miércoles, 4 de noviembre de 2015

CIÉNAGA GRANDE DEL MUNDO


LA CIENAGA GRANDE

Hicimos un recorrido por la Ciénaga Grande de Santa Marta, en un plan de entretenimiento y verificación de las recientes denuncias sobre los ataques a que ha sido sometida su estructura ecológica. No fue necesario medir con instrumentos la ciénaga para comprobar lo que está sucediendo, en términos de catástrofe ambiental. En este país del Sagrado Corazón se han estado robando a pedazos este lugar declarado reserva de la biosfera mundial por la Unesco y clasificado como sito Ramsar por sus características ecológicas especiales. Y no se han estado robando la ciénaga con alambre de púa y papel sellado, como ocurría con los despojos habituales en el resto del país, sino con buldóceres, retroexcavadoras y bombas de succión, con el fin de desecar los humedales y convertirlos en haciendas ganaderas y extensas fincas sembradas de palma. Es posible que parte de esta orquestación de estatales y particulares hubiese estado acompañada de acciones criminales de los paramilitares como las masacres perpetradas en los pueblos palafíticos de Trojas de Cataca y Nueva Venecia (año 2000). A estas alturas del desastre mundial, la ciénaga debería llamarse Ciénaga Grande del Mundo y no simplemente de Santa Marta, el Procurador General de la Nación, en vez de estar jodiendo contra la paz, debería haber implementado expedientes y sanciones ejemplares, además, coadyuvar a la Superintendencia de Notariado para que les sean restituidas a la sociedad internacional las numerosas hectáreas amputadas a la estructura ecológica de esta riqueza de la humanidad.

lunes, 2 de noviembre de 2015

El Derecho Incompleto. Cédula Wayuu


DERECHO INCOMPLETO, la cédula wayuu. (1)

Recientemente el periodista José Orellano, quien hace un maravilloso trabajo periodístico en su blog www.elmuellecaribe.com, me comprometió con la idea de divulgar y abanderar lo que en alguna ocasión académica denominamos EL DERECHO INCOMPLETO. El nombre del tema surgió en La Habana, Cuba, hace un par de años, cuando fui invitado a un foro internacional de abogados para tratar una materia de actualidad y de gran jerarquía como es lo atinente el DIH, es decir, el derecho que rige las reglas internacionales del marco humanitario de la guerra. En esa ocasión, con la venia del exigente y respetable auditorio, me aparté del diseño original de mi ponencia y expresé la necesidad de que los abogados del mundo, pero los colombianos de manera especial y con mucha más razón, deberíamos entrenarnos en colaborar en la ingeniería de la paz, en las reglas para la paz. La circunstancia me obligó, pues coincidía con los inicios de las conversaciones de la Paz colombiana en La Habana y, además, porque era evidente la necesidad de que quienes militábamos en la defensa de ese gran propósito nacional, expresáramos nuestro apoyo específico a través de propuestas concretas, es decir, en LAS REGLAS PARA LA PAZ.  Cuando me referí a las Reglas para Paz hice especial énfasis en las reglas para afianzar la paz, que son o tendrán que ser partes de un nivel superior de política de Estado sobre el establecimiento de la paz permanente, es decir, un escenario intelectual, especialmente jurídico, donde sea posible edificar las garantías efectivas que hagan imposible el regreso del conflicto armado colombiano. El sentido de este elemental planteo es que la paz no podemos considerarla como el simple logro de la redacción y firma de un documento de contenido exhaustivo y repleto de magníficas intenciones. Muy a pesar de nuestra condición de abogado, o por esa misma condición, tendremos que defender la tesis de que las reglas para la paz, además de los indispensables ajustes propios de la construcción de la paz, deberían ocuparse del Derecho Incompleto, del Derecho que no existe en la práctica.

De manera particular me referiré al Derecho Incompleto de La Guajira indígena colombo venezolana, es decir, carencias en materia de derechos y garantías del mayoritario pueblo indígena asentado en la hermosa península, no obstante los avances retóricos de la normatividad constitucional y en un sentido más amplio del bloque de constitucionalidad que nos rige respecto a dichos temas. Además de la obligación que se desprende de nuestra condición de residente y trabajador en Derechos Humanos en La Guajira, también hemos escogido esta parte de la sociedad colombiana para realizar nuestro aporte porque esta es un territorio dentro del concierto suramericano que podríamos clasificar como de altísima sensibilidad geopolítica. Dicho de otra manera más práctica y pedagógica: si es cierto que La Guajira colombo venezolana constituye o podría constituir un atractivo para los hacedores de la guerra, no puede ser menos cierto que también deberá ser de interés para quienes estemos del lado de procurar la ingeniería jurídica para consolidar la paz duradera.

LA IDENTIDAD:

Si hay algo que constituye una afrenta para la paz de cualquier sociedad en el mundo moderno es el desconocimiento de la Dignidad Humana, peor si se irrespeta simultáneamente con otros derechos igualmente importantes como la IDENTIDAD. La Identidad, es un Derecho Humano que en La Guajira es permanentemente violado, tanto en su dimensión PERSONAL como COLECTIVA. La mayoría de las personas del pueblo Wayuu, por ejemplo, tienen dos cédulas de ciudadanía, una expedida por la autoridad venezolana y otra por la colombiana. Y no se trata de la tantas veces cacareada doble nacionalidad. No. Cada una de esas cédulas contiene una información diferente, es decir, lugar de nacimiento diferente, en muchos casos nombres distintos y padres también diferentes. Esto ocurre para realizar la dinámica normal de movilidad dentro de su propio territorio ancestral, que por definición es territorio caracterizadamente colombo venezolano. Algo, además, que nadie discute en Colombia ni en Venezuela. Cómo es posible que ciudadanos nacidos en uno u otro país tengan que recurrir a la generosidad y comprensión de respetables señoras de nacionalidad diferente a la suya para optar por la falsa condición de hijo de éstas y de tal manera acceder a una identificación distinta a la original. Es un fenómeno de crasa doble identificación pero, además, conlleva algo más grave que eso que es atentar contra el esencial Derecho Humano a la Identidad Personal, individual y colectiva del pueblo indígena Wayuu, considerado uno de los dos más importantes y numerosos de Colombia y Venezuela.

