viernes, 17 de diciembre de 2010

Los Pueblos Indígenas en Colombia (Estudio de personal de Unicef)

LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA
Derechos, Políticas y Desafíos
2
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA
Derechos, Políticas y Desafios
Manuel Manrique
REPRESENTANTE DE ÁREA
PARA COLOMBIA Y VENEZUELA UNICEF
Sara Benjumea
OFICIAL DE POLÍTICAS BÁSICAS
Irene Rodríguez
OFICIAL ASISTENTE DE EDUCACIÓN
Bernardo Nieto
OFICIAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Sara Franky Calvo
OFICIAL ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
Esther Sanchéz Botero
AUTORA
Mauricio Salamanca
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Unicef
FOTOGRAFÍA
Impresión
GENTE NUEVA
© UNICEF, OFICINA DE ÁREA PARA COLOMBIA Y VENEZUELA
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA.
Se permite la reproducción parcial, siempre y cuando se cite su fuente
3
PRESENTACIÓN 7
Capítulo 1
Los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo 9
1.1. Los derechos humanos indígenas 10
- Derecho a la distintividad 10
- Derecho a lo propio 11
- Derecho al mejoramiento económico y social 12
- Derecho preferente 12
1.2. Los indígenas en la Constitución Colombiana de 1991 13
- Del Estado monocultural al multicultural y pluriétnico 14
- Reconocimiento del sujeto de derecho colectivo 16
- Los derechos de grupo de los pueblos indígenas 20
Capítulo 2
Análisis de la situación indígena en Colombia 23
2.1. Población y territorio 24
2.2. El movimiento indígena en Colombia 28
2.3. Condiciones de vida especiales 29
- Indígenas en la ciudad 29
- Indígenas aislados y amenazados 30
- Indígenas de frontera 31
2.4. Conflicto interno y violencia 32
- Conflicto armado y desplazamiento indígena 32
- Cultivos ilícitos 36
- Expansión narcolatifundista 38
- Resistencia indígena 47
- Minas antipersonales 50
4
Capítulo 3
Niñez, adolescencia y junventud en los pueblos indígenas 51
- Niños defectuosos o huérfanos Nukak Makú 52
- Registro civil de nacimiento 53
- Identidad y reconocimiento social 53
- Mínimos jurídicos 53
- Procesos rituales 54
- Niños indígenas trabajadores 54
- Niñez institucionalizada 57
- El desprecio de lo propio en los jóvenes 57
- Búsqueda de hombre blanco 58
- Servicio militar 58
Capítulo 4
Lo indígena en las políticas públicas 59
4.1. Salud y seguridad social 62
4.2. Seguridad alimentaria 63
4.3. Educación Intercultural 74
4.5. Neoliberalismo y pueblos indígenas 81
Capítulo 5
Desafíos para el Estado y la Cooperación Internacional 83
5.1. Propuesta de indicadores 84
5.2. Avances significativos 86
5.3. Obstáculos y dificultades 87
5.4. Tareas pendientes 87
5.5. Recomendaciones 89
5
es imperioso establecer un plan
nacional de emergencia para
proteger a los indígenas.
Si hay un sector contra el cual esta
guerra se ha ensañado de modo
particularmente feroz ése es el de
los indígenas.
Asesinados, desplazados o sitiados
en sus pueblos por paramilitares y
guerrilleros, emberas, kankuamos,
arhuacos, paeces y muchas otras
tribus están pagando un macabro
precio por el conflicto armado.
La Sierra Nevada de Santa Marta
viene siendo el centro de una guerra
cuyas principales víctimas son las
cuatro etnias que la habitan:
arhuacos, kankuamos, koguis y
wiwas. Nada más urgente que
atender con firmeza sus reclamos
de protección.
Homicidios, reclutamiento forzoso,
retenes, ‘vacunas’, chantajes para
desviar dineros de transferencias y
desplazamiento son el pan de cada
día para los indígenas de la Sierra
Nevada. Ellos se quejan, también,
de bombardeos del Ejército contra
sus territorios sagrados y de los
severos controles para el ingreso
de alimentos.
La más tremenda cuota la han
puesto los kankuamos, de la zona
de Atánquez, en disputa entre ‘paras’
y guerrilleros. Hay denuncias de 53
asesinatos y más de 150 familias
desplazadas.
En otra parte del país, en el bajo
Atrato, una oleada de suicidios entre
los indígenas embera, varios de ellos
de niños, puso de presente la terrible
situación que se vive a lo largo del
principal río del Chocó, región en la
que se disputan a muerte los grupos
irregulares.
Ésta es otra guerra ajena en la que
chamíes, tules, waunanas, katíos,
emberas y comunidades negras
están poniendo los muertos y el
sufrimiento, a extremos tales de
perturbación de su mundo que los
llevan al suicidio.
Un informe de la Defensoría sobre
el norte del Cauca, habitado por
120.000 paeces, habla de 54
asesinatos, 5 masacres y 2
desplazamientos masivos en esa
zona, entre septiembre del 2000 y
enero del 2002. Todo el país
recuerda la atroz masacre del Alto
Naya, que cobró un centenar de
víctimas y desplazó a 4.000
personas, muchas nativas. O el
asesinato de cuatro líderes
indígenas en dos poblados del
Darién panameño. Y las muertes a
6
bala de Augusto Lana Domicó,
gobernador de Porremia (Córdoba),
en abril, y de Gabriel Cartagena,
candidato a la alcaldía de Riosucio
(Caldas), en junio. Y el
desplazamiento de casi 400
guahíbos de los alrededores de
Betoyes (Arauca) por combates
entre la guerrilla y los paramilitares,
en julio.
Lista interminable a la que deben
añadirse el drástico racionamiento
de vituallas y combustible por parte
de los actores armados, los abusos
de las fuerzas oficiales, la miseria y
el abandono ancestrales.
La presión de las fumigaciones está
empujando la coca hacia los
departamentos de Amazonas,
Vaupés, a lo largo del río Apaporis,
Caquetá y Guaviare, donde frágiles
comunidades, que han tenido
escaso contacto con el blanco,
padecen la brutal llegada de la
colonización cocalera.
Los indígenas resisten. Medidas
como la Guardia Indígena del
Cauca, que protege los territorios de
todos los actores armados; el
Proyecto Nasa, ganador del Premio
Nacional de Paz en el 2000; la idea
de crear una policía indígena en la
Sierra Nevada, entre otros, son una
muestra de ello.
Estas iniciativas no deben estar
solas.
