UNAS PERLAS Y UN PAR DE JOYAS

Por Armando Pérez Araújo

A raíz del estudio que he estado haciendo sobre el diseño de una Acción Popular que resuelva el drama de ausencia de normas y mecanismos para garantizar y asegurarle un Cierre y Abandono de Mina Justo e Integral a La Guajira, del grande del Cerrejón, como lo hemos denominado de manera figurada, me he encontrado con la necesidad de entender y poder explicarle al presidente Petro, que será el principal destinatario procesal de dicha Acción Popular, cómo fue que hicieron los audaces gringos, sin disparar un solo tiro, para entrar al territorio guajiro y apoderarse de los sitios clave y adueñarse de lo que muy pronto fue la mina de carbón más grande del mundo y sus anexidades ferrocarrileras y portuarias. Una de las perlas jurídicas halladas en ese extenso expediente de violaciones y trampas, fue cómo inventaron el funcionamiento de una trinca fatal bien aceitada, usando a Carbocol S.A., como mecanismo de legitimación y de penetración, junto con el Incora e Intercor, filial de Exxon Mobil; y la otra perla, fue el demoledor invento de atribuirle al Incora la mendaz y patrañera competencia dizque de poder disponer del territorio wayuu a su antojo y acomodo, el acomodo era el de la familia Rockefeller, para lo cual fue menester sacar de la manga, a manera de instrumento embaucador, lo que fraguaron con el rimbombante nombre de Resguardo de la Media y Alta Guajira, y uno peor que ese, de peor calaña, denominado Reservas, que era la manera subrepticia de sustraer las destinadas al proyecto minero extranjero. El truco utilizado fue usar a Carbocol, empresa estatal, para solicitar a la otra estatal Incora, las tierras indispensables, para construir el puerto y la línea de la carretera y el ferrocarril. El secreto del embuste utilizado como argumento legal fue calificar de mala fe, esas tierras privadas del pueblo wayuu como baldías, es decir, tierras de la nación, a sabiendas que no lo eran, para obsequiárselas a la familia extranjera interesada. Siendo justos con la mentada familia norteamericana, al frente de tremendo ejercicio terrófago, estuvieron realmente, haciendo gala de su experticia y preparación para estructurar el ardid, fueron los adelantados y desvergonzados juristas de la patria, como suelen decir ahora, y seguramente políticos encumbrados de aquella época.

Una vez encombados, lo digo creyendo que es muy posible que el traqueto vocablo era utilizado para la época de 1984 en la sofisticada delincuencia del bajo mundo o, mejor, atrincherados, los cavernícolas de entonces tuvieron la necesidad de enfrentar la principal dificultad que era sortear la circunstancia de tropezar indefectiblemente con la territorialidad indígena, atravesada en los caminos mineros y portuarios de la seductora península de La Guajira, lo cual determinó la escogencia de los errados atajos jurídicos, por demás irresponsables e inverosímiles, como fue haber incurrido en el adefesio de tener que afirmar, sin el mínimo pudor, que el territorio indígena wayuu era susceptible de calificarse como tierra baldía.

Semejante exabrupto jurídico constituyó el primer gran paso para concretar el zarpazo fraudulento de que fue víctima la territorialidad del pueblo wayuu, pretendida por la más grande multinacional del mundo en ese momento, de propiedad de los más ricos del mundo, con fines de transporte y exportación de carbón, extrayendo del globo territorial indígena lo que necesitó el gobierno de entonces para satisfacer y complacer a los proponentes y prepotentes gringos, amancebados con súbditos y sirvientes colombianos, y entregárselo a título de aporte a la avispada familia norteamericana. Basta leer las tonterías argumentativas de la Resolución 015 de febrero 28 de 1984, del Incora, mediante la cual se constituyó el Resguardo de la Alta y Media Guajira, y las de la Resolución 28 de 19 de Julio de 1994 de la misma entidad, con la que se amplió el susodicho resguardo, para deducir la maniobra cómplice y feudataria. En ambos textos se mantiene incólume la palabreja baldía, erigida como el colmo de la desfachatez, de la defraudación y cinismo de los altos funcionarios de un país, contra el territorio de sus connacionales ancestrales y el derecho a su propio desarrollo. Parte de esa gran mentira de entonces fue hacerle creer al pueblo wayuu y a la sociedad colombiana en general, que le estaban regalando el resguardo a los indígenas, como si fuesen tierras de la nación, llamándolas baldías, advirtiendo con claridad indignante que se quedaban por fuera de la apariencia resguardatoria las tierras que necesitaba el proyecto minero, a las calificaron como Reservas. Es justo y útil precisar, que al frente de la Junta Directiva del Incora, como su presidente, a quién le cabe gran responsabilidad jurídica y política de haberle hurtado el territorio wayuu a sus propietarios, estaba la señora Cecilia López Montaño, firmando la Resolución de febrero de 1984, y diez años después, en julio de 1994, ampliando el mismo Resguardo, es decir, afirmando y ampliando el susodicho hurto sistemático de tierras, en el mismo cargo, aparece la firma del flamante doctor José Antonio Ocampo, ambas joyas, filtrados por los estructuradores del poder económico y terrateniente colombiano, insertados como garantistas del viejo y caduco establecimiento económico, estuvieron como ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, vestidos de actores de la transformación social ofrecida a los colombianos, aunque después pelaron el cobre denostando al primer mandatario por sus políticas sociales de cambio.

