Tercer Tiempo del Relacionamiento de Cerrejón

EL TERCER TIEMPO DEL RELACIONAMIENTO DE LA EMPRESA  CERREJÓN
Por Armando Pérez Araújo



La Historia de la relación de la minería carbonífera del Cerrejón con la sociedad nacional y regional tiene tres importantes momentos que vale la pena resaltar:
En un comienzo fue una relación, digamos que unánimemente solidaria con la minería, de parte de líderes sociales y académicos, especialmente, tanto a nivel regional como nacional. Salvo algunos debates y reflexiones jurídicas alrededor de la conveniencia del Contrato de Asociación Carbocol-Intercor, lo demás fue una práctica unanimista y de manifiesta solidaridad con la explotación carbonífera.
Posteriormente, y una vez estaba dimensionado y bien consolidado el proyecto minero, en lo que se podría llamar un segundo momento de esa relación, surgen reclamaciones y esporádicos reclamantes. Comenzaron a generarse situaciones que interfirieron en la normal relación de vecindad de la mina con algunas comunidades o familias impactadas, fruto, además, del entendible crecimiento de la minería y de la increíble imprevisión y vacío institucional de la autoridad estatal colombiana. Se agrietan completamente las relaciones de la empresa minera con los reclamantes y/o con sus representantes, pero se mantiene inmodificable el apoyo de los sectores del gobierno y la política con las empresas mineras. No sólo los reclamantes de la época no tuvimos el acompañamiento de los políticos y el gobierno, sino que padecimos la aversión apasionada de esos sectores que no perdonaban una sola crítica a ese factor económico nacional generado desde La Guajira. Durante esta fase pasaron muchas cosas de la misma índole. Varias veces hicimos uso de una frase caricaturesca para referirnos a ese fenómeno de incondicional y ciega adhesión a la minería multinacional, que, valga la ocasión resaltar, generaba más daño que beneficio a la propia actividad minera, concebida ésta de manera integral y perdurable: les decíamos a esos defensores de oficio del impacto minero, especialmente a los influyentes personajes de la política local, que si las empresas mineras decidían invitarles para que se sentaran a conversar con seriedad algún tema de estirpe social, ellos corrían, apresuradamente y sin frenos, a acostarse y desvestirse. No recuerdo haber escuchado, con anterioridad a los recientes anuncios de la probabilidad de desvío del Ranchería, por parte de esos mismos dirigentes políticos de La Guajira y del resto del país, salvo rarísimas excepciones, alguna censura o advertencia, sobre la suerte ecológica de los ríos o arroyos del departamento de La Guajira. Lo que sí recuerdo perfectamente, quiero destacar el contraste a manera de ilustración pedagógica, es la aclamación unánime que recibió la Represa del Río Ranchería desde el anuncio de su construcción, fenómeno que no se compadecía con los riesgos ecológicos que imponía e impone semejante decisión en materia de impactos físicos a la suerte del río y el contorno. Es sabido el peligro ecológico permanente que constituye para la vida de un río la menor equivocación en el diseño y construcción de una represa, máxime si ello ocurre en las circunstancias de fragilidad del Ranchería. Daba la impresión que era electoralmente rentable apoyar sin condiciones y sin reservas la Represa del Rio. Igual impresión tenemos ahora de que los políticos metidos en este publicitado tejemaneje creen que es rentable, electoralmente hablando, aclaro, cuestionar cualquier modificación al cauce del Rio Ranchería. Aclaro nuevamente: estoy completamente de acuerdo con el debate que hay que hacer y que habrá que adelantarse con profundidad para salvaguardar la vida y la salud del Río Ranchería. Mi preocupación es pensar en que no se aborden desde un comienzo los verdaderos elementos de una buena argumentación jurídica y social por estar irremediablemente subyugados por los cálculos electorales u otras pasiones de inferior rango ético y moral, diciéndole que no a las cosas, simplemente porque nó. Me deja muchas dudas que se piense que bastarán las denuncias y los discursos. Digámoslo de otra manera: tengo entendido que la empresa Cerrejón aún no ha develado oficialmente su verdadera intención de desviar el Río Ranchería, en qué dimensión lo haría, etcétera, pero, lo cierto es que es un buen suceso, que habrá que valorarlo como una buena práctica, que de alguna manera haya contribuido a que el tema o la discusión esté en el tapete, gracias también a que hace varios años, hay que reiterarlo, en una asamblea de accionistas de Anglo American en Londres, por intermedio de Richard Solly, planteamos unos interrogantes a una de las empresas dueñas de la mina de Cerrejón. En ese momento, repito, planteamos algunas inquietudes sobre lo que hasta ese momento era un simple rumor de escritorios al interior de la compañía minera, y tenemos que colegir de la afirmación anterior que ahora no puede ser susceptible de crítica la empresa Cerrejón por el simple hecho de salir en forma temprana a la socialización de la iniciativa, haciendo tanteos, sondeos, midiéndole la temperatura a las comunidades, antes de avanzar en la propuestas de trámites, aspecto ese consagrado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas como un buen anticipo a la lealtad necesaria dentro del contexto de una sana controversia futura.
Me preocupa, insisto, es que estamos en este tercer tiempo de la relación entre la minería del carbón en La Guajira y los dirigentes nacionales y locales, donde han brotado desencuentros con las empresas mineras, por una parte, y sólo se están probando los músculos de la política local y nacional para fijar posiciones de dominio o de revancha frente al sector minero en general y particularmente respecto a la eventual desviación del Río Ranchería.
A mi me parece conveniente y útil, repito, que en forma temprana se realice un debate informado y argumentalmente sólido para examinar lo bueno y lo malo de la controversial iniciativa, pero creo que es igualmente peligroso que defender la eventual decisión de desviar el río sin una poderosa argumentación a favor, atacarla sin la razonable y bien elaborada plataforma argumental de impugnación.
Lo correcto, entonces, es exigir del Estado garantías para conocer oportunamente y en detalles la certidumbre de lo que parece aún no se ha decidido, pero que evidentemente sí quiere y necesita la empresa Cerrejón. Este es el debate que habrá que emprenderse de pie y sin perder en ningún momento la cabeza.

 

Armando Pérez Araújo interviene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defendiendo la Dignidad humana de una mujer enferma

El siguiente es el texto de la petición formulada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el abogado Armando Pérez Araújo en procura de una protección urgente a la salud, la vida y la dignidad humana de una mujer afrocolombiana residente en el Departamento de La Guajira, República de Colombia.

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

WASHINGTON, D.C.

Armando Pérez Araújo, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.171, 492, expedida en Bogotá, abogado de profesión y Defensor de los Derechos Humanos, me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa, en calidad de PETICIONARIO, para formular una denuncia o comunicación y dar a conocer una aberrante situación que ocurre en mi país, Colombia, que atenta contra la Dignidad Humana de una persona enferma, la cual nos duele y avergüenza a quienes tenemos cierto grado de sensibilidad y formación humanitaria. Los hechos los describo de la siguiente manera:

El 17 de febrero de 1960 nació en el corregimiento de Cotoprix, jurisdicción de la ciudad de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, República de Colombia, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA, quien vivió una vida normal hasta sus veintitrés años de edad, época en que tuvo su segunda hija. Hoy ya tiene 51.  A partir de los tres meses de nacida esta segunda hija, es decir, desde hace más de 27 años, MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA, hasta el sol de hoy, ha estado encerrada y amarrada dentro de un cuartucho oscuro de su humilde residencia, sin que haya sido posible en algún momento de curación o tratamiento médico digno y adecuado para menguar o remediar su minusvalía mental que padece desde entonces. El contexto social, cultural y de absoluta pobreza económica en que vive la familia de esta infortunada mujer, adicional a su condición de género, hace más doloroso el escenario y trato de crueldad e indignidad que vulnera sus fundamentales derechos y también los de su familia cercana, especialmente los sentimientos de su sufrida madre ELINA MERCEDES MEDINA, quien siempre ha tenido que soportar impotentemente el dolor de esta triste circunstancia, y en algunas veces la comprensible agresividad de su hija enloquecida. A manera de anécdota triste, los vecinos y familiares, acotan esta historia diciendo que cuando María del Carmen logra escaparse y salirse del control de su familia, acuden a ésta, solícitos, los miembros del Ejército y de la Policía Nacional a exigir la pronta “recaptura” de la mujer que atenta contra los cánones de la “moralidad pública”.