Octubre 21 de 2003
editorial@eltiempo.com.co
7
8
P R E S E N T A C I Ó N e
El trabajo en grupo para examinar una propuesta de contenido se vio enriquecido con la participación de los senadores
indígenas Jesús Piñacué y Gerardo Jumi, como tam bién de Luís Evelis Andrade, presidente de la ONIC, Cacildo
Yépez, de la ONIC, María Helena Tovar, José Sebastián Jansasoy, Enrique Lagarte, en representación del senador
Rojas Birry, Álvaro Velasco, en ausencia del representante Efrén Tarapuez, José Soria, secretario de la OPIAC.
sta es una gran oportunidad para examinar
qué está pasando hoy dentro de los pueblos
indígenas de Colombia y por ende cómo
están viviendo sus niños, niñas y jóvenes.
El propósito inicial del informe fue contribuir
a la preparación de la “XIII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno”,
que se llevó a cabo en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, en el mes de noviembre de
2003, como también disponer de un documento
que muestre el panorama general en
el que se encuentran los pueblos indígenas
de Colombia y por ende sus hijos. “Invertir
en la niñez marginada, indígena y
afrodescendiente: un compromiso para la
inclusión social plena”, que retoma algunas
pautas de acción esbozadas en las conclusiones
de la consultoría para UNICEF de
Luis Enrique López antes mencionada. Sin
embargo, dado que la situación de los pueblos
indígenas colombianos, en medio de
un contexto de conflicto político, económico,
social, cultural y armado, no se encuentra
reflejada en dicho informe, tanto como en la
declaración, UNICEF Colombia puso en
consideración la necesidad de complementar
esta visión panorámica con información
específica sobre Colombia.
Se trata de informar sobre los pueblos indígenas
y dentro de ellos, sus niños, niñas y
adolescentes, haciendo énfasis en las dificultades
respecto a la “inclusión social” y a la
garantía de derechos. Ello tiene que ver necesariamente
con: a) el conflicto armado y el
respeto a la vida (individual y colectiva) en
medio de éste; b) el desplazamiento indígena
y c) la afectación al territorio2 , además de
la definición y aplicación de políticas públicas
que afectan el respeto y la garantía de los
derechos y la inclusión social de estas poblaciones,
en especial a los derechos económicos,
sociales y culturales.
La realidad de los indígenas en Colombia
será examinada bajo tres campos: a) los
derechos humanos referidos a pueblos indígenas;
los aspectos formales constitucionales
y legales que guían el reconocimiento
y valoración a su condición de pueblos y
sujetos de derecho colectivo, b) la distancia
entre los mandatos constitucionales y legales
respecto de la eficacia en la construcción
del Estado social de derecho y las condiciones
materiales y espirituales reales en
que viven hoy los pueblos indígenas y sus
hijos, a la luz de los derechos humanos indígenas
y, c) los principales desafíos.
Dadas las dificultades para obtener información
éste documento ha de leerse como el
comienzo de una tarea por concluir. Representa
por lo tanto un ejercicio sinérgico en el
cual se potencian diferentes datos para configurar
una panorámica que invita a fortalecer
la capacidad de quienes en nombre propio o
institucional pueden contribuir a cambiar este
estado de cosas atentatorio contra la vida
misma.
9
...como sujetos
de derecho colectivo
Capítulo 1
10
C A P Í T U L O 1 a pesar de ser Colombia un estado proteccionista
de los pueblos indígenas, desde el
punto de vista formal, existe una distancia
real que en muchos campos muestra contradicción.
Se presentan los marcos de esa protección
formal con algunos detalles, dado que estos
referentes deben ampliar la conciencia
sobre la inconstitucionalidad de muchas de
las acciones u omisiones realizadas por las
instituciones.
1.1. Los derechos humanos
En el marco de los derechos humanos
se identifican cinco derechos inspirados en
el proyecto de declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas: el derecho a la distintividad, el
derecho a la igualdad, el derecho a lo propio,
el derecho al mejoramiento y el derecho
preferente. Se trata de cinco derechos
concurrentes para la época, donde los cuatro
primeros son válidos siempre y el quinto
es temporal en razón a que todavía existen
situaciones de discriminación insuficientemente
superadas en la realidad1.
Derecho a la distintividad
Los derechos de los pueblos indígenas
remiten al concepto angular del derecho a
la distintividad. Se refiere a la posibilidad
respetable y valorable para considerarse a
sí mismos como diferentes, y a ser respetados
como tales, bajo el principio de que
unas diferencias culturales no son más va-
1 Calla Ortega, Ricardo. La perspectiva de la diversidad
étnica en derechos humanos: Algunos aportes
para una discusión urgente. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. Unidad de investigaciones
aplicadas. Costa Rica, 2000.
liosas que otras. Se establece así –a partir
de la igualdad– un sistema de equivalencias
donde el derecho a la diferencia es sinónimo
del derecho a la distintividad, a la
particularidad. Si una persona, como ser libre
y racional, opta por una religión o un tipo
de vida familiar, el Estado la protege como
sujeto de derecho. Son respetables esas
opciones de otras opciones. Este derecho a
la diferencia implica que no sólo las personas
sino también las colectividades configuradas
como pueblos indígenas tienen derecho
a su individualidad, a ser sí mismos.
Los pueblos indígenas, como sujeto colectivo,
tienen derecho a la distintividad: a tener
un nombre, una lengua, creencias y formas
de vida que hacen modos complejos y abiertos
de persistencia y cambio a sus personalidades
distintas. Como las personas, los
“pueblos” tienen derecho a ser diferentes.
Se trata de una postura política que opta a
favor de la existencia de la diversidad y del
respeto mutuo entre las distintas “etnias” o
“pueblos”, efectivamente existentes, lo que
implica tener en cuenta las diferencias concretas
para diluir el horizonte de la
homogeneización étnica y cultural orientada
a disolver y fundir tal diversidad.
Pero, aún más, sólo el reconocimiento del
derecho a la diferencia hace posible la configuración
de lo otro, de la diversidad histórica,
social y cultural. A partir de ese reconocimiento
y del derecho a la distintividad de los “pueblos”
es posible preguntarse si éticamente
es positiva la existencia de los valores distintos
que un pueblo particular posee. Como
sucede para el caso de las personas, la afirmación
de que los derechos de uno no pueden
ser pensados al margen de los derechos
del otro, también vale para los pueblos.
Postular el derecho a la diferencia como principio
significa en una nación multicultural
11
L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S C O M O S U J E T O S D E D E R E C H O C O L E C T I V O
abrir los ojos al límite en que la afirmación de
esa diferencia como derecho no afecte los
derechos de los otros.
