismos internacionales, y reitera también su compromiso de redoblar esfuerzos para evitar la repetición de hechos tan lamentables.

V. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
23. Conforme a los compromisos adquiridos y a la manifiesta preocupación de sectores nacionales e internacionales, el Estado colombiano ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos y dentro de ellos, de aquéllos considerados especialmente vulnerables, como los representantes de organizaciones de víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de personas internamente desplazadas, de organizaciones de mujeres y de población LGBTI.
24. En desarrollo del Examen Periódico Universal, el Estado colombiano aceptó 16 recomendaciones que se refieren a la población de defensores de Derechos Humanos. Tal como lo señala el Informe, durante 2009 se instaló la Mesa Nacional de Garantías (que sesionó en tres ocasiones) y se desarrollaron 11 audiencias regionales concertadas con las organizaciones de la sociedad civil que produjeron 183 compromisos; 78 de ellos relacionados con medidas de prevención, 50 relacionados con protección y 48 relacionados con el desempeño del poder judicial.
25. Durante la visita de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Presidente de la República reiteró que “…la defensa de los Derechos Humanos es una contribución necesaria para la sostenibilidad de la política de Seguridad Democrática, por cuanto los Derechos Humanos y la eficacia constituyen un dúo que construye confianza ciudadana en la seguridad”. Así mismo, expresó: “…la defensa de los Derechos Humanos es una acción necesaria y legítima para la Democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia”.
26. Es de resaltar la gestión de la Policía Nacional para mantener una interlocución permanente con defensores de Derechos Humanos a nivel regional y con sectores como la población LGTBI, así como el establecimiento de un grupo especial de investigación de las amenazas denunciadas y de un procedimiento especial de investigaciones para ello.
27. El Gobierno agradece el reconocimiento al Programa de Protección y reitera que en todas las circunstancias el Estado mantendrá la responsabilidad y cumplirá su obligación de protección. Sin embargo, frente a circunstancias administrativas y la exigencia de ser mantenidos escoltas de confianza, se hace necesario hacer ajustes al esquema de operación, subcontratando con empresas privadas de seguridad. Para ello, se ha iniciado una etapa de transferencia voluntaria de esquemas de seguridad, propiciado la consulta con los beneficiarios para el resto de los casos y se han ofrecido mecanismos especiales de supervisión para lograr eficacia y transparencia.
28. Es preciso señalar que las anotaciones respecto a las demandas por injuria y calumnia contra defensores de Derechos Humanos o periodistas se refieren a unos pocos casos, -no por eso menos preocupantes-, que han interpuesto ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos a la dignidad personal, por afirmaciones de los acusados; en ningún caso, se trata de acciones adelantadas por funcionarios estatales.
29. El Estado compromete sus esfuerzos en la realización de las tareas prioritarias derivadas de los compromisos adquiridos en la Mesa Nacional y audiencias regionales de Garantías tal como lo reclama el Informe; sin embargo, esta ocasión es propicia para reiterar su llamado a los defensores de Derechos Humanos para desarrollar su labor de manera independiente pero objetiva, autónoma pero constructiva y para restablecer la Instancia de Coordinación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A juicio del Gobierno Nacional, no hay razones que justifiquen seguir negando, por años, a la sociedad colombiana, la posibilidad de elaborar un Plan Nacional de Acción de manera concertada.

VI. Bandas Criminales Emergentes
30. En reiteradas ocasiones, el Gobierno ha expresado su reconocimiento y preocupación frente a la existencia de un enorme desafío, surgido en el contexto de la desmovilización de los grupos de autodefensa y ha convocado a la sociedad y a las instituciones a enfrentarlo con toda la determinación y transparencia y ha encabezado acciones permanentes y contundentes contra este fenómeno.
31. Se recuerda que el Presidente de la República ha realizado decenas de pronunciamientos públicos exigiendo a las autoridades eficacia en el combate a estos grupos de delincuencia organizada y ha encabezado Consejos de Seguridad en las ciudades y poblaciones en las que se ha denunciado la presencia de este fenómeno; si se quiere, por lo menos, el 60% de los Consejos de Seguridad que se llevan a cabo de manera ordinaria todos los lunes, se han realizado en zonas donde la presencia de bandas criminales emergentes se identifica como la principal amenaza para la seguridad pública.
32. Adicionalmente, el Presidente de la República ordenó al Director de la Policía Nacional presentar un informe público mensual sobre los resultados en el combate a este fenómeno y se constituyó un mecanismo de seguimiento a la dinámica de éstos grupos en el que fueron invitados a participar la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la organización no gubernamental Indepaz.
33. La directiva 019 de abril de 2009 del Director de la Policía Nacional revisó las estrategias desarrolladas para el combate a las bandas criminales, estableció prioridades y medidas integrales para esta labor. En desarrollo del combate a estas bandas se ha logrado la incautación de 3.500 armas largas, 4.000 armas cortas, 55 toneladas de cocaína y, sólo durante 2009, se pusieron bienes a disposición de la justicia para la extinción del dominio equivalentes a cerca de 23 millones de dólares. Durante 2009, fue capturado Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, máximo jefe de una de las bandas criminales, captura que se suma a las de años anteriores de alias HH, los mellizos Mejía y Don Diego para sólo mencionar algunos máximos jefes de estos grupos.
34. La constatación de la existencia de diferentes tipos de grupos: unos que no se desmovilizaron (como el caso citado en el Informe de ERPAC), de grupos que han surgido del narcotráfico y mantienen estrechas relaciones con la guerrilla, otras bandas dedicadas a la extorsión y el narcotráfico en áreas urbanas y de grupos de reincidentes en algunas zonas del país, llevan al Estado colombiano a llamar la atención sobre la naturaleza de estos grupos. Este planteamiento no pretende desconocer el problema, ni su magnitud, ni los riesgos potenciales que el fenómeno entraña; se trata de hacer claridad sobre su carácter, con el ánimo de ubicar adecuadamente el problema y hacer justicia sobre el proceso de desmovilización de las denominadas autodefensas.
35. En primer lugar, el Estado colombiano considera inadecuado que toda la criminalidad colombiana sea catalogada como neoparamilitarismo, la reedición de los paramilitares o la continuidad de éstos; tal como se expresó, no hay homogeneidad en la conformación, propósitos, métodos y actividades de estos grupos; es dable encontrar estructuras militares o cuasi militares, mafiosas, sicariales y diversidad de propósitos: extorsión, territorio, comercio minorista de drogas ilícitas, narcotráfico, redes de prostitución, entre otros. Se trata de no calificar de paramilitares a toda banda delincuencial organizada en Colombia; ello no niega las exigencias para castigar a quienes incumplen los compromisos del proceso de desmovilización, ni la intensidad con la que hay que combatir la delincuencia.
36. Dos asuntos adicionales son de la mayor importancia: primero, la mayor parte de la violencia ejercida por las bandas criminales emergentes es ejercida entre ellas mismas, por el control de negocios ilícitos y segundo, la política implementada por la Fuerza Pública es clara en el combate a este fenómeno delincuencial.
37. De manera sumaria, se puede afirmar que existe un desafío que es reconocido y combatido por el Estado, que merece toda su atención, frente al cual se pueden reportar resultados contundentes y verificables, y que tal desafío está más ligado a las posibilidades de negocios ilícitos (desarrollados muchas veces de manera conjunta con los grupos armados ilegales FARC y ELN). Así mismo, se puede afirmar que no todas las bandas delincuenciales obedecen a los mismos propósitos, causalidad, dinámica o carácter.

