lunes, 13 de junio de 2011

Buen Ejemplo

El hombre que humilló a Chevron
El abogado ecuatoriano Pablo Fajardo logró contra el gigante petrolero la mayor indemnización de la historia por un atentado medioambiental
Pablo Ximénez de Sandoval, El País
6 June 2011

Cuando se licenció en Derecho, a los 32 años, el ecuatoriano Pablo Fajardo llevaba más de una década en los juzgados pleiteando contra una de las empresas más grandes del mundo. En 2005, se sentó en una sala de los juzgados de Nueva York, con una carpeta en la que llevaba la defensa de los pueblos indígenas que habitan la provincia amazónica de Sucumbíos. Frente a él, se sentaron ocho abogados en representación de la petrolera Chevron, demandada por verter lodos tóxicos sin control durante casi tres décadas. En total, se enfrentaba a 39 abogados pagados por la tercera empresa más grande de Estados Unidos. "El que menos, tenía 25 años de experiencia letrada", asegura Fajardo. Él, solo uno. "Pero yo tenía una ventaja", dice Fajardo. "No había que inventarse nada. Yo sólo tenía que contar una historia".

Es la historia de una catástrofe ecológica 30 veces mayor que la del vertido del petrolero Exxon Valdez, según los demandantes. También es la de una sentencia, dictada por un juez del pueblo de Lago Agrio, Ecuador, que fijó la indemnización más cuantiosa de la historia en una acción judicial por delito medioambiental: 8.560 millones de dólares. Entre medias, décadas de sufrimiento y muerte, en un lugar donde ya era suficiente sobrevivir a la miseria.
José Fajardo y María Mendoza dejaron la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador, buscando un futuro en el noreste, donde una masiva actividad de extracción de petróleo atraía trabajadores. Se instalaron con sus 10 hijos a finales de los años ochenta en un pueblo llamado Shushufindi (remo, en idioma secoya), en la provincia de Sucumbíos, en plena Amazonia. Pablo Fajardo Mendoza era el quinto de los hermanos. Tenía 14 años.
Es difícil convencer a quien no haya estado allí nunca de que "había petróleo por todas partes". En el campo, mezclado con la tierra. En las casas, en el aire. Desde luego, en los caminos, porque según cuenta Fajardo los camiones de Texaco rociaban los caminos de tierra con petróleo, en una especie de asfaltado improvisado para que no se levantara polvo. Fajardo recuerda una juventud con los pies llenos de petróleo, los pantalones manchados, las paredes... todo. Es habitual perder el calzado por los caminos. Imagínese que sale a la calle después de haber caído un chaparrón y va en chancletas. Ahora imagínese que en vez de agua es petróleo. La vida aún es así en Sucumbíos.
356 pozos petroleros perforados
Según los datos de Fajardo, Texaco perforó 356 pozos de petróleo en la Amazonia ecuatoriana. "Pero además de esto, en cada pozo que perforaba construía cuatro o cinco piscinas para arrojar los desechos tóxicos". Ahí se almacenaba también el agua tóxica usada para extraer el petróleo. "La empresa siempre construía las piscinas de desechos lo más cerca posible a un río. La idea era deshacerse de ellos de una forma fácil y barata". Así, el problema del suelo se trasladó al agua. Esa agua llevaba azufre y otros tóxicos por su contacto con el petróleo. Al evaporarse, caía sobre la selva en forma de lluvia ácida. La tierra, el agua y el aire saben a petróleo.
Texaco, adquirida por Chevron en 2001, empezó a perforar el Amazonas del norte de Ecuador, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, con una concesión del Gobierno en 1964. Salió de la zona en 1990 y dejó la explotación a Petroecuador. En aquella zona vivían al menos cinco tribus indígenas antes de que se llenara de trabajadores y de petróleo. Dos de ellas, Tetetes y Sansahuaris, han desaparecido para siempre. El envenenamiento de los ríos acabó con la pesca. El resto de las tribus pasaron de la economía de subsistencia en la selva a la miseria en la economía de mercado, trabajando para la petrolera.
Fajardo también trabajó para Texaco. No había mucho más. Era adolescente y trabajaba ayudando de peón en lo que salía, por ejemplo, tapar con tierra de cualquier manera un derrame de petróleo. Mientras, empezó a colaborar con una misión de religiosos capuchinos navarros, donde pudo estudiar y comenzó a ver qué era el "trabajo con las comunidades". "Al salir al campo te dabas cuenta de que el problema era real. Había contaminación, sus animales morían, sus hijos estaban enfermos, había cáncer, abortos... y la gente no tenía dónde recurrir". Recuerda que la única preocupación de las autoridades locales entonces era proteger a Texaco.
Alrededor de la misión de los padres capuchinos, puso en marcha el embrión de la resistencia, un comité de derechos humanos formado por campesinos e indígenas. Eran 50 personas organizadas por Fajardo. Tenía 16 años. Le echaron de la empresa petrolera y también de una palmicultora que era la única alternativa laboral. Acabó viviendo de su trabajo en la misión. "Los mismos curas me buscaron una beca, de una persona a la que no conozco, que financió mis estudios en la universidad". Estudió Derecho por correspondencia.
"Era una necesidad. Cada vez que recurríamos a una autoridad, nos decían 'busquen un abogado que los ayude". Decidió que él sería el abogado. El pequeño grupo creció con afectados de otros pueblos. El caso se hizo internacional con la publicación de un libro, Amazon Crude, de una abogada estadounidense llamada Judith Kimberling. Eso atrajo la atención necesaria para encontrar abogados que presentaran la primera demanda contra Texaco. Fue el 3 de noviembre de 1993, en un juzgado de Nueva York, por iniciativa de hasta tres abogados estadounidenses distintos atraídos por la historia. En 1994, el adolescente que había organizado a las comunidades afectadas terminó la enseñanza secundaria.
Juicio en Ecuador
La defensa de Texaco a partir de entonces se basó en decir que EE UU no era competente para juzgar el caso. De existir el daño, debía juzgarse en Ecuador. "Tenían influencia en el sistema político y judicial, estaban convencidos de que podrían controlar el juicio. Y de hecho era verdad". La sentencia tardó nueve años en llegar. Texaco ganó la batalla el 16 de agosto de 2002. La Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó que el juicio se hiciera en Ecuador, con la condición de que se permitiera a los demandantes un año de plazo para rehacer su caso. La petrolera no tenía ni idea de lo que acababa de conseguir.
El 7 de mayo de 2003, dentro de plazo, se presentó de nuevo la demanda ante la Corte de Justicia de Sucumbíos. Pablo Fajardo colaboraba con los abogados estadounidenses y ecuatorianos que se habían hecho cargo de la causa. El quinto hijo de José Fajardo y María Mendoza se había graduado en Derecho en 2004. Al año siguiente, asumió el caso como abogado principal. La guerra de expertos y peritos llevó a hacer 106 informes periciales distintos, 58 de ellos financiados por Chevron, y el resto, de la otra parte. "Todos ellos demostraban la presencia de hidrocarburos".
Por entonces, todo este litigio lo estaba pagando un bufete de Filadelfia, Khon&Graf, para quien el caso de Texaco-Chevron era una inversión a riesgo. Es decir, si ganaban se llevaban parte de la indemnización, y si no, no cobraban. Basándose en un controvertido informe pericial, los afectados por el vertido reclamaban una indemnización de 27.300 millones de dólares, en la que estimaban el coste de las reparaciones por las muertes y las enfermedades más la limpieza completa de la zona.
"Hubo testimonios desgarradores. Conozco a gente que ha muerto durante el proceso. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer y su hija también. Todo era gente así, que lo había vivido". La gente contó ante el tribunal cómo sus familiares cayeron a los pozos tóxicos y murieron envenenados. "Una señora se cayó al intentar rescatar a su vaca, tragó petróleo y murió poco después". La incidencia del cáncer en la región es anormalmente elevada, según los denunciantes.
En 2004, ocho días antes de empezar la fase pericial del juicio, William Fajardo Mendoza, hermano de Pablo, fue hallado muerto. Tenía 28 años. Lo torturaron salvajemente antes de asesinarlo. "Yo no puedo afirmar que Chevron esté detrás", ha dicho siempre Pablo Fajardo, y lo mantiene. Por aquel entonces le advirtieron de que también lo buscaban a él. Lo comprobó una noche en que dos hombres armados hicieron guardia en la puerta de su casa, mientras él estaba escondido en la de unos vecinos. Tiene tres hijos, de 14, 7 y 3 años. Toda la familia se desperdigó por otros pueblos por seguridad.
Contaminación masiva de la altura de Chernóbil
Los demandantes que representa Fajardo (ya son un colectivo de 30.000 campesinos e indígenas) presentan el caso de contaminación masiva a la altura del de Chernóbil, el vertido del barco Exxon Valdez en Alaska o el reciente de BP en el Golfo de México. "La diferencia es que aquellos fueron accidentes. Pero en Ecuador, Texaco diseñó el sistema para contaminar. El objetivo era extraer petróleo con la menor inversión posible". Según uno de los peritos, en los 26 años que Chevron operó en Sucumbía se ahorró 8.500 millones de dólares incumpliendo las normas más elementales de seguridad y gestión de desechos.
Por la parte de Chevron, Fajardo ha escuchado en estos años todo tipo de argumentos. Entre otras cosas, dijeron que "el petróleo no contaminaba". También, "que la Amazonia era un terreno petrolero y que ahí no tenía por qué vivir nadie". En otro momento comentaron que "el cáncer se producía por la falta de higiene de los indígenas". También llegaron a decir "que el petróleo es biodegradable y a las pocas semanas no se notan sus efectos".
Lo último fue a partir de 2009. "Vieron que el juicio era una amenaza real". Presentaron 14 demandas distintas por todo Estados Unidos contra la plataforma de afectados y cualquiera que trabaje con ellos para exigir información. Y lo consiguieron. "Tienen todos nuestros correos electrónicos".
El 1 de febrero de 2010, Chevron planteó un caso de tipo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), la ley federal especial de Estados Unidos para el crimen organizado. La nueva tesis de Chevron es que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio es extorsionar a la compañía. Mientras, un empleado de Chevron intentó, cuenta Fajardo, sobornar al juez y grabarlo con cámara oculta, para demostrar que es supuestamente corrupto.
El 14 de febrero se emitió la histórica sentencia en el tribunal de Lago Agrio que condenaba a Chevron-Texaco a pagar 8.560 millones de dólares. Pero la empresa no tiene bienes en Ecuador, por lo que hay que embargar en el extranjero. Sin embargo, un juez llamado Lewis Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, decretó que la sentencia era inejecutable en EE UU mientras él no decida de nuevo sobre la competencia de los tribunales. "Este juez no conoce el problema. Ha emitido fallos para mí antijurídicos y con una convicción económica y no jurídica", dice Fajardo. Ambas sentencias, en Lago Agrio y en Nueva York, están recurridas por ambas partes. Un bufete de Washington llamado Patton Boggs se ha hecho cargo del caso por la parte ecuatoriana.
"Chevron ha dicho que no va a pagar. Pero tiene inversiones en 50 países, y la sentencia de Ecuador dice que la indemnización se puede cobrar en cualquier parte, no tiene por qué ser en Estados Unidos. Tendremos que obligarle a pagar", dice Fajardo. Es decir, tendrán que presentar nuevas demandas allí donde Chevron tenga bienes para embargárselos en cumplimiento de la sentencia de Ecuador. El juez Kaplan ha dejado claro que, por ahora, en Estados Unidos no va a ser. "Este juez actúa desde la ignorancia del caso y guiado por las mentiras de Chevron", dice Fajardo.
La historia continúa
La historia no ha terminado. Durante estos años, entre 20 y 30 millones de dólares han sido invertidos en la demanda por parte sobre todo de abogados estadounidenses que se han ido relevando en el caso y de las donaciones de todo el mundo que reciben los demandantes. Fajardo asegura que han podido saber de "fuentes de los accionistas", que Chevron gastó 300 millones de dólares en abogados solo en 2010, y el total en este litigio ya ha superado los 1.000 millones.
El hijo de dos campesinos analfabetos de Ecuador tendrá que volver a sentarse muchas veces con su maletín delante de las decenas de abogados que Chevron quiera poner en el caso. Y seguirá escuchando que el petróleo no contamina, que el problema de los indígenas es que no se lavan, que él preside una organización criminal. Durante 18 años, y los que queden, Chevron ha utilizado todas las estrategias de defensa imaginables. Todas menos una. Nunca ha podido negar que la tierra, el agua y el aire de Sucumbíos están llenos de petróleo. Sigue allí.




