LA CONSTITUYENTE ES VIABLE Y CONVENIENTE: 

JAIME ARAÚJO RENTERÍA, LO EXPLICA MUY BIEN

El Ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia y del Consejo Nacional Electoral, dice lo siguiente:

Artículos de la Constitución Francesa de 1793
art. 27.-Que todo individuo que usurpe la soberanía sea condenado a muerte inmediatamente por los hombres libres.
Artículo 28. Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras.

Sociedad civil, soberano y constituyente

Podemos definir, el concepto de sociedad civil, como la diversidad de personas que, con categoría de INDIVIDUOS o ciudadanos y particularmente o de manera colectiva, actúan para adoptar decisiones que le interesan en el ámbito público, en todos los temas y problemas que les afecten ( la salud, la educación, el ambiente, el bienestar social, el trabajo, la seguridad social, la paz, el desarrollo, la cultura y los derechos humanos, entre otros, etc). Este concepto, presupone que se trata de personas que se hallan fuera de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, de las empresas o poderes económicos, y de las instituciones religiosas. Esto excluye a los miembros de las tres ramas del poder: legislativo, ejecutivo y judicial y a la clase política, incluidos los que hacen vida política constantemente y pero dicen que no.

Debemos recordar que en un estado democrático, con soberanía popular, el máximo poder político lo tiene el pueblo, los miembros de la sociedad civil que nos repartimos fracciones iguales de la soberanía y no los poderes constituidos como son el presidente, los congresistas o los magistrados; Tenemos el derecho a participar en todas las discusiones sobre nuestro destino individual o colectivo, ya que el poder nos corresponde, y que en los momentos de crisis, como el actual, están obligados a consultarnos a todos nosotros. 

Cuando la democracia entra en crisis, la solución no es suprimir las instituciones o las acciones democráticas, sino al contrario, se debe inyectar más democracia y crear más instituciones y mecanismos de democracia directa. Porque como dijera Emmanuel Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente.”.

Las constituciones, como dijo Sieyes, son llamadas fundamentales, no en el sentido de que puedan llegar a ser independientes de la voluntad del pueblo,  “sino porque los cuerpos que existen y obran gracias a ellas no pueden tocarlas ni violarlas. En cada una de sus partes la constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. Ninguna clase de poder delegado puede cambiar nada en las condiciones de la delegación”.

Para Rousseau el soberano-Para el pueblo-no es obligatoria ninguna ley, ni siquiera el pacto mismo (la constitución) “no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aún el mismo contrato social”. El gobernante no es para Rousseau el titular de la soberanía sino el ejecutor de la voluntad general, por eso define el gobierno como “un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. Si el gobernante usurpa la soberanía, el pacto social se destruye y cesa la obediencia del gobernado; “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”. Rousseau considera que el único contrato social es el de la asociación y éste excluye a todos los demás. “El acto que instituye un gobierno es una ley; los depositarios del poder ejecutivo son funcionarios del pueblo, que este puede nombrar y destituir cuando les plazca”.

Similares principios se habían plasmado antes en la revolución americana. Tomás Jefferson, principal teórico de los revolucionarios norteamericanos, afirmaba que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres y tienen determinados derechos congénitos: a vivir, a poseer bienes, a la felicidad y a la seguridad. Los gobiernos los forman los hombres, y los instituyen para que les garanticen esos derechos, pero incluso después de la institución de los gobiernos, los pueblos continúan siendo el poder supremo, y las personas investidas de poder son sus representantes. Si el gobierno deja de garantizar la dicha y la seguridad del pueblo, la mayoría de éste tiene el derecho inalienable de “reformarlo”, cambiando e incluso “destituirlo”, procediendo del modo necesario para asegurar el bien general del pueblo”.

Thomas Jefferson, uno de los padres de la constitución norteamericana. quién sostenía que el mundo era de los vivos y no de los muertos y que cada generación tiene el derecho darse su propia constitución cómo aparece claro en la carta que dirigiera el 12 de julio de 1816 a Samuel kercheval y donde dice:

 “Cada generación es tan independiente como la anterior, como lo fue de todas las anteriores. Tiene entonces, como ellos, el derecho a elegir por sí mismo la forma de gobierno que crea más promotora de su propia felicidad; en consecuencia, para acomodarse a las circunstancias en las que se encuentra, la que recibió de sus antecesores; y es por la paz y el bien de la humanidad, que la constitución debería brindar una oportunidad solemne de hacer esto cada diecinueve o veinte años; para que pueda transmitirse, con reparaciones periódicas, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos, si es que algo humano puede soportar tanto tiempo.” Con Jefferson coincidirían los jacobinos para quienes “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras.”.

