¡Manda cáscara el gobernador!

Por Armando Pérez Araújo

En vez de estar pensando el gobernador Jairo Aguilar en cómo sanear el estatus del dominio territorial del pueblo wayuu y de toda La Guajira, que es lo que le corresponde constitucionalmente, a propósito del Cierre de Mina de Justo e Integral que estamos promoviendo, en relación a la suerte de lo que hoy es Puerto Bolívar y otros activos de la reconversión de la actual dinámica minera, como lo son los aeropuertos y el ferrocarril, lo que pretende hacer es rifarlo u obsequiarlo a un pésimo postor para un insólito proyecto que sólo a él se le ocurre que podría ser rentable para la gente de La Guajira, principalmente para los dueños ancestrales del territorio. No tenemos nada personal contra el señor Elon Musk, al contrario, profesamos por él y por SpaceX, uno de sus mejores negocios, el mayor nivel de admiración y respeto. Lo que no entendemos es que a nuestro mandatario departamental se le dé por promover la peor felonía contra el pueblo guajiro, ofreciéndole al más rico la riqueza que está prevista que deje la empresa Cerrejón, para que sea transformada en plataforma de despegue o lanzamiento de cohetes.

Mientras la ciudadanía comenzaba a soñar con una sociedad portuaria indígena de economía mixta, sustituta de Puerto Bolívar, en la que participen trabajadores y ex trabajadores de la minería, empresarios colombianos, especialmente guajiros del sector comercio, portuario, turístico y de pesca y, obviamente, inversionistas internacionales, el mandatario imprudentemente y de forma ligera, y sin ninguna necesidad, lanzó la peor amenaza contra la economía social de La Guajira que a gobernante alguno se le pueda haber ocurrido. Por fortuna ese esperpento sería constitucionalmente inviable y además, carente de toda lógica. Sabemos que, aunque la plataforma de marras en Puerto Bolívar podría servir a misiones militares extranjeras, lo cual sería de suyo algo especialmente grave, ello no significa que su simple protección exigiría por sí sola instalar una base militar, menos mal. Resaltemos que la empresa del señor Musk ya realiza misiones para la Fuerza Espacial de Estados Unidos con el Falcon 9 y que hay algo de nuestra normativa constitucional de la que podrían echar mano, como lo es la consagrada en el Auto 288 de la Corte de 2010 sobre la defensa compartida con Estados Unidos.

Tenemos claro, que el distinguido gobernador Aguilar, en caso de que nos responda, lo cual no creo que vaya a suceder, diría que lo que él ha hecho es sólo una invitación pública a SpaceX para que explore el sitio para ver si le sirve, como si todo lo que está ofreciendo el alto funcionario, fuera de su propiedad, del departamento de La Guajira, un potrero público o un bien mostrenco. Tengo la obligación de recordarle al señor gobernador, también al emprendedor Elon Musk, que una de las expectativas del pueblo wayuu con el cierre de mina en curso, está concentrada en la recuperación o restitución territorial del pedazo de tierra donde está el puerto y el ferrocarril, con sus anexidades, por la vía del fenómeno de la accesión, el cual fue objeto de otra ligereza de los ministros de la época, Cecilia López Montaño y José Antonio Ocampo, quienes extrajeron con pinzas del globo territorial de propiedad del pueblo wayuu lo que necesitó el lacayo gobierno de la época, para entregárselo a título dizque de aporte, léase regalo, a la poderosa y astuta familia Rockefeller. Basta leer las argumentaciones de la Resolución 015 de febrero 28 de 1984, del Incora, mediante la cual fue constituido el Resguardo de la Alta y Media Guajira y las similares utilizadas para proferir la 28 de 19 de Julio de 1994, de la misma entidad, ampliándolo, para inferir el vulgar despojo y empleo de la estrategia de la desposesión.

 