VII. Grupos armados ilegales FARC y ELN (Grupos Guerrilleros)
38. Es conveniente adicionar a la descripción y caracterización que plantea el Informe con respecto a estos grupos sobre su total desconocimiento, tanto en términos políticos como prácticos, del Derecho Internacional Humanitario, algunos hechos que conmovieron a Colombia durante el 2009: la masacre de 18 indígenas miembros de la comunidad Awá en el mes de febrero; el secuestro y asesinato del Gobernador del Departamento de Caquetá en el mes de diciembre; el asesinato de sindicalistas y de por lo menos el 40% de los indígenas asesinados en Colombia durante el 2009; la muerte de ediles y concejales popularmente elegidos y los ataques a la misión médica, entre otros hechos.
39. Es evidente que en Colombia no hay ninguna justificación para el uso de la violencia con pretendidos fines políticos, ni respaldo ciudadano a los grupos armados ilegales que esgrimen este tipo de argumentos; por ello, el Estado y el pueblo colombiano demandamos de la comunidad internacional pronunciamientos más enérgicos que reclamen la liberación de las personas que se mantienen secuestradas en condiciones inhumanas, el cierre de todas las posibilidades de circulación de personas y bienes relacionados con los grupos armados ilegales en sus territorios y la exigencia de un cese inmediato de acciones armadas, para proceder a una negociación seria y transparente.



VIII. Aplicación de la Ley de Justicia y Paz
40. Colombia optó por la implementación de un procedimiento de justicia transicional exigente en términos de verdad judicial, administrado por operadores judiciales independientes y con plenas garantías a las víctimas para la realización de sus derechos.
41. Durante el Examen Periódico Universal, el Estado colombiano presentó de manera voluntaria el compromiso de agilizar los procesos de Justicia y Paz; así mismo, en cumplimiento de la agenda anual del Proceso Londres – Cartagena – Bogotá (referido en el numeral II.), durante el segundo semestre de 2009 se desarrolló el seminario Fortalecimiento de la Justicia a Favor de las Víctimas que arrojó un importante número de propuestas y sugerencias para optimizar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
42. Los reconocimientos sobre el camino que resta por recorrer no pueden ocultar que, en desarrollo de la Ley, miles de víctimas han encontrado respuesta a sus demandas; baste señalar que 17.262 crímenes han sido totalmente esclarecidos con la participación de las víctimas, a través de la investigación judicial y de las versiones e interrogatorios a las personas desmovilizados, y otros 18.400 crímenes están surtiendo este proceso. Este total de 35.664 crímenes contempla 30.470 homicidios; 1.085 masacres; 1.437 casos de reclutamiento ilícito; 2.520 casos de desaparición forzada; 2.326 casos de desplazamiento; 1.033 secuestros; 179 casos de tortura y 34 casos de violencia sexual.
43. Dentro de las 51.702 víctimas de estos casos, aparecen 284 sindicalistas; 214 indígenas; 92 miembros del partido político Unión Patriótica; 36 periodistas y 38 miembros de organizaciones no gubernamentales, así como 511 servidores públicos. Adicionalmente, se han exhumado 2.900 cadáveres de fosas comunes y, en jornadas de atención, se ha recibido a 75.000 víctimas. Así mismo se han compulsado copias respecto a 657 servidores públicos y se está en proceso de imputación parcial de cargos sobre 177 personas sometidas a la Ley.
44. Durante 2009, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación instaló 4 comisiones regionales de restitución de bienes y el Gobierno Nacional efectuó el pago de reparaciones por vía administrativa equivalentes a US$ 100 millones.
45. Esta ilustración concede al Estado colombiano autoridad moral para señalar algunos aspectos contenidos en el Informe que desdibujan el concepto de la justicia transicional que inspira la Ley de Justicia y Paz:
46. En primer lugar, la petición de considerar algunos delitos como no indultables. Es preciso señalar que la Ley de Justicia y Paz no es una Ley de indulto; ella establece requisitos, procedimientos judiciales para imponer la pena por los Tribunales de Justicia y Paz y concede a estos Tribunales la facultad de conceder una pena alternativa si se cumplen unas condiciones establecidas en la Ley. Si el llamado es a que en cualquier marco jurídico no se puedan conceder beneficios jurídicos por estos delitos a cambio de la desmovilización y la satisfacción de los derechos de las víctimas, lo que se está afirmando y solicitando es que no puede haber procesos de paz negociada en Colombia puesto que es impensable que puedan producirse procesos de negociación para obtener la desmovilización, con aplicación plena de las penas establecidas en las leyes penales.
47. En segundo lugar, se invocan supuestos estándares internacionales como objetivos a lograr. El Estado colombiano es consciente de sus obligaciones frente a los derechos de las víctimas y desea su plena realización; pero trae a consideración que ni la experiencia de ningún país en procesos de paz ha tenido estándares más altos que los establecidos en Colombia y que los instrumentos internacionales adoptados por los Estados están satisfechos con el contenido de la Ley. Una cosa es que se comprometan los mayores esfuerzos para lograr la garantía y protección del máximo de derechos posible y otra es desconocer las limitaciones institucionales, fiscales y temporales que impiden, como sería lo deseable, el esclarecimiento de todos los crímenes en todas las circunstancias. La práctica internacional en ocasiones ha consistido en castigar a los más grandes perpetradores en los casos más graves solamente (descritos como “casos emblemáticos”); la práctica de la Ley de Justicia y Paz está permitiendo, por ejemplo, el esclarecimiento de 1.100 masacres. Preocupa al Estado colombiano el doble estándar de análisis y evaluación frente a realidades similares.
48. Este tema amerita una anotación final respecto a los jefes desmovilizados de las autodefensas que fueron extraditados a los Estados Unidos: ni sus crímenes en Colombia han sido perdonados ni existe obstáculo alguno que impida su cooperación con la Ley de Justicia y Paz, si ellos voluntariamente desean someterse a dicha norma, como es uno de los requisitos contenidos en ella. El Estado seguirá trabajando con las instituciones norteamericanas y las organizaciones de víctimas para lograr verdad, justicia y reparación, también por parte de estos procesados.
49. El Informe se refiere a lo que denomina mecanismos extrajudiciales de búsqueda de la verdad; al respecto, es útil destacar que el Estado colombiano es consciente de la importancia de la verdad sobre el proceso histórico vivido en los últimos 50 años en Colombia, y a la vez advierte que, de acuerdo con la experiencia internacional, los mecanismos alternativos (como Comisiones de la Verdad) han tenido lugar cuando las situaciones de violencia han sido superadas íntegramente y se han definido asuntos como las implicaciones jurídicas de la verdad, los mecanismos para establecerla y los procedimientos de participación; esas son condiciones necesarias para el cabal funcionamiento de mecanismos que trascienden la mera voluntad de buscar el esclarecimiento de la verdad histórica.
50. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Ley establece la función de producir informes sobre los hechos sucedidos a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (órgano mayoritariamente conformado por órganos de control y representantes de la sociedad civil); ésta ha constituido una Comisión de Memoria Histórica que ha publicado dos Informes[3] y se encuentra en proceso de preparación de otros ocho Informes y uno sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

