UniGuajira no es una fachada y Kaloy no es un alias.

 Por Moisés Carreño 

*En La Guajira estamos acostumbrados a cargar con etiquetas que casi siempre construyen otros desde afuera, corrupción, abandono, ilegalidad, atraso. Cada vez que estalla un escándalo, pareciera que el departamento entero termina sentado en el banquillo de los acusados. Por eso no es un asunto menor que se diga que la Universidad de La Guajira es una “fachada” para cometer delitos, ni que se usen expresiones que terminan estigmatizando a su rector. Menos aún cuando se trata de una institución pública que, durante años, ha dado resultados concretos y verificables. Los datos hablan por sí solos. Desde 2009, la Uniguajira pasó de cerca de 6.500 a 17.125 estudiantes y de 15 a 29 programas profesionales; hoy ofrece nueve maestrías propias y dos doctorados; multiplicó sus grupos de investigación de 7 a 56 y duplicó su infraestructura. En 2024, además, obtuvo por primera vez la Acreditación Institucional en Alta Calidad y siendo justos, a todo señor, todo honor, estos logros coinciden con el periodo de rectoría de Robles Julio, por lo que merece ser reconocido por estos grandes avances educativos.

¿Dan estos resultados licencia a la Universidad, a sus directivos o a su rector para estar por encima de la ley? Por supuesto que no. Nadie lo está. Pero esos logros tampoco pueden borrarse de un plumazo por cuenta de un titular. Celebro que el presidente Abelardo De La Espriella muestre firmeza frente a la corrupción y las organizaciones criminales. Precisamente por eso, hay otras preguntas que también merecen toda la berraquera del Estado:

- ¿Qué pasó con las regalías, principalmente las del carbón y del gas que La Guajira recibió durante tantos años?

- ¿Qué pasó con los recursos destinados a resolver el histórico problema del agua?

- ¿Qué pasó con la represa del ranchería?

- ¿Cuánto dinero llegó?

- ¿En qué se invirtió?

- ¿Cuánto se ejecutó?

- ¿Qué obras se hicieron y qué proyectos fracasaron?

- ¿Quién respondió cuando la plata no llegó a donde debía?

Si de verdad queremos combatir la corrupción y la criminalidad, investiguemos todo y que no sea solo la Fiscalía, también la Procuraduría, la Contraloría y los demás organismos de control, cada uno dentro de sus competencias. Que cumplan el mandato constitucional y legal para el que fueron creados y no terminen convertidos en simples adornos institucionales a la hora de vigilar los recursos públicos de los guajiros. La Guajira necesita investigaciones, pero también necesita resultados y necesita reconocer lo que sí funciona, como la Universidad de La Guajira, una institución pública que ha crecido de manera sostenida en un departamento donde la inestabilidad política, la pobreza y la falta de agua, energía y servicios básicos han sido una constante. Tiene estudiantes, profesores, investigadores, programas académicos, infraestructura, una acreditación de alta calidad y una gran gestión de su actual rector; nada de eso desaparece por señalamientos o investigaciones a uno de sus directivos.

Los guajiros, además de padecer problemas históricos, solemos cargar con el estigma. El escándalo de la UNGRD es un ejemplo patético, un caso de corrupción de alcance nacional que terminó dejando sobre nuestra región el peso de la sospecha y la mala fama. Los guajiros no tenemos por qué pagar los platos que otros rompieron.

El rector Carlos Arturo Robles Julio como cualquier ciudadano, está sometido a la ley colombiana. Si hay motivos para investigarlo, que las autoridades lo hagan con todo rigor, todas las garantías y que se decida lo que en derecho corresponda, sin convertir la investigación en condena, ni el señalamiento en sentencia; las actuaciones de una persona no convierten automáticamente a una universidad en una “fachada”.

