Farsantes

Armando Pérez Araújo

No me voy a referir al candidato presidencial que pretende exhibirse como defensor de la patria, sabiendo que jamás ha sido nada de eso, que él nunca ha sido protagonista de la defensa y promoción de las libertades, ni de valores fundacionales de nuestra democracia, como él lo predica habitualmente en sus discursos aprendidos de memoria. Aunque, contra mi voluntad abordaré un tópico relativo al acento que la ex precandidata Claudia le añade a su cuestionamiento al inquietante e incómodo ejercicio profesional del abogado Abelardo, alejándome del criterio suyo de que lo malo de él, según ella, sea que el susodicho jurista se ha erigido apoderado esencial de ciertos personajes de la farándula financiera y de reconocidos actores de la emblemática y escandalosa delincuencia común. Hasta ahí puedo decir que puedo meter la mano a favor de él, porque no le veo ningún problema legal al litigio y fortuna del acaudalado colega a favor de clientes adinerados y presuntamente untados de ilegalidad, por ese simple y puro motivo, advirtiéndoles a quienes censuran esa conducta al fogoso colega por el manejo de ese tipo de vínculos, que la norma del Tratado sobre Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990, dice en su numeral 18 la siguiente prerrogativa: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Otra cosa, agrego yo, sería que de los detalles de la cuidadosa lectura de sesudas investigaciones periodísticas, como las de los periodistas Yoir Ackerman y Daniel Coronel, por ejemplo, se infieran implicaciones penales, transgresiones del régimen monetario internacional por fuera de la licitud del ejercicio de la abogacía, lo mismo que conductas propias del simple cómplice, que podrían ser verdadero apoyo intelectual a los principales beneficiados del delito o autores principales. Tampoco me ocuparé en gastar mi tiempo denigrando contra los entrometimientos de Marco Rubio en la política latinoamericana, ni mucho menos criticando al tristemente célebre senador Bernie Moreno, ciudadano ex colombiano que practica el deporte de escalar posiciones dentro del establecimiento imperial de Estados Unidos a punta de linchamientos y agresiones a los demócratas de nuestro país, según se dice, por cuenta de choques relacionados con temas asociados a sus propios intereses o prontuarios en Colombia. De ninguna manera me referiré en lo más mínimo al ultraderechista turco de Maicao, sea natural colombiano o extranjero, que viene haciendo política, también plata con la política, sin observar respeto por señal alguna de los semáforos de la ética, la moral política, ni siquiera de los límites que le imponen las normales tendencias de sus paisanos, respetuosos de los cánones o preceptos locales, de ninguna forma desbordados abelardistas como él, mucho menos favorable a la desabrochada injerencista doctrina Trump frente a la Colombia independiente que queremos, lo cual pondría en aprietos a la propia estabilidad y legitimidad de sus propios paisanos árabes.

Pero lo que sí deseo resaltar es que los que definitivamente se comportan como empedernidos falsarios o farsantes, son aquellos que se colaron a los intestinos del alto gobierno de Petro y después se las tiran de independientes, incluso de distinguidos y conspicuos miembros de la derecha, o los que por la magia de la improvisación de las listas cerradas entraron al Senado y no se han dado por notificados desde cuando llegó la campaña presidencial, o quienes, como el Procurador General de la Nación, que se hace el de la vista gorda cuando son los amigos de sus amigos los que incurren en faltas gravísimas disciplinarias, caso concreto, del intocable gobernador Jairito, que desde hace varios meses fue querellado por el suscrito por evidente violación gravísima a las normas disciplinarias, sin que a estas alturas le haya pasado nada, faltas que fueron mucho más graves, verbi y gracia, las del locuaz gerente Carlos Carrillo, que fue suspendido por fulminante rabia y hastío del jefe del Ministerio Público. También considero falsarios y farsantes quienes celebran con bombos y platillos que el presidente Petro sea cuestionado por participación indebida en política, cuando censura la amenaza ejercida contra la institucionalidad colombiana y, al mismo tiempo, rechaza las probabilidades de que llegue de nuevo otra peligrosa era fascista y paramilitarista al país, disfrutando cada vez que el genocida e injerencista presidente estadounidense amenaza con interferir en Colombia, o cuando lo hace contra nuestro hermano pueblo venezolano.

