miércoles, 11 de mayo de 2011

Entrevista a Manfred Max-Neef (Texto facilitado por Helena Ocampo)

Entrevista a Manfred Max-Neef, economista chileno. 26 de noviembre de 2010
Hace unas semanas, Amy Goodman entrevistó en Bonn, Alemania al reconocido
economista chileno Manfred Max-Neef. Presentamos en este espacio la entrevista cuyo
original en inglés se encuentra en la página de Democracy Now a quien agradecemos el
permiso de traducir esta conversación. Manfred Max-Neef ganó en 1983 el Right
Livelihood Award, dos años después de haber publicado su libro Economía Descalza,
Señales desde el Mundo Invisible. El economista comienza por explicarnos el concepto
de economía descalza.


MANFRED MAX-NEEF: Bueno, es una metáfora, pero es una metáfora que se
originó en una experiencia concreta. Yo trabajé alrededor de diez años de mi vida en
áreas de pobreza extrema en las sierras, en la jungla, en áreas urbanas en distintas partes
de Latinoamérica. Al comienzo de este periodo estaba un día en una aldea indígena en
la sierra de Perú, era un día horrible, había estado lloviendo todo el tiempo. Era una
zona muy pobre y frente a mí estaba otro hombre parado en el lodo (no en el barrio
pobre sino en el lodo). Y bueno, nos miramos. Era de corta estatura, delgado, con
hambre, desempleado, cinco hijos, una esposa y una abuela. Yo era el refinado
economista de Berkeley, que enseñaba en Berkeley, etc. Nos mirábamos cara a cara y
de pronto me di cuenta de que no tenía nada coherente que decirle en esas
circunstancias a este hombre, que todo mi lenguaje de economista era inútil. ¿Debería
decirle que se pusiera feliz porque el producto interno bruto había subido un 5% o algo
así por e l estilo? Todo esto era completamente absurdo.
Entonces descubrí que no tenía un lenguaje para ese ambiente y que teníamos que
inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de la metáfora economía descalza que, en
concreto, simboliza la economía que un economista debe usar cuando se atreve a
meterse en los barrios bajos. El punto es que los economistas estudian y analizan la
pobreza desde sus oficinas lujosas, poseen todas las estadísticas, desarrollan todos los
modelos y están convencidos de que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza.
Pero ellos no entienden lo que es la pobreza, ese es el gran problema y es también el
motivo por el cual la pobreza aún existe. Esto cambió completamente mi vida como
economista: inventé un lenguaje coherente para esas condiciones de vida.


AMY GOODMAN: ¿Y cuál es ese idioma? ¿Cómo aplicas un sistema económico o
haces que las circunstancias expliquen esos cambios?


M. MAX-NEEF: No, la cuestión es mucho más profunda. Es decir, no es como la
típica receta que te da alguien de tu país, en donde te dicen "le garantizamos quince
lecciones o la devolución de su dinero." Ese no es el punto, te lo pongo de esta manera:
hemos alcanzado un nivel en nuestra evolución en el que sabemos muchas cosas,
sabemos muchísimo pero entendemos muy poco. Nunca en la historia de la humanidad
ha habido tanta acumulación de conocimiento como en los últimos cien años y mira
cómo estamos. ¿Para qué nos ha servido el conocimiento? La esencia está en que el
conocimiento por sí mismo no es suficiente, carecemos de entendimiento. La diferencia
entre conocimiento y entendimiento te la puedo explicar con un ejemplo: vamos a
pensar que tú has estudiado todo lo que puedes estudiar desde una perspectiva teológica,
sociológica, antropológica, biológica, inclusive bioquímica y sobre un fenómeno
humano llamado amor. El resultado es que tú sabrás todo sobre el amor, pero tarde o
temprano te vas a dar cuenta de que nunca entenderás el amor a menos de que te
enamores. ¿Qué significa esto? Que sólo puedes llegar a aspirar a entender aquello de lo
que llegas a formar parte. Como dice la canción: si nos enamoramos, somos mucho más
que dos. Cuando perteneces, entiendes. Cuando estás separado, solo acumulas
conocimiento y esa ha sido la función de la ciencia. Ahora bien, la ciencia se divide en
partes pero el entendimiento es completo, holístico.
Y eso es lo que sucede con la pobreza. Yo entendí la pobreza porque estuve allí; viví
con ellos, comí con ellos y dormí con ellos. Entonces comienzas a entender que en ese
ambiente hay distintos valores, y diferentes principios—comparados con los que existen
allí de donde tú provienes y te das cuenta de que puedes aprender cosas fantásticas de la
pobreza. Lo que he aprendido de los pobres supera lo que aprendí en la universidad.
Pero pocas personas tienen esa oportunidad, ¿te das cuenta? Ellos ven la pobreza desde
afuera en lugar de vivirla desde adentro. Aprendes cosas extraordinarias. Lo primero
que aprendes y que los que quieren mejorar el sistema de vida de los pobres no saben,
es que dentro de la pobreza hay mucha creatividad. No puedes ser un idiota si quieres
sobrevivir, cada minuto tienes que estar pensando, ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer aquí?
¿Qué es esto y lo otro y lo otro? Así que tu creatividad debe ser constante. Además,
están los contactos, la cooperación, la ayuda mutua y toda una gama de cosas
extraordinarias que ya no se encuentran nuestra sociedad dominante que es
individualista, avara, egoísta, etc. Totalmente lo opuesto de lo que tienes allá. Y es
sorprendente porque a veces llegas a encontrar gente más feliz entre los pobres que la
que encontrarías en tu propio ambiente. Lo que significa que la pobreza no solo es una
cuestión de dinero. Es algo mucho más complejo.