The Man Who Humbled Chevron
Ecuadorian lawyer Pablo Fajardo succeeded against the petroleum giant with the largest compensation in history for environmental crimes
By Pablo Ximénez de Sandoval, El País
6 June 2011
When licensed in law 32 years back, Ecuadorian Pablo Fajardo brought with him more than a decade of experience in lawsuit courts against one of the largest businesses in the world. In 2005, he sat in a New York courtroom, with a briefcase in which he carried the defense of the indigenous peoples that inhabit the Amazonian province of Sucumbíos. In front of him sat eight lawyers representing the oil company Chevron, accused of hazardously dumping toxic loads for almost three decades. In all, he faced 39 lawyers paid for by the third largest company in the United States. "The least of which had 25 years of experience in law," said Fajardo. He only had one year of experience. "But I have an advantage," says Fajardo. "I haven't had to make anything up. I only have to tell a story."
This is the story of an ecological catastrophe thirty times worse than the Exxon Valdez oil spill, according to the plaintiffs. It is also that of a sentence, dictated by a judge in the town of Lago Agrio, Ecuador, that signed for the most costly compensation demand in history in a judicial action for environmental crimes: 8.560 billion dollars. In between, decades of suffering and death, in a place where surviving the daily misery was already difficult enough.
José Fajardo and María Mendoza left the province of Manabí, on the coast of Ecuador, looking for a future in the northeast, where massive extraction activity was attracting workers. They settled with their ten sons towards the end of the 1980s in a pueblo known as Shushufindi (oar, in the Secoya language), in the province of Sucumbíos, in the heart of the Amazon. Pablo Fajardo Mendoza was the fifth of the brothers. He was 14 years old.
It is difficult to convince someone who has never lived in this region that "there is oil everywhere." In the fields, mixed with the earth. In houses, in the air. Of course, in the streets, because according to Fajardo, the Texaco trucks sprayed the dirt streets with oil, in a type of improvised asphalting so that the dust would not rise. Fajardo remembers a childhood with feet covered in petroleum, stained pants, the walls...everything. It is common to lose a shoe in the streets.
Imagine heading out onto the road after a downpour and you are walking in slippers. Now imagine that instead of water, it is oil flooding the streets. This is life in Sucumbíos.
356 Perforated Oil Wells
According to Fajardo's research, Texaco perforated 356 oil wells in the Ecuadorian Amazon. "But in addition to this, in each perforated well, Texaco constructed four or five pools to dispose of toxic waste." Here toxic water used to extract petroleum was also stored. "The company always constructed the waste pools as close as possible to a river. The idea was to dispose of the toxic loads in an easy and cheap manner." Therefore, the problem of the soil was transferred to the water. This water carried sulfur and other toxic substances from contact with the oil. When evaporated, it would fall in the forest in the form of acid rain. The earth, the water, and the air tasted like oil.
Texaco, acquired by Chevron in 2001, started to drill in the Amazon in the north of Ecuador, in the provinces of Sucumbíos and Orellana, with a concession from the government in 1964. They left the area in 1990 and passed the drilling on to Petroecuador. In this zone lived at least five indigenous tribes before it filled with oil workers. Two of these tribes, the Tetetes and the Sansahuaris, have disappeared forever. The poisoning of the rivers killed the fish. The rest of the tribes moved from a subsistence economy in the jungle to the misery in the market economy, working for the oil company.
Fajardo also worked for Texaco. There was not much else. He was an adolescent and worked as a laborer helping out, for example, to cover oil spills with earth in whatever manner. Meanwhile, he began to collaborate with a mission of religious Capuchins from Navarre, where he was able to study and started to see that it was "to work with the communities." "Leaving the field you realized that the problem was real. There was contamination, your animals were dying, your sons were sick, there was cancer, abortions... and the people had no where to turn." Remember that the only job the authorities had then was to protect Texaco.
Around the mission of the Capuchin priests, the embryo of resistance was launched, a human rights committee formed by farmers and indigenous peoples. Fajardo organized fifty people. He was 16 years old. They threw out the oil company as well as a palm plantation that was the only labor alternative. He ended up making a living through his work in the mission. "The same priests searched for a scholarship for me, from a person I did not know, that financed my university studies." He studied law by correspondence.
"It was a necessity. Every time we turned to the authorities, they told us 'look for a lawyer to help you.'" He decided that he would be the lawyer. The small group grew with those affected in other towns. The case became international with the publication of a book, Amazon Crude, written by Judith Kimberling, a United States lawyer. This attracted the necessary attention to find lawyers to present the first accusation against Texaco. It was the 3rd of November, 1993, in a court in New York, initiated by three US attorneys drawn to the story. In 1994, the adolescent that had organized the affected communities finished secondary education.
Justice in Ecuador
Texaco's defense thereafter was based on the fact that the US was not competent to judge the case. If there was damage, it should be judged in Ecuador. "They had influence in the political and judicial system, they were convinced that they could control the trial. And in fact this was true." The sentence was nine years late in arriving. Texaco won the battle in August 16th, 2002. The Appeals Court of New York accepted that the trial would be done in Ecuador, with the condition that the plaintiffs be permitted a period of one year to retry their case. The petroleum company had no idea of what had just been obtained.
On May 7th, 2003, inside the period, the accusation was presented again before the Justice Court of Sucumbíos. Pablo
Fajardo collaborated with US and Ecuadorian attorneys who had taken over the cause. The fifth son of José Fajardo and María Mendoza had graduated with a degree in law in 2004. The following year, he assumed the cased as the head attorney. The war of experts and technicians lead to 106 different expert reports, 58 of those financed through Chevron, and the rest, of the other party. "All confirmed the presence of hydrocarbons."
By then, all of this litigation was being paid for by a Philadelphia law firm, Khon & Graf, for whom the Texaco-Chevron case was an investment risk. This meant that if they won they would get paid a portion of the compensation, and if not, they would not charge. Based on a controversial expert report, the persons affected by the spill claimed $27.3 billon in compensation, the estimated cost of the reparations for the deaths, the illnesses, and the complete cleaning and recovery of the affected region.
"There were heart-breaking testimonies. I know people that had died during the lawsuit. For example, a woman and her daughter who both have cancer. All were people like this, that had lived this." The people told before the court how their relatives fell into the toxic wells and died from poisoning. "One woman fell trying to rescue her cow and swallowed the oil; she died soon after." The incidence of cancer in the region is abnormally high, according to the plaintiffs.
In 2004, eight days before starting the expert phase of the trial, William Fajardo Mendoza, Paulo's brother, was found dead. He was 28 years old. He was savagely tortured before being murdered. "I cannot affirm that Chevron is behind this," Pablo Fajardo always said, and he maintains this. By this time he was warned that they were also coming after him. This was evident one night when two armed men guarded the door of his house, while he was hidden in the home of one of his neighbors. He has three sons: 14, 7, and 3 years old. All of the family dispersed throughout other towns for security.
Massive Contamination on Par with Chernobyl
The plaintiffs that Fajardo represents (already a group of 30,000 fieldworkers and indigenous persons) present the case of massive contamination on par with that of Chernobyl, the oil spill caused by the Exxon Valdez ship in Alaska or the recent BP oil spill in the Gulf of Mexico. "The difference is that those were accidents. But in Ecuador, Texaco designed the system to contaminate. The objective was to extract petroleum with the least investment possible." According to one of the experts, in the 26 years that Chevron operated in Sucumbía, they saved $8.5 billion neglecting the most elemental norms of security and disposal of waste.
On the part of Chevron, Fajardo heard in recent years all types of arguments. Among other things, they claimed that "oil does not contaminate." Also, "that the Amazon is to be used for oil extraction and nobody should be living there." In another moment they commented that "the cancer was produced from the lack of hygiene on the part of the indigenous peoples." Also, they have started to claim "that oil is biodegradable and in a few weeks the effects will not be noticeable."
The last was 2009 onwards. "They have seen that the trial is a real threat." They presented 14 distinct accusations throughout the entire United States against that platform of the affected persons and whoever worked with them in order to demand information. And they obtained it. "They have all of our emails."
On February 1st, 2010, Chevron planted a RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) case, the special US federal law for organized crime. Chevron's new theory is that the plaintiffs form part of a criminal association whose goal is extortionate the company. Meanwhile, an employee of Chevron, tells Fajardo, to bribe the judge and record it on a hidden camera, to show that he was supposedly corrupt.
The 14th of February, the historic sentence was issued in the courtroom of Lago Agrio that condemned Chevron-Texaco to pay $8.560 billion. But the company did not have property in Ecuador; this is why they had to be repossessed outside of Ecuador. Nonetheless, Lewis Kaplan, a judge from the South District of New York, decreed that the sentence was unenforceable in the US while he remained undecided over the competence of the courts. "This judge does not know the problem. He has issued wrongful rulings and an economic conviction, not a lawful one," says Fajardo. The two parties lean upon the sentences in Lago Agrio and New York. Patton Boggs, a law firm in Washington, has taken up the case on the part of the Ecuadorian plaintiffs.
"Chevron has said that they are not going to pay. But they have investments in 50 countries, and the sentence in Ecuador says that the compensation could be charged in whichever part, it does not have to be in the United States. We will have to obligate them to pay," states Fajardo. This means that they must present new demands there where Chevron has properties that can be seized to fulfill the sentence issued in Ecuador. Kaplan, the judge, has clearly stated that, for now, in the United States it will not happen. "This judge acts from ignorance regarding the case and is guided by Chevron's lies," claims Fajardo.
The Story Continues
The story is not finished. During recent years, between 20 and 30 million dollars have been invested in the lawsuit by US attorneys in particular that have been relieving in the case, and donations that the plaintiffs receive from around the world. Fajardo claims that they have knowledge from "shareholder sources" that Chevron spent $300 million on lawyers in 2010 alone, and in total in this litigation they have already surpassed $1 billion.
The Ecuadorian son of illiterate fieldworkers will have to return to sit many times with his briefcase in front of the dozens of attorneys that Chevron wants to put on the case. And he will continue to hear that the oil does not contaminate, that the problem of the indigenous people is that they do not bathe, that he presides over a criminal organization. During 18 years, and those that remain, Chevron has utilized all defense strategies imaginable. All except one. Never have they been able to deny that the earth, the water, and the air of Sucumbíos are full of oil. And so it continues.

