BORRADOR DE UNA INICIATIVA, AÑO 2022 

Los acuerdos vinculantes con la sociedad local

 Borrador de un documento para discutir sobre Paz, Justicia Social y Ambiental en La Guajira.

Gustavo Petro, Presidente.

 Francia Márquez, Vicepresidenta.

Julio, 2022

Documento elaborado por:

Armando Pérez Araújo

armandoperezaraujo@gmail.com @APerezAraujo 3178313172

 

DESTINATARIOS DEL DOCUMENTO

Es nuestra intención promover la lectura y estudio del presente documento borrador, atendiendo de esa forma la invitación cursada y difundida por el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y la señora vicepresidenta, doctora Francia Márquez Mina, haciéndolo llegar hasta donde sea posible en formato electrónico e impreso a la toda la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, a los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y políticas de La Guajira, y de manera especial a las senadoras Marta Peralta Epieyu e Imelda Daza Cotes y a la Representante a la Cámara Carmen Ramírez Boscán, parlamentarias del departamento de La Guajira, además, visiblemente comprometidas con las diferentes y profundas estrategias de cambio promovidas y defendidas por el nuevo gobierno nacional. De la misma forma se hará todo lo conducente para que estas inquietudes en borrador sirvan para enriquecer y articular el debate civilizado y armónico sobre la suerte de la próxima Guajira que deseamos edificar.

 

 

 

 

 

CONTEXTO Y COYUNTURA

Una cosa es el modelo general de gobierno democrático que se vislumbra se implementará en nuestra Colombia plural, democrática y participativa, en los asuntos de paz, justicia social y ambiental, otra la que deseamos que ocurra respecto al Caribe, que es una de nuestras regiones colombianas con marcada identidad propia y una, totalmente distinta, la que predomina en La Guajira, donde rigen realidades sociales, políticas y jurídicas absolutamente diferentes, además, dramáticas, sobre las cuales haremos las consideraciones puntuales, pensando en lo que hemos cualificado con el nombre de pellejo social de La Guajira. Empecemos entonces llamando las cosas por su nombre y resaltemos lo que se conoce en el mundo del constitucionalismo social universal como el respeto a la diversidad étnica y cultural, cuestión esencial en el caso de este departamento, consagrada en el artículo 7 de la Carta Política y que, en el lenguaje popular de la vicepresidenta Francia Márquez, se acuñó masivamente como el modelo sabroso, que implica reconocer y proteger la respetable dimensión de la vida humana en sociedad, que en crasa filosofía política de la calle equivale a poder vivir en paz y sin miedo. Valga la ocasión para que recordemos que el nuevo mandatario de los colombianos, doctor Gustavo Petro, ha sido explícito y absolutamente comprometido defensor de esa tesis social y filosófica, lo mismo que de los alcances jurídicos y políticos de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, los cuales describen líneas gruesas y nítidas del verdadero Estado Social de Derecho, como que son principalmente fundadas en la autonomía de sus entidades territoriales, vale decir, en la protección y respeto de la dignidad humana, el trabajo, solidaridad de las personas que la integran y prevalencia del interés general, entre otras garantías y derechos reputados como fundamentales.

Por tal razón, si pudiera hablar hoy con el Presidente Petro y decirle al oído algunas recomendaciones sobre las soluciones más urgentes para potenciar la Dignidad Humana de la gente frágil de La Guajira, le diría, como recuerdo que les respondí recientemente a los dirigentes nacionales del Pacto Histórico, Gerardo Ardila y Jorge Rojas, el mismo interrogante planteado por ellos, al momento de finalizar el nutrido cenáculo político de Riohacha, con ocasión de las interesantes y emotivas conclusiones del evento, cuando examinábamos, en vísperas de la elección presidencial de junio, ante ciento sesenta dirigentes y profesionales guajiros, el atractivo e incluyente programa de gobierno del hoy presidente de los colombianos, a lo cual expresaría nuevamente y con el mismo énfasis el siguiente planteo: Señor Presidente Petro, inmediatamente usted se posesione, piense en la posibilidad jurídica de poder declarar especial situación de orden público el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, es decir, que de manera urgente implemente y haga obedecer, obviamente por las vías institucionales, ese importante fallo de la Corte Constitucional, que insólitamente ha sido burlado grosera y sistemáticamente por las autoridades obligadas a cumplirlo, agregándole, por vía de interpretación, al original texto judicial, las añadiduras constitucionales pertinentes, las cuales, a pesar que formalmente tienen vigencia, hasta ahora sólo adornan la fachada retórica de nuestra Carta Política, como son, por ejemplo, los tópicos autonómicos y todo lo concerniente al acceso efectivo al ejercicio pleno de los derechos humanos internacionales. Destituya, si así lo considera su señoría y fuese necesario, a los funcionarios renuentes de su jurisdicción y solicite la aplicación de drásticas y ejemplares sanciones a los representantes legales de las entidades territoriales involucradas y a los de los entes descentralizados involucrados, comprometidos en el desobedecimiento a la citada sentencia. Ahora no podrá ser posible, señor Presidente Petro, que instancias influyentes de la burocracia sigan jugándole sucio a ese trascendental fallo de la Alta Corte, atravesándoseles, incluso, al vigilante rol de la Procuraduría General de la Nación en una materia tan supremamente grave y sensible como es subsanar con seriedad y rigurosidad los efectos de haber demostrado la violación recurrente, masiva y generalizada de los derechos fundamentales y colectivos de todo un pueblo indígena tan importante y numeroso, tal vez el más productivo y dinámico de la sociedad colombiana, que se halla, según el minucioso juicio de la Corte, por debajo de los estándares regularmente admitidos en el resto del país, que fue lo que dio lugar a que fuese declarado el estado de cosas inconstitucional.

También esperamos de usted en La Guajira, señor Presidente Petro, que simultáneamente con el respetuoso pedido anterior, haga cumplir, por las vías institucionales previstas en la ley y la Constitución, los demás fallos judiciales pendientes en el contexto de los abusos de la llamada gran minería carbonífera, especialmente en lo relacionado con la órbita jurisdiccional del gobierno nacional y de las otras dependencias oficiales bajo su mando y tutela presidencial, respecto a casos de justicia social y ambiental emblemáticos, como lo constituye el insólito ataque y destrucción ilegal del corregimiento de Tabaco, entre otras violaciones igualmente graves de desplazamiento forzado por el desarrollo minero, incluyendo el desesperado y estertoroso intento de última hora del actual gobierno de colaborar con la empresa turca BCC en el exterminio de las posibilidades turísticas y de agua de los manantiales de Cañaverales.

Dicho lo anterior, comencemos entonces por uno de los temas principales y de más prioridad y gran significación: Las relaciones con Venezuela: No tenemos ninguna duda de que las relaciones con la hermana República Bolivariana de Venezuela serán una enorme prioridad para este próximo gobierno popular y democrático, sin embargo, es menester resaltar que el presidente Gustavo Petro ha dicho y reiterado, que entre todos los asuntos relacionados con la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, serán precisamente los pertenecientes a La Guajira-Zulia, los primordialmente tenidas en cuenta por aquello de las garantías territoriales inherentes a los individuos y diferentes pueblos indígenas allí circunstanciados, especialmente el impacto sobre la vida del populoso pueblo wayuu, respecto a los cuales existen diversos derechos amenazados y/o vulnerados, especialmente aquellos relacionados o atinentes a los parámetros de la autonomía, la estabilidad del crecimiento natural de la economía fronteriza, lo mismo que respecto a la urgente normalización de los inverosímiles desórdenes administrativos respecto a los derechos de Identidad Personal e identificación, que afectan la Dignidad Humana de todo un pueblo y distorsionan la calidad de vida personal y colectiva de los habitantes de la congestionada frontera. Señor presidente y señora vicepresidenta, hemos querido resaltar lo relacionado al fundamental derecho a la Identidad Personal porque se trata de un asunto supremamente sensible y delicado, que ha estragado durante muchos años la respetabilidad de la identidad colectiva de los habitantes de frontera, con sus graves consecuencias sociales en otros frentes. Necesitamos entonces encontrarle solución jurídica a este complejo asunto binacional, mediante la firma de un instrumento internacional, dado que su peculiar dinámica fronteriza, afecta la dignidad humana individual y colectiva, inclusive, desde el crucial momento inmediatamente posterior al nacimiento de niños wayuu, que es cuando se obstruye y perturba de la peor forma el trámite y expedición legal del Registro Civil de nacimiento, y otras veces, que también resulta igualmente grave, que ocurre cuando el ciudadano o ciudadana wayuu, que necesita transitar desde Colombia para Venezuela y viceversa, que también lo es su espacio territorial étnico, porque tiene que atravesar y moverse en la artificial frontera binacional, repito, su territorio ancestral, no encontrando otra salida que valiéndose de un falso Registro Civil de nacimiento expedido ilegalmente por la autoridad de la nación vecina y de ese infrahumano encasillamiento acceder a la falsa identidad personal y, peor que eso, socorrerse en la doble identificación personal, claramente presionado y determinado por la increíble y reprochable carencia de las mínimas garantías estatales por parte de las autoridades civiles de ambos países hermanos. La aberración anterior se ha venido convirtiendo en una práctica humillante y consuetudinaria para el ejercicio de la ciudadanía wayuu, es decir, en una especie de contemporánea esclavización que es indispensable revisar y erradicar ahora en este gobierno democrático, evitando que los habitantes nativos de esta parte de la frontera con Venezuela tengan que seguir portando dos cédulas diferentes, dos licencias de conducción con información personal obviamente diferente, y así sucesivamente.