 LOS BEMOLES DE LA LÍNEA NEGRA 

Por: Amylkar D. Acosta 

El nuevo decreto expedido por el Presidente Gustavo Petro para redefinir la denominada “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, 0514 del 19 de mayo de 2026, revive un debate complejo sobre autonomía indígena, ordenamiento territorial, consulta previa, seguridad jurídica y alcance de las competencias del Ejecutivo. La controversia surge luego de que el Consejo de Estado anulara el Decreto 1500 de 2018, expedido en volandas, cuando ya estaba con un pie en el estribo para partir, por el ex presidente Juan Manuel Santos, por vicios jurídicos relacionados, principalmente, con la ausencia de consulta previa integral y problemas de cartografía oficial. Entre las principales inconveniencias y dudas jurídicas que se plantean frente al nuevo decreto se destacan las siguientes: en primer lugar persisten dudas sobre la consulta previa efectiva. El principal argumento que llevó a la nulidad del Decreto anterior fue que no se agotó adecuadamente el proceso de consulta previa con todas las comunidades potencialmente afectadas, incluyendo comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos asentados dentro del polígono de influencia de la denominada Línea Negra. Aunque se anunció la apertura formal de una nueva consulta previa, persisten interrogantes sobre la representatividad de todos los actores involucrados. el alcance territorial exacto de las consultas, el tiempo real para surtir un proceso amplio y técnicamente sólido, la posibilidad de demandas futuras por eventuales exclusiones. Por su parte la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la consulta previa no puede ser meramente formal, sino libre, informada y de buena fe. En segundo lugar, el riesgo de invasión de competencias territoriales. Uno de los puntos más sensibles es que la redefinición de la Línea Negra puede incidir directamente sobre los planes de ordenamiento territorial (POT), el uso del suelo, las actividades productivas, la infraestructura, el turismo, la minería y la energía, así como las competencias de municipios y departamentos y su autonomía territorial reconocida en la propia Constitución Política. Ello plantea dudas sobre si un Decreto presidencial puede, en la práctica, alterar o condicionar decisiones propias de entidades territoriales autónomas protegidas por la Constitución. Existe preocupación de alcaldías, gobernaciones 1 Miembro de Número de la ACCE 2 y sectores productivos frente a una posible recentralización de decisiones territoriales desde el Ejecutivo nacional. En tercer término, está la posible afectación a la seguridad jurídica. Y ello dado que la llamada Línea Negra abarca zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira e involucra decenas de municipios y áreas con actividades económicas estratégicas. Por ello, varios juristas advierten riesgos relacionados con: la incertidumbre para proyectos de inversión, las restricciones no claramente delimitadas, la superposición de derechos territoriales, los conflictos entre propiedad privada y protección espiritual ancestral y los eventuales litigios administrativos y constitucionales. Incluso, firmas jurídicas han advertido sobre el vacío normativo y la inseguridad normativa generada tras la nulidad del Decreto de 2018. En cuarto lugar, está la ambigüedad sobre el alcance jurídico de los “sitios sagrados”. Ello nos remite a otra discusión de fondo, la cual radica en determinar si el reconocimiento espiritual y cultural de los sitios sagrados puede traducirse automáticamente en restricciones ambientales, limitaciones a la propiedad privada, condicionamientos al desarrollo económico, facultades de cogobierno territorial y posibles colisiones de competencia. Los críticos sostienen que el decreto podría terminar creando efectos equivalentes a una ampliación territorial de facto sin pasar por mecanismos legislativos o reformas legales expresas. En quinto lugar está el debate que surge sobre separación de poderes. Sectores críticos consideran que el Ejecutivo podría estar intentando reproducir mediante un nuevo decreto lo que ya fue anulado judicialmente por el Consejo de Estado, lo que abriría un debate sobre el respeto a las decisiones judiciales, alcance reglamentario del Presidente, así como los límites del poder administrativo. Aunque el Gobierno sostiene que está corrigiendo los defectos advertidos por la justicia, persiste la duda sobre si el nuevo acto administrativo realmente subsana los vicios de fondo o simplemente transcribe el texto anterior con sólo ajustes procedimentales. En sexto lugar, están las tensiones entre derechos indígenas y derechos de terceros. La Constitución protege especialmente los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, pero también exige armonizarlos con: derechos de campesinos, derechos de comunidades afro, propiedad privada, libertad económica, competencias territoriales e interés general. El propio presidente Petro reconoció que la redefinición de la Línea Negra “implica una reforma agraria”, debido a la presencia de campesinos dentro del área 3 involucrada. Ello podría derivar en conflictos sociales y jurídicos complejos sobre uso, ocupación, tenencia y administración del territorio. En séptimo y último lugar, pero no por ello menos importante, está la fragilidad técnica y cartográfica del Decreto de marras. El fallo que anuló en su momento el Decreto 1500 señaló que no existía cartografía oficial plenamente consolidada al momento de su expedición. Por tanto, el nuevo decreto deberá demostrar en su defensa: precisión técnica, coordinación con el IGAC, claridad geográfica, compatibilidad con catastros y registros oficiales. Huelga decir que cualquier inconsistencia podría dar lugar nuevamente a demandas de nulidad. En síntesis, el debate alrededor de la Línea Negra refleja la enorme dificultad de equilibrar: protección de derechos ancestrales, autonomía indígena, seguridad jurídica, propiedad privada, autonomía territorial y desarrollo económico. Dados los vacíos y las inconsistencias del Decreto, 0514, el nuevo Gobierno que preside Abelardo de la Espriella debería derogarlo y cumplir con las formalidades y ajustar el mismo a la normatividad legal y constitucional. Aún estamos a tiempo para evitar las consecuencias que se pueden derivar de este esperpento jurídico y expedir el acto administrativo que tome en cuenta las consideraciones que tuvo el Consejo de Estado para decretar la nulidad del mismo y corrija los desafueros en los que incurre, entre ellos, el más grave, la ampliación de los sitios determinados como sagrados para los pueblos indígenas asentados en el macizo de la Sierra Nevada, de 54 previstos en el Decreto 1500 de 2018 expedido por el Presidente Santos a 348 (¡!), extendiéndolos hasta los territorios habitados históricamente por el pueblo Wayuu, constituidos como resguardos de la Alta y Media Guajira, sembrando la semilla de la discordia entre unos y otros, desde una oficina en Bogotá, que al decir de la brillante antropóloga Alicia Dussán de Reichel “donde se pierde el contacto con la realidad del país”. 

Cota, septiembre 19 de 2026 

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  UniGuajira no es una fachada y Kaloy no es un alias.

 Por Moisés Carreño 

*En La Guajira estamos acostumbrados a cargar con etiquetas que casi siempre construyen otros desde afuera, corrupción, abandono, ilegalidad, atraso. Cada vez que estalla un escándalo, pareciera que el departamento entero termina sentado en el banquillo de los acusados. Por eso no es un asunto menor que se diga que la Universidad de La Guajira es una “fachada” para cometer delitos, ni que se usen expresiones que terminan estigmatizando a su rector. Menos aún cuando se trata de una institución pública que, durante años, ha dado resultados concretos y verificables. Los datos hablan por sí solos. Desde 2009, la Uniguajira pasó de cerca de 6.500 a 17.125 estudiantes y de 15 a 29 programas profesionales; hoy ofrece nueve maestrías propias y dos doctorados; multiplicó sus grupos de investigación de 7 a 56 y duplicó su infraestructura. En 2024, además, obtuvo por primera vez la Acreditación Institucional en Alta Calidad y siendo justos, a todo señor, todo honor, estos logros coinciden con el periodo de rectoría de Robles Julio, por lo que merece ser reconocido por estos grandes avances educativos.

¿Dan estos resultados licencia a la Universidad, a sus directivos o a su rector para estar por encima de la ley? Por supuesto que no. Nadie lo está. Pero esos logros tampoco pueden borrarse de un plumazo por cuenta de un titular. Celebro que el presidente Abelardo De La Espriella muestre firmeza frente a la corrupción y las organizaciones criminales. Precisamente por eso, hay otras preguntas que también merecen toda la berraquera del Estado:

- ¿Qué pasó con las regalías, principalmente las del carbón y del gas que La Guajira recibió durante tantos años?

- ¿Qué pasó con los recursos destinados a resolver el histórico problema del agua?

- ¿Qué pasó con la represa del ranchería?

- ¿Cuánto dinero llegó?

- ¿En qué se invirtió?

- ¿Cuánto se ejecutó?

- ¿Qué obras se hicieron y qué proyectos fracasaron?

- ¿Quién respondió cuando la plata no llegó a donde debía?

Si de verdad queremos combatir la corrupción y la criminalidad, investiguemos todo y que no sea solo la Fiscalía, también la Procuraduría, la Contraloría y los demás organismos de control, cada uno dentro de sus competencias. Que cumplan el mandato constitucional y legal para el que fueron creados y no terminen convertidos en simples adornos institucionales a la hora de vigilar los recursos públicos de los guajiros. La Guajira necesita investigaciones, pero también necesita resultados y necesita reconocer lo que sí funciona, como la Universidad de La Guajira, una institución pública que ha crecido de manera sostenida en un departamento donde la inestabilidad política, la pobreza y la falta de agua, energía y servicios básicos han sido una constante. Tiene estudiantes, profesores, investigadores, programas académicos, infraestructura, una acreditación de alta calidad y una gran gestión de su actual rector; nada de eso desaparece por señalamientos o investigaciones a uno de sus directivos.

Los guajiros, además de padecer problemas históricos, solemos cargar con el estigma. El escándalo de la UNGRD es un ejemplo patético, un caso de corrupción de alcance nacional que terminó dejando sobre nuestra región el peso de la sospecha y la mala fama. Los guajiros no tenemos por qué pagar los platos que otros rompieron.

El rector Carlos Arturo Robles Julio como cualquier ciudadano, está sometido a la ley colombiana. Si hay motivos para investigarlo, que las autoridades lo hagan con todo rigor, todas las garantías y que se decida lo que en derecho corresponda, sin convertir la investigación en condena, ni el señalamiento en sentencia; las actuaciones de una persona no convierten automáticamente a una universidad en una “fachada”.

