CARTA # 2. A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y LA GUERRILLA

Caribe colombiano, diciembre 2012


Señores
Miembros del Gobierno y Guerrilla
La Habana

Apreciados señores:
Espero que hayan tenido en cuenta mi anterior carta y no olviden que ese es uno de tantos ajustes que el pueblo colombiano desea que se aplique en materia de política rural. Empecemos por recomendarles que lo que dicta el buen sentido ahora es que la Reforma Agraria, como Dios manda, llegue después de las reuniones de ustedes en la Habana. Eso no significa que la Reforma Agraria sea un tema aplazable por naturaleza. No. Lo que significa es que es un asunto complejo y difícil, pero supremamente esencial para la paz perdurable y estable de nuestra sociedad. La paz que necesitamos. Pero la construcción de los pivotes sí es ahora, es decir, las directrices, las reglas, la filosofía, como se prefiera llamar, obviamente, esos sí tendrán que preverse ahora en Cuba. Además, porque se trata también de desmontar las "reglas" del crecimiento del latifundio ocioso, de la irracional acumulación y concentración del control de la tierra en muy pocas manos en nuestro país. Si se me permite la contradictoria expresión la Reforma Agraria, siendo esencial y prioritaria para la paz de los colombianos, se convirtió gradual y fatalmente en un asunto subalterno, gobernado por dos estructuras satánicas del poder real en nuestro país, inimaginables en cualquier democracia del mundo, en cualquier época de la historia de la humanidad: me refiero a Corrupción y Narcotráfico, concurrentes y complementarios en el proceso de generación de la prolongada violencia colombiana. Sobre la demolición de estos monumentales edificios hay que trabajar ya.

Ahora bien, la política sobre el desarrollo agrario integral colombiano comprende un aspecto muy ancho del constitucionalismo social de este país nuestro, afectado como pocos por el precario nivel de desarrollo del campo. Se me ocurre que si buscamos una única receta para propugnar por un buen desarrollo agrario integral vamos a tener más dificultades que coincidencias políticas, por ello me atrevo a sugerirles abandonar esa compleja vía troncal de la estrategia y sustituirla por la suma de otras pequeñas y numerosas vías que desemboquen en ese anhelo integral del desarrollo agrario colombiano, previo a una gran Reforma Agraria. Está muy bien que por fin se fortalezcan las reservas campesinas, que se piense en efectivas garantías de seguridad alimentaria y salud pública para los ciudadanos del campo, que se asegure el acceso tranquilo a la propiedad agraria productiva, en fin, que se piense en el bienestar integral de los actuales habitantes del campo, pero sobre todas las cosas hay que estimular el urgente e indispensable regreso del campesino actualmente anclado en las franjas de hambre de nuestras ciudades capitales, atrayéndolo, proponiendo establecer seductoras ciudadelas campesinas, con amplia dotación social en materia de vivienda digna, servicios públicos esenciales, colegios, institutos técnicos y universidades al alcance de estos nuevos ciudadanos del campo colombiano.

Derechos Humanos y Empresas (parte 4)

