BOMBA DE TIEMPO (3)
No es posible avanzar en este reiterado planteamiento nuestro, sin respirar profundamente y reflexionar sobre el significado y alcance del vocablo TERRITORIO. Personalmente creo que aquí está el meollo de la confusión reinante en esta materia clave de la realidad social de La Guajira, por lo tanto es menester hacer unas mínimas precisiones: la primera que se me ocurre proponer es que tengamos que admitir que esa realidad está amarrada a la realidad de la etnia wayuu. Creo que esta afirmación es incuestionable e indiscutida, hasta por quienes miran por encima de sus hombros la connotación histórica y política del pueblo indígena, por lo tanto podríamos deducir que lo que sigue es comprender que hay asuntos, entre ellos la territorialidad del pueblo wayuu, que no se puede ni se debe eludir a la hora de pretender la defensa de los derechos de La Guajira. Además de perverso sería absolutamente desconcertante e insensato que en vez de acudir a la territorialidad wayuu se elija prescindir de ella a la hora del debate jurídico y la propuesta político administrativa, que es lo que lamentablemente viene ocurriendo de forma inveterada. Políticos, académicos y líderes sociales, claro, con distinguidas excepciones, acuden a la palestra de las corporaciones públicas, a las columnas de opinión, a los micrófonos de la radio y la televisión, a los escenarios de gobierno, etcétera, a defender, por ejemplo, el comercio fronterizo, la estabilidad jurídica de los puertos de la Alta Guajira, en fin, el universo comercial y aduanero de La Guajira, prescindiendo de la argumentación de fondo que no es otra cosa que la respetabilidad constitucional del territorio wayuu. Les produce urticaria utilizar el argumento territorial wayuu porque saben que ello tendría que desembocar en la autonomía, el gobierno propio, la consulta previa y todo lo que ellos llaman carajadas constitucionales del derecho de los indígenas. Este intento de frenar el desarrollo de las garantías indígenas es lo que ha generado un ambiente de desterritorialización de La Guajira y ha convertido el sagrado escenario territorial indígena en una especie de extenso y caótico potrero sin normas de protección para ninguna actividad. Usted, amiga lectora y amigo lector, póngase a pensar, con qué cara nuestros personajes, me refiero a los que mandan en la política de La Guajira, van a luchar por los efectivos privilegios territoriales del pueblo wayuu, si ellos, estos personajes nuestros, son los crasos usurpadores de esas garantías constitucionales. Revisen municipio por municipio y me dirán. La pregunta que sé que les surgirá es la siguiente: ¿entonces, cómo lo hacen?, ¿cómo hacen para no mencionar los intereses wayuu, siendo que ello es tan evidente, en una de esas reuniones con las esferas del poder central? Les respondo: claro que sí hablan de los intereses wayuu. Si el tema es la normatividad portuaria, por ejemplo, resaltan las estadísticas que indican la mano de obra wayuu utilizada en el cargue y descargue de los barcos y que estaría abocada a un cese laboral forzoso. Incluirían el potencial desempleo de choferes indígenas de tanta cantidad de camiones, el lucro cesante de pequeños y medianos capitales de indígenas invertidos en el parque automotor amenazado. Las mujeres indígenas que quedarían cesantes en su oficio de cocineras en los puertos. A los niños wayuu se les encimaría otra causa de morbilidad y mortalidad. Y, si el tema es el comercio de Maicao, ocurriría lo mismo, idéntica argumentación más la connotación fronteriza. Jamás de los jamases esgrimirán el territorio wayuu como arma jurídica. Aunque no cuaje como razonamiento válido, aunque parezca estrambótico, a La Guajira le tocará empezar a razonar y entender que el camino de la paz y del desarrollo es la territorialidad wayuu. Montesquieu y Rouseau, que fueron los primeros en precisar el alcance de este término político, enseñaron que territorio es una extensión de tierra donde habita una colectividad humana con una “autoridad definida”. No nos digamos mentiras: eso aquí lo tenemos como un simple adorno de nuestra Constitución.