Una precisión, “Kaloy” no es un alias, es el sobrenombre que Carlos Arturo Robles Julio lleva desde niño en su natal Manaure, La Guajira, tierra donde los apodos hacen parte de la vida cotidiana. Kaloy viene de Carlos; así de simple, presentarlo como si se hubiera descubierto un secreto, es inflar la información y eso le resta seriedad y credibilidad a quien informa. Que se investigue lo que haya que investigar y se juzgue lo que deba juzgarse, pero con rigor y objetividad, sin inventar historias ni dañar la imagen de la Universidad de La Guajira, el principal centro de educación superior del departamento y mucho menos que se convierta en un botín político-burocrático. Los guajiros como colombianos y ciudadanos, tenemos derecho a exigir que nuestros recursos públicos se administren con transparencia, sean vigilados por los organismos de control y se destinen a mejorar la vida de nuestra gente. La actual universidad pública y de alta calidad es patrimonio de los guajiros, también lo son, defender su buen nombre, su dignidad y sus instituciones."

*REPRODUZCO ESTE ARTÍCULO EN MI BLOG, POR SU PONDERACIÓN Y BUENA CALIDAD.

ATTE,

ARMANDO PÉREZ ARAÚJO

 

Presunción de Inocencia del Rector Robles y el Trato presidencial

Por Armando Pérez Araújo

Empecemos advirtiendo que una cosa es la inocencia y otra supremamente interesante y valiosa es la superextendida y nunca bien ponderada presunción de inocencia. Para el mundo civilizado, la presunción de inocencia es mucho más que una fórmula según la cual alguien “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Además, para el ámbito jurídico en el que algunos nos movemos, dicha prerrogativa constitucional funciona como derecho fundamental, regla de trato, regla probatoria y regla de juicio. La norma superior y punto de partida es el artículo 29 de la Constitución Política que dice que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.”

Nos interesa ahora referirnos a la pertinente regla de trato, que consiste en que mientras no exista una declaración judicial de responsabilidad en los términos exigidos por el ordenamiento, el Estado no puede tratar a la persona como culpable, mucho menos el jefe de Estado, agrego. Esto tiene particular importancia frente a autoridades administrativas, judiciales y de policía, y también en la comunicación pública de actuaciones penales o de cualquier naturaleza. El trato altisonante y avergonzante del mandatario contra el popular rector es lo que ha perturbado la opinión en La Guajira. No gustó el regaño, por muchas razones, inclusive políticas, independiente de que el popular Kaloy sea o no sea culpable de los cargos que no se dijeron, a la hora del juicio que le quepa en cada uno de los procesos respectivos. Recordemos que, desde el punto de vista procesal, es decir, como regla probatoria, el rector investigado no tiene que demostrar su inocencia, es al Estado a quién le corresponde acreditar los presupuestos de la responsabilidad.

Incluso, el fenómeno de marras ocurre aun, después de una condena que todavía admite un recurso ordinario o el mecanismo de impugnación de la primera condena, existiendo una declaración judicial adversa, porque la decisión todavía no es definitiva. Por eso no resulta correcto, en medio de una gritería, que el jefe de Estado, machaque la presunción de inocencia de un ciudadano, como ocurrió en la muy bien publicitada fatídica faena. La propia Corte Constitucional, al respecto, reiteró en 2026 que en derecho comprende no ser considerado culpable el reo por la autoridad judicial, mientras no exista sentencia judicial ejecutoriada y ser tratado como inocente hasta que exista condena en firme.

El curtido y penalista presidente debe saber que ni siquiera como regla de juicio puede sucumbir ese principio constitucional, porque si, una vez practicada y valorada una prueba, subsiste una duda jurídicamente relevante sobre la responsabilidad penal, opera entonces el in dubio pro reo, que es una obligación del juez a favor del acusado.