 

ALGUNAS TRAMPAS JURÍDICAS QUE OCURRIERON CUANDO LLEGÓ CERREJÓN A LA GUAJIRA

Por Armando Pérez Araújo

Recordemos y tengamos en cuenta que, en materia de ubicación geográfica del proyecto carbonífero, los extranjeros de Exxon Mobil, las autoridades estatales y los asesores jurídicos colombianos del proyecto, atrincherados en IFI, Ecopetrol y lo que se llamó Carbocol S.A., tuvieron que sortear y enfrentar las dificultades que significaba tropezar indefectiblemente con la territorialidad indígena atravesada en los caminos mineros y portuarios de la seductora península, lo cual determinó la escogencia de errados atajos jurídicos, por demás inverosímiles, como fue haber incurrido en el adefesio jurídico de afirmar que el territorio wayuu era susceptible de tratarse como una tierra baldía, falacia desbordada en la práctica, dando lugar a groseras maniobras que las convirtió en tierras mostrencas, a pesar de los disfraces usados como de RESGUARDO DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA y RESERVAS territoriales. Semejante exabrupto constituyó el primer gran paso para concretar el zarpazo fraudulento de que fue víctima el territorio del pueblo wayuu, pretendido entonces por la más grande multinacional del mundo con fines de transporte y exportación de carbón, extrayendo del globo territorial lo que necesitó el gobierno para entregárselo como aporte a la poderosa y avispada familia norteamericana. Basta leer las argumentaciones de la Resolución 015 de febrero 28 de 1984, del Incora, mediante la cual se constituyó ilegalmente el Resguardo de la Alta y Media Guajira, y las de la Resolución 28 de 19 de Julio de 1994 de la misma entidad, con la que se amplió dicho resguardo, para deducir la maniobra ostensiblemente cómplice. En los contenidos de ambos textos se mantiene incólume la palabreja baldío, erigida como el colmo de la desfachatez y el cinismo de un país contra el territorio de sus connacionales ancestrales y el derecho a su propio desarrollo. Parte de la gran mentira de entonces fue hacerle creer al pueblo wayuu y a la sociedad colombiana en general, que le estaban regalando el resguardo a los indígenas, como si fuesen tierras de la nación.

En el capítulo de las pretensiones de nuestra Acción Popular que próximamente instauraremos, recordaremos esta histórica desposesión muy poco puesta en práctica en negocios de la minería colombiana, pero que servirá para comprender que estas tierras eran y son del pueblo wayuu, que jamás fueron baldías, ni pertenecieron a la nación, por lo que deberán hacer parte de la recuperación del territorio que hemos previsto en este mecanismo constitucional, a favor de sus ancestrales propietarios, en vez de que lleguen a conformar el paquete de activos reversibles a la nación, lo cual sería el colmo, como lo serían activos distintos a estos asuntos relativos al parque territorial del pueblo wayuu.

