Mi derecho a votar por Santos

En primer lugar tengo miedo, pánico de que los inolvidables capítulos de nuestra historia reciente se repitan. Tengo derecho a tener ese miedo y ese pánico. Qué me importa que el candidato presidente esté haciendo política con la bandera de la paz, que haya convertido la concordia de los colombianos en estrategia electoral. Qué importa eso, si es eso lo que necesitamos que se vuelva una rutina de nuestra democracia. Es eso lo que quiero que me convoque. Lo que no quisiera escuchar jamás en mi país son los discursos para atajar los avances de la paz. Es el colmo que haya quienes pretendan convocar con las banderas electorales de la guerra a los colombianos, crean que ello es legítimo, y criminalicen la búsqueda de la paz que anhela toda la sociedad. Voy a votar por Santos porque creo que el tema de la paz va en serio. De el lunes 16, en adelante, miraremos qué pasa si él continua como presidente.

EL COLMO DE LA DESFACHATEZ

Por: Armando Pérez Araújo

La aventura de Ecopetrol y Repsol de provocar una reacción de toda Colombia para rechazar la estrategia de aniquilar las posibilidades de autonomía del pueblo Wayuu, nada menos que en El Cabo de la Vela, sirve para explicar lo que es fácil y no quieren entender en materia de Consulta Previa, el gobierno y los terrófagos que no desaprovechan la fragilidad normativa de nuestro establecimiento jurídico constitucional. Es el colmo de la desfachatez y de la mediocridad política pretender encender una sonora controversia internacional, no será menos que eso, alrededor de la pervivencia Wayuu en el Cabo de la Vela y de la tranquila existencia de este consagrado y sagrado refugio turístico y ambiental de todos los colombianos y de muchos extranjeros de diferentes partes del mundo. Convocamos, invitamos y alertamos a todas y todos nuestros amigos y aliados, nacionales y extranjeros, para que cerremos filas alrededor de la defensa del Cabo de la Vela. Estaré listo, desde ya, para atender la defensa jurídica y política del territorio de Jepira. Lo he estado siempre, cuando se ha tratado de otras latitudes de la territorialidad indígena o afro descendiente, con mucha más razón estaré ahora, teniendo como tengo adicionales y poderosas razones familiares. Debo denunciar ante la opinión del país y de La Guajira que estos señores de Repsol no pueden certificar sus antecedentes de buena conducta, lo que significa que su aparición en el panorama de la territorialidad wayuu generaría no pocas malas noticias.
Miren esto: recientemente, aún hay ruido sobre ese tema, el gobierno autonómico catalán, el Generalitat, acusó a Repsol de ocultar el vertimiento de entre 4.500 y 6.000 toneladas de material contaminante alrededor de La Pobla de Mafumet, provincia de Tarragona. Como quien dice una segunda y agravada versión de lo ocurrido con la multinacional Drummond en las playas de Santa Marta. Independiente de los legítimos recelos que genera una amenaza de esta naturaleza para la paz, para la estabilidad económica y cultural del pueblo wayuu, en un sitio emblemático de su religiosidad, lo que más preocupa es la fragilidad jurídica de nuestro ambiguo sistema garantista en materia de Consultas Previas. La normatividad vigente se manifiesta con una inconveniente doble moral: por una parte, es cierto, hay una clara y perentoria advertencia sobre la inviolabilidad del instituto de la Consulta Previa; por otro lado, también es cierto, hay un boquete, igualmente ratificado por la jurisprudencia de las altas cortes, que indica que la Consulta Previa e Informada no constituye un poder absoluto en cabeza de las comunidades para impedir o frenar una decisión en uno u otro sentido. Lo anterior, fácil de comprender, constituye la más inaceptable ambigüedad jurídica en detrimento de todos, inclusive de proyectos empresariales o iniciativas legislativas de significativo interés para la sociedad, incluidas las comunidades frágiles, por supuesto. Recordemos que hace pocas semanas el establecimiento gubernamental y empresarial colombiano expresó su insatisfacción por los complejos, costosos y extendidos trámites de la Consulta Previa y la pre Consulta Previa, por una parte, y, por otro lado, los líderes indígenas del país, reunidos extraordinariamente en el municipio de Sampués (Sucre), también expresaron sus particulares preocupaciones respecto a este reprochable fenómeno de incertidumbre e inseguridad jurídica. Lo que debe abrirse paso ya, y lo digo con la mayor claridad y énfasis, compatible con la seriedad con que debe manejarse el respeto a la diversidad étnica y cultural, en situaciones y circunstancias como estas, frente al peligro que se cierne sobre el Cabo de la Vela, por ejemplo, es que este tipo de proyectos, socialmente peligrosos, cultural y económicamente ruinosos, terminantemente deben estar prohibidos por el legislador colombiano.