La sociedad y las autoridades de mi país, locales y nacionales, o no han hecho nada o no han hecho lo adecuado y correcto para manejar con tino y dentro de los cánones de sometimiento, humanitarios y clínicos, este largo tormento de toda una familia, que desdice, insisto, del respeto a la Dignidad Humana. Cuenta Elina Mercedes Medina, la madre, que en cierta ocasión el caso de su hija atrajo la atención de las dos cadenas de Radio y Televisión colombianas más importantes, es decir, Caracol y RCN, las cuales estuvieron presentes en el corregimiento de Cotoprix, realizando sendos programas para visibilizar el drama de su hija enferma, tema que fue profusamente reproducido por otros medios masivos de comunicación, regionales y nacionales, generando de manera efectista y obvia el inusitado interés y curiosidad ciudadana por la verificación del espeluznante caso. Lo anterior nos permite inferir que tanto la sociedad y autoridades competentes, locales, regionales y nacionales, en materia de protección social y salud pública de la República de Colombia, lo mismo que las organizaciones y organismos gubernamentales relacionados con la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos, debieron haber accedido al conocimiento pleno de la tremenda e insólita gravedad, lo cual ha configurado de forma creciente una lamentable omisión estatal, igual que una laxitud ciudadana respecto a esta grosera y repugnante vulneración de los derechos humanos de una mujer.

En el presente caso se está violando la Declaración Americana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, 1969; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, 1994; y de manera muy particular la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999.

Excepción al agotamiento de los recursos internos:

La Comisión puede estudiar y actuar en el presente caso, porque, además de que no existe en el país debido proceso concreto para proteger los derechos que se afirma están violados, igualmente de que es evidente que a la víctima, María del Carmen Rodríguez, ni a su familia, no se les ha proporcionado ni facilitado el acceso alguno a los precarios y casi inexistentes recursos internos, por ejemplo una eventual Acción de Tutela, debemos decir que en esta circunstancia de extrema pobreza, tanto de la mujer y su familia, se hizo y hace completamente imposible contratar servicios profesionales para actuar en uno u otro sentido judicial o administrativo.

A manera de ilustración y encaminándonos a demostrar cómo una situación de esta naturaleza no debería pasar desapercibida, especialmente, por las autoridades competentes, permítasenos recordar que, además de la normatividad interamericana citada, nuestro país también ha suscrito obligaciones internacionales con el sistema universal de las Naciones Unidas, toda vez que suscribió la Convención Internacional sobre derechos de personas con discapacidades, (firmada por Colombia el 30 de marzo de 2007 y ratificada en mayo de 2010), que dice que el propósito de este instrumento jurídico internacional “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. “

Además, el Artículo 4 de la citada Convención nos indica claramente el camino que los Estados Partes deben recorrer para ajustarse plenamente a los estándares jurídicos internacionalmente establecidos en materia de promoción y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad:

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;

Ante la evidente e indiscutible violación de los derechos humanos de MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA, desconociéndose abierta y cruelmente los estándares jurídicos establecidos en la normatividad Interamericana, no nos queda otro camino, pues, que implorarle a la jurisdicción competente del sistema Interamericano de los Derechos Humanos, su URGENTE Y EFICAZ INTERVENCIÓN HUMANITARIA Y JURÍDICA, asumiendo de manera directa y oportuna la orientación y directrices al Estado colombiano para hacer posible la curación, en caso de que ésta sea factible a estas alturas de completa desprotección y abandono, y, de todas maneras, implementar para esta persona un trato acorde y respetuoso de la Dignidad Humana de mujer mentalmente trastornada, principalmente, igualmente que generar la concienciación de instituciones, ciudadanía y de su círculo familiar, inclusive.

Dada la GRAVEDAD Y URGENCIA del presente caso, nos permitimos de la manera más respetuosa solicitar a la Honorable Comisión implementar la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES al Estado colombiano a fin de impedir se sigan generando daños irreparables, adicionales a los acumulados durante muchos años.

       

LOCOMOTORA SOCIAL

Hace un par de meses conocí por primera vez el NUEVO ROCHE y buena parte de lo hasta entonces construido de PATILLA y CHANCLETA, a raíz de la invitación que me hiciera el ingeniero Jairo Vergara, Jefe de la División de Responsabilidad Social de Cerrejón. Después volví por iniciativa propia, esta vez fui yo quien invitó a José Julio Pérez Díaz, líder de las reclamaciones de comunidades afrocolombianas afectadas por la minería multinacional y de Carlos Rúa, distinguido exponente de la academia y sin duda indiscutible luchador de las causas sociales de los afro descendientes en el país. Mi impresión, lo mismo que la de los dos improvisados acompañantes, fue la de reclamar para nosotros, de alguna manera, el reconocimiento de haber servido a los resultados tangibles, en términos de respeto por la Dignidad Humana de estos colectivos humanos: vivienda adecuada, magnífico proyecto de reinserción educativa para niños y adultos, servicios públicos en las mejores condiciones, especialmente el agua potable durante las veinticuatro horas diarias, como nunca ha ocurrido, lamentablemente, en otras importantes localidades de La Guajira, incluida la capital del departamento. De hecho, esta positiva impresión nuestra tiene un profundo significado, muy ligado a los difíciles orígenes de estas luchas sociales en favor de las comunidades impactadas por la minería a gran escala. Siente uno que algo bueno ha pasado, que ha valido la pena, y que no erramos el camino quienes escogimos la ruta jurídica para buscar y encontrar el equilibrio.
Faltan muchas cosas buenas por hacer. No sólo de parte de la empresa Cerrejón, que ojalá se mantenga en el mejor ritmo de iniciativas y proyectos asumidos en tiempos de León Teicher y Julián González, sino de soluciones originadas en el terreno estatal. Da grima la falta de carácter y compromiso gubernamental, en lo local y nacional, con los grandes y delicados temas sociales alrededor de la mega minería, particularmente en La Guajira. Siempre hemos defendido la tesis de que es, por lo menos, ridícula la argumentación de algunos que pretende excluir la responsabilidad estatal del manejo de la protección social debida a las comunidades impactadas por la minería a gran escala. Creemos que deben concurrir, empresas y Estado y sociedad, en la promoción y logro de soluciones sociales. El caso de Roche, para hablar solo de esta comunidad, es un buen ejemplo para construir la siguiente pedagogía: en este momento hay unas buenas soluciones para unas determinadas familias oriundas de esta localidad, pero hay una gran discusión relacionada con la cobertura, en términos numéricos, de los programas de responsabilidad social y resarcimiento. Nos parece que lo sano es que el Estado, a niveles municipal, departamental y nacional, no le saque el cuerpo a este delicado asunto, sino que más bien debería asomarse, dar la cara, a la discusión equivocadamente planteada y abrazar sin límites sus propias responsabilidades soberanas. Creemos que, independientemente de los beneficios potenciales de las mineras en estas zonas frágiles de la sociedad colombiana, es imperioso que aparezca vigorosamente el Estado colombiano en su verdadera dimensión y desempeñándose en su preciso rol social y constitucional. Si se nos permite el símil, es hora que aparezca el Estado anunciando la partida de la locomotora social en el terreno de la minería.

Buen Ejemplo

El hombre que humilló a Chevron
El abogado ecuatoriano Pablo Fajardo logró contra el gigante petrolero la mayor indemnización de la historia por un atentado medioambiental
Pablo Ximénez de Sandoval, El País
6 June 2011

Cuando se licenció en Derecho, a los 32 años, el ecuatoriano Pablo Fajardo llevaba más de una década en los juzgados pleiteando contra una de las empresas más grandes del mundo. En 2005, se sentó en una sala de los juzgados de Nueva York, con una carpeta en la que llevaba la defensa de los pueblos indígenas que habitan la provincia amazónica de Sucumbíos. Frente a él, se sentaron ocho abogados en representación de la petrolera Chevron, demandada por verter lodos tóxicos sin control durante casi tres décadas. En total, se enfrentaba a 39 abogados pagados por la tercera empresa más grande de Estados Unidos. "El que menos, tenía 25 años de experiencia letrada", asegura Fajardo. Él, solo uno. "Pero yo tenía una ventaja", dice Fajardo. "No había que inventarse nada. Yo sólo tenía que contar una historia".