Transición Energética y Respeto de los Derechos Humanos: Sabemos del entusiasmo del señor Presidente, el cual compartimos plenamente, para rodear de garantías y de la mayor celeridad y seguridad posible la transición energética del país y de su compromiso con la consecuente descarbonización de la economía, que también constituye una bandera de la mayoría de los colombianos y de la totalidad de los integrantes de Causa Caribe. No obstante, digámoslo con total franqueza, tenemos que expresar que dichos proyectos eólicos en territorio indígena, tal como están planteados y autorizados en la geografía de la península guajira, son perjudiciales e inconvenientes para las comunidades nativas, incluso, para la suerte económica de las empresas nacionales y extranjeras irresponsablemente invitadas para tan importante y costosa aventura económica, lo cual arriesga la reputación internacional del país ante el mundo de los inversionistas. Hemos advertido que no tienen nada que ver las antedichas descalificaciones con la importancia que reconocemos sí tienen tales iniciativas, consideradas como que son un ineludible Mecanismo de Desarrollo Limpio, conforme a las directrices ecológicas y estímulos éticos contemplados en el Protocolo de Kioto y en los compromisos del Acuerdo de París. En primer lugar, conviene que recordemos que las 45.000 hectáreas del Resguardo de la Alta y Media Guajira, espacio territorial étnico en donde se pretende acomodar a la brava, por lo menos 65 parques eólicos proyectados, son ABSOLUTAMENTE AJENAS y privadas, por tanto, no existirá ninguna posibilidad de abrir discusión alguna sobre si esas son o no son tierras ajenas. Son ajenas y punto, es decir, no son tierras baldías de la nación, ni son ejidos, ni cosas por el estilo, mucho menos son un potrero público como es lo que se les ha considerado en la cuestionable práctica. Adicionalmente, admitamos que son espacios socioeconómicos y geopolíticos, reconocidos y protegidos por la normatividad superior interna y por el bloque de constitucionalidad, lo cual significa, en simple y elemental lenguaje castellano, que lo que a la mayor velocidad viene ocurriendo en el mencionado territorio indígena fracturado, de la mano irresponsablemente protectora y cómplice del Estado colombiano, es una monumental infamia contra la estructura territorial de la etnia wayuu, sumada a desposesiones históricamente infligidas contra la propia autonomía del importante pueblo indígena, las cuales vienen ocurriendo impunemente, agregadas a las violaciones constatadas en la sentencia T 302-2017, de la Corte Constitucional. Ello es más grave si sucede, como evidentemente ha venido aconteciendo, es decir, a la mayor velocidad posible, de manera zigzagueante y sistemática, comandados por las poderosas empresas interesadas y guiados por las principales autoridades nacionales del estado y también por las locales, incluso, por instituciones parapetadas detrás de sofisticadas nomenclaturas de amañadas atribuciones ambientales, disfrazadas de competencias logradas a punta de inteligentes maniobras publicitarias y del obvio apoyo inmoral e irresponsable de la prensa, consumando así la susodicha y punible invasión de tierras como perteneciente a respetables inversiones nacionales y extranjeras que dicen traerán progreso al departamento de La Guajira y especialmente al territorio indígena sediento y olvidado. Ni lo uno ni lo otro. Más temprano que tarde se desnudará el entuerto jurídico y social, quedando en evidencia el punible despropósito y la maldad.

Por esa potísima razón resulta forzoso concluir que es indispensable revisar el tópico relacionado con la invasión estatal de tierras ajenas y sus repercusiones sociales, ambientales y jurídicas, sobre las cuales se pretenden invertir, léase arriesgar, millonarios recursos con el controvertible propósito de atraer el desarrollo de energías limpias y de contera hacer creer que de esa forma se favorecen los intereses económicos de importantes empresas colombianas y extranjeras. Es un hecho incontrovertible que la Constitución Política nuestra ha perdido vigencia social en La Guajira, adicionalmente también es cierto que bajo su égida el territorio étnico de la Media y Alta Guajira ha sido objeto de la peor y más irrazonable balcanización, ahora utilizando el deleznable pretexto dizque de contribuir con la transición energética. Transición energética sí, pero no así. Es esa la discusión. Miremos, entonces con el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta doctora Francia Márquez, qué podemos hacer a estas alturas.

Democracia y Gobernanza Territorial: Tal como lo contempla el punto 4.1 del programa del presidente Petro, constituye su anhelo gubernamental como el nuevo modelo del Estado Social de Derecho colombiano el acápite sobre Democracia, Gobernanza Territorial y Progreso Económico para una sociedad en paz, lo cual significa que esta vital materia para La Guajira tendrá todo el decidido respaldo del nuevo gobierno, haciendo que este asunto sea clave en la mirada que tenemos para la indispensable estabilidad diversa y profunda de la sociedad que pensamos. Nos gusta supremamente la idea del presidente Petro de democratizar las diferentes oportunidades de progreso económico, dejando a salvo, claro está, el mandato constitucional referido a diferenciar territorialmente los espacios indígenas y los no indígenas, en un departamento en donde la diversidad es evidente.

No nos gusta la idea de quienes tienen el codicioso proyecto de manejar desde la ciudad de Barranquilla los asuntos de La Guajira, amparándose en lo que la ley 1962 del 2019 prevé con el sugestivo nombre de RET, Región Entidad Territorial, instancia que pasaría por encima de las expectativas previstas para las entidades territoriales de La Guajira, en este caso, los territorios indígenas, los municipios económicamente más importantes, incluso, el Departamento, en términos de autonomía por la Constitución Política. Nos consta que ese esperpento viene caminando, pero he ahí la importancia de estos debates bien informados.

Al contrario, quisiéramos que el gobierno nacional que comienza examine la posibilidad de promover la iniciativa de un Estatuto Constitucional para la sociedad wayuu que contemple como sería apenas natural y obvio la opción autonómica constitucional del artículo 287 de la Carta, es decir, volver una realidad jurídica y administrativa lo establecido hace treinta años en la Carta para las entidades territoriales indígenas de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales, lo cual, lógicamente deberá manejarse con la gradualidad razonable y de conformidad con el respeto de los usos y costumbres y de las demás normas que los protegen. La discusión será interesante y ardua, aunque muy bien respaldada porque sabemos que el nuevo gobierno está interesado en construir, según está dicho con sus propias palabras, “un sistema de ordenamiento y gobernanza territorial integral, democrático e intercultural que reconozca a quienes nunca han tenido, impulsando la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como instrumento integral de protección del territorio, entendiendo a éste como un ser viviente desde una perspectiva biocultural, que se nutre de tradiciones, saberes ancestrales y el conocimiento de los pueblos originarios, negros y campesinos, respetando la gobernanza y la autonomía de cada pueblo en particular. Esta LOOT deberá incluir y garantizar, entre otros temas, el fortalecimiento y articulación de los resguardos y entidades territoriales indígenas, los consejos comunitarios mayores (Ley 70/93) y las territorialidades campesinas”. (texto resaltado en cursiva extraído del programa de gobierno). No tenemos ninguna duda que éste será el plato fuerte del nuevo gobierno nacional, el más histórico y complejo de todos, dentro de las variadas y profundas discusiones que se avecinan en el seno de los Acuerdos Regionales Vinculantes para La Guajira, después en el Congreso de la República. También, que será lo más importante, de las tantas expectativas que se tienen del próximo gobierno, alrededor de la suerte de la próxima Guajira, en términos de respeto a la diversidad, incluso, de la pervivencia de la etnia wayuu.