BOMBA DE TIEMPO (2)
A propósito de la legitimidad de senderos y trochas del comercio fronterizo, a que hicimos referencia en el artículo anterior de esta peque...ña serie, por encima de la voluntad de gobernantes locales y nacionales de ambos países, es pertinente recordar y resaltar que nos estamos refiriendo es a la LEGITIMIDAD WAYUU. Entonces, es a esa legitimidad a la que la sociedad de toda La Guajira y de gran parte del resto del territorio colombiano, especialmente de la costa, le debe el ingreso masivo histórico de artículos de primera necesidad de origen venezolano. El sujeto colectivo de esa legitimidad es el pueblo wayuu, sin demeritar el derecho de otros colectivos humanos que se hallan asentados en zona fronteriza, y el eje político y administrativo sobre el cual gravita y deberá gravitar el grueso de esos derechos es lo que claramente constituye el TERRITORIO WAYUU. La gallina de los huevos de oro ha sido el territorio wayuu, desde los puertos indígenas por donde ingresan mercancías de otros países y continentes hasta toda la frontera física con el hermano país. Gracias a ese beneficio o privilegio territorial, muchos acertadamente lo comparan con una zona franca natural, hemos tenido vehículos y partes de vehículos, maquinaria, semillas y productos del campo, gasolina y gasoil, y pare de contar. Todo ha llegado al pueblo colombiano a pesar de las leyes y decretos restrictivos de ambos países, pero gracias a las garantías de la legitimidad del territorio wayuu. Desde el ángulo contrario, y a título de anécdota ejemplarizante, recordemos que gracias a la legitimidad del territorio indígena wayuu, pudo sostenerse de pie el gobierno del Presidente Chaves, cuando la oligarquía venezolana pretendió desabastecer a toda Venezuela, seguramente que apoyada por la oligarquía nuestra. El ingreso de alimentos y combustible colombiano fue apalancado y asegurado por el pueblo wayuu y gracias a la legitimidad de su territorio.
Es forzoso concluir que no podemos ser tan desagradecidos, ni con los venezolanos que hoy hacen lo que nuestros compatriotas en épocas de bonanza hacían en las esquinas y semáforos de las ciudades del hermano país, ni con la legitimidad del territorio wayuu. Vale decir, que no deberíamos denigrar de la calamidad, ojalá ocasional, de la economía venezolana, tampoco propender la degradación del poder político del territorio wayuu.

BOMBA DE TIEMPO (1)
Al grano: lo que estamos presenciando en Maicao es un espectáculo sencillamente grave. Las calles atiborradas de artículos de primera necesi...dad provenientes de Venezuela, a precios increíblemente baratos, resultado del precio del bolívar. Algo peor que eso es el ridículo ejercicio de una soberanía mal entendida del gobierno colombiano que pretende atacar el caótico pero explicable fenómeno comercial con medidas represivas, producto de su mayor equivocación histórica que ha sido concebir el territorio indígena wayuu como una especie de extenso potrero público. Hemos defendido hasta la saciedad que es inútil e inconveniente, por el lado que se le mire, prescindir de los derechos humanos internacionales del pueblo wayuu, a la hora del análisis y de la toma de decisiones. Concretamente, en el caso de La Guajira, es escandalosamente mediocre ignorar la connotación jurídica del territorio fronterizo, es decir, el peso constitucional respecto a la Carta nuestra y frente al bloque de constitucionalidad, para no entrar en otras consideraciones que atañen a la gran crisis económica del hermano país. La cosa es tan grave que la situación de aparente abundancia podría desencadenar en un inusitado fenómeno de violencia, incluyendo, ahora sí, la suerte del pueblo wayuu. No caigamos en la trampa de echarle la culpa a Maduro o de aprobar la asquerosa reacción de quienes predican que hay que expulsar a los venezolanos que vienen a Maicao a rebuscarse la vida vendiendo cosas para sobrevivir. ¡No deberíamos ser tan olvidadizos! Recordemos que gracias a la economía venezolana, en La Guajira el pueblo guajiro, el verdadero pueblo, ha podido acceder a todo lo que la distancia del centralismo colombiano le ha negado históricamente. Todo ha venido a La Guajira tropezando con la ley de ambos países, pero por los naturales senderos y trochas de la legitimidad.