Translated from Spanish to English by Amazon Watch

miércoles, 11 de mayo de 2011

Entrevista a Manfred Max-Neef (Texto facilitado por Helena Ocampo)

Entrevista a Manfred Max-Neef, economista chileno. 26 de noviembre de 2010
Hace unas semanas, Amy Goodman entrevistó en Bonn, Alemania al reconocido
economista chileno Manfred Max-Neef. Presentamos en este espacio la entrevista cuyo
original en inglés se encuentra en la página de Democracy Now a quien agradecemos el
permiso de traducir esta conversación. Manfred Max-Neef ganó en 1983 el Right
Livelihood Award, dos años después de haber publicado su libro Economía Descalza,
Señales desde el Mundo Invisible. El economista comienza por explicarnos el concepto
de economía descalza.


MANFRED MAX-NEEF: Bueno, es una metáfora, pero es una metáfora que se
originó en una experiencia concreta. Yo trabajé alrededor de diez años de mi vida en
áreas de pobreza extrema en las sierras, en la jungla, en áreas urbanas en distintas partes
de Latinoamérica. Al comienzo de este periodo estaba un día en una aldea indígena en
la sierra de Perú, era un día horrible, había estado lloviendo todo el tiempo. Era una
zona muy pobre y frente a mí estaba otro hombre parado en el lodo (no en el barrio
pobre sino en el lodo). Y bueno, nos miramos. Era de corta estatura, delgado, con
hambre, desempleado, cinco hijos, una esposa y una abuela. Yo era el refinado
economista de Berkeley, que enseñaba en Berkeley, etc. Nos mirábamos cara a cara y
de pronto me di cuenta de que no tenía nada coherente que decirle en esas
circunstancias a este hombre, que todo mi lenguaje de economista era inútil. ¿Debería
decirle que se pusiera feliz porque el producto interno bruto había subido un 5% o algo
así por e l estilo? Todo esto era completamente absurdo.
Entonces descubrí que no tenía un lenguaje para ese ambiente y que teníamos que
inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de la metáfora economía descalza que, en
concreto, simboliza la economía que un economista debe usar cuando se atreve a
meterse en los barrios bajos. El punto es que los economistas estudian y analizan la
pobreza desde sus oficinas lujosas, poseen todas las estadísticas, desarrollan todos los
modelos y están convencidos de que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza.
Pero ellos no entienden lo que es la pobreza, ese es el gran problema y es también el
motivo por el cual la pobreza aún existe. Esto cambió completamente mi vida como
economista: inventé un lenguaje coherente para esas condiciones de vida.


AMY GOODMAN: ¿Y cuál es ese idioma? ¿Cómo aplicas un sistema económico o
haces que las circunstancias expliquen esos cambios?


M. MAX-NEEF: No, la cuestión es mucho más profunda. Es decir, no es como la
típica receta que te da alguien de tu país, en donde te dicen "le garantizamos quince
lecciones o la devolución de su dinero." Ese no es el punto, te lo pongo de esta manera:
hemos alcanzado un nivel en nuestra evolución en el que sabemos muchas cosas,
sabemos muchísimo pero entendemos muy poco. Nunca en la historia de la humanidad
ha habido tanta acumulación de conocimiento como en los últimos cien años y mira
cómo estamos. ¿Para qué nos ha servido el conocimiento? La esencia está en que el
conocimiento por sí mismo no es suficiente, carecemos de entendimiento. La diferencia
entre conocimiento y entendimiento te la puedo explicar con un ejemplo: vamos a
pensar que tú has estudiado todo lo que puedes estudiar desde una perspectiva teológica,
sociológica, antropológica, biológica, inclusive bioquímica y sobre un fenómeno
humano llamado amor. El resultado es que tú sabrás todo sobre el amor, pero tarde o
temprano te vas a dar cuenta de que nunca entenderás el amor a menos de que te
enamores. ¿Qué significa esto? Que sólo puedes llegar a aspirar a entender aquello de lo
que llegas a formar parte. Como dice la canción: si nos enamoramos, somos mucho más
que dos. Cuando perteneces, entiendes. Cuando estás separado, solo acumulas
conocimiento y esa ha sido la función de la ciencia. Ahora bien, la ciencia se divide en
partes pero el entendimiento es completo, holístico.
Y eso es lo que sucede con la pobreza. Yo entendí la pobreza porque estuve allí; viví
con ellos, comí con ellos y dormí con ellos. Entonces comienzas a entender que en ese
ambiente hay distintos valores, y diferentes principios—comparados con los que existen
allí de donde tú provienes y te das cuenta de que puedes aprender cosas fantásticas de la
pobreza. Lo que he aprendido de los pobres supera lo que aprendí en la universidad.
Pero pocas personas tienen esa oportunidad, ¿te das cuenta? Ellos ven la pobreza desde
afuera en lugar de vivirla desde adentro. Aprendes cosas extraordinarias. Lo primero
que aprendes y que los que quieren mejorar el sistema de vida de los pobres no saben,
es que dentro de la pobreza hay mucha creatividad. No puedes ser un idiota si quieres
sobrevivir, cada minuto tienes que estar pensando, ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer aquí?
¿Qué es esto y lo otro y lo otro? Así que tu creatividad debe ser constante. Además,
están los contactos, la cooperación, la ayuda mutua y toda una gama de cosas
extraordinarias que ya no se encuentran nuestra sociedad dominante que es
individualista, avara, egoísta, etc. Totalmente lo opuesto de lo que tienes allá. Y es
sorprendente porque a veces llegas a encontrar gente más feliz entre los pobres que la
que encontrarías en tu propio ambiente. Lo que significa que la pobreza no solo es una
cuestión de dinero. Es algo mucho más complejo.


AMY GOODMAN: ¿Qué crees que debamos cambiar?


M. MAX-NEEF: ¡Oh!, casi todo. Somos dramáticamente idiotas. Actuamos
sistemáticamente en contra de las evidencias que tenemos. Sabemos exactamente qué no
debemos hacer. No hay nadie que no sepa esto, especialmente los grandes políticos
saben exactamente lo que no se debe hacer. Y aún así lo hacen. Después de lo que pasó
en octubre del 2008, tú pensarías que van a cambiar porque se han dado cuenta de que el
modelo económico no funciona, que incluso tiene un alto nivel de riesgo,
dramáticamente riesgoso. Y uno se pregunta:¿Cuál fue el resultado de la última reunión
de la Comunidad Europea? Ahora son más fundamentalistas que antes. De tal modo que
lo único de lo que se puede estar seguro es que ya viene la próxima crisis y que será el
doble de fuerte que la actual. Pero para entonces ya no habrá suficiente dinero. Esas son
las consecuencias de la sistemática estupidez humana.


AMY GOODMAN: Si tú estuvieras al frente de la economía ¿qué harías para evitar
otra catástrofe?