Es la historia de una catástrofe ecológica 30 veces mayor que la del vertido del petrolero Exxon Valdez, según los demandantes. También es la de una sentencia, dictada por un juez del pueblo de Lago Agrio, Ecuador, que fijó la indemnización más cuantiosa de la historia en una acción judicial por delito medioambiental: 8.560 millones de dólares. Entre medias, décadas de sufrimiento y muerte, en un lugar donde ya era suficiente sobrevivir a la miseria.
José Fajardo y María Mendoza dejaron la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador, buscando un futuro en el noreste, donde una masiva actividad de extracción de petróleo atraía trabajadores. Se instalaron con sus 10 hijos a finales de los años ochenta en un pueblo llamado Shushufindi (remo, en idioma secoya), en la provincia de Sucumbíos, en plena Amazonia. Pablo Fajardo Mendoza era el quinto de los hermanos. Tenía 14 años.
Es difícil convencer a quien no haya estado allí nunca de que "había petróleo por todas partes". En el campo, mezclado con la tierra. En las casas, en el aire. Desde luego, en los caminos, porque según cuenta Fajardo los camiones de Texaco rociaban los caminos de tierra con petróleo, en una especie de asfaltado improvisado para que no se levantara polvo. Fajardo recuerda una juventud con los pies llenos de petróleo, los pantalones manchados, las paredes... todo. Es habitual perder el calzado por los caminos. Imagínese que sale a la calle después de haber caído un chaparrón y va en chancletas. Ahora imagínese que en vez de agua es petróleo. La vida aún es así en Sucumbíos.
356 pozos petroleros perforados
Según los datos de Fajardo, Texaco perforó 356 pozos de petróleo en la Amazonia ecuatoriana. "Pero además de esto, en cada pozo que perforaba construía cuatro o cinco piscinas para arrojar los desechos tóxicos". Ahí se almacenaba también el agua tóxica usada para extraer el petróleo. "La empresa siempre construía las piscinas de desechos lo más cerca posible a un río. La idea era deshacerse de ellos de una forma fácil y barata". Así, el problema del suelo se trasladó al agua. Esa agua llevaba azufre y otros tóxicos por su contacto con el petróleo. Al evaporarse, caía sobre la selva en forma de lluvia ácida. La tierra, el agua y el aire saben a petróleo.
Texaco, adquirida por Chevron en 2001, empezó a perforar el Amazonas del norte de Ecuador, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, con una concesión del Gobierno en 1964. Salió de la zona en 1990 y dejó la explotación a Petroecuador. En aquella zona vivían al menos cinco tribus indígenas antes de que se llenara de trabajadores y de petróleo. Dos de ellas, Tetetes y Sansahuaris, han desaparecido para siempre. El envenenamiento de los ríos acabó con la pesca. El resto de las tribus pasaron de la economía de subsistencia en la selva a la miseria en la economía de mercado, trabajando para la petrolera.
Fajardo también trabajó para Texaco. No había mucho más. Era adolescente y trabajaba ayudando de peón en lo que salía, por ejemplo, tapar con tierra de cualquier manera un derrame de petróleo. Mientras, empezó a colaborar con una misión de religiosos capuchinos navarros, donde pudo estudiar y comenzó a ver qué era el "trabajo con las comunidades". "Al salir al campo te dabas cuenta de que el problema era real. Había contaminación, sus animales morían, sus hijos estaban enfermos, había cáncer, abortos... y la gente no tenía dónde recurrir". Recuerda que la única preocupación de las autoridades locales entonces era proteger a Texaco.
Alrededor de la misión de los padres capuchinos, puso en marcha el embrión de la resistencia, un comité de derechos humanos formado por campesinos e indígenas. Eran 50 personas organizadas por Fajardo. Tenía 16 años. Le echaron de la empresa petrolera y también de una palmicultora que era la única alternativa laboral. Acabó viviendo de su trabajo en la misión. "Los mismos curas me buscaron una beca, de una persona a la que no conozco, que financió mis estudios en la universidad". Estudió Derecho por correspondencia.
"Era una necesidad. Cada vez que recurríamos a una autoridad, nos decían 'busquen un abogado que los ayude". Decidió que él sería el abogado. El pequeño grupo creció con afectados de otros pueblos. El caso se hizo internacional con la publicación de un libro, Amazon Crude, de una abogada estadounidense llamada Judith Kimberling. Eso atrajo la atención necesaria para encontrar abogados que presentaran la primera demanda contra Texaco. Fue el 3 de noviembre de 1993, en un juzgado de Nueva York, por iniciativa de hasta tres abogados estadounidenses distintos atraídos por la historia. En 1994, el adolescente que había organizado a las comunidades afectadas terminó la enseñanza secundaria.
Juicio en Ecuador
La defensa de Texaco a partir de entonces se basó en decir que EE UU no era competente para juzgar el caso. De existir el daño, debía juzgarse en Ecuador. "Tenían influencia en el sistema político y judicial, estaban convencidos de que podrían controlar el juicio. Y de hecho era verdad". La sentencia tardó nueve años en llegar. Texaco ganó la batalla el 16 de agosto de 2002. La Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó que el juicio se hiciera en Ecuador, con la condición de que se permitiera a los demandantes un año de plazo para rehacer su caso. La petrolera no tenía ni idea de lo que acababa de conseguir.
El 7 de mayo de 2003, dentro de plazo, se presentó de nuevo la demanda ante la Corte de Justicia de Sucumbíos. Pablo Fajardo colaboraba con los abogados estadounidenses y ecuatorianos que se habían hecho cargo de la causa. El quinto hijo de José Fajardo y María Mendoza se había graduado en Derecho en 2004. Al año siguiente, asumió el caso como abogado principal. La guerra de expertos y peritos llevó a hacer 106 informes periciales distintos, 58 de ellos financiados por Chevron, y el resto, de la otra parte. "Todos ellos demostraban la presencia de hidrocarburos".
Por entonces, todo este litigio lo estaba pagando un bufete de Filadelfia, Khon&Graf, para quien el caso de Texaco-Chevron era una inversión a riesgo. Es decir, si ganaban se llevaban parte de la indemnización, y si no, no cobraban. Basándose en un controvertido informe pericial, los afectados por el vertido reclamaban una indemnización de 27.300 millones de dólares, en la que estimaban el coste de las reparaciones por las muertes y las enfermedades más la limpieza completa de la zona.
"Hubo testimonios desgarradores. Conozco a gente que ha muerto durante el proceso. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer y su hija también. Todo era gente así, que lo había vivido". La gente contó ante el tribunal cómo sus familiares cayeron a los pozos tóxicos y murieron envenenados. "Una señora se cayó al intentar rescatar a su vaca, tragó petróleo y murió poco después". La incidencia del cáncer en la región es anormalmente elevada, según los denunciantes.
En 2004, ocho días antes de empezar la fase pericial del juicio, William Fajardo Mendoza, hermano de Pablo, fue hallado muerto. Tenía 28 años. Lo torturaron salvajemente antes de asesinarlo. "Yo no puedo afirmar que Chevron esté detrás", ha dicho siempre Pablo Fajardo, y lo mantiene. Por aquel entonces le advirtieron de que también lo buscaban a él. Lo comprobó una noche en que dos hombres armados hicieron guardia en la puerta de su casa, mientras él estaba escondido en la de unos vecinos. Tiene tres hijos, de 14, 7 y 3 años. Toda la familia se desperdigó por otros pueblos por seguridad.
Contaminación masiva de la altura de Chernóbil
Los demandantes que representa Fajardo (ya son un colectivo de 30.000 campesinos e indígenas) presentan el caso de contaminación masiva a la altura del de Chernóbil, el vertido del barco Exxon Valdez en Alaska o el reciente de BP en el Golfo de México. "La diferencia es que aquellos fueron accidentes. Pero en Ecuador, Texaco diseñó el sistema para contaminar. El objetivo era extraer petróleo con la menor inversión posible". Según uno de los peritos, en los 26 años que Chevron operó en Sucumbía se ahorró 8.500 millones de dólares incumpliendo las normas más elementales de seguridad y gestión de desechos.
Por la parte de Chevron, Fajardo ha escuchado en estos años todo tipo de argumentos. Entre otras cosas, dijeron que "el petróleo no contaminaba". También, "que la Amazonia era un terreno petrolero y que ahí no tenía por qué vivir nadie". En otro momento comentaron que "el cáncer se producía por la falta de higiene de los indígenas". También llegaron a decir "que el petróleo es biodegradable y a las pocas semanas no se notan sus efectos".
Lo último fue a partir de 2009. "Vieron que el juicio era una amenaza real". Presentaron 14 demandas distintas por todo Estados Unidos contra la plataforma de afectados y cualquiera que trabaje con ellos para exigir información. Y lo consiguieron. "Tienen todos nuestros correos electrónicos".
El 1 de febrero de 2010, Chevron planteó un caso de tipo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), la ley federal especial de Estados Unidos para el crimen organizado. La nueva tesis de Chevron es que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio es extorsionar a la compañía. Mientras, un empleado de Chevron intentó, cuenta Fajardo, sobornar al juez y grabarlo con cámara oculta, para demostrar que es supuestamente corrupto.
El 14 de febrero se emitió la histórica sentencia en el tribunal de Lago Agrio que condenaba a Chevron-Texaco a pagar 8.560 millones de dólares. Pero la empresa no tiene bienes en Ecuador, por lo que hay que embargar en el extranjero. Sin embargo, un juez llamado Lewis Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, decretó que la sentencia era inejecutable en EE UU mientras él no decida de nuevo sobre la competencia de los tribunales. "Este juez no conoce el problema. Ha emitido fallos para mí antijurídicos y con una convicción económica y no jurídica", dice Fajardo. Ambas sentencias, en Lago Agrio y en Nueva York, están recurridas por ambas partes. Un bufete de Washington llamado Patton Boggs se ha hecho cargo del caso por la parte ecuatoriana.
"Chevron ha dicho que no va a pagar. Pero tiene inversiones en 50 países, y la sentencia de Ecuador dice que la indemnización se puede cobrar en cualquier parte, no tiene por qué ser en Estados Unidos. Tendremos que obligarle a pagar", dice Fajardo. Es decir, tendrán que presentar nuevas demandas allí donde Chevron tenga bienes para embargárselos en cumplimiento de la sentencia de Ecuador. El juez Kaplan ha dejado claro que, por ahora, en Estados Unidos no va a ser. "Este juez actúa desde la ignorancia del caso y guiado por las mentiras de Chevron", dice Fajardo.
La historia continúa
La historia no ha terminado. Durante estos años, entre 20 y 30 millones de dólares han sido invertidos en la demanda por parte sobre todo de abogados estadounidenses que se han ido relevando en el caso y de las donaciones de todo el mundo que reciben los demandantes. Fajardo asegura que han podido saber de "fuentes de los accionistas", que Chevron gastó 300 millones de dólares en abogados solo en 2010, y el total en este litigio ya ha superado los 1.000 millones.
El hijo de dos campesinos analfabetos de Ecuador tendrá que volver a sentarse muchas veces con su maletín delante de las decenas de abogados que Chevron quiera poner en el caso. Y seguirá escuchando que el petróleo no contamina, que el problema de los indígenas es que no se lavan, que él preside una organización criminal. Durante 18 años, y los que queden, Chevron ha utilizado todas las estrategias de defensa imaginables. Todas menos una. Nunca ha podido negar que la tierra, el agua y el aire de Sucumbíos están llenos de petróleo. Sigue allí.