El Comercio de Maicao, breve Contexto Histórico: para los efectos del asunto especial del comercio, resaltemos que el Pueblo Wayuu es el titular universal de los derechos territoriales de la Alta y Media Guajira, incluyendo la actividad y dinámica de los puertos tradicionales, trochas y caminos, lo mismo que del espacio geopolítico de la zona fronteriza colombovenezolana, asuntos sobre los cuales hoy en día ya no hay discusión ni duda alguna. Recordemos que desde la llegada de los llamados turcos a Maicao los indígenas han sido sus fraternales anfitriones, en las verdes y en las maduras, es útil resaltarlo. Sobre eso tampoco cabe la menor duda, porque también es absolutamente cierto que los siriolibaneses o turcos de Maicao, como se les cataloga respetuosa y afectuosamente, han demostrado su mejor propósito de querer articularse y asociarse con los nativos de la penínsu1la, especialmente, respecto al manejo 1del comercio con los wayuu comerciantes, considerados, insisto, dueños del territorio estratégico local. Por estas razones consideramos que es indiscutible y muy importante reconocer el rol de los turcos en el crecimiento y desarrollo del comercio de Maicao, vale decir, en aquello que podríamos calificar como la suerte económica de La Guajira, en la que podríamos afirmar que han sido imprescindibles. Desafortunadamente, el comercio de Maicao, como quien dice la gallina de los huevos de oro de los turcos y guajiros ha comenzado a tambalear, entre otras poderosas razones, por la insólita desconsideración que han tenido y siguen teniendo las diferentes autoridades nacionales y locales con el respeto que se merece la territorialidad étnica del Pueblo Wayuu. Indudablemente las garantías del territorio indígena están comenzando a ceder y a resquebrajarse, muchos no se han percatado de ello todavía, otros se hacen los pendejos, incluso algunos comerciantes importantes, mientras que los autodenominados jefes políticos, empujan hasta el precipicio el tren de la hecatombe a favor de la desposesión territorial de los Derechos Humanos del Pueblo Wayuu. En todo caso, es indiscutible que algo muy grave y negativo sucede en términos de la galopante desterritorialización de La Guajira indígena, por supuesto de las bases del comercio histórico de toda La Guajira, asunto que estamos seguros será de la mejor forma atendido por el nuevo gobierno popular y democrático. Agreguemos a lo anterior, aunque ya está expresado en otro ángulo de este borrador de documento básico de discusión, que fenómenos como los de más de sesenta parques eólicos en la Alta y Media Guajira, que impactarán, repito, alrededor de trecientas comunidades wayuu, lo mismo que la natural funcionalidad y operación de los puertos tradicionales, vías, movilidad y fronteras indígenas, es obvio que claramente repercutirán en la vida del turismo y del comercio de Maicao, quiere decir, en la suerte de La Guajira, por tanto deberían alertar al pueblo wayuu, también a los turcos, que serían, no hay duda, víctimas del primer nivel de la misma masacre económica, advertida y anunciada. Elemental y obvio es inferir que ahora los turcos de Maicao, los afros y demás actores sociales de La Guajira, se enderecen a favor de la defensa propuesta por el gobierno del territorio wayuu, vale decir, el espacio político de sus socios o aliados naturales. Finalmente, podríamos concluir diciendo que el gran problema de los turcos, mejor dicho, del comercio de Maicao, también de los paisas que ocupan un destacado lugar en el comercio de La Guajira, incluso de la nueva comercial Uribia, la capital indígena colombiana, de toda la sociedad wayuu, es decir, de la totalidad de la ciudadanía guajira y de gran parte del caribe colombiano, es que este vertebral asunto de la economía no ha sido correctamente diagnosticado. Los diferentes gobiernos han sido torpes en el manejo de sus responsabilidades, los líderes turcos y los demás líderes no han tenido la puntería correcta en la adecuada orientación jurídica y política del fenómeno. Los líderes indígenas menos la han tenido, al contrario, ellos han sido desconectados o ignorados de las grandes discusiones nacionales y locales respecto a la suerte del comercio de Maicao, en otras palabras, el componente jurídico constitucional indigenista ha sido desaprovechado o desperdiciado por los comerciantes de una u otra filiación o grupo. Aquella sociedad natural original entre comerciantes turcos, paisas y demás grupos o sectores establecidos en el comercio tradicional de Maicao con el Pueblo Wayuu, no ha funcionado como debe ser por diferentes causas, pero la principal ha sido la discriminación territorial con el dueño del aviso, que quiéranlo o no sigue siendo el Pueblo Wayuu, inevitablemente. En diferentes ocasiones hemos recurrido al ejemplo de que los defensores del comercio de Maicao, argumentativamente, aducen en sus reclamaciones sociales como las causas de los peores impactos negativos, las erradas medidas aduaneras del gobierno contra la población nativa, por ejemplo, las consecuencias en el desempleo que se generarían en el ámbito de coteros y caleteros del puerto indígena, porque efectivamente son ellos los que cargan y descargan barcos y camiones, además, porque son la parte más numerosa de la nómina de choferes de camiones y de las llamadas camionetas moscas que son los que hacen el rol de la contrainteligencia a las autoridades aduaneras o de policía, y los que juegan a las escondidas peligrosamente, sin la respectiva y adecuada normatividad que les asegure la protección constitucional al trabajo legítimo. Dicho de manera simple, la visión que históricamente se ha manejado en las reclamaciones y discusiones de este crucial e importantísimo problema, no ha sido la legítima e indiscutible cuestión constitucional del Pueblo Wayuu, sino la de considerarlo circunstancialmente como una simple población colectiva de individuos indígenas con enredos aduaneros y policivos, sin la connotación especial que tiene en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por si acaso resultare necesario para reforzar la tesis expuesta con antelación, me permito transcribir los artículos V y VI de la DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS que dicen: «V. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos humanos».  «VI. Derechos colectivos. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas.»