IX. Recomendaciones
51. El Estado colombiano estudiará conjuntamente con la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia los alcances, mecanismos de implementación y cronograma relacionados con las recomendaciones contenidas en el Informe.
52. Sin embargo, de manera respetuosa, el Estado desea expresar se aparta de la recomendación contenida en el literal (f) y que hace referencia a reformas estructurales y procedimentales a la Ley 975. Las razones son las siguientes:
· En primer lugar, una lectura juiciosa de la Ley indica que lo que corresponde es adelantar esfuerzos mayores para su cabal aplicación y complementarios con otras normas como la de extinción de dominio, más que una reforma de la norma; en el propósito de lograr la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas no hay discusión; el debate radica en los mecanismos para lograr este objetivo.
· En segundo lugar, Colombia desarrollará durante el primer semestre de 2010, procesos electorales para renovar la totalidad del Congreso de la República y elegir al Presidente y Vicepresidente de la República; en esas condiciones, no es responsable asumir el compromiso de impulsar una reforma a la Ley 975, en medio de procesos electorales y la posesión de autoridades legislativas en julio y de la Jefatura el Estado, en agosto.
· Si bien existen consideraciones adicionales, tales como la interinidad en la Fiscalía General de la Nación, actor clave en este proceso, la invocación de las circunstancias descritas justifica la posición del Estado respecto a esta recomendación.

X. Consideraciones Finales
53. El Estado colombiano reitera su voluntad de mantener las más cordiales y respetuosas relaciones con la comunidad internacional en general y con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en particular, así como su compromiso de empeñar todas sus capacidades en procura de continuar avanzando en el logro de la plena vigencia de los derechos que realizan la dignidad humana, las libertades y la no discriminación en Colombia.
54. Para ello, mantendrá con firmeza su política de total apertura y transparencia, su disposición a recibir las recomendaciones y observaciones que se formulen con un espíritu constructivo y a continuar cooperando con la comunidad internacional en estricto apego a sus principios éticos, a las disposiciones contenidas en la Constitución y la Ley y a los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales.
[1] El G24 está conformado por los países miembros de la Unión Europea que cuentan con representaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, además de Estados Unidos, Canadá, Japón, Argentina, Brasil, Chile y México. La Secretaría Técnica del Proceso Londres – Cartagena – Bogotá es ejercida por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia.
[2] Ver www.derechoshumanos.gov.co/epu
[3] “Trujillo: una tragedia que no cesa” y “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”.

Defensores de Derechos Humanos, Comunicado

NACIONES UNIDAS

Comunicado de Prensa

Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia










BOGOTÁ, 18 de septiembre de 2009 – Del 7 al 18 de septiembre, realicé una visita de investigación para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, y viajé a Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Arauca (Arauca). Me reuní con el Presidente, el Vicepresidente y otros funcionarios de alto rango del ejecutivo; con jueces de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la Oficina de la Fiscalía General de la Nación; así como con congresistas. Además, me entrevisté con los Jefes de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, celebré reuniones con funcionarios del Gobierno local en las cuatro regiones que visité. También me encontré con miembros de la comunidad diplomática y los organismos de Naciones Unidas en la capital. Finalmente, en el transcurso de la misión, me reuní con un amplio y diverso sector de la sociedad civil colombiana.

Agradezco encarecidamente al Gobierno de Colombia su invitación y su colaboración ejemplar a lo largo de toda la misión. Asimismo, doy las gracias a todos los defensores de derechos humanos con quienes me reuní, algunos de los cuales viajaron desde muy lejos para verme. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colomina (OACNUDH) por su valioso apoyo tanto durante la misión como en la fase de preparación.

Si bien ahora he de tomarme un tiempo para revisar y analizar la importante cantidad de información que he recibido, así como para continuar intercambiando información con el Gobierno, los defensores de derechos humanos y demás interlocutores, quisiera presentar aquí unas cuantas observaciones preliminares y recomendaciones.

En primer lugar, deseo encomiar al Gobierno por la mejora significativa de la situación general de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos.

Además, deseo saludar al Gobierno por haber concebido políticas y estrategias para la protección de los defensores de derechos humanos. Celebro el aumento notable de fondos dedicados al Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de 13 millones de dólares en 2002 a 40 millones de dólares en 2009). Apoyo asimismo el trabajo de las Defensorías del Pueblo nacionales y regionales, en particular su sistema de alertas tempranas, y considero que sus informes deben hacerse públicos y ser tenidos en cuenta con mayor frecuencia por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). Asimismo, felicito al Gobierno por la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y le insto a implementarla lo antes posible.

Dada la situación actual de polarización, considero notable que el Gobierno y la sociedad civil hayan logrado concluir una serie de acuerdos a través de las mesas para las garantías de protección de los defensores de derechos humanos. Observo con especial satisfacción que, tras mi reunión con él, el Presidente Uribe declarara públicamente el 17 de septiembre de 2009 que:

“la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia. “

Espero que esta declaración ayude a reducir la tensión y contribuya a mejorar el clima de diálogo entre el Gobierno y los defensores de derechos humanos. Con este nuevo avance, insto al Gobierno a implementar diligentemente los acuerdos alcanzados con los defensores de derechos humanos en materia de garantías para su trabajo; a proseguir con el diálogo; y a dar prioridad a las investigaciones de las amenazas recibidas por los defensores que participaron en las mesas de garantías para defensores de derechos humanos.

Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno mencionados anteriormente para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al parecer, algunas de estas violaciones hay que atribuirlas a miembros de la guerrilla, a nuevos grupos armados ilegales y a grupos paramilitares que, según los defensores de derechos humanos, no han sido desmantelados. El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.

En particular, me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos. Es necesario que la policía se tome estas amenazas en serio adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia. En este contexto, deseo señalar que las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia debilitan el sistema de justicia en su conjunto, fomentan la impunidad y, por ende, repercuten negativamente en el trabajo de los defensores.

Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos. La declaración pública del Presidente Uribe reconociendo el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, y las realizadas recientemente por el Vicepresidente y el Ministro del Interior y Justicia son pronunciamientos importantes para la comunidad de derechos humanos. Es asimismo importante que la Procuraduría General de la Nación siga investigando las declaraciones hechas por servidores públicos en relación con defensores de derechos humanos, que son extremadamente nocivas para el trabajo de estos últimos.

La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables. El Estado debe facilitar recursos adicionales para resolver efectivamente todos los casos de violaciones de derechos humanos contra defensores. Celebro la reciente creación de las Unidades de Asuntos Humanitarios en la Oficina de la Fiscalía General de la Nación, y espero que pronto se obtengan resultados concretos. Por último, me preocupa también el hecho de que algunos fiscales operen desde instalaciones militares, lo que arroja dudas sobre la independencia del poder judicial en Colombia. Recomiendo que la Fiscalía General de la Nación aborde esta cuestión.