Hace más grave este fenómeno de simple "doble cedulación" el hecho de que las toneladas de cédulas gemelas que circulan en el territorio étnico representan el gran mercado electorero de las mafias políticas de uno y otro país, sin contar con otras arandelas que conllevan graves implicaciones al tema de la seguridad fronteriza. Esto que ocurre con el derecho a la Identidad Personal y Colectiva del Pueblo Wayuu es lo menos parecido al respeto a la Diversidad Étnica y Cultural.

¡SOLUCIÓN! Para este vacío enorme basta que los gobiernos de ambos países acuerden la expedición de la CÉDULA ÚNICA WAYUU, de conformidad a un instrumento binacional, inspirado en las normas internas de la etnia sobre el funcionamiento del parentesco e identidad del Pueblo Wayuu, de tal manera que el nuevo documento de identificación no sólo resuelva el asunto relativo a la movilidad legal dentro del territorio ancestral, sino que les permita alcanzar un estatus efectivo y real de ciudadanía e identidad. Luego de este primer paso surgirán temas relacionados con la Autonomía Indígena y otros asuntos que plantearemos en este espacio de debate. Señores Presidentes Santos y Maduro, aquí tienen en bandeja una solución sencilla para una compleja situación violatoria de los Derechos Humanos de todo un pueblo indígena.

 

jueves, 15 de octubre de 2015

DIOMEDES, víctima de la sociedad.
Es legítima la discusión sobre si se le otorga o no un reconocimiento a la obra artística de Diomedes Díaz. No faltaba más, es el Congreso de la República el escenario para este y otros tipos de debates. Lo que no debería suceder es que a propósito de la exaltación de su obra artística se revivan lamentables episodios de la accidentada vida personal del tremendo cantante y compositor. Bajo la gravedad de juramento me adelanto a expresar lo siguiente: En el Congreso de la República no hay un parlamentario, uno solo, de la izquierda o de la derecha, que pueda decir que jamás bailó y se deleitó con la música y poesía del formidable artista guajiro, antes o después de las acusaciones o conjeturas que se tejieron en su contra, a raíz de los evidentes escándalos que trascendieron. En gracia de discusión, y en vista de que es inevitable el debate que ya está encendido, se me ocurre sugerirles a los Honorables Representantes revisar el contexto social de la vida personal del niño y del ciudadano colombiano que luego se formó como extraordinario y fenomenal cantante y compositor, así las novelas o telenovelas ayuden o hubiesen ayudado a volver trizas su siempre discutido prestigio personal. El discreto aporte que deseo sugerir a la edificación del ideal justo contexto es el siguiente: que no se les olvide, a la hora del juzgamiento de su vida personal, que el joven Diomedes Díaz, cuando apenas despuntaba como cantante, cuando comenzó a hacer sus primeros pininos artísticos, tuvo que desenvolverse inevitablemente en el medio contemporáneo de su época. Era nada menos ni nada más que la fase explosiva de la marimba. De la mano del marimbero, que fue una versión legítima, obviamente ilegal, de lo que hoy constituye el execrable y censurable delito internacional del narcotráfico. Fue en ese escenario sicosocial que el joven guajiro se desenvolvió, cuando la sociedad de la costa celebraba con ruido y extravagancias musicales el silente y libre ejercicio de los poderosos traficantes del interior y el exterior del país. Cuando la respetable y prestigiosa Iglesia Católica, a través de sus pastores, bendecía fincas y mansiones de marimberos, grandes y pequeños. Era el momento en el que la revista Time afirmaba que “las multimillonarias ganancias de los narcotraficantes ya no van a sus bolsillos sino que se invierten en las bolsas de Bogotá, Tokio o Nueva York o se destinan a empresas prestigiosas”. En ese mundo de malas influencias, desafortunadamente legitimadas, se forjó el hombre y sobresalió el poeta, descolló el cantante y, gústenos o no, se catapultó el género musical del vallenato, cuyos atributos no admiten discusión alguna. Cuando la sociedad estaba cruzada de brazos y amancebada con las influencias del narcotráfico, cuando gran parte de nuestra juventud se alistaba para engrosar tantas bandas criminales, unas armadas y otras amangualadas en los diferentes escenarios, la política no es la excepción, Diomedes, sin la orientación de ninguna agencia estatal, en medio de tanto mal ejemplo generalizado, logró imponerse como el gran Cacique de La Junta, pese a defectos y censuras.
Estoy seguro que la Cámara se ingeniará, sin hipocresía alguna, para redactar un buen homenaje a Diomedes Díaz, a su obra artística, que habla por sí sola. Si no hay mayorías para eso, no hay nada que hacer. Lo que no puede suceder es que el debate serio se eluda, se desvíe o se degrade por carencia de un justo contexto.
PALABREROS, MADURO Y SANTOS
Creo que me puedo imaginar un probable y pintoresco escenario en el que un Palabrero Wayuu interceda entre uno y otro presidente, abogando por la paz ente ambos gobiernos. A Santos, recibiéndole al palabrero la palabra enviada por Maduro sobre el calificativo grosero que aquél hiciera de éste de comportarse como un soberano payaso. También la queja transportada en la solemne palabra de otro reputado palabrero wayuu, a través de la cual Santos le recrimina a Maduro haberlo amenazado con derrotarlo en cualquier tablado de jurisdicción internacional de naciones o de personas naturales. Y, mientras eso ocurría, entre el ámbito de versados palabreros, la cosa se calentaba más y aumentaba el entre ellos el intercambio de opiniones personales sobre la verdadera intención del jefe de Estado colombiano de simplemente querer asustar a Maduro, cuando dijo que el Fiscal Montealegre llevaría el caso de las deportaciones ilegales a la Corte Penal Internacional, a sabiendas que ello era claramente improcedente, o cuando se referían a la proverbial incontinencia verbal del Procurador Ordóñez, que esta vez llegó al extremo de amenazar a Maduro con pedir su captura a la CPI, como si en el fondo de tanto desacierto se tratara de ridiculizar más de lo necesario la improductiva estrategia de Santos, su antagónico y contradictor político, pues también sonaba evidente su absoluta improcedencia ante el organismo de La Haya. Es decir, que no todo era en serio, ni mal intencionado. El asunto, de todas maneras, se convirtió rápidamente en un tremendo correveidile por las mutuas sindicaciones sobre responsabilidades de ambos gobiernos en el control del contrabando que sale de Venezuela. Que si el control de los bachaqueros lo debió hacer Maduro o si lo debió hacer Santos. Que si los pimpineros son obra del uno o del otro. Que si fue que la canciller Holguín se descuidó con el voto de Panamá y por tanto es la responsable de que el asunto no hubiese pasado de la instancia de la OEA. Que en la OEA le hubiese ido peor a Santos, que Colombia no puede eludir su responsabilidad por los cinco millones de desplazados internos por la violencia armada y el hambre y la misma cantidad de externos por iguales razones, que ahora se descubre estaban o están en Venezuela. Que si fue que la canciller Rodríguez dijo que el narcotráfico comienza en Colombia, pero que también sigue campante por Venezuela, según la réplica de la canciller Holguín.
Lo que no he podido imaginarme es cómo manejarían los hábiles palabreros wayuu su imparcial vocería cuando les toque a ellos, a los wayuu, sacarles los trapos al sol a ambos Estados, por cuenta de los históricos trancazos recibidos por los dos gobiernos al territorio étnico, a su integridad física y jurídica, por las trabas a su movilidad, al comercio fronterizo e intraétnico legítimos. Por el simple y desastroso hecho de tener que moverse dentro de Venezuela con una cédula diferente a la que usan en jurisdicción de Colombia, dentro del propio territorio wayuu, y viceversa, unas veces con fechas de nacimiento diferentes, o con nombres o apellidos diferentes, o colocando a madres o padres que no lo son para acceder dizque legalmente al documento de identificación válido. Es eso un inverosímil atentado sin precedentes a la Dignidad Humana, al Interés Superior del Niño y a la Identidad Colectiva del pueblo indígena wayuu, cultural y numéricamente respetable. Este escenario de franqueza deberá tener la oportunidad ahora, en el próximo escenario de concordia y reconstrucción de la confianza entre los dos países hermanos. Un buen comienzo será proponer y redactar un articulito para que mediante Tratado o Convenio de Colombia y Venezuela se le dé vida a una cédula de ciudadanía binacional.