Propuestas de constituyente

Debemos recordar, que quienes se oponen a la constituyente nada dicen de que la constitución de 1991 ya ha sido reformada a espaldas del pueblo 56 veces, casi 2 actos legislativos por año y en la mayoría de los casos no para profundizar la democracia y la justicia social, sino para envilecerlas. Es hora ya de que se reforme de cara al pueblo y por el propio pueblo soberano. Por eso vemos positivamente que otras voces se unan a nuestra propuesta de constituyente; sin embargo, debemos advertir que existen diferencias entre la nuestra y las otras.

Las candidaturas para la asamblea constituyente

Mientras unas proponen amarrarlas a la clase política -de gobierno u oposición-, nosotros proponemos candidatos independientes, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, con el fin de que no la capturen los partidos políticos o los grupos de interés económicos. Para esto los requisitos para ser candidatos deben ser mínimos y exigir muy pocos apoyos de firmas, sin pólizas, que fue lo que permitió en Chile,los representantes de la sociedad civil, sacaran más de las 2 terceras partes de los elegidos, y que todos los partidos políticos o movimientos tradicionales eligieran menos de la 3 parte de los delegatarios. 

La constituyente, debe ser paritaria, esto es igual número de hombres y mujeres, tener representación de ciertos sectores por derecho propio (Indígenas, afros, etc.) y debe existir una circunscripción especial para jóvenes entre 16 y 26 años para que hagan oír su voz, directamente, sin intermediarios.

Se debe inhabilitar para hacer parte de la constituyente a todas las personas que un año antes de su convocatoria, ocupaban cargos públicos, como congresistas, magistrados o miembros del gobierno, ministros y jefes de departamentos administrativos, superintendentes, gobernadores o alcaldes y  todos los expresidentes de la República.

Algunos temas 

Dentro de los temas de que debe ocuparse la constituyente, están la lucha contra la corrupción y la impunidad, las reformas a la salud, al trabajo y a la educación, los derechos de las víctimas de la violencia, la reforma electoral, comenzando por abolir las donaciones de particulares a las campañas políticas, de acabar con los dineros de las mafias o de la corrupción (Odebrecht), las reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del Congreso, de la justicia, la redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial; la libertad e igualdad de los colombianos; el derecho a la vivienda, que defina la paz, incluida la total, o la que es más importante: la paz con justicia social; la preservación del medio ambiente, que sustituya las fuentes de energía contaminante por energía limpia. la lucha contra el desempleo y la pobreza, la renta básica universal, entre otros.  

No podemos dejar que estas ideas desaparezcan del debate social y político.

Como no hay duda de que existe una relación dialéctica entre instituciones y estructuras, el lugar natural para crear esas instituciones es una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, soberana, con inclusión de las organizaciones sociales y la sociedad civil, con la asistencia de personas independientes que diseñe las nuevas instituciones, que haga posible los cambios estructurales, que les de derechos y justicia social a todos los colombianos

Para enfrentar esta profunda desigualdad social, es necesario hacer cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad y distribución de la riqueza y las leyes que la sustentan. Para impulsar esta propuesta nos hemos constituido, como Consejo promotor de esa Asamblea Nacional Constituyente. 

Como decíamos, en esta misma revista:

“No ignoramos que los primeros enemigos de la constituyente, son los poderes constituidos y que tanto la izquierda como la derecha la miran con recelo, la primera porque cree que es una vía para reencauchar a Uribe y la segunda, porque cree que el presidente actual se perpetuaría en el poder. La constituyente chilena acabó con el argumento que se esgrimía allá y qué es recurrente entre la fementida izquierda colombiana que también le tiene temor al pueblo, que la Constituyente sería una oportunidad para el pinochetismo (o uribismo en Colombia), y no para los sectores democráticos pero finalmente demostró que los independientes y los demócratas pueden constituir mayorías en la constituyente aún en sociedades que han sido objeto de dictaduras. "

 

DIAGNÓSTICO PARA LA PRÓXIMA GUAJIRA, INGREDIENTES PARA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Por Armando Pérez Araújo