En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos, se me informó de que el Gobierno está reformando el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Algunos elementos importantes de dicha reforma deberían tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Sugiero encarecidamente que los agentes del Estado que defienden los derechos humanos (magistrados, y miembros de las Defensorías regionales y nacionales) sean incluidos en dicho programa. Además, debería simplificarse y agilizarse el proceso de solicitud de medidas de protección. También hay que resolver la cuestión del espionaje a defensores de derechos humanos por parte de los escoltas asignados para su protección. Además, deberían ampliarse las medidas preventivas del programa. Por último, los defensores de derechos humanos han manifestado su inquietud por la privatización de este programa, una cuestión que debería ser debatida y resuelta conjuntamente.

Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos cuatro de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. El Ministerio de Defensa, el DAS y la Procuraduría General deberían crear un mecanismo para depurar todos los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, sus familiares y sus organizaciones, con la asistencia de la OACNUDH y la comunidad internacional. Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne.

En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.

Presentaré mi informe completo con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2010.
***

Declaración de Experta de Naciones Unidas sobre Minorías en Colombia.

Declaración de la Experta Independiente de
las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías,
Señora Gay McDougall
Conclusiones Preliminares de su visita
oficial a Colombia (1 al 12 de febrero)
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2010

Durante el transcurso de mi visita oficial a Colombia entre el 1o y el 12 de febrero de este mes, he tenido la oportunidad de reunirme tanto con el Presidente de la República, Álvaro Uribe Velez como también con numerosos funcionarios de alto nivel, asimismo he podido consultar directamente con los representantes y miembros de numerosas comunidades Afrocolombianas. Mi visita me ha brindado una oportunidad singular para dialogar en relación con mi mandato acerca de asuntos de minorías y promover la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas o Lingüísticas. Quisiera manifestar mi agradecimiento al Gobierno de Colombia por su cooperación en la preparación y el buen desarrollo de mi visita.El enfoque de mi vista a Colombia ha sido en comunidades que se identifican como Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras. Habida cuenta de ello he visitado muchas ciudades y regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Cartagena (Bolívar), región del Urabá (Chocó /Antioquía), Apartadó, Quibdó (Chocó), Cali, Buenaventura (Valle del Cauca) y el municipio de Suárez (Cauca) y los alrededores donde esas comunidades prevalecen en población.Las opiniones manifestadas en esta declaración son preeliminares y no exhaustivas. Desarrollaré plenamente mis conclusiones y recomendaciones cuando presente mi informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.I. Panorama generalLa historia de los Afrocolombianos comienza con la esclavitud y las violaciones masivas y flagrantes de los derechos de los Afrodescendientes que provocó ese terrible capítulo de la historia, no solamente en Colombia sino en toda la región. En Colombia, las operaciones más importantes con mano de obra esclava se llevaron a cabo en las zonas costeras. Los esclavos, al escaparse, se veían obligados a buscar refugios en regiones recónditas, casi inhabitables de la costa del Atlántico y del Pacífico. Allá lucharon por sobrevivir, y valientemente, consiguieron exitosamente crear comunidades y sustentarse en condiciones de aislamiento extremo, clima árduo, y a menudo extrema pobreza. Con la excepción de las comunidades vecinas de pueblos indígenas, estas comunidades han sido Negras durante siglos. Colombia ha reconocido la titularidad de los derechos de los Afrocolombianos sobre estos territorios.Al igual que en otros países, el legado de la esclavitud perdura y se manifiesta en comunidades que están marginalizadas tanto en lo económico como en lo social, enfrentándose a actitudes racistas y a discriminación estructural. Hay que reconocer que el Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos mediante disposiciones en la Constitución, la legislación y sus políticas para atender ciertos aspectos de las disparidades que enfrentan los Afrocolombianos. Sin embargo, el legado de la esclavitud sigue teniendo un profundo impacto en las vidas de las comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras.Además, las comunidades Afrocolombianas se enfrentan a retos emergentes. Entre ellos, la violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos humanos. Algunas comunidades libran una lucha diaria para sobrevivir, al estar desplazadas de sus tierras y obligadas a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad e inseguridad, sin colmar sus necesidades básicas, incluyendo la vivienda adecuada, el agua y la electricidad, la salud y la educación de sus hijos. La situación de muchas comunidades Afrocolombianas tanto en zonas rurales como el Chocó y en los entornos urbanos a los que a menudo se ven obligados a desplazarse en municipios como Quibdó, Suárez, Buenaventura, Cartagena y Cali, donde por cierto he estado, solamente podría clasificarse de gravísima.Los asentamientos Afrocolombianos, en las zonas rurales y los tugurios de las ciudades solo pueden equipararse a los resguardos indígenas en cuanto a pueblos más pobres de Colombia, con tasas de extrema pobreza de más de 60 por ciento. En Colombia, coincide el mapa de la extrema pobreza con el mapa que indica la alta densidad demográfica Afrocolombiana. Según las encuestas, no se colman las necesidades básicas del 80% de los Afrocolombianos. Las tasas de mortalidad infantil en Chocó y en Cauca son de 54 por cada 1000 nacimientos vivos. La esperanza de vida en las regiones Afrocolombianas es de 55 años de edad. Se estima que las tasas de analfabetismo de los Afrocolombianos son el doble que el promedio nacional. Las respuestas del Gobierno Nacional y de las autoridades regionales a la pobreza y a las necesidades básicas insatisfechas de estas comunidades han sido inadecuadas y deben atenderse urgentemente.Las comunidades Afrocolombianas, según las cifras oficiales, representan aproximadamente el 10,62 (4,311,757 de personas) por ciento de la población según el censo de 2005. La Defensoría del Pueblo considera que la cifra se acerca más bien al 25%, es decir, 10,5 millones de personas. Tanto fuentes del Gobierno como de las comunidades coinciden en que el censo no logró captar el panorama completo tanto demográfico como socioeconómico de la población Afrocolombiana. Además, casi no hay desglose alguno de los datos socioeconómicos por raza, con lo cual las políticas gubernamentales dedicadas a sus necesidades no están logrando las mejoras deseadas a su situación.II. El Marco LegalColombia tiene un marco legislativo impresionante y encomiable que reconoce los derechos de los Afrocolombianos, comenzando con la Constitución de 1991 que no solamente reconoce su derecho a la no discriminación, sino también el derecho a la igualdad para todos sus ciudadanos. Asimismo se compromete a proteger la diversidad étnica y cultural del país, y promueve la participación política de las minorías estableciendo dos escaños reservados para Afrocolombianos en la Cámara de Representantes.En el contexto de las comunidades Afrocolombianas es clave la Ley 70 de 1993 en la cual se reconoce el derecho de los colombianos negros a poseer y ocupar colectivamente sus tierras ancestrales. La Ley 70 garantiza el derecho a la propiedad colectiva para las comunidades negras, como también plasma la protección de sus prácticas culturales y su uso tradicional de los recursos naturales, y también el desarrollo económico y social de sus comunidades. Según la Ley 70, estás tierras han de ser “inalienables e imprescriptibles “. La Ley 70 también refuerza los derechos a la educación, a la salud y a la participación política.Mientras que las medidas constitucionales y legislativas son dignas de reconocimiento, la gran mayoría de las comunidades y organizaciones que consulté se quejan de que la aplicación de la legislación colombiana en las comunidades Afrocolombianas sigue siendo lamentablemente inadecuada, limitada y esporádica. Y más importante, cuando se han tomado medidas, no ha habido verdadero cumplimiento de las