jueves, 27 de diciembre de 2012

CARTA # 2. A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y LA GUERRILLA


Caribe colombiano, diciembre 2012


Señores
Miembros del Gobierno y Guerrilla
La Habana

Apreciados señores:
Espero que hayan tenido en cuenta mi anterior carta y no olviden que ese es uno de tantos ajustes que el pueblo colombiano desea que se aplique en materia de política rural. Empecemos por recomendarles que lo que dicta el buen sentido ahora es que la Reforma Agraria, como Dios manda, llegue después de las reuniones de ustedes en la Habana. Eso no significa que la Reforma Agraria sea un tema aplazable por naturaleza. No. Lo que significa es que es un asunto complejo y difícil, pero supremamente esencial para la paz perdurable y estable de nuestra sociedad. La paz que necesitamos. Pero la construcción de los pivotes sí es ahora, es decir, las directrices, las reglas, la filosofía, como se prefiera llamar, obviamente, esos sí tendrán que preverse ahora en Cuba. Además, porque se trata también de desmontar las "reglas" del crecimiento del latifundio ocioso, de la irracional acumulación y concentración del control de la tierra en muy pocas manos en nuestro país. Si se me permite la contradictoria expresión la Reforma Agraria, siendo esencial y prioritaria para la paz de los colombianos, se convirtió gradual y fatalmente en un asunto subalterno, gobernado por dos estructuras satánicas del poder real en nuestro país, inimaginables en cualquier democracia del mundo, en cualquier época de la historia de la humanidad: me refiero a Corrupción y Narcotráfico, concurrentes y complementarios en el proceso de generación de la prolongada violencia colombiana. Sobre la demolición de estos monumentales edificios hay que trabajar ya.

Ahora bien, la política sobre el desarrollo agrario integral colombiano comprende un aspecto muy ancho del constitucionalismo social de este país nuestro, afectado como pocos por el precario nivel de desarrollo del campo. Se me ocurre que si buscamos una única receta para propugnar por un buen desarrollo agrario integral vamos a tener más dificultades que coincidencias políticas, por ello me atrevo a sugerirles abandonar esa compleja vía troncal de la estrategia y sustituirla por la suma de otras pequeñas y numerosas vías que desemboquen en ese anhelo integral del desarrollo agrario colombiano, previo a una gran Reforma Agraria. Está muy bien que por fin se fortalezcan las reservas campesinas, que se piense en efectivas garantías de seguridad alimentaria y salud pública para los ciudadanos del campo, que se asegure el acceso tranquilo a la propiedad agraria productiva, en fin, que se piense en el bienestar integral de los actuales habitantes del campo, pero sobre todas las cosas hay que estimular el urgente e indispensable regreso del campesino actualmente anclado en las franjas de hambre de nuestras ciudades capitales, atrayéndolo, proponiendo establecer seductoras ciudadelas campesinas, con amplia dotación social en materia de vivienda digna, servicios públicos esenciales, colegios, institutos técnicos y universidades al alcance de estos nuevos ciudadanos del campo colombiano.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Derechos Humanos y Empresas (parte 4)

