Las tramoyas de Genaro

Por Armando Pérez Araújo

 

El Alcalde del Distrito Genaro Redondo dejó a más de seiscientos humildes contratistas de prestación de servicios personales con los crespos hechos, incluyendo mujeres embarazadas y lactantes, mediante burda y quirúrgica maniobra que consistió en dejarlos por fuera de cualquier chance laboral durante varios meses, utilizando como falso pretexto el cumplimiento de la Ley de Garantías, cuando realmente lo que hacía era torcerle el pescuezo a la ley 996 del 2005 mediante el empleo sistemático de emboscadas y trucos, al parecer, con fines repugnantemente electorales. Este galimatías no es fácil de explicar, pero trataré de hacerlo de la siguiente manera y denunciarlo formalmente en caso de ser necesario: lo normal es que el administrador público, en el caso de entidades territoriales como ésta, se halle restringido por la antipática y necesaria Ley de Garantías, a partir de la fecha concreta que estipula la ley, para realizar modificaciones a la nómina. En el caso de marras, lo que fraguó y logró el médico alcalde fue entusiasmar mediante la inyección de una maniobra engañosa a no menos de seiscientos seres humanos que venían laboralmente como contratistas, inculcándoles la posibilidad de vincularlos nuevamente, cuando lo que realmente estaba planeando por debajo de la mesa era la masacre laboral de excluirlos sistemáticamente de la nómina y alejarlos de las probabilidades reales de acceder al derecho a trabajar de manera digna.

 

La especie que cunde alrededor de los conciliábulos del Parque Padilla es que esta no es la primera vez que ocurre la misma o similar artimaña, de presionar electoralmente a los trabajadores angustiados por la eventual terminación de sus contratos y hacer lo mismo de siempre, es decir, a renglón seguido poner a la gente a trabajar como esclavos durante los primeros meses del año (enero, febrero, marzo, abril y mayo) sin pago, es decir gratis, con el ardid de que así aseguran su puesto para después contratarlos por solo 4 o 5 meses con fundaciones amigas, con las implicaciones presupuestales y electorales que ello conlleva, quedando libres 8 o 7 meses de dineros públicos. Quien lo entendió lo entendió. 

 

Por el estropicio que han causado las reacciones entre empleados y trabajadores estragados y el resto de la sociedad riohachera solidaria, creemos que es muy posible que a estas alturas la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, incluso, la Fiscalía General de la Nación, han iniciado de oficio las correspondientes investigaciones, dada la circunstancias de que en el ramillete de violaciones a la constitución y la ley hay desde violaciones al acceso al derecho de los trabajadores hasta constreñimiento agravado al elector.