¡Poseemos problemas…!

Por: Armando Pérez Araújo

Me estoy imaginando un escenario ideal para una ineludible discusión sobre la suerte de los ríos de La Guajira frente al tema de la minería y otros fenómenos. Sea como parte del imprescindible debate sobre la supervivencia de los ríos o alrededor del componente del desarrollo sostenible frente al entorno de los mismos. O respecto de ambos tópicos, que sería lo deseable y, digamos, lo más aconsejable en estos momentos de sensibilización a nivel global. A raíz de la visita a Colombia de dos expertos internacionales en estos temas, Joan Martínez Alier y Gunter Pauli, y no es la oportunidad de alinearnos con la postura de uno u otro personaje, saltan a la palestra de minería y medio ambiente varios argumentos de una y otra posición ideológica. Simplemente, quiero rescatar y aprovechar de la artillería de ambos lo más adaptable a nuestro caso concreto, para no entrar en consideraciones abstractas y fuera de contexto práctico. Tampoco, en esta oportunidad, incluyo las serias y profundas consideraciones relativas a los derechos específicos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, asunto de marca mayor y de rango superior en el concierto del respeto y protección de los derechos humanos internacionales. Ello será materia de un análisis posterior y especial.

Me gusta, por ejemplo, la crítica que hace Martínez Alier a lo que podrían ser los desastrosos efectos de la llamada locomotora minera, si no se tienen en cuenta los costos sociales y ambientales de la contigüidad de la minería. Nadie puede oponerse a semejante aseveración. De la misma manera que es imposible no comulgar con la advertencia de este eminente catalán cuando censura decisiones o tendencias que impliquen extraer petróleo del Amazonas, lado colombiano, o ecuatoriano, como ocurre con el sensible caso del Parque Nacional Yasuní, en el vecino país, calificado como Reserva Mundial de la Biosfera. Y resaltemos que no se necesita ser tan eminente para rechazar la posibilidad de destruir el páramo de Santurbán, dizque para proteger la extracción del oro en ese precioso lugar de nuestra patria, o para cuestionar y condenar la amenaza a que está expuesta la región de Cajamarca en el Tolima, por la misma motivación aurífera. Casos como estos abundan en Perú, Bolivia, Filipinas, India, inclusive en La Guajira, para no ir muy lejos, etcétera, donde no cabe la posibilidad de jugar contra la conservación del medio ambiente, en términos macros, graves e irreparables, arriesgando la existencia misma de la naturaleza.

Por otra parte, es muy difícil y complicado comulgar íntegramente con el señor Gunter Pauli, pero hay cosas de su repertorio ecológico que nos parecen inteligentes, apropiadas y, particularmente, pertinentes. No sé hasta donde sea útil su propuesta de sembrar 20.000 hectáreas de guadua para compensar y remediar el impacto producido por Anglo Gold Ashanti en el Tolima, pero lo cierto es que hay muchos temas de la artillería de este prestigioso belga que nos ponen a pensar sobre una batalla que más temprano que tarde tendremos que librar en La Guajira para recuperar la salud de los ríos y garantizarles su existencia futura. Poseemos problemas, como dijera Pedro el Escamoso, con los ríos de La Guajira. Digámoslo enseguida y sin tapujos: el Río Ranchería, que ya no es el monumental y vigoroso caudal de agua superficial de otrora, está en franco y fatal deterioro desde hace varias décadas, atribuible a causas de diversa índole y rango. Las mismas causas que en otras latitudes departamentales están actuando u omitiendo responsabilidades, permitiendo, ocasionando, sean personas de carne y hueso o empresas, entidades administrativas o de control, en otros sitios clave del desarrollo, de la economía y la vida de la región, llámense Río Palomino, Río San Salvador, Río Negro, Río Ancho, Río Cañas, Río Mamey, Pozo La Danta, Río Jerez, María Mina, Río Tapias, para no mencionar nada más que este sagrado puñado de fuentes de agua pura que a veces se resiste a la agresión y reacciona furioso contra lo que encuentra a su paso, inundando poblados, generando avalanchas, destruyendo casas y cultivos, es decir, pronunciándose de manera grosera y estrepitosa para llamarnos la atención.