Una precisión, “Kaloy” no es un alias, es el sobrenombre que Carlos Arturo Robles Julio lleva desde niño en su natal Manaure, La Guajira, tierra donde los apodos hacen parte de la vida cotidiana. Kaloy viene de Carlos; así de simple, presentarlo como si se hubiera descubierto un secreto, es inflar la información y eso le resta seriedad y credibilidad a quien informa. Que se investigue lo que haya que investigar y se juzgue lo que deba juzgarse, pero con rigor y objetividad, sin inventar historias ni dañar la imagen de la Universidad de La Guajira, el principal centro de educación superior del departamento y mucho menos que se convierta en un botín político-burocrático. Los guajiros como colombianos y ciudadanos, tenemos derecho a exigir que nuestros recursos públicos se administren con transparencia, sean vigilados por los organismos de control y se destinen a mejorar la vida de nuestra gente. La actual universidad pública y de alta calidad es patrimonio de los guajiros, también lo son, defender su buen nombre, su dignidad y sus instituciones."

*REPRODUZCO ESTE ARTÍCULO EN MI BLOG, POR SU PONDERACIÓN Y BUENA CALIDAD.

ATTE,

ARMANDO PÉREZ ARAÚJO

 

Presunción de Inocencia del Rector Robles y el Trato presidencial

Por Armando Pérez Araújo

Empecemos advirtiendo que una cosa es la inocencia y otra supremamente interesante y valiosa es la superextendida y nunca bien ponderada presunción de inocencia. Para el mundo civilizado, la presunción de inocencia es mucho más que una fórmula según la cual alguien “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Además, para el ámbito jurídico en el que algunos nos movemos, dicha prerrogativa constitucional funciona como derecho fundamental, regla de trato, regla probatoria y regla de juicio. La norma superior y punto de partida es el artículo 29 de la Constitución Política que dice que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.”

Nos interesa ahora referirnos a la pertinente regla de trato, que consiste en que mientras no exista una declaración judicial de responsabilidad en los términos exigidos por el ordenamiento, el Estado no puede tratar a la persona como culpable, mucho menos el jefe de Estado, agrego. Esto tiene particular importancia frente a autoridades administrativas, judiciales y de policía, y también en la comunicación pública de actuaciones penales o de cualquier naturaleza. El trato altisonante y avergonzante del mandatario contra el popular rector es lo que ha perturbado la opinión en La Guajira. No gustó el regaño, por muchas razones, inclusive políticas, independiente de que el popular Kaloy sea o no sea culpable de los cargos que no se dijeron, a la hora del juicio que le quepa en cada uno de los procesos respectivos. Recordemos que, desde el punto de vista procesal, es decir, como regla probatoria, el rector investigado no tiene que demostrar su inocencia, es al Estado a quién le corresponde acreditar los presupuestos de la responsabilidad.

Incluso, el fenómeno de marras ocurre aun, después de una condena que todavía admite un recurso ordinario o el mecanismo de impugnación de la primera condena, existiendo una declaración judicial adversa, porque la decisión todavía no es definitiva. Por eso no resulta correcto, en medio de una gritería, que el jefe de Estado, machaque la presunción de inocencia de un ciudadano, como ocurrió en la muy bien publicitada fatídica faena. La propia Corte Constitucional, al respecto, reiteró en 2026 que en derecho comprende no ser considerado culpable el reo por la autoridad judicial, mientras no exista sentencia judicial ejecutoriada y ser tratado como inocente hasta que exista condena en firme.

El curtido y penalista presidente debe saber que ni siquiera como regla de juicio puede sucumbir ese principio constitucional, porque si, una vez practicada y valorada una prueba, subsiste una duda jurídicamente relevante sobre la responsabilidad penal, opera entonces el in dubio pro reo, que es una obligación del juez a favor del acusado.

Para no irnos tan lejos, recientemente fue expedida la Sentencia C-035 de 2026 de la Corte Constitucional, del 25 de febrero de 2026, cuyo Magistrado Ponente fue el doctor Carlos Camargo Assis quien, gracias a que se le respetó la presunción de inocencia pudo acceder a la magistratura de la Alta Corte. Aprovechemos para recordar que es inevitable reconocer que el mismísimo señor Presidente de la República, doctor Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, gracias a la protección de la Presunción de Inocencia, a este derecho fundamental suyo, en medio de tantos señalamientos que le han llovido por doquier, seguramente exagerados, presuntamente errados, inequívocamente amañados, ha podido ascender al trono presidencial y mantenerse hasta ahora incólume.

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EL GRAN ACUERDO NACIONAL, PARTE 2

Por Armando Pérez Araújo

A pesar de las aparentemente irreconciliables contradicciones entre el gobierno Petro y el entrante o, mejor, con ocasión de ellas, deberíamos empezar a edificar los puentes que servirán de sostén a la plataforma de lo que hemos denominado el gran acuerdo nacional desde las regiones, advirtiendo que ninguna región, ningún partido político, ningún gobierno y ningún sector social, por sí solo, puede construir el futuro de Colombia. Además, deberíamos admitir como ineludible preámbulo que tendrá que ser indispensable insumo reconocer que Colombia atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia republicana y que la polarización política, la desconfianza institucional, la desigualdad territorial, la creciente distancia entre el Estado y la ciudadanía, incluso, las reales o virtuales potencialidades de las demandas de nulidad de la elección del electo mandatario, exigen una profunda respuesta que trascienda las coyunturas electorales y los subalternos intereses particulares. Es esa potísima razón por la que proponemos impulsar un Acuerdo Nacional desde las Regiones, entendido como un profundo proceso plural, democrático y participativo para construir los consensos fundamentales que permitan fortalecer la unidad de la República, respetando la diversidad de sus territorios y de su gente, destacando que éste no será un acuerdo entre adversarios políticos, sino una invitación para que Colombia dialogue consigo misma.

Algunos de los principios refundadores de esta próxima Colombia indican que somos una sola Nación construida desde sus regiones, que la unidad nacional no exige uniformidad, por el contrario, se fortalece cuando reconoce la riqueza histórica, cultural, económica y social de cada uno de sus territorios. Coincidamos en que un buen punto de partida será que la dignidad de las personas constituye el fundamento del Estado, lo cual significa que toda decisión pública deberá orientarse al respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales, destacando que las regiones son protagonistas del desarrollo nacional y que el país requiere una distribución más equilibrada del poder político, administrativo y fiscal, que permita a los territorios participar efectivamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro. Acordemos que la democracia exige diálogo permanente para que las diferencias políticas sean legítimas y que la descalificación, la exclusión y la violencia no pueden sustituir el debate democrático. El poder debe estar equilibrado y toda democracia necesita pesos y contrapesos eficaces que impidan la concentración del poder y garanticen la independencia de las instituciones, el control ciudadano y la transparencia. Concluyamos que la diversidad es una fortaleza nacional, que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, el pueblo Rrom, el campesinado, las comunidades urbanas y rurales y todos los sectores sociales forman parte esencial del proyecto nacional. La justicia territorial constituye una condición para la paz. No podrá existir una Colombia plenamente democrática mientras persistan profundas desigualdades entre las regiones. Las futuras generaciones también son destinatarias del Acuerdo. El desarrollo económico, la protección del ambiente, la sostenibilidad fiscal y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales deberán armonizarse con los derechos de quienes heredarán el país. Los consensos fundamentales pertenecen a Colombia.

