EL PROBLEMA NO ES ARMANDITO

 

TOMADO DE LA EDICIÓN 63 DE LA REVISTA PENSAMIENTO CARIBE

Por Antagónico Franco

La decisión de Gustavo Francisco de volver imprescindible a Armandito no debería convertirse en el objetivo del poder mediático para masacrar al controvertido exembajador de la FAO.  Masacrar al amigo del presidente para hacerle oposición al presidente no tiene por ningún lado la lógica y ética periodística que requiere este momento de transformaciones truncadas, al menos que se pretenda transitar por los caminos de la violencia política. Lo digo de otra manera, un poco más escatológica o excremental, como lo dijera un célebre padre de la patria: lo que podría ser el gran problema, es decir, que el presidente haya vuelto imprescindible a uno de los conductores de su campaña a la presidencia, no debería servirle a la oposición para confundir la mierda con la pomada.  Armandito, gústele o no a sus colegas periodistas o a sus colegas de la política colombiana, tiene sus atractivos en el mundo del espectáculo político, también en el mundo de los roles del poder, y no podría ser, Armandito, la excepción, para que este presidente lo tenga en cuenta y lo reclute, en momentos de sobrevinientes aprietos políticos, incluso, electorales, si es que le da la soberana gana, cuando así lo considere, y parece que así ha sido, porque es indiscutible que el lenguaraz político barranquillero puede ayudarle a remar en las hediondas aguas del congreso. Eso no tiene necesariamente que revolverse con los extemporáneos argumentos feministas relacionados con los mediáticos bochinches de Armandito con Laura o con Adelina. Tengo que reconocer que me parecieron correctos los ingredientes sumados a la discusión por el muchacho Juan David, Ministro de Cultura, a propósito del rifirrafe periodístico sostenido con los Danieles. Ahora bien, que quede claro que no estamos exonerando a Armandito de nada, porque no se trata de exculparlo de sus pretéritas cagadas, simplemente es que el país no debería seguir sometido a un régimen de opiniones que pretende abrirse paso en los caminos del poder, atropellando las lógicas de la democracia, sobretodo del sentido común. El muchacho Juan David, con el mayor desparpajo, admite estar complacido con la llegada de Armandito al tercer piso de la casa de Nariño, defendiendo su rol de experto y confiable aliado en la estrategia de lidiar los incendios derivados de los comprobados excesos de la mayoría de los congresistas de la oposición, incluso, de los otros. Ya le dije a mi compadre Inocencio que, si yo fuera Gustavo Francisco, nombraría ipso facto, de manera inmediata, a Armandito como Ministro del Interior pa ´que se acabe la vaina y definitivamente alejar el demonio del golpe blando. Sólo así se podrían desembarazar los caminos de la paz total y de las benditas reformas en los que amanecemos cualquier día embarcados y el siguiente sin saber si se caen las estanterías de los proyectos banderas del cambio.

Pilas, señor Carrillo

 

Lo que viene ahora es que el señor Carrillo le restituya a La Guajira los carrotanques, sin excepción y sin pretextos, de tal forma que gran parte del problema de transporte y distribución del agua a las comunidades quede saldado. Evite, señor Carrillo, que dichos vehículos se queden enredados en la madeja de los viejos o nuevos roscogramas de la politiquería de la izquierda o la derecha. En La Guajira se pueden encontrar conductores, aunque lo más seguro es que no tengan licencias al día, pues colabórenles con el trámite y pago, a título de préstamo. También hay organizaciones indígenas con experiencia para hacerse cargo de las rutas respectivas de la distribución inteligente del preciado líquido. No es necesario que reclute cachacos para llenar esos cargos vacantes. Hable, señor Carrillo, con los concesionarios de las vías, para que exoneren de los costosos peajes a todos los vehículos transportadores de agua.