Está empezando una nueva década llena de problemas y expectativas. Seamos optimistas y digamos que llegó atiborrada de esperanzas de cambio y hablemos sólo de ese cargazón de perspectivas positivas que son las mismas que tiene el resto de los colombianos, más unas muy locales y complejas que constituyen la única o mejor opción de transformación, justicia y cambio real. La primera y gran tarea que tenemos consiste en identificar a cuál de las tantas trabas sociales que aquejan a La Guajira tendríamos que darle el carácter de principal objetivo para derribarla. Sin temor a equivocarme debo decir que lo más considerable y jodido de los tantos asuntos que interfieren nuestra particular dinámica de cambio es todo aquello que tropieza con lo que podríamos denominar como los DERECHOS DE ACCESO A LOS DERECHOS, que en el caso concreto de La Guajira se refieren a derechos de gran jerarquía social y democrática: Empecemos por el Derecho al Acceso al Derecho a la Participación que aquí no existe y sigue aplastado, muy a pesar de haber sido considerado esencial para la apertura democrática del país en la configuración del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba. Allí se acordó que era indispensable ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr las bases para forjar la paz, resaltando que era necesario entender que la construcción de la paz verdadera es asunto definitivamente de todos, de la sociedad en su conjunto y requiere de la participación efectiva de todas las personas sin distinción. En este orden de ideas, la ciudadanía debería convidar a partidos y movimientos políticos democráticos con representatividad local, y a las organizaciones sociales ideológicamente afines, a conformar una unión de fuerzas alternativas alrededor de la paz real con justicia social real en La Guajira y comenzar a trabajar en temas de participación efectiva de todos los sectores. Por diferentes razones, nuestra primera sugerencia es hacer posible el acceso a la participación política y democrática de los sectores indígenas, partiendo del indiscutible presupuesto de que es urgente hacer efectivo el acceso al respeto a la diversidad étnica y cultural. Esta fundamental decisión no debería esperar ni suscitar ninguna discusión, dado el enorme respaldo normativo, nacional e internacional que tiene esta causa social y la representatividad numérica de una decisoria población indígena, ya que estamos hablando de no menos del 50% del censo total departamental, lamentablemente excluido durante toda la vida. No obstante lo demoledor del argumento anterior sabemos que hay corrientes retrógradas, unas, otras simplemente egoístas e imbéciles, que no quieren o no les convienen saber nada del respeto a la diversidad étnica y cultural. Hagamos entonces un poco de pedagogía con este emblemático punto y destaquemos que el derecho de participación de los indígenas aparece en teoría consagrado y reconocido en la Constitución Política y en cuanta ley y tratado o convenio internacional existe, pero, al mismo tiempo, frenado con miles de talanqueras para hacer efectivo el acceso a tan importante derecho. La prueba reina de este desajuste es que en el Acuerdo de La Habana el Capítulo Étnico del documento suscrito se limitó a ratificar la normatividad en materia de derechos indígenas y recordarnos los principios de no regresividad y progresividad de los mismos. Permítaseme advertir y recalcar que porque he sugerido la prontitud con la que habría de asumirse el indispensable acceso a la participación de los indígenas en la toma de las decisiones políticas, no significa de ninguna manera que hemos desestimado la importancia del acceso a esos mismos esenciales derechos de otros sectores siempre marginados, por ejemplo, la población afro discriminada, la agenda social de la mujer y de jóvenes políticamente discriminados, lo cual es absolutamente indispensable para darles el carácter de sujetos políticos en la vida pública de La Guajira y alcanzar el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. El compromiso del Estado al suscribir el Acuerdo de La Habana fue distribuir equitativamente los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos que ejerzan oposición política y darles de esa manera mayores garantías para esa tarea democrática, lo cual constituye una trascendental medida que no espera un minuto político más, mucho menos la revisión integral del régimen electoral, que en el caso de La Guajira merece un capítulo aparte.