El Acuerdo Nacional desde las Regiones no será patrimonio de ningún gobierno, partido político, movimiento social o líder individual. Pongámonos de acuerdo para que su edificación permanezca abierta a la participación de todos los sectores que compartan estos principios democráticos. El diálogo será el método permanente, porque las reformas que Colombia necesita deberán construirse mediante la deliberación pública, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos amplios, sin renunciar al pluralismo que caracteriza nuestra democracia.

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Gran Acuerdo Nacional Desde las Regiones, por un nuevo equilibrio institucional y territorial para Colombia

Gran Acuerdo Nacional Desde las Regiones, por un nuevo equilibrio institucional y territorial para Colombia. (1)

Por Armando Pérez Araújo

Partamos de la base de que el Acuerdo Nacional desde las Regiones que sugiere el título de esta columna y que creemos que Colombia requiere que se proponga, gestione e impulse, más temprano que tarde, no debería ser una negociación política cualquiera entre gobierno y oposición, mucho menos un pulso burocrático entre las migajas que queden de los anuncios de campaña del nuevo gobierno y las sobrevivientes posturas del saliente. Más bien, deberíamos estar hablando desde ya, lo más temprano posible, de un proceso de reconstrucción nacional en el que gobierno y oposición, o lo que quede de ambos, insisto, funjan como simples participantes y de ninguna manera controladores o propietarios exclusivos de contenidos y alcances del pretendido acuerdo reconstructivo, precisamente, porque los actores nacionales de mayor importancia y legitimidad política decidieron anticipadamente eludir lo que creyeron que podría ser una reventazón democrática, abandonando el camino de una Asamblea Nacional Constituyente y encaminándose por un desbocado lenguaje habitualmente desinteligente.

Coincidimos en que el problema de fondo no es la polarización que suele presentarse como un conflicto entre izquierda y derecha, cuando en realidad el verdadero problema es la excesiva concentración del poder en el Ejecutivo, la repugnante centralización legislativa, administrativa y fiscal, la debilidad de los mecanismos de control ciudadano, la escasa representación efectiva de los territorios, la desconfianza creciente en las instituciones y, en casos emblemáticos, como en el de La Guajira, la total falta de respeto por la Diversidad Étnica y Cultural y el ninguneo en materia de participación política. Por esas y otras elementales razones, la búsqueda de un gran acuerdo nacional no sólo debería contemplar las reglas constitucionales sobre cómo se tiene que distribuir el poder para evitar que se siga concentrando en familias, clanes o partidos, sino para que los territorios tengan una participación real en las decisiones nacionales.

A manera de abrebocas, una propuesta seria sobre ese nuevo equilibrio territorial debería dejar claro el tema de las competencias, en el sentido de que el llamado Poder Nacional mantenga las competencias exclusivas en Defensa, Relaciones Exteriores, Política Monetaria, Grandes Infraestructuras Estratégicas, Regulación Macroeconómica, configurándose un nuevo y sólido Poder Regional con competencias reforzadas en Planeación Territorial, Agua, Energía, Educación Territorial, Salud Territorial y Desarrollo Productivo Regional, de la misma manera que efectivizar un real Poder Comunitario, especialmente relevante para pueblos indígenas y afrodescendientes, en los que funcionen a la perfección El Gobierno Propio, Justicia Propia dentro de los límites constitucionales, Gestión de sus Recursos Comunitarios y Participación Vinculante en decisiones que afecten sus territorios.

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Explico mi voto:

Por Armando Pérez Araújo

En primer lugar, reconocer que sólo hay dos nítidas opciones en el juego electoral del próximo veintiuno de junio: Cepeda, por un lado, apertrechado con las charreteras de su impecable y evidente trayectoria de luchador social y político, que constituye su itinerario y agenda de reconocido Defensor de los Derechos Humanos, asunto que lo hace diferente e inequívocamente nuestra única convicción electoral, con más veras si la otra candidatura, de ninguna manera atractiva y coherente, representa absolutamente todo lo contrario a intereses de negros e indígenas que a lo largo de mi vida he venido defendiendo y promoviendo. Puedo decir, entonces, que para decidir mi voto por Cepeda tuve la ventaja de que su contrincante me la puso fácil, toda vez que su facundia y verborrágica manera de expresarse y mostrar sus intenciones y programas me reveló y anticipó sus estratégicas y no muy sanas intenciones, en caso de llegar a ser elegido presidente. El rival de Cepeda, por ejemplo, para alardear su pensamiento político no tuvo que desgranar públicamente sus intenciones en auditorios de universidades públicas y privadas colombianas, tampoco en los del empresariado colombiano o de los sindicatos de los trabajadores, ni siquiera a través de sus discursos en las audiencias de los tribunales y cortes del país, tampoco escribir columnas en revistas o periódicos especializados, para exhibir su vocación entreguista a la más ambiciosa potencia extranjera, porque sus explícitas y estridentes manifestaciones de adulador y apologista del poderío norteamericano en sus redes sociales, fueron suficientes para saber que no estaba a favor de los intereses de la patria nuestra, sino del lado de los intereses de la patria que él juró defender, los de la patria gringa, que ni siquiera son los de la patria del pueblo norteamericano, sino, los de los potentados estadunidenses regidos por los intereses inferiores de sus transnacionales negocios. Además, el competidor de Cepeda, me sirvió en bandeja su anuncio y clara amenaza contra el corazón de las minorías colombianas, cuando en su lenguaje chabacano difundió como una de sus tontas peroratas, en términos de seguridad pública interna, diciendo que él “no come de negro ni de indio”, queriendo advertir con ello que él desconoce y rechaza el rutinario tratamiento constitucional, flexible y democrático que las autoridades nacionales le han venido otorgando a indígenas y afrodescendientes, en desarrollo del transversal principio de respeto a la diversidad étnica y cultural, cuando salen o salgan a las calles a protestar o reclamar por sus derechos e intereses conculcados.  A ciertos amigos míos, de esos que se las pasan pegados a las redes, sin mayores filtros éticos e intelectuales, se les ocurrió pretender ensuciar las probabilidades electorales de Cepeda con las máculas y prontuarios de conspicuos miembros ciertamente cercanos de su campaña local, incluso, de pretenderlos asociar con la génesis de esa candidatura presidencial, pretensión de ninguna manera aceptable, inclusive, de querer injustamente achacárselos al gobierno del presidente Petro. A ellos tuve que pararlos en seco y explicarles con la mayor facilidad que al gobierno del Presidente Petro, arribaron buenos y malos, atraídos por una amplia apertura democrática, también por el amplio abanico de beneficios sociales del primer gobierno de izquierda, incluso, en gran medida por eso, y también por errores aceptados por el propio presidente Petro como suyos, como haber montado al curubito del gobierno nacional a personajes de pésimos antecedentes y dudoso desempeño como la exministra Cecilia López y el exministro Ocampo, quienes de contera cargan con el lastre de haber contribuido hace cuarenta años al despojo de tierras del pueblo wayuu para obsequiárselas ilegalmente a la familia Rockefeller, con la finalidad de hacer lo que después fue Puerto Bolívar, asunto que dio lugar al trámite restitutorio de tierras que cursa en el despacho del señor presidente, dentro de una petición nuestra para corregir ese equívoco, a propósito del Cierre de Mina justo y ético que defendemos. O, aquélla pifia de haberle obsequiado ingenuamente a su ministro del interior de entonces, caracterizado político santista, Prada, la facultad de designar a su gusto gobernador para La Guajira, para reemplazar al destituido Nemesio, decisión que desarrolló con esmerado sesgo. Igualmente, no hallé obstáculos para convencer a mi pequeño grupo de amigos votantes que Petro, ni mucho menos Cepeda, tienen que ver con la responsabilidad política que probablemente sí le cabe a gran parte de los dirigentes políticos del departamento por la división local de la izquierda y algunos temas eminentemente éticos de la política doméstica. Ah, y lo más convincente y demoledor de mis argumentos fue decirles y explicarles que nada de lo que decía el adversario de Cepeda contra éste gozaba de la más mínima credibilidad y, contrario sensu, las afirmaciones del barbilindo, al momento de irse a verificar resultaban siendo desmentidas por él mismo, por ejemplo, cuando reconoció no haber nacido en un pueblo campesino del departamento de Córdoba, sino en una fría clínica del norte de la ciudad de Bogotá. No deseo seguir, para no meterme en otras honduras, sólo explicar mi voto a la presidencia por Iván Cepeda y por Ayda Quilcué a la Vicepresidencia.