M. MAX-NEEF: Primero que nada, necesitamos de nuevo economistas cultos, que
sepan historia, de dónde vienen, cómo se originaron las ideas, quién hizo qué y así
sucesivamente. Lo segundo, una economía que entienda que es subsistema de un
sistema finito más grande: la biosfera, y como consecuencia la imposibilidad de tener
un crecimiento económico infinito. En tercer lugar, un sistema que tenga claro que no
puede funcionar sin tomar en serio los ecosistemas. Pero los economistas no saben nada
de ecosistemas, no saben nada de termodinámica, nada de biodiversidad, son totalmente
ignorantes respecto a estos temas. Un economista debe tener claro que si los animales
desaparecen, él también desaparecerá porque entonces ya no habrá qué comer. Pero él
no sabe que dependemos totalmente de la naturaleza ¿te das cuenta? Sin embargo, para
los economistas de hoy en día la naturaleza es un subsistema de la economía, concepto
que es totalmente absurdo!
Además debemos acercar el consumidor a la producción. Yo vivo bien al sur de Chile,
una zona fantástica donde tenemos toda la tecnología para la elaboración de productos
lácteos de máxima calidad. Hace unos meses estaba desayunando en un hotel y al tomar
un paquetito de mantequilla descubrí que ésta venía de Nueva Zelanda, absurdo ¿no te
parece? ¿Y por qué sucede una cosa así? Porque los economistas no saben calcular los
costos reales. Traer mantequilla desde un lugar que queda a 20.000 kilómetros a un sitio
donde se produce la mejor, con el pretexto de que es más barato es una estupidez
monumental porque no tienen en cuenta el impacto que causan esos 20.000 km de
transporte sobre la naturaleza. Por si fuera poco, es más barata porque está subsidiada.
Es un caso muy claro en el que los precios nunca dicen la verdad. Todo tiene su truco
¿sabes? esas artimañas causan enormes daños. Si acercas el consumo a la producción,
comerás mejor, tendrás mejores alimentos y sabrás de dónde vienen. Incluso podrías
llegar a conocer a la persona que lo produce. Se humaniza el proceso, pero hoy en día lo
que los economistas hacen está totalmente deshumanizado.


AMY GOODMAN: ¿No crees que la misma tierra nos forzará a actuar de diferente
modo? ¿Estaremos llegando al fin?


M. MAX-NEEF: Sí claro. Ya algunos científicos lo están diciendo pero yo aún no he
llegado a ese punto. Pero muchos lo creen y piensan que es definitivo, que estamos
fritos, que dentro de algunas décadas no habrá más humanos. Yo no creo que hayamos
llegado a ese punto, pero sí que estamos cerca y diré que ya cruzamos el primero de los
tres ríos. Y observa lo que está pasando en todos lados, es alarmante cómo la cantidad
de catástrofes ha ido aumentando y se manifiesta en todas las formas: tormentas,
terremotos, erupciones volcánicas. El número de eventos crece dramáticamente, es
sobrecogedor y nosotros seguimos en las mismas.


AMY GOODMAN: ¿Qué has aprendido de las comunidades pobres en las que has
vivido y trabajado que te de esperanza?


M. MAX-NEEF: La solidaridad de la gente; el respeto por los otros; la ayuda mutua;
nada de avaricia, un valor inexistente dentro de la pobreza y uno estaría inclinado a
pensar que allí es donde más está presente, que la avaricia debería ser patrimonio de los
que menos tienen. No, todo lo contrario, mientras más tienes más quieres, la crisis
actual es producto de la avaricia. La avaricia es el valor dominante del mundo actual.
Mientras persista, estamos acabados.


AMY GOODMAN: ¿Cuáles serían los principios que enseñarías a los jóvenes
economistas?


M. MAX-NEEF: Los principios de la economía deben estar fundamentados en cinco
postulados y un valor esencial.
Primero: la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la
economía.
Segundo: el desarrollo se refiere a las personas, no a las cosas.
Tercero: crecimiento no es lo mismo que desarrollo y el desarrollo no necesariamente
requiere de crecimiento.
Cuarto: no puede existir una economía con un ecosistema fallando.
Quinto: la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito: la biosfera. Por lo
tanto, el crecimiento permanente es un imposible.
Y el valor fundamental para poder consolidar una nueva economía es que ningún interés
económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia por la
vida.


AMY GOODMAN: Explica lo que acabas de mencionar.


M. MAX-NEEF: Nada puede ser más importante que la vida. Y digo vida, no seres
humanos, porque para mí el punto clave es el milagro de la vida en todas sus
manifestaciones. Pero si predomina el interés económico, uno no solo se olvida de la
vida y otros seres vivientes, termina también ignorando a los seres humanos. Si recorres
esta lista que acabo de mencionar, uno a uno, verás que lo que tenemos ahora es
exactamente lo contrario.


AMY GOODMAN: Volvamos al tercer punto, crecimiento y desarrollo y explícalo
mejor.


M. MAX-NEEF: Crecimiento es una acumulación cuantitativa. Desarrollo es la
liberación de posibilidades creativas. Todo sistema vivo de la naturaleza crece y en
cierto punto deja de crecer, tú ya no estás creciendo, ni él ni yo. Pero continuamos
desarrollándonos, de otro modo no estaríamos dialogando en este momento. El
desarrollo no tiene límites pero el crecimiento sí. Y este es un concepto muy importante
que políticos y economistas ignoran, están obsesionados con el fetiche del crecimiento
económico.
He trabajado durante décadas y en este tiempo se han hecho muchos estudios. Soy el
autor de una famosa hipótesis: la hipótesis del límite, que dice que en toda sociedad hay
un periodo de crecimiento económico—entendido convencionalmente o no—que trae
una mejora en la calidad de vida pero sólo hasta cierto punto: el punto límite, a partir del
cual, si hay más crecimiento, la calidad de vida comienza a decaer. Esta es la situación
en la que nos encontramos actualmente.
Tu país es el ejemplo más dramático que puedes encontrar. En mi libro que saldrá
publicado el próximo mes en Inglaterra, titulado La economía desenmascarada—hay un
capítulo llamado "Estados Unidos, una nación en vías de subdesarrollo" la cual es una
nueva categoría. Actualmente manejamos los conceptos de desarrollado,
subdesarrollado y en vías desarrollo. Ahora tenemos el nuevo concepto de en vías de
subdesarrollo y tu país es el mejor ejemplo, en el cual el 1% de los americanos cada vez
están mejor, mejor y mejor, mientras que el 99% va en decadencia en todo tipo de
manifestaciones. Hay personas que viven en sus autos, ¿sabes? ahora duermen en sus
carros, estacionados enfrente de la que fue su casa. Miles, millones de personas lo han
perdido todo. Pero los especuladores, los que crearon todo este problema, esos están
fantásticamente bien. Para ellos no hay problemas.


AMY GOODMAN: ¿Entonces, cómo cambiarías las cosas?


M. MAX-NEEF: Bueno, no sé cómo cambiarlas. Es decir, solitas van a cambiar, pero
de manera catastrófica. Para mí no sería raro que de un momento a otro millones de
personas salieran a las calles de Estados Unidos a causar destrozos. No sé, pero podría
suceder. No lo sé. La situación es absolutamente dramática y se supone que es el país
más poderoso de la tierra. Y aún en estas condiciones, siguen con sus guerras absurdas
gastando billones y trillones. Trece trillones de dólares para los especuladores y ¡ni un
centavo se fue para las personas que perdieron sus casas! ¿Qué tipo de lógica es esa?


Traducido por: Rose Mary Salum

martes, 10 de mayo de 2011

Sobre Conflicto Armado en Colombia

Sobre el conflicto armado en Colombia
Por: Rodrigo Uprimny

LA TESIS URIBISTA DE QUE EN COlombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista contra la democracia no resiste el menor examen, pues es falsa empíricamente y se funda en equívocos conceptuales.
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Existen básicamente dos perspectivas que han intentado establecer qué es un conflicto armado no internacional: los estudios sobre la paz y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La norma fundamental aquí es el Protocolo II de 1977, que es exigente, pues establece que para hablar de conflicto armado es necesario que existan i) enfrentamientos entre el Estado y fuerzas armadas disidentes, las cuales ii) deben tener mando responsable y iii) control territorial suficiente para realizar operaciones militares y iv) poder aplicar el DIH.

Estos elementos se cumplen en Colombia: las Farc, por ejemplo, tienen una estructura jerarquizada suficiente para hablar de un mando responsable. Han tenido igualmente el control territorial señalado por el DIH, pues éste no exige que el Ejército no pueda entrar en la zona de influencia guerrillera sino que ésta tenga una presencia territorial suficiente para realizar operaciones militares organizadas. Y las Farc siguen realizando operaciones militares continuas y durante años han tenido secuestrados a numerosos militares y civiles. ¿Puede entonces alguien dudar de que ese grupo guerrillero tiene un control territorial suficiente para aplicar las normas humanitarias? Otra cosa obviamente es que las Farc se nieguen a aplicarlas, pues los secuestros, las minas antipersona o los reclutamientos de menores son infracciones graves al DIH.

Es claro que en Colombia existe empíricamente un conflicto armado. Pero además, contrario a lo dicho por el uribismo, aceptar ese hecho no impide criticar las terribles acciones de las guerrillas o de los ‘paras’, ni implica jurídicamente otorgarles estatus de beligerancia, la cual exige otros requisitos, que no puedo detallar en esta columna. No hay entonces nada contradictorio en aceptar que en Colombia existe un conflicto armado y afirmar al mismo tiempo que ni las guerrillas ni los ‘paras’ son beligerantes y que sus acciones son atroces e ilegítimas.

Es pues un acto extremo de terquedad ideológica negarse a aceptar que Colombia sufre un doloroso conflicto armado. Por el contrario, reconocer su existencia parece un paso imprescindible si queremos algún día superarlo. Por eso es importante que tanto el Congreso, en la ley de víctimas, como el presidente Santos acepten que en Colombia ha habido conflicto armado desde hace rato.

* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Más sobre Consulta Previa (Tomado de la Revista Semana)

En la selva chocoana, en límites con Panamá, viven 21 familias indígenas del pueblo Embera; 13 de la comunidad Chidima Tolo y ocho de la comunidad Pescadito. Conviven con la selva, la montaña y el río, como si fueran sus hermanos sagrados. Pero también con los megaproyectos, la explotación minera y los grupos armados.