La gran minería y algunos interrogantes sobre la explotación y el Cierre de Mina de Cerrejón: los temas de la gran minería en el país y especialmente de los prospectados como nuevos grandes proyectos de la minería, hacen parte una plataforma gradual relacionada con la transición energética. No tenemos aún los elementos de juicio para referirnos a esos nuevos proyectos, salvo a la poca información disponible respecto al caso de Cañaverales y la empresa turca BCC. Otra cosa es lo que constituyen los temas judiciales pendientes de la actual gran minería del Cerrejón, asuntos que ya hemos dejado claro al principio del documento, que no son temas completamente gubernamentales, pero que un gobierno del corte ideológico del próximo de Petro y Márquez, es posible que sea exitosamente abordado, por las connotaciones que tienen en materia de equidad, justicia social y ambiental. En cuanto al tema contractual denominado cierre de la mina, debo registrar y recordar que por iniciativa de directivos de la revista Pensamiento Caribe nos reunimos virtualmente César Arizmendi Morales, Eduardo Lozano, Martín Rafael López González, Armando Valbuena, Jesús Rafael Gamarra Luna y el suscrito para conversar sobre lo concerniente a dicho evento futuro y próximo. El propósito fue elaborar una ruta metodológica y de contenidos para que el tema del cierre de la mina lo pudiéramos manejar con la mayor propiedad intelectual y periodística. Puedo decir que todos cumplimos con nuestro granito de arena para colocar el primer ladrillo de un exigente edificio que ese día, a mano alzada, y sin que ese fuese el propósito de la reunión, hicimos una especie de maqueta ideal, en beneficio de La Guajira, de la gente de La Guajira. Me tocó tomar nota de las diferentes exposiciones, porque tuve ese rol de moderador, de que una gran conclusión de esa tertulia virtual fuera la de que para cuando sea el día del esperado cierre, en el 2033, deberíamos tener planeado todo para encontrarnos con la Gran Oportunidad de transformar La Guajira. Hablamos mucho de la ecología, del paisaje, de los bienes y servicios ambientales, de los ríos y arroyos, de los trabajadores, de los indios y de los negros, de las tierras, del territorio étnico afro e indígena, de los puertos y aeropuertos, del ferrocarril, de las fronteras, del comercio, de hacer leyes y decretos apropiados y pertinentes, incluso, hablamos de la necesidad de realizar un nuevo examen de constitucionalidad social. Hablamos mucho sobre lo que significa e implica para los colombianos y particularmente para la suerte de La Guajira que de conformidad al contrato respectivo todos los bienes importantes del proyecto Cerrejón deben pasar a la órbita administrativa de la Nación. Debo decir que de todo lo dicho en esa reunión de soñadores me quedaron sonando muchas cosas, pero hubo algo, expresado con la mayor naturalidad y propiedad por César Arizmendi Morales, que tenía que ver con poder convertir el atractivo Campamento Mushaisa y otras instalaciones extraordinarias de la gigante mina, en el principal complejo tecnológico y universitario del país, dotado de muchos componentes que no se hallarían en cualquier otra universidad estatal colombiana. Posteriormente a dicha reunión, hice al respecto una llamada a mi amigo, columnista y uno de los Consejeros de la Revista Pensamiento Caribe, Gerardo Ardila, Director del Centro de Estudios de la Universidad Nacional, hombre de Universidad de toda la vida, experto también en los intríngulis de la planeación pública, además, un cachaco conocedor de los asuntos sociales de La Guajira. Con él tratamos la posibilidad de escuchar a un par de especialistas internacionales y también la necesidad de investigar la probabilidad de cómo podría ser una buena idea aprovechar la experiencia de Costa Rica con la Universidad para la Paz, la cual está en manos de la ONU desde 1980. Personalmente, aquella iniciativa de reunirnos, dejó la sensación de que se pareció mucho al trámite de un Acto de Constitución, o Acuerdo de Intención, sobre la promisoria suerte de La Guajira Próxima, palabras más palabras menos, respecto a un sueño que podemos materializar con la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la dirección del estado. Tengo la sabrosa sensación de poder imaginarme en un inmediato futuro a la vicepresidenta y Ministra, doctora Francia Márquez Mina, rodeada de expertas en asuntos universitarios, como la senadora Imelda Daza Cotes y Remedios Fajardo, defendiendo el funcionamiento de una gran Universidad Pública para la Implementación de la Paz, funcionando en lo que antes fueron los territorios afrocolombianos e indígenas del sur de La Guajira. Ello sería un buen primer paso y la gran oportunidad para canalizar algunos pendientes del Acuerdo de La Habana. De igual manera sería un buen ejercicio del gobierno del Presidente Petro ir pensando en la estrategia de implementar, dentro del actual inventario de tierras no mineras disponibles del Cerrejón, mientras llega el año 33, provisionalmente, y después del cierre de la mina, hacerlo de forma definitiva, el establecimiento de grandes granjas solares que fuesen necesarias para producir la energía indispensable para asegurarle a la región caribe y a La Guajira un nuevo giro social y económico.

Represa del Ranchería: sabemos de la importancia la importancia que tiene y la ha que se le ha concedido a la Represa El Cercado o del Ranchería, por las tremendas expectativas que se han suscitado y por las grandes decepciones y frustraciones que se han despertado en su ya largo camino de construcción y entrega en funcionamiento. Dado que es casi imposible hacer algo diferente a terminar lo que está contractualmente previsto, consideramos que la principal discusión que valdría la pena estimular ahora sería la de la viabilidad técnica y ambiental de los diseños acordados. Preocupa, por ejemplo, que Planeación Nacional haya frenado la obra por algunas consideraciones que atañen a los diseños, aparentemente defectuosos. Es conveniente advertir que las represas mal hechas, en similar, a veces peor dimensión que la misma minería, pueden resultar ecológicamente más desastrosas para la suerte de las comunidades vecinas que la falta de agua requerida, especialmente para el agro, río arriba y río abajo.

                                                                                      

 

EL PACTO HISTÓRICO SI PUEDE CONSTRUIRSE EN LA GUAJIRA.

Jesús Rafael Gamarra Luna

El presente es la simbiosis, la conjunción, la unión del pasado con el futuro; el pasado con el futuro se une en el presente; el presente es la anticipación del futuro.

El 11 de febrero de 2021 fue lanzado el Pacto Histórico PH, como una coalición de partidos y movimientos sociales alternativos. Un hecho importante en la historia política nacional, que pudo darnos el control político nacional y en territorio de haberse dado con profunda fundamentación política, ideológica y programática, con inspiración de unidad, voluntad política y vocación de poder.

Después de 2 años y 8 meses de existencia, ¿Qué llevó a un sector del Pacto Histórico de La Guajira a entregarse, muy temprano, al clan político de Cristina Soto de Gómez y Juan Loreto, del partido Conservador? ¿Qué propició que otro sector del PH se sumara al clan de Alfredo Deluque, del Partido de la U? Estos dos sectores constituían la dirección monolítica del PH en La Guajira. Un tercer sector, políticamente consecuente y comprometidos con una construcción alternativa política de poder, se mantuvo en las ideas fundantes a pesar de las confusas decisiones de la dirección nacional del PH, quienes avalaron un candidato a la alcaldía del municipio de Riohacha, pero al cual abandonaron inmediatamente, porque las cúpulas llevaron a las bases de esos partidos a sumarse a las dos alianzas anteriores. Después de esas dos alianzas, no exactamente políticas, se produjo un desplome total del proyecto PH en La Guajira. De esta situación podemos inferir, derivar, concluir, que aquí, en la Guajira, no había un proyecto político alternativo. Es decir, el Pacto Histórico no pasó de ser el PARTO PREMATURO de un PACTO HISTÓRICO QUE NO HA PODIDO SER.

 

Cuando Armando Pérez Araújo fue candidato a la gobernación ocurrió lo siguiente: en esa coyuntura fundamos una confluencia de partidos y movimientos alternativos. Sectores que construyeron y avalaron esa candidatura saltaron la talanquera y terminaron aliados con Nemesio Roys fuero los mismos personajes que se arrojaron a los brazos de los clanes referidos al inicio.

 

 La diáspora y atomización sufrida en los partidos y movimientos sociales del PH en la Guajira, profundizada en la anterior coyuntura electoral, indica un total fracaso de las direcciones de los partidos alternativos y de la dirección del Pacto Histórico, por la ausencia de postulados y programa de unidad. Esa dirección quedó dedicada a administrar las expectativas y oferta burocrática del gobierno central. Esa intencionalidad determinó la alianza por burocracia y nuevos cargos en la administración municipal y departamental que terminó fortaleciendo los clanes y su capacidad para apropiarse, frenar y/o neutralizar los planes del gobierno nacional en estos territorios.

 

Con asiento en el tercer sector, que se mantuvo consecuente, y con sus bases sociales, podemos transformar el Pacto Histórico en la Guajira, recomponiendo los pilares políticos, ideológicos, programáticos, de unidad y la línea de construcción. Es urgente pasar de la política contra personas o contra clanes a una construcción política de la vida, eco social, contra la política de la muerte y el extermino que se ha venido desarrollando en la Guajira. Para esta biopolítica o política de la vida, tenemos grandes fortalezas en el gobierno del cambio, de Petro y su vicepresidenta Francia Márquez Mina, empezando por el plan de desarrollo nacional.

 

Desde esta columna felicito a Pedro Ballesteros, Yeison Mejía, líderes sociales y políticos Wayuu; a Antonio Monroy y Arnoldo Alarcón, también, líderes sociales y políticos. Ustedes demostraron coherencia, iniciativa, compromiso con sus bases y con las bases del Pacto. También, porque nos indicaron el horizonte y la inspiración para afirmar que EL PACTO HISTORICO SI PUEDE construirse en La Guajira. Si el presente es la simbiosis, la conjunción, la unión del pasado con el futuro, en donde el pasado con el futuro se une en el presente y el presente es la anticipación del futuro. En tanto otros se anclaron en el pasado, ustedes tomaron lo mejor de los postulados del Pacto Histórico y con su decisión inquebrantable decidieron profundizar la política de la vida y proyectarnos el futuro, que ha de ser mejor.