FRONTERA Y ROTO

Necesitamos diferenciar entre frontera y roto para colegir que lo que necesitaba Maduro era tapar o remendar el roto y no cerrar la frontera con el país hermano, máxime si el llamado cierre implica medidas perturbadoras de la territorialidad indígena, así se pregone lo contrario. Quienes vivimos en zona de esta frontera entendemos que era útil y legítimo para los venezolanos tapar el hueco que había en la frontera física. Sería necio e injusto no reconocer el alcance de este fenómeno de descomunales proporciones. El país debe saber que ese desangre de la economía venezolana no sólo golpeaba los niveles mínimos de abastecimiento interno del hermano país, sino que introducía ingredientes de desestabilización a informales economías como la de Maicao y muchas otras poblaciones de la costa. Un hecho anecdótico, cuyo desenlace me produjo indignación, pero que sirve para ilustrar el fenómeno es el siguiente: un pan venezolano que en las calles de Maicao costaba normalmente, antes de la crisis, $7.000 cada uno, en momentos del apogeo del roto, estudiantes del vecino país lo venían a vender por menos de $2.000, cada uno (3X5). Muy pronto, el alcalde y la policía nuestra expulsó o deportó a los estudiantes, máximo cinco vendedores, que traían el delicioso pan venezolano para rebuscarse la vida. Lo que me indignó fue la rapidez con la que actuaron nuestras autoridades para atacar al inofensivo fenómeno migratorio. A lo mejor actuaron dentro del marco de la ley, que es lo más triste, mientras impávidos veíamos pasar camiones y tracto mulas con todo tipo de mercancías y personas. Mi amigo Héctor, que acostumbraba comprar los tres panes para no llegar a Mingueo con las manos vacías ante sus tres nietos, se sintió ofendido en lo personal y me dijo: no son capaces nuestros alcaldes y policías de canalizar estos beneficios de la dieta de los guajiros, pero sí se hacen los de la vista gorda para ver pasar los grandes volúmenes que salen del roto venezolano. Volviendo al inicio: bastaba con tapar el hueco y curar el roto. No era necesario sentar el precedente de cerrar la frontera, con todo lo que ello implica.