Desde 2009, los representantes legales de los resguardos, ubicados en el municipio de Acandí, comenzaron una pelea jurídica para evitar que una carretera atravesara sus territorios. Además, han denunciado que su opinión no ha sido tenida en cuenta en la ejecución de proyectos mineros y energéticos.

La Corte Constitucional les dio la razón. El alto tribunal publicó la sentencia T-129 de 2011 que dejó claro que los proyectos mineros, de transporte, de infraestructura, o leyes que afecten los territorios indígenas, deben tener en cuenta a las comunidades que los habiten, y hacerlas parte de las discusiones y decisiones.

“La principal novedad de esta jurisprudencia es que la Corte Constitucional dice que la participación en la consulta previa, debe ser, antes, durante y después del proyecto que afecta a las comunidades”, dijo la abogada Alejandra Vega quien fue la representante de las comunidades indígenas.

De esta manera, el tribunal definió el alcance del derecho de las minorías a la “consulta previa”, que no es un procedimiento más que deben cumplir los organismos del Estado y las empresas, sino un derecho fundamental.

Por su parte, el experto constitucionalista y director de la organización Derechojusto.org, Juan Carlos Lancheros, argumentó que es muy importante esta sentencia porque “desde el momento en que se planea el estudio para un proyecto que afecta potencialmente a una comunidad indígena debe contarse con ella, además, garantizar y facilitar su participación activa en la construcción del proyecto, para salvaguardar sus derechos, idiosincrasia y cosmovisión”.

Esta sentencia fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió revisarla dada su importancia. Al final, les dio la razón a los demandantes. Entre otras cosas, ordenó suspender la carretera, con el fin de que se cumpla el requisito de consulta previa teniendo en cuenta la posibilidad de modificar el trazado de las obras. También pidió parar los proyectos de explotación minera, y traducir los apartes más importantes de la jurisprudencia a la lengua Embera y publicarlos.

Además, la sentencia exhortó al Congreso y al Ejecutivo a la creación de un proyecto de ley estatutaria que regule el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.

Por todo lo anterior, la sentencia seguramente pasará a integrar la lista de las llamadas históricas.

La historia

Han sido varios los intentos de distintos gobiernos locales de construir la carretera, que pretende unir a los municipios de Unguía y Acandí, proyecto que ha tenido diferentes nombres. No obstante, la obra está interrumpida en los cuatro kilómetros que pasan por el resguardo. Es decir, la carretera existe en las entradas de los dos municipios, pero no está conectada.

Los representantes de las comunidades Chidima Tolo y Pescadito instauraron una tutela cuando advirtieron que en la zona se hacían estudios para pasar la carretera por ahí. El proceso pasó del Tribunal superior de Cundinamarca, por razones de competencia, al Tribunal Superior de Quibdó. Los demandantes pidieron el amparo de su derecho de consulta previa.

La consulta previa es un derecho de las minorías étnicas, que según los convenios suscritos por Colombia, las faculta para participar en las decisiones que afectan a sus territorios, y para conocer previamente los proyectos. Jurisprudencias como la de esta sentencia derivaron en el fracaso de leyes como el estatuto rural y la ley forestal, impulsadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Además, las comunidades reportaron en su demanda que existía un proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que desarrolla la empresa Interconexión Eléctrica ESP-ISA, que también podría afectarlos. También dieron cuenta de que en la región se han entregado proyectos de concesión minera en una zona comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, considerados sagrados por las comunidades.

En el proceso, intervinieron los ministerios de Transporte y de Agricultura que pidieron que se les excluyera de la demanda. El primero, porque solo revisa proyectos presentados por las alcaldías, a quienes les compete la consulta; y el segundo, porque argumentó que no tenía ninguna responsabilidad directa con los hechos que las comunidades estaban demandando.

El Ministerio de medio Ambiente también pidió que se le excluyera de la demanda porque la empresa de Interconexión Eléctrica no ha presentado el estudio del impacto ambiental que tendrán las obras, y en caso de hacerlo, se comprometió a exigir que se haya cumplido el requisito de consulta previa para otorgar la licencia.

El Ministerio de Minas y Energía dijo que la responsabilidad era de Ingeominas, y que por tanto tampoco era sujeto de la demanda. También participó el Invías, que dijo que las obras contratadas eran de “mejoramiento” de la carretera, lo cual no requiere de consulta previa.

Hasta el ministerio de Defensa participó en los alegatos de la demanda, pues una agencia de las fuerzas militares es la que está ejecutando la obra. La agencia indicó que no se han “iniciado labores” pues está a la espera de que se haga la consulta; y la oficina de Derechos Humanos del Ministerio alegó que el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas “no es absoluto”, por lo cual las tropas “no pueden ser retiradas del territorio indígena”, y que la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente.

Por su parte, la empresa encargada del proyecto de interconexión argumentó que para la etapa en la que se encuentra la iniciativa no se requiere de la consulta previa y que, por tanto, no ha vulnerado los derechos de las comunidades.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal Superior de Quibdó, el 10 de julio de 2010, negó la petición de los representantes de las comunidades Chidima-Tolo y Pescadito. El argumento fue que el interés general primaba sobre el particular y que los argumentos no demostraron la vulneración de los derechos de los resguardos.

Ante la negativa del tribunal, los demandantes apelaron la decisión. Esta vez, fue la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la que les negó la razón. El argumento fue el mismo.

“En el caso específico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prerrogativa reclamada, aun como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados”, explicó la Sala.

Pero, los demandantes no se dieron por vencidos y acudieron a la Corte Constitucional, que al comienzo decidió no revisar la demanda. Ante la insistencia de los representantes de los resguardos la acogió.

En la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en la etapa de pruebas, ordenó la participación institutos y facultades de antropología en la discusión. Además, entre otras decisiones, envió un grupo de investigadores al resguardo para hacer una inspección de lo que estaba ocurriendo.

En su argumentación, la Corte recordó que Colombia suscribió el convenio 169 de la OIT que la obliga a consultar previamente con los pueblos indígenas cuando haya medidas administrativas o legislativas que los afecten.

Además, en un capítulo llamado Constitución ambiental hizo una amplia descripción de lo que significa el cuidado del medio ambiente y reiteró lo que en otras jurisprudencias ha dicho: que el planeta está en riesgo y por eso, su protección es deber de toda la raza humana.

En otro, dedicado a las tensiones que se derivan de los conceptos de “desarrollo”, aduce: “No se puede ante poner en abstracto el “interés general” y la visión mayoritaria que se tenga del “desarrollo” o “el progreso” que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos”.

Mejor dicho, que si se trata de respetar y conservar el patrimonio que representan las comunidades indígenas es necesario considerar su punto de vista. También incluyó en su argumentación algunas de las intervenciones de las facultades de antropología que destacan la distancia que hay entre el reconocimiento oficial de la multiculturalidad y la diversidad étnica y la realidad.

Al final, la Corte Constitucional indicó que las comunidades indígenas tienen derecho a conocer de los proyectos que se planean en sus territorios. Ese conocimiento debe ser “libre, previo e informado”.

Además aduce que en caso de que existan proyectos en territorios indígenas, la consulta es obligatoria, y debe buscar el “acuerdo” o “conseguir el consentimiento”. Es decir, no es suficiente con contarle a la comunidad que se va a desarrollar un proyecto en su territorio. Ese espacio de consulta debe ser una “disertación entre iguales” y no un simple formalismo.

Además, agrega la Corte, “no solo se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas, sino en efecto garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de forma equitativa”.

La Corte encontró que no se trata del “mantenimiento de la vía” (Ungia-Acandí) como argumentó la agencia militar, pues la carretera no existe. El proyecto en cuestión busca construir la carretera con todo lo que ello implica.

El alto tribunal recogió los argumentos de los propios indígenas quienes explicaron que una carretera cambiaría todo su estilo de vida, permitiría el tránsito de los grupos ilegales y multinacionales y podría significar un peligro para ellos. Además, el proceso de construcción también implica la destrucción de la naturaleza.

Al respecto del proyecto de interconexión eléctrica, la Corte se abstuvo de impartir una orden, pues este está en etapa de estudio de factibilidad. Sin embargo, advirtió que en caso de que el proyecto resulte viable, y se advierta la posibilidad de que afecte a las comunidades, la empresa debe gestionar su participación en el proceso de consulta previa.

La Corte encontró que hay un título minero vigente que podría afectar al río Tolo. Ese río, además de ser la fuente del líquido vital de uno de los resguardos es sagrado. Por ello, la Corte ordenó suspender “las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera”. También pidió al Ministerio del Interior y a varias instituciones que le den prioridad en el Plan de salvaguardia de las minorías étnicas a los mecanismos de protección que garanticen la pervivencia de las comunidades.

Como parte de las medidas reivindicativas pidió a la Alcaldía de Acandí reconocer la importancia de los indígenas en la región y hacer campañas pedagógicas como muestra de ese reconocimiento; y a las autoridades ambientales, hacer un programa de arqueología preventiva, para identificar los lugares que merecen especial protección.

Para que no quedara duda de la posición de la Corte, ninguno de los magistrados que firmó la sentencia salvó su voto.

martes, 3 de mayo de 2011

Otra noticia relacionada con la Consulta Previa

México DF, 2 de mayo de 2011


Redes de derechos humanos nacionales e internacionales saludan la anulación de la asamblea agraria a través de la cual se pretendía imponer el proyecto hidroeléctrico “La Parota”;

Con argumentos basados en el derecho internacional de los derechos humanos, instan al gobierno federal y local a poner PUNTO FINAL al proyecto.

En el mes de noviembre de 2010, las organizaciones y redes nacionales e internacionales abajo firmantes elaboramos, suscribimos y enviamos al magistrado que estaba conociendo el juicio agrario de nulidad 360/2010, un amicus curiae (institución a través de la cual terceros ajenos al litigio presentan una opinión ante un tribunal con el fin de ofrecer información calificada sobre la materia controvertida) en respaldo de los derechos humanos, y especialmente del derecho a la participación y consulta y del derecho a la tierra y territorio de los pueblos amenazados por el proyecto hidroeléctrico “La Parota”.