Por: Armando Pérez Araújo

Quiero proponer una nueva Debida Diligencia:
Uno de los asuntos, repito, uno de tantos, que constituyen la denominada Debida Diligencia de las Empresas en materia de Protección y Respeto de los Derechos Humanos es el de los mecanismos No Judiciales de reclamación por agravios. Sobre este punto hay bastante tela que cortar. Una de las tareas se refiere a la necesidad de implementar, al interior de las empresas de gran tamaño, obviamente, un Sistema de Administración de Quejas, que en algunos casos ya se viene manejando, sin que ello signifique que la estrategia esté plenamente desarrollada. Cinco empresas de gran tamaño a nivel mundial, Cerrejón, Sakhalin Energy, Esquel, Tesco y Hewlett Packard, dieron el paso y se erigieron en pioneras y pilotos de esta experiencia y novedoso mecanismo, inspirado desde ese momento en las insinuaciones de las Naciones Unidas, alrededor de los principios elaborados por el señor Jhon Ruggie. El secreto de este experimento consiste en poner en práctica la estrategia de hacer un procedimiento de quejas legítimo, accesible, predecible, equitativo, compatible con los derechos, transparente y basado en el diálogo. Esta cultura de tomar el toro por los cachos, en cuanto a abordar bilateralmente y mediante el diálogo reglado el manejo de las quejas, insisto, aún se está edificando y se halla en vía de desarrollo y crecimiento, lo cual, sea como sea, representa un avance, digno de reconocimiento. Este modelo tiene como uno de sus fundamentos, para que sea usado como una vía expedita de búsqueda de solución, que sea creíble y confiable. Recientemente fuimos consultado por el El Instituto de Derechos Humanos Ludwig Boltzmann de Vienna, Austria, que expresó el interés de sopesar los avances y resultados de estas buenas prácticas, de las empresas mencionadas y, además de GAP/Lesotho y Hewlett Packard/México. Esto lo que demuestra es que es permanente y creciente el interés en el mundo de las Empresas y los Derechos Humanos, sobre el funcionamiento efectivo de estas estrategias no judiciales, en el marco de la Debida Diligencia.
La propuesta que desearíamos sea estructurada y aprobada va dirigida al sector empresarial, y no por ello ajena a la sensibilidad de las esferas del Estado y la sociedad civil, y consiste en que las Empresas que por su tamaño y características tengan necesidad y deseo de avanzar en la correcta diligencia de proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, dentro del novedoso marco de las Naciones Unidas, procuren la adopción de un Reglamento que contenga las normas de funcionamiento de una instancia mixta, es decir, un escenario conformado por expertos en Derechos Humanos, internos y externos, a fin de seleccionar con la mayor objetividad e independencia casos de especial connotación y buscar soluciones definitivas de las correspondientes controversias judiciales o extrajudiciales. La diferencia con el mecanismo actualmente en funcionamiento es que éste, el que estamos proponiendo, no se active por el impulso de una queja. Es algo más especializado y comprometido con la protección y respeto de los Derechos Humanos. Otra diferencia, clave y esencial, que la convierte en un modelo elocuentemente creíble, es la composición mixta de los integrantes del colectivo que dirija la novedosa estrategia.
La iniciativa en esta materia, es decir, la configuración, aceptación y aprobación legal del mecanismo, deberían asumirla directamente las empresas, de manera unilateral y voluntaria, lo cual no impide que lo sea también por intermedio de los gobiernos interesados en que las empresas instaladas en su jurisdicción actúen dentro de ese mismo marco, dado que ello, además, generaría un importante factor de descongestión de despachos judiciales, pues, no solamente abocaría casos judiciales susceptibles de ser conciliados, sino que evitaría que buena cantidad de asuntos controversiales caigan en la engorrosa y costosa esfera jurisdiccional. Resaltemos que estamos haciendo referencia a temas y casos relacionados con la protección de los Derechos Humanos. Entiéndase, además, que estamos hablando de lo que claramente es una obligación para empresas privadas y Estados, abordar el respeto de los Derechos Humanos, como algo inherente y esencial a las obligaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La instancia funcionaría como un pequeño tribunal interno, que entre otras funciones tendría la de seleccionar casos cuya razonable percepción aconseje abordarse por esta vía.
La composición mixta de esta instancia interna tiene su explicación en la circunstancia de que una buena cantidad del torrente de controversias existentes, alrededor de políticas sobre Derechos Humanos al interior de las empresas, pertenece a la dinámica impulsada o aceptada por las jerarquías de estas organizaciones. No sería errado, pues, entender las bondades de un adecuado contrapeso.