The Man Who Humbled Chevron
Ecuadorian lawyer Pablo Fajardo succeeded against the petroleum giant with the largest compensation in history for environmental crimes
By Pablo Ximénez de Sandoval, El País
6 June 2011
When licensed in law 32 years back, Ecuadorian Pablo Fajardo brought with him more than a decade of experience in lawsuit courts against one of the largest businesses in the world. In 2005, he sat in a New York courtroom, with a briefcase in which he carried the defense of the indigenous peoples that inhabit the Amazonian province of Sucumbíos. In front of him sat eight lawyers representing the oil company Chevron, accused of hazardously dumping toxic loads for almost three decades. In all, he faced 39 lawyers paid for by the third largest company in the United States. "The least of which had 25 years of experience in law," said Fajardo. He only had one year of experience. "But I have an advantage," says Fajardo. "I haven't had to make anything up. I only have to tell a story."
This is the story of an ecological catastrophe thirty times worse than the Exxon Valdez oil spill, according to the plaintiffs. It is also that of a sentence, dictated by a judge in the town of Lago Agrio, Ecuador, that signed for the most costly compensation demand in history in a judicial action for environmental crimes: 8.560 billion dollars. In between, decades of suffering and death, in a place where surviving the daily misery was already difficult enough.
José Fajardo and María Mendoza left the province of Manabí, on the coast of Ecuador, looking for a future in the northeast, where massive extraction activity was attracting workers. They settled with their ten sons towards the end of the 1980s in a pueblo known as Shushufindi (oar, in the Secoya language), in the province of Sucumbíos, in the heart of the Amazon. Pablo Fajardo Mendoza was the fifth of the brothers. He was 14 years old.
It is difficult to convince someone who has never lived in this region that "there is oil everywhere." In the fields, mixed with the earth. In houses, in the air. Of course, in the streets, because according to Fajardo, the Texaco trucks sprayed the dirt streets with oil, in a type of improvised asphalting so that the dust would not rise. Fajardo remembers a childhood with feet covered in petroleum, stained pants, the walls...everything. It is common to lose a shoe in the streets.
Imagine heading out onto the road after a downpour and you are walking in slippers. Now imagine that instead of water, it is oil flooding the streets. This is life in Sucumbíos.
356 Perforated Oil Wells
According to Fajardo's research, Texaco perforated 356 oil wells in the Ecuadorian Amazon. "But in addition to this, in each perforated well, Texaco constructed four or five pools to dispose of toxic waste." Here toxic water used to extract petroleum was also stored. "The company always constructed the waste pools as close as possible to a river. The idea was to dispose of the toxic loads in an easy and cheap manner." Therefore, the problem of the soil was transferred to the water. This water carried sulfur and other toxic substances from contact with the oil. When evaporated, it would fall in the forest in the form of acid rain. The earth, the water, and the air tasted like oil.
Texaco, acquired by Chevron in 2001, started to drill in the Amazon in the north of Ecuador, in the provinces of Sucumbíos and Orellana, with a concession from the government in 1964. They left the area in 1990 and passed the drilling on to Petroecuador. In this zone lived at least five indigenous tribes before it filled with oil workers. Two of these tribes, the Tetetes and the Sansahuaris, have disappeared forever. The poisoning of the rivers killed the fish. The rest of the tribes moved from a subsistence economy in the jungle to the misery in the market economy, working for the oil company.
Fajardo also worked for Texaco. There was not much else. He was an adolescent and worked as a laborer helping out, for example, to cover oil spills with earth in whatever manner. Meanwhile, he began to collaborate with a mission of religious Capuchins from Navarre, where he was able to study and started to see that it was "to work with the communities." "Leaving the field you realized that the problem was real. There was contamination, your animals were dying, your sons were sick, there was cancer, abortions... and the people had no where to turn." Remember that the only job the authorities had then was to protect Texaco.
Around the mission of the Capuchin priests, the embryo of resistance was launched, a human rights committee formed by farmers and indigenous peoples. Fajardo organized fifty people. He was 16 years old. They threw out the oil company as well as a palm plantation that was the only labor alternative. He ended up making a living through his work in the mission. "The same priests searched for a scholarship for me, from a person I did not know, that financed my university studies." He studied law by correspondence.
"It was a necessity. Every time we turned to the authorities, they told us 'look for a lawyer to help you.'" He decided that he would be the lawyer. The small group grew with those affected in other towns. The case became international with the publication of a book, Amazon Crude, written by Judith Kimberling, a United States lawyer. This attracted the necessary attention to find lawyers to present the first accusation against Texaco. It was the 3rd of November, 1993, in a court in New York, initiated by three US attorneys drawn to the story. In 1994, the adolescent that had organized the affected communities finished secondary education.
Justice in Ecuador
Texaco's defense thereafter was based on the fact that the US was not competent to judge the case. If there was damage, it should be judged in Ecuador. "They had influence in the political and judicial system, they were convinced that they could control the trial. And in fact this was true." The sentence was nine years late in arriving. Texaco won the battle in August 16th, 2002. The Appeals Court of New York accepted that the trial would be done in Ecuador, with the condition that the plaintiffs be permitted a period of one year to retry their case. The petroleum company had no idea of what had just been obtained.
On May 7th, 2003, inside the period, the accusation was presented again before the Justice Court of Sucumbíos. Pablo
Fajardo collaborated with US and Ecuadorian attorneys who had taken over the cause. The fifth son of José Fajardo and María Mendoza had graduated with a degree in law in 2004. The following year, he assumed the cased as the head attorney. The war of experts and technicians lead to 106 different expert reports, 58 of those financed through Chevron, and the rest, of the other party. "All confirmed the presence of hydrocarbons."
By then, all of this litigation was being paid for by a Philadelphia law firm, Khon & Graf, for whom the Texaco-Chevron case was an investment risk. This meant that if they won they would get paid a portion of the compensation, and if not, they would not charge. Based on a controversial expert report, the persons affected by the spill claimed $27.3 billon in compensation, the estimated cost of the reparations for the deaths, the illnesses, and the complete cleaning and recovery of the affected region.
"There were heart-breaking testimonies. I know people that had died during the lawsuit. For example, a woman and her daughter who both have cancer. All were people like this, that had lived this." The people told before the court how their relatives fell into the toxic wells and died from poisoning. "One woman fell trying to rescue her cow and swallowed the oil; she died soon after." The incidence of cancer in the region is abnormally high, according to the plaintiffs.
In 2004, eight days before starting the expert phase of the trial, William Fajardo Mendoza, Paulo's brother, was found dead. He was 28 years old. He was savagely tortured before being murdered. "I cannot affirm that Chevron is behind this," Pablo Fajardo always said, and he maintains this. By this time he was warned that they were also coming after him. This was evident one night when two armed men guarded the door of his house, while he was hidden in the home of one of his neighbors. He has three sons: 14, 7, and 3 years old. All of the family dispersed throughout other towns for security.
Massive Contamination on Par with Chernobyl
The plaintiffs that Fajardo represents (already a group of 30,000 fieldworkers and indigenous persons) present the case of massive contamination on par with that of Chernobyl, the oil spill caused by the Exxon Valdez ship in Alaska or the recent BP oil spill in the Gulf of Mexico. "The difference is that those were accidents. But in Ecuador, Texaco designed the system to contaminate. The objective was to extract petroleum with the least investment possible." According to one of the experts, in the 26 years that Chevron operated in Sucumbía, they saved $8.5 billion neglecting the most elemental norms of security and disposal of waste.
On the part of Chevron, Fajardo heard in recent years all types of arguments. Among other things, they claimed that "oil does not contaminate." Also, "that the Amazon is to be used for oil extraction and nobody should be living there." In another moment they commented that "the cancer was produced from the lack of hygiene on the part of the indigenous peoples." Also, they have started to claim "that oil is biodegradable and in a few weeks the effects will not be noticeable."
The last was 2009 onwards. "They have seen that the trial is a real threat." They presented 14 distinct accusations throughout the entire United States against that platform of the affected persons and whoever worked with them in order to demand information. And they obtained it. "They have all of our emails."
On February 1st, 2010, Chevron planted a RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) case, the special US federal law for organized crime. Chevron's new theory is that the plaintiffs form part of a criminal association whose goal is extortionate the company. Meanwhile, an employee of Chevron, tells Fajardo, to bribe the judge and record it on a hidden camera, to show that he was supposedly corrupt.
The 14th of February, the historic sentence was issued in the courtroom of Lago Agrio that condemned Chevron-Texaco to pay $8.560 billion. But the company did not have property in Ecuador; this is why they had to be repossessed outside of Ecuador. Nonetheless, Lewis Kaplan, a judge from the South District of New York, decreed that the sentence was unenforceable in the US while he remained undecided over the competence of the courts. "This judge does not know the problem. He has issued wrongful rulings and an economic conviction, not a lawful one," says Fajardo. The two parties lean upon the sentences in Lago Agrio and New York. Patton Boggs, a law firm in Washington, has taken up the case on the part of the Ecuadorian plaintiffs.
"Chevron has said that they are not going to pay. But they have investments in 50 countries, and the sentence in Ecuador says that the compensation could be charged in whichever part, it does not have to be in the United States. We will have to obligate them to pay," states Fajardo. This means that they must present new demands there where Chevron has properties that can be seized to fulfill the sentence issued in Ecuador. Kaplan, the judge, has clearly stated that, for now, in the United States it will not happen. "This judge acts from ignorance regarding the case and is guided by Chevron's lies," claims Fajardo.
The Story Continues
The story is not finished. During recent years, between 20 and 30 million dollars have been invested in the lawsuit by US attorneys in particular that have been relieving in the case, and donations that the plaintiffs receive from around the world. Fajardo claims that they have knowledge from "shareholder sources" that Chevron spent $300 million on lawyers in 2010 alone, and in total in this litigation they have already surpassed $1 billion.
The Ecuadorian son of illiterate fieldworkers will have to return to sit many times with his briefcase in front of the dozens of attorneys that Chevron wants to put on the case. And he will continue to hear that the oil does not contaminate, that the problem of the indigenous people is that they do not bathe, that he presides over a criminal organization. During 18 years, and those that remain, Chevron has utilized all defense strategies imaginable. All except one. Never have they been able to deny that the earth, the water, and the air of Sucumbíos are full of oil. And so it continues.