Para no irnos tan lejos, recientemente fue expedida la Sentencia C-035 de 2026 de la Corte Constitucional, del 25 de febrero de 2026, cuyo Magistrado Ponente fue el doctor Carlos Camargo Assis quien, gracias a que se le respetó la presunción de inocencia pudo acceder a la magistratura de la Alta Corte. Aprovechemos para recordar que es inevitable reconocer que el mismísimo señor Presidente de la República, doctor Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, gracias a la protección de la Presunción de Inocencia, a este derecho fundamental suyo, en medio de tantos señalamientos que le han llovido por doquier, seguramente exagerados, presuntamente errados, inequívocamente amañados, ha podido ascender al trono presidencial y mantenerse hasta ahora incólume.

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EL GRAN ACUERDO NACIONAL, PARTE 2

Por Armando Pérez Araújo

A pesar de las aparentemente irreconciliables contradicciones entre el gobierno Petro y el entrante o, mejor, con ocasión de ellas, deberíamos empezar a edificar los puentes que servirán de sostén a la plataforma de lo que hemos denominado el gran acuerdo nacional desde las regiones, advirtiendo que ninguna región, ningún partido político, ningún gobierno y ningún sector social, por sí solo, puede construir el futuro de Colombia. Además, deberíamos admitir como ineludible preámbulo que tendrá que ser indispensable insumo reconocer que Colombia atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia republicana y que la polarización política, la desconfianza institucional, la desigualdad territorial, la creciente distancia entre el Estado y la ciudadanía, incluso, las reales o virtuales potencialidades de las demandas de nulidad de la elección del electo mandatario, exigen una profunda respuesta que trascienda las coyunturas electorales y los subalternos intereses particulares. Es esa potísima razón por la que proponemos impulsar un Acuerdo Nacional desde las Regiones, entendido como un profundo proceso plural, democrático y participativo para construir los consensos fundamentales que permitan fortalecer la unidad de la República, respetando la diversidad de sus territorios y de su gente, destacando que éste no será un acuerdo entre adversarios políticos, sino una invitación para que Colombia dialogue consigo misma.

Algunos de los principios refundadores de esta próxima Colombia indican que somos una sola Nación construida desde sus regiones, que la unidad nacional no exige uniformidad, por el contrario, se fortalece cuando reconoce la riqueza histórica, cultural, económica y social de cada uno de sus territorios. Coincidamos en que un buen punto de partida será que la dignidad de las personas constituye el fundamento del Estado, lo cual significa que toda decisión pública deberá orientarse al respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales, destacando que las regiones son protagonistas del desarrollo nacional y que el país requiere una distribución más equilibrada del poder político, administrativo y fiscal, que permita a los territorios participar efectivamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro. Acordemos que la democracia exige diálogo permanente para que las diferencias políticas sean legítimas y que la descalificación, la exclusión y la violencia no pueden sustituir el debate democrático. El poder debe estar equilibrado y toda democracia necesita pesos y contrapesos eficaces que impidan la concentración del poder y garanticen la independencia de las instituciones, el control ciudadano y la transparencia. Concluyamos que la diversidad es una fortaleza nacional, que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, el pueblo Rrom, el campesinado, las comunidades urbanas y rurales y todos los sectores sociales forman parte esencial del proyecto nacional. La justicia territorial constituye una condición para la paz. No podrá existir una Colombia plenamente democrática mientras persistan profundas desigualdades entre las regiones. Las futuras generaciones también son destinatarias del Acuerdo. El desarrollo económico, la protección del ambiente, la sostenibilidad fiscal y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales deberán armonizarse con los derechos de quienes heredarán el país. Los consensos fundamentales pertenecen a Colombia.

El Acuerdo Nacional desde las Regiones no será patrimonio de ningún gobierno, partido político, movimiento social o líder individual. Pongámonos de acuerdo para que su edificación permanezca abierta a la participación de todos los sectores que compartan estos principios democráticos. El diálogo será el método permanente, porque las reformas que Colombia necesita deberán construirse mediante la deliberación pública, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos amplios, sin renunciar al pluralismo que caracteriza nuestra democracia.