UN CIERRE DE MINA JUSTO PARA LA GUAJIRA

 

UN CIERRE DE MINA JUSTO PARA LA GUAJIRA

Por Armando Pérez Araújo

Al paso que vamos el fenómeno del CIERRE DE MINA, en el caso Cerrejón, se va a desperdiciar, en vez de aprovecharse como la gran oportunidad que es, salvo que, entre todos, pongamos nuestro granito de arena para colocar el primer ladrillo de un exigente edificio que, en la práctica, no en la teoría, como ocurrió con el ejercicio predictivo que hicimos con algunos dirigentes sociales y políticos de La Guajira, cuando idealizamos una especie de maqueta soñada, en beneficio de la paz de esta importante región del país. Lo primero, por supuesto, debería ser adoptar el criterio de que el Cierre y Abandono de la Mina, insisto, debería ser la gran oportunidad para transformar radicalmente la suerte social del departamento, conforme a las muy variadas características medioambientales, especialmente la particular composición político territorial del espacio multicultural y pluriétnico de esta región binacional del país. De acuerdo con la información disponible y el concreto análisis que hemos hecho sobre legislaciones de cierre de minas de países con similar tradición minera, además, estudiar la propia legislación colombiana, hemos comprobado que no existe la necesidad de expedir una ley que regule específicamente el cierre y abandono de minas en Colombia, que no significa que sobre que se allane de la mejor manera las falencias que se hallan al respecto. Si bien esa materia no existe de manera codificada, podemos afirmar que se encuentran normas diseminadas en leyes y decretos sobre tales normativas ambientales y mineras, delimitadas jurídicamente, resaltando de manera especial la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 685 de 2001, la propia Constitución Política, el Acuerdo de la Habana, tratados internacionales, entre otras.

También, al paso que vamos, estamos desperdiciando los vientos del gobierno progresista del presidente Petro, que es nuestro cuarto de hora válido, hay que reconocerlo, para desatrasar las tareas que se han debido implementar en la dirección de organizar la bienvenida al fenómeno del Cierre de la Mina Justo de Cerrejón. Por lo tanto, el ejercicio que tenemos que hacer con urgencia es empezar a pensar, desde ahora, desde ya, sobre cómo saber conversar con el gobierno nacional, incluso, aprender un poco tarde a apoyar al gobierno que ayudamos a elegir, para asegurarnos, por ejemplo, que más de cincuenta mil hectáreas de tierras potencialmente productivas alrededor de la mina, sean urgentemente restituidas mediante algún procedimiento razonable y gradual a campesinos indígenas y afrocolombianos oriundos de ese mismo territorio. Ya es hora que una buena cantidad de estas tierras, de consuno, de forma solidaria, gobierno, empresa minera, comunidades y dirigentes sociales y políticos, entremos a dialogar sobre cómo construir el mecanismo jurídico justo y expedito que permita, por lo menos, retornar al escenario productivo una buena cantidad de esas tierras fértiles en la dirección de la búsqueda de la ideal soberanía alimentaria. De contera, no nos parecen prudentes, ni apropiados, ni mucho menos aconsejables, los ligeros anuncios de la señora viceministra de minas y energía, cuando manifiesta la vocación del gobierno nacional de reindustrializar a La Guajira, asunto que suena muy simple, porque denota el afán de implementar para las comunidades, algo más de lo mismo, es decir, no tocar el punto álgido de la deuda territorial que es prioritario subsanarla.

Deberíamos estar organizando, señora Vice, una lluvia de iniciativas e ideas de lo que sería una coherente propuesta con lo que predica Petro, por ejemplo, respecto a una empresa de economía mixta de carga, de pasajeros y turística, con capital público y privado, con participación accionaria de las comunidades dueñas del territorio étnico, que maneje el recurso portuario, aeroportuario y ferrocarrilero, de lo que es hoy propiedad del consorcio minero de Cerrejón. También, reflexionar sobre la suerte del sofisticado campamento y las demás instalaciones anexas de lo que hoy es el complejo industrial y habitacional Mushaisa, en donde ojalá cuaje lo que alguna vez pensamos que podría ser el escenario para el campus y demás componentes de lo que sería el espacio para la mejor universidad del caribe, la Universidad de la Paz.

El gran resumen de todo es que la anhelada transición energética justa en La Guajira, no será posible si no se implementa el cierre de mina justo y razonable. Ambos episodios, claves para la justicia social y ambiental de la península, deben resolver la gran deuda territorial que aflige a las comunidades étnicas. Por un lado, restituirles al pueblo wayuu y afro el territorio cercenado, desde lo ocurrido con la constitución del inútil Resguardo de la Alta y Media Guajira y sus consecuentes y estratégicas reservas territoriales basadas en la farsa de que eran tierras baldías, hasta lo sucedido con el establecimiento de proyectos eólicos masivos e invasivos en el mismo territorio “resguardado”. Estos últimos ejercicios, aún susceptible de revisarlos social y jurídicamente hablando, antes de que se configuren como parte de una irreversible conflictividad que haga inviable la esperada generación de energía limpia.