Así, el derecho de los pueblos indígenas a
su diferencia, como principio de valor universal,
ha de ser constitucional y legal. Si los no
indígenas tienen derecho a la diferencia respecto
a los indígenas porque su cultura es
una contribución al mundo, estamos frente a
un marco legal donde los derechos de unos
no pueden declararse al margen de los derechos
de otros. En uno y otro caso se trata
de un derecho a la diferencia, que para comenzar
reconoce que son colectivos con sus
nombres, usos y costumbres, lenguas,
creencias y formas de vida distinta. Se trata
en rigor de un derecho imprescindible a la
realidad de sí, que bajo el marco constitucional
todos los nacionales tienen el deber de
respetar y crear condiciones para que esos
pueblos, que luchan por sentirse y vivir como
distintos, puedan hacerlo.
El derecho de los pueblos indígenas a ser
distintos implica el reconocimiento de su
existencia por parte de otras sociedades, de
los funcionarios, de otros nacionales y como
base para ejecutar actividades institucionales
con ellos. Sin el reconocimiento de la
existencia de los pueblos indígenas y de sus
miembros, estamos frente a sujetos individuales
y colectivos invisibles para la sociedad
. El derecho a la distintividad de los pueblos
indígenas adquiere carácter más sustantivo
cuando aparte de reconocer su existencia,
los estados reconocen a los pueblos
indígenas no sólo como realidades existentes
sino como sujetos de derecho. Los reconocimientos
formales obligan jurídicamente,
lo que abre la posibilidad de examinar
cómo mediante políticas públicas se cumplen
esos derroteros. El reconocimiento o
no de la existencia de los pueblos
indígenas puede auscultarse por
el carácter positivo o negativo,
solidario o discriminatorio,
de los términos de ese reconocimiento,
ya que también
el reconocimiento
puede ser hecho para negarle
distintividad y para
someterla.
El derecho a la distintividad
de los pueblos indígenas abre
la posibilidad para un monitoreo
sobre el carácter y alcance de las reformas
desde una perspectiva de seguimiento
a la aplicación de los derechos humanos
en materia indígena, capaz de reconocer
que el reconocimiento simple de los pueblos
indígenas, como sujetos de derecho, no basta,
ya que lo que importa es el carácter y el
alcance de los derechos específicos reconocidos
a un sujeto de derecho. Examinar el alcance
favorable de las decisiones de gobierno
para los pueblos indígenas debe
postularse referido al derecho a la igualdad.
Derecho a lo propio2
La cultura es un término que se refiere a
lo que se ha cultivado entre personas, que
cognitivamente se comparte y se traduce en
usos y costumbres, lenguas, creencias y
formas de vida. La cultura le define a una
persona distancias apropiadas entre personas
o con los carros en movimiento; tamaños
apropiados para partir un vegetal que
va a cocinarse; qué hacer con la placenta,
quién le pone nombre a un niño, por qué el
robo es un delito, etc. La cultura es algo que
se tiene como propio y poco importa la pro-
2 Ibid.
12
C A P Í T U L O 1
4 Ibid.
cedencia. La cultura de un pueblo o de un
persona procede de sí, o del contacto o de
la difusión de dentro o de fuera; lo que importa
resaltar es que en su siempre cambiante
devenir, los pueblos y las personas
tienen usos y costumbres, lenguas, creencias
y formas de vida y hasta de asimilación
o rechazo al cambio que les son propios,
sin importar tampoco si se trata de rasgos
reproducidos desde un pasado, creados en
el flujo de la vida y la historia o tomados desde
el contacto con otros. Tanto en el caso de
los pueblos como de las personas, se trata
de rasgos que no tienen plena coherencia
entre sí y que en su variedad pueden hasta
aparecer inconexos o inconsistentes pero
que dotan a los pueblos y a las personas de
una identidad nunca plenamente acababa,
pero sí reconocible.
En el caso de los pueblos indígenas, su
derecho a la distintividad no puede separarse
de un derecho a lo propio, del derecho a
su cultura, a lo que es de sí, lo que les da su
identidad, justamente como pueblos.
Derecho al mejoramiento
económico y social3
La realidad de los pueblos indígenas es
la realidad de los despojos y abusos, es la
realidad del hambre y la miseria material, la
del saqueo colonial y la explotación de las
poblaciones nativas. Por ello, postular los
derechos de los pueblos indígenas a la
distintividad, a la igualdad y a lo propio no es
suficiente. Es preciso el derecho al mejoramiento
económico y social, derecho que remite
a un extenso número derechos: al trabajo,
a la salud, a la retribución económica
equitativa y a la justicia económica, derechos
que hacen parte de los derechos a la igualdad
de estos pueblos.
Hay que establecer, a partir del reconocimiento,
que los pueblos indígenas requieren
políticas aplicadas y efectivas, orientadas
a mejorar sus estándares de vida. El
derecho al mejoramiento económico y social
constituye una amplia variable general
que incluye, por una parte, la generosa agenda
temática de los capítulos y acápites complejos
del derecho laboral, del derecho a la
salud y del derecho a la educación, elaborados
desde la perspectiva de los derechos
de las personas y las colectividades y, por
otra, las agendas de intervención para el desarrollo
económico y social por parte de los
estados, la cooperación internacional y las
organizaciones no estatales.
Derecho preferente4
Aludir al derecho de los pueblos indígenas
a ser resarcidos por los daños a los
que se vieron sometidos, mediante políticas
e inversiones específicamente diseñadas
para ello, está en rigor, invocando un
derecho preferencial para los pueblos indígenas
absolutamente pertinente en la época
actual. Y es que los pueblos indígenas
deben ser sujetos de un derecho preferente
ya que ellos constituyen minorías empobrecidas,
marginadas y discriminadas. Los
pueblos indígenas se encuentran entre los
segmentos poblacionales más pobres,
marginados y discriminados. Acciones afirmativas,
en razón de la pobreza, la
marginación y la discriminación, son imprescindibles
para los pueblos indígenas
desde una perspectiva de los derechos humanos.
3 Ibid.
13
L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S C O M O S U J E T O S D E D E R E C H O C O L E C T I V O
1.2. Los indígenas
en la Constitución
Colombiana de 1991
Hacer referencia a la Constitución es muy
importante, dado que ésta refleja el nuevo
pacto que los colombianos se propusieron
vivir como derrotero de un nuevo Estado, de
una nueva nación y de una nueva sociedad.
Si la Constitución es la carta de navegación
para todos los colombianos, respecto de los
pueblos indígenas, es menester examinar
cinco referentes constitucionales que rompen
en primer lugar el principio de igualdad
formal, que establecía que todos los colombianos
éramos iguales ante la ley y dadas
las desigualdades reales, el Estado ha de
compensar mediante un trato distinto (acciones
afirmativas) a quienes hasta ese momento
el mismo Estado marginó5.