También es útil y pertinente resaltar que parte de las tierras ancestrales o tradicionales de comunidades campesinas de origen afrocolombiano, fueron adquiridas por la asociación Intercor-Carbocol, mediante métodos de presión inaceptables, irrazonables en la mayoría de los casos y, en otros. con el empleo de mecanismos incoherentes y absurdos, por ejemplo, lo ocurrido con las denominadas expropiaciones de predios rústicos, que no eran rústicos, incluyendo la expropiación del corregimiento afrocolombiano vivo, activo y en funcionamiento, Tabaco, lo mismo que Manantial, las ilegales Reservas del Incora constituidas a favor de la estatal Carbocol S.A., que debieron ser anuladas por decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de septiembre 25 de 1992, con ponencia de Carlos Betancur Jaramillo, expediente 6922, mediante la cual se dirimió a favor de los nativos el reconocimiento de sus derechos territoriales y su vocación de propietarios. Adicionalmente fueron implementadas insólitas defraudaciones, revestidas de falsa apariencia, denominándolas Recuperación del Espacio Público y otras, de peor calaña, calificadas absurda e irresponsablemente como Servidumbres Mineras, las cuales fueron constituidas y realizadas en sitios prohibidos, por ejemplo, contra viviendas familiares, ocupadas con niños y adultos mayores, destruyéndolas, utilizando estrategias salvajes, nada diferentes a un ataque brutal y desproporcionado zarpazo contra el derecho a la propiedad privada y el respeto de la dignidad humana de familias guajiras que hicieron parte de la desposesión de tierras de las zonas mineras pobladas. El sistema judicial colombiano se rindió ante el poderío político de la empresa extranjera. Soy testigo de excepción. El caso de Espinal y Caracolí, aparentemente dirimido por la sentencia T 528 de 1992 de la H. Corte Constitucional, porque luego fue burlada e incumplida por Intercor y los Ministerios respectivos, representa un estratégico caso de contaminación, corrupción e impunidad, instrumentalizados al servicio de los intereses de la empresa extranjera, en medio del drama territorial vivido por las comunidades vecinas del tajo sur de la mina. En los folios 131, 132, 133 y 134 del expediente, reposa el estudio poblacional  elaborado por la Organización Indígena YANAMA, insertado en el expediente como pieza probatoria de dicha sentencia. Hemos traído a colación este caso de burla, corrupción y contaminación usado como criminal herramienta de presión y abuso de poder, para estragar y humillar en la práctica terrófaga contra la campesinidad colombiana, caso que fue tramitado administrativamente ante el Ministerio de Salud, donde. A pesar de que fue definida la gravedad y carácter INHABITABLE y ALTO RIESGO PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL, en el espacio social y campesino vecino de la mina, la decisión fue políticamente interferida por el presidente Gaviria, transformando en inocuos los esfuerzos de los científicos y especialistas, y en frustración las transidas esperanzas de familias afrocolombianas campesinas, que se debatieron con los poderosos intereses de la familia Rockefeller, expectaciones, finalmente apabulladas por la grosera y corrupta trinca edificada a favor de la poderosa e ilegal minería carbonífera, y, a pesar, de la contundencia de una sentencia de la Corte Constitucional. (Ver Resolución 02122 de 1991, febrero 22, del Ministerio de 

TUMBANDO Y CAPANDO

Ayer 31 de mayo se formalizó en la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción del Comité encargado de los trámites electorales de la Candidatura Presidencial de Jaime Araújo Rentería para el 2026. Este primer paso de la mecánica electoral significa que la cosa con él va en serio, que la cosa con Araújo es diciendo y haciendo como lo dice el refrán popular, o tumbando y capando, como lo expresamos coloquialmente en nuestro ambiente campesino costeño. Araújo Rentería había prometido que, si era necesario, parece que sí lo es, acudirá al mecanismo de las firmas. Es eso lo que está haciendo, de paso, invitando a recolectar las firmas para su candidatura y para configurar la lista abierta al Senado de la República de la cual hacemos parte. El significado de esta formalidad legal, independiente del susodicho juego de palabras, es que lo que viene ahora es la campaña a la Presidencia de la República, propiamente dicha, para que Araújo Rentería demuestre porqué decimos que es el mejor, libra por libra, como dicen los narradores del boxeo respecto a los púgiles de un encuentro deportivo. Jaime Araújo tiene claros los derechos que promueve y defiende para la próxima Colombia en la cabeza. Además de varios idiomas, habla muy bien el lenguaje de la democracia. Entiende y defiende los términos de la democracia directa, del estado federal, la importancia y limitaciones de una Consulta Popular, la necesidad y urgencia de una asamblea constituyente popular, se bandea muy bien en los terrenos de Weber, Sieyès, Rousseau, Fals Borda, en los espacios de la academia o en los de cualquier pescador de Sucre o La Guajira, indígenas del Amazonas o del Cabo de la Vela, sobre los asuntos de la sierra Nevada de Santa Marta o de la Ciénaga Grande o de la Mojana. Perfectamente navega en los mares del sindicalismo colombiano, en los complicados asuntos de las universidades públicas, también en los colegios. Su paso memorable por la Corte Constitucional dejó una imborrable estela jurisprudencial de derechos para las víctimas, para los pensionados, para los destechados, para las mujeres, en fin, para la ruta que ahora transita para encontrar la llegada al solio presidencial. Araújo Rentería no se engolosinó electoralmente, atacando al presidente Petro, para encontrar dividendos entre sus adversarios, tampoco alabándolo con ceguera para hallar adeptos entre sus incondicionales, prefirió conservar la independencia y distancia para aprobar lo bueno que el mandatario haga y poder tener la libertad crítica para desaprobarlo. Igualmente hizo con los contradictores del Presidente. Araújo es coherente.