AMY GOODMAN: ¿Qué crees que debamos cambiar?


M. MAX-NEEF: ¡Oh!, casi todo. Somos dramáticamente idiotas. Actuamos
sistemáticamente en contra de las evidencias que tenemos. Sabemos exactamente qué no
debemos hacer. No hay nadie que no sepa esto, especialmente los grandes políticos
saben exactamente lo que no se debe hacer. Y aún así lo hacen. Después de lo que pasó
en octubre del 2008, tú pensarías que van a cambiar porque se han dado cuenta de que el
modelo económico no funciona, que incluso tiene un alto nivel de riesgo,
dramáticamente riesgoso. Y uno se pregunta:¿Cuál fue el resultado de la última reunión
de la Comunidad Europea? Ahora son más fundamentalistas que antes. De tal modo que
lo único de lo que se puede estar seguro es que ya viene la próxima crisis y que será el
doble de fuerte que la actual. Pero para entonces ya no habrá suficiente dinero. Esas son
las consecuencias de la sistemática estupidez humana.


AMY GOODMAN: Si tú estuvieras al frente de la economía ¿qué harías para evitar
otra catástrofe?


M. MAX-NEEF: Primero que nada, necesitamos de nuevo economistas cultos, que
sepan historia, de dónde vienen, cómo se originaron las ideas, quién hizo qué y así
sucesivamente. Lo segundo, una economía que entienda que es subsistema de un
sistema finito más grande: la biosfera, y como consecuencia la imposibilidad de tener
un crecimiento económico infinito. En tercer lugar, un sistema que tenga claro que no
puede funcionar sin tomar en serio los ecosistemas. Pero los economistas no saben nada
de ecosistemas, no saben nada de termodinámica, nada de biodiversidad, son totalmente
ignorantes respecto a estos temas. Un economista debe tener claro que si los animales
desaparecen, él también desaparecerá porque entonces ya no habrá qué comer. Pero él
no sabe que dependemos totalmente de la naturaleza ¿te das cuenta? Sin embargo, para
los economistas de hoy en día la naturaleza es un subsistema de la economía, concepto
que es totalmente absurdo!
Además debemos acercar el consumidor a la producción. Yo vivo bien al sur de Chile,
una zona fantástica donde tenemos toda la tecnología para la elaboración de productos
lácteos de máxima calidad. Hace unos meses estaba desayunando en un hotel y al tomar
un paquetito de mantequilla descubrí que ésta venía de Nueva Zelanda, absurdo ¿no te
parece? ¿Y por qué sucede una cosa así? Porque los economistas no saben calcular los
costos reales. Traer mantequilla desde un lugar que queda a 20.000 kilómetros a un sitio
donde se produce la mejor, con el pretexto de que es más barato es una estupidez
monumental porque no tienen en cuenta el impacto que causan esos 20.000 km de
transporte sobre la naturaleza. Por si fuera poco, es más barata porque está subsidiada.
Es un caso muy claro en el que los precios nunca dicen la verdad. Todo tiene su truco
¿sabes? esas artimañas causan enormes daños. Si acercas el consumo a la producción,
comerás mejor, tendrás mejores alimentos y sabrás de dónde vienen. Incluso podrías
llegar a conocer a la persona que lo produce. Se humaniza el proceso, pero hoy en día lo
que los economistas hacen está totalmente deshumanizado.


AMY GOODMAN: ¿No crees que la misma tierra nos forzará a actuar de diferente
modo? ¿Estaremos llegando al fin?


M. MAX-NEEF: Sí claro. Ya algunos científicos lo están diciendo pero yo aún no he
llegado a ese punto. Pero muchos lo creen y piensan que es definitivo, que estamos
fritos, que dentro de algunas décadas no habrá más humanos. Yo no creo que hayamos
llegado a ese punto, pero sí que estamos cerca y diré que ya cruzamos el primero de los
tres ríos. Y observa lo que está pasando en todos lados, es alarmante cómo la cantidad
de catástrofes ha ido aumentando y se manifiesta en todas las formas: tormentas,
terremotos, erupciones volcánicas. El número de eventos crece dramáticamente, es
sobrecogedor y nosotros seguimos en las mismas.


AMY GOODMAN: ¿Qué has aprendido de las comunidades pobres en las que has
vivido y trabajado que te de esperanza?


M. MAX-NEEF: La solidaridad de la gente; el respeto por los otros; la ayuda mutua;
nada de avaricia, un valor inexistente dentro de la pobreza y uno estaría inclinado a
pensar que allí es donde más está presente, que la avaricia debería ser patrimonio de los
que menos tienen. No, todo lo contrario, mientras más tienes más quieres, la crisis
actual es producto de la avaricia. La avaricia es el valor dominante del mundo actual.
Mientras persista, estamos acabados.


AMY GOODMAN: ¿Cuáles serían los principios que enseñarías a los jóvenes
economistas?