mismas. Casi dos decenios tras la adopción de la Ley 70, pese a la concesión de títulos colectivos a un 90% de tierras ancestrales Afrocolombianas, muchas comunidades están desplazadas, desposeídas y no pueden ni vivir ni trabajar en sus tierras. Como me relató una mujer “las leyes son correctas, pero sin embargo no ha pasado nada”.III. Desplazados y desposeídosPara muchos Afrocolombianos con los que me reuní, el desplazamiento de sus tierras es un problema prioritario. Esas tierras, a las que se vieron obligados a retirarse los esclavos dados a la fuga, en años recientes han resultado ser las más fértiles y ricas en recursos del territorio colombiano. Por ello estás comunidades antaño aisladas y mayormente autosuficientes quedan hoy día ubicadas en medio del peligro.El conflicto armado entre el gobierno, los paramilitares y la guerrilla que ha durado decenios se ha librado mayormente en los territorios de los Afrocolombianos. Igualmente éstos representan algunas de las regiones más importantes para la guerrilla, ex –paramilitares y otros grupos armados que actualmente se dedican a la producción de narcóticos y al trafico de los mismos. Aunque el Gobierno ha adoptado una posición política según la cual ya no hay conflicto armado y que los grupos paramilitares se han desmovilizado, en muchas comunidades rurales negras que yo visité he escuchado relatos conmovedores y creíbles de asesinatos, y amenazas contra los líderes comunitarios. Comunidades enteras se ven obligadas a huir de sus tierras y dejar todas sus posesiones detrás de sí para buscar mayor seguridad en las ciudades, para las cuales están poco preparadas pues no saben manejarse en un entorno urbano.La cifra oficial exacta de desplazados es de 3,073,010 personas o 695, 354 hogares en mayo de 2009, lo que constituye la segunda situación más importante de desplazados internos en el mundo. La sociedad civil estima que hay hasta 4 millones de desplazados internos y todos están de acuerdo en que es muy difícil estimar las cifras exactas. Aunque hay unas pocas comunidades que han regresado a sus tierras, las que lo han hecho, al retornar encuentran a otras personas que han reclamado titularidad o derechos usufructuarios durante su ausencia.Muchos de los desplazados han quedado en esa situación como consecuencia de los enfrentamientos militares entre los distintos grupos armados. Según el Gobierno, la violencia ha disminuido considerablemente, pero las comunidades me confirman que las matanzas y las atrocidades a gran escala no son frecuentes en la actualidad. Sin embargo muchos hablaron de un escalamiento en el asesinato de líderes comunitarios selectos. El mensaje que me transmitieron muchas de las comunidades que visité es que aunque quizás hayan cambiado los nombres, uniformes o tácticas de los grupos armados ilegales, la violencia perdura en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidación, desplazamiento continuo y confinamiento. A razón de la experiencia de muchos, la desmovilización de los grupos paramilitares no ha puesto fin a la violencia; simplemente se han reagrupado bajo nuevas denominaciones como las “Águilas Negras”. Siguen igual de activos que siempre en cuanto a la intimidación de las comunidades Afrocolombianas. Las comunidades Afrocolombianas, aunque quieren protección urgente, temen que la presencia del ejército o de la policía en sus comunidades las exponga a retaliaciones de la guerrilla y de otros grupos ilegales armados.En muchos casos las víctimas identifican a los perpetradores de los crímenes como personas pertenecientes a guerrilla y a otros grupos armados ilegales. Sin embargo, las víctimas y las comunidades piensan que hay total impunidad para todos aquellos que cometen crímenes contra ellos. El 17 de agosto de 2009, 117 miembros de una comunidad afrocolombiana fueron desplazados debido a enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales por el control de la zona del río Bajo Baudó. Las organizaciones Afrocolombianas y sus líderes que resisten reciben amenazas de muerte y ha habido numerosos asesinatos recientes. La gente recuerda claramente haber visto a familiares y amigos asesinados y a menudo se reviven estos recuerdos a raíz de amenazas creíbles proferidas por aquellas personas que las comunidades reconocen como los que cometieron las atrocidades en el pasado.Tuve el gusto de reunirme con el Viceministro de Defensa y los representantes de la policía y el ejército durante mi visita. Se me habló de las medidas importantes para forjar un ejército consciente, y que responda a los derechos de las comunidades Afrocolombianas , con la finalidad de romper el patrón de las violaciones pasadas. Celebro estos esfuerzos y deben reforzarse. Sin embargo, a mí igualmente me queda claro que hay que hacer más esfuerzos para proteger a la comunidades vulnerables y a sus líderes que siguen siendo amenazados y asesinados regularmente. La fuerza pública tiene como papel principal la protección de todas las comunidades de Colombia al máximo de su capacidad. No puede haber transacción en lo que a este principio se refiere, tampoco puede haber tolerancia alguna hacia aquellos que se desvían del mismo. Hay mucho por hacer aún para recuperar la confianza de las comunidades vulnerables.Quisiera felicitar la labor de la Defensoría del Pueblo al establecer un sistema de alerta temprana y de evaluación de riesgo para las comunidades y líderes amenazados. Las comunidades parecen tener confianza en los defensores comunitarios y en los personeros locales, muchos de los cuales están bajo amenaza igualmente.Lamentablemente hay mucho por hacer para asegurar que el proceso sea efectivo para brindar medidas de protección apropiadas y a tiempo. Aunque la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad de identificar amenazas creíbles en el terreno, sus alertas deben ser evaluadas por un comité de las fuerzas de seguridad e instituciones civiles a nivel nacional, que a menudo ha descartado la credibilidad de las amenazas. El Defensor no forma parte de ese comité pero depende de él para tomar medidas de protección.Aunque las causas que propician los desplazamientos siguen siendo la violencia y las amenazas, algo ha cambiado las motivaciones en años recientes. Los grupos armados buscan tierras para el cultivo ilegal de la coca y el narcotráfico en esas regiones. Hay nuevos planes de desarrollo macroeconómico que han escogido estas regiones para inversiones de monocultivo, que incluyen el cultivo de la palma de aceite y el banano, para las concesiones mineras, para la ganadería extensiva y para operaciones madereras y otros intereses económicos.El desplazamiento tiene un impacto tremendo en las vidas y los derechos de las personas y de las comunidades. El fenómeno del desplazamiento de Afrocolombianos ha afectado particularmente a las mujeres que se han desplazado en mayores cantidades a las zonas urbanas que los hombres y que sufren de extrema vulnerabilidad allí donde están. Las tierras ancestrales de las cuales han quedado desplazados los Afrocolombianos no solo son la fuente de sustento y supervivencia para las comunidades, también son esenciales para la conservación de la cultura Afrocolombiana, su sustento, idioma, tradición , como asimismo para preservar el tejido social de las comunidades. El desplazamiento ha dejado a muchos Afrocolombianos sin más opción que trasladarse a las zonas urbanas donde a menudo encuentran entornos inhóspitos de pobreza, discriminación y miedo. Como resultado de este desplazamiento, se requieren soluciones tanto para las comunidades rurales como las urbanas. Estas son algunas de las conclusiones del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional.Las conclusiones de la Corte según las cuales el Estado debe actuar exhaustivamente para atender los derechos y necesidades de los Afrocolombianos desplazados , conjuntamente con medidas específicas ordenadas por la misma Corte, hasta la fecha no se han implementado efectivamente en el terreno. Las autoridades departamentales y municipales admiten que tienen niveles sumamente bajos de suministro de servicios y de apoyo a las familias desplazadas.En mis visitas con los funcionarios y las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio del Interior y Justicia y Acción Social se me ha participado de un sinnúmero de Planes de Acción, iniciativas de política y programas exclusivos para el desplazamiento en educación, salud, y vivienda, pero en realidad su implementación es difícil de identificar y los recursos y los resultados no están a la altura de las expectativas y de las necesidades de los Afrocolobianos. Es evidente que los recursos financieros otorgados a los proyectos que lucen