UniGuajira no es una fachada y Kaloy no es un alias.

 Por Moisés Carreño 

*En La Guajira estamos acostumbrados a cargar con etiquetas que casi siempre construyen otros desde afuera, corrupción, abandono, ilegalidad, atraso. Cada vez que estalla un escándalo, pareciera que el departamento entero termina sentado en el banquillo de los acusados. Por eso no es un asunto menor que se diga que la Universidad de La Guajira es una “fachada” para cometer delitos, ni que se usen expresiones que terminan estigmatizando a su rector. Menos aún cuando se trata de una institución pública que, durante años, ha dado resultados concretos y verificables. Los datos hablan por sí solos. Desde 2009, la Uniguajira pasó de cerca de 6.500 a 17.125 estudiantes y de 15 a 29 programas profesionales; hoy ofrece nueve maestrías propias y dos doctorados; multiplicó sus grupos de investigación de 7 a 56 y duplicó su infraestructura. En 2024, además, obtuvo por primera vez la Acreditación Institucional en Alta Calidad y siendo justos, a todo señor, todo honor, estos logros coinciden con el periodo de rectoría de Robles Julio, por lo que merece ser reconocido por estos grandes avances educativos.

¿Dan estos resultados licencia a la Universidad, a sus directivos o a su rector para estar por encima de la ley? Por supuesto que no. Nadie lo está. Pero esos logros tampoco pueden borrarse de un plumazo por cuenta de un titular. Celebro que el presidente Abelardo De La Espriella muestre firmeza frente a la corrupción y las organizaciones criminales. Precisamente por eso, hay otras preguntas que también merecen toda la berraquera del Estado:

- ¿Qué pasó con las regalías, principalmente las del carbón y del gas que La Guajira recibió durante tantos años?

- ¿Qué pasó con los recursos destinados a resolver el histórico problema del agua?

- ¿Qué pasó con la represa del ranchería?

- ¿Cuánto dinero llegó?

- ¿En qué se invirtió?

- ¿Cuánto se ejecutó?

- ¿Qué obras se hicieron y qué proyectos fracasaron?

- ¿Quién respondió cuando la plata no llegó a donde debía?

Si de verdad queremos combatir la corrupción y la criminalidad, investiguemos todo y que no sea solo la Fiscalía, también la Procuraduría, la Contraloría y los demás organismos de control, cada uno dentro de sus competencias. Que cumplan el mandato constitucional y legal para el que fueron creados y no terminen convertidos en simples adornos institucionales a la hora de vigilar los recursos públicos de los guajiros. La Guajira necesita investigaciones, pero también necesita resultados y necesita reconocer lo que sí funciona, como la Universidad de La Guajira, una institución pública que ha crecido de manera sostenida en un departamento donde la inestabilidad política, la pobreza y la falta de agua, energía y servicios básicos han sido una constante. Tiene estudiantes, profesores, investigadores, programas académicos, infraestructura, una acreditación de alta calidad y una gran gestión de su actual rector; nada de eso desaparece por señalamientos o investigaciones a uno de sus directivos.

Los guajiros, además de padecer problemas históricos, solemos cargar con el estigma. El escándalo de la UNGRD es un ejemplo patético, un caso de corrupción de alcance nacional que terminó dejando sobre nuestra región el peso de la sospecha y la mala fama. Los guajiros no tenemos por qué pagar los platos que otros rompieron.

El rector Carlos Arturo Robles Julio como cualquier ciudadano, está sometido a la ley colombiana. Si hay motivos para investigarlo, que las autoridades lo hagan con todo rigor, todas las garantías y que se decida lo que en derecho corresponda, sin convertir la investigación en condena, ni el señalamiento en sentencia; las actuaciones de una persona no convierten automáticamente a una universidad en una “fachada”.