Empresas y Derechos Humanos (parte 3)

Por: Armando Pérez Araújo.
Aprovechemos lo escuchado en el Foro de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, realizado en Ginebra durante los días 4y5 de diciembre del presente año, magnífico escenario donde estuvimos algo más de mil personas provenientes o representando alrededor de 85 países. Para empezar, resaltemos que el Consejo de Derechos Humanos estableció este Foro anual sobre las empresas y los Derechos Humanos bajo la dirección del Grupo de Trabajo, para que interesados de todas las regiones —incluidos Estados, instituciones internacionales, organizaciones regionales, empresas comerciales, sociedad civil, personas y grupos afectados y otros interesados pertinentes— pudieran entablar un diálogo y una cooperación acerca de cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos a fin de alcanzar el objetivo de la aplicación efectiva e integral de los Principios Rectores. Concretamente, el Foro debía facilitar el examen de las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores, incluidos los problemas de determinados sectores y ámbitos de operación o en relación con derechos o grupos específicos, así como la definición de buenas prácticas. (tomado del texto de la plataforma organizativa del Foro)
En tal sentido nuestro aprendizaje a partir de este Foro no podrá ser otro que enfocarnos, principalmente, a plantear que se desarrollen de diferentes maneras las estrategias relacionadas con " el acceso a vías de reparación mediante mecanismos de reclamación a nivel operacional". Este interesante tópico será uno de los tantos asuntos que deberá constituir un avance como resultado de este privilegiado escenario de diálogo y cooperación multilateral de factores y actores.
Adicionalmente, concluyamos que tanto los Estados como las Empresas coinciden teóricamente en " la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos cometidos por empresas a vías de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales". Este punto no está en discusión, además, pertenece a la incorporación textual de los Principios Rectores sobre la Empresas y los Derechos Humanos.
Lo que también quedó claro, y ello constituyó una constante en las reflexiones y recomendaciones de los panelistas, es la necesidad de que los Estados afirmen y reafirmen su rol de autoridades obligadas a cumplir con las tareas de "prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia". Repito, eso quedó claro, pues no sería honesto el Estado que reclame de las empresas protección y respeto sobre los Derechos Humanos, si sus diferentes niveles y órbitas (ejecutivo, legislativo y judicial) han suprimido de sus políticas la agenda relativa al cuidado de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Y surgió, además, otra clara conclusión: que tampoco es honesto prescindir en el debate político del juicio a las autoridades encargadas de administrar y ejercer el control respecto a los poderosos recursos provenientes del ejercicio empresarial de las multinacionales, llámense impuestos o regalías. No se excluyen, pues, de éste examen de conciencia el Estado en sus diferentes niveles y esferas, las empresas y la ciudadanía en general, incluyendo en este último marco los dirigentes políticos y sociales regionales y nacionales.

Carta al gobierno y la guerrilla

Por: Armando Pérez Araújo

 

Caribe colombiano, noviembre de 2012

 

Apreciados miembros del gobierno y guerrilla
La Habana (Cuba)

En primer lugar desearles suerte en los desarrollos de los temas agendados previamente, y que, si por algún momento tropiezan y se salen del camino, rápidamente se reintegren a él sin abandonar la cordialidad indispensable para hallar con urgencia la pulpa de la paz que es, en primer lugar, jalarle al respeto de las partes. La reciente decisión de tregua unilateral de una de las partes, hace mucho más próxima y creíble la anhelada coincidencia entre ustedes, ojalá la otra parte intente alguna señal similar en idéntico sentido, pues no le encontrábamos mayor consistencia a la estrategia compartida por ustedes de hallar la paz, mientras se mide el pulso de la fuerza militar, agregando a ello los excesos de la irregular confrontación armada.
El país reconoce que esta de ahora es una gran oportunidad, tal vez la más convincente y aterrizada de todas las que se han manejado y desperdiciado. Por encima de la natural dificultad de los temas lo que más nos preocupa a los colombianos es la postura francamente absurda y cainita de quienes le apuestan al fracaso de la negociación, sin otro argumento que la cicuta que emana de sus irrenunciables intereses personales. Es ésta la mayor dificultad que ustedes deben sortear para no dejarse sonsacar, para no dejarse sacar la piedra, por algunos medios de comunicación y por ciertos formadores de opinión que no desaprovechan ninguna oportunidad para introducirle el brebaje perversamente fatalista en materia de publicidad negativa a este proceso esencial para la vida de todos los colombianos. Si ustedes demuestran resistencia para enfrentar este mayúsculo obstáculo, el más complicado de todos, seguramente van a conquistar una franja bien ancha de opinión favorable del verdadero país nacional, que ofrecerá apoyos e iniciativas acordes con el tenor de la agenda temática.