En el documento, haciendo puntual referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México, se demostró de manera contundente que al querer imponer el proyecto hidroeléctrico desde 2002, el Estado mexicano estaba incurriendo en un sinnúmero de violaciones en materia de derechos humanos, la mayoría de las cuales han sido condenadas por distintos órganos de las Naciones Unidas. Nos complace por lo tanto que los argumentos vertidos en el amicus contribuyeran a que el Tribunal Unitario Agrario n. 41, con sede en Acapulco, emitiera una sentencia mediante la cual se anulara la asamblea agraria realizada el 28 de abril de 2010 con la cual se pretendía imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. Instamos ahora a las autoridades competentes, y especialmente al Gobierno del Estado, a respetar la sentencia y la voluntad de los pobladores de la zona quienes, en una consulta que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2007, expresaron su rechazo al proyecto.

Sobre este último punto resulta relevante subrayar que el artículo 16.2 del Convenio n. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, establece que el consentimiento de las comunidades es un requisito sin el cual no se puede llevar a cabo un proyecto que implique el traslado o la reubicación de la población, lo que corresponde a un derecho de veto de los pueblos que podrían ser víctimas de un desalojo. Derecho de veto que, como anticipamos, fue ejercido por los pueblos en la consulta de agosto de 2007.

Hay que recordar además que ya son cinco los juicios que se han resuelto a favor de los comuneros y ejidatarios quienes, recurriendo al marco legal nacional e internacional, se oponen a ser desalojados de sus tierras en nombre de un proyecto cuyo beneficio y viabilidad social, legal y ambiental, ha sido ampliamente cuestionado y demostrados.

Considerado todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos para que el proyecto sea definitivamente cancelado.

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) conformado por 16 organizaciones: Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC (CEJUDESC), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas, FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) –Guadalajara, Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat, RADAR-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho.
Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC)
FIAN Internacional- FoodFirst Information and Action network
Habitat International Coalition (HIC)
Secretaría de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)[1]
Datos de contacto: Laura Salas, celular: 044 55 13 41 98 49; correo: laura.salas.s@gmail.com





[1] El Espacio DESC es un colectivo de 16 organizaciones de derechos humanos y de promoción del desarrollo con una trayectoria amplia en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México, que trabaja articuladamente desde 1998. El EDLC es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con sede en la ciudad de Bozeman, Estado de Montana, en los Estados Unidos. Trabaja por la protección de los derechos humanos de personas y comunidades en países en vías de desarrollo que luchan contra el daño a su medio ambientewww.edlc.org/es. HIC, inició sus actividades en 1978 y constituye una red internacional independiente y sin fines de lucro. Hoy está conformada por unas 400 organizaciones sociales, técnicas, académicos, institutos de investigación y capacitación así como activistas en derechos humanos que trabajan en el campo del hábitat en 118 países de todo el mundo. Con status consultivo frente a la ONU, trabaja en la definición, promoción, defensa y concreción del derecho a la vivienda adecuada a nivel internacional. Su Secretariado General se encuentra en Santiago de Chile (www.hic-net.org). FIAN es una organización internacional que trabaja por el derecho humano a la alimentación adecuada, tiene estatus consultivo ante la ONU y fue fundada en 1986. Tiene su Secretariado Internacional en Heidelberg, Alemania, y secciones en 20 países del mundo (www.fian.org). La Red-DESC es una iniciativa de cooperación de grupos y personas de todo el mundo que trabajan por asegurar la justicia económica y social por medio de los derechos humanos. Su Secretaría tiene sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (http://www.escr-net.org/index.htm?attribLang_id=13441).
.

Indígenas en Argentina (Tomado de Bolpress)

Pueblos originarios: "Queremos que nos devuelvan nuestras tierras"
Norma Loto *

Buenos Aires, (SEMlac).- El legendario ego argentino dice que "la Avenida 9 de Julio es la más ancha del mundo"; tal vez dentro de algún tiempo también se dirá que esa misma avenida es la que albergó uno de los reclamos más ignorados: el de los pueblos originarios. Desde hace varios meses en la 9 de Julio acampan los miembros de la comunidad indígena toba Qom navogh del paraje La Primavera.
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Esta comunidad, emplazada en un terreno de cerca de 5.000 hectáreas donde viven alrededor de 800 familias, reside en la provincia de Formosa, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires y cercana a Paraguay.



Su lucha viene de años, pero su irrupción en la agenda pública data del 23 de noviembre de 2010, cuando fueron víctimas de una cruel represión ordenada por el gobernador de Formosa, Gildo Isfran. El ataque contra los Qom dejó como saldo dos muertes, la quema de sus viviendas y de sus documentos de identidad.



Sucede que sus tierras son un tesoro que está en la mira de la empresa Nidera (productores de soja y algodón transgénico) y de latifundistas. No sólo para estos dos actores esas tierras son el punto de la codicia, sino que también lo es para la Universidad Nacional de Formosa, que inició la construcción edilicia del Instituto Universitario Agropecuario.



Tras la represión sufrida en noviembre, el reclamo se visibilizó en la Capital Federal; hasta que el 30 de diciembre lograron que el Ejecutivo firmara un acta con seis puntos en la que se comprometía a resolver los problemas de tierras, seguridad, salud, agua y documentos.



"Los funcionarios nacionales dicen en los medios que están resueltos los problemas. No es así. En La Primavera la gente sigue con escasez de agua, falta de atención médica y presionados por la policía provincial", manifestó recientemente a la prensa el cacique Félix Díaz.



Al tanto de esta situación, el 21 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en la cual ordena al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los miembros de la comunidad toba -qom navogh, La Primavera, y además que proteja a los indígenas "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la Policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".



A la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo, los miembros de la comunidad permanecieron durante seis días en huelga de hambre y realizaron un corte parcial de la avenida 9 de julio. Esta medida fue levantada tras presentarse una orden judicial de desalojo, durante el mediodía del sábado 30 de abril.



Ante esta situación, la lectura vergonzosa es que fue más urgente garantizar la libre circulación de una arteria ciudadana, que los derechos humanos constantemente violados en esta comunidad.




En carne propia



Carmen Poli es una joven qom de 28 años de piel morena, rostro circular y mirada esperanzada. En la tarde del sábado, fue ella la encargada de recibir los alimentos que donan quienes se solidarizan con la lucha de este pueblo. "Queremos que nos devuelvan nuestras tierras", dice Carmen a SEMlac. Su voz es tan leve que se pierde en el revuelto paisaje intoxicado del pesado bullicio de la Avenida 9 de julio.



Carmen es una de las mujeres que está acampando desde hace cinco meses en Capital Federal. Llegó a esta "ciudad difícil", según la califica ella, con su marido y sus dos hijas, una de cinco y otra de ocho años. Edgardo, su hijo de 11, se quedó en Formosa.



"Exigimos que nos devuelvan nuestras tierras, nos prometieron que el lunes 2 de mayo nos atenderán", comenta Carmen a SEMlac. Los Qom han levantado el corte de la arteria ante la promesa de diálogo a partir de esta semana. Las esperanzas de Carmen van más allá de la restitución de las tierras; y no es casual que sus palabras hayan brotado todas juntas, al final del diálogo con SEMlac.



Carmen nos relató que su hijo Edgardo aún no sabe leer ni escribir y que está trabajando en la cosecha de algodón, junto a un tío; que las mujeres "no tenemos información"; que los hospitales están alejadísimos de sus parajes, que una parturienta "puede morir a la espera de una ambulancia que nunca llega", que cuando vamos a los hospitales "no nos atienden"…



¿Por qué?, pregunta esta periodista que no supo darse el tiempo para pensar, "porque nos discriminan", fue la ingenua pero a la vez aguda respuesta de Carmen.




La realidad Qom



La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas revela que, por el tamaño de su población, éste es el tercero entre los pueblos indígenas que habitan en Argentina, con 69.452 personas. Además de "representar una variada y rica tradición histórico-cultural, preserva su lengua nativa. Sin embargo, su situación social, económica y educativa se encuentra en desventaja en relación con otras etnias".

"Los toba se encuentran principalmente en las provincias del noreste argentino de Chaco, Formosa y Santa Fe, y, en un número menor, en la provincia de Salta (ubicada en noroeste). Recientes movimientos migratorios han generado asentamientos toba en Rosario y en varias zonas del Gran Buenos Aires", sostiene un informe denominado Situación socioeducativa de niñas, niños y adolescentes de comunidades toba, realizado por UNICEF.



"En Paraguay vive un pequeño grupo toba de 600 personas y a principios del siglo XX se localizaron algunos integrantes de este pueblo en Bolivia, aunque posiblemente ya hayan migrado a Salta", precisa ese estudio del organismo de las Naciones Unidas.



El mencionado informe revela que en Argentina, la mayoría de la población nativa de cinco a 14 años asiste a un establecimiento educativo, en una proporción similar a la observada para el total del país (95%). Pero cuando esta observación es trasladada al pueblo toba, se aprecia que la proporción de niños, niñas y adolescentes que acuden a la escuela es significativamente menor y sólo alcanza al 87,7 por ciento.



Los datos muestran también que los varones han logrado niveles de educación bastante más elevados que las mujeres, algo que no ocurre en el caso de otros pueblos indígenas (por ejemplo, entre los kolla y los mapuche) ni tampoco a nivel nacional. Muy posiblemente, la brecha educativa por sexo es más pronunciada entre las generaciones adultas que entre las más jóvenes y se irá disipando con el avance educativo de las nuevas generaciones.



A la vez, se evidencia falta de acceso a los servicios de salud en las comunidades nativas de Formosa y por eso las muertes a causa del mal de chagas y la tuberculosis -dos enfermedades comunes a la pobreza- son una constante.