bien sobre el papel en demasiados casos no están llegando a las comunidades que requieren urgentemente los servicios que se les han prometido.Celebro la creación de la Comisión Intersectorial de la Presidencia para la Promoción de la Población Afrocolombiana y sus recomendaciones. Dichas recomendaciones se centran principalmente en la situación de los Afrocolombianos en el ámbito urbano, donde vive la mayoría de ellos debido al desplazamiento y a la deficiente observancia de sus derechos de propiedad. Espero que esas recomendaciones pasen rápido de la etapa de la planificación a aquella en la que se logre un impacto en las vidas de los que sufren hoy día.IV. Las mujeres afrocolombianas y la violenciaLas mujeres Afrocolombianas me han relatado sus experiencias, la violencia perpetuada contra ellas, incluyendo violencia sexual, el miedo y tráuma que han soportado a diario y los desafíos que enfrentan como mujeres y madres que viven bajo condiciones de conflicto, desplazamiento y pobreza. Hay que contar su historia y hay que resolver su situación. Las mujeres me han contado las múltiples discriminaciones que tienen que encaran como Afrocolombianas, mujeres, desplazadas y pobres, una mezcla posiblemente fatal que las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay que establecer respuestas urgentes que reconozcan el impacto de la violencia y del desplazamiento en las mujeres, y fomentar condiciones de seguridad, dignidad y justicia para ellas. Debe considerarse como prioridad el derecho de las mujeres a retornar a sus tierras comunitarias en condiciones de seguridad. Cuando los hombres han sido asesinados, desaparecidos u obligados a huir, las mujeres han asumido papeles de liderazgo en sus comunidades y han demostrado una capacidad de aguante y resistencia remarcables. Sin embargo no han recibido el reconocimiento necesario como líderes de la comunidad y no se les da las medidas de protección que requieren. Las madres cuentan que han perdido a niños por el reclutamiento forzoso en la guerrilla y en los grupos armados ilegales y destacaron que la pobreza extrema, las amenazas y la intimidación, la presencia regular de grupos armados en sus barrios, y las promesas de dinero para ayudar a sus familias fomentan las condiciones en las que los niños se convierten en un blanco fácil para el reclutamiento en la guerrilla y en otros grupos armadas ilegales.V. Intereses económicos y los derechos incómodosLos megaproyectos han desplazado a muchos Afrocolombianos: se trata de operaciones económicas a gran escala, a menudo con la participación de compañías nacionales y multinacionales que fomenta el gobierno para traer el desarrollo y el beneficio económico a la toda Colombia. Sin embargo, las comunidades sienten grandes temores por la intromisión en sus derechos a la tierra y el impacto medioambiental adverso. Sin embargo, ante semejantes intereses económicos y megaproyectos, parecería que los derechos de las comunidades son derechos “incómodos” y que las leyes que se promulgaron para protegerlos son igual de incómodas.Las comunidades Afrocolombianas tienen el derecho a la consulta previa e informada según el decreto 1320 de 1998, que se supone incorpora el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en la ley nacional. Exige que las “consultas previas e informadas” se lleven a cabo con las comunidades Afrocolombianas e indígenas para la explotación de recursos naturales dentro de sus territorios y que los afrocolombianos han de elegir consejos comunitarios para representar sus intereses en dichas consultas. La consulta previa es un principio central en la protección de los derechos de las comunidades Afrocolombianas y es particularmente relevante al tratar ellas de mantener el control sobre sus tierras bajo presión considerable por parte del Estado y actores privados.Sin embargo, la ley no define adecuadamente las características importantes acerca de cómo deberían celebrarse esas consultas y con quién. Se me informó que se han implementado proyectos sin consultas, o con consultas pero con personas que no representan legítimamente a las comunidades y a sus intereses. Las consultas deben ser significativas y efectivas y respetar al más alto grado los derechos de la minorías a participar plenamente en las decisiones que les afectan y sus territorios. Sobre todo el Convenio 169 exige igualmente que se deberá obtener el consentimiento pleno e informado de las comunidades antes de que se implementen los proyectos en sus tierras.El Gobierno me ha informado que hay un caso con procedimientos en curso para resolver diferencias entre las compañías detrás de los megaproyectos y las comunidades que reclaman sus títulos colectivos a las tierras. En el muy publicitado caso de Curvaradó y Jiguamandó, en que empresas agroindustriales usurparon tierras de comunidades desplazadas para cultivar palmas de aceite para la producción de biocombustible, el Viceministro de Agricultura y el Ministro del Interior y de Justicia me informaron que la Corte que instruye el caso ha confirmado los títulos que poseen las comunidades. Sin embargo miembros de la comunidad me han dicho que sigue utilizándose la tierra sin autorización y que ellos siguen desplazados. Según la oficina del Fiscal General, no han concluido aún las investigaciones de los cargos penales.En algunas situaciones que tienen que ver con quejas de derechos de tierra usurpados, es complejo el interés del Gobierno. Los proyectos de desarrollo agroindustriales de monocultivo, como las plantaciones de palma de aceite figuran de manera destacada en los planes nacionales de desarrollo. El Gobierno tiene un programa de préstamos y financiación para proyectos de conformidad con objetivos de planificación nacional en agricultura y minería, que algunos dicen ha financiado proyectos en tierras usurpadas de Afrocolombianos. Según me informó la Oficina del Gobernador en Buenaventura, los gobiernos locales o departamentales pueden tener una participación en proyectos público/privado como por ejemplo en el proyecto de expansión del puerto de esa ciudad, al igual que se benefician de ingresos fiscales mayores. Esto significa que cuando las comunidades Afrocolombianas buscan ayuda del Gobierno para recuperar sus plenos derechos a la tierra, no saben a ciencia cierta si el Gobierno está actuando como árbitro o cómo parte interesada. El papel del Gobierno, de hecho, según la Constitución y la Ley 70, debe ser la plena protección de los derechos de las comunidades.VI. La participación en la toma de decisionesLa participación política y la representación es un tema de capital importancia para las minorías, que les permite tener una voz en órganos decisorios, y asegurar que se representen debidamente los temas de minorías a todos los niveles. Sin embargo los Afrocolombianos están muy poco representados en las estructuras políticas y las instituciones en Colombia y por ende las voces y los problemas de los Afrocolombianos no se escuchan suficientemente, ni tampoco se les presta la atención que se merecen. Aunque cabe destacar que hay dos escaños en el Congreso de Colombia para Afrocolombianos, hay que hacer mucho más para asegurar que estén adecuadamente representados y todos los actores políticos, incluyendo los partidos deben prestar atención para mejorar la representación de los Afrocolombianos. Existe igualmente una grave infra representación en la ramas ejecutiva y administrativa del Gobierno. Aunque la policía me manifestó que hay un alto porcentaje de Afrocolombianos en sus filas, éstos se concentran en las partes más bajas del escalafón. No se considera al funcionario negro a menudo como representante verdadero del pueblo negro en las oficinas departamentales y municipales de las regiones con abrumadora población negra.A nivel local, los Consejos comunitarios brindan estructuras representativas esenciales y posibilidades de gobernanza local , como también autonomía. Estos Consejos sin embargo tienen que ser elegidos legítimamente por las comunidades que representan. En general se me ha informado sobre una falta de reconocimiento y respeto hacia el liderazgo y las estructuras de toma de decisiones de los afrocolombianos. Muchos me han descrito la manipulación o la coptación del liderazgo comunitario, y los Consejos comunitarios, creando divisiones dentro de las comunidades Afrocolombianas con miras a la adquisición de tierras.Estas son mis conclusiones preeliminares con base en mi visita de dos semanas a Colombia. En mi informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haré una serie de recomendaciones.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Regalías y Leche (Discusión abierta por el Senador Robledo)