Mi derecho a votar por Santos

En primer lugar tengo miedo, pánico de que los inolvidables capítulos de nuestra historia reciente se repitan. Tengo derecho a tener ese miedo y ese pánico. Qué me importa que el candidato presidente esté haciendo política con la bandera de la paz, que haya convertido la concordia de los colombianos en estrategia electoral. Qué importa eso, si es eso lo que necesitamos que se vuelva una rutina de nuestra democracia. Es eso lo que quiero que me convoque. Lo que no quisiera escuchar jamás en mi país son los discursos para atajar los avances de la paz. Es el colmo que haya quienes pretendan convocar con las banderas electorales de la guerra a los colombianos, crean que ello es legítimo, y criminalicen la búsqueda de la paz que anhela toda la sociedad. Voy a votar por Santos porque creo que el tema de la paz va en serio. De el lunes 16, en adelante, miraremos qué pasa si él continua como presidente.

EL COLMO DE LA DESFACHATEZ

Por: Armando Pérez Araújo

La aventura de Ecopetrol y Repsol de provocar una reacción de toda Colombia para rechazar la estrategia de aniquilar las posibilidades de autonomía del pueblo Wayuu, nada menos que en El Cabo de la Vela, sirve para explicar lo que es fácil y no quieren entender en materia de Consulta Previa, el gobierno y los terrófagos que no desaprovechan la fragilidad normativa de nuestro establecimiento jurídico constitucional. Es el colmo de la desfachatez y de la mediocridad política pretender encender una sonora controversia internacional, no será menos que eso, alrededor de la pervivencia Wayuu en el Cabo de la Vela y de la tranquila existencia de este consagrado y sagrado refugio turístico y ambiental de todos los colombianos y de muchos extranjeros de diferentes partes del mundo. Convocamos, invitamos y alertamos a todas y todos nuestros amigos y aliados, nacionales y extranjeros, para que cerremos filas alrededor de la defensa del Cabo de la Vela. Estaré listo, desde ya, para atender la defensa jurídica y política del territorio de Jepira. Lo he estado siempre, cuando se ha tratado de otras latitudes de la territorialidad indígena o afro descendiente, con mucha más razón estaré ahora, teniendo como tengo adicionales y poderosas razones familiares. Debo denunciar ante la opinión del país y de La Guajira que estos señores de Repsol no pueden certificar sus antecedentes de buena conducta, lo que significa que su aparición en el panorama de la territorialidad wayuu generaría no pocas malas noticias.
Miren esto: recientemente, aún hay ruido sobre ese tema, el gobierno autonómico catalán, el Generalitat, acusó a Repsol de ocultar el vertimiento de entre 4.500 y 6.000 toneladas de material contaminante alrededor de La Pobla de Mafumet, provincia de Tarragona. Como quien dice una segunda y agravada versión de lo ocurrido con la multinacional Drummond en las playas de Santa Marta. Independiente de los legítimos recelos que genera una amenaza de esta naturaleza para la paz, para la estabilidad económica y cultural del pueblo wayuu, en un sitio emblemático de su religiosidad, lo que más preocupa es la fragilidad jurídica de nuestro ambiguo sistema garantista en materia de Consultas Previas. La normatividad vigente se manifiesta con una inconveniente doble moral: por una parte, es cierto, hay una clara y perentoria advertencia sobre la inviolabilidad del instituto de la Consulta Previa; por otro lado, también es cierto, hay un boquete, igualmente ratificado por la jurisprudencia de las altas cortes, que indica que la Consulta Previa e Informada no constituye un poder absoluto en cabeza de las comunidades para impedir o frenar una decisión en uno u otro sentido. Lo anterior, fácil de comprender, constituye la más inaceptable ambigüedad jurídica en detrimento de todos, inclusive de proyectos empresariales o iniciativas legislativas de significativo interés para la sociedad, incluidas las comunidades frágiles, por supuesto. Recordemos que hace pocas semanas el establecimiento gubernamental y empresarial colombiano expresó su insatisfacción por los complejos, costosos y extendidos trámites de la Consulta Previa y la pre Consulta Previa, por una parte, y, por otro lado, los líderes indígenas del país, reunidos extraordinariamente en el municipio de Sampués (Sucre), también expresaron sus particulares preocupaciones respecto a este reprochable fenómeno de incertidumbre e inseguridad jurídica. Lo que debe abrirse paso ya, y lo digo con la mayor claridad y énfasis, compatible con la seriedad con que debe manejarse el respeto a la diversidad étnica y cultural, en situaciones y circunstancias como estas, frente al peligro que se cierne sobre el Cabo de la Vela, por ejemplo, es que este tipo de proyectos, socialmente peligrosos, cultural y económicamente ruinosos, terminantemente deben estar prohibidos por el legislador colombiano.