JORGE PÉREZ BERNIER Y YO

 Por Armando Pérez Araújo

Al ex gobernador Jorge Pérez lo conozco desde que era gerente de Inscredial, la entidad encargada de otorgar vivienda social a gente necesitada de ella, y yo, como abogado y como siempre, defendiendo causas difíciles, casi imposibles de defender, en este caso, la de deudores morosos de dicha institución, la mayoría humildes habitantes del barrio Maleiwa de Maicao, que enfrentaban el temor de seguir permaneciendo como dueños de sus casas. Como quiera que practico la precaución y buena costumbre de indagar por el lugar de origen de los apellidos de las personas que comienzo a conocer, máxime si, en casos como el de esta reseña histórica, cuando el interlocutor habitual tenía mi apellido Pérez, encontré que por el simple hecho de que Pérez Bernier me informara que su apellido paterno provenía del Carmen de Bolívar, ello fue suficiente motivación para inferir la probabilidad de que podría existir algún parentesco entre esos distintos Pérez, los del tronco paterno de Pérez Bernier y los Pérez míos, que sabía que descendíamos de Magangué, Bolívar. En todo caso, el manifiesto don de gentes del amable gerente y ocasional contertulio, más su espontánea sencillez, transparencia y bonhomía, facilitaron el nivel de comprensión para resolver consensualmente, es decir, a punta de comprensión y respeto por los derechos humanos, la tranquilidad y estabilidad de los propietarios que el suscrito representaba extrajudicialmente ante la entidad regentada por Pérez Bernier. Podríamos decir que entre nosotros nació ipso facto, una especie de amistad a primera vista, acompañada del fraternal y cariñoso trato familiar continuo, respaldado por la probabilidad meramente estadística de que entre los Pérez Bernier y nosotros, los Pérez Araújo, por razones que podríamos considerar geofamiliares, podría existir algún vínculo consanguíneo común. Adicional a ese invariable y afectuoso trato de parientes que por muchos años nos hemos prodigado, surgió mi matrimonio con la dirigente wayuu Remedios Fajardo, quien siendo hija del riohachero Pedro Fajardo Bernier, tío de Jorge, dejaba develada la circunstancia de que su abuela resultó ser hermana del abuelo de mismísimo Pérez Bernier, revelando otra sobreviniente variante familiar de parentesco por afinidad entre nosotros.

Resulta que un día cualquiera me visitó mi primo hermano Carlos Pérez Almenares, destacado investigador en historiografía y meta historia de nuestros asuntos de familia, para informarme que había culminado una importante indagación familiar, relativamente comprobada, según la cual, el popular sacerdote Padre Prasca de Magangué, cura emblemático de esa ciudad, que en la década de los cincuenta fue trasladado al Carmen de Bolívar, llevándose de ayudante y compañero, en calidad de monaguillo a uno de sus sobrinos, de nombre Carlos Pérez, que suponemos era entonces un joven entre los quince y veinte años de edad. De conformidad con la citada averiguación el apuesto obispillo muy pronto cautivó el amor de una hermosa carmera y según dice la historia, relatada por mi primo hermano Carlos, más temprano que tarde, pasó lo que tenía que pasar, es decir, el sobrino, alumno y protegido del cura embarazó a su joven novia. El niño de esa relación nació varón y su nombre fue Miguel, quien, de acuerdo con la emotiva aunque muy fragmentada investigación, una vez creció se estableció en La Guajira y también, más temprano que tarde, igualmente enamoró a una bella dama de la sociedad riohachera de apellido Bernier, con quien se casó. La suma de los factores, y sin más vueltas, es decir, el sumun y producto de esta curiosa historia, es que el principal protagonista y enamoradizo monaguillo, con la mayor certitud, resultó ser mi abuelo Carlos Pérez Mejía y, al parecer, también abuelo del ex gobernador. Mejor dicho, al buen entendedor pocas palabras bastan: todo indica que el ex gobernador Jorge Pérez Bernier, una vez quede confirmada esta desordenada y emocionante explicación, será considerado como mi primo hermano.