Respecto a este punto, el mencionado informe pone de manifiesto que el acceso a los servicios sanitarios es "prácticamente nulo" "Sólo el 10 por ciento de la población toba cuenta con algún tipo de cobertura médica. Este bajo porcentaje de personas que no tienen cobertura indica la ausencia de empleos de carácter regular para estas poblaciones y, por consiguiente, la imposibilidad de acceder a una obra social", puntualiza.

Marmato (Tomado de Reclame)

Marmato, el pesebre de oro de Colombia, es un municipio ubicado en las montañas del noroccidente caldense, en un sector estratégico gracias a su diversidad y a los enormes yacimientos de oro que se ubican bajo los pies de sus pobladores. Su tradición minera centenaria ha generado fuentes de empleo a todos sus pobladores, un crisol de culturas expresada en su población conformada en un 17% por indígenas y en un 55% por afrodescendientes. Esta enorme riqueza aurífera ha servido de sustento a incontables generaciones por más de 500 años y ha sido al mismo tiempo el blanco perfecto para que desde los años 80, numerosas compañías transnacionales sitúen sus intereses en este territorio.

En la historia reciente, la voracidad del capital extranjero en contubernio con los gobiernos de turno, se refleja en el cierre de 84 minas y la destrucción de nueve molinos por parte de la Colombian Goldfields, en un hecho que dejó sin empleo a más de 800 personas. Estas acciones son pruebas inequívocas de las intenciones que estas compañías tienen en países, como el nuestro, poseedores de recursos naturales preciosos que son codiciados por las grandes potencias.

La compañía canadiense Medoro Resources, que se fusionó con Colombian Golfields, cuenta en su junta directiva con ex ministros de Uribe como Hernán Martínez, de minas y energía y María Consuelo Araujo, ex canciller, entre otros altos ejecutivos. También hace parte de sus directivos, Augusto López, expresidente de Bavaria. La magnitud del proyecto que pretenden realizar en Marmato, conllevaría el arrasamiento de todo el pueblo en una explotación a cielo abierto, de la que, se estima, obtendrían unas 10 millones de onzas de oro. En este proceso se ha vendido la idea, a la opinión pública nacional e internacional, de que Marmato debe ser trasladado, reasentado, por los enormes riesgos que se presentan en el municipio, argumentos que falsean la información real y que van en contravía del estudio de Corpocaldas del 2009, en el que se manifiesta que son pocas las zonas de alto riesgo en Marmato y que de ninguna manera la mayor parte de su área se encuentra en zona de riesgo no mitigable. Bajo el manto de un acto humanitario intentan reubicar a los pobladores, expropiándoles no solo su territorio sino sus fuentes de empleo.
Las declaraciones del ministro de minas y energía y del presidente Santos siempre han estado orientadas en este sentido, posicionando opiniones falaces y avalando las prácticas que utilizan estas compañías en los territorios donde llegan, tales como el asfixiamiento de la pequeña minería y de los pobladores, todo ello en consonancia con las decisiones gubernamentales de perseguir a mineros pequeños y tradicionales como si se tratara de delincuentes de la peor calaña.

La locomotora minera de Santos pretende reprimarizar la economía a costos tremendamente altos para la población colombiana. En la actualidad, hay solicitudes de explotación para proyectos mineros sobre el 40% del territorio nacional, y el caso de Marmato es el ejemplo de la funesta política que pretende implantarse en vastas zonas de la geografía nacional. Debido a la importancia de esta lucha, invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales y de resistencia a proyectos megamineros del país y a las personas interesadas a participar en la Primera Movilización Nacional por la Defensa de Marmato que será una marcha que comenzará en el Restaurante Valencia situado en la Carretera Central de Occidente vía Manizales-Medellín a aproximadamente 3 kms de la entrada a Marmato, y terminará en el casco urbano del municipio.

La marcha se realizará el Sábado, 14 de mayo de 2011, a partir de las 8 de la Mañana.

Invitan: Comité cívico pro-defensa de Marmato, Cabildo indígena Cartama de Marmato, Titanes de oro, Consejo regional indígena de Caldas CRIDEC, Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional RECLAME, Gestores del Mañana, Mineros de Echandia, Mineros de Cien Pesos, Mineros de Chaburquía, Asociación de Mineros Unidos de Marmato, Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.

Para mayor información sobre el evento comunicarse a los celulares 300 444 4883, 311 617 5816 o 310 451 3923, o escribir al correo marmatonosextrae@gmail.com

Nota: Quienes vayan a participar deben confirmar asistencia hasta el 13 de Mayo. Quienes vayan a dormir en Marmato deben llevar carpas, sacos para dormir y demás.

sábado, 19 de febrero de 2011

Excelente Noticia para los Pueblos Indígenas

CIDH PUBLICA INFORME SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS ANCESTRALES

Washington, DC, 17 de febrero de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales.

La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se explica porque el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH ha venido prestando una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos.

En virtud de esto, el derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21 adquiere una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales. La garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia.

En este sentido, el informe analiza la obligación que tienen los Estados de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios. La consulta se debe realizar sobre todos los temas susceptibles de afectarlos, debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado, y debe implementarse de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados, y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones.

El informe que la CIDH publica hoy compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas a la luz de los desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos en general. Su objetivo también es el de señalar problemas, guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales del Hemisferio.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlaces útiles:
Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. Versión en pdf
Oficina de Prensa de la CIDH
Sitio web de la CIDH

miércoles, 19 de enero de 2011

Minería en Santurbán (Editorial de El Espectador)

Minería en Santurbán
Por: Elespectador.com
EL PÁRAMO DE SANTURBÁN ES UNA importante fuente hídrica, forestal y de biodiversidad del país.
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Se calcula que allí hay cerca de 200 mil hectáreas de tierra por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, y da vida a los ríos Lebrija, Pamplonita y Zulia, así como a varios de los afluentes que nutren los ríos Catatumbo y Arauca. La importancia de éste, como de cualquier otro páramo, radica en que es un sistema fundamental para los procesos bióticos, no bióticos y para la regulación del clima. En el caso de Colombia, país montañoso, la producción de agua que de éstos se origina beneficia a cerca del 70% de la población que habita en los Andes. De aquí que la legislación nacional, a través de la Ley 1382 de 2010, excluyera las zonas que se encuentren por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar de la posibilidad de explotación minera, normatividad que entró a reforzar la Ley 685 de 2001, que resguarda a los parques naturales. Los artículos 79 y 80 de la Constitución, que plasman la prioridad que debe tener la conservación, también defienden las regiones paramunas, así como la Ley 99 de 1993, que dotó a las Corporaciones para velar por la naturaleza.

Pese a la legislación, vacíos en las normativas y tensiones entre intereses han hecho que sobre los páramos colombianos existan actualmente 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas del valioso terreno natural. Esto no siempre es malo: una buena mitigación y compensación del daño pueden revertir, en alguna medida, el efecto sobre la naturaleza y es lo que los permisos ambientales contemplan. En los páramos, sin embargo, tal labor, por la complejidad del ecosistema, es más difícil. Pero lo difícil no la hace imposible. Este es precisamente el argumento de los habitantes de California y Vetas, los dos municipios aledaños al Páramo de Santurbán, que defienden el proyecto Angostura de la canadiense Greystar. Sus habitantes ven una gran oportunidad laboral en la intervención minera, que se cree podrá llegar a producir 7’500.000 onzas troy de oro durante 15 años, los cuales se traducirán en más o menos 14 millones de dólares al año para el Departamento de Santander por razón de regalías y en 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los siguientes años de operación.

Los habitantes de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, que se benefician de las fuentes hídricas del páramo, no comparten la misma postura. Aunque el debate se ha polarizado y los ambientalistas han llegado al caricaturesco extremo de hablar del fin de las reservas de agua para la región, lo cierto sí es que hay razones detrás de la reticencia de la gran mayoría de la población del departamento. Entre ellas está el hecho de que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ya multó a la Greystar por daños al ecosistema durante la fase de exploración y que, en general, las minerías canadienses son las que detentan el récord de conflictos medioambientales más alto del mundo. Esto sumado al hecho de que la explotación a cielo abierto, las escombreras y el cianuro pueden hacer estragos, pese a que la tecnología que se promete implantar sea de primer nivel.

Los costos ambientales, aunados a las faltas de garantías, han convocado a todo tipo de movimientos civiles en contra del proyecto Angostura, los cuales han obligado a revisar con más cuidado las condiciones de la licencia ambiental que todavía, y contrario a los pronósticos de la Greystar, tardará meses. Frente a esto, el presidente de la minera canadiense, Steve Kesler, aseguró: “Las reglas en Colombia no están claras”. Y tiene razón. A pesar de la expresa legislatura, muchas partes del territorio no cuentan con una delimitación actualizada que evite ambigüedades. De aquí la importancia del juicio y los estudios del Ministerio de Ambiente, que tiene la difícil tarea de impulsar la locomotora de la minería por los rieles del desarrollo sostenible. Tarea que requerirá cada vez más de su credibilidad, tanto para frenar proyectos, como para dejarlos seguir. La decisión que tome sobre Santurbán tendrá que ser respetada, pero ojalá que sea una decisión que haga respetar todas las que le seguirán.

martes, 18 de enero de 2011

A los Candidatos en La Guajira

A los precandidatos a la Alcaldía de Maicao y otras alcaldías y corporaciones de La Guajira, en las próximas elecciones:
1) Recordar que la ciudad de Maicao y otros municipios de La Guajira (caso de Uribia y Manaure) tienen la caracterización de conglomerados con alta participación de población indígena, y, lo más esencial, territorialidad indígena.
2) Recordar que en dichas entidades territoriales predominan garantías y privilegios que harían más fácil desarrollar los planes estratégicos si se reconoce y respeta esa territorialidad.
3) Recordar, inclusive, que toda La Guajira, si se reconocen esos privilegios y garantías constitucionales, se beneficiará y lucrará de la visión indigenista del desarrollo autónomo.
4) Recordar, además, que tales privilegios y garantías tienen estatus internacional y, por ende, pertenecen al bloque de constitucionalidad colombiano.
La invitación es para que los hoy candidatos no inventen otra vía diferente a la de aprovechar las avenidas de la Constitución Política, especialmente en lo atinente al respeto de la diversidad y al derecho a las autonomías específicas.