 

 

 UN BUEN ANUNCIO

Los líderes de Causa Colombia examinan la posibilidad de realizar en los próximos días la reunión preparatoria de la Primera Gran Asamblea General de ciudadanos fundantes, en la cual se tomarán algunas decisiones de importancia, entre otras, la firma de una declaración fundacional de principios, anunciar el trámite para la obtención de personería jurídica provisional del Consejo Nacional Electoral, CNE, para continuar estimulando las buenas prácticas de la política regional y nacional y, eventualmente, intervenir en la conformación de plataformas políticas para acceder a cargos de elección popular, incluso, participar en esos espacios democráticos. La decisión, sobre fecha, lugar y agenda de esa trascendental reunión, será difundida por este medio en los próximos días. El ejercicio democrático se realizará con la presencia de representantes de las diferentes regiones del país, también mediante el apoyo de la comunicación virtual.

 

MI LUCHA POR LA PAZ
Por: Piedad Córdoba y Jaime Araújo Rentería
Nací en Medellín y crecí entre esta ciudad, Buenaventura y el Chocó. He convivido con la guerra de este país desde que tengo uso de razón y he sido víctima de ella en más oportunidades que la gran mayoría de los colombianos. En 1999, mientras se resquebrajaban irremediablemente las negociaciones de paz en El Caguán, yo, era miembro de la comisión de paz del congreso, y en razón de mi cargo y por mandato del artículo 22 de la constitución, la búsqueda de la paz era para mí, un deber de obligatorio cumplimiento. Como abogada, sabía que es un derecho fundamental de naturaleza dual: ya que puedo defenderlo individualmente, o asociarme con otros para defenderlo colectivamente y como todo derecho fundamental irrenunciable; la consecuencia es que lo tenemos y aunque quisiéramos no podemos desprendernos de él, y es superior a la responsabilidad que tiene el gobierno en el manejo del orden público. El derecho a la paz, no está constitucionalmente condicionado por el orden público y tenemos el deber de buscarla con mayor razón cuando está alterado el orden público.

Por cumplir con mi deber constitucional, de buscar la paz y encontrarles una salida pacífica a décadas de guerra en mi país, fui secuestrada ese mismo año por hombres al mando de Carlos Castaño y trasladada al Sur de Bolívar, allí recibí maltrato físico y sicológico por quienes me custodiaban, en varias oportunidades fui incluso ultrajada y casi violada, y estuve a punto de ser asesinada. Fue mi primer encuentro de frente con la muerte.
Cuando salí de ese calvario tomé dos decisiones: La primera fue tratar de que otros secuestrados como yo, pudieran también recuperar su derecho a la libertad como yo lo había recuperado, no importaba si eran ciudadanos comunes y corrientes, funcionarios públicos o miembros de las fuerzas armadas, ya que todos tenían por igual su derecho a la libertad, como era intrascendente el nombre de quien los hubiera secuestrado, pues todos debían gozar de la libertad, como fue el caso de los feligreses secuestrados por el ELN en la Iglesia La María de Cali, y la segunda, huir del país con mis hijos, tenía que salvar mi vida y la de ellos. Después de vivir en carne propia el sufrimiento personal y familiar que representa un secuestro, mi obligación política y moral, era luchar por la libertad de cada una de esas personas.
Logré exiliarme con mis hijos en Canadá, país que nos abrió las puertas y nos acogió durante 18 meses. Ya de vuelta, en mi país, regresaron también las amenazas, y con ellas, los atentados contra mi vida; pero no dudé ni un instante cuando el entonces presidente Álvaro Uribe, me pidió y luego me autorizó para tratar de lograr un acuerdo humanitario que le permitiera a los secuestrados, incluidos los de las Farc, volver a la libertad; lo que implicaba que tenía que ir hasta donde estuvieran los secuestrados y pedirles a sus secuestradores que los liberaran. Busqué ayuda y acompañamiento internacional, y con mucho miedo y desconfianza, me inserté varias veces en la profundidad de la selva colombiana para tratar de convencer a los jefes de esa guerrilla de que dejaran a todas y cada una de esas personas. Mientras esto sucedía, diferentes medios de comunicación iniciaron una campaña de desprestigio contra mí, acusándome en todas las formas posibles de hacer parte de esa organización al margen de la ley, y destruyendo sin compasión alguna mi buen nombre y el de mi familia. Ya a los enemigos de la paz no les bastaba con secuestrarme, exiliarme e intentar matarme, ya además querían destruirme moralmente a como diera lugar… pero una vez más, yo no me iba a rendir.
Logré sin la más mínima ayuda del Gobierno Nacional, e incluso, en buena medida en contra de su voluntad, que fueran dejados en libertad muchos de los secuestrados no solo de las Farc, sino también del ELN, porque aunque acá algunos lo desconocen y me acusan de ser de ser fariana, yo también hice gestiones humanitarias para lograr las liberaciones de muchos de los cautivos por parte de esta segunda guerrilla.
Pero mi relación con las organizaciones al margen de la ley de este país en busca de la paz y la reconciliación no se ha limitado solo a esos dos grupos, pocos colombianos se han sentado cara a cara con tantos exjefes paramilitares y durante tantas horas como lo he hecho yo. Lo hice inicialmente con muchos de ellos en conjunto, cuando me invitaron a una reunión para pedirme perdón por mi secuestro, por los atentados de los cuales fui víctima y por el sufrimiento que le causaron a mi familia, perdón que concedí sin rencor alguno. Posterior a eso, también me reuní con casi todos ellos, uno por uno, en las diferentes cárceles de los Estados Unidos con un solo propósito, pedirles que, así como yo me reconcilié con ellos, ellos también lo hicieran con el pueblo colombiano y que, a su regreso al país, se convirtieran en gestores de paz y no de venganza y violencia.

A pesar de que mis gestiones humanitarias, me han obligado a tratar con muchos hombres armados, a todos les he manifestado que las diferencias entre las personas, incluidas las diferencias ideológicas, no se dirimen a través de la violencia y mucho menos por medio de la violencia de las armas, por esta misma razón, jamás he pertenecido en el pasado, a ningún movimiento armado y mucho menos a ningún movimiento guerrillero, no pertenezco ahora y no perteneceré en el futuro a ninguna organización armada. Como demócrata, sé que la democracia se refleja, no sólo en los fines que perseguimos, sino también en los medios que utilizamos para lograrlos. Sé que la diferencia entre un Estado democrático y uno dictatorial o totalitario, no está dada por la existencia o ausencia de conflictos; ya que en toda sociedad existen conflictos, situaciones de crisis; la diferencia está en la forma cómo resolvemos los conflictos; en la manera como nos enfrentamos a quienes piensan o son distintos a nosotros y especialmente a quienes tienen una cosmovisión política diversa: Para los autócratas Nazi-Fascistas, en política, sólo hay amigos o enemigos, no es posible otra opción. El enemigo debe someterse y si no lo hace, hay que destruirlo. En la actitud ante el enemigo político se refleja una diferencia fundamental entre la democracia y el totalitarismo Nazi-fascista, pues el demócrata se enfrenta al enemigo político con la fuerza de la razón, su método es la discusión y el dialogo y lo que busca es convencer o persuadir y si esto no se logra, la manera de dirimir el conflicto es por medio del juego de las mayorías y las minorías; en cambio el autócrata Nazi-fascista se enfrenta al enemigo político con la razón de la fuerza, su método es la violencia y el fin que persigue es someter a su adversario y si no lo logra a las buenas lo logra a las malas, por la violencia, de toda clase, torturándolo, desapareciéndolo o eliminándolo físicamente.