Veamos un ejemplo que muestre por qué
los constituyentes determinaron que Colombia
debía pasar de ser un Estado de derecho
a ser un Estado social de derecho.
En 1991 en Colombia de cada 1.000 nacimientos
morían 25.
En Cuba de cada 1.000 nacimientos morían 9.
En Estado Unidos de cada 1.000 nacimientos
morían 8.
Y entre los paeces, el pueblo indígena más
numeroso de Colombia, morían 268.
¿Será que los colombianos éramos iguales
ante la ley? ¿Se debería semejante situación
de los niños paeces a una discriminación
negativa? La respuesta es sí.
Este cambio constitucional, que reconoce
la iniquidad y las consecuencias de ese trato,
implica modificaciones en el modo como
ha venido siendo el Estado; es decir, cómo
ha tomando decisiones políticas respecto
de la distribución presupuestal y de cobertura
de servicios. En el Estado social de derecho
se parte de la desigualdad real y de la
misión para configurar una igualdad verdaderamente
real. Esto implica aceptar que a
los indígenas se los discriminó y excluyó
materialmente de bienes para el desarrollo,
al punto que se puso en peligro tanto su
vida biológica como sus sistemas culturales.
Es decir, nada menos, que se puso en
peligro el derecho a la vida y el derecho a su
integridad como personas, pero, ante todo,
como pueblos. Además, fue tan grave el peligro,
pensándolos y tratándolos como inferiores,
excluidos de los presupuestos nacionales,
aislándolos, que sólo un trato especial,
un trato preferencial que contribuyera
a recuperar su condición de pueblos distintos,
con culturas alternas, podría lograr
un día la igualdad real, y no formal, de estos
sujetos. Esta es la base y fundamento del
conjunto de acciones afirmativas que los
5 «En la sociedad colombiana existen grandes desigualdades.
Mientras que en décadas pasadas el crecimiento
sostenido produjo reducciones importantes
de la pobreza, la iniquidad continuó aumentando. Esto
no sólo afecta la distribución de los ingresos, sino
también los bienes y el acceso a la infraestructura.
Los que se encuentran dentro de los dos deciles
superiores controlan el 60 % de los ingresos, mientras
que los de los dos deciles inferiores acumulan
menos del 5 %; el coeficiente de concentración de la
tierra es uno de los más elevados del mundo (Gini
0.86); y la cobertura de la electricidad, el agua y el
alcantarillado y otros servicios públicos no alcanza a
la mayoría de los asentamientos informales, en rápido
crecimiento, donde vive la mayoría de los pobres.
Es más, la iniquidad parece resistirse a las políticas
públicas -no le han hecho gran mella los cuarenta
años de iniciativas de redistribución de la tierra, programas
de vivienda para personas de bajos ingresos
y sistemas de subsidios cruzados entre usuarios de
servicios infraestructurales-. De hecho, muchas de
estas iniciativas políticas no sólo no lograron reducir
la iniquidad, sino que también dañaron el crecimiento
(ya que las consiguientes distorsiones del mercado
enfriaron las inversiones). Se trata de una posición
poco propicia ya que, en Colombia, la iniquidad ha
resultado ser un importante factor determinante de la
violencia”. Giugali Marcelo, et. al., Colombia. Fundamentos
económicos de la paz. Pág. 68. Banco Mundial
- Alfaomega. Abril, 2003.
14
C A P Í T U L O 1
constituyentes determinaron para equilibrar
la discriminación negativa a estos pueblos.
Del Estado monocultural al
multicultural y plurietnico
El Artículo 7°, “Principio de la diversidad
étnica y cultural”, reconoce y protege la diversidad
cultural de la nación colombiana,
cambia formalmente nuestra nación. El Estado
monocultural, que reconocía como valioso
un solo Dios: el de los católicos, una
sola lengua: el castellano, un solo sistema
de familia: la nuclear, un solo derecho: el
positivo estatal; una única forma de propiedad:
la privada; de economía: la capitalista;
de ser niño: definido por el Código del menor,
y que buscaba imponer estas condiciones
como únicos derroteros para configurar
la nación, desvalorizando toda manifestación
que se diferenciara de estos referentes, generó
efectos sobre los pueblos indígenas
como fueron la sistemática imposición de
los principios y formas de organización de
la vida social, del manejo de los recursos
públicos, así como del control y solución de
conflictos, principios, estructura y enfoque
de un estado que necesariamente no coincidía
–en parte o en su totalidad– con los
sistemas existentes en cada uno de ellos
como pueblos. De frente a esta imposición
unos pueblos, más que otros, resistieron
estas imposiciones, e internamente vivieron
sus propios modos, no utilizando siempre
el modelo externo, ni buscando invariablemente
soluciones por fuera de sus propios
contextos culturales y de gobierno. Entre tantas
sociedades, hoy diferenciadas por su
cercanía o no con la sociedad mayoritaria y
por el tipo y calidad de las relaciones generadas,
algunas se “vaciaron” y se “llenaron”
de los principios y modos de la sociedad
hegemónica. Hoy, pueblos como los pastos,
que se les puede caracterizar por no
tener una cultura “propia”, “tradicional”, comparten
su condición y referencia como indígenas
con otros pueblos donde se estableció
un modo de vivir que imponía buscar por
fuera sólo algunas soluciones para casos
especiales. Así se buscaba educación fuera
pero bajo determinadas necesidades, por
ejemplo, los wayú: para que las mujeres
aprendieran las operaciones aritméticas y
el correcto uso del castellano como un medio
para fortalecer la capacidad de
interlocución comercial con la sociedad mayoritaria.
Los inga consultaron los casos de
salud (hoy también lo hacen) sólo cuando
internamente no había solución. Todo esto
vulneró parcialmente muchos de estos sistemas.
Sin embargo, uno y otro tipo de pueblos
–aún bajo estas condiciones– comparten
estos sistemas con otras sociedades
que fueron más herméticas por lo que tienen
hoy un modo de vivir que los hace estar
cerca de eso que los blancos llaman “usos
y costumbres tradicionales”.
A doce años de los cambios constitucionales es
posible encontrar una tipología de pueblos en los
que se incluye más o menos el modelo
monocultural estatal ya que todos lo conllevan o
lo interiorizaron de algún modo. Es tanta la incidencia
de ese modelo estatal en estos pueblos
que, incluso, algunas situaciones y conflictos internos
–reconocido así por los mismos indígenas–
tienen mejor solución en el sistema externo.