M. MAX-NEEF: Los principios de la economía deben estar fundamentados en cinco
postulados y un valor esencial.
Primero: la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la
economía.
Segundo: el desarrollo se refiere a las personas, no a las cosas.
Tercero: crecimiento no es lo mismo que desarrollo y el desarrollo no necesariamente
requiere de crecimiento.
Cuarto: no puede existir una economía con un ecosistema fallando.
Quinto: la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito: la biosfera. Por lo
tanto, el crecimiento permanente es un imposible.
Y el valor fundamental para poder consolidar una nueva economía es que ningún interés
económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia por la
vida.


AMY GOODMAN: Explica lo que acabas de mencionar.


M. MAX-NEEF: Nada puede ser más importante que la vida. Y digo vida, no seres
humanos, porque para mí el punto clave es el milagro de la vida en todas sus
manifestaciones. Pero si predomina el interés económico, uno no solo se olvida de la
vida y otros seres vivientes, termina también ignorando a los seres humanos. Si recorres
esta lista que acabo de mencionar, uno a uno, verás que lo que tenemos ahora es
exactamente lo contrario.


AMY GOODMAN: Volvamos al tercer punto, crecimiento y desarrollo y explícalo
mejor.


M. MAX-NEEF: Crecimiento es una acumulación cuantitativa. Desarrollo es la
liberación de posibilidades creativas. Todo sistema vivo de la naturaleza crece y en
cierto punto deja de crecer, tú ya no estás creciendo, ni él ni yo. Pero continuamos
desarrollándonos, de otro modo no estaríamos dialogando en este momento. El
desarrollo no tiene límites pero el crecimiento sí. Y este es un concepto muy importante
que políticos y economistas ignoran, están obsesionados con el fetiche del crecimiento
económico.
He trabajado durante décadas y en este tiempo se han hecho muchos estudios. Soy el
autor de una famosa hipótesis: la hipótesis del límite, que dice que en toda sociedad hay
un periodo de crecimiento económico—entendido convencionalmente o no—que trae
una mejora en la calidad de vida pero sólo hasta cierto punto: el punto límite, a partir del
cual, si hay más crecimiento, la calidad de vida comienza a decaer. Esta es la situación
en la que nos encontramos actualmente.
Tu país es el ejemplo más dramático que puedes encontrar. En mi libro que saldrá
publicado el próximo mes en Inglaterra, titulado La economía desenmascarada—hay un
capítulo llamado "Estados Unidos, una nación en vías de subdesarrollo" la cual es una
nueva categoría. Actualmente manejamos los conceptos de desarrollado,
subdesarrollado y en vías desarrollo. Ahora tenemos el nuevo concepto de en vías de
subdesarrollo y tu país es el mejor ejemplo, en el cual el 1% de los americanos cada vez
están mejor, mejor y mejor, mientras que el 99% va en decadencia en todo tipo de
manifestaciones. Hay personas que viven en sus autos, ¿sabes? ahora duermen en sus
carros, estacionados enfrente de la que fue su casa. Miles, millones de personas lo han
perdido todo. Pero los especuladores, los que crearon todo este problema, esos están
fantásticamente bien. Para ellos no hay problemas.


AMY GOODMAN: ¿Entonces, cómo cambiarías las cosas?


M. MAX-NEEF: Bueno, no sé cómo cambiarlas. Es decir, solitas van a cambiar, pero
de manera catastrófica. Para mí no sería raro que de un momento a otro millones de
personas salieran a las calles de Estados Unidos a causar destrozos. No sé, pero podría
suceder. No lo sé. La situación es absolutamente dramática y se supone que es el país
más poderoso de la tierra. Y aún en estas condiciones, siguen con sus guerras absurdas
gastando billones y trillones. Trece trillones de dólares para los especuladores y ¡ni un
centavo se fue para las personas que perdieron sus casas! ¿Qué tipo de lógica es esa?


Traducido por: Rose Mary Salum

martes, 10 de mayo de 2011

Sobre Conflicto Armado en Colombia

Sobre el conflicto armado en Colombia
Por: Rodrigo Uprimny

LA TESIS URIBISTA DE QUE EN COlombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista contra la democracia no resiste el menor examen, pues es falsa empíricamente y se funda en equívocos conceptuales.
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Existen básicamente dos perspectivas que han intentado establecer qué es un conflicto armado no internacional: los estudios sobre la paz y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La norma fundamental aquí es el Protocolo II de 1977, que es exigente, pues establece que para hablar de conflicto armado es necesario que existan i) enfrentamientos entre el Estado y fuerzas armadas disidentes, las cuales ii) deben tener mando responsable y iii) control territorial suficiente para realizar operaciones militares y iv) poder aplicar el DIH.

Estos elementos se cumplen en Colombia: las Farc, por ejemplo, tienen una estructura jerarquizada suficiente para hablar de un mando responsable. Han tenido igualmente el control territorial señalado por el DIH, pues éste no exige que el Ejército no pueda entrar en la zona de influencia guerrillera sino que ésta tenga una presencia territorial suficiente para realizar operaciones militares organizadas. Y las Farc siguen realizando operaciones militares continuas y durante años han tenido secuestrados a numerosos militares y civiles. ¿Puede entonces alguien dudar de que ese grupo guerrillero tiene un control territorial suficiente para aplicar las normas humanitarias? Otra cosa obviamente es que las Farc se nieguen a aplicarlas, pues los secuestros, las minas antipersona o los reclutamientos de menores son infracciones graves al DIH.