 

LA CRISIS

 

El Principio de Oportunidad, carrotanques, ollas podridas y lo que pienso de Lucho Gómez y del Ministro Velasco

Por Armando Pérez Araújo

Me contrataron para que les hiciera caso, es decir, para que les obedeciera, fue lo que dijo el ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, en escuetas y aparentemente sinceras explicaciones dadas al periodista Daniel Coronel, en entrevista exclusiva concedida en el 30 de abril de 2024. Este simple anuncio, de poner a funcionar el tremendo ventilador contra sus cómplices y coautores, constituyó la advertencia clara del ingeniero Pinilla, de que pretendía un ineludible empujón a la Fiscalía General de la Nación, para desatrancar las puertas del principio de oportunidad que, de contera, colocará en ascuas al gobierno nacional que, recordemos, originalmente obró como denunciante penal contra Olmedo López, el supuestamente más implicado, ante la autoridad competente, a través de noticia criminal interpuesta por el Secretario de Transparencia, doctor Idárraga, que tambaleó, se cayó y se levantó, en el momento en que se sintió el primer soplo del anunciado ventarrón. Sin tanto rodeo, el señor Pinilla, sugirió vagas señales de quiénes serían sus principales determinadores o cómplices del descomunal hecho de corrupción, añadiendo que esas personas, sus mentores,  entre ellos el desmedido director Olmedo López, se estarían haciendo los de la vista gorda, vale decir, que lo estaban tratando como al más huevón del grupo delincuencial, dicho así por él de esa manera textual, señalando, entre otras personalidades públicas, a alguien de la mayor cercanía con el presidente Petro, también a un Ministro, por lo menos a un miembro de la Cámara de Representantes, un Senador de la República y un servidor público que todavía trabaja en la entidad. Muy pronto, el breve y cruel paso del tiempo, y el tamaño del estruendo, se encargaron de corroborar lo dicho por el forzado deponente, doctor Pinilla, provocando la caída inverosímil de la consejera presidencial, doctora Sandra Ortiz, haciendo trastabillar la imagen del Ministro Velasco, la de Carlos Ramón González y las de los presidentes de ambas cámaras, Iván Name y Andrés Calle. No pertenece a este contexto el coletazo que ocasionó la salida del Partido Verde del doctor Antanas y de la doctora Claudia López, razón por la cual deliberadamente los excluyo del análisis de los intríngulis de este primer trancazo de la crisis.

En medio de esta tormenta de intercambio de injurias y calumnias, de dimes y diretes, de toma y dame, de la repugnante feria de zancadillas contra el gobierno nacional, quiero meter la mano por el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien no conozco personalmente, pero de quien tengo la mejor percepción como demócrata y persona decente. Lo defiendo con la misma autoridad e independencia que invoqué cuando expliqué públicamente que lo que estaba ocurriendo en La Guajira, en términos de gobernabilidad y gobernanza, era producto del régimen del Ministro del Interior de entonces, doctor Alfonso Prada, quien, gracias a él, siguieron encaramados, sobrados y oxigenados en el gobierno de Petro, el que elegimos los soñadores y progresistas de La Guajira, los adversarios, incluso, los enemigos del señor Presidente. Gracias a ese insólito diseño del cambio y de las transformaciones en este departamento, en las pasadas elecciones territoriales obtuvimos el peor de todos los fracasos electorales de la historia de las fuerzas alternativas y democráticas de esta afligida región del país.

También pongo mis manos en la candela por la honradez y pulcritud de Lucho Gómez, porque lo conozco muy bien. A Lucho se le pueden achacar los errores electorales de sus alianzas inconvenientes o inadecuadas en las elecciones territoriales, destacando que ello fue producto del pésimo diseño del doctor Prada, jamás de haber participado, mucho menos cohonestado con la dinámica del señor Olmedo López ni de Pinilla. Recuerdo muy bien el contrapunteo entre Olmedo y Lucho, generado por las críticas públicas que éste le hacía al director de UNGRD. Haber tirado al ruedo a Lucho, al circo de la peor descomposición, cuando lo designaron Gerente de La Guajira, para combatir el hambre la pobreza y la corrupción, amparado en un simple contrato de servicios, sin competencias constitucionales, fue un infame despropósito constitucional del hoy embajador Prada.