Translated from Spanish to English by Amazon Watch

Entrevista a Manfred Max-Neef (Texto facilitado por Helena Ocampo)

Entrevista a Manfred Max-Neef, economista chileno. 26 de noviembre de 2010
Hace unas semanas, Amy Goodman entrevistó en Bonn, Alemania al reconocido
economista chileno Manfred Max-Neef. Presentamos en este espacio la entrevista cuyo
original en inglés se encuentra en la página de Democracy Now a quien agradecemos el
permiso de traducir esta conversación. Manfred Max-Neef ganó en 1983 el Right
Livelihood Award, dos años después de haber publicado su libro Economía Descalza,
Señales desde el Mundo Invisible. El economista comienza por explicarnos el concepto
de economía descalza.


MANFRED MAX-NEEF: Bueno, es una metáfora, pero es una metáfora que se
originó en una experiencia concreta. Yo trabajé alrededor de diez años de mi vida en
áreas de pobreza extrema en las sierras, en la jungla, en áreas urbanas en distintas partes
de Latinoamérica. Al comienzo de este periodo estaba un día en una aldea indígena en
la sierra de Perú, era un día horrible, había estado lloviendo todo el tiempo. Era una
zona muy pobre y frente a mí estaba otro hombre parado en el lodo (no en el barrio
pobre sino en el lodo). Y bueno, nos miramos. Era de corta estatura, delgado, con
hambre, desempleado, cinco hijos, una esposa y una abuela. Yo era el refinado
economista de Berkeley, que enseñaba en Berkeley, etc. Nos mirábamos cara a cara y
de pronto me di cuenta de que no tenía nada coherente que decirle en esas
circunstancias a este hombre, que todo mi lenguaje de economista era inútil. ¿Debería
decirle que se pusiera feliz porque el producto interno bruto había subido un 5% o algo
así por e l estilo? Todo esto era completamente absurdo.
Entonces descubrí que no tenía un lenguaje para ese ambiente y que teníamos que
inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de la metáfora economía descalza que, en
concreto, simboliza la economía que un economista debe usar cuando se atreve a
meterse en los barrios bajos. El punto es que los economistas estudian y analizan la
pobreza desde sus oficinas lujosas, poseen todas las estadísticas, desarrollan todos los
modelos y están convencidos de que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza.
Pero ellos no entienden lo que es la pobreza, ese es el gran problema y es también el
motivo por el cual la pobreza aún existe. Esto cambió completamente mi vida como
economista: inventé un lenguaje coherente para esas condiciones de vida.