Volviendo al señor Gunter Pauli, quien dice haber contratado con Anglo Gold Ashanti la siembra de cien hectáreas de guadua, como cuota inicial de su estrategia de veinte mil, en compensación social y económica aplicada al caso de Cajamarca, Tolima, independientemente de que ese caso específico es diferente y mucho más grave que el nuestro, a mí me suena mucho la idea de rodear todos nuestros ríos de guadua, incluyendo, por supuesto, las zonas adyacentes al Río Ranchería. Nos haríamos interminables hablando de las propiedades ecológicas de la guadua y sus beneficios económicos, inclusive, en el campo de la medicina y la alimentación. Lo que interesa ahora es proponer en el debate que ya tiene que empezar, sobre las reglas del modelo de compensación económica y ecológica, este parámetro interesante y viable de una nueva y alternativa economía. Pienso que para La Guajira estaríamos hablando de cuarenta o cincuenta mil hectáreas de guadua, como una medida cortoplacista y de choque.

 

 

¿ HUELGA EN CERREJÓN?

Por Armando Pérez Araújo:
Históricamente las huelgas, salvo pocas excepciones, han servido para presionar progresivos avances en materia de garantías laborales para los trabajadores. El pulso que en estos días inclinó el músculo de la voluntad colectiva de los trabajadores a favor de la decisión del decreto de la huelga, contrariamente a lo que se pueda pensar, no fue decidido para rechazar la vía del diálogo con la empresa. La impresión que se tiene, que tenemos, es que se abrió camino en el seno del colectivo de los trabajadores la tesis de jugar a ganar políticamente. A ganar en las urnas, en este caso, con la bandera de la huelga. La pregunta que salta a primera vista es si es políticamente rentable cargar con las complejas consecuencias de una huelga, de las caracteristicas sociales y económicas, de una huelga en Cerrejón, es decir, si se puede resultar siendo gananciosos, desde el punto de vista político, la comunidad de trabajadores, los líderes sindicales, líderes sociales y líderes políticos embarcados en tamaña aventura. Y aquí estamos pensando en si el juicio que seguramente hará la sociedad departamental y nacional premiará, políticamente, cipote berenjenal económico que se generará, principalmente en La Guajira.
Respetuosamente, muy respetuosamente, compañeros trabajadores, compañeros líderes sindicales, compañeros líderes sociales y compañeros líderes políticos, piensen bien en este próximo paso. No descarten la alternativa del diálogo. Exploren diferentes formas de diálogo. Háganse acompañar de garantes y aliados eficaces, como serían los gobernantes locales, involucrados en este eventual drama de una huelga de estas proporciones. Tampoco renuncien, no se trata de eso y que quede muy claro, a los justos anhelos de conquistar mejores y permanentes garantías laborales.
No me puedo imaginar un cese prolongado de empresas, contratistas y subcontratistas. Tampoco alcanzo a suponer cómo sería el quiebre institucional de la gobernación y las alcaldías si de un cipotazo se fracturan los ingresos y demás beneficios provenientes de la actividad minera.
Habrá quienes por miedo a la censura no les digan las cosas con la total claridad y quienes por instinto gregario se sumen a la corriente que mayoritariamente ganó en las urnas con la bandera de la huelga. Yo prefiero la antipática vía de la comedida advertencia en momentos en que podría resultar más popular la arenga y el explosivo discurso del choque.

CARTA # 2. A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y LA GUERRILLA

Caribe colombiano, diciembre 2012


Señores
Miembros del Gobierno y Guerrilla
La Habana

Apreciados señores:
Espero que hayan tenido en cuenta mi anterior carta y no olviden que ese es uno de tantos ajustes que el pueblo colombiano desea que se aplique en materia de política rural. Empecemos por recomendarles que lo que dicta el buen sentido ahora es que la Reforma Agraria, como Dios manda, llegue después de las reuniones de ustedes en la Habana. Eso no significa que la Reforma Agraria sea un tema aplazable por naturaleza. No. Lo que significa es que es un asunto complejo y difícil, pero supremamente esencial para la paz perdurable y estable de nuestra sociedad. La paz que necesitamos. Pero la construcción de los pivotes sí es ahora, es decir, las directrices, las reglas, la filosofía, como se prefiera llamar, obviamente, esos sí tendrán que preverse ahora en Cuba. Además, porque se trata también de desmontar las "reglas" del crecimiento del latifundio ocioso, de la irracional acumulación y concentración del control de la tierra en muy pocas manos en nuestro país. Si se me permite la contradictoria expresión la Reforma Agraria, siendo esencial y prioritaria para la paz de los colombianos, se convirtió gradual y fatalmente en un asunto subalterno, gobernado por dos estructuras satánicas del poder real en nuestro país, inimaginables en cualquier democracia del mundo, en cualquier época de la historia de la humanidad: me refiero a Corrupción y Narcotráfico, concurrentes y complementarios en el proceso de generación de la prolongada violencia colombiana. Sobre la demolición de estos monumentales edificios hay que trabajar ya.