 

LA CONSTITUYENTE ES VIABLE Y CONVENIENTE: 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA, LO EXPLICA MUY BIEN

El Ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia y del Consejo Nacional Electoral, dice lo siguiente:

Artículos de la Constitución Francesa de 1793
art. 27.-Que todo individuo que usurpe la soberanía sea condenado a muerte inmediatamente por los hombres libres.
Artículo 28. Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras.

Sociedad civil, soberano y constituyente

Podemos definir, el concepto de sociedad civil, como la diversidad de personas que, con categoría de INDIVIDUOS o ciudadanos y particularmente o de manera colectiva, actúan para adoptar decisiones que le interesan en el ámbito público, en todos los temas y problemas que les afecten ( la salud, la educación, el ambiente, el bienestar social, el trabajo, la seguridad social, la paz, el desarrollo, la cultura y los derechos humanos, entre otros, etc). Este concepto, presupone que se trata de personas que se hallan fuera de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, de las empresas o poderes económicos, y de las instituciones religiosas. Esto excluye a los miembros de las tres ramas del poder: legislativo, ejecutivo y judicial y a la clase política, incluidos los que hacen vida política constantemente y pero dicen que no.

Debemos recordar que en un estado democrático, con soberanía popular, el máximo poder político lo tiene el pueblo, los miembros de la sociedad civil que nos repartimos fracciones iguales de la soberanía y no los poderes constituidos como son el presidente, los congresistas o los magistrados; Tenemos el derecho a participar en todas las discusiones sobre nuestro destino individual o colectivo, ya que el poder nos corresponde, y que en los momentos de crisis, como el actual, están obligados a consultarnos a todos nosotros. 

Cuando la democracia entra en crisis, la solución no es suprimir las instituciones o las acciones democráticas, sino al contrario, se debe inyectar más democracia y crear más instituciones y mecanismos de democracia directa. Porque como dijera Emmanuel Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente.”.

Las constituciones, como dijo Sieyes, son llamadas fundamentales, no en el sentido de que puedan llegar a ser independientes de la voluntad del pueblo,  “sino porque los cuerpos que existen y obran gracias a ellas no pueden tocarlas ni violarlas. En cada una de sus partes la constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. Ninguna clase de poder delegado puede cambiar nada en las condiciones de la delegación”.

Para Rousseau el soberano-Para el pueblo-no es obligatoria ninguna ley, ni siquiera el pacto mismo (la constitución) “no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aún el mismo contrato social”. El gobernante no es para Rousseau el titular de la soberanía sino el ejecutor de la voluntad general, por eso define el gobierno como “un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. Si el gobernante usurpa la soberanía, el pacto social se destruye y cesa la obediencia del gobernado; “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”. Rousseau considera que el único contrato social es el de la asociación y éste excluye a todos los demás. “El acto que instituye un gobierno es una ley; los depositarios del poder ejecutivo son funcionarios del pueblo, que este puede nombrar y destituir cuando les plazca”.

Similares principios se habían plasmado antes en la revolución americana. Tomás Jefferson, principal teórico de los revolucionarios norteamericanos, afirmaba que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres y tienen determinados derechos congénitos: a vivir, a poseer bienes, a la felicidad y a la seguridad. Los gobiernos los forman los hombres, y los instituyen para que les garanticen esos derechos, pero incluso después de la institución de los gobiernos, los pueblos continúan siendo el poder supremo, y las personas investidas de poder son sus representantes. Si el gobierno deja de garantizar la dicha y la seguridad del pueblo, la mayoría de éste tiene el derecho inalienable de “reformarlo”, cambiando e incluso “destituirlo”, procediendo del modo necesario para asegurar el bien general del pueblo”.