¡Poseemos problemas…!

Por: Armando Pérez Araújo

Me estoy imaginando un escenario ideal para una ineludible discusión sobre la suerte de los ríos de La Guajira frente al tema de la minería y otros fenómenos. Sea como parte del imprescindible debate sobre la supervivencia de los ríos o alrededor del componente del desarrollo sostenible frente al entorno de los mismos. O respecto de ambos tópicos, que sería lo deseable y, digamos, lo más aconsejable en estos momentos de sensibilización a nivel global. A raíz de la visita a Colombia de dos expertos internacionales en estos temas, Joan Martínez Alier y Gunter Pauli, y no es la oportunidad de alinearnos con la postura de uno u otro personaje, saltan a la palestra de minería y medio ambiente varios argumentos de una y otra posición ideológica. Simplemente, quiero rescatar y aprovechar de la artillería de ambos lo más adaptable a nuestro caso concreto, para no entrar en consideraciones abstractas y fuera de contexto práctico. Tampoco, en esta oportunidad, incluyo las serias y profundas consideraciones relativas a los derechos específicos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, asunto de marca mayor y de rango superior en el concierto del respeto y protección de los derechos humanos internacionales. Ello será materia de un análisis posterior y especial.

Me gusta, por ejemplo, la crítica que hace Martínez Alier a lo que podrían ser los desastrosos efectos de la llamada locomotora minera, si no se tienen en cuenta los costos sociales y ambientales de la contigüidad de la minería. Nadie puede oponerse a semejante aseveración. De la misma manera que es imposible no comulgar con la advertencia de este eminente catalán cuando censura decisiones o tendencias que impliquen extraer petróleo del Amazonas, lado colombiano, o ecuatoriano, como ocurre con el sensible caso del Parque Nacional Yasuní, en el vecino país, calificado como Reserva Mundial de la Biosfera. Y resaltemos que no se necesita ser tan eminente para rechazar la posibilidad de destruir el páramo de Santurbán, dizque para proteger la extracción del oro en ese precioso lugar de nuestra patria, o para cuestionar y condenar la amenaza a que está expuesta la región de Cajamarca en el Tolima, por la misma motivación aurífera. Casos como estos abundan en Perú, Bolivia, Filipinas, India, inclusive en La Guajira, para no ir muy lejos, etcétera, donde no cabe la posibilidad de jugar contra la conservación del medio ambiente, en términos macros, graves e irreparables, arriesgando la existencia misma de la naturaleza.

Por otra parte, es muy difícil y complicado comulgar íntegramente con el señor Gunter Pauli, pero hay cosas de su repertorio ecológico que nos parecen inteligentes, apropiadas y, particularmente, pertinentes. No sé hasta donde sea útil su propuesta de sembrar 20.000 hectáreas de guadua para compensar y remediar el impacto producido por Anglo Gold Ashanti en el Tolima, pero lo cierto es que hay muchos temas de la artillería de este prestigioso belga que nos ponen a pensar sobre una batalla que más temprano que tarde tendremos que librar en La Guajira para recuperar la salud de los ríos y garantizarles su existencia futura. Poseemos problemas, como dijera Pedro el Escamoso, con los ríos de La Guajira. Digámoslo enseguida y sin tapujos: el Río Ranchería, que ya no es el monumental y vigoroso caudal de agua superficial de otrora, está en franco y fatal deterioro desde hace varias décadas, atribuible a causas de diversa índole y rango. Las mismas causas que en otras latitudes departamentales están actuando u omitiendo responsabilidades, permitiendo, ocasionando, sean personas de carne y hueso o empresas, entidades administrativas o de control, en otros sitios clave del desarrollo, de la economía y la vida de la región, llámense Río Palomino, Río San Salvador, Río Negro, Río Ancho, Río Cañas, Río Mamey, Pozo La Danta, Río Jerez, María Mina, Río Tapias, para no mencionar nada más que este sagrado puñado de fuentes de agua pura que a veces se resiste a la agresión y reacciona furioso contra lo que encuentra a su paso, inundando poblados, generando avalanchas, destruyendo casas y cultivos, es decir, pronunciándose de manera grosera y estrepitosa para llamarnos la atención.