Es claro que en Colombia existe empíricamente un conflicto armado. Pero además, contrario a lo dicho por el uribismo, aceptar ese hecho no impide criticar las terribles acciones de las guerrillas o de los ‘paras’, ni implica jurídicamente otorgarles estatus de beligerancia, la cual exige otros requisitos, que no puedo detallar en esta columna. No hay entonces nada contradictorio en aceptar que en Colombia existe un conflicto armado y afirmar al mismo tiempo que ni las guerrillas ni los ‘paras’ son beligerantes y que sus acciones son atroces e ilegítimas.

Es pues un acto extremo de terquedad ideológica negarse a aceptar que Colombia sufre un doloroso conflicto armado. Por el contrario, reconocer su existencia parece un paso imprescindible si queremos algún día superarlo. Por eso es importante que tanto el Congreso, en la ley de víctimas, como el presidente Santos acepten que en Colombia ha habido conflicto armado desde hace rato.

* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Más sobre Consulta Previa (Tomado de la Revista Semana)

En la selva chocoana, en límites con Panamá, viven 21 familias indígenas del pueblo Embera; 13 de la comunidad Chidima Tolo y ocho de la comunidad Pescadito. Conviven con la selva, la montaña y el río, como si fueran sus hermanos sagrados. Pero también con los megaproyectos, la explotación minera y los grupos armados.

Desde 2009, los representantes legales de los resguardos, ubicados en el municipio de Acandí, comenzaron una pelea jurídica para evitar que una carretera atravesara sus territorios. Además, han denunciado que su opinión no ha sido tenida en cuenta en la ejecución de proyectos mineros y energéticos.

La Corte Constitucional les dio la razón. El alto tribunal publicó la sentencia T-129 de 2011 que dejó claro que los proyectos mineros, de transporte, de infraestructura, o leyes que afecten los territorios indígenas, deben tener en cuenta a las comunidades que los habiten, y hacerlas parte de las discusiones y decisiones.

“La principal novedad de esta jurisprudencia es que la Corte Constitucional dice que la participación en la consulta previa, debe ser, antes, durante y después del proyecto que afecta a las comunidades”, dijo la abogada Alejandra Vega quien fue la representante de las comunidades indígenas.

De esta manera, el tribunal definió el alcance del derecho de las minorías a la “consulta previa”, que no es un procedimiento más que deben cumplir los organismos del Estado y las empresas, sino un derecho fundamental.

Por su parte, el experto constitucionalista y director de la organización Derechojusto.org, Juan Carlos Lancheros, argumentó que es muy importante esta sentencia porque “desde el momento en que se planea el estudio para un proyecto que afecta potencialmente a una comunidad indígena debe contarse con ella, además, garantizar y facilitar su participación activa en la construcción del proyecto, para salvaguardar sus derechos, idiosincrasia y cosmovisión”.

Esta sentencia fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió revisarla dada su importancia. Al final, les dio la razón a los demandantes. Entre otras cosas, ordenó suspender la carretera, con el fin de que se cumpla el requisito de consulta previa teniendo en cuenta la posibilidad de modificar el trazado de las obras. También pidió parar los proyectos de explotación minera, y traducir los apartes más importantes de la jurisprudencia a la lengua Embera y publicarlos.

Además, la sentencia exhortó al Congreso y al Ejecutivo a la creación de un proyecto de ley estatutaria que regule el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.

Por todo lo anterior, la sentencia seguramente pasará a integrar la lista de las llamadas históricas.

La historia

Han sido varios los intentos de distintos gobiernos locales de construir la carretera, que pretende unir a los municipios de Unguía y Acandí, proyecto que ha tenido diferentes nombres. No obstante, la obra está interrumpida en los cuatro kilómetros que pasan por el resguardo. Es decir, la carretera existe en las entradas de los dos municipios, pero no está conectada.

Los representantes de las comunidades Chidima Tolo y Pescadito instauraron una tutela cuando advirtieron que en la zona se hacían estudios para pasar la carretera por ahí. El proceso pasó del Tribunal superior de Cundinamarca, por razones de competencia, al Tribunal Superior de Quibdó. Los demandantes pidieron el amparo de su derecho de consulta previa.

La consulta previa es un derecho de las minorías étnicas, que según los convenios suscritos por Colombia, las faculta para participar en las decisiones que afectan a sus territorios, y para conocer previamente los proyectos. Jurisprudencias como la de esta sentencia derivaron en el fracaso de leyes como el estatuto rural y la ley forestal, impulsadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Además, las comunidades reportaron en su demanda que existía un proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que desarrolla la empresa Interconexión Eléctrica ESP-ISA, que también podría afectarlos. También dieron cuenta de que en la región se han entregado proyectos de concesión minera en una zona comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, considerados sagrados por las comunidades.

En el proceso, intervinieron los ministerios de Transporte y de Agricultura que pidieron que se les excluyera de la demanda. El primero, porque solo revisa proyectos presentados por las alcaldías, a quienes les compete la consulta; y el segundo, porque argumentó que no tenía ninguna responsabilidad directa con los hechos que las comunidades estaban demandando.