 

Poseemos Problemas

Por Armando Pérez Araújo

Lo voy a decir desde un principio y sin ambages, refiriéndome a lo palpado en La Guajira y sin descartar que lo mismo hubiese ocurrido en el resto del país. No ganó el tigre en la primera vuelta porque hizo mejor campaña que Cepeda. No señor. Cepeda fue más lúcido y certero durante toda la campaña, era eso, precisamente, lo que inequívocamente registraban las encuestas. Digámoslo también de arrancada, es absolutamente errado repetir el desacertado diagnóstico de que a Cepeda no le lucía bien el uso del famoso papelito para leer sus discursos. Déjenme decirles que fue mucho mejor el beneficio del rigor y seriedad del nunca bien ponderado papelito que el papelón del efímero ganador de la primera vuelta, porque éste se limitó a alborotar el cotarro político y jamás a exponer sus tesis de transformación o cambio, salvo la clara regresividad de sus posturas y su antipático, monotemático y militar firme por la patria. Falso de toda falsedad que el panterino depredador sea un nuevo exponente de la larga lista de verdaderos oradores políticos colombianos, como lo fueron los llamados Leopardos, Rojas Garrido, Laureano Gómez, Gaitán, Galán, Lara Bonilla, Holmes Trujillo, Santofimio, etcétera, sin restarle méritos a sus dotes actorales de abogado penalista al colega Abelardo, que es muy probable que sea su ámbito y hábitat natural. Lo cierto es que Cepeda tiene y tuvo un buen discurso oratórico, mejor en la campaña que el de todos sus contendores, independiente de que no se le reconozca al papelito su papel demoledor como emblemático símbolo de su rigor formalote e intelectual.

Repito, sin pretender hacer de nuestro aserto una tesis política nacional, prefiero destacar que lo ocurrido en la debacle electoral de ayer, caso de La Guajira, tiene una elemental conexión y génesis con en el coletazo de la poderosa y exclusiva, algunos dicen que excluyente, lista cerrada del partido de gobierno en las pasadas elecciones de senado. Debo advertir que no deseo referirme al tópico relacionado con los estragos de la respetable conformación de la lista para el senado, me niego a tratar ese extremo de la discusión. Prefiero cuestionar la fatal desconexión administrativa de los centralizados poderes nacionales del partido de gobierno con los resortes locales de la campaña electoral del candidato Cepeda. Faltan tres semanas para dirimir el pleito entre los extremos de las dos nuevas versiones, ojalá, bajándole el tono a las ofensas personales y a concretar con claridad las respectivas banderas programáticas. Personalmente, prefiero a un Cepeda acudiendo al papelito y seguir esbozando con la mayor cantidad de detalles los elementos de su propuesta, además, me gustaría ver a Fajardo entre los postulados por Cepeda para Ministro de Relaciones Exteriores, a Jaime Araújo Rentería, desde ahora anunciado como Ministro de Justicia, para decir lo que debería pasar con este par de ejemplos. Al primero, excelente y experimentado político, reconocido como una ficha sin mácula, al otro, ni se diga, jurista de alto turmequé, político, intelectual, independiente, decente, comprometido con las causas de una nueva y descentralizada democracia, costeño.