Ahora hablemos de la condena de quien, reitero, parece ser mi primo hermano, ojalá así sea, a favor de su presumible inocencia, no sólo por aquel precepto guajiro de que a lo tuyo tú, con razón o sin ella, como reza el popular principio de solidaridad, sino porque a simple vista me ha parecido que lo que hay en el canto de la cabuya es un monumental exabrupto, conociendo, como conozco la característica corrupta y perversa permeabilidad de nuestro sistema judicial por la politiquería, y particularmente, porque he sido testigo y víctima lo que ocurre en los vulnerables espacios del mismo sistema judicial en las instancias de La Guajira. También, porque conozco de los proverbiales estragos de la poderosa corrupción local imperante en este medio nuestro, poblado de oscuros y jugosos intereses. Naturalmente, tengo que advertir que no me referiré a ninguna decisión judicial en especial, en torno a los derechos y garantías de mi presunto primo hermano, porque entiendo, en calidad de defensor de los derechos humanos, y porque como abogado he sido muchas veces víctima de este sistema, comprendiendo que sin conocer detalles del proceso de marras, no sería correcto expresar ninguna opinión al respecto. Me basta entender lo que se percibe en la calle y dice en parques y corrillos de la política y la politiquería, incluso, lo que observé en el rostro del ex gobernador, cuando decidió difundir las sentidas palabras suyas sobre su determinación de entregarse a las autoridades. Es más, creo que para mí bastarán las elocuentes y tristes imágenes de su ingreso a las instalaciones judiciales de la calle primera de la capital guajira, porque evoqué con ellas aquella también triste circunstancia fáctica, hace un poco más de veinte años, cuando ingresé por la misma puerta, ilegalmente capturado y visiblemente sojuzgado. A los treinta y siete días, en mi caso, una instancia superior, a cargo de un juez justo y serio, porque de que los hay, los hay, decretó mi libertad, añadiendo frases contra la estupidez judicial, que no se las ha llevado el viento, pero que contribuyeron a reconciliarme un poco con la justicia colombiana, como esta: “..eso no se hace con un hombre que ha dado muestras de ser respetuoso del derecho...” . Ello no borró mi dolor, pero espero que a Pérez Bernier le pase lo mismo y quede libre y resarcido por orden de la Sala Plena de la Corte Suprema.

QUEREMOS EMPUJAR UN CIERRE DE MINA JUSTO, ACOMPAÑADO DE TANSFORMACIONES DEL TAMAÑO DEL CERREJÓN

Por Armando Pérez Araújo

¿QUÉ HACEMOS CON EL TREN, CON EL PUERTO Y LOS DOS AEROPUERTOS, CON LAS TIERRAS DEL NORTE Y CON LAS DEL SUR Y CON EL CAMPAMENTO DE MUSHAISA Y OTROS ACTIVOS NO MENOS IMPORTANTES?