Hoy muchos me preguntan, incluso, con sorpresa, por qué no soy la candidata presidencial de las Farc; mi respuesta es sencilla y hoy más que siempre, evidente: No fui, no soy y no seré nunca de las Farc, porque no comparto, ni he compartido jamás sus ideales, ni sus métodos.
Uno de los momentos más duros de toda esta lucha política y social, lo viví cuando el entonces Procurador Alejandro Ordóñez me sancionó y me inhabilitó por supuestamente hacer parte de esa guerrilla. Las “pruebas” en las que se basó para esta decisión provenían de un computador incautado tras el bombardeo al campamento del entonces cabecilla de las Farc, Raúl Reyes. Computador que desde el principio perdió toda la cadena de custodia, pues en vez de pasar a la Fiscalía apenas fue incautado, estuvo primero varias semanas tanto en la Casa de Nariño como en el DAS, esta última, entidad que en esa época se encontraba bajo el mando de hoy condenados paramilitares. Años después, esa sanción fue tumbada por el Consejo de Estado y apoyada por la Corte Suprema de Justicia, y hasta el mismo Ordóñez terminó reconociendo que en dicho computador no se encontró ningún correo entre las Farc y yo, y que lo único que había eran unos documentos digitales en los que nombraban a una tal “Teodora de Bolívar”, documentos que al parecer fueron puestos ahí durante las semanas en las que el computador estuvo en manos de agentes del gobierno. Igual, una vez más, ya el daño estaba hecho, de nuevo mi nombre empantanado hasta el límite. La persecución contra mí no ha tenido misericordia ni ética alguna.

Como defensora de la paz, conozco la evolución de este derecho que va desde una connotación negativa, a una positiva. Inicialmente se identificaba la paz con la ausencia de guerra, o la ausencia de violencia a nivel interno e internacional. Luego se amplió para cobijar también la ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales.

Posteriormente adopta además una connotación positiva cuando se le considera no sólo como una ausencia de violencia, sino, además, como una cuestión de desarrollo, una forma de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre personas, pueblos y estados y modernamente se considera que no es posible lograr la paz si no existe el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos y económicos sociales culturales y de solidaridad.

Mientras no haya derechos humanos no habrá paz como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”… y que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”,  en desarrollo de este mandato de toda la humanidad, se hace imperioso, ir más allá del acuerdo de La Habana, en el tema de los derechos humanos,

No se puede tener el derecho a la paz si además de eso no se tienen acciones positivas alrededor de los otros derechos del hombre: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Eso es muy importante, porque el proceso de paz que nosotros queremos es un PROCESO DE PAZ con Justicia social y cuando decimos justicia social decimos que haya más derechos.

Pocas personas han sufrido como mis hijos y yo, no solo el flagelo y los embates de la guerra y de la persecución política y criminal, sino el rechazo y el desprecio al que millones nos han sometido en este país. Los insultos, escupitajos y hasta las agresiones físicas se volvieron paisaje para nosotros, tanto en aeropuertos y en restaurantes, como en cualquier otro lugar público por el simple hecho de pensar diferente, de haber creído siempre en la paz en un país donde las mayorías siempre han preferido la guerra.
A pesar de lo que hemos padecido mi familia y yo, no cambiaría ni una sola de las decisiones que he tomado en mi vida; por la paz y la gente pobre de este país y por los millones de víctimas que la guerra ha dejado, vale apostarlo todo hasta el final.

ENTREVISTA

JAIME ARAÚJO SE PRONUNCIA SOBRE EL EFECTO DOMINÓ GENERADO POR LAS LISAS CERRADAS EN LOS CATASTRÓFICOS RESULTADOS POLÍTICOS DE LAS FUERZAS ALTERNATIVAS, EVIDENCIADO EN LAS ELECCIONES TERRITORIALES DE OCTUBRE.

 

En cierta forma Jaime Araújo Rentería, no esperaba hacer un pronunciamiento tan temprano sobre los resultados electorales del pasado 29 de marzo. Sin embargo, la complejidad y explosiva gravedad de los resultados territoriales, también la profundidad de sus repercusiones en la tranquila gobernabilidad nacional, imponen la necesidad de que sea consultada su opinión autorizada, como magnífico expresidente de la Corte Constitucional y activo líder político, con probabilidades de ser considerado, en efecto ya lo es muchos círculos, una buena carta presidencial en las próximas elecciones de primer mandatario nacional. Dicho sea de paso, Jaime Araújo Rentería, viene recorriendo el país con éxito desde hace un par de años, construyendo conocimientos sobre los verdaderos problemas y soluciones que padece la Colombia real, la Colombia distante y olvidada de los centros del poder, además, debatiendo temas diversos, en medios políticos y académicos, sobre los asuntos clave de nuestra democracia, como lo es el modelo político y electoral que nos rige.

Pensamiento Caribe: Doctor Araújo; ¿Qué pasó el 29 de marzo? ¿Usted cree que el resultado electoral de octubre puede entenderse como una condena política al gobierno del presidente Petro?

JAR: En cierta forma debo admitir que hubo responsabilidad del Presidente. Claro, digamos que el mayor grado de responsabilidad reside y proviene de los habituales errores de la vieja clase política y de muchos asuntos estructurales de nuestro atávico y vetusto modelo de estado. Tengo que decir que el caótico fenómeno de las listas cerradas, instalado como una gran estrategia electoral del denominado Pacto Histórico para las pasadas elecciones de Congreso, y la forma como fue elaborado el orden dentro de la susodicha lista, tuvo que ver bastante con la génesis del gran desastre electoral que de alguna manera dio al traste con las esperanzas generadas por entonces flamante candidato Petro. Ese primer paso, el de la confección de las cuestionables listas de Senado y Cámara, lo digo con el mayor respeto, explica por sí solo el maremágnum del disparate electoral del fallido Pacto Histórico a nivel nacional. El efecto dominó siguiente generó la creciente zozobra política y tuvo su clímax el 29 de octubre. Eso no admite discusión.

Pensamiento Caribe: Doctor Araújo, ¿usted quisiera hablarle al país sobre las complejidades del tema concreto de las famosas listas cerradas, es decir, sus implicaciones jurídicas y políticas y todo lo que tiene que ver con ese espinoso tema?

JAR: Cuando toca, toca, como dice el refrán popular. Me tocará suspender mis investigaciones sobre temas complejos como la pobreza actual en Colombia, la falta de trabajo, especialmente para los jóvenes, la protesta y la injusticia social, etcétera, para ocuparme de este tema más pedestre y terrenal, que hoy adquiere más importancia cuando se le mira a la luz de los principios y valores éticos, constitucionales y Democráticos.  Me refiero al necesario debate que nos espera sobre listas electorales abiertas o cerradas. Comienzo diciendo que, para analizar ese tema, no basta la emoción, sino que es necesaria la razón y hacer referencia al valor o principio de la soberanía popular, de la democracia, en sus 3 Pilares Fundamentales, qué son el poder del pueblo, la igualdad y la libertad. 

Recordemos que el Artículo 3, de nuestra constitución dice:  ¨La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público…”. No hay que olvidar que antes de la constitución de 1991, no existía en la Carta la soberanía Popular, sino la nacional.

Lo primero que debemos aclarar es que las llamadas revoluciones burguesas, fundamentalmente la americana y la francesa trasladaron la soberanía del gobernante al gobernado, vale decir, del Rey al pueblo, y que la soberanía es el máximo poder político existente en una sociedad.  En una sociedad puede haber varios detentadores del poder político, que, sin embargo, no son soberanos, en estricto sentido; por ejemplo, el congreso y los congresistas tienen poder político, pero no son soberanos, el presidente y los ministros, los gobernadores, los alcaldes, no hay duda, detentan poder político, pero tampoco son soberanos; como no lo son los jueces y mucho menos los partidos políticos o los directores de dichos partidos. Cuando llegamos al máximo detentador del poder político hemos encontrado el soberano y en Colombia el soberano es el pueblo, NO el rey como lo era en la sociedad feudal.

El gran defensor de la soberanía popular es Jean J. Rousseau para quien: “antes de que el pueblo escoja al rey, existe otro acto por el cual el pueblo se constituye en tal, anterior al otro y verdadero fundamento de la sociedad. El pueblo existe antes que el gobierno; el pueblo crea el gobierno, no el gobierno al pueblo. Como el pueblo es primero, el soberano debe ser el pueblo.”. Para Rousseau el propio contrato social, buscaba que el pueblo no se obedeciera más que así mismo. El problema fundamental, al cual da solución el Contrato Social es: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.”.

Los candidatos, no son más que una oferta política sobre la que los votantes pueden pronunciarse. Expliquemos un poco lo de las Listas cerradas, abiertas y en lo posible las libres, es decir, el sistema Panachage.