A propósito de los méritos que sugiero que sean reconocidos para el jurista vallenato, tengo que llamar la atención sobre la terrible descachada del deslucido Abelardo, quien pretender desacreditar al candidato Iván Cepeda, diciendo en su discurso de anoche, desde el improvisado planchón, a la orilla de la parte más pestilente del Río Magdalena, que éste no mostraba a su familia, dizque la tenía escondida. Nada más falso, incoherente e irrespetuoso que eso, pletórico de total desfachatez, diríase en buen y delicado lenguaje castellano. Los padres de Iván Cepeda, lo sabemos los colombianos, antes de éste ser candidato a la Presidencia de la República, desde siempre, han sido reconocidos como emblemas morales y éticos de nuestra democracia. El padre, senador de la República distinguido, indiscutible buscador de la paz de Colombia, ha estado en idearios y agenda de los demócratas colombianos en las últimas décadas de la historia. Su señora madre, importante mujer de la intelectualidad colombiana, perteneció a una distinguida y muy reconocida familia del departamento de Sucre. Ambos se encuentran en los anales de la historia.

 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS

Por Armando Pérez Araújo*

En primer lugar, hablemos sobre lo que significan los pírricos ciento cuarenta y cinco millones de pesos hallados en cercanía de Hato Nuevo, en manos del escolta y hombre de confianza del Secretario General de la Cámara, doctor Lacoutier, al parecer, con su conocimiento y direccionamiento, y evidente destino a la compra de votos a favor de un candidato al Senado de la República, de la misma cuerda del jefe o cómplice del servidor público, el célebre senador Carlos Trujillo, dirigente nacional del partido conservador. Lo grave es que esta injerencia del partido conservador, o de quienes se aprovechan del letrero de esa organización, en la política de la capital indígena de Colombia, Uribia, su principal bastión, no es la primera vez que lo hacen, ya que tremenda práctica viene sucediendo de manera sistemática y pública, con el beneplácito de las autoridades, la jerarquía de los partidos y la alcahuetería de encopetados dirigentes indígenas. El mismísimo senador Trujillo, ya había incursionado exitosa e impunemente, comprando, al por mayor y al detal, concejales de Uribia y otra clase de dirigentes indígenas, por conducto del alcalde de la época, el indígena Bonifacio Henríquez.

Lo peor de todo es que esta conducta punible no es exclusiva de quienes se han aprovechado del letrero del partido conservador, organización en La Guajira fundada por familias honorables, porque hay asociaciones para delinquir con diferentes denominaciones de otros partidos y movimientos que en política bailan al son que les tocan, delante de las cámaras aplauden al gobierno y en la vida real se juntan con sus enemigos.

En este caso, es menester encuadrar la investigación penal en la existencia del delito de asociación o concierto para delinquir que supone un acuerdo voluntario entre varios individuos con el propósito de delinquir.

*Candidato al Senado de la República

 

Voten por mí, o voten por ellos o por ella.

Por Armando Pérez Araújo

Quiero que sepan mis votantes que en caso de ser elegido Senador de la República haré los indispensables debates en el Congreso de la República, y en caso de que no, también los haré en donde sea necesario y cuando sea menester. Haré los debates argumentativos en cualquier terreno para que se consolide un Cierre de Mina Justo e Integral para toda La Guajira y el resto del país. Para mí, la restitución de las tierras indígenas a sus dueños, y el restablecimiento de los derechos territoriales y económicos a los afros, es un imperativo moral, asunto que así lo ha reconocido el propio presidente Petro. Luchar por configurar una Sociedad Portuaria Indígena de Economía Mixta, para que los indígenas sean los principales titulares de los derechos portuarios a partir del año 2034 es una obligación prioritaria de mi agenda política. De la misma manera insistiré a favor de que este gobierno, o el progresista que le siga, revise la estructura legal de los parques eólicos, en procura de convertirlos, cada uno de ellos o por grupos de proyectos vecinos o similares, en sociedades de economía mixta, en donde estén participando accionariamente los habitantes dueños locales del territorio, los trabajadores y ex trabajadores de la minería, el Estado y los inversionistas nacionales o extranjeros, porque sólo así la transición energética en La Guajira tendrá sostenibilidad moral y política, lo mismo que tranquilidad y seguridad jurídica para los inversionistas irresponsablemente sonsacados por el gobierno anterior. He demostrado, sin tener credencial de congresista, que le he podido cumplir a la ciudadanía en los asuntos más cruciales del trámite abusivo de la minería multinacional, desde mi litigio estratégico a favor de indígenas y afros, a favor de la paz. Los pequeños y medianos propietarios de tierras en el sur de La Guajira saben muy bien, a pesar del silencio de los medios de comunicación y de la absurdidad de los jueces y fiscales, que fui el autor de la defensa ante el Consejo de Estado de la eliminación de las famosas reservas del Incora a favor de la familia Rockefeller por conducto de Carbocol. Desde esa época de 1992 se espantaron del concierto delictivo dichos instrumentos de coacción de la minería abusiva contra las familias trabajadoras del campo guajiro, igualmente con lo ocurrido con la sentencia de la corte T-528 del mismo año. Ambos instrumentos conquistados por el suscrito que, quiéranlo o no, se convirtieron en pilares políticos de nuestras batallas jurídicas y sociales.