Ahora bien, la política sobre el desarrollo agrario integral colombiano comprende un aspecto muy ancho del constitucionalismo social de este país nuestro, afectado como pocos por el precario nivel de desarrollo del campo. Se me ocurre que si buscamos una única receta para propugnar por un buen desarrollo agrario integral vamos a tener más dificultades que coincidencias políticas, por ello me atrevo a sugerirles abandonar esa compleja vía troncal de la estrategia y sustituirla por la suma de otras pequeñas y numerosas vías que desemboquen en ese anhelo integral del desarrollo agrario colombiano, previo a una gran Reforma Agraria. Está muy bien que por fin se fortalezcan las reservas campesinas, que se piense en efectivas garantías de seguridad alimentaria y salud pública para los ciudadanos del campo, que se asegure el acceso tranquilo a la propiedad agraria productiva, en fin, que se piense en el bienestar integral de los actuales habitantes del campo, pero sobre todas las cosas hay que estimular el urgente e indispensable regreso del campesino actualmente anclado en las franjas de hambre de nuestras ciudades capitales, atrayéndolo, proponiendo establecer seductoras ciudadelas campesinas, con amplia dotación social en materia de vivienda digna, servicios públicos esenciales, colegios, institutos técnicos y universidades al alcance de estos nuevos ciudadanos del campo colombiano.

Derechos Humanos y Empresas (parte 4)

Por: Armando Pérez Araújo

Quiero proponer una nueva Debida Diligencia:
Uno de los asuntos, repito, uno de tantos, que constituyen la denominada Debida Diligencia de las Empresas en materia de Protección y Respeto de los Derechos Humanos es el de los mecanismos No Judiciales de reclamación por agravios. Sobre este punto hay bastante tela que cortar. Una de las tareas se refiere a la necesidad de implementar, al interior de las empresas de gran tamaño, obviamente, un Sistema de Administración de Quejas, que en algunos casos ya se viene manejando, sin que ello signifique que la estrategia esté plenamente desarrollada. Cinco empresas de gran tamaño a nivel mundial, Cerrejón, Sakhalin Energy, Esquel, Tesco y Hewlett Packard, dieron el paso y se erigieron en pioneras y pilotos de esta experiencia y novedoso mecanismo, inspirado desde ese momento en las insinuaciones de las Naciones Unidas, alrededor de los principios elaborados por el señor Jhon Ruggie. El secreto de este experimento consiste en poner en práctica la estrategia de hacer un procedimiento de quejas legítimo, accesible, predecible, equitativo, compatible con los derechos, transparente y basado en el diálogo. Esta cultura de tomar el toro por los cachos, en cuanto a abordar bilateralmente y mediante el diálogo reglado el manejo de las quejas, insisto, aún se está edificando y se halla en vía de desarrollo y crecimiento, lo cual, sea como sea, representa un avance, digno de reconocimiento. Este modelo tiene como uno de sus fundamentos, para que sea usado como una vía expedita de búsqueda de solución, que sea creíble y confiable. Recientemente fuimos consultado por el El Instituto de Derechos Humanos Ludwig Boltzmann de Vienna, Austria, que expresó el interés de sopesar los avances y resultados de estas buenas prácticas, de las empresas mencionadas y, además de GAP/Lesotho y Hewlett Packard/México. Esto lo que demuestra es que es permanente y creciente el interés en el mundo de las Empresas y los Derechos Humanos, sobre el funcionamiento efectivo de estas estrategias no judiciales, en el marco de la Debida Diligencia.
La propuesta que desearíamos sea estructurada y aprobada va dirigida al sector empresarial, y no por ello ajena a la sensibilidad de las esferas del Estado y la sociedad civil, y consiste en que las Empresas que por su tamaño y características tengan necesidad y deseo de avanzar en la correcta diligencia de proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, dentro del novedoso marco de las Naciones Unidas, procuren la adopción de un Reglamento que contenga las normas de funcionamiento de una instancia mixta, es decir, un escenario conformado por expertos en Derechos Humanos, internos y externos, a fin de seleccionar con la mayor objetividad e independencia casos de especial connotación y buscar soluciones definitivas de las correspondientes controversias judiciales o extrajudiciales. La diferencia con el mecanismo actualmente en funcionamiento es que éste, el que estamos proponiendo, no se active por el impulso de una queja. Es algo más especializado y comprometido con la protección y respeto de los Derechos Humanos. Otra diferencia, clave y esencial, que la convierte en un modelo elocuentemente creíble, es la composición mixta de los integrantes del colectivo que dirija la novedosa estrategia.
La iniciativa en esta materia, es decir, la configuración, aceptación y aprobación legal del mecanismo, deberían asumirla directamente las empresas, de manera unilateral y voluntaria, lo cual no impide que lo sea también por intermedio de los gobiernos interesados en que las empresas instaladas en su jurisdicción actúen dentro de ese mismo marco, dado que ello, además, generaría un importante factor de descongestión de despachos judiciales, pues, no solamente abocaría casos judiciales susceptibles de ser conciliados, sino que evitaría que buena cantidad de asuntos controversiales caigan en la engorrosa y costosa esfera jurisdiccional. Resaltemos que estamos haciendo referencia a temas y casos relacionados con la protección de los Derechos Humanos. Entiéndase, además, que estamos hablando de lo que claramente es una obligación para empresas privadas y Estados, abordar el respeto de los Derechos Humanos, como algo inherente y esencial a las obligaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La instancia funcionaría como un pequeño tribunal interno, que entre otras funciones tendría la de seleccionar casos cuya razonable percepción aconseje abordarse por esta vía.
La composición mixta de esta instancia interna tiene su explicación en la circunstancia de que una buena cantidad del torrente de controversias existentes, alrededor de políticas sobre Derechos Humanos al interior de las empresas, pertenece a la dinámica impulsada o aceptada por las jerarquías de estas organizaciones. No sería errado, pues, entender las bondades de un adecuado contrapeso.