Una precisión, “Kaloy” no es un alias, es el sobrenombre que Carlos Arturo Robles Julio lleva desde niño en su natal Manaure, La Guajira, tierra donde los apodos hacen parte de la vida cotidiana. Kaloy viene de Carlos; así de simple, presentarlo como si se hubiera descubierto un secreto, es inflar la información y eso le resta seriedad y credibilidad a quien informa. Que se investigue lo que haya que investigar y se juzgue lo que deba juzgarse, pero con rigor y objetividad, sin inventar historias ni dañar la imagen de la Universidad de La Guajira, el principal centro de educación superior del departamento y mucho menos que se convierta en un botín político-burocrático. Los guajiros como colombianos y ciudadanos, tenemos derecho a exigir que nuestros recursos públicos se administren con transparencia, sean vigilados por los organismos de control y se destinen a mejorar la vida de nuestra gente. La actual universidad pública y de alta calidad es patrimonio de los guajiros, también lo son, defender su buen nombre, su dignidad y sus instituciones."

*REPRODUZCO ESTE ARTÍCULO EN MI BLOG, POR SU PONDERACIÓN Y BUENA CALIDAD.

ATTE,

ARMANDO PÉREZ ARAÚJO

 

Presunción de Inocencia del Rector Robles y el Trato presidencial

Por Armando Pérez Araújo

Empecemos advirtiendo que una cosa es la inocencia y otra supremamente interesante y valiosa es la superextendida y nunca bien ponderada presunción de inocencia. Para el mundo civilizado, la presunción de inocencia es mucho más que una fórmula según la cual alguien “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Además, para el ámbito jurídico en el que algunos nos movemos, dicha prerrogativa constitucional funciona como derecho fundamental, regla de trato, regla probatoria y regla de juicio. La norma superior y punto de partida es el artículo 29 de la Constitución Política que dice que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.”

Nos interesa ahora referirnos a la pertinente regla de trato, que consiste en que mientras no exista una declaración judicial de responsabilidad en los términos exigidos por el ordenamiento, el Estado no puede tratar a la persona como culpable, mucho menos el jefe de Estado, agrego. Esto tiene particular importancia frente a autoridades administrativas, judiciales y de policía, y también en la comunicación pública de actuaciones penales o de cualquier naturaleza. El trato altisonante y avergonzante del mandatario contra el popular rector es lo que ha perturbado la opinión en La Guajira. No gustó el regaño, por muchas razones, inclusive políticas, independiente de que el popular Kaloy sea o no sea culpable de los cargos que no se dijeron, a la hora del juicio que le quepa en cada uno de los procesos respectivos. Recordemos que, desde el punto de vista procesal, es decir, como regla probatoria, el rector investigado no tiene que demostrar su inocencia, es al Estado a quién le corresponde acreditar los presupuestos de la responsabilidad.

Incluso, el fenómeno de marras ocurre aun, después de una condena que todavía admite un recurso ordinario o el mecanismo de impugnación de la primera condena, existiendo una declaración judicial adversa, porque la decisión todavía no es definitiva. Por eso no resulta correcto, en medio de una gritería, que el jefe de Estado, machaque la presunción de inocencia de un ciudadano, como ocurrió en la muy bien publicitada fatídica faena. La propia Corte Constitucional, al respecto, reiteró en 2026 que en derecho comprende no ser considerado culpable el reo por la autoridad judicial, mientras no exista sentencia judicial ejecutoriada y ser tratado como inocente hasta que exista condena en firme.

El curtido y penalista presidente debe saber que ni siquiera como regla de juicio puede sucumbir ese principio constitucional, porque si, una vez practicada y valorada una prueba, subsiste una duda jurídicamente relevante sobre la responsabilidad penal, opera entonces el in dubio pro reo, que es una obligación del juez a favor del acusado.

Para no irnos tan lejos, recientemente fue expedida la Sentencia C-035 de 2026 de la Corte Constitucional, del 25 de febrero de 2026, cuyo Magistrado Ponente fue el doctor Carlos Camargo Assis quien, gracias a que se le respetó la presunción de inocencia pudo acceder a la magistratura de la Alta Corte. Aprovechemos para recordar que es inevitable reconocer que el mismísimo señor Presidente de la República, doctor Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, gracias a la protección de la Presunción de Inocencia, a este derecho fundamental suyo, en medio de tantos señalamientos que le han llovido por doquier, seguramente exagerados, presuntamente errados, inequívocamente amañados, ha podido ascender al trono presidencial y mantenerse hasta ahora incólume.

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