Thomas Jefferson, uno de los padres de la constitución norteamericana. quién sostenía que el mundo era de los vivos y no de los muertos y que cada generación tiene el derecho darse su propia constitución cómo aparece claro en la carta que dirigiera el 12 de julio de 1816 a Samuel kercheval y donde dice:

 “Cada generación es tan independiente como la anterior, como lo fue de todas las anteriores. Tiene entonces, como ellos, el derecho a elegir por sí mismo la forma de gobierno que crea más promotora de su propia felicidad; en consecuencia, para acomodarse a las circunstancias en las que se encuentra, la que recibió de sus antecesores; y es por la paz y el bien de la humanidad, que la constitución debería brindar una oportunidad solemne de hacer esto cada diecinueve o veinte años; para que pueda transmitirse, con reparaciones periódicas, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos, si es que algo humano puede soportar tanto tiempo.” Con Jefferson coincidirían los jacobinos para quienes “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras.”.

Propuestas de constituyente

Debemos recordar, que quienes se oponen a la constituyente nada dicen de que la constitución de 1991 ya ha sido reformada a espaldas del pueblo 56 veces, casi 2 actos legislativos por año y en la mayoría de los casos no para profundizar la democracia y la justicia social, sino para envilecerlas. Es hora ya de que se reforme de cara al pueblo y por el propio pueblo soberano. Por eso vemos positivamente que otras voces se unan a nuestra propuesta de constituyente; sin embargo, debemos advertir que existen diferencias entre la nuestra y las otras.

Las candidaturas para la asamblea constituyente

Mientras unas proponen amarrarlas a la clase política -de gobierno u oposición-, nosotros proponemos candidatos independientes, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, con el fin de que no la capturen los partidos políticos o los grupos de interés económicos. Para esto los requisitos para ser candidatos deben ser mínimos y exigir muy pocos apoyos de firmas, sin pólizas, que fue lo que permitió en Chile,los representantes de la sociedad civil, sacaran más de las 2 terceras partes de los elegidos, y que todos los partidos políticos o movimientos tradicionales eligieran menos de la 3 parte de los delegatarios. 

La constituyente, debe ser paritaria, esto es igual número de hombres y mujeres, tener representación de ciertos sectores por derecho propio (Indígenas, afros, etc.) y debe existir una circunscripción especial para jóvenes entre 16 y 26 años para que hagan oír su voz, directamente, sin intermediarios.

Se debe inhabilitar para hacer parte de la constituyente a todas las personas que un año antes de su convocatoria, ocupaban cargos públicos, como congresistas, magistrados o miembros del gobierno, ministros y jefes de departamentos administrativos, superintendentes, gobernadores o alcaldes y  todos los expresidentes de la República.

Algunos temas 

Dentro de los temas de que debe ocuparse la constituyente, están la lucha contra la corrupción y la impunidad, las reformas a la salud, al trabajo y a la educación, los derechos de las víctimas de la violencia, la reforma electoral, comenzando por abolir las donaciones de particulares a las campañas políticas, de acabar con los dineros de las mafias o de la corrupción (Odebrecht), las reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del Congreso, de la justicia, la redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial; la libertad e igualdad de los colombianos; el derecho a la vivienda, que defina la paz, incluida la total, o la que es más importante: la paz con justicia social; la preservación del medio ambiente, que sustituya las fuentes de energía contaminante por energía limpia. la lucha contra el desempleo y la pobreza, la renta básica universal, entre otros.  

No podemos dejar que estas ideas desaparezcan del debate social y político.

Como no hay duda de que existe una relación dialéctica entre instituciones y estructuras, el lugar natural para crear esas instituciones es una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, soberana, con inclusión de las organizaciones sociales y la sociedad civil, con la asistencia de personas independientes que diseñe las nuevas instituciones, que haga posible los cambios estructurales, que les de derechos y justicia social a todos los colombianos

Para enfrentar esta profunda desigualdad social, es necesario hacer cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad y distribución de la riqueza y las leyes que la sustentan. Para impulsar esta propuesta nos hemos constituido, como Consejo promotor de esa Asamblea Nacional Constituyente. 