En esta primera cartica a ustedes, a la manera de la que acostumbramos en el Caribe colombiano a ponerle en esta época al niño Dios debajo de la almohada, les pido en el primer asunto de las discusiones tener en cuenta el recién publicado torrente de información de prensa alrededor de lo que se ha conocido como “Fraude Agrario histórico: ¡Qué tierrero!”, que contiene una grave denuncia sobre los desbarajustes que predominan en el agobiado territorio agrario del campo productivo del país. Aparentemente ello constituye un escalofriante diagnóstico de la peor laya en términos de la consuetudinaria corrupción, sin embargo, a ustedes les puede caber, en alguna medida, la posibilidad de introducir algunos elementos nuevos en la normativa nacional para remediar radicalmente la barahúnda existente en materia de tenencia de la tierra.

Por qué, apreciados miembros del gobierno y la guerrilla, no buscamos una fórmula parecida a la enfiteusis romana, utilizada en muchos países del mundo, en la famosa reforma agraria mexicana, inclusive, que contenga el secreto de la solución: la tierra es para el que la trabaja, y punto. Es decir, que los campesinos se conviertan en eternos propietarios de la tierra, mientras demuestren deseo de trabajarla. Que los títulos de propiedad y otros recursos valiosos del presupuesto nacional no se obsequien a dedo, por conveniencias ajenas a la vocación agraria, sino acceder a ellos por los méritos antes mencionados y solamente por medio de ellos. Por ahí podemos empezar. No será ese el único remiendo que requiere nuestra política rural.

 

Empresas y Derechos Humanos (Parte 2)

Por: Armando Pérez Araújo

 

No parece buena idea que la soberanía nacional quede enfrentada y sometida de facto al poder y reglas de la globalización económica internacional, muchísimo menos que la sociedad tenga que padecerlo y adicionalmente soportar la desresponsabilización de las autoridades estatales. Eso no es aceptable que ocurra en los escenarios mercantiles y mucho menos debería ocurrir con la protección de los Derechos Humanos. Reclamemos del Estado la necesidad de acudir atento ante la sociedad a desempeñarse en su rol natural de gran responsable y garantista en lo atinente a la realización de los Derechos Humanos. No hay, no puede haber, pretexto de ninguna naturaleza al respecto. Ni siquiera la pobreza de nuestros presupuestos nacionales o regionales podría dar pie para ello. Ya lo dijo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la resolución S-10/1, 23 de febrero de 2009: “Las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos.”

Lo anterior significa que en la relación Empresas-Estado es a éste, sin atenuantes, al que le corresponde el mayor número de responsabilidades en el cuidado de los Derechos Humanos, entre otras, la de mayor jerarquía que es la de asegurarse de que las empresas también lo hagan, tal como lo señalan los principios rectores acogidos por las Naciones Unidas en la materia.

Achacarle todas las obligaciones y responsabilidades a las empresas ha sido una práctica que, desafortunadamente, cogió fuerza en nuestro medio y contribuido, desafortunadamente también, a generar dos fenómenos: uno, que las empresas y otros terceros particulares traten de llenar ese vacío de poder institucional, lo cual sería aparentemente un buen suceso de complementariedad voluntaria plausible, eso sí, con seguridad susceptible de duros cuestionamientos a la larga, porque finalmente terminaría en lo que siempre hemos repudiado, la captura del Estado por los particulares. Otro resultado indeseable sería legitimar la postración crónica estatal, lo cual, envalentonaría aún más la crítica contra empresas y autoridades, que para los efectos prácticos de políticas y desarrollos en materia de Derechos Humanos sería simplemente un asunto o estado de cosas vergonzante.

Aclaremos que cuando hablamos de Derechos Humanos no estamos exclusivamente anclados en el derecho a la vida, también nos estamos refiriendo a los demás Derechos Humanos, llámense de primera, segunda o tercera generación. En nuestra opinión todos son Derechos Humanos, reconocidos como derechos fundamentales para las personas, tanto por el derecho interno como por el internacional.