En el sistema de listas cerradas las listas y el orden en que aparecen los candidatos son determinados por el partido o jefe del partido, lo que significa que los candidatos resultan elegidos en el orden en que aparecen en las listas y los electores no tienen la posibilidad de expresar su preferencia por uno en particular. Los electores simplemente eligen al partido de su preferencia; y no tienen la libertad de escoger cual candidato es el mejor o poder desechar a los corruptos. Con este sistema se fomenta una oligarquía dentro de los partidos; también la lambonería y adulación a los jefes de los partidos, pues lo único que interesa a los candidatos es congraciarse con el jefe del partido, para que los coloque en un puesto de privilegio en la lista y poco peso tienen los méritos de los candidatos como serían su honestidad, su capacidad, su trabajo político o su defensa de los derechos del pueblo; pues todos estos méritos, pueden sucumbir ante otros “méritos” como prestar dinero al jefe para la campaña o invitarlo a su apartamento a Miami, o a su hotel de lujo, por ejemplo. Poco importa si de verdad tienen votos o no, ya que el puesto en que les ha colocado su amigo dueño o director del partido les garantiza su elección, que no será lograda con su propio trabajo político, sino con el de otros que al final habrán trabajado para los que están arriba en la lista. Hasta aquí podemos decir que tales listas son demasiado antipáticas e injustas. Además, las listas cerradas tienen el defecto de que son rígidas frente a cambios repentinos, o de contexto político. Unos pocos ejemplos son suficientes para ver el riesgo que implica para los propios partidos y especialmente para la libertad de los electores. Recordemos este ejemplar suceso de nuestra historia relativamente reciente: “En las elecciones de 1990 para la reunificación, en Alemania Oriental el candidato colocado en primer lugar de uno de los partidos fue denunciado como informante de la policía secreta sólo cuatro días antes de la jornada electoral…, sin embargo, como las listas eran cerradas, los electores no tuvieron otra opción que votar por él si querían apoyar a su partido.” Esto es igualmente válido para los casos en que los electores descubren que los miembros de la lista son corruptos o no cumplen sus contratos con los jóvenes emprendedores.

Como si fuera poco lo anterior, las listas cerradas atraen menos votos para los partidos, ya que no todos los candidatos trabajan por los votos y son injustas ya que pueden resultar elegidos quienes no trabajaron, y tampoco eran merecedores de salir elegidos, pero estaban en un puesto de privilegio en la lista, y sin resultar elegidos los que trabajaron mucho, obviamente los merecedores por distintas razones y valores, pero no estaban en los primeros puestos.

Otro lado negativo de las listas cerradas es que los electores dejan de ser soberanos y esta soberanía es usurpada por los jefes de los partidos y que el elector pierde su libertad de poder votar por quien quiera, pues no tiene la posibilidad de determinar quién será el representante de su partido, lo que las hace antidemocráticas.

Robert Michels, ese gran sociólogo y estudioso de la sociología de los partidos políticos, ya advertía sobre la paradoja que trae la lista cerrada y que estimula la supremacía de los partidos sobre sus electores, cuando debía ser al revés: La ley de hierro de la oligarquía: “La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía”. La lista cerrada crea una dictadura de los partidos y falsea la democracia. Y atenta contra el artículo 107 de la constitución que establece la democracia al interno de los partidos políticos.

Pensamiento Caribe: Usted, definitivamente, ¿recomienda las Listas Abiertas?

JAR: Mire, guíese por lo siguiente: las listas abiertas, son aquellas en las que los electores no sólo pueden indicar el partido de su preferencia, sino también su candidato favorito dentro de la lista de ese partido. En la mayoría de estos sistemas el voto por un candidato, así como por un partido, es opcional, lo que demuestra que no es cierto que se pierdan votos, ya que, si sólo se vota por el partido, el voto es válido y si sólo se vota por un candidato del partido, también el voto es válido. Por ejemplo, el caso que ocurre en Suecia, es así:  cerca de 25% de los electores, regularmente votan por un determinado candidato, por lo que resultan elegidos algunos individuos que no lo serían si las listas fueran cerradas. Las ventajas de las listas abiertas aparecen por oposición a las listas cerradas: Acaban con las oligarquías de los partidos y su ley de hierro; traen más votos para los partidos, y son elegidos los que más trabajen, aunque no estén en puestos de privilegios en la lista; el sistema acaba con los aduladores, melifluos y tiralevitas dentro de los partidos políticos, o sea con los famosos chupamedias. Lo más importante, impide que se elijan los colados corruptos o violadores de derechos humanos dentro de los partidos, así el jefe del partido lo haya puesto dentro de la lista en un lugar de privilegio. Es la manera real de saber si de verdad los candidatos tienen votos y no se están eligiendo con los votos y el esfuerzo de quienes están más abajo en la lista, lo que lo hace más justo.

Y lo más trascendental, se conserva la soberanía popular en el elector y se respeta su absoluta libertad de escoger a sus candidatos y a autodeterminarse políticamente, lo que lo hace al sistema electoral más democrático. 

Pensamiento Caribe: Su opinión sobre las Listas Libres, doctor Araújo. ¿usted las recomienda?

JAR: En algunos países se han hecho aún más flexibles los sistemas de listas abiertas. es un tipo de sistema electoral que permite a los votantes distribuir sus votos entre candidatos individuales pertenecientes a diferentes listas de partido. Es lo que se conoce con el nombre de Panachage y que va ms lejos que el voto preferente, dando a los electores posibilidades de influir más en el proceso electoral, pues permite borrar candidatos de una lista y sustituirlos por los de otra, esto es, recoger candidatos sin consideración de las listas de partido en que aparezcan sus nombres. Esto significa que el elector puede configurar su propia lista. En Luxemburgo y Suiza los electores tienen un número de votos idéntico al de los escaños que se van a elegir y pueden distribuirlos entre los distintos candidatos de una sola lista o entre los candidatos de varias listas. Este sistema es el que de verdad hace efectiva la soberanía popular y la libertad de la democracia. Como en nuestro sistema electoral no existe el Panachage, debemos escoger entre las listas cerradas o abiertas (con voto preferente), esta última es la que más se acerca a los principios y valores de la soberanía popular y de la democracia, ya que garantiza la libertad de los electores sobre las oligarquías de los partidos.

El hecho de que no tengamos el Panachage, no quiere decir que renunciamos a él, y que no sigamos luchando por su implementación gradualmente, para entregarle este derecho a los colombianos.

Como también, si de verdad queremos ampliar la democracia política y económica, debemos continuar luchando por fortalecer las candidaturas independientes, como se acaba de hacer en chile donde los independientes, a quienes se les permitió presentarse sin tantos obstáculos, barrieron a los partidos tradicionales y a la derecha de ese país. El fundamento iusfilosófico y político existe para este derecho y uno de sus aspectos es que no se puede obligar a nadie a afiliarse a una asociación política y no se debe impedir que los individuos sean nominados como candidatos independientes o no afiliados.

La otra cruzada, es contra los umbrales, que impiden que nazcan nuevos partidos, movimientos o se renueve la política y discrimina a los partidos Pequeños y mientras eso se modifica, que por lo menos se hagan efectivas las Coaliciones electorales de los partidos minoritarios. Esto significa que los partidos subsisten como entidades independientes y aparecen por separado en la papeleta, pero que los votos obtenidos por cada uno son contabilizados como si pertenecieran a la coalición y, por consiguiente, aumentan sus posibilidades de que la votación combinada les permita rebasar el umbral y obtener una mayor representación política. Para todo esto y para ampliar la democracia política y económica es que necesitamos otra constituyente.

 

 

 

 

LA PIEDAD QUE CONOCI Y RECUERDO

Por Jaime Araújo Rentería

Primero oí hablar de la aguerrida líder liberal Piedad Córdoba y la conocí personalmente, tal vez a comienzos de los años 90, cuando el proceso constituyente-en el que participe-y la vine a tratar mas de cerca cuando regrese de Italia y ella ya había hecho aprobar la ley 70 de 1993, que marco un hito, en la defensa de las comunidades afrodescendientes. No sobra recordar que el art. 66 de esa ley, establecía la circunscripción electoral especial para las comunidades afro que ella siempre defendió, por lo que nos mantuvimos en intercambio de ideas sobre esos temas, durante todo el tiempo que estuve como Magistrado del Consejo Nacional Electoral y me honro con su voto en el senado, en mi aspiración como Magistrado de la Corte Constitucional.

