lunes, 27 de enero de 2020

LA PRÓXIMA GUAJIRA (3)


LA PRÓXIMA GUAJIRA (3)
Por Armando Pérez Araújo
Me he puesto a mirar por dónde debo continuar en el camino de esta serie de opiniones mías sobre prioridades para la Guajira que deseamos y necesitamos construir entre todos. Digamos que lo importante es seguir con que lo primero es lo primero, es decir, que lo que es urgente para la gente ahora es acceder al derecho de acceder a los derechos. Y no se trata de un galimatías o un enredado trabalenguas, lo explico así: Después de saber cómo enfrentar la vagabundería de nuestro sistema electoral y darle tránsito a una figura inclusiva y democrática de participación a favor del respeto efectivo a la Diversidad Étnica y Cultural, lo que sigue es ponernos de acuerdo en cómo implementar el Acuerdo de Paz en algo que no tiene o que no debería tener ninguna discusión y que es obviamente vital para nuestras posibilidades de desarrollo endógeno. El punto clave es el Desarrollo Integral del Campo, que de conformidad a lo acordado en La Habana " depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento."  Traducido esto a la práctica social significa que hay que hacer cualquier ejercicio gubernamental para estimular y aumentar la productividad familiar o asociativa del campo sin arriesgar ni dejar de proteger al productor campesino individual, a la familia productiva como tal, tampoco al aspecto comunitario de la sociedad campesina, el cual debe a toda costa desarrollarse y fortalecerse. La presencia del Estado debe dejar de ser una simple frase vacía y convertirse en un factor actuante y solidario, con especial énfasis en el campo de La Guajira. Entristece en demasía que en La Guajira de hoy hay casos de familias y comunidades asentadas muy cerca de los ríos, qué tal que no lo estuvieran, sin embargo no tienen agua para beber, cocinar, mucho menos para el riego de sus cultivos. Las escuelas no funcionan o no funciona el transporte de niños para acceder a ellas, etcétera. Aquí es donde tiene sentido entender el elemental concepto de integralidad, que no es otra cosa que asegurar la real y mayor productividad del campo, "mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También asegurar oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para la población." En varias ocasiones hemos planteado que el mencionado acompañamiento tiene toda la validez para quienes siguen la triste aventura de continuar en el campo, a pesar de sus carencias, dolores y pobrezas, pero es de advertir y resaltar que también constituirá la mejor fórmula para atraer el retorno del campesino que vive en medio de la inopia de las ciudades, aunque rodeado de algunas ventajas que no poseen ellos, ni mucho menos sus hijos en edad de estudios universitarios.


sábado, 25 de enero de 2020

IRRESPETO AL LIBERTADOR


IRRESPETO AL LIBERTADOR
Por Armando Pérez Araújo
Soy amigo personal de muchos árabes residentes en Maicao, La Guajira, a tal punto de que en mis escritos públicos y otras intervenciones he propugnado por posibilitar en esta región política de Colombia la implementación del respeto a la diversidad étnica y cultural, de tal manera que, en el caso de Maicao, he opinado a favor de que se le asegure a esta importante colonia una o dos curules en el concejo municipal, dentro de un universo mayoritariamente indígena. Hasta ahí llega lo que podríamos llamar el enfoque étnico y cultural hacia una reforma electoral territorial inclusiva, respecto a una respetable comunidad activa social y económica, como lo es la colonia árabe de esta ciudad, claramente indígena, repito. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es eso que acabo de expresar, y otra bien distinta es que el alcalde árabe, señor Muhammad Dasuki, quite del Despacho del Alcalde, no de la sala ni del comedor de su casa, el cuadro de un símbolo de las libertades patrias y de nuestra democracia, Simón Bolívar, para colocar una sura o azora, es decir, uno de los 114 capítulos en que se divide el Corán, el libro sagrado del Islam. Por supuesto que no tengo nada contra la libertad de expresión del alcalde árabe, mucho menos contra la respetabilidad del Corán, pero me parece irrespetuoso con uno de los símbolos de nuestra democracia que por razones cosméticas, ojalá que así sea, o políticas, creo que no, ojalá que no, se atropellen conceptos de tan arraigada aceptación democrática como son los emanados de la figura del libertador. El señor Muhammad Dasuki quedó parqueado muy cerca del código penal, en materia de vulneración de un símbolo patrio, pero sí es claro que se pasó por la faja un sentimiento político muy respetable del pueblo colombiano. Quiero creer que es posible que el alcalde de marras, por desconocimiento supino de la tradición política colombiana, no alcanzó a comprender lo grave de esta metida de pata, lo que es muy grave es que tampoco calcule el daño que le puede hacer a tanta gente laboriosa y emprendedora de la comunidad árabe que seguramente podría resultar políticamente pringada por la irrazonable y ligera medida suya.