 

 CARAJADAS CONSTITUCIONALES, A PROPÓSITO DE UNA EVENTUAL ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Por Armando Pérez Araújo

No es posible avanzar en este reiterado planteamiento nuestro de defender integralmente a La Guajira, sin respirar profundamente y reflexionar sobre el significado y alcance del vocablo TERRITORIO. Pensamos que aquí es donde está el meollo de la confusión reinante en esta materia clave de la realidad social de esta región política del país, por lo tanto, es menester realizar unas mínimas precisiones: la primera que se nos ocurre proponer es que tengamos que admitir que esa realidad está amarrada a la propia realidad de la etnia wayuu. Admitamos que esta afirmación es incuestionable e indiscutida, hasta por quienes miran por encima de sus hombros la connotación histórica y política del pueblo indígena, por lo que, podríamos deducir que lo que sigue es comprender que hay asuntos, entre ellos la territorialidad del pueblo wayuu, que no se puede ni debe eludirse, a la hora de pretender la defensa de los intereses y derechos de La Guajira. Además de perverso sería absolutamente desconcertante e insensato que en vez de acudir a la territorialidad wayuu se elija prescindir de ella a la hora del debate jurídico y la propuesta político administrativa, que es lo que lamentablemente viene ocurriendo de forma inveterada. Políticos, académicos y líderes sociales, claro, con distinguidas excepciones, acuden a la palestra de las corporaciones públicas, a las columnas de opinión, a los micrófonos de la radio y la televisión, a los escenarios de gobierno, etcétera, a defender, por ejemplo, el comercio fronterizo, la estabilidad jurídica de los puertos de la Alta Guajira, en fin, el universo comercial y aduanero de La Guajira, prescindiendo de la argumentación de fondo que no es otra cosa que la respetabilidad constitucional del territorio wayuu. Les produce urticaria utilizar el argumento territorial wayuu porque saben que ello tendría que desembocar en la autonomía, el gobierno propio, la consulta previa y todo lo que ellos llaman carajadas constitucionales del derecho de los indígenas. Este intento de frenar el desarrollo de las garantías indígenas es lo que ha generado un ambiente de desterritorialización de La Guajira y ha convertido el sagrado escenario territorial indígena en una especie de extenso y caótico potrero sin normas de protección para ninguna actividad. Usted, amiga lectora y amigo lector, póngase a pensar, con qué cara nuestros personajes, nos referimos a los que mandan en la política de La Guajira, van a luchar por los efectivos privilegios territoriales del pueblo wayuu, si ellos, estos personajes nuestros, son los crasos usurpadores de esas garantías constitucionales. Revisen municipio por municipio y nos dirán. La pregunta que sabemos que les surgirá es la siguiente: ¿entonces, ¿cómo lo hacen?, ¿cómo hacen para no mencionar los intereses wayuu, siendo que ellos son tan evidentes, en una de tantas reuniones con las esferas del poder central? Se la responderemos de la siguiente forma: claro que sí hablan de los intereses wayuu, pero de otra manera: Si el tema es la normatividad portuaria, por ejemplo, resaltan las estadísticas que indican la mano de obra wayuu utilizada en el cargue y descargue de los barcos, advirtiendo que estaría abocada a un cese laboral forzoso. Incluirían el potencial desempleo de choferes indígenas de tanta cantidad de camiones parados, el lucro cesante de pequeños y medianos capitales de indígenas invertidos en el parque automotor amenazado, también que las mujeres indígenas quedarían cesantes en su oficio de cocineras en los puertos. Ah, dizque a los niños wayuu se les encimaría otra causa de morbilidad y mortalidad, y, si el tema es el comercio de Maicao, ocurriría lo mismo, es decir, idéntica argumentación más la connotación fronteriza. Jamás de los jamases esgrimirán la argumentación constitucional de la defensa del territorio wayuu como arma jurídica. Aunque no cuaje como razonamiento válido, aunque parezca estrambótico, a La Guajira le tocará empezar a razonar y entender que el camino de la paz y del desarrollo es la territorialidad wayuu. Montesquieu y Rousseau, que fueron los primeros en precisar el alcance de este término político, enseñaron que territorio es una extensión de tierra donde habita una colectividad humana con una “autoridad definida”. No nos digamos mentiras: eso aquí lo tenemos como un simple adorno retórico de nuestra Constitución Política.