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Gran Acuerdo Nacional Desde las Regiones, por un nuevo equilibrio institucional y territorial para Colombia. (1)

Por Armando Pérez Araújo

Partamos de la base de que el Acuerdo Nacional desde las Regiones que sugiere el título de esta columna y que creemos que Colombia requiere que se proponga, gestione e impulse, más temprano que tarde, no debería ser una negociación política cualquiera entre gobierno y oposición, mucho menos un pulso burocrático entre las migajas que queden de los anuncios de campaña del nuevo gobierno y las sobrevivientes posturas del saliente. Más bien, deberíamos estar hablando desde ya, lo más temprano posible, de un proceso de reconstrucción nacional en el que gobierno y oposición, o lo que quede de ambos, insisto, funjan como simples participantes y de ninguna manera controladores o propietarios exclusivos de contenidos y alcances del pretendido acuerdo reconstructivo, precisamente, porque los actores nacionales de mayor importancia y legitimidad política decidieron anticipadamente eludir lo que creyeron que podría ser una reventazón democrática, abandonando el camino de una Asamblea Nacional Constituyente y encaminándose por un desbocado lenguaje habitualmente desinteligente.

Coincidimos en que el problema de fondo no es la polarización que suele presentarse como un conflicto entre izquierda y derecha, cuando en realidad el verdadero problema es la excesiva concentración del poder en el Ejecutivo, la repugnante centralización legislativa, administrativa y fiscal, la debilidad de los mecanismos de control ciudadano, la escasa representación efectiva de los territorios, la desconfianza creciente en las instituciones y, en casos emblemáticos, como en el de La Guajira, la total falta de respeto por la Diversidad Étnica y Cultural y el ninguneo en materia de participación política. Por esas y otras elementales razones, la búsqueda de un gran acuerdo nacional no sólo debería contemplar las reglas constitucionales sobre cómo se tiene que distribuir el poder para evitar que se siga concentrando en familias, clanes o partidos, sino para que los territorios tengan una participación real en las decisiones nacionales.

A manera de abrebocas, una propuesta seria sobre ese nuevo equilibrio territorial debería dejar claro el tema de las competencias, en el sentido de que el llamado Poder Nacional mantenga las competencias exclusivas en Defensa, Relaciones Exteriores, Política Monetaria, Grandes Infraestructuras Estratégicas, Regulación Macroeconómica, configurándose un nuevo y sólido Poder Regional con competencias reforzadas en Planeación Territorial, Agua, Energía, Educación Territorial, Salud Territorial y Desarrollo Productivo Regional, de la misma manera que efectivizar un real Poder Comunitario, especialmente relevante para pueblos indígenas y afrodescendientes, en los que funcionen a la perfección El Gobierno Propio, Justicia Propia dentro de los límites constitucionales, Gestión de sus Recursos Comunitarios y Participación Vinculante en decisiones que afecten sus territorios.

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Explico mi voto:

Por Armando Pérez Araújo

En primer lugar, reconocer que sólo hay dos nítidas opciones en el juego electoral del próximo veintiuno de junio: Cepeda, por un lado, apertrechado con las charreteras de su impecable y evidente trayectoria de luchador social y político, que constituye su itinerario y agenda de reconocido Defensor de los Derechos Humanos, asunto que lo hace diferente e inequívocamente nuestra única convicción electoral, con más veras si la otra candidatura, de ninguna manera atractiva y coherente, representa absolutamente todo lo contrario a intereses de negros e indígenas que a lo largo de mi vida he venido defendiendo y promoviendo. Puedo decir, entonces, que para decidir mi voto por Cepeda tuve la ventaja de que su contrincante me la puso fácil, toda vez que su facundia y verborrágica manera de expresarse y mostrar sus intenciones y programas me reveló y anticipó sus estratégicas y no muy sanas intenciones, en caso de llegar a ser elegido presidente. El rival de Cepeda, por ejemplo, para alardear su pensamiento político no tuvo que desgranar públicamente sus intenciones en auditorios de universidades públicas y privadas colombianas, tampoco en los del empresariado colombiano o de los sindicatos de los trabajadores, ni siquiera a través de sus discursos en las audiencias de los tribunales y cortes del país, tampoco escribir columnas en revistas o periódicos especializados, para exhibir su vocación entreguista a la más ambiciosa potencia extranjera, porque sus explícitas y estridentes manifestaciones de adulador y apologista del poderío norteamericano en sus redes sociales, fueron suficientes para saber que no estaba a favor de los intereses de la patria nuestra, sino del lado de los intereses de la patria que él juró defender, los de la patria gringa, que ni siquiera son los de la patria del pueblo norteamericano, sino, los de los potentados estadunidenses regidos por los intereses inferiores de sus transnacionales negocios. Además, el competidor de Cepeda, me sirvió en bandeja su anuncio y clara amenaza contra el corazón de las minorías colombianas, cuando en su lenguaje chabacano difundió como una de sus tontas peroratas, en términos de seguridad pública interna, diciendo que él “no come de negro ni de indio”, queriendo advertir con ello que él desconoce y rechaza el rutinario tratamiento constitucional, flexible y democrático que las autoridades nacionales le han venido otorgando a indígenas y afrodescendientes, en desarrollo del transversal principio de respeto a la diversidad étnica y cultural, cuando salen o salgan a las calles a protestar o reclamar por sus derechos e intereses conculcados.  A ciertos amigos míos, de esos que se las pasan pegados a las redes, sin mayores filtros éticos e intelectuales, se les ocurrió pretender ensuciar las probabilidades electorales de Cepeda con las máculas y prontuarios de conspicuos miembros ciertamente cercanos de su campaña local, incluso, de pretenderlos asociar con la génesis de esa candidatura presidencial, pretensión de ninguna manera aceptable, inclusive, de querer injustamente achacárselos al gobierno del presidente Petro. A ellos tuve que pararlos en seco y explicarles con la mayor facilidad que al gobierno del Presidente Petro, arribaron buenos y malos, atraídos por una amplia apertura democrática, también por el amplio abanico de beneficios sociales del primer gobierno de izquierda, incluso, en gran medida por eso, y también por errores aceptados por el propio presidente Petro como suyos, como haber montado al curubito del gobierno nacional a personajes de pésimos antecedentes y dudoso desempeño como la exministra Cecilia López y el exministro Ocampo, quienes de contera cargan con el lastre de haber contribuido hace cuarenta años al despojo de tierras del pueblo wayuu para obsequiárselas ilegalmente a la familia Rockefeller, con la finalidad de hacer lo que después fue Puerto Bolívar, asunto que dio lugar al trámite restitutorio de tierras que cursa en el despacho del señor presidente, dentro de una petición nuestra para corregir ese equívoco, a propósito del Cierre de Mina justo y ético que defendemos. O, aquélla pifia de haberle obsequiado ingenuamente a su ministro del interior de entonces, caracterizado político santista, Prada, la facultad de designar a su gusto gobernador para La Guajira, para reemplazar al destituido Nemesio, decisión que desarrolló con esmerado sesgo. Igualmente, no hallé obstáculos para convencer a mi pequeño grupo de amigos votantes que Petro, ni mucho menos Cepeda, tienen que ver con la responsabilidad política que probablemente sí le cabe a gran parte de los dirigentes políticos del departamento por la división local de la izquierda y algunos temas eminentemente éticos de la política doméstica. Ah, y lo más convincente y demoledor de mis argumentos fue decirles y explicarles que nada de lo que decía el adversario de Cepeda contra éste gozaba de la más mínima credibilidad y, contrario sensu, las afirmaciones del barbilindo, al momento de irse a verificar resultaban siendo desmentidas por él mismo, por ejemplo, cuando reconoció no haber nacido en un pueblo campesino del departamento de Córdoba, sino en una fría clínica del norte de la ciudad de Bogotá. No deseo seguir, para no meterme en otras honduras, sólo explicar mi voto a la presidencia por Iván Cepeda y por Ayda Quilcué a la Vicepresidencia.