Apelo a la ciudadanía libre e independiente a pedir su respaldo electoral, pero perfectamente que pueden optar por los mismos y por la misma, a sabiendas de lo que será un nuevo cuatrienio de frustraciones.

Acudo a la colonia de comerciantes árabes, porque tengo absolutamente claro que la estrategia que he venido defendiendo, que seguiré defendiendo, de consolidar entre ambas colectividades, lazos de solidaridad política, mejor, entendimiento entre la territorialidad del pueblo indígena y la comunidad árabe, son la mejor fórmula para asegurar el crecimiento respetable y digno de Maicao y los demás trabajadores del comercio.

A los antioqueños o paisas, a los demás comerciantes, a quienes han arribado a La Guajira en búsqueda de la prosperidad, acudo con la mayor humildad a pedir el voto para el Senado de la República.

A los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, mi mensaje en este momento electoral es que, si soy elegido Senador de la República de Colombia, mi curul será a favor de la concordia y de la paz de los venezolanos, igual que si fuesen colombianos, especialmente del entendimiento respecto a las causas comunes de los habitantes de frontera.

Me niego a examinar el enredo en cada uno de los prontuarios de los demás aspirantes. 

 

 

CIERRES DE CAMPAÑA, SIN VERGÜENZA

Por Armando Pérez Araújo*

Las campañas políticas, o lo que se conoce como tales, son una clara demostración de riqueza y de poder, en muchos casos extravagantes y contraproducentes abusos y humillación. Al mismo tiempo son una demostración ilimitada de la capacidad de exceso de poder y vanidades de sus protagonistas locales. Los políticos, o lo que se conoce como tales, aprovechan el desorden y la proliferación de hazañas abusivas de ostentación para realizar y exhibir ridículas alianzas prohibidas. No es difícil descubrir la doble o triple militancia en la que incurren presumidos personajes de la fauna local. La mesura y el respeto por los valores y principios no se usan en nuestras campañas criollas, desaparecen por completo, al contrario, quienes deberían exhibirse cuidadosos, discretos y dueños de la mayor pulcritud, aprovechan sus campañas políticas para mostrarse más desabrochados en el alarde de gastos y jactancias, sin importarles los riesgos éticos de su destitución que aumentan cada vez más ante las cortes. Aprovechan para lucir como faraones criollos con la desesperada necesidad de extremar sus ínfulas y humos. Fácilmente, en casos como el de La Guajira, donde es evidente que hay una captura institucional por parte de ciertos políticos, se percibe que hay apropiación indebida de recursos y, peor que eso, ostentación deliberada del poder económico derivado del poder político. Aquí, donde la gente lucha por sobrevivir, resulta moralmente inaceptable que desde el poder se exhiba riqueza como símbolo de autoridad. Produce asco que el poder político, obtenido con recursos públicos, se convierta en plataforma de ostentación económica frente a comunidades con sus necesidades básicas insatisfechas. La suntuosidad del poder económico en la política local no es liderazgo: es dominación. El fenómeno extático es lo que ocurre en el llamado cierre de campaña, una especie de festival de humillaciones, en donde a unos se les obligan a asistir, a otros les pagan para acudir y aplaudir. Es la manifestación del pus, la supuración de la llaga en la política.