AMY GOODMAN: ¿Y cuál es ese idioma? ¿Cómo aplicas un sistema económico o
haces que las circunstancias expliquen esos cambios?


M. MAX-NEEF: No, la cuestión es mucho más profunda. Es decir, no es como la
típica receta que te da alguien de tu país, en donde te dicen "le garantizamos quince
lecciones o la devolución de su dinero." Ese no es el punto, te lo pongo de esta manera:
hemos alcanzado un nivel en nuestra evolución en el que sabemos muchas cosas,
sabemos muchísimo pero entendemos muy poco. Nunca en la historia de la humanidad
ha habido tanta acumulación de conocimiento como en los últimos cien años y mira
cómo estamos. ¿Para qué nos ha servido el conocimiento? La esencia está en que el
conocimiento por sí mismo no es suficiente, carecemos de entendimiento. La diferencia
entre conocimiento y entendimiento te la puedo explicar con un ejemplo: vamos a
pensar que tú has estudiado todo lo que puedes estudiar desde una perspectiva teológica,
sociológica, antropológica, biológica, inclusive bioquímica y sobre un fenómeno
humano llamado amor. El resultado es que tú sabrás todo sobre el amor, pero tarde o
temprano te vas a dar cuenta de que nunca entenderás el amor a menos de que te
enamores. ¿Qué significa esto? Que sólo puedes llegar a aspirar a entender aquello de lo
que llegas a formar parte. Como dice la canción: si nos enamoramos, somos mucho más
que dos. Cuando perteneces, entiendes. Cuando estás separado, solo acumulas
conocimiento y esa ha sido la función de la ciencia. Ahora bien, la ciencia se divide en
partes pero el entendimiento es completo, holístico.
Y eso es lo que sucede con la pobreza. Yo entendí la pobreza porque estuve allí; viví
con ellos, comí con ellos y dormí con ellos. Entonces comienzas a entender que en ese
ambiente hay distintos valores, y diferentes principios—comparados con los que existen
allí de donde tú provienes y te das cuenta de que puedes aprender cosas fantásticas de la
pobreza. Lo que he aprendido de los pobres supera lo que aprendí en la universidad.
Pero pocas personas tienen esa oportunidad, ¿te das cuenta? Ellos ven la pobreza desde
afuera en lugar de vivirla desde adentro. Aprendes cosas extraordinarias. Lo primero
que aprendes y que los que quieren mejorar el sistema de vida de los pobres no saben,
es que dentro de la pobreza hay mucha creatividad. No puedes ser un idiota si quieres
sobrevivir, cada minuto tienes que estar pensando, ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer aquí?
¿Qué es esto y lo otro y lo otro? Así que tu creatividad debe ser constante. Además,
están los contactos, la cooperación, la ayuda mutua y toda una gama de cosas
extraordinarias que ya no se encuentran nuestra sociedad dominante que es
individualista, avara, egoísta, etc. Totalmente lo opuesto de lo que tienes allá. Y es
sorprendente porque a veces llegas a encontrar gente más feliz entre los pobres que la
que encontrarías en tu propio ambiente. Lo que significa que la pobreza no solo es una
cuestión de dinero. Es algo mucho más complejo.


AMY GOODMAN: ¿Qué crees que debamos cambiar?


M. MAX-NEEF: ¡Oh!, casi todo. Somos dramáticamente idiotas. Actuamos
sistemáticamente en contra de las evidencias que tenemos. Sabemos exactamente qué no
debemos hacer. No hay nadie que no sepa esto, especialmente los grandes políticos
saben exactamente lo que no se debe hacer. Y aún así lo hacen. Después de lo que pasó
en octubre del 2008, tú pensarías que van a cambiar porque se han dado cuenta de que el
modelo económico no funciona, que incluso tiene un alto nivel de riesgo,
dramáticamente riesgoso. Y uno se pregunta:¿Cuál fue el resultado de la última reunión
de la Comunidad Europea? Ahora son más fundamentalistas que antes. De tal modo que
lo único de lo que se puede estar seguro es que ya viene la próxima crisis y que será el
doble de fuerte que la actual. Pero para entonces ya no habrá suficiente dinero. Esas son
las consecuencias de la sistemática estupidez humana.


AMY GOODMAN: Si tú estuvieras al frente de la economía ¿qué harías para evitar
otra catástrofe?


M. MAX-NEEF: Primero que nada, necesitamos de nuevo economistas cultos, que
sepan historia, de dónde vienen, cómo se originaron las ideas, quién hizo qué y así
sucesivamente. Lo segundo, una economía que entienda que es subsistema de un
sistema finito más grande: la biosfera, y como consecuencia la imposibilidad de tener
un crecimiento económico infinito. En tercer lugar, un sistema que tenga claro que no
puede funcionar sin tomar en serio los ecosistemas. Pero los economistas no saben nada
de ecosistemas, no saben nada de termodinámica, nada de biodiversidad, son totalmente
ignorantes respecto a estos temas. Un economista debe tener claro que si los animales
desaparecen, él también desaparecerá porque entonces ya no habrá qué comer. Pero él
no sabe que dependemos totalmente de la naturaleza ¿te das cuenta? Sin embargo, para
los economistas de hoy en día la naturaleza es un subsistema de la economía, concepto
que es totalmente absurdo!
Además debemos acercar el consumidor a la producción. Yo vivo bien al sur de Chile,
una zona fantástica donde tenemos toda la tecnología para la elaboración de productos
lácteos de máxima calidad. Hace unos meses estaba desayunando en un hotel y al tomar
un paquetito de mantequilla descubrí que ésta venía de Nueva Zelanda, absurdo ¿no te
parece? ¿Y por qué sucede una cosa así? Porque los economistas no saben calcular los
costos reales. Traer mantequilla desde un lugar que queda a 20.000 kilómetros a un sitio
donde se produce la mejor, con el pretexto de que es más barato es una estupidez
monumental porque no tienen en cuenta el impacto que causan esos 20.000 km de
transporte sobre la naturaleza. Por si fuera poco, es más barata porque está subsidiada.
Es un caso muy claro en el que los precios nunca dicen la verdad. Todo tiene su truco
¿sabes? esas artimañas causan enormes daños. Si acercas el consumo a la producción,
comerás mejor, tendrás mejores alimentos y sabrás de dónde vienen. Incluso podrías
llegar a conocer a la persona que lo produce. Se humaniza el proceso, pero hoy en día lo
que los economistas hacen está totalmente deshumanizado.


AMY GOODMAN: ¿No crees que la misma tierra nos forzará a actuar de diferente
modo? ¿Estaremos llegando al fin?


M. MAX-NEEF: Sí claro. Ya algunos científicos lo están diciendo pero yo aún no he
llegado a ese punto. Pero muchos lo creen y piensan que es definitivo, que estamos
fritos, que dentro de algunas décadas no habrá más humanos. Yo no creo que hayamos
llegado a ese punto, pero sí que estamos cerca y diré que ya cruzamos el primero de los
tres ríos. Y observa lo que está pasando en todos lados, es alarmante cómo la cantidad
de catástrofes ha ido aumentando y se manifiesta en todas las formas: tormentas,
terremotos, erupciones volcánicas. El número de eventos crece dramáticamente, es
sobrecogedor y nosotros seguimos en las mismas.


AMY GOODMAN: ¿Qué has aprendido de las comunidades pobres en las que has
vivido y trabajado que te de esperanza?


M. MAX-NEEF: La solidaridad de la gente; el respeto por los otros; la ayuda mutua;
nada de avaricia, un valor inexistente dentro de la pobreza y uno estaría inclinado a
pensar que allí es donde más está presente, que la avaricia debería ser patrimonio de los
que menos tienen. No, todo lo contrario, mientras más tienes más quieres, la crisis
actual es producto de la avaricia. La avaricia es el valor dominante del mundo actual.
Mientras persista, estamos acabados.