El Ministerio de medio Ambiente también pidió que se le excluyera de la demanda porque la empresa de Interconexión Eléctrica no ha presentado el estudio del impacto ambiental que tendrán las obras, y en caso de hacerlo, se comprometió a exigir que se haya cumplido el requisito de consulta previa para otorgar la licencia.

El Ministerio de Minas y Energía dijo que la responsabilidad era de Ingeominas, y que por tanto tampoco era sujeto de la demanda. También participó el Invías, que dijo que las obras contratadas eran de “mejoramiento” de la carretera, lo cual no requiere de consulta previa.

Hasta el ministerio de Defensa participó en los alegatos de la demanda, pues una agencia de las fuerzas militares es la que está ejecutando la obra. La agencia indicó que no se han “iniciado labores” pues está a la espera de que se haga la consulta; y la oficina de Derechos Humanos del Ministerio alegó que el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas “no es absoluto”, por lo cual las tropas “no pueden ser retiradas del territorio indígena”, y que la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente.

Por su parte, la empresa encargada del proyecto de interconexión argumentó que para la etapa en la que se encuentra la iniciativa no se requiere de la consulta previa y que, por tanto, no ha vulnerado los derechos de las comunidades.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal Superior de Quibdó, el 10 de julio de 2010, negó la petición de los representantes de las comunidades Chidima-Tolo y Pescadito. El argumento fue que el interés general primaba sobre el particular y que los argumentos no demostraron la vulneración de los derechos de los resguardos.

Ante la negativa del tribunal, los demandantes apelaron la decisión. Esta vez, fue la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la que les negó la razón. El argumento fue el mismo.

“En el caso específico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prerrogativa reclamada, aun como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados”, explicó la Sala.

Pero, los demandantes no se dieron por vencidos y acudieron a la Corte Constitucional, que al comienzo decidió no revisar la demanda. Ante la insistencia de los representantes de los resguardos la acogió.

En la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en la etapa de pruebas, ordenó la participación institutos y facultades de antropología en la discusión. Además, entre otras decisiones, envió un grupo de investigadores al resguardo para hacer una inspección de lo que estaba ocurriendo.

En su argumentación, la Corte recordó que Colombia suscribió el convenio 169 de la OIT que la obliga a consultar previamente con los pueblos indígenas cuando haya medidas administrativas o legislativas que los afecten.

Además, en un capítulo llamado Constitución ambiental hizo una amplia descripción de lo que significa el cuidado del medio ambiente y reiteró lo que en otras jurisprudencias ha dicho: que el planeta está en riesgo y por eso, su protección es deber de toda la raza humana.

En otro, dedicado a las tensiones que se derivan de los conceptos de “desarrollo”, aduce: “No se puede ante poner en abstracto el “interés general” y la visión mayoritaria que se tenga del “desarrollo” o “el progreso” que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos”.

Mejor dicho, que si se trata de respetar y conservar el patrimonio que representan las comunidades indígenas es necesario considerar su punto de vista. También incluyó en su argumentación algunas de las intervenciones de las facultades de antropología que destacan la distancia que hay entre el reconocimiento oficial de la multiculturalidad y la diversidad étnica y la realidad.

Al final, la Corte Constitucional indicó que las comunidades indígenas tienen derecho a conocer de los proyectos que se planean en sus territorios. Ese conocimiento debe ser “libre, previo e informado”.

Además aduce que en caso de que existan proyectos en territorios indígenas, la consulta es obligatoria, y debe buscar el “acuerdo” o “conseguir el consentimiento”. Es decir, no es suficiente con contarle a la comunidad que se va a desarrollar un proyecto en su territorio. Ese espacio de consulta debe ser una “disertación entre iguales” y no un simple formalismo.

Además, agrega la Corte, “no solo se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas, sino en efecto garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de forma equitativa”.

La Corte encontró que no se trata del “mantenimiento de la vía” (Ungia-Acandí) como argumentó la agencia militar, pues la carretera no existe. El proyecto en cuestión busca construir la carretera con todo lo que ello implica.

El alto tribunal recogió los argumentos de los propios indígenas quienes explicaron que una carretera cambiaría todo su estilo de vida, permitiría el tránsito de los grupos ilegales y multinacionales y podría significar un peligro para ellos. Además, el proceso de construcción también implica la destrucción de la naturaleza.

Al respecto del proyecto de interconexión eléctrica, la Corte se abstuvo de impartir una orden, pues este está en etapa de estudio de factibilidad. Sin embargo, advirtió que en caso de que el proyecto resulte viable, y se advierta la posibilidad de que afecte a las comunidades, la empresa debe gestionar su participación en el proceso de consulta previa.

La Corte encontró que hay un título minero vigente que podría afectar al río Tolo. Ese río, además de ser la fuente del líquido vital de uno de los resguardos es sagrado. Por ello, la Corte ordenó suspender “las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera”. También pidió al Ministerio del Interior y a varias instituciones que le den prioridad en el Plan de salvaguardia de las minorías étnicas a los mecanismos de protección que garanticen la pervivencia de las comunidades.