Me sumo a la preocupación expresada por la senadora Maritza Martínez sobre el tema de las regalías, un asunto al que nosotros debemos ponerle todo el ojo, senadora Piedad, como sé que lo estamos haciendo. De entrada, se me hace sospechoso que hayan tomado la decisión de quitárselo a la Comisión Quinta, la competente para darle trámite. Siempre, toda la vida, había sido tema de la Comisión Quinta, y ahora se le ocurrió al doctor Echeverri, ministro de Hacienda, que ya no. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? A mi juicio, el secreto es este: quieren golpear las regalías de las regiones. Ellos le dan vueltas y echan frases y cuentos, pero al final lo que pretenden es quitarles las regalías a decenas de municipios pobres de Colombia para concentrarlas en el gobierno central. Porque aquí todo se concentra en el gobierno central. Les voy a dar a conocer un artículo muy interesante que escribió el doctor Amylkar Acosta, que como ustedes saben, es una persona que entiende de estos temas. Él entra a analizar en detalle cómo se está distribuyendo finalmente la riqueza nacional entre el gobierno nacional y las regiones y concluye que a las regiones les tira y les tira el gobierno responsabilidades, pero no les da plata, es decir, los deberes les quedan a las regiones y la plata se la embolsilla Bogotá. Ese es más o menos en resumen el asunto.Como el gobierno sabe que en una Comisión como esta, sensible a estos temas y conocedora del asunto, ese proyecto suscitaría un debate complejo para ellos, entonces lo echan para la Comisión Primera, donde calculan que no va a tener problema, pero con un agravante, y a esto el Senado tiene que echarle ojo. Las reformas constitucionales no tienen revisión de constitucionalidad de fondo sino solo de forma, o sea, que por este camino nos vuelven constitucional cualquier adefesio. Cualquier práctica, por contraria socialmente que sea, como es reforma constitucional, queda prácticamente aprobada de manera automática, porque la revisión de constitucionalidad se limita a los asuntos de forma: que si estuvieron los votos, que si la sesión empezó a tal hora, que el acta y ese tipo de cosas. Y en eso, por supuesto, son hábiles y hacen las cosas bien. Le llamo entonces la atención a la Comisión Quinta y a los colombianos y a los alcaldes y a las gentes de las regiones para que pongan los ojos sobre esto.La regla fiscalPorque además viene otro proyecto al que debemos echarle incluso más ojo que al de regalías, una cosa que ellos están llamando regla fiscal o ley de responsabilidad fiscal. Es una especie de bomba atómica contra los derechos ciudadanos, una norma que apunta a congelar los derechos ciudadanos al nivel en que están, como también las gabelas a los monopolios y a las trasnacionales. Es una orientación del Fondo Monetario Internacional, porque al doctor Echeverri, el ministro de Hacienda, no se le ocurre una idea propia ni de milagro, ni por equivocación. Lo ilustro de esta manera: con esa norma de la responsabilidad fiscal, decisiones como por ejemplo la de que el Estado respalde a los desplazados no se habrían podido aprobar, porque ¿dónde está la responsabilidad fiscal? La responsabilidad fiscal es que ningún funcionario público puede gastar lo que no sea fiscalmente responsable, es la palabreja. Con esta reforma a la Constitución, no se habría podido aprobar esa decisión de la Corte Constitucional que dice que hay que igualar el POS del sistema contributivo y el del subsidiado, senadora Daira, porque le habrían exigido a la Corte que dónde está la responsabilidad fiscal. Y nos la quieren además meter como un derecho, o sea que no solo nos van a quitar cosas, sino que les vamos a quedar debiendo el favor al doctor Echeverri y a sus compadres del Fondo Monetario Internacional. Les llamo la atención, senadores, y sé que es un tema en el que puede haber posiciones distintas. Pero podría ser que distintos sectores políticos del país nos pusiéramos de acuerdo en que estamos hablando de palabras mayores. Un país lleno de pobres, con graves carencias en educación y salud y con problemas de toda índole, con regiones que el día de mañana pueden sufrir una catástrofe ambiental, y toda una serie de medidas no se van a poder adelantar porque la responsabilidad fiscal no lo permite.Hay en esto un propósito oculto, y es abrirle el camino a la inversión extranjera y a los negocios de las trasnacionales. Esos sí no amenazarían la responsabilidad fiscal en estos términos de los que estoy hablando. Entonces les llamo la atención a los senadores de la Comisión Quinta para que nos pongamos pilas y estoy de acuerdo con llevar este tema a las regiones para que haya un debate amplio y democrático, porque el propósito del gobierno es que el debate no se dé lo ampliamente como se debe dar.Ahora, ¿que si hay corrupción en lo de las regalías? No voy a defender ningún acto de corrupción y aquí al que se robe un peso lo deben echar a la cárcel. Pero tampoco acepto la tesis de que aquí en Colombia no roban sino en las regiones y que en el gobierno central no se pierde un peso. Tampoco nos crean tan ingenuos para echarnos el cuento de que en Bogotá no pasa absolutamente nada. Entonces, que lo que haya que corregir de corrupción o despilfarro con respecto a las regalías, corrijámoslo. Y en eso no tengo nada que discutir ni creo que ninguno de los presentes. Pero que ese no sea el pretexto mediante el cual a una región empobrecida y llena de necesidades le van quitar unos recursos que le hacen falta y que van destinados a los pobres, para que los maneje aquí el gobierno o los Ministerios con el cuento de que ellos sí hacen bien las cosas. Es un tema en el que deberíamos ayudarnos mutuamente a informarnos, dándonos datos y cifras, para que el debate se haga con la mayor responsabilidad posible.