martes, 13 de noviembre de 2012

Derechos Humanos y Empresas


Derechos Humanos y Empresas (1)
Por Armando Pérez Araújo

El tema de los Derechos Humanos y Empresas no sólo está de moda, sino que constituye un imperativo de sostenibilidad jurídica y moral, a la luz del derecho interno e internacional vigente y de estándares éticos acatados en el planeta tierra y sus alrededores. Cuando hablamos de Empresas para estos efectos, recalco, estamos hablando de las grandes organizaciones económicas de todos los niveles y sectores de la economía, incluyendo desde los más altos niveles financieros y bancarios hasta la muy controversial industria extractiva multinacional. Pero recalquemos también y de una vez por todas que no es posible tratar el tema de proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, por parte del empresariado multinacional o transnacional, sin antes exigir lo mismo y algo más a los Estados nacionales respectivos. Porque es a los Estados soberanos a los que les cabe la primerísima, esencial e ineludible obligación de proteger, respetar y remediar lo atinente a los derechos Humanos, de conformidad con la normatividad internacional en la materia y con elementales normas de decoro y pudor constitucional de cada país en particular. En Colombia nos hemos acostumbrado a lo contrario, es decir, a desresponsabilizar al Estado de sus obligaciones elementalísimas y mayores, como son las inherentes al respeto y cuidado de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Para demostrar el aserto anterior tengo a la mano el ejemplo de lo ocurrido al respecto en La Guajira, con el cual basta y sobra para realizar un nutrido debate sobre el coyuntural tema. Empecemos diciendo que el Estado colombiano, en sus diferentes niveles y esferas, ha estado ausente en La Guajira para todo aquello que le compete en la órbita social del impacto minero, tal vez en el absurdo entendido que de esa manera distante las multinacionales actuantes se sintieron mejor atendidas y agradecidas, también, hay que reconocerlo como explicación pero no como justificación, por la carencia de fortaleza institucional para actuar.

Hemos predicado por muchos años la tesis de que una cosa es la responsabilidad social empresarial y otra mucho más robusta y musculosa, la del Estado, que deviene del poder soberano, administrativo y jurisdiccional, en lo que constituye la obligación de proteger, respetar y remediar lo concerniente a los Derechos Humanos. La responsabilidad estatal colombiana, a nivel central y descentralizado, ha estado ausente y huyendo, por ejemplo, en lo que compete al parámetro de los reasentamientos, voluntarios o no, y, además, ha contribuido a prohijar el malformado criterio de que las únicas responsabilidades en ese ámbito, estuvieron, están y estarán en cabeza de las multinacionales mineras, llámese Exxon o Cerrejón, o cualquier otra empresa nacional o extranjera. Semejante exabrupto es sólo comparable en su ridícula profundidad a la aseveración de aquél Fiscal Seccional ante el Tribunal de La Guajira, Cardona Idárraga, cuando afirmó o pretendió suponer que la expropiación, que es un negocio público por excelencia, que es de exclusiva potestad estatal adelantarla, en el caso de Tabaco fue instaurada por la particular y empresa extranjera Intercor, filial de Exxon Mobil. (ver la parte pertinente en la Crónica sobre la Destrucción de Tabaco www.rutajuridica.blogspot.com). Sigo con el ejemplo de los citados reasentamientos, advirtiendo que este punto me apasiona, pues fui uno de los que con más fuerza exigió de las autoridades estatales y de las empresas mineras, realizar lo que en ese entonces era simplemente una mala palabra: La Reubicación. Tuve la fortuna de hallar en La Guajira la oportunidad de comprometer el tiempo de mi familia y  el mío, y de arriesgar mi vida, inclusive, cuando fue necesario, para defender eso, tan simple y elemental, que implicaba el derecho a seguir viviendo de manera familiar y colectiva con todos los ingredientes del ahora famoso “tejido social”. No ha habido un solo caso donde no hayamos aportado un granito de arena en esa fundamental materia, en menor o mayor grado, por lo que resulta imperioso y útil expresar nuestro punto de vista sobre lo que constituye el elemento vertebrador de esta discusión de ahora y con seguridad de un poco más adelante, cuando el país esté forzado a examinar las obligaciones y derechos de las transnacionales sin estropear el equilibro requerido para no espantar la inversión extranjera ni mucho menos apabullar el respeto de los Derechos Humanos. Para explicar mejor lo anterior traigo a colación lo que está ocurriendo en Roche, Patilla, Chancleta y Tabaco. Los tres primeros corresponden a lo que se ha denominado reasentamientos y el último a un ejercicio pos judicial de reconstrucción física y del tejido social, cuyo inmediato origen emana de una Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que condenó, principalmente, al Estado colombiano, en cabeza del Municipio de Hatonuevo, a realizar tareas reconstructivas con el concurso de otras agencias oficiales y de los particulares involucrados en la destrucción del corregimiento. El contexto de la citada Sentencia estuvo concebido para proteger, respetar y remediar los Derechos Humanos, por parte del Estado, sin excluir, claro que no, a ninguno de los responsables, llámense entes públicos o terceros particulares. Ya habrá la oportunidad de explicar y defender este ejercicio judicial, enriquecido posteriormente con Acuerdos y Convenios, que hablan muy bien, además, de lo que debe ser una buena práctica de reconciliación y reparación. También el caso de Tabaco servirá para develar la existencia de microempresas económicas y politiqueras que han pretendido lucrarse promoviendo la inconveniente división de la comunidad para atajar o frenar el proceso. En este momento esa no es la discusión.