Aclaremos, además, que cuando resaltamos la necesidad de un Estado protagónico en la realización de los Derechos Humanos frente a las empresas y otros particulares estamos propugnando por un Estado que no esté al margen del poder, ni mucho menos supeditado. Sirve de ilustración la pasada discusión en el país, muy acentuada en La Guajira, alrededor de la suerte de las regalías. Las posiciones que se enfrentaron fueron, una, que las regalías se quedaran en La Guajira, la otra, la planteada en la reforma constitucional que introducía unas nuevas reglas de reparto y distribución de las mismas, en detrimento de las cifras que originalmente se venían manejando antes de la aludida reforma. Los simpatizantes de esta última postura se amparaban en la confortable tesis de que existen en el país “profundas desigualdades regionales”. Decían, por ejemplo, y con alguna razón, que cómo era posible que cinco departamentos (Casanare, La Guajira, Meta, Cesar y Arauca), con el 6% de la población, hubiesen recibido más del 50% de las regalías, y que el ingreso per cápita por regalías en Casanare es de $2.2 millones, que es 45 veces superior a los $49 mil que recibe un nariñense. Ambos argumentos eran igualmente demoledores. Pero esa no debió ser la configuración de la discusión, pues lo que estaba y está en vilo es la falta de progresividad de los estándares de respeto de los Derechos Humanos. La gran discusión nacional deberá ser si el Estado regional, en nuestro ejemplo local La Guajira, estaba y sigue al margen, o supeditado a particulares, en aquello relativo al empleo de las regalías en la realización de los Derechos Humanos, implementando o no políticas para proteger, respetar y remediar asuntos sensibles de la población como la educación, la salud, la vivienda adecuada, etc. Había que hacer la pregunta del millón: ¿donde está la plata de las regalías?

No tratemos el recurrente tema de que aquí o allá opera de una u otra forma la corrupción respecto a este delicado asunto jurídico. Simplemente centremos el debate en si en el esquema anterior o en el nuevo existieron o existen suficientes garantías de respeto de los Derechos Humanos, o si es cierto que en aquél y en éste modelo constitucional el Estado nacional, regional y local está ausente, distante y desresponsabilizado del manejo real de los recursos públicos para garantizar la inversión en el oportuno cuidado y realización de esos derechos.

Podemos seriamente concluir que el papel del Estado, pongamos o sigamos con el ejemplo de La Guajira, es dramáticamente pálido y pobre en el manejo del poder, ante las Empresas y otros particulares, inclusive para atender la conducción del importante recurso de las regalías, que actualmente vale en el país la bicoca de 5 billones de pesos anuales y que está proyectado en 10 billones para el 2020. Dicho de otra manera: es imposible así hablar de garantías en Derechos Humanos. Y lo que es peor y más triste: el Estado, regional y nacional, repito, cada vez más, pierde autoridad moral para regular y controlar a los particulares en todo esto que constituye lo relacionado con la protección y respeto de los Derechos Humanos.

 

 

 

Derechos Humanos y Empresas

Derechos Humanos y Empresas (1)