Al conservar, sin excepción, todos los pueblos
indígenas su sentido de pueblo distinto (sentido
de diferencia) y la definición de ciertos asuntos
para ser tratados internamente (autonomía), la
cultura que viven, configurada hoy por distintas
fuentes, la cual viven cotidianamente de forma
dinámica, formal y constitucional, comparte principios
equivalentes en competencia y dignidad
con la organización de la cultura mayoritaria y he15
L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S C O M O S U J E T O S D E D E R E C H O C O L E C T I V O
gemónica. Así, encontramos por la vía interna,
aplicando el derecho de autodisposición –de
crear y recrear condiciones adaptables a las necesidades–
y por el camino externo –que conduce
programas y proyectos estatales–, fortalecidos
sistemas socioculturales que son vividos y
aplicados más allá de aquellos elementos clasificados
exclusivamente como “usos y costumbres
tradicionales”. Esto quiere decir que participan
de la condición de indígenas muchos miembros
de pueblos que perdieron su lengua, sus
formas de gobierno y de administración de justicia;
que, incluso, perdieron dinámicas sociales
de organización social y económica, dado que el
Estado monocultural eliminó muchas de ésas,
sus formas propias.
Sin embargo, entre los problemas con que se
topan las autoridades indígenas y no indígenas,
en una sociedad en proceso de cambio
para la configuración de una sociedad
pluralista y multicultural de tipo igualitario, se
hallan los indígenas clasificados en el límite
de dos o más culturas. Es decir, a medida que
los individuos y grupos se trasladan a las ciudades6
–fenómeno estadísticamente importante
hoy–, cambian sus propios mundos y
comparten sus referentes previos de modo
diferenciado. Cada nuevo grupo del que una
persona participa contribuye a ajustar referentes,
principios y conductas que en la medida
en que se incorporan a su propia perspectiva,
combinan una multiplicidad y pluralidad de códigos
de significación, por una parte y, por otra,
la necesidad de contener las tendencias sociales
entrópicas, que obligan a las instituciones
a relegitimarse en la producción de consensos
que eliminen las situaciones de vacío,
de incertidumbre o de anomia7.
Otro cuadro diferenciado de este panorama
que lo complementa, de modo importante,
es que al establecer relaciones de competencia
jurisdiccional con jueces de la jurisdicción
ordinaria, con asociaciones internas
a los mismos pueblos, con grupos armados
ilegales, al afrontar casos no previstos
como la participación de sus miembros en
la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico,
o la corrupción, entre otros hechos nuevos,
las autoridades de los pueblos indígenas
realizan ajustes internos permanentemente.
Este horizonte se vuelve aún
más complejo por la participación de
6 Sánchez Botero, Esther. Los indígenas en la ciudad
han perdido el territorio y estrictamente puede afirmarse
no tienen “usos y costumbres”. Sin embargo,
se sienten indígenas. En Bogotá, Medellín, Tolima
ellos reclaman reconocimiento como ciudadanos diferenciados
indígenas y la configuración de pueblos
en la ciudad. Individualmente muchos se separaron
de sus comunidades de origen y con el tiempo reivindicaron
la pertenencia un grupo indígena.
7 Para determinar quién es indígena hoy, es
necesario recurrir a otros referentes. Queda
claro que no son una serie de “fenómenos”
relacionados con el manejo de una lengua,
la ubicación dentro de un territorio, la actividad
productiva, el vestido, la participación
en sistemas de creencias determinadas.
El proceso de
autorreconocimiento y de
reetnización que se da a partir del
reconocimiento constitucional empieza
por romper conceptos históricamente
útiles, hoy camisas de fuerza para
determinadas realidades. Sin embargo,
definir que es indígena quien se
siente indígena y quien es reconocido por
esa condición por un grupo internamente
es simple pero se configura como base
para configurar una existencia cultural alterna.
Fue tan dolorosa la discriminación
durante el Estado monocultural que hoy
comunidades que habían ocultado su condición
reivindican la condición de indígenas.
Este panorama hace muy complejo
definir quién es indígena y qué es una
comunidad indígena y además porque no
sólo depende de lo que los mismos indígenas
sientan sino porque depende de
referentes externos que han sido más
lentos en generar cambios que los mismos
cambios sucedidos en la nación. Se mantienen
rezagos de una definición de indígena
que sólo está en la mente y en los
imaginarios de unos no indígenas.
16
C A P Í T U L O 1
8 Cambia el modo de castigar, o el lugar de habitación,
pero no la creencia o visión clasificatoria que
cognitivamente se comparte, la cual permanece intacta.
Ha implicado, por ejemplo, un modo de
juzgamiento y decisión de sanción para los brujos10 o
para cambiar la costumbre entre los u´wa para dar a
los gemelos una clasificación diferenciada de los
miembros del pueblo u’wa y una nueva ubicación
para vivir, ya no con la madre naturaleza, deidad
ubicada y habitante de un plano superior, sino con los
u´wa -no gemelos- que viven en la tierra. Estas creencias
que dentro de las lógicas no clásicas se clasifican
como mundos reales, dentro del Estado
multicultural esas creencias son mundos posibles, es
decir, no son como una Virgen madre que es mundo
real para la sociedad mayoritaria, pero, dentro de una
conjetura respetuosa de la diferencia, esas creencias
son mundos reales y contribuyen a configurar el derecho;
hacen parte estructural de principios y actuaciones
que son obligatorias, que de no cumplirse acarrean
una sanción. Sánchez Botero, Esther Diez años
de la Jurisdicción especial indígena en Colombia.
Procuraduría General de la Nación. En prensa. Imprenta
Nacional. Bogotá, 2002.
los jóvenes, que consideran que pueden liderar
procesos, muchos de los cuales con
resultados negativos. En definitiva, es posible
concluir que por ejemplo los pastos, que
asumen gran parte de la cultura mayoritaria
como cultura propia, o los Cubeo, cuya cultura
cuesta trabajo aprehender y entender,
ya que se fundamenta en el mito y el ritual, o
los miembros del cabildo multicultural que
habitan en Medellín, evidentemente configurados
sobre bases diferentes y orígenes distintos,
están reconocidos en la Constitución
como pueblos y como sujetos de derecho.
Coexisten los pueblos indígenas con afrodescendientes,
raizales, mestizos y extranjeros,
clara manifestación de una nación que acoge
pueblos y comunidades diferenciadas
culturalmente. Frente a este hecho que reconoce
la preexistencia en el territorio nacional
de reservas de sentido configuradas y dinámicas,
para que puedan abordar momentos
históricos y realidades distintas, en competencia
con la cultura mayoritaria, los pueblos
han tenido que concebir y trazar salidas no
sólo frente a las nuevas situaciones, como ya
se expresó, sino frente a las demandas individuales
y particularizadas que, en el sentido
liberal, deben ser respetadas como derechos
fundamentales de la persona y que resultan
en conflicto normativo y cultural con visiones
que protegen al sujeto colectivo de derecho.