 

 

CARROTANQUES y los 6 criminales de Lombroso

Por Armando Pérez Araújo

Varias lecciones hemos aprendido de las disímiles versiones del escandaloso chanchullo de carrotanques de La Guajira. La sola palabra carrotanque quedó estigmatizada por culpa de las travesuras del doctor Olmedo y sus poderosos amigos del partido conservador y demás aliados.  La otra expresión, La Guajira, viene siendo desacreditada desde hace décadas por cuenta de la oprobiosa agresividad discriminatoria en el plano territorial y por los señalamientos de la generalizada corrupción que exageradamente se le atribuye. En este caso de los carrotanques, la prensa y la gente se han encargado de repartir información al por mayor, con tanta generosidad, que el país se ha enterado y comprobado que estamos frente a una increíble cadena de delitos del orden nacional, cometidos por miembros de un bien entrenado enjambre de politiqueros, suficientemente adiestrados, consagrados y comprometidos, más allá, de las simples implicaciones que el ciudadano común y corriente le achaca al masacrado Olmedo López, director saliente de la desprestigiada UNGRD. Dicho sea de paso, este personaje de la farándula política paisa, se dice que debió haber llegado a la entidad con el beneplácito adicional y colectivo del sanedrín del presidente Petro, toda vez que provenía de una poderosa fuerza política, llamada dizque decente, que se dice estuvo apoyando la campaña presidencial del actual mandatario. Todo esto para afirmar que esa inapropiada rutina, es decir, la arraigada tendencia de la godarria de cogobernar con el presidente Petro, apoyándose sin sonrojarse ni avergonzarse en el prestigio y popularidad de éste, estragando y aprovechando el presupuesto de las comunidades en beneficio propio, que es lo que viene ocurriendo en el caso de marras y en la generalidad de asuntos en los que se han tirado la imagen y estabilidad del gobierno progresista que hemos elegido.

Por todo lo anterior me atrevo a decir que no sería justo que a Olmedo López se le cuelgue el inri de ser el único titular del rol de ser el jefe y responsable de la coordinación de las tareas relacionadas con el negocio de los desacreditados vehículos transportadores del inexistente líquido. La gran verdad, es que él, Olmedo, vendría siendo como una especie del súcubo, que es algo así como la víctima fatal del engranaje politiquero y criminal, según la estricta clasificación realizada por Lombroso, Garófalo y Ferri, fundadores o representantes del positivismo criminológico, conocido también como Nuova Scuola de la ciencia penal.

 Lo cierto es que el tamaño del cipote embrollo y la cantidad de personalidades enredadas en este negocio de los carrotanques y quién sabe en cuántos otros, revelan que se trata de una gran cantidad de personas y personalidades por fuera de la ley y decencia del gobierno, comandadas por un conocido Senador de la República, quienes conformaron bajo el mando de éste un entramado delictivo que controla no sólo el portafolio de un centenar de carrotanques y supuestamente veinte carros de bomberos, sino también el rentable y criminal renglón de la compraventa masiva de votos en territorio indígena, auspiciada y alcahueteada por líderes locales y departamentales.

La estructuración de este fenómeno es tan evidente e inequívoca que llegué a pensar, porque ello salta a la vista, que habría un asunto atinente al fenómeno de la victimización que, de acuerdo con la doctrina victimológica, en este caso concreto, debería hacerse una rigurosa clasificación, usando los tres criterios básicos estructurados al momento de la producción del daño victimal, lo cual impondría la necesidad de analizar desde la víctima propiciatoria, Olmedo, y del comisor, individual y colectivo, asunto que no está individualizado.