 

La Guajira, 11/06/2026

 

Señora

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

República de Colombia

BOGOTÁ D.C.

 

Asunto: Derecho de Petición de consulta e información sobre las implicaciones jurídicas derivadas de la ciudadanía estadounidense atribuida públicamente al señor Abelardo de la Espriella y su eventual incidencia respecto de la Presidencia de la República.

 

Yo, Armando Pérez Araújo, ciudadano colombiano, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015, invocando el interés general de la sociedad colombiana, respetuosamente me permito formular las siguientes consultas y peticiones:

Hechos que motivan la consulta:

Diversos medios de comunicación y declaraciones públicas del personaje han informado que el señor Abelardo de la Espriella Otero ostentaría, además de la nacionalidad colombiana, la ciudadanía de Estados Unidos con implicaciones institucionales que también se han hecho públicas, protagónicas y notorias, además, social y políticamente protuberantes.

Considerando que el mencionado ciudadano ha manifestado públicamente sus aspiraciones presidenciales, incluso, haciendo alarde y derroche de su condición de ciudadano y súbdito norteamericano, y que la cuestión involucra asuntos de nacionalidad, relaciones internacionales y eventuales implicaciones constitucionales, resulta de interés público obtener claridad institucional sobre el alcance jurídico de tales circunstancias, máxime si recientemente una importante cantidad de personalidades del mundo del derecho colombiano ha hecho pública una interesante y preocupante declaración al respecto, a la cual adherimos integralmente.

Solicitudes:

Indique si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento oficial de que el señor Abelardo de la Espriella ostente ciudadanía estadounidense o cualquier otra nacionalidad distinta de la colombiana.

En caso de que dicha información repose en registros oficiales o sea verificable por canales institucionales, informe cuál es la situación jurídica correspondiente.

Precise si la adquisición voluntaria de la ciudadanía estadounidense implica la asunción de deberes de fidelidad, lealtad u obligaciones jurídicas frente a los Estados Unidos de América.

Indique si, a juicio jurídico e institucional del Ministerio, tales deberes son plenamente compatibles con el ejercicio de la Presidencia de la República de Colombia, incluso, si a juicio jurídico e institucional de ese Ministerio, tales obligaciones resultan inaplicables o inocuas en el evento de que el susodicho personaje termine siendo Presidente de la República.

Señale si la legislación colombiana, los tratados internacionales vigentes o la doctrina oficial del Estado colombiano contemplan eventuales conflictos de deberes derivados de la doble o múltiple nacionalidad cuando una persona ejerce la jefatura del Estado colombiano, especialmente si una de esas nacionalidades es la de Estados Unidos.

Informe si existe algún concepto, pronunciamiento o antecedente oficial relacionado con la posibilidad de que un ciudadano colombiano que haya adquirido voluntariamente la ciudadanía de otro Estado ejerza la Presidencia de la República.

En caso de que el Ministerio considere que carece de competencia para pronunciarse sobre alguno de los anteriores aspectos, indique expresamente cuál es la autoridad que, a su juicio, sí posee competencia para hacerlo.

Solicitud documental:

Solicito copia electrónica de los conceptos, estudios, memorandos o pronunciamientos oficiales relacionados con las materias consultadas.