 

La Guajira, 11/06/2026

 

Señora

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

República de Colombia

BOGOTÁ D.C.

 

Asunto: Derecho de Petición de consulta e información sobre las implicaciones jurídicas derivadas de la ciudadanía estadounidense atribuida públicamente al señor Abelardo de la Espriella y su eventual incidencia respecto de la Presidencia de la República.

 

Yo, Armando Pérez Araújo, ciudadano colombiano, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015, invocando el interés general de la sociedad colombiana, respetuosamente me permito formular las siguientes consultas y peticiones:

Hechos que motivan la consulta:

Diversos medios de comunicación y declaraciones públicas del personaje han informado que el señor Abelardo de la Espriella Otero ostentaría, además de la nacionalidad colombiana, la ciudadanía de Estados Unidos con implicaciones institucionales que también se han hecho públicas, protagónicas y notorias, además, social y políticamente protuberantes.

Considerando que el mencionado ciudadano ha manifestado públicamente sus aspiraciones presidenciales, incluso, haciendo alarde y derroche de su condición de ciudadano y súbdito norteamericano, y que la cuestión involucra asuntos de nacionalidad, relaciones internacionales y eventuales implicaciones constitucionales, resulta de interés público obtener claridad institucional sobre el alcance jurídico de tales circunstancias, máxime si recientemente una importante cantidad de personalidades del mundo del derecho colombiano ha hecho pública una interesante y preocupante declaración al respecto, a la cual adherimos integralmente.

Solicitudes:

Indique si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento oficial de que el señor Abelardo de la Espriella ostente ciudadanía estadounidense o cualquier otra nacionalidad distinta de la colombiana.

En caso de que dicha información repose en registros oficiales o sea verificable por canales institucionales, informe cuál es la situación jurídica correspondiente.

Precise si la adquisición voluntaria de la ciudadanía estadounidense implica la asunción de deberes de fidelidad, lealtad u obligaciones jurídicas frente a los Estados Unidos de América.

Indique si, a juicio jurídico e institucional del Ministerio, tales deberes son plenamente compatibles con el ejercicio de la Presidencia de la República de Colombia, incluso, si a juicio jurídico e institucional de ese Ministerio, tales obligaciones resultan inaplicables o inocuas en el evento de que el susodicho personaje termine siendo Presidente de la República.

Señale si la legislación colombiana, los tratados internacionales vigentes o la doctrina oficial del Estado colombiano contemplan eventuales conflictos de deberes derivados de la doble o múltiple nacionalidad cuando una persona ejerce la jefatura del Estado colombiano, especialmente si una de esas nacionalidades es la de Estados Unidos.

Informe si existe algún concepto, pronunciamiento o antecedente oficial relacionado con la posibilidad de que un ciudadano colombiano que haya adquirido voluntariamente la ciudadanía de otro Estado ejerza la Presidencia de la República.

En caso de que el Ministerio considere que carece de competencia para pronunciarse sobre alguno de los anteriores aspectos, indique expresamente cuál es la autoridad que, a su juicio, sí posee competencia para hacerlo.

Solicitud documental:

Solicito copia electrónica de los conceptos, estudios, memorandos o pronunciamientos oficiales relacionados con las materias consultadas.

 

Atentamente,

 

           

Armando Pérez Araújo

CC 17171492 de Bogotá

 

Farsantes

Armando Pérez Araújo

No me voy a referir al candidato presidencial que pretende exhibirse como defensor de la patria, sabiendo que jamás ha sido nada de eso, que él nunca ha sido protagonista de la defensa y promoción de las libertades, ni de valores fundacionales de nuestra democracia, como él lo predica habitualmente en sus discursos aprendidos de memoria. Aunque, contra mi voluntad abordaré un tópico relativo al acento que la ex precandidata Claudia le añade a su cuestionamiento al inquietante e incómodo ejercicio profesional del abogado Abelardo, alejándome del criterio suyo de que lo malo de él, según ella, sea que el susodicho jurista se ha erigido apoderado esencial de ciertos personajes de la farándula financiera y de reconocidos actores de la emblemática y escandalosa delincuencia común. Hasta ahí puedo decir que puedo meter la mano a favor de él, porque no le veo ningún problema legal al litigio y fortuna del acaudalado colega a favor de clientes adinerados y presuntamente untados de ilegalidad, por ese simple y puro motivo, advirtiéndoles a quienes censuran esa conducta al fogoso colega por el manejo de ese tipo de vínculos, que la norma del Tratado sobre Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990, dice en su numeral 18 la siguiente prerrogativa: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Otra cosa, agrego yo, sería que de los detalles de la cuidadosa lectura de sesudas investigaciones periodísticas, como las de los periodistas Yoir Ackerman y Daniel Coronel, por ejemplo, se infieran implicaciones penales, transgresiones del régimen monetario internacional por fuera de la licitud del ejercicio de la abogacía, lo mismo que conductas propias del simple cómplice, que podrían ser verdadero apoyo intelectual a los principales beneficiados del delito o autores principales. Tampoco me ocuparé en gastar mi tiempo denigrando contra los entrometimientos de Marco Rubio en la política latinoamericana, ni mucho menos criticando al tristemente célebre senador Bernie Moreno, ciudadano ex colombiano que practica el deporte de escalar posiciones dentro del establecimiento imperial de Estados Unidos a punta de linchamientos y agresiones a los demócratas de nuestro país, según se dice, por cuenta de choques relacionados con temas asociados a sus propios intereses o prontuarios en Colombia. De ninguna manera me referiré en lo más mínimo al ultraderechista turco de Maicao, sea natural colombiano o extranjero, que viene haciendo política, también plata con la política, sin observar respeto por señal alguna de los semáforos de la ética, la moral política, ni siquiera de los límites que le imponen las normales tendencias de sus paisanos, respetuosos de los cánones o preceptos locales, de ninguna forma desbordados abelardistas como él, mucho menos favorable a la desabrochada injerencista doctrina Trump frente a la Colombia independiente que queremos, lo cual pondría en aprietos a la propia estabilidad y legitimidad de sus propios paisanos árabes.