Como parte de las medidas reivindicativas pidió a la Alcaldía de Acandí reconocer la importancia de los indígenas en la región y hacer campañas pedagógicas como muestra de ese reconocimiento; y a las autoridades ambientales, hacer un programa de arqueología preventiva, para identificar los lugares que merecen especial protección.

Para que no quedara duda de la posición de la Corte, ninguno de los magistrados que firmó la sentencia salvó su voto.

martes, 3 de mayo de 2011

Otra noticia relacionada con la Consulta Previa

México DF, 2 de mayo de 2011


Redes de derechos humanos nacionales e internacionales saludan la anulación de la asamblea agraria a través de la cual se pretendía imponer el proyecto hidroeléctrico “La Parota”;

Con argumentos basados en el derecho internacional de los derechos humanos, instan al gobierno federal y local a poner PUNTO FINAL al proyecto.

En el mes de noviembre de 2010, las organizaciones y redes nacionales e internacionales abajo firmantes elaboramos, suscribimos y enviamos al magistrado que estaba conociendo el juicio agrario de nulidad 360/2010, un amicus curiae (institución a través de la cual terceros ajenos al litigio presentan una opinión ante un tribunal con el fin de ofrecer información calificada sobre la materia controvertida) en respaldo de los derechos humanos, y especialmente del derecho a la participación y consulta y del derecho a la tierra y territorio de los pueblos amenazados por el proyecto hidroeléctrico “La Parota”.

En el documento, haciendo puntual referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México, se demostró de manera contundente que al querer imponer el proyecto hidroeléctrico desde 2002, el Estado mexicano estaba incurriendo en un sinnúmero de violaciones en materia de derechos humanos, la mayoría de las cuales han sido condenadas por distintos órganos de las Naciones Unidas. Nos complace por lo tanto que los argumentos vertidos en el amicus contribuyeran a que el Tribunal Unitario Agrario n. 41, con sede en Acapulco, emitiera una sentencia mediante la cual se anulara la asamblea agraria realizada el 28 de abril de 2010 con la cual se pretendía imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. Instamos ahora a las autoridades competentes, y especialmente al Gobierno del Estado, a respetar la sentencia y la voluntad de los pobladores de la zona quienes, en una consulta que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2007, expresaron su rechazo al proyecto.

Sobre este último punto resulta relevante subrayar que el artículo 16.2 del Convenio n. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, establece que el consentimiento de las comunidades es un requisito sin el cual no se puede llevar a cabo un proyecto que implique el traslado o la reubicación de la población, lo que corresponde a un derecho de veto de los pueblos que podrían ser víctimas de un desalojo. Derecho de veto que, como anticipamos, fue ejercido por los pueblos en la consulta de agosto de 2007.

Hay que recordar además que ya son cinco los juicios que se han resuelto a favor de los comuneros y ejidatarios quienes, recurriendo al marco legal nacional e internacional, se oponen a ser desalojados de sus tierras en nombre de un proyecto cuyo beneficio y viabilidad social, legal y ambiental, ha sido ampliamente cuestionado y demostrados.

Considerado todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos para que el proyecto sea definitivamente cancelado.

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) conformado por 16 organizaciones: Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC (CEJUDESC), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas, FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) –Guadalajara, Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat, RADAR-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho.
Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC)
FIAN Internacional- FoodFirst Information and Action network
Habitat International Coalition (HIC)
Secretaría de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)[1]
Datos de contacto: Laura Salas, celular: 044 55 13 41 98 49; correo: laura.salas.s@gmail.com





[1] El Espacio DESC es un colectivo de 16 organizaciones de derechos humanos y de promoción del desarrollo con una trayectoria amplia en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México, que trabaja articuladamente desde 1998. El EDLC es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con sede en la ciudad de Bozeman, Estado de Montana, en los Estados Unidos. Trabaja por la protección de los derechos humanos de personas y comunidades en países en vías de desarrollo que luchan contra el daño a su medio ambientewww.edlc.org/es. HIC, inició sus actividades en 1978 y constituye una red internacional independiente y sin fines de lucro. Hoy está conformada por unas 400 organizaciones sociales, técnicas, académicos, institutos de investigación y capacitación así como activistas en derechos humanos que trabajan en el campo del hábitat en 118 países de todo el mundo. Con status consultivo frente a la ONU, trabaja en la definición, promoción, defensa y concreción del derecho a la vivienda adecuada a nivel internacional. Su Secretariado General se encuentra en Santiago de Chile (www.hic-net.org). FIAN es una organización internacional que trabaja por el derecho humano a la alimentación adecuada, tiene estatus consultivo ante la ONU y fue fundada en 1986. Tiene su Secretariado Internacional en Heidelberg, Alemania, y secciones en 20 países del mundo (www.fian.org). La Red-DESC es una iniciativa de cooperación de grupos y personas de todo el mundo que trabajan por asegurar la justicia económica y social por medio de los derechos humanos. Su Secretaría tiene sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (http://www.escr-net.org/index.htm?attribLang_id=13441).
.