Ya Piedad se destacaba, como defensora de los derechos de las mujeres, de los diversos sexuales, de las victimas de la violencia, de los más débiles y excluidos, no solo de Colombia, sino también de los latinoamericanos. Ya se oponía a la guerra y sobresalía en la búsqueda de la Paz, y en la solución negociada del conflicto armado interno. Su visión de la paz, no era la de cualquier paz, sino de la paz con justicia social y el otorgamiento de todos los derechos humanos, a todos los colombianos . Por eso hacia parte de la comisión de paz del congreso, cuando en el año 1999 tuvo su primer encuentro con la muerte: “fui secuestrada ese mismo año por hombres al mando de Carlos Castaño y trasladada al Sur de Bolívar, allí recibí maltrato físico y sicológico por quienes me custodiaban, en varias oportunidades fui incluso ultrajada y casi violada, y estuve a punto de ser asesinada. Fue mi primer encuentro de frente con la muerte.”.

La fementida causa, de castaño, era que Piedad hacia parte del ELN; como fementida fue también la causa que apareció en Wikileaks, atribuida a un senador colombiano, que se preocupo cuando el fiscal del momento menciono los computadores de Raúl Reyes y saco los nombres de Piedad Córdoba y otras 2 personas y “ Yo si tuve duda sobre ellos”. ¡Que paradoja Castaño tenia dudas si Piedad era del ELN y el senador también dudaba de ella. Cuando la realidad era que Piedad era una demócrata defensora de la paz, muy lejana de los métodos de lucha política armada. Como ella misma dijo, cuando la acompañe en su breve campaña presidencial: “Hoy muchos me preguntan, incluso con sorpresa, por qué no soy la candidata presidencial de las Farc; mi respuesta es sencilla y hoy más que siempre, evidente: No fui, no soy y no seré nunca de las Farc, porque no comparto ni he compartido jamás ni sus ideales, ni sus métodos.”. No sobra recordar que el candidato a la presidencia de los desmovilizados de las FARC, fue el senador, que tenía dudas sobre Piedad.

Cuando Piedad, aspiro a la presidencia de la república, muchos de sus amigos se asustaron cuando les propuso, que fueran su fórmula vicepresidencial y que la respaldaran, pues tenían temor fundado de que serian calumniados y estigmatizados como lo había sido ella. Cuando me lo propuso a mí, yo inicialmente le dije que mi periplo político se había acabado y ella me dijo que habíamos librado muchas batallas en común, la defensa de los derechos de los afros-yo había defendido a las comunidades del rio cacarica; las jóvenes afros a quienes les negaban el ingreso en los lugares de esparcimiento en Cartagena, por el color de su piel, etc.-la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia; la defensa de los derechos de los diversos sexuales. Que habíamos sido víctimas de las mismas amenazas e injusticias, y de los mismos actores-Los paramilitares, por mi voto en contra la ley de “justicia y paz” del innombrable- Ambos victimas de las chuzadas, que es el eufemismo de la violación masiva de derechos y que no eran solo chuzadas telefónicas sino también, como lo documento Juan Gossaín: desprestigio por medios de comunicación, encuestas, chat; distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros; creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes, sabotaje, terrorismo explosivo, incendiario, servicio públicos y tecnológicos. Presión, amenazas y chantaje. Y además, en la Corte Constitucional: “…Jaime Araujo Rentería,…desprestigio presión y sabotaje.”. o como lo confeso ante la fiscalía el ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, documentado por RCN el día 10-28-2010: “Las pruebas que ya tiene en su poder la Fiscalía también demostrarían el espionaje a la destituida senadora Piedad Córdoba y a los ex magistrados Jaime Araújo Rentería y…”.

Piedad me dijo que los defensores de derechos humanos debíamos dar ejemplo y me acorde de lo que decía mi padre, que la palabra es importante, pero que lo decisivo era el ejemplo, el buen ejemplo que se daba; y le respondí que tenia razón, que no bastaba con defender de palabra la causa del liderazgo de las mujeres, si siempre exigíamos que las mujeres fueran nuestras segundas; que teníamos que ser capaces, los hombres, de estar de segundos de las mujeres. Que nada avanzábamos, contra la discriminación racial si siempre el blanco es el principal y el afro el suplente, sino somos capaces de aceptarle la suplencia a los afros; que es importante para la democracia los liderazgos femeninos, pero es mas importante que los hombres aceptemos que una mujer nos dirija y que ese seria mi ejemplo, apoyar a una mujer afro y democrática en su lucha por la paz y la justicia social.

 

Con Piedad siempre nos encontrábamos, a veces por los polvorientos caminos de la patria-en la mojana-escuchando a sus habitantes con sus cultivos arrasados y sus viviendas inundadas, ella como senadora y nosotros defendiendo a causa Caribe y el proyecto de estado federal-y con el que ella estaba de acuerdo, y en crear, además, Causa Pacifico, para confluir todos en Causa Colombia.

Coincidíamos también, en la defensa de nuestras hermanas ballenas, contra la autorización del gobierno para convertir la isla Gorgona en una base militar, al servicio de una potencia extranjera.

Personalmente conocí la nobleza y sentido de justicia de Piedad: Recuerdo una vez que ella hizo un debate muy fuerte, contra el innombrable y su Gobierno y ataco a varios de mis familiares, me incluyo a mí. Varias personas que me conocen, le hicieron saber su opinión de que había sido injusta conmigo y por conducto de varios amigos comunes me dio excusas; mi respuesta fue que no aceptaba excusas privadas de ofensas publicas y un día en un homenaje a Gloria Cuartas-otra mujer valiosa y democrática-por el otorgamiento del edicto de nantes; hablo y públicamente se excuso conmigo y volvimos a ser amigos.

Muchas cosas podría contar de la Piedad que yo conocí y recuerdo, muchas en contravía de lo que cree la mayoría de la gente, como que a Piedad le regalaron su última curul al senado, cuando tenía votos suficientes para hacerse elegir en cualquier lista y que no bastaba conque quisieran ponerla, ya que era necesario que un partido político le diera el aval y que el partido político que la avalo fue la UP, partido político al cual yo, junto con 3 personas más recuperamos su personería jurídica ante el consejo de estado, como homenaje a las víctimas del más grande genocidio político que se ha cometido en Colombia y el mundo;  pero quiero terminar con sus propias palabras y con las palabras que le dedico una poetisa.

Piedad Córdoba, en su mensaje durante su candidatura Presidencial dijo:

“Pocas personas han sufrido como mis hijos y yo, no solo el flagelo y los embates de la guerra y de la persecución política y criminal, sino el rechazo y el desprecio al que millones nos han sometido en este país. Los insultos, escupitajos y hasta las agresiones físicas se volvieron paisaje para nosotros, tanto en aeropuertos y en restaurantes, como en cualquier otro lugar público por el simple hecho de pensar diferente, de haber creído siempre en la paz en un país donde las mayorías siempre han preferido la guerra.
A pesar de lo que hemos padecido mi familia y yo, no cambiaría ni una sola de las decisiones que he tomado en mi vida; por la paz y la gente pobre de este país y por los millones de víctimas que la guerra ha dejado, vale apostarlo todo hasta el final.”

“A Piedad Córdoba Ruiz

Amaste las tormentas.

Te metiste por callejones de escombros donde la democracia siempre te sonrió, sin dientes. 

Viviste toda una existencia asediada, acechada y señalada primero por ser liberal,  luego, social demócrata, posteriormente por cruzar las orillas de la izquierda, por fundar un nuevo partido, tu partido, Poder Ciudadano…

…

Por la escalera de los jardines que tanto te gustaban, intenta llegar a tus propios cielos, corre por tus ríos, encuéntrate con la mirada amorosa de tus ancestros, sonríele a las nubes, sueña con la ceiba de la memoria, la que te construiremos, los de abajo, los sin tierra, los sin casa, los sin techo, los del sur. 

Piedad Ortega”  

 

Piedad yo que conocí tu nobleza, ten Piedad de los malas personas, que fueron despiadados contigo.