Pero lo que sí deseo resaltar es que los que definitivamente se comportan como empedernidos falsarios o farsantes, son aquellos que se colaron a los intestinos del alto gobierno de Petro y después se las tiran de independientes, incluso de distinguidos y conspicuos miembros de la derecha, o los que por la magia de la improvisación de las listas cerradas entraron al Senado y no se han dado por notificados desde cuando llegó la campaña presidencial, o quienes, como el Procurador General de la Nación, que se hace el de la vista gorda cuando son los amigos de sus amigos los que incurren en faltas gravísimas disciplinarias, caso concreto, del intocable gobernador Jairito, que desde hace varios meses fue querellado por el suscrito por evidente violación gravísima a las normas disciplinarias, sin que a estas alturas le haya pasado nada, faltas que fueron mucho más graves, verbi y gracia, las del locuaz gerente Carlos Carrillo, que fue suspendido por fulminante rabia y hastío del jefe del Ministerio Público. También considero falsarios y farsantes quienes celebran con bombos y platillos que el presidente Petro sea cuestionado por participación indebida en política, cuando censura la amenaza ejercida contra la institucionalidad colombiana y, al mismo tiempo, rechaza las probabilidades de que llegue de nuevo otra peligrosa era fascista y paramilitarista al país, disfrutando cada vez que el genocida e injerencista presidente estadounidense amenaza con interferir en Colombia, o cuando lo hace contra nuestro hermano pueblo venezolano.

 

Poseemos Problemas

Por Armando Pérez Araújo

Lo voy a decir desde un principio y sin ambages, refiriéndome a lo palpado en La Guajira y sin descartar que lo mismo hubiese ocurrido en el resto del país. No ganó el tigre en la primera vuelta porque hizo mejor campaña que Cepeda. No señor. Cepeda fue más lúcido y certero durante toda la campaña, era eso, precisamente, lo que inequívocamente registraban las encuestas. Digámoslo también de arrancada, es absolutamente errado repetir el desacertado diagnóstico de que a Cepeda no le lucía bien el uso del famoso papelito para leer sus discursos. Déjenme decirles que fue mucho mejor el beneficio del rigor y seriedad del nunca bien ponderado papelito que el papelón del efímero ganador de la primera vuelta, porque éste se limitó a alborotar el cotarro político y jamás a exponer sus tesis de transformación o cambio, salvo la clara regresividad de sus posturas y su antipático, monotemático y militar firme por la patria. Falso de toda falsedad que el panterino depredador sea un nuevo exponente de la larga lista de verdaderos oradores políticos colombianos, como lo fueron los llamados Leopardos, Rojas Garrido, Laureano Gómez, Gaitán, Galán, Lara Bonilla, Holmes Trujillo, Santofimio, etcétera, sin restarle méritos a sus dotes actorales de abogado penalista al colega Abelardo, que es muy probable que sea su ámbito y hábitat natural. Lo cierto es que Cepeda tiene y tuvo un buen discurso oratórico, mejor en la campaña que el de todos sus contendores, independiente de que no se le reconozca al papelito su papel demoledor como emblemático símbolo de su rigor formalote e intelectual.

Repito, sin pretender hacer de nuestro aserto una tesis política nacional, prefiero destacar que lo ocurrido en la debacle electoral de ayer, caso de La Guajira, tiene una elemental conexión y génesis con en el coletazo de la poderosa y exclusiva, algunos dicen que excluyente, lista cerrada del partido de gobierno en las pasadas elecciones de senado. Debo advertir que no deseo referirme al tópico relacionado con los estragos de la respetable conformación de la lista para el senado, me niego a tratar ese extremo de la discusión. Prefiero cuestionar la fatal desconexión administrativa de los centralizados poderes nacionales del partido de gobierno con los resortes locales de la campaña electoral del candidato Cepeda. Faltan tres semanas para dirimir el pleito entre los extremos de las dos nuevas versiones, ojalá, bajándole el tono a las ofensas personales y a concretar con claridad las respectivas banderas programáticas. Personalmente, prefiero a un Cepeda acudiendo al papelito y seguir esbozando con la mayor cantidad de detalles los elementos de su propuesta, además, me gustaría ver a Fajardo entre los postulados por Cepeda para Ministro de Relaciones Exteriores, a Jaime Araújo Rentería, desde ahora anunciado como Ministro de Justicia, para decir lo que debería pasar con este par de ejemplos. Al primero, excelente y experimentado político, reconocido como una ficha sin mácula, al otro, ni se diga, jurista de alto turmequé, político, intelectual, independiente, decente, comprometido con las causas de una nueva y descentralizada democracia, costeño.

A propósito de los méritos que sugiero que sean reconocidos para el jurista vallenato, tengo que llamar la atención sobre la terrible descachada del deslucido Abelardo, quien pretender desacreditar al candidato Iván Cepeda, diciendo en su discurso de anoche, desde el improvisado planchón, a la orilla de la parte más pestilente del Río Magdalena, que éste no mostraba a su familia, dizque la tenía escondida. Nada más falso, incoherente e irrespetuoso que eso, pletórico de total desfachatez, diríase en buen y delicado lenguaje castellano. Los padres de Iván Cepeda, lo sabemos los colombianos, antes de éste ser candidato a la Presidencia de la República, desde siempre, han sido reconocidos como emblemas morales y éticos de nuestra democracia. El padre, senador de la República distinguido, indiscutible buscador de la paz de Colombia, ha estado en idearios y agenda de los demócratas colombianos en las últimas décadas de la historia. Su señora madre, importante mujer de la intelectualidad colombiana, perteneció a una distinguida y muy reconocida familia del departamento de Sucre. Ambos se encuentran en los anales de la historia.