lunes, 20 de enero de 2020

LA PRÓXIMA GUAJIRA (2)


LA PRÓXIMA GUAJIRA (2)
Por Armando Pérez Araújo
Dijimos en la anterior la columna de esta serie, que era prioritario, por varias razones de peso social, jurídico y humanitario, trabajar en los diferentes temas del acceso efectivo al derecho a la participación política. Hablemos entonces del desconcertante rol de los medios de comunicación y de los comunicadores que para bien o para mal hace parte vital de lo que ocurra en materia de acceso real a la participación de la sociedad guajira en decisiones de la política. Se ha vuelto una mala costumbre, por ejemplo, la maña antidemocrática, según la cual, los dueños de los medios de comunicación ordenan y periodistas obedecen, la gran mayoría de ellos porque hay muchas excepciones, que durante el segmento de las campañas autorizado por la ley electoral, o sea, cuando es más indispensable y útil la opción del elector para diferenciar y escoger propuestas, ningún candidato podrá declarar, informar, opinar, ni siquiera aspirar a que su nombre sea mencionado, mucho menos exponer la bondad de su programa político, sin antes pautar, es decir, sin antes contratar la tarifa unilateralmente elaborada por el empresario. En ciertos casos es tan demoledor el poder del dinero de algunas estructuras electoreras, que los horarios radiales son adquiridos al por mayor y exclusividad, durante todos los días, por el tiempo que fuese necesario y el lapso permitido por la ley electoral. De alguna forma esto ocurre con los medios escritos, los radiales y, quien lo iba a creer, también con las emisoras comunitarias y los portales alternativos de internet, que esperaríamos que fuesen el gran contrapeso del evidente abuso de posición dominante de los caudales de dinero al servicio de empresarios electorales. Lo grave de todo esto no es el simple resultado matemático de una simple elección, sino la descarada sistematicidad en la degradación de toda una extraordinaria estrategia de paz que luce saboteada, en vez de implementarse, por agentes de la intelectualidad, inclusive. Tengo que agregar lo siguiente: que, mientras esto sucede, es decir, mientras los medios y sus periodistas se dedican a operar y ayudar estrategias logísticas de importantes empresarios electorales, la sociedad departamental atraviesa desconsideradamente desprotegida y expósita por los caminos de la disolución. Me explico: es evidente que están pasando cosas o que se están preparando desde Barranquilla, por ejemplo, para hablar sólo de lo ocurrido en un evento disfrazado, poblado de silenciosos medios de comunicación (ver mi columna ¿JUSTICIA?),  donde se promovió sin ningún pudor político, pero, como lo escribí en esa ocasión, con la mayor cantidad de vaselina posible, la conversión en RET, Región Entidad Territorial, las actuales RAP, para meterse en el bolsillo al departamento de La Guajira, como a cualquier bien mostrenco del siglo pasado y transformarlo en una rentable hacienda particular. Lo peor es que, sin lugar a dudas, esto último está asociado con otras campañas orquestadas desde la capital del país y el exterior, con algo que está planteado y avanzado, en materia de desbordada y abusiva proliferación de cientos de parques eólicos en territorio indígena protegido, principalmente, sin que exista la más mínima salvaguardia estatal, y evidenciando la peor desconsideración constitucional al respeto de los derechos humanos internacionales, a tal extremo de vulneración que observadores vaticinan preocupantes desenlaces disruptivos contra la paz, la tranquilidad social y económica de la península. Concluyo de la siguiente forma: la subasta del territorio indígena wayuu a pedazos, con el pretexto de facilitar la transición energética del país, además de ilegal e innecesaria, injusta e imperdonable, le traerá más angustias que ventajas a la sociedad colombiana, y más pobreza e inestabilidad a la etnia wayuu y a toda la población guajira. Esto aplica también para otras estrategias de invasión territorial con fines turísticos o extractivos mineros.