Volviendo al señor Gunter Pauli, quien dice haber contratado con Anglo Gold Ashanti la siembra de cien hectáreas de guadua, como cuota inicial de su estrategia de veinte mil, en compensación social y económica aplicada al caso de Cajamarca, Tolima, independientemente de que ese caso específico es diferente y mucho más grave que el nuestro, a mí me suena mucho la idea de rodear todos nuestros ríos de guadua, incluyendo, por supuesto, las zonas adyacentes al Río Ranchería. Nos haríamos interminables hablando de las propiedades ecológicas de la guadua y sus beneficios económicos, inclusive, en el campo de la medicina y la alimentación. Lo que interesa ahora es proponer en el debate que ya tiene que empezar, sobre las reglas del modelo de compensación económica y ecológica, este parámetro interesante y viable de una nueva y alternativa economía. Pienso que para La Guajira estaríamos hablando de cuarenta o cincuenta mil hectáreas de guadua, como una medida cortoplacista y de choque.

 

 

¿ HUELGA EN CERREJÓN?

Por Armando Pérez Araújo:
Históricamente las huelgas, salvo pocas excepciones, han servido para presionar progresivos avances en materia de garantías laborales para los trabajadores. El pulso que en estos días inclinó el músculo de la voluntad colectiva de los trabajadores a favor de la decisión del decreto de la huelga, contrariamente a lo que se pueda pensar, no fue decidido para rechazar la vía del diálogo con la empresa. La impresión que se tiene, que tenemos, es que se abrió camino en el seno del colectivo de los trabajadores la tesis de jugar a ganar políticamente. A ganar en las urnas, en este caso, con la bandera de la huelga. La pregunta que salta a primera vista es si es políticamente rentable cargar con las complejas consecuencias de una huelga, de las caracteristicas sociales y económicas, de una huelga en Cerrejón, es decir, si se puede resultar siendo gananciosos, desde el punto de vista político, la comunidad de trabajadores, los líderes sindicales, líderes sociales y líderes políticos embarcados en tamaña aventura. Y aquí estamos pensando en si el juicio que seguramente hará la sociedad departamental y nacional premiará, políticamente, cipote berenjenal económico que se generará, principalmente en La Guajira.
Respetuosamente, muy respetuosamente, compañeros trabajadores, compañeros líderes sindicales, compañeros líderes sociales y compañeros líderes políticos, piensen bien en este próximo paso. No descarten la alternativa del diálogo. Exploren diferentes formas de diálogo. Háganse acompañar de garantes y aliados eficaces, como serían los gobernantes locales, involucrados en este eventual drama de una huelga de estas proporciones. Tampoco renuncien, no se trata de eso y que quede muy claro, a los justos anhelos de conquistar mejores y permanentes garantías laborales.
No me puedo imaginar un cese prolongado de empresas, contratistas y subcontratistas. Tampoco alcanzo a suponer cómo sería el quiebre institucional de la gobernación y las alcaldías si de un cipotazo se fracturan los ingresos y demás beneficios provenientes de la actividad minera.
Habrá quienes por miedo a la censura no les digan las cosas con la total claridad y quienes por instinto gregario se sumen a la corriente que mayoritariamente ganó en las urnas con la bandera de la huelga. Yo prefiero la antipática vía de la comedida advertencia en momentos en que podría resultar más popular la arenga y el explosivo discurso del choque.