Como decíamos, en esta misma revista:

“No ignoramos que los primeros enemigos de la constituyente, son los poderes constituidos y que tanto la izquierda como la derecha la miran con recelo, la primera porque cree que es una vía para reencauchar a Uribe y la segunda, porque cree que el presidente actual se perpetuaría en el poder. La constituyente chilena acabó con el argumento que se esgrimía allá y qué es recurrente entre la fementida izquierda colombiana que también le tiene temor al pueblo, que la Constituyente sería una oportunidad para el pinochetismo (o uribismo en Colombia), y no para los sectores democráticos pero finalmente demostró que los independientes y los demócratas pueden constituir mayorías en la constituyente aún en sociedades que han sido objeto de dictaduras. "

 

DIAGNÓSTICO PARA LA PRÓXIMA GUAJIRA, INGREDIENTES PARA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Por Armando Pérez Araújo

Está empezando una nueva década llena de problemas y expectativas. Seamos optimistas y digamos que llegó atiborrada de esperanzas de cambio y hablemos sólo de ese cargazón de perspectivas positivas que son las mismas que tiene el resto de los colombianos, más unas muy locales y complejas que constituyen la única o mejor opción de transformación, justicia y cambio real. La primera y gran tarea que tenemos consiste en identificar a cuál de las tantas trabas sociales que aquejan a La Guajira tendríamos que darle el carácter de principal objetivo para derribarla. Sin temor a equivocarme debo decir que lo más considerable y jodido de los tantos asuntos que interfieren nuestra particular dinámica de cambio es todo aquello que tropieza con lo que podríamos denominar como los DERECHOS DE ACCESO A LOS DERECHOS, que en el caso concreto de La Guajira se refieren a derechos de gran jerarquía social y democrática: Empecemos por el Derecho al Acceso al Derecho a la Participación que aquí no existe y sigue aplastado, muy a pesar de haber sido considerado esencial para la apertura democrática del país en la configuración del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba. Allí se acordó que era indispensable ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr las bases para forjar la paz, resaltando que era necesario entender que la construcción de la paz verdadera es asunto definitivamente de todos, de la sociedad en su conjunto y requiere de la participación efectiva de todas las personas sin distinción. En este orden de ideas, la ciudadanía debería convidar a partidos y movimientos políticos democráticos con representatividad local, y a las organizaciones sociales ideológicamente afines, a conformar una unión de fuerzas alternativas alrededor de la paz real con justicia social real en La Guajira y comenzar a trabajar en temas de participación efectiva de todos los sectores. Por diferentes razones, nuestra primera sugerencia es hacer posible el acceso a la participación política y democrática de los sectores indígenas, partiendo del indiscutible presupuesto de que es urgente hacer efectivo el acceso al respeto a la diversidad étnica y cultural. Esta fundamental decisión no debería esperar ni suscitar ninguna discusión, dado el enorme respaldo normativo, nacional e internacional que tiene esta causa social y la representatividad numérica de una decisoria población indígena, ya que estamos hablando de no menos del 50% del censo total departamental, lamentablemente excluido durante toda la vida. No obstante lo demoledor del argumento anterior sabemos que hay corrientes retrógradas, unas, otras simplemente egoístas e imbéciles, que no quieren o no les convienen saber nada del respeto a la diversidad étnica y cultural. Hagamos entonces un poco de pedagogía con este emblemático punto y destaquemos que el derecho de participación de los indígenas aparece en teoría consagrado y reconocido en la Constitución Política y en cuanta ley y tratado o convenio internacional existe, pero, al mismo tiempo, frenado con miles de talanqueras para hacer efectivo el acceso a tan importante derecho. La prueba reina de este desajuste es que en el Acuerdo de La Habana el Capítulo Étnico del documento suscrito se limitó a ratificar la normatividad en materia de derechos indígenas y recordarnos los principios de no regresividad y progresividad de los mismos. Permítaseme advertir y recalcar que porque he sugerido la prontitud con la que habría de asumirse el indispensable acceso a la participación de los indígenas en la toma de las decisiones políticas, no significa de ninguna manera que hemos desestimado la importancia del acceso a esos mismos esenciales derechos de otros sectores siempre marginados, por ejemplo, la población afro discriminada, la agenda social de la mujer y de jóvenes políticamente discriminados, lo cual es absolutamente indispensable para darles el carácter de sujetos políticos en la vida pública de La Guajira y alcanzar el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. El compromiso del Estado al suscribir el Acuerdo de La Habana fue distribuir equitativamente los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos que ejerzan oposición política y darles de esa manera mayores garantías para esa tarea democrática, lo cual constituye una trascendental medida que no espera un minuto político más, mucho menos la revisión integral del régimen electoral, que en el caso de La Guajira merece un capítulo aparte.