Por: Armando Pérez Araújo
Quiero proponer una nueva Debida Diligencia:
Uno de los asuntos, repito, uno de tantos, que constituyen la denominada Debida Diligencia de las Empresas en materia de Protección y Respeto de los Derechos Humanos es el de los mecanismos No Judiciales de reclamación por agravios. Sobre este punto hay bastante tela que cortar. Una de las tareas se refiere a la necesidad de implementar, al interior de las empresas de gran tamaño, obviamente, un Sistema de Administración de Quejas, que en algunos casos ya se viene manejando, sin que ello signifique que la estrategia esté plenamente desarrollada. Cinco empresas de gran tamaño a nivel mundial, Cerrejón, Sakhalin Energy, Esquel, Tesco y Hewlett Packard, dieron el paso y se erigieron en pioneras y pilotos de esta experiencia y novedoso mecanismo, inspirado desde ese momento en las insinuaciones de las Naciones Unidas, alrededor de los principios elaborados por el señor Jhon Ruggie. El secreto de este experimento consiste en poner en práctica la estrategia de hacer un procedimiento de quejas legítimo, accesible, predecible, equitativo, compatible con los derechos, transparente y basado en el diálogo. Esta cultura de tomar el toro por los cachos, en cuanto a abordar bilateralmente y mediante el diálogo reglado el manejo de las quejas, insisto, aún se está edificando y se halla en vía de desarrollo y crecimiento, lo cual, sea como sea, representa un avance, digno de reconocimiento. Este modelo tiene como uno de sus fundamentos, para que sea usado como una vía expedita de búsqueda de solución, que sea creíble y confiable. Recientemente fuimos consultado por el El Instituto de Derechos Humanos Ludwig Boltzmann de Vienna, Austria, que expresó el interés de sopesar los avances y resultados de estas buenas prácticas, de las empresas mencionadas y, además de GAP/Lesotho y Hewlett Packard/México. Esto lo que demuestra es que es permanente y creciente el interés en el mundo de las Empresas y los Derechos Humanos, sobre el funcionamiento efectivo de estas estrategias no judiciales, en el marco de la Debida Diligencia.
La propuesta que desearíamos sea estructurada y aprobada va dirigida al sector empresarial, y no por ello ajena a la sensibilidad de las esferas del Estado y la sociedad civil, y consiste en que las Empresas que por su tamaño y características tengan necesidad y deseo de avanzar en la correcta diligencia de proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, dentro del novedoso marco de las Naciones Unidas, procuren la adopción de un Reglamento que contenga las normas de funcionamiento de una instancia mixta, es decir, un escenario conformado por expertos en Derechos Humanos, internos y externos, a fin de seleccionar con la mayor objetividad e independencia casos de especial connotación y buscar soluciones definitivas de las correspondientes controversias judiciales o extrajudiciales. La diferencia con el mecanismo actualmente en funcionamiento es que éste, el que estamos proponiendo, no se active por el impulso de una queja. Es algo más especializado y comprometido con la protección y respeto de los Derechos Humanos. Otra diferencia, clave y esencial, que la convierte en un modelo elocuentemente creíble, es la composición mixta de los integrantes del colectivo que dirija la novedosa estrategia.
La iniciativa en esta materia, es decir, la configuración, aceptación y aprobación legal del mecanismo, deberían asumirla directamente las empresas, de manera unilateral y voluntaria, lo cual no impide que lo sea también por intermedio de los gobiernos interesados en que las empresas instaladas en su jurisdicción actúen dentro de ese mismo marco, dado que ello, además, generaría un importante factor de descongestión de despachos judiciales, pues, no solamente abocaría casos judiciales susceptibles de ser conciliados, sino que evitaría que buena cantidad de asuntos controversiales caigan en la engorrosa y costosa esfera jurisdiccional. Resaltemos que estamos haciendo referencia a temas y casos relacionados con la protección de los Derechos Humanos. Entiéndase, además, que estamos hablando de lo que claramente es una obligación para empresas privadas y Estados, abordar el respeto de los Derechos Humanos, como algo inherente y esencial a las obligaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La instancia funcionaría como un pequeño tribunal interno, que entre otras funciones tendría la de seleccionar casos cuya razonable percepción aconseje abordarse por esta vía.
La composición mixta de esta instancia interna tiene su explicación en la circunstancia de que una buena cantidad del torrente de controversias existentes, alrededor de políticas sobre Derechos Humanos al interior de las empresas, pertenece a la dinámica impulsada o aceptada por las jerarquías de estas organizaciones. No sería errado, pues, entender las bondades de un adecuado contrapeso.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Empresas y Derechos Humanos (parte 3)



Por: Armando Pérez Araújo.
Aprovechemos lo escuchado en el Foro de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, realizado en Ginebra durante los días 4y5 de diciembre del presente año, magnífico escenario donde estuvimos algo más de mil personas provenientes o representando alrededor de 85 países. Para empezar, resaltemos que el Consejo de Derechos Humanos estableció este Foro anual sobre las empresas y los Derechos Humanos bajo la dirección del Grupo de Trabajo, para que interesados de todas las regiones —incluidos Estados, instituciones internacionales, organizaciones regionales, empresas comerciales, sociedad civil, personas y grupos afectados y otros interesados pertinentes— pudieran entablar un diálogo y una cooperación acerca de cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos a fin de alcanzar el objetivo de la aplicación efectiva e integral de los Principios Rectores. Concretamente, el Foro debía facilitar el examen de las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores, incluidos los problemas de determinados sectores y ámbitos de operación o en relación con derechos o grupos específicos, así como la definición de buenas prácticas.
(tomado del texto de la plataforma organizativa del Foro)
En tal sentido nuestro aprendizaje a partir de este Foro no podrá ser otro que enfocarnos, principalmente, a plantear que se desarrollen de diferentes maneras las estrategias relacionadas con " el acceso a vías de reparación mediante mecanismos de reclamación a nivel operacional". Este interesante tópico será uno de los tantos asuntos que deberá constituir un avance como resultado de este privilegiado escenario de diálogo y cooperación multilateral de factores y actores.
Adicionalmente, concluyamos que tanto los Estados como las Empresas coinciden teóricamente en " la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos cometidos por empresas a vías de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales". Este punto no está en discusión, además, pertenece a la incorporación textual de los Principios Rectores sobre la Empresas y los Derechos Humanos.
Lo que también quedó claro, y ello constituyó una constante en las reflexiones y recomendaciones de los panelistas, es la necesidad de que los Estados afirmen y reafirmen su rol de autoridades obligadas a cumplir con las tareas de "prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia". Repito, eso quedó claro, pues no sería honesto el Estado que reclame de las empresas protección y respeto sobre los Derechos Humanos, si sus diferentes niveles y órbitas (ejecutivo, legislativo y judicial) han suprimido de sus políticas la agenda relativa al cuidado de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Y surgió, además, otra clara conclusión: que tampoco es honesto prescindir en el debate político del juicio a las autoridades encargadas de administrar y ejercer el control respecto a los poderosos recursos provenientes del ejercicio empresarial de las multinacionales, llámense impuestos o regalías. No se excluyen, pues, de éste examen de conciencia el Estado en sus diferentes niveles y esferas, las empresas y la ciudadanía en general, incluyendo en este último marco los dirigentes políticos y sociales regionales y nacionales.