Las autoridades con competencia jurisdiccional,
que hacen parte de la rama judicial de
Colombia, como si fuera poco, tienen además
que participar en la construcción de formas de
coordinación y liderazgo para la cimentación
del entendimiento intercultural.
La nueva sociedad colombiana a configurar
exige responder a un espectro muy amplio
de demandas, así como a examinar y realizar
cambios culturales internos provenientes
de imposiciones externas que, como los
mínimos jurídicos, les obligan. Este nuevo
hecho que es impuesto, porque a lo propio
se agrega lo impuesto, lo apropiado, lo recreado,
etc., implica mudar determinados
referentes, lo cual configura también a estos
pueblos de modo distinto8.
Reconocimiento del sujeto
de derecho colectivo
Estos grupos, que en su mayoría han vivido
años marcando diferencias por medio del
uso de una lengua distinta, de creencias diferentes,
de sistemas de organización social
y de parentesco y de sistemas de derecho
propio, más que reclamar para “conservar
estos fenómenos que pueden cambiar en el
tiempo o incluso ser comunes con otras sociedades”,
porque se le impuso un modelo o
porque apropiaron algunos asuntos, se sienten
distintos y como distintos que son por
sentirse miembros integrales de un cuerpo
muy particular son reconocidos como sujetos
de derecho y no pueden ser tratados aplicando
los mismos raseros que para los sujetos
individuales.
17
L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S C O M O S U J E T O S D E D E R E C H O C O L E C T I V O
El sujeto individual, desde el liberalismo, es
pensado como racional y como libre y como
tal, sujeto de derecho. Así, por ejemplo, como
racional y como libre puede creer en la religión
que quiera, y el Estado debe protegerle
el derecho a la libertad de culto, pero además
de este sujeto individual, Colombia reconoce
otro sujeto distinto, esto es, el sujeto
colectivo que, en el marco de esta visión y
postura, es el que tiene los derechos por lo
que sus miembros son sujetos de deberes.
Esta perspectiva es la base sustantiva para
justificar por qué no pueden ser tratados los
indígenas como iguales ante la ley, puesto
que como pueblos son sujetos de derecho.
Los Cubeo, los Inga, los Puinave, los
Andoque, los Awá, etc., no son sólo sociedades
conformadas por la suma de
individualidades, sino que cada uno de ellos
es una unidad sociocultural y que como unidad
tiene derechos. La Corte ha definido que
este sujeto colectivo también tiene derechos
fundamentales y dentro de los más fundamentales
tienen derecho a la vida y a la integridad
del cuerpo.
Los constituyentes consideraron dignas de
ser valoradas esas diferencias sentidas y
observables en estos pueblos, dignos los
sentimientos que permiten a unos sentirse
ligados, no sólo a los referentes de una cultura
o etnia particular, condición que portan y
viven los sujetos socializados como indígenas,
sino a las condiciones que permiten
su reproducción como pueblos. Se trasciende
así, a no sólo ver y reconocer las diferencias
en la vida cotidiana como fenómenos
inherentes, tales como el vestido o la lengua,
sino a valorar una condición y configuración
diferenciada, donde los miembros de
un pueblo viven los derechos y deberes de
manera distinta. Un indígena, por ejemplo,
ve limitado su derecho a la propiedad privada
ante el deber de conservar el territorio
colectivo. Este solo verbo, valorar, abre paso
a una política de reconocimiento ante la necesidad
de forjar y de construir un Estado
distinto que, como ya se dijo, parte de la capacidad
para diferenciar como valiosas estas
condiciones de los pueblos, pero
lastimosamente también para reconocer
desigualdades y diferencias estructurales
propias de un sistema estructuralmente
definido de un determinado modo, que son
resultado de un sistema desigual con estos
nuevos sujetos de derecho.
La Corte Constitucional de Colombia distinguió
también los derechos del sujeto colectivo
(los pueblos indígenas) de los derechos
colectivos de los colombianos así: “Los derechos
fundamentales de las comunidades indígenas,
como sujeto colectivo de derecho,
no deben confundirse con los derechos colectivos
de otros grupos humanos. La comunidad
indígena es un sujeto colectivo y no una
simple sumatoria de sujetos individuales que
comparten los mismos derechos o intereses
difusos o colectivos (Art. 88 CP). En el primer
evento es indiscutible la titularidad de los derechos
fundamentales, mientras que en el segundo
los afectados pueden proceder a la defensa
de sus derechos o intereses colectivos
mediante el ejercicio de las acciones populares
correspondientes” ST - 380 /93.
Estas consideraciones de la Corte Constitucional
de Colombia permiten ampliar y fortalecer
la comprensión para justificar el principio
que permite a las comunidades indígenas
como sujeto colectivo utilizar el mecanismo
más eficaz que garantiza la protección
de sus derechos: la acción de tutela9.
9 Ver anexo N° 2.
18
C A P Í T U L O 1
Los articulados en la Constitución referidos a
los pueblos indígenas logran determinar quiénes
son esos colombianos portadores de estos
bienes étnicos y culturales particulares y
qué es lo que se está reconociendo a unos
colombianos distintos. La constitución de Colombia
va más allá y opta por configurar una
salida que permita regularizar y poner en condiciones
de igualdad y de oportunidades a estos
pueblos; por ello asume acciones afirmativas
o de discriminación positiva generando las
condiciones para configurar un trato distinto.
70. Inc. 2 Principio de igualdad de las culturas
“La cultura en sus diversas manifestaciones
es fundamento de la nacionalidad.
El Estado reconoce la igualdad
y dignidad de todas las que
conviven en el país (...)”.
10. Principio de oficialidad de las lenguas
indígenas en sus territorios
“(…) Las lenguas y dialectos de
los grupos étnicos son también
oficiales en sus territorios
(...)”.
96. Indígenas como nacionales
colombianos
“Son nacionales colombianos:
1. Por nacimiento: a)
Los naturales de Colombia
(...)
2. Por adopción: c) Los
miembros de pueblos indígenas
que comparten territorios
fronterizos, con aplicación
del principio de reciprocidad
según tratados públicos”.
10. Derecho a educación bilingüe e intercultural
“La enseñanza que se imparta en las
comunidades con tradiciones
lingüísticas propias será bilingüe”.
68. Derecho a educación respetuosa de las
tradiciones
“Los integrantes de los grupos étnicos
tendrán derecho a una formación que
respete y desarrolle su integridad cultural”.