Por Armando Pérez Araújo

El tema de los Derechos Humanos y Empresas no sólo está de moda, sino que constituye un imperativo de sostenibilidad jurídica y moral, a la luz del derecho interno e internacional vigente y de estándares éticos acatados en el planeta tierra y sus alrededores. Cuando hablamos de Empresas para estos efectos, recalco, estamos hablando de las grandes organizaciones económicas de todos los niveles y sectores de la economía, incluyendo desde los más altos niveles financieros y bancarios hasta la muy controversial industria extractiva multinacional. Pero recalquemos también y de una vez por todas que no es posible tratar el tema de proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, por parte del empresariado multinacional o transnacional, sin antes exigir lo mismo y algo más a los Estados nacionales respectivos. Porque es a los Estados soberanos a los que les cabe la primerísima, esencial e ineludible obligación de proteger, respetar y remediar lo atinente a los derechos Humanos, de conformidad con la normatividad internacional en la materia y con elementales normas de decoro y pudor constitucional de cada país en particular. En Colombia nos hemos acostumbrado a lo contrario, es decir, a desresponsabilizar al Estado de sus obligaciones elementalísimas y mayores, como son las inherentes al respeto y cuidado de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Para demostrar el aserto anterior tengo a la mano el ejemplo de lo ocurrido al respecto en La Guajira, con el cual basta y sobra para realizar un nutrido debate sobre el coyuntural tema. Empecemos diciendo que el Estado colombiano, en sus diferentes niveles y esferas, ha estado ausente en La Guajira para todo aquello que le compete en la órbita social del impacto minero, tal vez en el absurdo entendido que de esa manera distante las multinacionales actuantes se sintieron mejor atendidas y agradecidas, también, hay que reconocerlo como explicación pero no como justificación, por la carencia de fortaleza institucional para actuar.

Hemos predicado por muchos años la tesis de que una cosa es la responsabilidad social empresarial y otra mucho más robusta y musculosa, la del Estado, que deviene del poder soberano, administrativo y jurisdiccional, en lo que constituye la obligación de proteger, respetar y remediar lo concerniente a los Derechos Humanos. La responsabilidad estatal colombiana, a nivel central y descentralizado, ha estado ausente y huyendo, por ejemplo, en lo que compete al parámetro de los reasentamientos, voluntarios o no, y, además, ha contribuido a prohijar el malformado criterio de que las únicas responsabilidades en ese ámbito, estuvieron, están y estarán en cabeza de las multinacionales mineras, llámese Exxon o Cerrejón, o cualquier otra empresa nacional o extranjera. Semejante exabrupto es sólo comparable en su ridícula profundidad a la aseveración de aquél Fiscal Seccional ante el Tribunal de La Guajira, Cardona Idárraga, cuando afirmó o pretendió suponer que la expropiación, que es un negocio público por excelencia, que es de exclusiva potestad estatal adelantarla, en el caso de Tabaco fue instaurada por la particular y empresa extranjera Intercor, filial de Exxon Mobil. (ver la parte pertinente en la Crónica sobre la Destrucción de Tabaco www.rutajuridica.blogspot.com). Sigo con el ejemplo de los citados reasentamientos, advirtiendo que este punto me apasiona, pues fui uno de los que con más fuerza exigió de las autoridades estatales y de las empresas mineras, realizar lo que en ese entonces era simplemente una mala palabra: La Reubicación. Tuve la fortuna de hallar en La Guajira la oportunidad de comprometer el tiempo de mi familia y  el mío, y de arriesgar mi vida, inclusive, cuando fue necesario, para defender eso, tan simple y elemental, que implicaba el derecho a seguir viviendo de manera familiar y colectiva con todos los ingredientes del ahora famoso “tejido social”. No ha habido un solo caso donde no hayamos aportado un granito de arena en esa fundamental materia, en menor o mayor grado, por lo que resulta imperioso y útil expresar nuestro punto de vista sobre lo que constituye el elemento vertebrador de esta discusión de ahora y con seguridad de un poco más adelante, cuando el país esté forzado a examinar las obligaciones y derechos de las transnacionales sin estropear el equilibro requerido para no espantar la inversión extranjera ni mucho menos apabullar el respeto de los Derechos Humanos. Para explicar mejor lo anterior traigo a colación lo que está ocurriendo en Roche, Patilla, Chancleta y Tabaco. Los tres primeros corresponden a lo que se ha denominado reasentamientos y el último a un ejercicio pos judicial de reconstrucción física y del tejido social, cuyo inmediato origen emana de una Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que condenó, principalmente, al Estado colombiano, en cabeza del Municipio de Hatonuevo, a realizar tareas reconstructivas con el concurso de otras agencias oficiales y de los particulares involucrados en la destrucción del corregimiento. El contexto de la citada Sentencia estuvo concebido para proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, por parte del Estado, sin excluir, claro que no, a ninguno de los responsables, llámense entes públicos o terceros particulares. Ya habrá la oportunidad de explicar y defender este ejercicio judicial, enriquecido posteriormente con Acuerdos y Convenios, que hablan muy bien, además, de lo que debe ser una buena práctica de reconciliación y reparación. También el caso de Tabaco servirá para develar la existencia de microempresas económicas y politiqueras que han pretendido lucrarse promoviendo la inconveniente división de la comunidad para atajar o frenar el proceso. En este momento esa no es la discusión.