domingo, 12 de enero de 2020

LA PRÓXIMA GUAJIRA (1)


LA PRÓXIMA GUAJIRA (1)
Por Armando Pérez Araújo
Está empezando una nueva década llena de problemas y expectativas. Seamos optimistas y digamos que llegó atiborrada de esperanzas de cambio y hablemos sólo de ese cargazón de perspectivas positivas que son las mismas que tiene el resto de los colombianos, más unas muy locales y complejas que constituyen la única o mejor opción de transformación, justicia y cambio real. La primera y gran tarea que tenemos consiste en identificar a cuál de las tantas trabas sociales que aquejan a La Guajira tendríamos que darle el carácter de principal objetivo para derribarla. Sin temor a equivocarme debo decir que lo más considerable y jodido de los tantos asuntos que interfieren nuestra particular dinámica de cambio es todo aquello que tropieza con lo que podríamos denominar como los DERECHOS DE ACCESO A LOS DERECHOS, que en el caso concreto de La Guajira se refieren a derechos de gran jerarquía social y democrática: Empecemos por el Derecho al Acceso al Derecho a la Participación que aquí no existe y sigue aplastado, muy a pesar de haber sido considerado esencial para la apertura democrática del país en la configuración del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba. Allí se acordó que era importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr las bases para forjar la paz, resaltando que era necesario entender que la construcción de la paz verdadera es asunto definitivamente de todos, de la sociedad en su conjunto y requiere de la participación efectiva de todas las personas sin distinción. En este orden de ideas, la ciudadanía debería convidar a partidos y movimientos políticos democráticos con representatividad local, y a las organizaciones sociales ideológicamente afines, a conformar una unión de fuerzas alternativas alrededor de la paz real con justicia social real en La Guajira y comenzar a trabajar en temas de participación efectiva de todos los sectores. Por diferentes razones, nuestra primera sugerencia es hacer posible el acceso a la participación política y democrática de los sectores indígenas, partiendo del indiscutible presupuesto de que es urgente hacer efectivo el acceso al respeto a la diversidad étnica y cultural. Esta fundamental decisión no debería esperar ni suscitar ninguna discusión, dado el enorme respaldo normativo, nacional e internacional que tiene esta causa social y la representatividad numérica de una decisoria población indígena, ya que estamos hablando de no menos del 50% del censo total departamental, lamentablemente excluido durante toda la vida. No obstante lo demoledor del argumento anterior sabemos que hay corrientes retrógradas, unas, otras simplemente egoístas e imbéciles, que no quieren o no les convienen saber nada del respeto a la diversidad étnica y cultural. Hagamos entonces un poco de pedagogía con este emblemático punto y destaquemos que el derecho de participación de los indígenas aparece en teoría consagrado y reconocido en la Constitución Política y en cuanta ley y tratado o convenio internacional existe, pero, al mismo tiempo, frenado con miles de talanqueras para hacer efectivo el acceso a tan importante derecho. La prueba reina de este desajuste es que en el Acuerdo de La Habana el Capítulo Étnico del documento suscrito se limitó a ratificar la normatividad en materia de derechos indígenas y recordarnos los principios de no regresividad y progresividad de los mismos. Permítaseme advertir y recalcar que porque he sugerido la prontitud con la que habría de asumirse el indispensable acceso a la participación de los indígenas en la toma de las decisiones políticas, no significa de ninguna manera que hemos desestimado la importancia del acceso a esos mismos esenciales derechos de otros sectores siempre marginados, por ejemplo, la población afro discriminada, la agenda social de la mujer y de jóvenes políticamente discriminados, lo cual es absolutamente indispensable para darles el carácter de sujetos políticos en la vida pública de La Guajira y alcanzar el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. El compromiso del Estado al suscribir el Acuerdo de La Habana fue distribuir equitativamente los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos que ejerzan oposición política y darles de esa manera mayores garantías para esa tarea democrática, lo cual constituye una trascendental medida que no espera un minuto político más. Tampoco la revisión integral del régimen electoral, que en el caso de La Guajira merece un capítulo aparte.