 

BOMBA DE TIEMPO (8)

No me produjo ninguna satisfacción haber descubierto el agua tibia, es decir, haber comprobado en nuestro oportuno diagnóstico los ingredientes de la creciente y explosiva crisis de la frontera con Venezuela, particularmente del lado de La Guajira. Esa certidumbre y el sonoro rifirrafe de la semana pasada entre presidentes y cancillerías nos dejaron varias lecturas, destacando entre ellas el predominio del fenómeno jerárquico de los medios de comunicación y redes sociales sobre el buen juicio que debería imponerse en la orientación de los gobernantes de ambos lados. En consecuencia se hace menester ahora, ratificarnos y profundizar en lo que creemos ha sido esencial en el análisis, que es que al PUEBLO WAYUU le están faltando las fundamentales garantías que, precisamente, se dice tiene la etnia en los artículos de nuestra Constitución Política y en nuestro bloque de constitucionalidad, para referirnos sólo a lo que corresponde a la parte colombiana. Hoy no podemos prescindir del examen del respetable y atractivo anuncio político del Presidente Maduro, a propósito de ordenar el cierre de la frontera a la altura de Paraguachón, de aprovechar para luchar por las libertades del pueblo indígena y acabar con sus problemas ancestrales y contemporáneos, especialmente garantizarle su libre movilidad en territorio fronterizo. Suponiendo que tanta belleza sea verdad, o sea, que ello ocurra de forma fluida, correctamente, y se desarrolle de manera estricta, también la circunstancia nos permitirá transparentar con mayor claridad el mismo punto de la siguiente manera: en primer lugar, vamos a referirnos al quimérico paraíso prometido por la doctrina social de Maduro, que convertiría el caótico territorio de hoy, en soñado escenario de múltiples garantías y derechos, suponiendo que tanta belleza sea verdad, insisto, y no hay razón para dudarlo. En segundo lugar, la pregunta que necesariamente nos surge a borbotones es la siguiente: ¿qué pasará con la otra parte, la parte del territorio étnico dominada por la jurisdicción colombiana?. Ahí está el detalle, como dijera el célebre humorista mejicano, pero cualquiera que sea la respuesta hallada no modificará muy poco las conclusiones fáciles a que hemos llegado, a saber: a) se consolidará la ruptura del territorio wayuu, así se prediquen y practiquen la cacareada libertad de tránsito terrestre y otras garantías propias del pueblo indígena; b) se fracturará aún más la integridad autonómica del pueblo wayuu y se estimulará el creciente ritmo de la pérdida de la identidad colectiva del pueblo wayuu; y c) la conclusión más importante de todas será que no habrá ninguna decisión unilateral que sirva. Sólo podrán asegurarse temas como la autonomía, la dignidad humana, la identidad étnica, la integridad territorial, en fin, la seguridad jurídica del pueblo indígena, si todos estos derechos y garantías se otorgan mediante la suscripción de un instrumento internacional vinculante., suscrito por los dos estados nacionales.
BOMBA DE TIEMPO (7)
Cuando empecé la serie de artículos, con el nombre Bomba de Tiempo, lo hice pensando en que había que hacer cualquier esfuerzo para evitar algún suceso explosivo en la totalidad de la frontera colombo venezolana. Realmente me atuve a la sintomatología social que percibo en La Guajira, por cuenta de la crisis de Venezuela y los estragos cambiarios en una región francamente anarquizada y desprotegida permanentemente por ambos Estados. Continúo abrazando igual motivación y estímulo para registrar públicamente mi visión que sólo procura aportar un pequeño ingrediente ideológico para la mayor estabilidad social y política de la región. Al fin y al cabo soy un ciudadano de frontera, que vive en La Guajira desde hace más de veinte años, casado con mujer colombiana y nacionalizada en Venezuela y padre de una hija nacida en una de las clínicas de Maracaibo. Este ingrediente sentimental jamás me ha impedido valorar con objetividad e idéntico rasero las delicadas situaciones de ambos países, especialmente en aquellos temas relacionados con la defensa y protección de los Derechos Humanos.
Lo que realmente no había aprendido muy bien, pero que ahora me lo dejan completamente claro los últimos sucesos achacados al señor Maduro, es el espectacular papelón de nuestros principales medios de comunicación masiva en el cubrimiento periodístico de la tensión con Venezuela. Parafraseando lo escrito recientemente por Juan Gossain podría decir que la prensa nuestra, claro, la inmensa mayoría, produce boletines de guerra, en vez de cubrir con objetividad y seriedad periodística la delicada situación por la que atraviesa la relación de ambos países. Se revuelca en el mismísimo fango de los políticos y anunciantes cuyos intereses defienden, diría con toda la razón Juancho. Hoy, para más señas, observaba a las presentadoras y presentadores de la televisión convulsionando por lo que ligeramente creían que había sido un total fracaso del gobierno del Presidente Santos en la OEA, dizque por no haber obtenido las mayorías necesarias para autorizar un debate internacional de cancilleres en el seno de dicha organización. En otro esfuerzo del mismo canal se veían los reflectores advirtiendo la presencia incómoda de niños y padres dentro de una carpa esperando ansiosos las ayudas oficiales. En otro segmento del noticiero recalentaban las proverbiales inmadureces del señor Maduro, las críticas del embajador Andrés González Díaz contra las ilegales deportaciones colectivas de colombianos y seguidamente las afirmaciones del embajador venezolano Roy Chaderton leyendo un memorando en el que se destacaban por lo menos tres puntos: uno, tal vez, el más complicado a la hora de los pesos y contrapesos de un eventual debate ante el mundo, según el cual, “desde 1948 Venezuela ha estado recibiendo a millones de colombianos víctimas de la violencia, abandonados y gobernados por grupos violentos que han hecho de Colombia un país de excluidos y un exportador de pobreza”; dos, que la explicación del video presentado por el Embajador colombiano, en el cual se veían casas marcadas con la letra D, que “ eran sitios que funcionaban como refugio para los paramilitares y también servían para retener personas secuestradas, etc.”; tres, otra verdad incómoda para cualquier acusador del régimen venezolano sería aquella, según la cual, “las políticas del gobierno de Maduro, siguen ofreciendo garantías sociales a más de cinco millones de colombianos que residen en el país.”