 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS

Por Armando Pérez Araújo*

En primer lugar, hablemos sobre lo que significan los pírricos ciento cuarenta y cinco millones de pesos hallados en cercanía de Hato Nuevo, en manos del escolta y hombre de confianza del Secretario General de la Cámara, doctor Lacoutier, al parecer, con su conocimiento y direccionamiento, y evidente destino a la compra de votos a favor de un candidato al Senado de la República, de la misma cuerda del jefe o cómplice del servidor público, el célebre senador Carlos Trujillo, dirigente nacional del partido conservador. Lo grave es que esta injerencia del partido conservador, o de quienes se aprovechan del letrero de esa organización, en la política de la capital indígena de Colombia, Uribia, su principal bastión, no es la primera vez que lo hacen, ya que tremenda práctica viene sucediendo de manera sistemática y pública, con el beneplácito de las autoridades, la jerarquía de los partidos y la alcahuetería de encopetados dirigentes indígenas. El mismísimo senador Trujillo, ya había incursionado exitosa e impunemente, comprando, al por mayor y al detal, concejales de Uribia y otra clase de dirigentes indígenas, por conducto del alcalde de la época, el indígena Bonifacio Henríquez.

Lo peor de todo es que esta conducta punible no es exclusiva de quienes se han aprovechado del letrero del partido conservador, organización en La Guajira fundada por familias honorables, porque hay asociaciones para delinquir con diferentes denominaciones de otros partidos y movimientos que en política bailan al son que les tocan, delante de las cámaras aplauden al gobierno y en la vida real se juntan con sus enemigos.

En este caso, es menester encuadrar la investigación penal en la existencia del delito de asociación o concierto para delinquir que supone un acuerdo voluntario entre varios individuos con el propósito de delinquir.

*Candidato al Senado de la República

 

Voten por mí, o voten por ellos o por ella.

Por Armando Pérez Araújo

Quiero que sepan mis votantes que en caso de ser elegido Senador de la República haré los indispensables debates en el Congreso de la República, y en caso de que no, también los haré en donde sea necesario y cuando sea menester. Haré los debates argumentativos en cualquier terreno para que se consolide un Cierre de Mina Justo e Integral para toda La Guajira y el resto del país. Para mí, la restitución de las tierras indígenas a sus dueños, y el restablecimiento de los derechos territoriales y económicos a los afros, es un imperativo moral, asunto que así lo ha reconocido el propio presidente Petro. Luchar por configurar una Sociedad Portuaria Indígena de Economía Mixta, para que los indígenas sean los principales titulares de los derechos portuarios a partir del año 2034 es una obligación prioritaria de mi agenda política. De la misma manera insistiré a favor de que este gobierno, o el progresista que le siga, revise la estructura legal de los parques eólicos, en procura de convertirlos, cada uno de ellos o por grupos de proyectos vecinos o similares, en sociedades de economía mixta, en donde estén participando accionariamente los habitantes dueños locales del territorio, los trabajadores y ex trabajadores de la minería, el Estado y los inversionistas nacionales o extranjeros, porque sólo así la transición energética en La Guajira tendrá sostenibilidad moral y política, lo mismo que tranquilidad y seguridad jurídica para los inversionistas irresponsablemente sonsacados por el gobierno anterior. He demostrado, sin tener credencial de congresista, que le he podido cumplir a la ciudadanía en los asuntos más cruciales del trámite abusivo de la minería multinacional, desde mi litigio estratégico a favor de indígenas y afros, a favor de la paz. Los pequeños y medianos propietarios de tierras en el sur de La Guajira saben muy bien, a pesar del silencio de los medios de comunicación y de la absurdidad de los jueces y fiscales, que fui el autor de la defensa ante el Consejo de Estado de la eliminación de las famosas reservas del Incora a favor de la familia Rockefeller por conducto de Carbocol. Desde esa época de 1992 se espantaron del concierto delictivo dichos instrumentos de coacción de la minería abusiva contra las familias trabajadoras del campo guajiro, igualmente con lo ocurrido con la sentencia de la corte T-528 del mismo año. Ambos instrumentos conquistados por el suscrito que, quiéranlo o no, se convirtieron en pilares políticos de nuestras batallas jurídicas y sociales.

Apelo a la ciudadanía libre e independiente a pedir su respaldo electoral, pero perfectamente que pueden optar por los mismos y por la misma, a sabiendas de lo que será un nuevo cuatrienio de frustraciones.

Acudo a la colonia de comerciantes árabes, porque tengo absolutamente claro que la estrategia que he venido defendiendo, que seguiré defendiendo, de consolidar entre ambas colectividades, lazos de solidaridad política, mejor, entendimiento entre la territorialidad del pueblo indígena y la comunidad árabe, son la mejor fórmula para asegurar el crecimiento respetable y digno de Maicao y los demás trabajadores del comercio.

A los antioqueños o paisas, a los demás comerciantes, a quienes han arribado a La Guajira en búsqueda de la prosperidad, acudo con la mayor humildad a pedir el voto para el Senado de la República.

A los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, mi mensaje en este momento electoral es que, si soy elegido Senador de la República de Colombia, mi curul será a favor de la concordia y de la paz de los venezolanos, igual que si fuesen colombianos, especialmente del entendimiento respecto a las causas comunes de los habitantes de frontera.

Me niego a examinar el enredo en cada uno de los prontuarios de los demás aspirantes. 

 

 

CIERRES DE CAMPAÑA, SIN VERGÜENZA

Por Armando Pérez Araújo*

Las campañas políticas, o lo que se conoce como tales, son una clara demostración de riqueza y de poder, en muchos casos extravagantes y contraproducentes abusos y humillación. Al mismo tiempo son una demostración ilimitada de la capacidad de exceso de poder y vanidades de sus protagonistas locales. Los políticos, o lo que se conoce como tales, aprovechan el desorden y la proliferación de hazañas abusivas de ostentación para realizar y exhibir ridículas alianzas prohibidas. No es difícil descubrir la doble o triple militancia en la que incurren presumidos personajes de la fauna local. La mesura y el respeto por los valores y principios no se usan en nuestras campañas criollas, desaparecen por completo, al contrario, quienes deberían exhibirse cuidadosos, discretos y dueños de la mayor pulcritud, aprovechan sus campañas políticas para mostrarse más desabrochados en el alarde de gastos y jactancias, sin importarles los riesgos éticos de su destitución que aumentan cada vez más ante las cortes. Aprovechan para lucir como faraones criollos con la desesperada necesidad de extremar sus ínfulas y humos. Fácilmente, en casos como el de La Guajira, donde es evidente que hay una captura institucional por parte de ciertos políticos, se percibe que hay apropiación indebida de recursos y, peor que eso, ostentación deliberada del poder económico derivado del poder político. Aquí, donde la gente lucha por sobrevivir, resulta moralmente inaceptable que desde el poder se exhiba riqueza como símbolo de autoridad. Produce asco que el poder político, obtenido con recursos públicos, se convierta en plataforma de ostentación económica frente a comunidades con sus necesidades básicas insatisfechas. La suntuosidad del poder económico en la política local no es liderazgo: es dominación. El fenómeno extático es lo que ocurre en el llamado cierre de campaña, una especie de festival de humillaciones, en donde a unos se les obligan a asistir, a otros les pagan para acudir y aplaudir. Es la manifestación del pus, la supuración de la llaga en la política.