AMY GOODMAN: ¿Cuáles serían los principios que enseñarías a los jóvenes
economistas?


M. MAX-NEEF: Los principios de la economía deben estar fundamentados en cinco
postulados y un valor esencial.
Primero: la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la
economía.
Segundo: el desarrollo se refiere a las personas, no a las cosas.
Tercero: crecimiento no es lo mismo que desarrollo y el desarrollo no necesariamente
requiere de crecimiento.
Cuarto: no puede existir una economía con un ecosistema fallando.
Quinto: la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito: la biosfera. Por lo
tanto, el crecimiento permanente es un imposible.
Y el valor fundamental para poder consolidar una nueva economía es que ningún interés
económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia por la
vida.


AMY GOODMAN: Explica lo que acabas de mencionar.


M. MAX-NEEF: Nada puede ser más importante que la vida. Y digo vida, no seres
humanos, porque para mí el punto clave es el milagro de la vida en todas sus
manifestaciones. Pero si predomina el interés económico, uno no solo se olvida de la
vida y otros seres vivientes, termina también ignorando a los seres humanos. Si recorres
esta lista que acabo de mencionar, uno a uno, verás que lo que tenemos ahora es
exactamente lo contrario.


AMY GOODMAN: Volvamos al tercer punto, crecimiento y desarrollo y explícalo
mejor.


M. MAX-NEEF: Crecimiento es una acumulación cuantitativa. Desarrollo es la
liberación de posibilidades creativas. Todo sistema vivo de la naturaleza crece y en
cierto punto deja de crecer, tú ya no estás creciendo, ni él ni yo. Pero continuamos
desarrollándonos, de otro modo no estaríamos dialogando en este momento. El
desarrollo no tiene límites pero el crecimiento sí. Y este es un concepto muy importante
que políticos y economistas ignoran, están obsesionados con el fetiche del crecimiento
económico.
He trabajado durante décadas y en este tiempo se han hecho muchos estudios. Soy el
autor de una famosa hipótesis: la hipótesis del límite, que dice que en toda sociedad hay
un periodo de crecimiento económico—entendido convencionalmente o no—que trae
una mejora en la calidad de vida pero sólo hasta cierto punto: el punto límite, a partir del
cual, si hay más crecimiento, la calidad de vida comienza a decaer. Esta es la situación
en la que nos encontramos actualmente.
Tu país es el ejemplo más dramático que puedes encontrar. En mi libro que saldrá
publicado el próximo mes en Inglaterra, titulado La economía desenmascarada—hay un
capítulo llamado "Estados Unidos, una nación en vías de subdesarrollo" la cual es una
nueva categoría. Actualmente manejamos los conceptos de desarrollado,
subdesarrollado y en vías desarrollo. Ahora tenemos el nuevo concepto de en vías de
subdesarrollo y tu país es el mejor ejemplo, en el cual el 1% de los americanos cada vez
están mejor, mejor y mejor, mientras que el 99% va en decadencia en todo tipo de
manifestaciones. Hay personas que viven en sus autos, ¿sabes? ahora duermen en sus
carros, estacionados enfrente de la que fue su casa. Miles, millones de personas lo han
perdido todo. Pero los especuladores, los que crearon todo este problema, esos están
fantásticamente bien. Para ellos no hay problemas.


AMY GOODMAN: ¿Entonces, cómo cambiarías las cosas?


M. MAX-NEEF: Bueno, no sé cómo cambiarlas. Es decir, solitas van a cambiar, pero
de manera catastrófica. Para mí no sería raro que de un momento a otro millones de
personas salieran a las calles de Estados Unidos a causar destrozos. No sé, pero podría
suceder. No lo sé. La situación es absolutamente dramática y se supone que es el país
más poderoso de la tierra. Y aún en estas condiciones, siguen con sus guerras absurdas
gastando billones y trillones. Trece trillones de dólares para los especuladores y ¡ni un
centavo se fue para las personas que perdieron sus casas! ¿Qué tipo de lógica es esa?


Traducido por: Rose Mary Salum

Sobre Conflicto Armado en Colombia

Sobre el conflicto armado en Colombia
Por: Rodrigo Uprimny

LA TESIS URIBISTA DE QUE EN COlombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista contra la democracia no resiste el menor examen, pues es falsa empíricamente y se funda en equívocos conceptuales.
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Existen básicamente dos perspectivas que han intentado establecer qué es un conflicto armado no internacional: los estudios sobre la paz y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La norma fundamental aquí es el Protocolo II de 1977, que es exigente, pues establece que para hablar de conflicto armado es necesario que existan i) enfrentamientos entre el Estado y fuerzas armadas disidentes, las cuales ii) deben tener mando responsable y iii) control territorial suficiente para realizar operaciones militares y iv) poder aplicar el DIH.

Estos elementos se cumplen en Colombia: las Farc, por ejemplo, tienen una estructura jerarquizada suficiente para hablar de un mando responsable. Han tenido igualmente el control territorial señalado por el DIH, pues éste no exige que el Ejército no pueda entrar en la zona de influencia guerrillera sino que ésta tenga una presencia territorial suficiente para realizar operaciones militares organizadas. Y las Farc siguen realizando operaciones militares continuas y durante años han tenido secuestrados a numerosos militares y civiles. ¿Puede entonces alguien dudar de que ese grupo guerrillero tiene un control territorial suficiente para aplicar las normas humanitarias? Otra cosa obviamente es que las Farc se nieguen a aplicarlas, pues los secuestros, las minas antipersona o los reclutamientos de menores son infracciones graves al DIH.

Es claro que en Colombia existe empíricamente un conflicto armado. Pero además, contrario a lo dicho por el uribismo, aceptar ese hecho no impide criticar las terribles acciones de las guerrillas o de los ‘paras’, ni implica jurídicamente otorgarles estatus de beligerancia, la cual exige otros requisitos, que no puedo detallar en esta columna. No hay entonces nada contradictorio en aceptar que en Colombia existe un conflicto armado y afirmar al mismo tiempo que ni las guerrillas ni los ‘paras’ son beligerantes y que sus acciones son atroces e ilegítimas.

Es pues un acto extremo de terquedad ideológica negarse a aceptar que Colombia sufre un doloroso conflicto armado. Por el contrario, reconocer su existencia parece un paso imprescindible si queremos algún día superarlo. Por eso es importante que tanto el Congreso, en la ley de víctimas, como el presidente Santos acepten que en Colombia ha habido conflicto armado desde hace rato.

* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Más sobre Consulta Previa (Tomado de la Revista Semana)

En la selva chocoana, en límites con Panamá, viven 21 familias indígenas del pueblo Embera; 13 de la comunidad Chidima Tolo y ocho de la comunidad Pescadito. Conviven con la selva, la montaña y el río, como si fueran sus hermanos sagrados. Pero también con los megaproyectos, la explotación minera y los grupos armados.

Desde 2009, los representantes legales de los resguardos, ubicados en el municipio de Acandí, comenzaron una pelea jurídica para evitar que una carretera atravesara sus territorios. Además, han denunciado que su opinión no ha sido tenida en cuenta en la ejecución de proyectos mineros y energéticos.

La Corte Constitucional les dio la razón. El alto tribunal publicó la sentencia T-129 de 2011 que dejó claro que los proyectos mineros, de transporte, de infraestructura, o leyes que afecten los territorios indígenas, deben tener en cuenta a las comunidades que los habiten, y hacerlas parte de las discusiones y decisiones.

“La principal novedad de esta jurisprudencia es que la Corte Constitucional dice que la participación en la consulta previa, debe ser, antes, durante y después del proyecto que afecta a las comunidades”, dijo la abogada Alejandra Vega quien fue la representante de las comunidades indígenas.

De esta manera, el tribunal definió el alcance del derecho de las minorías a la “consulta previa”, que no es un procedimiento más que deben cumplir los organismos del Estado y las empresas, sino un derecho fundamental.