Lo triste de esta experiencia es poder comprobar que un periodismo maduro como nuestro periodismo, a la hora de jugársela en una situación delicada para los compatriotas, prefiere exacerbar los ánimos de la confrontación para hallar sintonía con subalternos intereses, que centrarse en la correcta línea de preservar la concordia entre los dos pueblos hermanos. Nuestro periodismo, ustedes saben a quienes me refiero, prefieren alinearse en la tarea de tumbar al señor Maduro, muchas veces haciendo idéntico ridículo que él, que informar con mesura, objetividad y responsabilidad. Han perdido el norte y el tiempo nuestros periodistas si fue que escogieron el complicado camino de oxigenar la probabilidad de otra guerra para la patria.
BOMBA DE TIEMPO (6) Elecciones y Territorio.
Es hora de concluir, no hay tiempo que perder y tampoco tiene sentido seguir experimentando y teorizando con remiendos al actual modelo constitucional indígena que es novedosamente anacrónico, insuficiente y que evidentemente colapsó. Por lo menos eso ocurre en La Guajira. Sí, novedoso, porque está medio estrenándose su vigencia y aplicación, no obstante hallarse extemporáneo, inconcluso e inapropiado, técnicamente anacrónico. Pero, hablemos sólo de eso que se denomina coloquialmente elecciones en La Guajira, y que en algún momento habrá que llamarlo por su propio nombre, si es que tenemos el coraje lingüístico para hallarle la calificación justa y adecuada. No continuemos contribuyendo con el lenguaje de la calle a la misma mentira de siempre, es decir, a la creciente desaproximación de las propias posibilidades de crecimiento y desarrollo del departamento. Partamos de la base de que hemos comprendido y asumido la afirmación, según la cual, la contundente y visible territorialidad del pueblo wayuu (frontera indígena, comercio indígena, puertos indígenas, recursos turísticos y naturales indígenas, etc.,) otorga, o debería otorgar plenamente, al resto de la diversa sociedad de la península, la connotación y respetabilidad que vale la pena proteger, respetar y consagrar como una prelación. Partamos de esa base, pues, porque La Guajira no indígena, insisto, no podrá seguir pateando su excepcional lonchera, como se diría en el popular sentido figurado, haciendo lo que hace, cada vez con peor desfachatez, desperdiciando su verdadera potencialidad sociopolítica. Brevemente, recordemos algo: la trampa donde está enredada la suerte territorial de La Guajira consiste en haberse establecido como exitoso logro constitucional y gran verdad, sin serlo, el contenido de los artículos 286 y 287 de la Carta, que es una monumental incoherencia, para decirlo de la manera menos grave. Incoherencia total, entre lo más avanzado y sencillo, esto es, la vocación autonómica de las Entidades Territoriales, el Respeto a la Diversidad Étnica y Cultural, y las medias verdades encuadradas en el citado artículo de nuestra normatividad superior. Examinemos sin ningún apasionamiento el aserto anterior: 1- ¿será cierto lo que dice la Constitución, que los indígenas tienen el derecho a “gobernarse por autoridades propias”? Absolutamente falso; 2- será cierto lo que dice la Constitución, que los indígenas tienen el derecho a “ejercer las competencias que les correspondan”? Absolutamente falso; 3- será cierto, lo que dice la Constitución, que los indígenas tienen el derecho a “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”? Absolutamente falso; 4- será cierto, lo que dice la Constitución, que los indígenas tienen el derecho a “participar en las rentas nacionales”? Absolutamente falso; Lo cierto es que esta joda tiene que cambiar, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, porque el constituyente del 91, en el caso específico de La Guajira, desencadenó la peor tormenta contra la estabilidad autonómica del pueblo wayuu y propició las condiciones para el surgimiento de gigantes grupos amamantados en la ubre de lo que debería ser la participación indígena en el presupuesto de la nación.
Al comienzo del artículo indiqué como propósito tratar el inminente tema electoral. Eso haré. Claro, no para llover sobre lo mojado, es decir, para denunciar que aquí le llamamos elecciones a la insólita transportación en cientos de camiones con miles de toneladas de seres humanos, negociados al por mayor, traídos de Venezuela, o llevados a Venezuela, y viceversa, llevados a la alta Guajira o traídos desde allá, da lo mismo si al sur o al norte, el sistema es flexible y lo permite, lo cual termina en un indigno conteo de inocentes seres humanos, con cédulas dizque aptas para votar, que viabilizará el ejercicio del poder como gobernantes o legisladores para los próximos períodos. Legisladores, aclaro, no sólo de La Guajira, muchas veces del resto del país, que llegan con mucho dinero, no importa el origen del dinero ni si son de un partido u otro, pero ellos son los que terminan torciéndole el pescuezo a los frágiles articulitos que revisten de un pálido tinte democrático a este salvaje modelo electoral, que cada vez se parece más a una institución de lo que muchos identifican como una esclavitud contemporánea.