Lo Pintoresco de La Guajira (Por Cristian Valencia, tomado de El Tiempo)

Todo el mundo lo sabe. Lo dicen en El Congreso, como nombran popularmente a ese parque Padilla donde se mueve la verdadera opinión de los riohacheros. Lo dicen en Uribia también. En los taxis, en los buses, en los colectivos. Lo dicen los pescadores y los wayús. Todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe. Desde tiempos inmemoriales lo han sabido.

Y saben también que lo pueden comentar por ahí en las calles, en el cotilleo de los parques, cualquier parte sirve mientras las verdades no se hagan públicas en los medios masivos, sobre todo en los nacionales. Porque si se llega a saber de quién viene la delación o el chisme, ¡bang-bang!, y sellado el asunto.

Lo que dicen es que "la corrupción nos tiene así". Y, ¿qué es así? Pues como se puede ver a simple vista cuando cualquiera pasa por acá.

Y como no se puede ver a simple vista desde Bogotá, tan llena de burócratas que miran mapas y hacen planes estratégicos para una tierra que la mayoría desconoce por completo.

El departamento de La Guajira, el ricachón departamento de La Guajira, es pobre. En infraestructura, pobre; en educación, pobre; en seguridad alimentaria, pobre.

Los políticos locales podrán esgrimir las estadísticas más prósperas cuando presentan sus informes a la Nación, de esos informes donde figuran carreteras hechas y alcantarillados perfectos y acueductos como manantiales bíblicos, y ramilletes de escuelas, y hospitales uao.

Pero venga usted a La Guajira. Y trate de moverse de un pueblo a otro en transporte público. Póngase una cita en Nazareth en invierno, por ejemplo. O vaya usted mismo, como guajiro, y trate de sacar pecho cuando pase por rancherías paupérrimas, donde los niños levantan la mano por una hogaza de pan o una menta. Traten los guajiros de esgrimir orgullo por ese casi 40 por ciento de analfabetismo. Traten de decir a voz en cuello que son ricos porque gas natural, porque carbón, porque energía eólica, porque termoeléctrica, porque el Caribe abierto está ahí no más, sin flota pesquera local ni procesadores de harina de pescado, ni cuartos fríos ni nada, ni siquiera puerto que los ampare. Y es que ninguno de los muchos millones que dejan esos emporios se nota en La Guajira.

Y es una pena con los guajiros, porque de verdad tienen un departamento hermoso y millonario. Con todo para consolidarse como uno de los más pujantes del Caribe. Con gente capaz y hospitalaria que, infortunadamente, está acostumbrada a dar las gracias a los políticos cuando estos hacen su trabajo; o a hacer la corte frente a la gobernación de turno a ver qué tajadita les toca. Pareciera falta de compromiso o de sentido de pertenencia o de orgullo departamental. Y podría ser eso, cuando uno ve la migración de los más prósperos hacia Barranquilla, Santa Marta o Bogotá. Hasta los marimberos cuando tuvieron todo ese dinero abandonaron la ciudad. Se van a ser ricos a otra parte. Y Riohacha se parece a sus ausencias. Y Uribia, el municipio más grande de Colombia, a los hijos que no la habitan.

Pero vienen elecciones y todo esto se olvida. Como siempre, el avispero se neurotiza y comienzan los políticos a dejarse ver en las calles y plazas públicas. Llenos de promesas: esta vez sí, compadre, será un gobierno distinto, para la gente. Porque vamos a poner a La Guajira y a los guajiros en el sitio que se merecen, compadre. Entonces estallan las alabanzas, retruenan los aplausos y llueven los votos.

Los guajiros parecen condenados a lo pintoresco. Ese es el sitio que han forjado sus políticos para su gente. Y sabemos que la palabra "pintoresco" lleva en andas la miseria, pero con una sonrisa y una mochila multicolor.

Sabemos que bajo ese mote de pintoresco están la corrupción, la desidia y el abandono. El pintoresco subdesarrollo haciendo de las suyas en La Guajira.

martes, 11 de enero de 2011

Artículo de Sergio Rangel (Tomado de Redminería)

Pajaritos de Oro en El Frente
El prestante arquitecto Antonio José Díaz Ardila, escribe una columna en el periódico El Frente, que me huele a derrota y que titula Miedo a la Grandeza. Se refiere al proyecto de la Greystar. Tilda a los santandereanos de padecer una psicopatía colectiva, generada en el fracaso de dos empresas mayúsculas, el Ferrocarril de Wilches y Forjas de Colombia. Esos dos fracasos del siglo pasado dejaron una gran herida, es cierto. Sin embargo esto no ha impedido al pueblo santandereano desentrañar dónde están las trampas. Descubrir a los empresarios de holocaustos, a los distribuidores de monedas para pagar silencios, judas que no faltan. Olvida Antonio José Díaz que éstos que él llama “fanáticos ambientalistas” son los que aún exponiendo la vida, han impedido el holocausto de la selva amazónica, la pesca indiscriminada de ballenas, la caza del jaguar, el crimen de la voz del invisible pájaro, en fin, todo aquello que en la naturaleza se determinó en la creación (o evolución) como la luz y el color. ¿De qué valdría la vida sin todo ello? Permitir y renunciar a esto sería tanto como perder el honor y la piedad.
El concepto de grandeza para él, supongo, es como el de tantos que miden el desarrollo y el progreso por el desaforado crecimiento poblacional. Miles de automóviles que hacen imposible la movilidad. Incontables fábricas vertiendo los desechos a los ríos o sus chimeneas al aire. Todo ello se miraba como progreso y desarrollo. Hoy el mundo es una irreversible y mortal hoguera. ¿Qué hacer para reparar los daños del invierno?
Pero volvamos a lo que dice el ilustre arquitecto Díaz Ardila en El Frente. Los que se oponen a la explotación del Páramo de Santurban a cielo abierto, son los mismos que se opusieron a la Represa de Hidrosogamoso, dice él. Es verdad somos los mismos, los que preferimos el agua y el aire puros, el paisaje, el desarrollo sostenible sin agredir la naturaleza ni la madre tierra. El tema de Hidrosogamoso lo entiendo. Su magnitud, la angustiosa necesidad de energía, 800 Megavatios no son una bicoca. Su dimensión aplasta cualquier argumento en contra por sabio y lógico que este sea. Insectos quienes nos atrevimos a decir algo en su contra. Este proyecto ojalá prospere sin causar mayores daños. La dinamita y las excavaciones le han mordido la cola a La Leona, la gran falla geológica que arruinó a tantos contratistas de obras civiles. Hoy se arruinó la vía a Barrancabermeja, y falta más.
Entonces, ¿quién puede decir que las aguas y las tierras contaminadas con cianuro y mercurio en el Páramo de Santurban, a pesar de afinada tecnología, por fallas humanas o fuerza mayor, terremotos, o borrascas, no lleguen a nuestros acueductos? Después se irán, la mina es finita no es eterna. ¿Quién tapará el inmenso hueco que dejarán cuatro mil millones de toneladas de tierra? ¿Quién quedará a cargo y control de las aguas y residuos impregnados de cianuro cuando la empresa se vaya con su oro? Algo más me inquieta. La Greystar actúa con una máscara en su verdadero rostro. La Greystar es una Sociedad Limitada, figura jurídica creada en derecho comercial para capitales de familia, de manejo sin control por la supersociedades, fácil de disolver. Suena a despedida de corrido ranchero. “Ahí te dejo el niño, amor de mis amores…” Mi apreciado Antonio José Díaz, le pregunto ¿No es preferible para la región un desarrollo sostenible, ecoturismo, visitantes de todo el mundo ávidos de escapar de la ciudad contaminada y aturdida?
Publicada por SERGIO RANGEL

Yo propongo

A propósito del boom que ha generado la película de Danny Boyle “Slumdog Millionaire”, que de contera ha estimulado al príncipe Carlos de Inglaterra construir una pequeña ciudad para 3.000 familias pobres de India, y estamos hablando de alojamiento social para quince mil personas, con todas las herramientas de un hábitat completamente ecológico, se nos ocurre proponerle a las mineras asentadas en La Guajira, de forma independiente o como añadidura dentro los planes de reconstrucción post invernales, solas, o en compañía de agencias estatales, construir una pequeña ciudad o aldea ecológica, alejada de los impactos invernales y, por supuesto, ajustada a las más rigurosas exigencias de planeación social y ecológica. Sería una buena oportunidad para resarcir y aportar en un tema clave del desarrollo de la región.

jueves, 6 de enero de 2011

La Alimentación en China (Documento de Naciones Unidas)

Misión en China: primeras observaciones y conclusiones
PEKÍN (23 de diciembre) – “China ha realizado un importante progreso social y económico en las últimas tres décadas y ha conseguido sacar a cientos de miles de personas de la pobreza; sin duda la seguridad alimentaria se ha beneficiado sensiblemente de este progreso generalizado. No obstante, la disminución de la tierra cultivable y la degradación masiva de los suelos amenazan la capacidad que tiene el país de mantener sus niveles actuales de producción agrícola", afirma Olivier De Schutter, quien finaliza su visita oficial a la República Popular de China hoy.

“En las últimas décadas, China ha sido capaz de alimentarse a sí misma y a una quinta parte de la población mundial. Sin embargo, la producción agrícola global de un país y la realización progresiva del derecho a la alimentación son dos cosas distintas. El derecho a la alimentación depende de si los ingresos de los que dispone una persona le permiten comprar alimentos. También supone que los sistemas alimentarios sean suficientemente sostenibles como para satisfacer las necesidades actuales sin que ello ponga en riesgo la capacidad del país de cubrir las necesidades futuras. "Dos condiciones claras que hoy por hoy plantean dos desafíos igualmente evidentes”, advierte el Sr. De Schutter.