 

Atentamente,

 

           

Armando Pérez Araújo

CC 17171492 de Bogotá

 

Farsantes

Armando Pérez Araújo

No me voy a referir al candidato presidencial que pretende exhibirse como defensor de la patria, sabiendo que jamás ha sido nada de eso, que él nunca ha sido protagonista de la defensa y promoción de las libertades, ni de valores fundacionales de nuestra democracia, como él lo predica habitualmente en sus discursos aprendidos de memoria. Aunque, contra mi voluntad abordaré un tópico relativo al acento que la ex precandidata Claudia le añade a su cuestionamiento al inquietante e incómodo ejercicio profesional del abogado Abelardo, alejándome del criterio suyo de que lo malo de él, según ella, sea que el susodicho jurista se ha erigido apoderado esencial de ciertos personajes de la farándula financiera y de reconocidos actores de la emblemática y escandalosa delincuencia común. Hasta ahí puedo decir que puedo meter la mano a favor de él, porque no le veo ningún problema legal al litigio y fortuna del acaudalado colega a favor de clientes adinerados y presuntamente untados de ilegalidad, por ese simple y puro motivo, advirtiéndoles a quienes censuran esa conducta al fogoso colega por el manejo de ese tipo de vínculos, que la norma del Tratado sobre Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990, dice en su numeral 18 la siguiente prerrogativa: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Otra cosa, agrego yo, sería que de los detalles de la cuidadosa lectura de sesudas investigaciones periodísticas, como las de los periodistas Yoir Ackerman y Daniel Coronel, por ejemplo, se infieran implicaciones penales, transgresiones del régimen monetario internacional por fuera de la licitud del ejercicio de la abogacía, lo mismo que conductas propias del simple cómplice, que podrían ser verdadero apoyo intelectual a los principales beneficiados del delito o autores principales. Tampoco me ocuparé en gastar mi tiempo denigrando contra los entrometimientos de Marco Rubio en la política latinoamericana, ni mucho menos criticando al tristemente célebre senador Bernie Moreno, ciudadano ex colombiano que practica el deporte de escalar posiciones dentro del establecimiento imperial de Estados Unidos a punta de linchamientos y agresiones a los demócratas de nuestro país, según se dice, por cuenta de choques relacionados con temas asociados a sus propios intereses o prontuarios en Colombia. De ninguna manera me referiré en lo más mínimo al ultraderechista turco de Maicao, sea natural colombiano o extranjero, que viene haciendo política, también plata con la política, sin observar respeto por señal alguna de los semáforos de la ética, la moral política, ni siquiera de los límites que le imponen las normales tendencias de sus paisanos, respetuosos de los cánones o preceptos locales, de ninguna forma desbordados abelardistas como él, mucho menos favorable a la desabrochada injerencista doctrina Trump frente a la Colombia independiente que queremos, lo cual pondría en aprietos a la propia estabilidad y legitimidad de sus propios paisanos árabes.

Pero lo que sí deseo resaltar es que los que definitivamente se comportan como empedernidos falsarios o farsantes, son aquellos que se colaron a los intestinos del alto gobierno de Petro y después se las tiran de independientes, incluso de distinguidos y conspicuos miembros de la derecha, o los que por la magia de la improvisación de las listas cerradas entraron al Senado y no se han dado por notificados desde cuando llegó la campaña presidencial, o quienes, como el Procurador General de la Nación, que se hace el de la vista gorda cuando son los amigos de sus amigos los que incurren en faltas gravísimas disciplinarias, caso concreto, del intocable gobernador Jairito, que desde hace varios meses fue querellado por el suscrito por evidente violación gravísima a las normas disciplinarias, sin que a estas alturas le haya pasado nada, faltas que fueron mucho más graves, verbi y gracia, las del locuaz gerente Carlos Carrillo, que fue suspendido por fulminante rabia y hastío del jefe del Ministerio Público. También considero falsarios y farsantes quienes celebran con bombos y platillos que el presidente Petro sea cuestionado por participación indebida en política, cuando censura la amenaza ejercida contra la institucionalidad colombiana y, al mismo tiempo, rechaza las probabilidades de que llegue de nuevo otra peligrosa era fascista y paramilitarista al país, disfrutando cada vez que el genocida e injerencista presidente estadounidense amenaza con interferir en Colombia, o cuando lo hace contra nuestro hermano pueblo venezolano.