Necesitamos revivir las esperanzas. La Colombia próxima, la que tendrá que llegar con sus maletas llenas de ideas para la paz, después que se acuerden cosas y temas en La Habana y Ecuador, no será compatible con este remedo de democracia que tenemos en La Guajira de hoy. Finalmente, pregunto: ¿será que en las propuestas de los aspirantes a gobernar y a legislar localmente, habrá algún compromiso que establezca el interés del hoy candidato o candidata de desmontar lo que tenemos?, a entregarle a los indígenas el timón de su propio desarrollo, como debería ocurrir en cualquier democracia del mundo?, a quitarle el poder real a alcaldes y contratistas sobre los dineros que la Constitución en su media lengua dice que es para reglar la vida autonómica de los indígenas? Averígüelo Vargas.
BOMBA DE TIEMPO (5)
EDUCACIÓN INDÍGENA y algo más.
A propósito del recurrente fenómeno de justicia por propia cuenta, al que han llevado a los maestros indígenas de La Guajira, de tener que bloquear las carreteras para presionar el pago de sus sueldos (recientemente hubo cuatro bloqueos en la pasada semana), se hace necesario resaltar el trato discriminatorio al cual está sometida la educación indígena en La Guajira, asunto indiscutiblemente grave que por supuesto afecta la calidad y extensión de este fundamental derecho. No hay otra intención en este escrito, diferente a contribuir a formar una buena opinión sobre el problema de la educación indígena. Deliberadamente sólo trataré de concentrarme en lo que creo constituye hoy el sumun de una injusta provocación y el cinismo con que se gobiernan los temas de la educación indígena por parte de las autoridades municipales y departamentales, sin excluir, claro que no es excluible, el precario rol del Ministerio de Educación Nacional, que funge irresponsablemente intermitente, de manera episódica y esporádica. En esto último, es decir, en este específico y defectuoso rol estatal, es posible hallar la principal carencia de la problemática, o el poco tino que demuestra el gobierno nacional en el manejo de sus propias políticas públicas y de los logros de la reciente normatividad educativa, de corte relativamente indigenista.
La explicación del despelote imperante, no es posible denominarlo de otra manera, toca con las responsabilidades del gobierno nacional en garantizar el orden constitucional en materia de educación indígena. El escenario jurídico y financiero es lamentablemente cruel y contraproducente, no obstante el Decreto 1953 de 2014, es decir, el precario desarrollo de la Constitución Política, que a la postre es lo que sirve de caldo de cultivo y estímulo para que suceda lo que está sucediendo, en las barbas del MEN y de los entes de control, sin que estos se inmuten o se sonrojen.
El Control de la educación propia de los indígenas, así con mayúscula, lo ejercen libremente los gobernantes no indígenas y de la peor manera, que es lo más grave y ofende el sentimiento de cualquier demócrata, pues no estaría pasando nada malo si el ejercicio de la delegación a los contratistas o testaferros fuese impecable.
Sabemos que hay Uniones Temporales, Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones existentes en La Guajira, que se desempeñan como contratistas de la administración de la educación indígena frente a la gobernación o alcaldías con obligaciones originadas en la ley, algunas muy bien intencionadas y seguramente realizando lo correcto y lo posible, contra viento y marea, debe advertirse, aunque la mayoría no lo son, no pueden serlo, pues sus agendas comerciales son anti indigenistas y francamente permeadas o cooptadas por bacrines pertenecientes a los albañales de la peor politiquería que domina el estado de cosas irregulares. Es aquí, en este oscuro y fétido lugar del crudo diagnóstico, dónde reside el verdadero problema, y dónde surgen justificadas quejas y rumores sobre la existencia de bandas que trafican con los intereses de la educación indígena, según se dice vox pópuli, integradas por funcionarios, ex funcionarios y/o por quienes obedecen pautas de estos y defienden sólo sus intereses personales o de grupo. Lo peor es que esos poderosos capitales que se construyen a costa del presupuesto de la mayor cobertura y de la buena calidad de la educación de los indígenas, lo mismo que con los sagrados salarios de los docentes indígenas y dineros de la salud de la etnia, y con todos los recursos económicos que atañen a la vida de los pueblos indígenas, son continuamente reinvertidos en reelegirse y atornillarse políticamente para asegurar su permanencia en los consabidos puestos de control, manteniendo esto que cada vez configura más y más lo que se ha empezado a identificar como una contemporánea esclavitud con repercusiones y responsabilidades en las cifras de morbilidad y mortalidad que ya se conocen.
BOMBA DE TIEMPO (4)
La búsqueda de fórmulas a pronto plazo para La Guajira impone la necesidad de circunstanciar el colapso institucional de la frontera, generado por la crisis interna venezolana y la consuetudinaria y mediocrísima politiquería de ambos países, alrededor del tratamiento de los derechos humanos de los indígenas. Dijimos en anterior ocasión que la desterritorialización de La Guajira Indígena amenaza con disolver la personalidad colectiva del pueblo wayuu y de contera privilegios geopolíticos de su territorio, llevándose por delante atributos que históricamente ha percibido la etnia, y algunos beneficios extendidos a la ciudadanía guajira, principalmente, también a las colonias paisas, árabes, etc., ancladas comercialmente en la península a punta de imaginación y tesón, no obstante restricciones y extorsiones aduaneras.