La tremenda noticia de que el presidente Petro está interesado en conversar con los dueños del sistema del ferrocarril privado, la empresa Cerrejón, para negociar la posibilidad de consensuar una fórmula adecuada y equitativa, por supuesto contractual, no solamente no es descabellada sino la más inteligente y popular para los intereses de los colombianos y, particularmente, para los de los tradicionalmente olvidados de La Guajira. Celebramos que esta iniciativa, que hemos impulsado desde Causa Caribe y divulgado en Pensamiento Caribe, haya cuajado y se convierta en el principal motor de la necesaria bandera de cambio y de transformaciones inmediatas que requerimos. El presidente Petro tiene toda la razón, también porque tiene la sartén por el mango y porque resulta adicionalmente viable. Lo explicamos así: en primer lugar, es evidente que el proceso minero de La Guajira ya no es aquél desaforado y terrófago de antes, cuando cada gobierno regional y nacional, la sociedad colombiana, los medios de comunicación, incluso, componentes de nuestra espiritualidad, como la Iglesia Católica asentada en La Guajira, se comportaban como los peores exponentes de la sumisión y genuflexión, mostrándose dóciles ante los exorbitantes intereses de la norteamericana familia Rockefeller. Recordemos que en ese entonces parecía que estaba completamente prohibido en el país disentir de las políticas corporativas impartidas desde las esferas de Exxon Mobil en Dallas, además, porque la maniatada y postrada estatal Carbocol S.A. que suponíamos, debería haberse comportado erguida, actuaba escasamente celosa del cuidado de los pequeños intereses de los colombianos, limitándose y concentrándose en velar por los asuntos socialmente intranscendentes del contrato de asociación. Pero los tiempos han cambiado y es evidente que el Presidente Petro se ha desmarcado de las multinacionales extractivistas, y, claro, adicionalmente, resulta evidente la obligatoriedad del fenómeno jurídico y social que implica el indefectible e inminente Cierre de Mina Justo y Equitativo, lo mismo que la Transición Energética Justa, instrumentos como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Escazú, etcétera, que les impone a las partes contratantes, particularmente para el caso concreto y especial de La Guajira, un entendible cambio de reglas del juego a favor de los parámetros de la justicia social y ambiental, banderas programáticas de este gobierno. De manera que acceder de forma temprana a los sobrantes servicios parciales del tren y de algunos importantes activos de propiedad de la empresa Cerrejón, también servirá para asegurar y garantizar a la frágil población de La Guajira, la indispensable transportación de incalculables volúmenes de agua que, dicho sea de paso, es útil y justo reconocerlo ahora, en la actualidad dicha empresa voluntariamente atiende algo de distribución a diferentes rancherías vecinas, asunto que en alguna medida es digno de aplaudir y estimular, aunque advirtiendo que ello ocurre de manera relativa y en cantidades absolutamente insuficientes, dentro del marco de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. El sistema del ferrocarril minero, de propiedad de la actual empresa carbonífera, también nos ha puesto a reflexionar sobre la viabilidad de estructurar y complementar responsabilidades administrativas, financieras y operativas entre gobierno, empresa Cerrejón, trabajadores y ex trabajadores de la mina y otras empresas asociativas que se integren a esa magna iniciativa social que sería una Gran Empresa de Economía Mixta, destacando el interés societario de afros e indígenas y resaltando que el inajenable aporte de los dueños del territorio, se concretaría exclusivamente a la cesión pro témpore de USO DEL SUELO TERRITORIAL AUTÓCTONO. Los estudios que se hagan al respecto arrojarán las pertinentes recomendaciones respecto a la producción, transporte y distribución de alimentos del campo, incluso, de la exportación e importación de productos agropecuarios y otros renglones de la economía autóctona, por ejemplo, asuntos relativos a las incalculables potencialidades pesqueras de la región caribe, incluyendo importante zona marítima de la región fronteriza venezolana y más allá de ella. El presidente Petro sabe muy bien, porque él ha sido partidario de explorar las posibilidades turísticas de La Guajira, que a partir de los soportes que representarían las potencialidades del tren y sus activos, dos aeropuertos privados de hoy, utilizados exclusivamente por y para la minera extranjera, lo mismo que formidables y sofisticados activos de la infraestructura portuaria de la empresa Cerrejón, constituiría, según la propuesta que hemos ventilado con dirigentes guajiros, la base para que en el próximo futuro se establezca y consolide en lo que es hoy del dominio de empresas extranjeras Puerto Bolívar, la más importante Sociedad Portuaria Mixta y Multipropósito Indígena.

Aspiramos a que, en lo que falta de este gobierno de transformaciones, que ya es poco, deberían quedar por lo menos las mínimas bases normativas, jurídicas y técnicas, para la consolidación de una ambiciosa estrategia de educación superior, que podría llamarse la Universidad de la Paz Colombiana, mediante la conversión de las instalaciones del actual campamento de Mushaisha, de propiedad de la minera, conformado por hoteles, almacenes, supermercados, escuelas, colegios, oficinas de toda clase y categorías, laboratorios clínicos e industriales, infraestructura de empresas de servicios varios, consultorios médicos, bacteriológicos y odontológicos, gimnasios, empresas de transporte de carga y pasajeros, agencia de viajes, estaciones de servicios de combustibles y lubricantes, hospitales, clínicas, acueductos, alcantarillados, bodegas, parqueaderos, edificios, talleres, bancos, ciudadelas y todo tipo de soluciones habitacionales, restaurantes, cafeterías, clubes, varios auditorios y piscinas, canchas deportivas, etcétera, configurándose el campus universitario de lo que sin duda sería la institución de educación superior más importante del caribe colombiano, en caso de que este gobierno que debería ser el gobierno de las transformaciones así lo planee y ordene.

Tampoco debería extrañarnos que el Presidente empiece a implementar las normas y mecanismos jurídicos de transición gradual, reitero, mediante contratación bilateral con la empresa dueña de esos activos, para hacer desde ahora posible el pronto y efectivo acceso, paulatino y escalonado a más de cincuenta mil hectáreas de tierras productivas, progresivamente vacantes, privilegiando en primer lugar a las familias campesinas de la región, indígenas y negros, impactados por la minera. De ninguna manera, no podemos excluir, los altos niveles de la carga moral que tienen sobre sus hombros, léase cargos de conciencia, de los actuales propietarios y/o administradores de la empresa minera, quienes deberían facilitarle las cosas al presidente Gustavo Petro y demás autoridades, especialmente por el recorderis que nos toca refrescarles la memoria, sin entrar ahora en detalles, sobre la ilegalidad y absurdidad del inicial acceso a las tierras indígenas del norte y a las de los negros del sur, lo mismo que fundamentos y argumentos filosóficos de entonces, parapetados en lo que ingeniosamente se llamó Declaratoria de Utilidad Pública y Social.