Lo concreto es lo siguiente: en cualquiera de los casos mencionados, y en otros que por ahora no se hace necesario resaltar, en este momento se pueden mostrar inversiones por parte de la empresa Cerrejón dirigidas a implementar la construcción de los nuevos poblados, con el ingrediente de que las nuevas viviendas vienen acompañadas de excelentes servicios públicos (agua 24 horas al día, etc., etc., que no tienen las mejores ciudades del departamento, incluida la capital, ver artículo Locomotora Social www.pensamientocaribe.blogspot.com). Ya no está en discusión si la empresa Cerrejón debe asumir o no obligaciones respecto a financiar estos reasentamientos, pues de hecho ya se ha echado al hombro en buena o aceptable medida esa responsabilidad. Los extremos que ahora están en el tapete son si Cerrejón debe asumir todo, y todo es todo, o si le cabe alguna o mucha responsabilidad al Estado colombiano en el manejo social del impacto minero. Hay quienes sostienen lo primero. Yo creo en que en esta como en tantas materias hay que ser equitativo y razonable. Pienso, sencillamente, que debe haber un límite claro entre una y otra responsabilidad. Milito en la ideología, y ahora no puedo dejar de ser coherente con ella, de que es inconveniente e insensato admitir lo que se ha denominado la captura del Estado por los particulares, y por lo tanto no podemos, insisto, desresponsabilizar al Estado en asuntos que resultan connaturales a su propia existencia y justificación como ente soberano. Cuando se me ha preguntado: ¿cuántas viviendas se construirán en el Nuevo Tabaco o en el Nuevo Roche o Patilla o Chancleta, Oreganal, Tamaquitos, etcétera? He respondido invariablemente: ¡las que sean necesarias!, siempre añadiendo que entre más soluciones reales contenga una decisión grande en términos de vivienda colectiva, acompañada de empleo productivo, educación de buena calidad, salud, etcétera, será mucho mejor para todos, incluyendo allí la minería, por supuesto, porque eso es bueno para la paz de la región, no la paz quimérica sino la paz real que todos nos merecemos. Pero una cosa es afirmar eso y otra creer que todo tiene que hacerlo, impulsarlo y financiarlo la empresa privada con sus ganancias o excedentes. Tendrá que aparecer por algún lado la responsabilidad jurídica y social del Estado colombiano trayendo más viviendas dignas, más colegios y universidades, instalando más proyectos productivos, haciéndose responsable de la salud pública de buena calidad, conduciendo la tarea de garantizar buenos servicios públicos. ¿Cómo podrá hacerlo?, es esa la pregunta. Pero pongámonos de acuerdo, primero, de que tiene que hacerlo con prontitud.

    

Derechos

Comunicado de la Corte Constitucional de Alemania

Comunicado de la Corte Constitucional de Alemania

Sentencia de la Corte Federal Constitucional en el caso 1 BvL 10/10

Country:
Germany
Forum and Date of Decision:
Corte Constitucional, 18 de julio de 2012
2012-11-07
Nature of the Case:
Presentaciones del Alto Tribunal Social de Renania del Norte-Westfalia ante la Corte Constitucional de Alemania en relación al derecho a condiciones mínimas de existencia; solicitan asilo.

Summary:
El Alto Tribunal Social de Renania del Norte-Westfalia le solicitó a la Corte Constitucional de Alemania que decida si los subsidios económicos entregados a los solicitantes de asilo conforme la sección 3, párrafo 2, de la Ley de Beneficios para Solicitantes de Asilo cumplían con el derecho constitucional a condiciones mínimas para una existencia digna.