Indígenas en Argentina (Tomado de Bolpress)

Pueblos originarios: "Queremos que nos devuelvan nuestras tierras"
Norma Loto *

Buenos Aires, (SEMlac).- El legendario ego argentino dice que "la Avenida 9 de Julio es la más ancha del mundo"; tal vez dentro de algún tiempo también se dirá que esa misma avenida es la que albergó uno de los reclamos más ignorados: el de los pueblos originarios. Desde hace varios meses en la 9 de Julio acampan los miembros de la comunidad indígena toba Qom navogh del paraje La Primavera.
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Esta comunidad, emplazada en un terreno de cerca de 5.000 hectáreas donde viven alrededor de 800 familias, reside en la provincia de Formosa, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires y cercana a Paraguay.



Su lucha viene de años, pero su irrupción en la agenda pública data del 23 de noviembre de 2010, cuando fueron víctimas de una cruel represión ordenada por el gobernador de Formosa, Gildo Isfran. El ataque contra los Qom dejó como saldo dos muertes, la quema de sus viviendas y de sus documentos de identidad.



Sucede que sus tierras son un tesoro que está en la mira de la empresa Nidera (productores de soja y algodón transgénico) y de latifundistas. No sólo para estos dos actores esas tierras son el punto de la codicia, sino que también lo es para la Universidad Nacional de Formosa, que inició la construcción edilicia del Instituto Universitario Agropecuario.



Tras la represión sufrida en noviembre, el reclamo se visibilizó en la Capital Federal; hasta que el 30 de diciembre lograron que el Ejecutivo firmara un acta con seis puntos en la que se comprometía a resolver los problemas de tierras, seguridad, salud, agua y documentos.



"Los funcionarios nacionales dicen en los medios que están resueltos los problemas. No es así. En La Primavera la gente sigue con escasez de agua, falta de atención médica y presionados por la policía provincial", manifestó recientemente a la prensa el cacique Félix Díaz.



Al tanto de esta situación, el 21 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en la cual ordena al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los miembros de la comunidad toba -qom navogh, La Primavera, y además que proteja a los indígenas "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la Policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".



A la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo, los miembros de la comunidad permanecieron durante seis días en huelga de hambre y realizaron un corte parcial de la avenida 9 de julio. Esta medida fue levantada tras presentarse una orden judicial de desalojo, durante el mediodía del sábado 30 de abril.



Ante esta situación, la lectura vergonzosa es que fue más urgente garantizar la libre circulación de una arteria ciudadana, que los derechos humanos constantemente violados en esta comunidad.




En carne propia



Carmen Poli es una joven qom de 28 años de piel morena, rostro circular y mirada esperanzada. En la tarde del sábado, fue ella la encargada de recibir los alimentos que donan quienes se solidarizan con la lucha de este pueblo. "Queremos que nos devuelvan nuestras tierras", dice Carmen a SEMlac. Su voz es tan leve que se pierde en el revuelto paisaje intoxicado del pesado bullicio de la Avenida 9 de julio.



Carmen es una de las mujeres que está acampando desde hace cinco meses en Capital Federal. Llegó a esta "ciudad difícil", según la califica ella, con su marido y sus dos hijas, una de cinco y otra de ocho años. Edgardo, su hijo de 11, se quedó en Formosa.



"Exigimos que nos devuelvan nuestras tierras, nos prometieron que el lunes 2 de mayo nos atenderán", comenta Carmen a SEMlac. Los Qom han levantado el corte de la arteria ante la promesa de diálogo a partir de esta semana. Las esperanzas de Carmen van más allá de la restitución de las tierras; y no es casual que sus palabras hayan brotado todas juntas, al final del diálogo con SEMlac.



Carmen nos relató que su hijo Edgardo aún no sabe leer ni escribir y que está trabajando en la cosecha de algodón, junto a un tío; que las mujeres "no tenemos información"; que los hospitales están alejadísimos de sus parajes, que una parturienta "puede morir a la espera de una ambulancia que nunca llega", que cuando vamos a los hospitales "no nos atienden"…



¿Por qué?, pregunta esta periodista que no supo darse el tiempo para pensar, "porque nos discriminan", fue la ingenua pero a la vez aguda respuesta de Carmen.




La realidad Qom



La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas revela que, por el tamaño de su población, éste es el tercero entre los pueblos indígenas que habitan en Argentina, con 69.452 personas. Además de "representar una variada y rica tradición histórico-cultural, preserva su lengua nativa. Sin embargo, su situación social, económica y educativa se encuentra en desventaja en relación con otras etnias".

"Los toba se encuentran principalmente en las provincias del noreste argentino de Chaco, Formosa y Santa Fe, y, en un número menor, en la provincia de Salta (ubicada en noroeste). Recientes movimientos migratorios han generado asentamientos toba en Rosario y en varias zonas del Gran Buenos Aires", sostiene un informe denominado Situación socioeducativa de niñas, niños y adolescentes de comunidades toba, realizado por UNICEF.



"En Paraguay vive un pequeño grupo toba de 600 personas y a principios del siglo XX se localizaron algunos integrantes de este pueblo en Bolivia, aunque posiblemente ya hayan migrado a Salta", precisa ese estudio del organismo de las Naciones Unidas.



El mencionado informe revela que en Argentina, la mayoría de la población nativa de cinco a 14 años asiste a un establecimiento educativo, en una proporción similar a la observada para el total del país (95%). Pero cuando esta observación es trasladada al pueblo toba, se aprecia que la proporción de niños, niñas y adolescentes que acuden a la escuela es significativamente menor y sólo alcanza al 87,7 por ciento.