Lo que hemos denominado como bomba tiempo es el estallido social, léase, mierdero, que nos espera, si esta parte del país, o mejor, de ambos países, no se pellizca y ataca la enfermedad por dónde es. De nuestro lado colombiano lo que corresponde es aplicar la Constitución del 91, desarrollarla, en vez de atropellarla de manera vulgar. En materia de derechos indígenas la Carta de navegación se fue hace rato para el canasto de la basura. Nació encaminada a servirle sólo a las camarillas de la politiquería departamental, inclusive, dio lugar al nacimiento y crecimiento de fuerzas políticas importantes, contrarias a la suerte e intereses de los nativos. La Autonomía Indígena, por ejemplo, que debería ser la herramienta jurídica para la paz de la región, ocasionó todo lo contrario: generó inimaginable división de la etnia, inclusive, al interior de las familias, y catapultó el más corrupto modelo de esclavitud contemporánea en La Guajira, que avergüenza y tiene en el ojo del huracán a toda la sociedad departamental, diariamente en los remolinos de primeras páginas de la prensa local y nacional. ¡La hecatombe llegó y se quedó, carajo!, es lo que algunos diagnostican y condenan desesperados, pero recordemos que hay una ley inexorable, la política no es la excepción, que dice que “todo tiene un límite en la vida y lo que no tiene bases se cae”. Prácticamente, la balanza que tenemos está entre si seguimos con pañitos de agua tibia o si cogemos el toro por los cachos. Voy expresar lo anterior apoyándome con el siguiente ejercicio: un ejemplo de pañito de agua tibia, tal vez el más serio de los pañitos de aguas tibias, es el Decreto 1953 de 2014, expedido por el actual gobierno, “por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”. Faltó un poco de sinceridad en esta parte filosófica de la motivación del decreto, y debió decir entre paréntesis (hasta nunca), pues el articulito indicado es, nada menos, el que dice que habrá que ponerse de acuerdo sobre la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su desarrollo, está demostrado que no va a ocurrir dentro la actual dinámica política congresional. Para no entrar en las trabas que conllevaría la aplicación del 330, aún mayores, para el caso de La Guajira Indígena. Pero, digamos que los avances del Decreto citado en temas de educación y salud constituyen un logro importante, que no es lo mismo, hay que recalcarlo, que alcanzar la cima de las garantías constitucionales, porque el funcionamiento de la política local sigue siendo antidemocrático y anti étnico. Si no que lo digan los maestros indígenas, a quienes le deben salarios del año pasado a estas alturas, aparte del trato despectivo y desconcertante de las autoridades gubernamentales, en asuntos de la educación propia, de los municipios y del departamento. Es que todo desemboca en el territorio indígena y su gobierno autonómico, míresele por donde se le mire. Un amigo indígena me dijo lo siguiente: lo que pasa es que la rutina no nos deja pensar. ¡Cierto!. Tenemos que empezar a proponer soluciones constitucionales viables y novedosas, respecto a las evidentes ventajas y potencialidades del territorio indígena, en vez de perseguir simples franquicias aduaneras para el comercio, abstrayéndonos de la superioridad del argumento de mayor jerarquía disponible, despreciando los privilegios de la plataforma jurídica wayuu. Ya lo hemos explicado: se equivocan quienes pretenden negar que La Guajira es una realidad diferente y que requiere una vía constitucional diferenciada. Después miraremos el inexistente, pero totalmente indispensable, Derecho Electoral Indígena.
BOMBA DE TIEMPO (3)
No es posible avanzar en este reiterado planteamiento nuestro, sin respirar profundamente y reflexionar sobre el significado y alcance del vocablo TERRITORIO. Personalmente creo que aquí está el meollo de la confusión reinante en esta materia clave de la realidad social de La Guajira, por lo tanto es menester hacer unas mínimas precisiones: la primera que se me ocurre proponer es que tengamos que admitir que esa realidad está amarrada a la realidad de la etnia wayuu. Creo que esta afirmación es incuestionable e indiscutida, hasta por quienes miran por encima de sus hombros la connotación histórica y política del pueblo indígena, por lo tanto podríamos deducir que lo que sigue es comprender que hay asuntos, entre ellos la territorialidad del pueblo wayuu, que no se puede ni se debe eludir a la hora de pretender la defensa de los derechos de La Guajira. Además de perverso sería absolutamente desconcertante e insensato que en vez de acudir a la territorialidad wayuu se elija prescindir de ella a la hora del debate jurídico y la propuesta político administrativa, que es lo que lamentablemente viene ocurriendo de forma inveterada. Políticos, académicos y líderes sociales, claro, con distinguidas excepciones, acuden a la palestra de las corporaciones públicas, a las columnas de opinión, a los micrófonos de la radio y la televisión, a los escenarios de gobierno, etcétera, a defender, por ejemplo, el comercio fronterizo, la estabilidad jurídica de los puertos de la Alta Guajira, en fin, el universo comercial y aduanero de La Guajira, prescindiendo de la argumentación de fondo que no es otra cosa que la respetabilidad constitucional del territorio wayuu. Les produce urticaria utilizar el argumento territorial wayuu porque saben que ello tendría que desembocar en la autonomía, el gobierno propio, la consulta previa y todo lo que ellos llaman carajadas constitucionales del derecho de los indígenas. Este intento de frenar el desarrollo de las garantías indígenas es lo que ha generado un ambiente de desterritorialización de La Guajira y ha convertido el sagrado escenario territorial indígena en una especie de extenso y caótico potrero sin normas de protección para ninguna actividad. Usted, amiga lectora y amigo lector, póngase a pensar, con qué cara nuestros personajes, me refiero a los que mandan en la política de La Guajira, van a luchar por los efectivos privilegios territoriales del pueblo wayuu, si ellos, estos personajes nuestros, son los crasos usurpadores de esas garantías