Lo concreto es lo siguiente: en cualquiera de los casos mencionados, y en otros que por ahora no se hace necesario resaltar, en este momento se pueden mostrar inversiones por parte de la empresa Cerrejón dirigidas a implementar la construcción de los nuevos poblados, con el ingrediente de que las nuevas viviendas vienen acompañadas de excelentes servicios públicos (agua 24 horas al día, etc., etc., que no tienen las mejores ciudades del departamento, incluida la capital, ver artículo Locomotora Social www.pensamientocaribe.blogspot.com). Ya no está en discusión si la empresa Cerrejón debe asumir o no obligaciones respecto a financiar estos reasentamientos, pues de hecho ya se ha echado al hombro en buena o aceptable medida esa responsabilidad. Los extremos que ahora están en el tapete son si Cerrejón debe asumir todo, y todo es todo, o si le cabe alguna o mucha responsabilidad al Estado colombiano en el manejo social del impacto minero. Hay quienes sostienen lo primero. Yo creo en que en esta como en tantas materias hay que ser equitativo y razonable. Pienso, sencillamente, que debe haber un límite claro entre una y otra responsabilidad. Milito en la ideología, y ahora no puedo dejar de ser coherente con ella, de que es inconveniente e insensato admitir lo que se ha denominado la captura del Estado por los particulares, y por lo tanto no podemos, insisto, desresponsabilizar al Estado en asuntos que resultan connaturales a su propia existencia y justificación como ente soberano. Cuando se me ha preguntado: ¿cuántas viviendas se construirán en el Nuevo Tabaco o en el Nuevo Roche o Patilla o Chancleta, Oreganal, Tamaquitos, etcétera? He respondido invariablemente: ¡las que sean necesarias!, siempre añadiendo que entre más soluciones reales contenga una decisión grande en términos de vivienda colectiva, acompañada de empleo productivo, educación de buena calidad, salud, etcétera, será mucho mejor para todos, incluyendo allí la minería, por supuesto, porque eso es bueno para la paz de la región, no la paz quimérica sino la paz real que todos nos merecemos. Pero una cosa es afirmar eso y otra creer que todo tiene que hacerlo, impulsarlo y financiarlo la empresa privada con sus ganancias o excedentes. Tendrá que aparecer por algún lado la responsabilidad jurídica y social del Estado colombiano trayendo más viviendas dignas, más colegios y universidades, instalando más proyectos productivos, haciéndose responsable de la salud pública de buena calidad, conduciendo la tarea de garantizar buenos servicios públicos. ¿Cómo podrá hacerlo?, es esa la pregunta. Pero pongámonos de acuerdo, primero, de que tiene que hacerlo con prontitud.

    

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