Hemos llegado a la conclusión de que lo que es peor para la sociedad, peor que la enorme extravagancia de los llamados políticos, que son simples traficantes del hambre, la sed y el desempleo crónicos, son los intermediarios, que se hacen llamar líderes o dirigentes en las respectivas comunidades, porque son éstos los que no permiten que las comunidades se liberen del miedo y de la costumbre de aceptar lo inaceptable.

Mi invitación, para las elecciones del próximo ocho de marzo y para siempre, es que entendamos que ningún poder sería tan arrogante si fuésemos capaces de vencer la tolerancia a su alrededor. Debemos aprender que el abuso del poder se alimenta principalmente de quienes lo celebran, o justifican o se benefician de él.

·        Candidato al Senado de la República.

 

 

LOS TURCOS DE MAICAO (4)

Por Armando Pérez Araújo*

Es muy posible que a estas alturas del desarrollo periodístico de esta serie de artículos sobre los turcos de Maicao, algunos lectores no hayan entendido que para resolver la inestabilidad jurídica del comercio de Maicao, que es la base de la estabilidad de los turcos de Maicao, y por supuesto del resto de la sociedad que vive directa o indirectamente del ejercicio legítimo del comercio de Maicao, excúseme la cacofonía y  juego de palabras, es menester atornillar, primero que todo, de forma correcta las garantías jurídicas y sociales de lo que hemos llamado la territorialidad indígena del pueblo wayuu. Resalto la utilización del término correcta, para que quede claro que no se trata simplemente de predicar y medio aplicar algunas normas y principios de la Constitución Política o de Tratados o Convenios Internacionales, alrededor de algunos asuntos típicos del comercio exterior, aduaneros, portuarios o fronterizos, sino de aplicarlos todos dentro del más riguroso sentido jurídico y político de la expresión, es decir, asegurándonos de que la titularidad de los derechos humanos internacionales del pueblo indígena queden en cabeza del pueblo indígena o, por lo menos, principalmente en cabeza del pueblo indígena. Debe entenderse, amigo lector, con la mayor claridad posible, que esta prerrogativa de los pueblos indígenas, consagrada en el ordenamiento superior interno y en tratados internacionales suscritos por Colombia como un asunto cardinal del respeto de los derechos humanos, proviene de los derechos que la historia ha concedido a los pueblos nativos u originarios, no por conmiseración, simpatía, generosidad, ganga o politiquería de ningún régimen o gobernante en especial. Recordemos que el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice textualmente: «Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.» Dense cuenta, amigos lectores, que de ninguna manera se trata de una cordial recomendación o de amable sugerencia para que se les reconozcan los derechos de algunas familias o de pequeños grupos de individuos indígenas, se trata es de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así con mayúsculas, lo que matemáticamente significa que estamos hablando de algo más de 370 millones de indígenas del mundo. Debe saberse que la discusión respecto a este tema, sobre todo el capítulo de tierras y recursos, se llevó mucho tiempo. Algo más de veinte años estuvieron luchando la estructura de estas normas los líderes indígenas del mundo que debatieron su inserción en la Declaración de las Naciones Unidas, porque inevitablemente era evidente que se pisaban algunos callos de los poderosos de entonces, a quienes las garantías internacionales a los pueblos indígenas les podían generar urticaria en la piel de sus intereses, para decirlo de alguna manera. Los turcos de Maicao, contrario sensu, descubrieron en la generosa franquicia y garantías del territorio indígena la tabla de salvación para navegar exitosamente durante muchos años sin apuros ni desasosiego por los mares internacionales y tierras protegidas, dentro de la legitimidad que tienen sus socios ancestrales.