constitucionales. Revisen municipio por municipio y me dirán. La pregunta que sé que les surgirá es la siguiente: ¿entonces, cómo lo hacen?, ¿cómo hacen para no mencionar los intereses wayuu, siendo que ello es tan evidente, en una de esas reuniones con las esferas del poder central? Les respondo: claro que sí hablan de los intereses wayuu. Si el tema es la normatividad portuaria, por ejemplo, resaltan las estadísticas que indican la mano de obra wayuu utilizada en el cargue y descargue de los barcos y que estaría abocada a un cese laboral forzoso. Incluirían el potencial desempleo de choferes indígenas de tanta cantidad de camiones, el lucro cesante de pequeños y medianos capitales de indígenas invertidos en el parque automotor amenazado. Las mujeres indígenas que quedarían cesantes en su oficio de cocineras en los puertos. A los niños wayuu se les encimaría otra causa de morbilidad y mortalidad. Y, si el tema es el comercio de Maicao, ocurriría lo mismo, idéntica argumentación más la connotación fronteriza. Jamás de los jamases esgrimirán el territorio wayuu como arma jurídica. Aunque no cuaje como razonamiento válido, aunque parezca estrambótico, a La Guajira le tocará empezar a razonar y entender que el camino de la paz y del desarrollo es la territorialidad wayuu. Montesquieu y Rouseau, que fueron los primeros en precisar el alcance de este término político, enseñaron que territorio es una extensión de tierra donde habita una colectividad humana con una “autoridad definida”. No nos digamos mentiras: eso aquí lo tenemos como un simple adorno de nuestra Constitución.
BOMBA DE TIEMPO (2)
A propósito de la legitimidad de senderos y trochas del comercio fronterizo, a que hicimos referencia en el artículo anterior de esta peque...ña serie, por encima de la voluntad de gobernantes locales y nacionales de ambos países, es pertinente recordar y resaltar que nos estamos refiriendo es a la LEGITIMIDAD WAYUU. Entonces, es a esa legitimidad a la que la sociedad de toda La Guajira y de gran parte del resto del territorio colombiano, especialmente de la costa, le debe el ingreso masivo histórico de artículos de primera necesidad de origen venezolano. El sujeto colectivo de esa legitimidad es el pueblo wayuu, sin demeritar el derecho de otros colectivos humanos que se hallan asentados en zona fronteriza, y el eje político y administrativo sobre el cual gravita y deberá gravitar el grueso de esos derechos es lo que claramente constituye el TERRITORIO WAYUU. La gallina de los huevos de oro ha sido el territorio wayuu, desde los puertos indígenas por donde ingresan mercancías de otros países y continentes hasta toda la frontera física con el hermano país. Gracias a ese beneficio o privilegio territorial, muchos acertadamente lo comparan con una zona franca natural, hemos tenido vehículos y partes de vehículos, maquinaria, semillas y productos del campo, gasolina y gasoil, y pare de contar. Todo ha llegado al pueblo colombiano a pesar de las leyes y decretos restrictivos de ambos países, pero gracias a las garantías de la legitimidad del territorio wayuu. Desde el ángulo contrario, y a título de anécdota ejemplarizante, recordemos que gracias a la legitimidad del territorio indígena wayuu, pudo sostenerse de pie el gobierno del Presidente Chaves, cuando la oligarquía venezolana pretendió desabastecer a toda Venezuela, seguramente que apoyada por la oligarquía nuestra. El ingreso de alimentos y combustible colombiano fue apalancado y asegurado por el pueblo wayuu y gracias a la legitimidad de su territorio.
Es forzoso concluir que no podemos ser tan desagradecidos, ni con los venezolanos que hoy hacen lo que nuestros compatriotas en épocas de bonanza hacían en las esquinas y semáforos de las ciudades del hermano país, ni con la legitimidad del territorio wayuu. Vale decir, que no deberíamos denigrar de la calamidad, ojalá ocasional, de la economía venezolana, tampoco propender la degradación del poder político del territorio wayuu.
BOMBA DE TIEMPO (1)
Al grano: lo que estamos presenciando en Maicao es un espectáculo sencillamente grave. Las calles atiborradas de artículos de primera necesi...dad provenientes de Venezuela, a precios increíblemente baratos, resultado del precio del bolívar. Algo peor que eso es el ridículo ejercicio de una soberanía mal entendida del gobierno colombiano que pretende atacar el caótico pero explicable fenómeno comercial con medidas represivas, producto de su mayor equivocación histórica que ha sido concebir el territorio indígena wayuu como una especie de extenso potrero público. Hemos defendido hasta la saciedad que es inútil e inconveniente, por el lado que se le mire, prescindir de los derechos humanos internacionales del pueblo wayuu, a la hora del análisis y de la toma de decisiones. Concretamente, en el caso de La Guajira, es escandalosamente mediocre ignorar la connotación jurídica del territorio fronterizo, es decir, el peso constitucional respecto a la Carta nuestra y frente al bloque de constitucionalidad, para no entrar en otras consideraciones que atañen a la gran crisis económica del hermano país. La cosa es tan grave que la situación de aparente abundancia podría desencadenar en un inusitado fenómeno de violencia, incluyendo, ahora sí, la suerte del pueblo wayuu. No caigamos en la trampa de echarle la culpa a Maduro o de aprobar la asquerosa reacción de quienes predican que hay que expulsar a los venezolanos que vienen a Maicao a rebuscarse la vida vendiendo cosas para sobrevivir. ¡No deberíamos ser tan olvidadizos! Recordemos que gracias a la economía venezolana, en La Guajira el pueblo guajiro, el verdadero pueblo, ha podido acceder a todo lo que la distancia del centralismo colombiano le ha negado históricamente. Todo ha venido a La Guajira tropezando con la ley de ambos países, pero por los naturales senderos y trochas de la legitimidad.