 

 CARAJADAS CONSTITUCIONALES, A PROPÓSITO DE UNA EVENTUAL ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Por Armando Pérez Araújo

No es posible avanzar en este reiterado planteamiento nuestro de defender integralmente a La Guajira, sin respirar profundamente y reflexionar sobre el significado y alcance del vocablo TERRITORIO. Pensamos que aquí es donde está el meollo de la confusión reinante en esta materia clave de la realidad social de esta región política del país, por lo tanto, es menester realizar unas mínimas precisiones: la primera que se nos ocurre proponer es que tengamos que admitir que esa realidad está amarrada a la propia realidad de la etnia wayuu. Admitamos que esta afirmación es incuestionable e indiscutida, hasta por quienes miran por encima de sus hombros la connotación histórica y política del pueblo indígena, por lo que, podríamos deducir que lo que sigue es comprender que hay asuntos, entre ellos la territorialidad del pueblo wayuu, que no se puede ni debe eludirse, a la hora de pretender la defensa de los intereses y derechos de La Guajira. Además de perverso sería absolutamente desconcertante e insensato que en vez de acudir a la territorialidad wayuu se elija prescindir de ella a la hora del debate jurídico y la propuesta político administrativa, que es lo que lamentablemente viene ocurriendo de forma inveterada. Políticos, académicos y líderes sociales, claro, con distinguidas excepciones, acuden a la palestra de las corporaciones públicas, a las columnas de opinión, a los micrófonos de la radio y la televisión, a los escenarios de gobierno, etcétera, a defender, por ejemplo, el comercio fronterizo, la estabilidad jurídica de los puertos de la Alta Guajira, en fin, el universo comercial y aduanero de La Guajira, prescindiendo de la argumentación de fondo que no es otra cosa que la respetabilidad constitucional del territorio wayuu. Les produce urticaria utilizar el argumento territorial wayuu porque saben que ello tendría que desembocar en la autonomía, el gobierno propio, la consulta previa y todo lo que ellos llaman carajadas constitucionales del derecho de los indígenas. Este intento de frenar el desarrollo de las garantías indígenas es lo que ha generado un ambiente de desterritorialización de La Guajira y ha convertido el sagrado escenario territorial indígena en una especie de extenso y caótico potrero sin normas de protección para ninguna actividad. Usted, amiga lectora y amigo lector, póngase a pensar, con qué cara nuestros personajes, nos referimos a los que mandan en la política de La Guajira, van a luchar por los efectivos privilegios territoriales del pueblo wayuu, si ellos, estos personajes nuestros, son los crasos usurpadores de esas garantías constitucionales. Revisen municipio por municipio y nos dirán. La pregunta que sabemos que les surgirá es la siguiente: ¿entonces, ¿cómo lo hacen?, ¿cómo hacen para no mencionar los intereses wayuu, siendo que ellos son tan evidentes, en una de tantas reuniones con las esferas del poder central? Se la responderemos de la siguiente forma: claro que sí hablan de los intereses wayuu, pero de otra manera: Si el tema es la normatividad portuaria, por ejemplo, resaltan las estadísticas que indican la mano de obra wayuu utilizada en el cargue y descargue de los barcos, advirtiendo que estaría abocada a un cese laboral forzoso. Incluirían el potencial desempleo de choferes indígenas de tanta cantidad de camiones parados, el lucro cesante de pequeños y medianos capitales de indígenas invertidos en el parque automotor amenazado, también que las mujeres indígenas quedarían cesantes en su oficio de cocineras en los puertos. Ah, dizque a los niños wayuu se les encimaría otra causa de morbilidad y mortalidad, y, si el tema es el comercio de Maicao, ocurriría lo mismo, es decir, idéntica argumentación más la connotación fronteriza. Jamás de los jamases esgrimirán la argumentación constitucional de la defensa del territorio wayuu como arma jurídica. Aunque no cuaje como razonamiento válido, aunque parezca estrambótico, a La Guajira le tocará empezar a razonar y entender que el camino de la paz y del desarrollo es la territorialidad wayuu. Montesquieu y Rousseau, que fueron los primeros en precisar el alcance de este término político, enseñaron que territorio es una extensión de tierra donde habita una colectividad humana con una “autoridad definida”. No nos digamos mentiras: eso aquí lo tenemos como un simple adorno retórico de nuestra Constitución Política.