¿Por qué no autorizamos a la senadora Daira Galvis, que conoce de estos temas, para que haga un alegato por escrito argumentando por qué el tema de las regalías le pertenece a esta Comisión? Pienso que lo primero es intentar persuadir al país de que el trámite debe hacerse en esta Comisión. Si nos dicen que no, senadora, que nos digan que no, pero nosotros hacemos la vuelta que nos corresponde. Ahora, que usted redacte, ojalá con mucha rapidez, tres o cuatro ideas y envíe esa carta, porque creo que aquí tenemos ya un consenso en torno al tema. O sea, no habría necesidad de aprobar el texto aquí, sino que la autorizaríamos a usted, para que usted lo redacte como le parezca mejor.Que se derogue el 3411 sobre la leche crudaY aprovecho para retomar un tema de extrema urgencia, más urgente si se quiere que el de las regalías, porque viene pitando. Ya lo empezó a plantear la senadora Nora García, y es el tema de la leche. El 24 de este mes, dentro de quince días, entra en vigencia el decreto 3411, que prohíbe el comercio de leche cruda en las ciudades de más de quinientos mil habitantes, o sea, estamos hablando de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera. Va a quedar sobrando una inmensa cantidad de leche en Colombia, un producto con el que ya hoy afrontamos un problema muy grave, porque los precios están deprimidos. Hay zonas, como por ejemplo La Dorada, donde los compradores, las pasteurizadoras, están anunciando que no van a comprar leche todos los días. Entonces, si este problema no lo resolvemos, aquí va a desatarse una crisis lechera todavía más grave. Pero además, ojo con esto, en febrero del año próximo, dentro de seis meses, entra en vigencia la prohibición para ciudades de más de cien mil habitantes. Rápidamente, la prohibición va a ser total.¿Cuál es el problema de fondo? Este es un decreto absurdo, por qué. Porque afirma Fedegan que las plantas pasteurizadores de leche en Colombia solo tienen capacidad para pasteurizar la mitad de la leche que se consume en Colombia. Por eso la otra mitad se consume, no como cruda sino como hervida, porque la gente hierve la leche, esta es una práctica tradicional. Entonces se les está imponiendo a los ganaderos un decreto que no ofrece solución, porque no hay plantas pasteurizadoras suficientes. Es un principio del derecho que a los ciudadanos no se les pueden pedir cosas imposibles. Y quiero insistirles, senadores, es un tema urgente. Tengo aquí una proposición, si ustedes están de acuerdo la leo, senadora Daira, para que la aprobemos, llamando al ministro de la Protección Social y al ministro de Agricultura pidiéndoles no aplicar el decreto. Porque, repito, si se aplica, habría una quiebra masiva de ganaderos que no tendrían a quién venderle la leche; de comerciantes de leche cruda, que son miles, porque se quedarían sin trabajo; y los consumidores colombianos se quedarían sin poder adquirirla, pues por qué vía les va a llegar si no se puede vender cruda y no hay cómo pasteurizarla. Quisiera entonces insistirles en que este es un tema urgente de tratar en la reunión de la semana entrante con el ministro de Agricultura. Sería clave que desde ya empezáramos a decirle al ministro: ojo, que esto viene del gobierno anterior.Es un decreto cuya vigencia se aplazó hace dos años, en buena medida porque se ha vuelto de imposible aplicación. El gobierno ha dicho que hay que reconvertir a los comerciantes de leche cruda. Claro, eso se dice muy fácil, pero y cómo se hace. Y si encima no hay plantas de pasteurización, pues al final no hay solución posible al caso. Entonces si ustedes están de acuerdo, leo una proposición para que la votemos y les hago un llamado cordial a los senadores a que mantengamos el quórum, porque creo que este es un tema de urgencia. Les cuento a los senadores nuevos que sobre este tema ha habido siempre un acuerdo en esta Comisión. Es de los pocos temas en los que hemos coincidido todos nosotros, desde el periodo anterior, en la defensa de esta idea. Doy un último dato que es importante: la mitad de los ganaderos tiene menos de diez de reses, el 70% tiene menos de 25. Aquí hay ganaderos muy grandes, pero también medianos y pequeños, como lo muestran las cifras. Ahora, una res vale por ahí un millón o un millón y medio de pesos, o sea, que a quien tiene diez reses esas vacas le estorban es para pedir limosna, la cosa es de ese tamaño. Luego aquí hay un problema social de unas proporciones inmensas que nosotros debemos atender.Hablo de derogarlo, por qué, porque de lo que se trata es de impedir el desastre. Ahora, después se mirará qué se hace. El problema es que la solución al problema no sea la vieja teoría campesina de que muerto el perro, acabada la chanda, y que si no hay lecheros ni hay leche cruda, pues se acaba todo el lío. Entonces si están de acuerdo, leo la proposición y la votamos. Dice así:EN DEFENSA DE LA GANADERÍA DE LECHELa ganadería de leche se encuentra en uno de sus peores momentos, dados los bajos precios de compra a los productores y a que los intermediarios imponen los precios a su antojo. Inclusive, hay zonas donde las empresas pasteurizadoras no están comprando la leche todos los días.Esta nueva crisis de los precios de la leche tiene como una de sus causas el aumento de las importaciones de leche en polvo, las cuales se incrementaron en 1.176% por ciento entre 2006 y 2008.Los problemas de los lecheros pueden agravarse hasta la ruina total si entra en vigencia el Decreto 3411 de 2008, el cual prohíbe el comercio de leche cruda (que se comercializa para hervirla) en las ciudades de más de 500 mil habitantes a partir del próximo 26 de agosto. Y esa prohibición se aplicará para poblaciones de más de 100 mil habitantes desde el 26 de febrero de 2011 y para las mayores de 50 mil desde el 26 de agosto de 2011.El Decreto 3411 es un decreto absurdo. Fedegan ha explicado que la industria pasteurizadora solo tiene capacidad para procesar la mitad de la leche que se consume en Colombia, luego la prohibición dejaría sin compradores a los ganaderos que hoy les venden su producto a los comerciantes de leche cruda, a quienes también quebraría, y dejaría sin leche a millones de compatriotas.Los colombianos deben saber que un número enorme de ganaderos son pequeños y medianos: de 473 mil que son en total, el 50% poseen menos de diez reses y el 70% menos de 25.Entonces, la Comisión Quinta del Senado llama cordialmente a los ministros de la Protección Social y de Agricultura, doctores Mauricio Santamaría y Juan Camilo Restrepo, a que deroguen el decreto 3411.Comisión Quina del Senado. Bogotá, 10 de agosto de 2010(Proposición aprobada por unanimidad).