Para justificar un poco al doctor Olmedo López, sin pretender exculparlo del todo, veo más expedita la vía recomendada y desarrollada por Lombroso en su Tratado antropológico experimental del hombre delincuente, se dice que, con marcada influencia de Charles Darwin, para lo cual tendríamos que ocuparnos de examinar, caso por caso, delincuente por delincuente, el cráneo de los seriamente implicados, ojalá de todas y todos ellos, para establecer si en la plataforma delincuencial real del negocio de los carrotanques, estaríamos en presencia de criminales natos, advirtiendo que este tipo de delincuente tiene rasgos físicos concretos como un cráneo pequeño, la frente hundida o un abultamiento de la parte inferior de la cabeza. A nivel psicológico, destaca su carácter impulsivo, cruel, con falta de sentido moral e insensible. O podríamos estar azotados por la presencia del prototipo del Delincuente loco moral, que según la regla lombrosiana, este criminal debería tener un cráneo con una capacidad igual o superior a la normal, pero suele tener una mandíbula voluminosa. Los rasgos distintivos se encuentran sobre todo a nivel psíquico, es decir, personas antipáticas, egoístas, vanidosas e inteligentes, así como crueles e indisciplinadas. También deberíamos saber si dentro del combo habría un delincuente epiléptico, porque para Lombroso la epilepsia es un rasgo de criminalidad y considera a los delincuentes que la padecen como más peligrosos que los locos morales. Se dice que son vagos, destructivos, muy violentos y con tendencia al suicidio. Otro caso para dilucidar sería el del Delincuente pasional. En este caso, Lombroso no fija rasgos físicos concretos, pero sí una horquilla de edad, entre los 20 y los 30 años. Más de un tercio de los delincuentes pasionales son mujeres, según el médico italiano. En general, muestran conmoción tras el acto criminal y tienden a confesar y suicidarse tras realizarlo. De la misma manera mirar la posibilidad de hallar al Delincuente loco, resaltando que este tipo de delincuentes son enfermos mentales que no son responsables de sus actos al carecer de capacidad de razonamiento. Hay tres tipos de delincuentes locos: el histérico, el alcohólico y el mattoide. Este último es el que delinque por impulso, cruzando la línea de la cordura y la locura. La otra posibilidad es que estemos ante el caso del Delincuente ocasional, en el entendido que Lombroso divide esta categoría en tres subtipos, tales como los Pseudo-criminales, que son aquellos que cometen delitos involuntarios y menores, como hurtos, incendios o actos en defensa del honor. Criminaloides, que son el tipo de personas que tienen empatía y cometen delitos que no cometerían en situación normal, presionados por las circunstancias. Por último, pensemos en aquellos delincuentes Habituales o profesionales, que son personas que delinquen desde la infancia. Las circunstancias personales de estos prototipos les impulsan a cometer más delitos hasta convertirse en profesionales.

 

 

CURIOSIDADES DE LA CONSTITUYENTE

Por Armando Pérez Araújo

En el caso de los ex constituyentes veo con especial curiosidad que quienes fueron constituyentes en la asamblea del 91, por ejemplo, Navarro, de la Calle, Verano de la Rosa, etcétera, parece que no soportan que exista la posibilidad de que este gobierno convoque una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda, se trata del síndrome de Salomón, cuya principal característica es la envidia, sentimiento que afecta fundamentalmente a personas con problemas de seguridad y de amor propio. Se dice que sus miedos a perder su jerarquía o a que, otra persona, se destaque en lo que creen que son irreemplazables. Están fundamentados en la propia percepción de sí mismos, normalmente marcada por un gran sentimiento de inferioridad. Esta inmodestia tiene el agravante de que estos personajes por una u otra razón han perdido el norte de la constitucionalidad social del país y siguen creyendo que la que fue llamada la carta de los derechos está perfectamente implementada y pervive sin tropiezos.

El caso de Vargas Lleras no es el menos curioso. El ex vicepresidente, que creíamos estaba en uso de buen retiro, casi que más allá del bien y el mal, en materia electoral, saltó contra todo pronóstico a la palestra política, no haciéndolo de cualquier manera, sino abrazando estrepitosamente la causa de la Constituyente, según él para frenar y derrotar frenéticamente las reformas del presidente Petro.  Su otrora demoledora facilidad de expresión, incluso, su tremenda oratoria, quedaron deslucidas en entrevistas que ofreció a tutiplén, seguramente por falta de entrenamiento y por los estragos del inclemente paso del tiempo. Lo curioso es que él, Vargas Lleras, que es tan curtido en la ingeniería electoral dominante, esté convencido de que en la gran carrera para integrar la Asamblea Nacional Constituyente jugarán determinantemente los numeritos de las tradicionales encuestas habituales. No señor. Las cuentas son más elementales que eso. Las matemáticas de una moderna campaña por los nuevos derechos, y por los derechos incompletos de la sociedad colombiana, incluyendo a los excluidos de siempre, incluso, a los excluidos de las encuestas de siempre, más unos nuevos temas sociales que los viejos exponentes de la caduca política ya no pueden manejar. Puede estar seguro el doctor Vargas Lleras que a esa gran asamblea plural democrática también acudirá gente con banderas progresistas, hacedores de paz, hombres y mujeres libres de las diferentes regiones del país, gente sin partido, indígenas y afros, jóvenes y mujeres, nuevos millones de personas que jamás han sido encuestadas. El sólo hecho de que el doctor Vargas Lleras anuncie que sería candidato a integrar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Petro, sólo para frenar o derrotar a Petro, es decir, para hacer lo mismo que está haciendo la mayoría del Congreso, además de curioso, resulta de un inmenso interés electoral para esas grandes mayorías de la profunda Colombia que votará masivamente en contra de esas posturas insensatas, pero con la esperanza de la transformación del país.