171. Derecho a elección en Circunscripción
especial
“El Senado de la República estará integrado
por cien miembros elegidos en
circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores
elegidos en circunscripción nacional
especial por comunidades indígenas.
(...) La circunscripción especial
para la elección de senadores de las
comunidades indígenas se regirá por
el sistema de cuociente electoral. Los
representantes de las comunidades indígenas
que aspiren a integrar el Senado
de la República deberán haber ejercido
un cargo de autoridad tradicional
en su respectiva comunidad o haber
sido líder de una organización indígena,
calidad que se acreditará mediante un
certificado de la respectiva organización,
refrendado por el Ministro de Gobierno”.
No existe en Ecuador.
176. Inc. 3 y 4. Faculta al legislador para
crear circunscripción especial adicional
“La ley podrá establecer una circunscripción
especial para asegurar la participación
en la Cámara de Representantes
de los grupos étnicos y de las
minorías políticas y de los colombia19
L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S C O M O S U J E T O S D E D E R E C H O C O L E C T I V O
nos residentes en el exterior. Mediante
esta circunscripción se podrán elegir
hasta cinco representantes”. No existe
en Ecuador.
329. Derecho de grupo a la propiedad de la
tierra
“Los resguardos son de propiedad
colectiva y no enajenable.”
246. Derecho de grupo a administrar justicia
“Las autoridades de los pueblos indígenas
podrán ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial,
de conformidad con sus propias
normas y procedimientos, siempre
que no sean contrarios a la Constitución
y las leyes de la República. La ley
establecerá las formas de coordinación
de esta jurisdicción especial con
el sistema judicial nacional.”
330. Derecho de grupo a la autonomía política
en Colombia
“De conformidad con la Constitución y
las leyes, los territorios indígenas estarán
gobernados por consejos conformados
y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades y ejercerán
las siguientes funciones:
Velar por la aplicación de las normas
legales sobre usos del suelo y
poblamiento de sus territorios.
Diseñar las políticas y los planes y programas
de desarrollo económico y social
dentro de su territorio, en armonía
con el Plan Nacional de Desarrollo.
Promover las inversiones públicas en
sus territorios y velar por su debida ejecución.
Percibir y distribuir sus recursos.
Velar por la preservación de los recursos
naturales.
Coordinar los programas y proyectos
promovidos por las diferentes comunidades
de su territorio.
Colaborar con el mantenimiento del
orden público dentro de su territorio de
acuerdo con las instrucciones y disposiciones
del Gobierno Nacional.
Representar a los territorios ante el
Gobierno Nacional y las demás entidades
a las cuales se integren.
Las demás que señalen la Constitución
y la ley.”
330 Par. Derecho de grupo relativo a la explotación
de recursos en territorio indígena
Parágrafo. “La explotación de los recursos
naturales en los territorios indígenas
se hará sin desmedro de la integridad
cultural, social y económica de las
comunidades indígenas. En las decisiones
que se adopten respecto de dicha
explotación, el Gobierno propiciará
la participación de los representantes
de las respectivas comunidades.”
357. Derecho de grupo a la autonomía financiera
“Los municipios participarán de los
ingresos corrientes de la nación. (...)
Para los efectos de esta participación,
la Ley determinará los resguardos indígenas
que serán considerados
como municipios.”
329. Inc. 1 y 3. Entidades territoriales indígenas
“La conformación de las entidades territoriales
indígenas se hará con sujeción
a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, y su delimitación
se hará por el Gobierno Nacional,
con participación de los representantes
de las comunidades indí20
C A P Í T U L O 1
genas, previo concepto de la Comisión
de Ordenamiento Territorial. (...) La ley
definirá las relaciones y coordinación
de estas entidades con aquellas de
las cuales formen parte.”
Art. 80. La acción de tutela en la Constitución
de Colombia
Toda persona tendrá DERECHO a la
Acción de Tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, a la protección inmediata
de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de
cualquier autoridad publica (…)
Los derechos de grupo
de los pueblos indígenas
Aunque las sentencias hablan por sí mismas,
las argumentaciones en cada una son
dignas de conocerse y trabajarse por cuanto
en ellas son observables reflexiones que
definen por qué y cómo proteger un derecho
de modo particular a un pueblo indígena y
cómo apuntar para que la igualdad sea real
y respete la diferencia. Así entonces con respecto
a la protección del derecho a la salud,
por ejemplo, se falla para que puedan disponer
de los servicios del sistema nacional
de salud, pero bajo políticas públicas concretas
para que éste se adecue, por ejemplo,
introduciendo en los hospitales otra
manera para abordar el parto o a los familiares
del enfermo. Igualmente, obligando a
que el sistema carcelario nacional posibilite,
toda vez que un recluso indígena lo solicite,
atención de su sistema propio de salud.
Bajo esta aplicación eficaz de los derechos
fue posible que un chamán permaneciera
en el mejor centro especializado para
enfermedades del corazón bajo el cuidado
de médicos ortodoxos y que Anastasio Peche
como recluso recibiera atención del
jaibana o médico tradicional embera en la
cárcel.
El derecho a la supervivencia cultural
Es la versión grupal del derecho a la vida y a
no ser sometido a desaparición forzada. Al
igual que el derecho a la vida, es el derecho
básico de los individuos del que se deriva la
posibilidad de ejercer los demás; dentro de
los pueblos indígenas sucede lo mismo. Por
esta razón, aparece en la mayoría de las sentencias
relativas a derechos de los pueblos
indígenas. Pero en particular fue decisivo en
las sentencias T-428 de 1992, T-342 de 1994,
T-007 de 1995, SU-039 de 1997, SU-510 de
1998 y T-652 de 1998.
El derecho a la integridad étnica y cultural
Este derecho es el correlato del derecho individual
a la integridad personal. Es básico
en el sentido de que también es fundamental
el derecho a la supervivencia cultural. Al
igual que el derecho anterior, aparece mencionado
en la mayoría de las sentencias de
la Corte sobre el tema y, por tanto, fue trascendental
en las decisiones de los casos que
corresponden a las sentencias T-342 de
1994, SU-039 de 1997, SU-510 de 1998 y T-
652 de 1998.
El derecho a la preservación de su hábitat
natural (integridad ecológica)
Reconociendo la importancia que tiene para
las comunidades indígenas la preservación
de su hábitat natural y consciente de los
cambios culturales que las variaciones en
este hábitat pueden generar, la Corte ha reconocido
a las comunidades indígenas un
21
L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S C O M O S U J E T O S D E D E R E C H O C O L E C T I V O
derecho a la preservación de su hábitat natural.
