EL GRAN ACUERDO NACIONAL, PARTE 2

Por Armando Pérez Araújo

A pesar de las aparentemente irreconciliables contradicciones entre el gobierno Petro y el entrante o, mejor, con ocasión de ellas, deberíamos empezar a edificar los puentes que servirán de sostén a la plataforma de lo que hemos denominado el gran acuerdo nacional desde las regiones, advirtiendo que ninguna región, ningún partido político, ningún gobierno y ningún sector social, por sí solo, puede construir el futuro de Colombia. Además, deberíamos admitir como ineludible preámbulo que tendrá que ser indispensable insumo reconocer que Colombia atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia republicana y que la polarización política, la desconfianza institucional, la desigualdad territorial, la creciente distancia entre el Estado y la ciudadanía, incluso, las reales o virtuales potencialidades de las demandas de nulidad de la elección del electo mandatario, exigen una profunda respuesta que trascienda las coyunturas electorales y los subalternos intereses particulares. Es esa potísima razón por la que proponemos impulsar un Acuerdo Nacional desde las Regiones, entendido como un profundo proceso plural, democrático y participativo para construir los consensos fundamentales que permitan fortalecer la unidad de la República, respetando la diversidad de sus territorios y de su gente, destacando que éste no será un acuerdo entre adversarios políticos, sino una invitación para que Colombia dialogue consigo misma.

Algunos de los principios refundadores de esta próxima Colombia indican que somos una sola Nación construida desde sus regiones, que la unidad nacional no exige uniformidad, por el contrario, se fortalece cuando reconoce la riqueza histórica, cultural, económica y social de cada uno de sus territorios. Coincidamos en que un buen punto de partida será que la dignidad de las personas constituye el fundamento del Estado, lo cual significa que toda decisión pública deberá orientarse al respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales, destacando que las regiones son protagonistas del desarrollo nacional y que el país requiere una distribución más equilibrada del poder político, administrativo y fiscal, que permita a los territorios participar efectivamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro. Acordemos que la democracia exige diálogo permanente para que las diferencias políticas sean legítimas y que la descalificación, la exclusión y la violencia no pueden sustituir el debate democrático. El poder debe estar equilibrado y toda democracia necesita pesos y contrapesos eficaces que impidan la concentración del poder y garanticen la independencia de las instituciones, el control ciudadano y la transparencia. Concluyamos que la diversidad es una fortaleza nacional, que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, el pueblo Rrom, el campesinado, las comunidades urbanas y rurales y todos los sectores sociales forman parte esencial del proyecto nacional. La justicia territorial constituye una condición para la paz. No podrá existir una Colombia plenamente democrática mientras persistan profundas desigualdades entre las regiones. Las futuras generaciones también son destinatarias del Acuerdo. El desarrollo económico, la protección del ambiente, la sostenibilidad fiscal y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales deberán armonizarse con los derechos de quienes heredarán el país. Los consensos fundamentales pertenecen a Colombia.

El Acuerdo Nacional desde las Regiones no será patrimonio de ningún gobierno, partido político, movimiento social o líder individual. Pongámonos de acuerdo para que su edificación permanezca abierta a la participación de todos los sectores que compartan estos principios democráticos. El diálogo será el método permanente, porque las reformas que Colombia necesita deberán construirse mediante la deliberación pública, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos amplios, sin renunciar al pluralismo que caracteriza nuestra democracia.

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