Por su parte, el experto constitucionalista y director de la organización Derechojusto.org, Juan Carlos Lancheros, argumentó que es muy importante esta sentencia porque “desde el momento en que se planea el estudio para un proyecto que afecta potencialmente a una comunidad indígena debe contarse con ella, además, garantizar y facilitar su participación activa en la construcción del proyecto, para salvaguardar sus derechos, idiosincrasia y cosmovisión”.

Esta sentencia fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió revisarla dada su importancia. Al final, les dio la razón a los demandantes. Entre otras cosas, ordenó suspender la carretera, con el fin de que se cumpla el requisito de consulta previa teniendo en cuenta la posibilidad de modificar el trazado de las obras. También pidió parar los proyectos de explotación minera, y traducir los apartes más importantes de la jurisprudencia a la lengua Embera y publicarlos.

Además, la sentencia exhortó al Congreso y al Ejecutivo a la creación de un proyecto de ley estatutaria que regule el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.

Por todo lo anterior, la sentencia seguramente pasará a integrar la lista de las llamadas históricas.

La historia

Han sido varios los intentos de distintos gobiernos locales de construir la carretera, que pretende unir a los municipios de Unguía y Acandí, proyecto que ha tenido diferentes nombres. No obstante, la obra está interrumpida en los cuatro kilómetros que pasan por el resguardo. Es decir, la carretera existe en las entradas de los dos municipios, pero no está conectada.

Los representantes de las comunidades Chidima Tolo y Pescadito instauraron una tutela cuando advirtieron que en la zona se hacían estudios para pasar la carretera por ahí. El proceso pasó del Tribunal superior de Cundinamarca, por razones de competencia, al Tribunal Superior de Quibdó. Los demandantes pidieron el amparo de su derecho de consulta previa.

La consulta previa es un derecho de las minorías étnicas, que según los convenios suscritos por Colombia, las faculta para participar en las decisiones que afectan a sus territorios, y para conocer previamente los proyectos. Jurisprudencias como la de esta sentencia derivaron en el fracaso de leyes como el estatuto rural y la ley forestal, impulsadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Además, las comunidades reportaron en su demanda que existía un proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que desarrolla la empresa Interconexión Eléctrica ESP-ISA, que también podría afectarlos. También dieron cuenta de que en la región se han entregado proyectos de concesión minera en una zona comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, considerados sagrados por las comunidades.

En el proceso, intervinieron los ministerios de Transporte y de Agricultura que pidieron que se les excluyera de la demanda. El primero, porque solo revisa proyectos presentados por las alcaldías, a quienes les compete la consulta; y el segundo, porque argumentó que no tenía ninguna responsabilidad directa con los hechos que las comunidades estaban demandando.

El Ministerio de medio Ambiente también pidió que se le excluyera de la demanda porque la empresa de Interconexión Eléctrica no ha presentado el estudio del impacto ambiental que tendrán las obras, y en caso de hacerlo, se comprometió a exigir que se haya cumplido el requisito de consulta previa para otorgar la licencia.

El Ministerio de Minas y Energía dijo que la responsabilidad era de Ingeominas, y que por tanto tampoco era sujeto de la demanda. También participó el Invías, que dijo que las obras contratadas eran de “mejoramiento” de la carretera, lo cual no requiere de consulta previa.

Hasta el ministerio de Defensa participó en los alegatos de la demanda, pues una agencia de las fuerzas militares es la que está ejecutando la obra. La agencia indicó que no se han “iniciado labores” pues está a la espera de que se haga la consulta; y la oficina de Derechos Humanos del Ministerio alegó que el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas “no es absoluto”, por lo cual las tropas “no pueden ser retiradas del territorio indígena”, y que la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente.

Por su parte, la empresa encargada del proyecto de interconexión argumentó que para la etapa en la que se encuentra la iniciativa no se requiere de la consulta previa y que, por tanto, no ha vulnerado los derechos de las comunidades.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal Superior de Quibdó, el 10 de julio de 2010, negó la petición de los representantes de las comunidades Chidima-Tolo y Pescadito. El argumento fue que el interés general primaba sobre el particular y que los argumentos no demostraron la vulneración de los derechos de los resguardos.

Ante la negativa del tribunal, los demandantes apelaron la decisión. Esta vez, fue la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la que les negó la razón. El argumento fue el mismo.

“En el caso específico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prerrogativa reclamada, aun como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados”, explicó la Sala.

Pero, los demandantes no se dieron por vencidos y acudieron a la Corte Constitucional, que al comienzo decidió no revisar la demanda. Ante la insistencia de los representantes de los resguardos la acogió.

En la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en la etapa de pruebas, ordenó la participación institutos y facultades de antropología en la discusión. Además, entre otras decisiones, envió un grupo de investigadores al resguardo para hacer una inspección de lo que estaba ocurriendo.

En su argumentación, la Corte recordó que Colombia suscribió el convenio 169 de la OIT que la obliga a consultar previamente con los pueblos indígenas cuando haya medidas administrativas o legislativas que los afecten.

Además, en un capítulo llamado Constitución ambiental hizo una amplia descripción de lo que significa el cuidado del medio ambiente y reiteró lo que en otras jurisprudencias ha dicho: que el planeta está en riesgo y por eso, su protección es deber de toda la raza humana.

En otro, dedicado a las tensiones que se derivan de los conceptos de “desarrollo”, aduce: “No se puede ante poner en abstracto el “interés general” y la visión mayoritaria que se tenga del “desarrollo” o “el progreso” que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos”.

Mejor dicho, que si se trata de respetar y conservar el patrimonio que representan las comunidades indígenas es necesario considerar su punto de vista. También incluyó en su argumentación algunas de las intervenciones de las facultades de antropología que destacan la distancia que hay entre el reconocimiento oficial de la multiculturalidad y la diversidad étnica y la realidad.

Al final, la Corte Constitucional indicó que las comunidades indígenas tienen derecho a conocer de los proyectos que se planean en sus territorios. Ese conocimiento debe ser “libre, previo e informado”.

Además aduce que en caso de que existan proyectos en territorios indígenas, la consulta es obligatoria, y debe buscar el “acuerdo” o “conseguir el consentimiento”. Es decir, no es suficiente con contarle a la comunidad que se va a desarrollar un proyecto en su territorio. Ese espacio de consulta debe ser una “disertación entre iguales” y no un simple formalismo.

Además, agrega la Corte, “no solo se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas, sino en efecto garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de forma equitativa”.

La Corte encontró que no se trata del “mantenimiento de la vía” (Ungia-Acandí) como argumentó la agencia militar, pues la carretera no existe. El proyecto en cuestión busca construir la carretera con todo lo que ello implica.

El alto tribunal recogió los argumentos de los propios indígenas quienes explicaron que una carretera cambiaría todo su estilo de vida, permitiría el tránsito de los grupos ilegales y multinacionales y podría significar un peligro para ellos. Además, el proceso de construcción también implica la destrucción de la naturaleza.

Al respecto del proyecto de interconexión eléctrica, la Corte se abstuvo de impartir una orden, pues este está en etapa de estudio de factibilidad. Sin embargo, advirtió que en caso de que el proyecto resulte viable, y se advierta la posibilidad de que afecte a las comunidades, la empresa debe gestionar su participación en el proceso de consulta previa.

La Corte encontró que hay un título minero vigente que podría afectar al río Tolo. Ese río, además de ser la fuente del líquido vital de uno de los resguardos es sagrado. Por ello, la Corte ordenó suspender “las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera”. También pidió al Ministerio del Interior y a varias instituciones que le den prioridad en el Plan de salvaguardia de las minorías étnicas a los mecanismos de protección que garanticen la pervivencia de las comunidades.

Como parte de las medidas reivindicativas pidió a la Alcaldía de Acandí reconocer la importancia de los indígenas en la región y hacer campañas pedagógicas como muestra de ese reconocimiento; y a las autoridades ambientales, hacer un programa de arqueología preventiva, para identificar los lugares que merecen especial protección.

Para que no quedara duda de la posición de la Corte, ninguno de los magistrados que firmó la sentencia salvó su voto.