A mí, personalmente, me asalta la curiosidad política, de poder ver en el tinglado de la eventual carrera electoral por la integración de una Asamblea Nacional Popular Constituyente, en donde estén personalidades de la política y el derecho como el doctor Jaime Araújo Rentería, nuestro candidato de la Causa Colombia, ventilando propuestas como la de una moderna reforma política, o el diseño de una nueva democracia federal, con un concepto adelantado sobre las autonomías, por ejemplo, enfrentado a los cascarrabias del viejo país de siempre.

 

ARTÍCULO PARA RECORDAR

Frontera y boquetes

Por Armando Pérez Araújo

La noticia incompleta sobre la reapertura incompleta de la frontera incompleta entre Colombia y Venezuela ha generado más dudas que certezas. Por un lado, es muy poco lo que se ha difundido respecto a la frontera del lado de La Guajira, porque parecería que los preparativos se han centrado en lo que sería, según el presidente Duque, una precaria apertura controlada y progresiva por los lados del Táchira y Norte de Santander, diciéndose muy poco e inadecuadamente respecto a los remiendos que urgen a los destrozos infligidos a la economía social y territorial del pueblo wayuu, ámbito jurisdiccional que ocupa un importante segmento de los dos mil y pico kilómetros de la extensa frontera de ambos países. Sería más lógica y obvia la estimulación de una amplia y entusiasta reapertura de las fronteras respectivas, claro, sin detrimento del marco regulatorio normal de cada país, ni mucho menos del respeto a la diversidad étnica y cultural. El evidente estallido social colombiano, sin necesidad de mencionar la suerte de nuestro país vecino, que amenaza, incluso, la estabilidad de nuestro blandengue sistema democrático, especialmente en estas regiones periféricas de nuestra economía, convidan a pensar y recomendar soluciones de choque, no importa que sus simples anuncios impliquen estruendosas estampidas temporales, que deberán interpretarse como las cantilenas naturales del indispensable cambio que todos esperamos con anhelo. La clausura de la frontera colombiana con el Zulia no sólo despedazó los lazos de la economía de ambos países, sino que fracturó la columna vertebral del territorio ancestral de un importante pueblo indígena americano que comparte la frontera de ambos países. Aquí no basta que se retiren los contenedores que allá en el Táchira fueron el emblema de la ruptura y trabas a la movilidad, será necesaria, además de quitar esos estorbos físicos, la restauración del daño moral y jurídico a la estructura jurisdiccional del funcionamiento social y económico, repito, de una de las etnias más importantes del continente americano, entre otras poblaciones igualmente vulnerables. No bastará, para el caso de La Guajira, que se reanuden los servicios consulares y comiencen, estrepitosamente o no, a moverse los músculos de la economía regional y nacional, será necesario, mejor, indispensable, que se restauren e indemnicen los daños y quebrantos ocasionados por los impactos y destrozos a la unidad territorial del pueblo wayuu, insisto, entre otros. No es pertinente en esta ocasión hacer el esperado juicio de responsabilidades individuales a Maduro, Duque o Trump, o a los tres mancomunada y solidariamente. Lo que será siempre inevitable resaltar es que en La Guajira colombiana han escaseado los dolientes que se las tiran de políticos y es la hora que aún no aparecen los poderosos congresistas ni mucho menos los gobernantes competentes. Por fortuna, y gracias a lo que los académicos de la geografía denominan fronteras porosas, aquí existen y ayudan las fraternales trochas que son una especie de boquetes por donde se cuelan los alimentos, la cultura y otros elementos esenciales para la vida cientos de miles de ciudadanos hermanos.

Considero útil citar la conclusión de Francesca Ramos, parafraseando a Eduardo Galeano con sus venas abiertas de América Latina, cuando registró una de sus opiniones en el Observatorio de Universidad del Rosario resaltando que la “frontera entre Colombia y Venezuela es mucho más que una serpenteante línea de 2.219 kilómetros de sierras, ríos y arenas en la península guajira. Justamente allí, en La Guajira, donde se mece en las arenas del desierto una nación entre las naciones, los wayuu llevan siglos transitando de un lado a otro porque ellos no reconocen ‘lados’, sino un vasto territorio sagrado para comerciar lo básico”.