La Corte Constitucional decidió que las disposiciones de la ley no eran compatibles con el derecho fundamental a condiciones mínimas de existencia, garantizado por el artículo 1, sección 1 (derecho a la dignidad humana) y con el artículo 20, sección 1 (principio del estado social de derecho) de la Constitución alemana. La corte entendió que dicho derecho abarca “tanto la existencia física de un individuo y la posibilidad de mantener relaciones interpersonales, como un mínimo de participación en la vida social, cultural y política”, y determino que las sumas de dinero otorgadas a los solicitantes de asilo conforme la ley (en algunos casos, solo 225 euros por mes para un adulto y 20 euros por mes para un niño de hasta 6 años) claramente no eran suficientes para garantizar una existencia mínimamente digna. Esta conclusión se basó en el hecho de que los subsidios económicos dispuestos por la ley no se habían aumentado desde el año 1993, a pesar de que en ese período el costo de vida en Alemania se había elevado por lo menos un 30%. La Corte dispuso que los beneficios “deben determinarse de manera realista” y deben “garantizar los derechos fundamentales y de ser posible deben calcularse los montos de manera transparente y adecuada”, de acuerdo con las necesidades reales y actuales. Como consecuencia de la sentencia, fueron declaradas inconstitucionales las disposiciones pertinentes de la Ley de Beneficios para Solicitantes de Asilo.

La Corte ordenó a la legislatura que apruebe nuevas disposiciones destinadas a asegurar condiciones mínimas de existencia . A fin de asegurar los beneficios básicos de los beneficiarios hasta que se aprueben las nuevas disposiciones, la Corte también estableció un sistema provisional que dispone beneficios en efectivo significativamente mayores.

Enforcement of the Decision and Outcomes:
La Corte no definió un plazo máximo para la aprobación de las nuevas disposiciones, sino que exigió que la legislatura actuara “inmediatamente”. Los beneficios básicos conforme a la Ley de Beneficios para Solicitantes de Asilo actualmente deben calcularse sobre la base de las disposiciones generales aplicables a todas las personas que reciben beneficios sociales (Libros Segundo y Doceavo del Código Social de Alemania). El sistema provisional se aplica en forma retroactiva desde el 1º de enero de 2011 en adelante hasta que la legislatura cumpla con sus obligaciones.

Esta orden de la Corte es obligatoria para todas las autoridades públicas. Si dichas autoridades no la cumplen, las personas cuyos derechos son violados pueden presentar reclamos judiciales.

Significance of the Case:
El caso es importante por varias razones. En primer lugar, la Corte aplica el marco metodológico desarrollado en su decisión sobre el plan Hartz IV y, por primera vez, declara que los beneficios sociales otorgados conforme a la ley no cumplen con el estándar protegido constitucionalmente. En segundo lugar, la Corte ubica explícitamente el derecho a condiciones mínimas de existencia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos haciendo referencia al peso interpretativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En tercer lugar, hace hincapié en que el derecho a condiciones mínimas de existencia digna se aplica a todas las personas que residen en Alemania. “Las consideraciones de política migratoria de mantener bajos los beneficios abonados a solicitantes de asilo y refugiados para no incentivar la migración […] no pueden justificar, en general, ninguna reducción de los beneficios por debajo de condiciones mínimas de existencia física y sociocultural. La dignidad humana no puede ser relativizada por consideraciones de política migratoria.” Finalmente, la decisión estipula que “se deben fijar beneficios adecuados teniendo en cuenta las circunstancias reinantes en Alemania, el país en el que se debe garantizar a condiciones mínimas de existencia digna. La Ley Fundamental no permite que las necesidades de una vida digna se determinen en un nivel menor haciendo referencia a los niveles de existencia del país de origen o de otros países. La Constitución tampoco permite diferenciar entre beneficiarios de beneficios sociales básicos de acuerdo con su situación migratoria; la legislatura debe orientarse siempre por las necesidades concretas que aseguran la existencia de una persona”. (Comunicado de prensa de la Corte Constitucional nro. 56/2012 del 18 de julio de 2012).