He notado que desde que me he dedicado a estimular la posibilidad de que la estabilidad de los turcos de Maicao sea reconocida constitucionalmente, al lado del pueblo indígena, de afrodescendientes y otros actores válidos de la sociedad guajira de hoy, mis amigos turcos se han colocado en modo de distanciamiento social, que parecería que les hace falta un poco de más pedagogía al respecto.

Se ha dicho y repetido millones de veces que el derecho de los indígenas es el reconocimiento colectivo de los derechos colectivos de un pueblo natural de una región, donde, por supuesto, se incluyen los derechos humanos, así como el derecho al idioma, cultura, religión y territorio que tradicionalmente había habitado su pueblo. Esto es sumamente claro.

Ahora lo explico con plastilina: 1º El Pueblo Wayuu es el titular de los derechos territoriales de la Alta Guajira, incluyendo la actividad y dinámica de los Puertos, trochas y caminos, lo mismo que del espacio geopolítico de la zona fronteriza colombo venezolana, asuntos sobre los cuales hoy en día no hay discusión ni duda algunas. 2º Desde la llegada de los Turcos a Maicao los indígenas han sido fraternales anfitriones de los Turcos, en las verdes y maduras. Sobre eso no cabe la menor duda, también los turcos de Maicao han demostrado su mejor propósito de querer articularse y asociarse de la mejor forma con los nativos de la península, especialmente con los comerciantes nativos y dueños del territorio estratégico local, como lo explicamos en anteriores capítulos. 3º Es indiscutible el importante rol  de los Turcos en el crecimiento y desarrollo del comercio de Maicao, vale decir, en aquello que podríamos calificar la suerte de La Guajira. 4º El comercio de Maicao, como quien dice la gallina de los huevos de oro de los Turcos, comienza a tambalear, entre otras razones, por la desconsideración que las autoridades nacionales han tenido con la territorialidad del Pueblo Wayuu. 5º Las garantías del territorio indígena están comenzando a ceder, muchos no se han percatado, otros se hacen los pendejos, mientras tanto, algunos, los llamados jefes políticos, están empujando hasta el precipicio el tren a favor de la desposesión de los Derechos Humanos del Pueblo Wayuu, en todo caso, algo muy grave y negativo está sucediendo en términos de desterritorialización de La Guajira indígena. 6º Fenómenos como los más de sesenta parques eólicos en la Alta y Media Guajira, que impactarán casi trecientas comunidades, lo mismo que la funcionalidad de los puertos y fronteras indígenas que repercuten en la vida del comercio de Maicao, deberían alertar al pueblo wayuu y a los turcos, que serían víctimas de una masacre territorial económica advertida y anunciada. 7º Elemental y obvio es que ahora los turcos de Maicao, los afros y demás actores sociales de La Guajira, se alineen a favor de la defensa del territorio wayuu, vale decir, sus socios o aliados naturales.

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

«Artículo V. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos humanos».

«Artículo VI. Derechos colectivos. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas.»

*Candidato al Senado de la República

 

LOS TURCOS EN MAICAO (3)