Hemos llegado a la conclusión de que lo que es peor para la sociedad, peor que la enorme extravagancia de los llamados políticos, que son simples traficantes del hambre, la sed y el desempleo crónicos, son los intermediarios, que se hacen llamar líderes o dirigentes en las respectivas comunidades, porque son éstos los que no permiten que las comunidades se liberen del miedo y de la costumbre de aceptar lo inaceptable.

Mi invitación, para las elecciones del próximo ocho de marzo y para siempre, es que entendamos que ningún poder sería tan arrogante si fuésemos capaces de vencer la tolerancia a su alrededor. Debemos aprender que el abuso del poder se alimenta principalmente de quienes lo celebran, o justifican o se benefician de él.

·        Candidato al Senado de la República.

 

 

LOS TURCOS DE MAICAO (4)

Por Armando Pérez Araújo*

Es muy posible que a estas alturas del desarrollo periodístico de esta serie de artículos sobre los turcos de Maicao, algunos lectores no hayan entendido que para resolver la inestabilidad jurídica del comercio de Maicao, que es la base de la estabilidad de los turcos de Maicao, y por supuesto del resto de la sociedad que vive directa o indirectamente del ejercicio legítimo del comercio de Maicao, excúseme la cacofonía y  juego de palabras, es menester atornillar, primero que todo, de forma correcta las garantías jurídicas y sociales de lo que hemos llamado la territorialidad indígena del pueblo wayuu. Resalto la utilización del término correcta, para que quede claro que no se trata simplemente de predicar y medio aplicar algunas normas y principios de la Constitución Política o de Tratados o Convenios Internacionales, alrededor de algunos asuntos típicos del comercio exterior, aduaneros, portuarios o fronterizos, sino de aplicarlos todos dentro del más riguroso sentido jurídico y político de la expresión, es decir, asegurándonos de que la titularidad de los derechos humanos internacionales del pueblo indígena queden en cabeza del pueblo indígena o, por lo menos, principalmente en cabeza del pueblo indígena. Debe entenderse, amigo lector, con la mayor claridad posible, que esta prerrogativa de los pueblos indígenas, consagrada en el ordenamiento superior interno y en tratados internacionales suscritos por Colombia como un asunto cardinal del respeto de los derechos humanos, proviene de los derechos que la historia ha concedido a los pueblos nativos u originarios, no por conmiseración, simpatía, generosidad, ganga o politiquería de ningún régimen o gobernante en especial. Recordemos que el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice textualmente: «Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.» Dense cuenta, amigos lectores, que de ninguna manera se trata de una cordial recomendación o de amable sugerencia para que se les reconozcan los derechos de algunas familias o de pequeños grupos de individuos indígenas, se trata es de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así con mayúsculas, lo que matemáticamente significa que estamos hablando de algo más de 370 millones de indígenas del mundo. Debe saberse que la discusión respecto a este tema, sobre todo el capítulo de tierras y recursos, se llevó mucho tiempo. Algo más de veinte años estuvieron luchando la estructura de estas normas los líderes indígenas del mundo que debatieron su inserción en la Declaración de las Naciones Unidas, porque inevitablemente era evidente que se pisaban algunos callos de los poderosos de entonces, a quienes las garantías internacionales a los pueblos indígenas les podían generar urticaria en la piel de sus intereses, para decirlo de alguna manera. Los turcos de Maicao, contrario sensu, descubrieron en la generosa franquicia y garantías del territorio indígena la tabla de salvación para navegar exitosamente durante muchos años sin apuros ni desasosiego por los mares internacionales y tierras protegidas, dentro de la legitimidad que tienen sus socios ancestrales.

He notado que desde que me he dedicado a estimular la posibilidad de que la estabilidad de los turcos de Maicao sea reconocida constitucionalmente, al lado del pueblo indígena, de afrodescendientes y otros actores válidos de la sociedad guajira de hoy, mis amigos turcos se han colocado en modo de distanciamiento social, que parecería que les hace falta un poco de más pedagogía al respecto.

Se ha dicho y repetido millones de veces que el derecho de los indígenas es el reconocimiento colectivo de los derechos colectivos de un pueblo natural de una región, donde, por supuesto, se incluyen los derechos humanos, así como el derecho al idioma, cultura, religión y territorio que tradicionalmente había habitado su pueblo. Esto es sumamente claro.

Ahora lo explico con plastilina: 1º El Pueblo Wayuu es el titular de los derechos territoriales de la Alta Guajira, incluyendo la actividad y dinámica de los Puertos, trochas y caminos, lo mismo que del espacio geopolítico de la zona fronteriza colombo venezolana, asuntos sobre los cuales hoy en día no hay discusión ni duda algunas. 2º Desde la llegada de los Turcos a Maicao los indígenas han sido fraternales anfitriones de los Turcos, en las verdes y maduras. Sobre eso no cabe la menor duda, también los turcos de Maicao han demostrado su mejor propósito de querer articularse y asociarse de la mejor forma con los nativos de la península, especialmente con los comerciantes nativos y dueños del territorio estratégico local, como lo explicamos en anteriores capítulos. 3º Es indiscutible el importante rol  de los Turcos en el crecimiento y desarrollo del comercio de Maicao, vale decir, en aquello que podríamos calificar la suerte de La Guajira. 4º El comercio de Maicao, como quien dice la gallina de los huevos de oro de los Turcos, comienza a tambalear, entre otras razones, por la desconsideración que las autoridades nacionales han tenido con la territorialidad del Pueblo Wayuu. 5º Las garantías del territorio indígena están comenzando a ceder, muchos no se han percatado, otros se hacen los pendejos, mientras tanto, algunos, los llamados jefes políticos, están empujando hasta el precipicio el tren a favor de la desposesión de los Derechos Humanos del Pueblo Wayuu, en todo caso, algo muy grave y negativo está sucediendo en términos de desterritorialización de La Guajira indígena. 6º Fenómenos como los más de sesenta parques eólicos en la Alta y Media Guajira, que impactarán casi trecientas comunidades, lo mismo que la funcionalidad de los puertos y fronteras indígenas que repercuten en la vida del comercio de Maicao, deberían alertar al pueblo wayuu y a los turcos, que serían víctimas de una masacre territorial económica advertida y anunciada. 7º Elemental y obvio es que ahora los turcos de Maicao, los afros y demás actores sociales de La Guajira, se alineen a favor de la defensa del territorio wayuu, vale decir, sus socios o aliados naturales.

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

«Artículo V. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos humanos».

«Artículo VI. Derechos colectivos. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas.»

*Candidato al Senado de la República