Empresas y Derechos Humanos (parte 3)

Por: Armando Pérez Araújo.
Aprovechemos lo escuchado en el Foro de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, realizado en Ginebra durante los días 4y5 de diciembre del presente año, magnífico escenario donde estuvimos algo más de mil personas provenientes o representando alrededor de 85 países. Para empezar, resaltemos que el Consejo de Derechos Humanos estableció este Foro anual sobre las empresas y los Derechos Humanos bajo la dirección del Grupo de Trabajo, para que interesados de todas las regiones —incluidos Estados, instituciones internacionales, organizaciones regionales, empresas comerciales, sociedad civil, personas y grupos afectados y otros interesados pertinentes— pudieran entablar un diálogo y una cooperación acerca de cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos a fin de alcanzar el objetivo de la aplicación efectiva e integral de los Principios Rectores. Concretamente, el Foro debía facilitar el examen de las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores, incluidos los problemas de determinados sectores y ámbitos de operación o en relación con derechos o grupos específicos, así como la definición de buenas prácticas. (tomado del texto de la plataforma organizativa del Foro)
En tal sentido nuestro aprendizaje a partir de este Foro no podrá ser otro que enfocarnos, principalmente, a plantear que se desarrollen de diferentes maneras las estrategias relacionadas con " el acceso a vías de reparación mediante mecanismos de reclamación a nivel operacional". Este interesante tópico será uno de los tantos asuntos que deberá constituir un avance como resultado de este privilegiado escenario de diálogo y cooperación multilateral de factores y actores.
Adicionalmente, concluyamos que tanto los Estados como las Empresas coinciden teóricamente en " la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos cometidos por empresas a vías de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales". Este punto no está en discusión, además, pertenece a la incorporación textual de los Principios Rectores sobre la Empresas y los Derechos Humanos.
Lo que también quedó claro, y ello constituyó una constante en las reflexiones y recomendaciones de los panelistas, es la necesidad de que los Estados afirmen y reafirmen su rol de autoridades obligadas a cumplir con las tareas de "prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia". Repito, eso quedó claro, pues no sería honesto el Estado que reclame de las empresas protección y respeto sobre los Derechos Humanos, si sus diferentes niveles y órbitas (ejecutivo, legislativo y judicial) han suprimido de sus políticas la agenda relativa al cuidado de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Y surgió, además, otra clara conclusión: que tampoco es honesto prescindir en el debate político del juicio a las autoridades encargadas de administrar y ejercer el control respecto a los poderosos recursos provenientes del ejercicio empresarial de las multinacionales, llámense impuestos o regalías. No se excluyen, pues, de éste examen de conciencia el Estado en sus diferentes niveles y esferas, las empresas y la ciudadanía en general, incluyendo en este último marco los dirigentes políticos y sociales regionales y nacionales.