Gran Acuerdo Nacional Desde las Regiones, por un nuevo equilibrio institucional y territorial para Colombia. (1)

Por Armando Pérez Araújo

Partamos de la base de que el Acuerdo Nacional desde las Regiones que sugiere el título de esta columna y que creemos que Colombia requiere que se proponga, gestione e impulse, más temprano que tarde, no debería ser una negociación política cualquiera entre gobierno y oposición, mucho menos un pulso burocrático entre las migajas que queden de los anuncios de campaña del nuevo gobierno y las sobrevivientes posturas del saliente. Más bien, deberíamos estar hablando desde ya, lo más temprano posible, de un proceso de reconstrucción nacional en el que gobierno y oposición, o lo que quede de ambos, insisto, funjan como simples participantes y de ninguna manera controladores o propietarios exclusivos de contenidos y alcances del pretendido acuerdo reconstructivo, precisamente, porque los actores nacionales de mayor importancia y legitimidad política decidieron anticipadamente eludir lo que creyeron que podría ser una reventazón democrática, abandonando el camino de una Asamblea Nacional Constituyente y encaminándose por un desbocado lenguaje habitualmente desinteligente.

Coincidimos en que el problema de fondo no es la polarización que suele presentarse como un conflicto entre izquierda y derecha, cuando en realidad el verdadero problema es la excesiva concentración del poder en el Ejecutivo, la repugnante centralización legislativa, administrativa y fiscal, la debilidad de los mecanismos de control ciudadano, la escasa representación efectiva de los territorios, la desconfianza creciente en las instituciones y, en casos emblemáticos, como en el de La Guajira, la total falta de respeto por la Diversidad Étnica y Cultural y el ninguneo en materia de participación política. Por esas y otras elementales razones, la búsqueda de un gran acuerdo nacional no sólo debería contemplar las reglas constitucionales sobre cómo se tiene que distribuir el poder para evitar que se siga concentrando en familias, clanes o partidos, sino para que los territorios tengan una participación real en las decisiones nacionales.

A manera de abrebocas, una propuesta seria sobre ese nuevo equilibrio territorial debería dejar claro el tema de las competencias, en el sentido de que el llamado Poder Nacional mantenga las competencias exclusivas en Defensa, Relaciones Exteriores, Política Monetaria, Grandes Infraestructuras Estratégicas, Regulación Macroeconómica, configurándose un nuevo y sólido Poder Regional con competencias reforzadas en Planeación Territorial, Agua, Energía, Educación Territorial, Salud Territorial y Desarrollo Productivo Regional, de la misma manera que efectivizar un real Poder Comunitario, especialmente relevante para pueblos indígenas y afrodescendientes, en los que funcionen a la perfección El Gobierno Propio, Justicia Propia dentro de los límites constitucionales, Gestión de sus Recursos Comunitarios y Participación Vinculante en decisiones que afecten sus territorios.

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