 

RELACIONES INTERNACIONALES DE COLOMBIA CON LOS ESTADOS UNIDOS Y CHINA, LA NECESIDAD DE CURAR VIEJAS Y RECIENTES HERIDAS CON VENEZUELA Y POR SUPUESTO LA COYUNTURA DE LA PRESIDENCIA PROTÉMPORE DE LA CELAC.

Por Jaime Araújo Rentería

Hay personas que consideran que las relaciones internacionales de Colombia, dependen exclusivamente de la voluntad del Presidente de turno, lo que trae como consecuencia que cambien de un extremo a otro, dependiendo de quién sea el Presidente en cada circunstancia. Este vaivén, se pretende justificar con el revestimiento de una superpuesta Ideología política y también jurídicamente, invocando el artículo 189 de la Constitución Política que establece que el Presidente es el Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales.
Sin embargo, no hay que olvidar que el Presidente de la Republica es un poder constituido y, por lo mismo, sometido a la constitución del Estado. Además, no olvidemos que Colombia es de los países que tiene reguladas sus relaciones internacionales en su propia Constitución, lo cual obliga por igual a cualquier Presidente y a todos sus ciudadanos, que significa que nadie, en el Estado de Derecho, está por encima de la Constitución, de igual forma que las relaciones internacionales de Colombia NO están sujetas al capricho y vaivenes de ningún presidente y No respetarla es violar la Constitución.
Una de las primeras constituciones que reguló sus relaciones internacionales, fue la soviética de 1977 y hoy son varias las que lo hacen así, como las de Italia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay o Portugal, entre otras.
Entre las normas constitucionales que regulan las relaciones internacionales, están los artículos 9, 226 y 227 de la constitución que establecen cómo deben ser nuestras relaciones internacionales con el resto de los países, que en sus partes pertinentes dicen: “ARTICULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos …De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”. “Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.” “Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, …”.
El principio de la soberanía exige que el Estado y su Presidente no sean títeres de ningún imperio, por ninguna razón política, militar o comercial. En relación con el tema de los límites a la soberanía, debemos preguntarnos por tres clases de límites distintos: si existen límites fácticos; si existen límites éticos; y finalmente si existen límites jurídicos al soberano. En relación con las dos primeras clases, la gran mayoría de los autores aceptan que existe esa clase de límites, sin embargo, existe una gran polémica en relación con la inherente a los límites jurídicos. El problema de si la soberanía es absoluta o es limitada debe estudiarse en dos esferas: interna e internacional.
En el plano internacional, hay que tener en cuenta que se parte de un supuesto diametralmente opuesto al del plano interno. En este último aparece como una clara relación de mando-obediencia, lo que presupone una relación de desigualdad entre el que manda y el que obedece y es también una relación positiva: la de dar órdenes. En cambio, en el plano internacional, se presupone que los sujetos que se relacionan entre sí, están en una relación de igualdad, donde todos los sujetos de derecho son iguales entre sí y por lo mismo se trata de una relación negativa; donde si bien es cierto ningún sujeto puede dar órdenes al otro, tampoco está obligado a recibirlas; dicho de otra manera, la soberanía se traduce, en el plano internacional, en que ningún Estado está obligado a recibir órdenes de otro Estado. La diferencia fundamental entre la soberanía interior y la exterior, está en el hecho de que en la soberanía interior el soberano da órdenes a todos y el no recibe órdenes de ninguno; en cambio, en la soberanía exterior, el soberano no recibe órdenes de ninguno de los sujetos del derecho, pero tampoco puede darlas.
En relación con el respeto a la autodeterminación de los pueblos, propugnado por todos los socialdemócratas del mundo y que fue un avance fundamental del derecho internacional moderno, frente a lo que existía antes, que era el derecho de cualquier Estado, comenzando por las grandes potencias, de intervenir, invadir y sojuzgar a cualquier otro Estado, con el pretexto de que no le gustaba su gobierno; lo que era fuente de guerras internacionales o de guerras civiles. Precisamente, con el fin de lograr la paz internacional, era necesario que los Estados se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos de otros Estados y que fueran los propios pueblos de esos Estados, quienes decidieran cuándo y cómo cambiar a sus gobiernos. La revolución de octubre defendió el principio de autodeterminación de los pueblos y ayudó al proceso de descolonización de pueblos sometidos a potencias extranjeras. En Estados federales ya desaparecidos, como la URSS o la República Federal Popular de Yugoslavia, sí se reconoció constitucionalmente el derecho de autodeterminación, incluso de secesión, de las repúblicas que lo conformaban.
Por no respetar el principio de autodeterminación de los pueblos es que tenemos problemas irresolubles con varios de los países limítrofes, como es el caso de Nicaragua y Venezuela, donde por no dialogar con esos países tenemos problemas en nuestras fronteras, como son con Nicaragua, los casos de San Andrés, providencia, etc., y con Venezuela el de LOS MONJES, donde está una de las mayores reservas petroleras del mundo y donde los gobiernos de derecha regalaron parte del territorio nacional. En el caso de San Andrés hemos acudido ante la Corte Internacional de Justicia y hemos perdido también parte de nuestro territorio, lo perdimos con la sentencia de 2012. Si queremos resolver estos conflictos, tenemos que sentarnos y entendernos con el mayor respeto con nuestras contrapartes, independientemente de que nos gusten o no sus gobiernos. Lo que más conviene a nuestra economía y a los colombianos es que nuestra patria tenga relaciones comerciales, sociales, culturales y científicas, con todos los países del mundo en condiciones de igualdad y de reciprocidad, como ordena nuestra Constitución. No podemos permitir que los gobiernos, violando la Constitución, nos llenen de bases militares extranjeras, como lo hizo el de Uribe, o entreguemos a Gorgona como se quiere hacer ahora, nos metan como aliados de la OTAN, como lo hizo el de Santos, o nos metan en una guerra con Venezuela, Nicaragua o cualquier otro país.
No es cierto, como el gobierno y sus áulicos afirman, que si no se cumplen los tratados internacionales nada pasa, ya que, en el derecho internacional, por ser un derecho todavía primitivo, los propios Estados pueden evaluar si su contraparte está cumpliendo el derecho internacional y si considera que no, puede hacer justicia por propia mano y aplicar las sanciones que pueden ser de distinto grado y que pueden incluir las más graves, como son las represalias y la GUERRA. Es poco probable que le ganemos una guerra a Venezuela y mucho menos a otro país limítrofe como Brasil, y si creemos que podemos ganársela a Nicaragua, no sabemos si sus aliados, incluida Rusia la dejen sola.
Conclusión:
Creemos que los gobiernos de Colombia, deben dirigir nuestras relaciones internacionales como manda la Constitución y no a su libre albedrio. Y si quieren hacer conocer a los otros Estados sus molestias, deben hacerlo por los medios diplomáticos regulares y no por X; exhortamos que deben buscar la integración latinoamericana y del Caribe; promover las relaciones sociales y económicas con todas las naciones del mundo, sobre bases de equidad y reciprocidad. Ser soberano internacionalmente y respetar la autodeterminación de los pueblos. Y esto es válido para el caso de Venezuela, como de otros Estados.
Saludamos con moderado optimismo la llegada de Colombia a ocupar la presidencia pro témpore de la CELAC, deseando para el señor Presidente éxitos en su desempeño y buen viento en este mar de profundas dificultades y pujas entre las poderosas potencias del mundo.
 