Los datos muestran también que los varones han logrado niveles de educación bastante más elevados que las mujeres, algo que no ocurre en el caso de otros pueblos indígenas (por ejemplo, entre los kolla y los mapuche) ni tampoco a nivel nacional. Muy posiblemente, la brecha educativa por sexo es más pronunciada entre las generaciones adultas que entre las más jóvenes y se irá disipando con el avance educativo de las nuevas generaciones.



A la vez, se evidencia falta de acceso a los servicios de salud en las comunidades nativas de Formosa y por eso las muertes a causa del mal de chagas y la tuberculosis -dos enfermedades comunes a la pobreza- son una constante.



Respecto a este punto, el mencionado informe pone de manifiesto que el acceso a los servicios sanitarios es "prácticamente nulo" "Sólo el 10 por ciento de la población toba cuenta con algún tipo de cobertura médica. Este bajo porcentaje de personas que no tienen cobertura indica la ausencia de empleos de carácter regular para estas poblaciones y, por consiguiente, la imposibilidad de acceder a una obra social", puntualiza.

Marmato (Tomado de Reclame)

Marmato, el pesebre de oro de Colombia, es un municipio ubicado en las montañas del noroccidente caldense, en un sector estratégico gracias a su diversidad y a los enormes yacimientos de oro que se ubican bajo los pies de sus pobladores. Su tradición minera centenaria ha generado fuentes de empleo a todos sus pobladores, un crisol de culturas expresada en su población conformada en un 17% por indígenas y en un 55% por afrodescendientes. Esta enorme riqueza aurífera ha servido de sustento a incontables generaciones por más de 500 años y ha sido al mismo tiempo el blanco perfecto para que desde los años 80, numerosas compañías transnacionales sitúen sus intereses en este territorio.

En la historia reciente, la voracidad del capital extranjero en contubernio con los gobiernos de turno, se refleja en el cierre de 84 minas y la destrucción de nueve molinos por parte de la Colombian Goldfields, en un hecho que dejó sin empleo a más de 800 personas. Estas acciones son pruebas inequívocas de las intenciones que estas compañías tienen en países, como el nuestro, poseedores de recursos naturales preciosos que son codiciados por las grandes potencias.

La compañía canadiense Medoro Resources, que se fusionó con Colombian Golfields, cuenta en su junta directiva con ex ministros de Uribe como Hernán Martínez, de minas y energía y María Consuelo Araujo, ex canciller, entre otros altos ejecutivos. También hace parte de sus directivos, Augusto López, expresidente de Bavaria. La magnitud del proyecto que pretenden realizar en Marmato, conllevaría el arrasamiento de todo el pueblo en una explotación a cielo abierto, de la que, se estima, obtendrían unas 10 millones de onzas de oro. En este proceso se ha vendido la idea, a la opinión pública nacional e internacional, de que Marmato debe ser trasladado, reasentado, por los enormes riesgos que se presentan en el municipio, argumentos que falsean la información real y que van en contravía del estudio de Corpocaldas del 2009, en el que se manifiesta que son pocas las zonas de alto riesgo en Marmato y que de ninguna manera la mayor parte de su área se encuentra en zona de riesgo no mitigable. Bajo el manto de un acto humanitario intentan reubicar a los pobladores, expropiándoles no solo su territorio sino sus fuentes de empleo.
Las declaraciones del ministro de minas y energía y del presidente Santos siempre han estado orientadas en este sentido, posicionando opiniones falaces y avalando las prácticas que utilizan estas compañías en los territorios donde llegan, tales como el asfixiamiento de la pequeña minería y de los pobladores, todo ello en consonancia con las decisiones gubernamentales de perseguir a mineros pequeños y tradicionales como si se tratara de delincuentes de la peor calaña.

La locomotora minera de Santos pretende reprimarizar la economía a costos tremendamente altos para la población colombiana. En la actualidad, hay solicitudes de explotación para proyectos mineros sobre el 40% del territorio nacional, y el caso de Marmato es el ejemplo de la funesta política que pretende implantarse en vastas zonas de la geografía nacional. Debido a la importancia de esta lucha, invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales y de resistencia a proyectos megamineros del país y a las personas interesadas a participar en la Primera Movilización Nacional por la Defensa de Marmato que será una marcha que comenzará en el Restaurante Valencia situado en la Carretera Central de Occidente vía Manizales-Medellín a aproximadamente 3 kms de la entrada a Marmato, y terminará en el casco urbano del municipio.

La marcha se realizará el Sábado, 14 de mayo de 2011, a partir de las 8 de la Mañana.

Invitan: Comité cívico pro-defensa de Marmato, Cabildo indígena Cartama de Marmato, Titanes de oro, Consejo regional indígena de Caldas CRIDEC, Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional RECLAME, Gestores del Mañana, Mineros de Echandia, Mineros de Cien Pesos, Mineros de Chaburquía, Asociación de Mineros Unidos de Marmato, Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.

Para mayor información sobre el evento comunicarse a los celulares 300 444 4883, 311 617 5816 o 310 451 3923, o escribir al correo marmatonosextrae@gmail.com

Nota: Quienes vayan a participar deben confirmar asistencia hasta el 13 de Mayo. Quienes vayan a dormir en Marmato deben llevar carpas, sacos para dormir y demás.