Por Armando Pérez Araújo*

Algunos turcos, tal vez la mayoría, le tienen pánico a la irreductible inestabilidad jurídica del comercio en La Guajira, que también es la inestabilidad de ellos, realmente. Ese presentimiento o diagnóstico fatalista de su propio proyecto de vida no contribuye a la prosperidad del territorio, incluyendo, obviamente, la suerte del estamento árabe. Lo malo de esa postura, digamos que lo peor de esa teoría pesimista sobre el vaivén de la economía de La Guajira, es que de tanto repetirse ese absurdo sociológico, tiende a transformarse en una especie de certidumbre diagnóstica que termina siendo reconocida como regla, incluso, asumida como carga natural y sistémica por los mismos turcos en el ejercicio continuo y tranquilo de su actividad comercial fronteriza. Hemos afirmado que ese miedo o temores son legítimos y justificados, y que no pocos turcos han sido perseguidos, incluso, encarcelados, como consecuencia de la inseguridad jurídica de la normatividad aduanera y fiscal que frena el desarrollo y atormenta a todo el departamento de La Guajira para efectos de su estabilidad comercial, portuaria y fronteriza. La economía de La Guajira ha sido de antaño estimulada a los trancazos, desde aquellas épocas de la canción de Escalona, El almirante Padilla, narrando el sufrimiento del célebre Tite Socarrás en aquellos eventos contrabandísticos del viejo Puerto López, o la del Contrabandista del imaginario de Sergio Moya Molina, cuando el poeta apostaba a ganar a punta de suerte su incómoda y peligrosa aventura comercial por terrenos desérticos de la Alta Guajira el amor de su linda negra, superando alcabalas, guardias y demás trabas de su arriesgado recorrido de entonces. Todo eso sucedía cuando la aventura del llamado contrabando era materia de versos, cantos y poesías, claro, también de tremendos sufrimientos, persecuciones a tiros y del acoso extorsivo de la corrupción de aquella época. Muy pocas cosas han mejorado para los turcos y para los demás habitantes de La Guajira, peor para el pueblo nativo, en materia de estabilidad ciudadana. El Estado colombiano, es decir, la política colombiana se ha mantenido invariablemente en una posición discriminatoria respecto a los derechos territoriales de La Guajira. Eso lo estamos repitiendo en esta serie de artículos y habrá que seguirlo haciendo hasta que seamos capaces de remover las primitivas y vetustas estructuras del modelo alcabalero, decomisador y corrupto que desconoce nada menos que la territorial indígena que es el eje jurídico mayor del funcionamiento de cualquier actividad fundamental en este ámbito territorial.

Estamos promoviendo la necesidad de que el recurso humano árabe se reúna y se articule con los dueños del territorio y con otros habitantes y actores de La Guajira, autóctonos y de otros rincones del país para enderezar lo que pareciera que está mal encaminado y definitivamente torcido. Me explico: los fenómenos de la nueva economía que se asoman en esta zona del país lucen amenazantes para el tambaleante estatus comercial de Maicao y de otras actividades del resto del departamento. Por ejemplo, la ubicación y dinámica de lo que sería el funcionamiento y operación de cincuenta y siete o más parques eólicos, tal vez sesenta y cinco, y sus arandelas complementarias, vale decir, dos mil y pico aerogeneradores gigantes, torres de transmisión de energía, subestaciones, otro tipo de redes, campamentos, vías privadas, talleres, parqueaderos, hoteles, clubes, restaurantes, estaciones regulares de combustibles, zonas obligatorias de protección ambiental, cuarteles militares y de policía, playas privadas y clubes, puertos privados, etcétera, que arbitraria e irresponsablemente se proyectan para la Alta y Media Guajira constituyen una amenaza fatal para la economía basada en el turismo y el comercio, entre otras actividades. Estamos hablando de un mínimo de cuarenta y cinco mil hectáreas de propiedad del territorio ancestral del pueblo indígena, que están desde ya comprometidas con la conformación arbitraria de dichos proyectos que estorbarían directamente a por lo menos, a doscientas ochenta y ocho comunidades wayuu. En algunos lugares del mundo este tipo de exabruptos convirtieron lugares de tranquilidad y sosiego, como es La Guajira de hoy, en zonas de todo tipo de conflictos. El ejemplo de Oaxaca en México, con los parques eólicos establecidos en las cercanías del istmo de Tehuantepec, sin ninguna comprensión y consideración con los pueblos indígenas del lugar es un referente que ayudará a realizar una buena pedagogía al respecto.  En los próximos artículos explicaré, con plastilina y nuevos ejemplos, cómo podría afectarse el bolsillo de los turcos y de toda la sociedad aquí asentada con los nuevos e ilegales disparates, estimulados desde adentro y desde afuera. Mientras tantos los políticos no dicen esta boca es mía.

*Candidato al Senado de la República