CANDIDATO PRESIDENCIAL ARAÚJO RENTERÍA ESTÁ PREOCUPADO POR LA SUERTE DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

Por: Jaime Araújo Rentería

Más allá de si vale la pena discutir o celebrar, de si el Plan de Manejo Ambiental anunciado en su momento por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para recuperar la Ciénaga Grande de Santa Marta, estaría financiado por una inversión de ocho o nueve millones de dólares, gestionada por éste o por el anterior gobierno, lo que interesa realmente a los colombianos es que se logren las metas de un bien diseñado plan de manejo ambiental y que se abandone la tendencia de inútiles rifirrafes entre encumbradas funcionarias y exfuncionarias del importante Ministerio. Destaquemos que lo que está en juego es la suerte de un ecosistema estratégico para el país y el mundo, declarado humedal de importancia internacional Ramsar en 1998 y Reserva de Biósfera por la Unesco en el año 2000. Este ecosistema, además, tiene el atractivo social y económico que produce un promedio de 6.000 toneladas de pescado al año. El plan de recuperación del actual gobierno tiene contemplado trabajar en conjunto con las comunidades y las entidades del Sistema Nacional Ambiental donde se realizará una reconversión económica, la restauración ecológica de manglares y caños y el restablecimiento de conexiones a través de los canales de la Ciénaga Grande, el cual beneficiará más de 250.000 personas de la región, suponemos que el esfuerzo incluirá el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena. Quisiéramos agregar a esa iniciativa ecológica la necesidad de implementar con urgencia un programa de vivienda digna, ojalá con la opción de reforzar las posibilidades del turismo ecológico de la zona, adecuada y asequible, de conformidad a los lineamientos definidos por el Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales de ña ONU.