Este derecho fue determinante en las
decisiones que se tomaron en las sentencias
T-380 de 1993, SU-037 de 1997, T-652
de 1998, T-380 de 1993, SU-037 de 1997 y
T-652 de 1998.
El derecho a la propiedad colectiva sobre
la tierra habitada por la comunidad
Este derecho de los pueblos indígenas aparece
consagrado en la Constitución en dos
de sus artículos. Es importante resaltar, sin
embargo, que la Corte le ha dado el carácter
de derecho fundamental de los pueblos indígenas
y por tanto es susceptible de tutela,
lo que no ocurre con el derecho individual a
la propiedad, que sólo es tutelable cuando
está en conexión con el derecho a la vida, la
integridad personal o la dignidad humana.
Además de señalar su carácter de derecho
fundamental, la Corte ha concretado el texto
constitucional señalando que este derecho
incluye a su vez cuatro derechos: T-567 de
1992, T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-257
de 1993, SU-510 de 1998, T-652 de 1998, T-
405 de 1993 y SU-039 de 1997.
Derecho a que cada comunidad tenga su
propio territorio. Derecho a la división de los
resguardos. S.T. 188 de 1993.
Derecho a la división de los resguardos
Derecho a la unificación de los resguardos.
Derecho de exclusión del territorio indígena.
S.T. 652 de 1998.
Derecho a impedir la entrada o permanencia
en su territorio de personas indeseadas. O derecho
de exclusión del territorio. S.T.257 de
1993; SU- 510 de 1998.
Límites al derecho de exclusión: a) Seguridad
nacional T-405 de 1993, y b) explotación
de recursos cuando no se logra acuerdo, la
consulta ha sido adecuada y la intervención
es justificada. T-567 de 1992, T-188 de 1993,
T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 de
1998, T-652 de 1998, T-405 de 1993 y SU-
039 de 1997.
No obstante, la Corte enfatizó que la protección
de la seguridad nacional es un interés que debe
ser protegido intentando causar el menor daño
a la comunidad indígena que habita el territorio.
Cuando la intromisión (para llevar a cabo obras
o realizar proyectos de exploración o explotación
de recursos naturales, renovables o no
renovables) se considere justa y se haya
realizado un proceso de consulta adecuado,
así la comunidad no lo apruebe. Así lo
estableció en la sentencia SU-037 de 1997, en
donde además aclaró cuándo podría
considerarse justificada la intromisión a pesar
de la negativa de los indígenas.
El derecho a determinar sus propias
instituciones políticas y a que éstas sean
reconocidas por los agentes estatales
(autonomía política). Este derecho fue protegido
por la Corte en las sentencias C-139 de 1996 y
T-652 de 1998.
El derecho a administrar justicia en su
territorio y a regirse por sus propias
normas y procedimientos (autonomía
jurídica)
Mostrando los alcances y límites que se le
han dado, es importante señalar que este
derecho aparece por primera vez en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en
la sentencia T-254 de 1994, en la que la Corte
aclara que se trata de un derecho de
aplicación inmediata y que por tanto no
requiere de una reglamentación del Estado
colombiano para ser reconocido. El derecho
también fue protegido en las sentencias C22
C A P Í T U L O 1
139 de 1996, C-349 de 1996, T-496 de 1996
y T-23 de 1997.
El derecho a la participación en la toma de
decisiones que puedan afectar a las
comunidades indígenas en su territorio
Este derecho está consagrado
expresamente en el parágrafo del Art. 330
de la Constitución y también en la Ley 21 de
1991 (Art. 15). Ha sido protegido por la Corte
en las sentencias SU-037 de 1997 y T-652
de 1998.
El derecho a la igualdad lingüística de las
comunidades indígenas, que se concreta en
el reconocimiento de la oficialidad de sus
lenguas en el área de influencia de las
comunidades, no estrictamente en sus
territorios de resguardo.
Este derecho fue protegido en la sentencia
T-84 de 1994.
El derecho a determinarse por su
cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante
terceros (Autonomía e igualdad religiosas).
Este derecho fue protegido en las
sentencias T-342 de 1994 y SU- 510 de 1998.
El derecho al reconocimiento y protección
de las prácticas médicas tradicionales
Fue expresado en la sentencia C-377 de
1994 y protegido en la sentencia T-214 de
1997.
El derecho a la igualdad material de las
comunidades indígenas
Esto es, a acceder a prestaciones del Estado
cuando como comunidad se encuentra en
situaciones de debilidad manifiesta. Entre
estas prestaciones se incluyen:
Educación. Derecho protegido en las
sentencias T-007 de 1995 y T-717 de 1996.
Salud. El derecho a la protección en salud a
comunidades en situación de debilidad
manifiesta fue protegido en las sentencias
T-342 de 1994, T-007 de 1995 y T- 652 de
1998.
Suministro de agua potable. Fue protegido
en la sentencia T-007 de 1995.
Derecho al desarrollo de la comunidad según
sus propias convicciones. Fue protegido en
las sentencias T-007 de 1995, SU-039 de
1997 y T-652 de 1998.
Bloque de constitucionalidad
Configuran una unidad y base constitucional
los siguientes instrumentos internacionales:
La Convención de Derechos del Niño.
La Convención Internacional sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación racial.
La Declaración y Programa de Acción de
Durban.
La Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos.
El proyecto de Declaración de Derechos
Indígenas de la Organización de Estados
Americanos.
El Proyecto de Declaración de Derechos
Indígenas en discusión en las Naciones
Unidas.
El Convenio 169 de la OIT.
Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas en el seno de las Naciones
Unidas.
23
...indígena en Colombia
Capítulo 2
24
C A P Í T U L O 2 el primer problema que queremos resaltar lo
constituye la falta de información que
manifieste el reconocimiento a la existencia
de los indígenas. La negación de su
identidad, por parte tanto del Estado como
del resto de la sociedad, representa un
hecho flagrante de discriminación,
atentatorio contra la Constitución y los pactos
y convenios internacionales de Derechos
Humanos. Esta invisibilización lleva a la
negación de su existencia, cuyo resultado
es el reforzamiento de la discriminación
porque lleva a la inacción de todos los
actores institucionales y sociales.
La invisibilización de los indígenas como
miembros de un sujetos colectivos de
derecho, como individuos con derechos y
como una manera diferente de ser y de ver
el mundo y la vida, ha impedido que el país
conceptualice correctamente, reconozca
jurídicamente, establezca políticas públicas
e instancias de participación adecuadas
para posibilitar su valoración y desarrollo.
Lo anterior se expresa, entre otras cosas,
en la inexistencia de estadísticas, estudios
científicos y de indicadores e información
general y sectorial adecuadas que permitan
una mejor aproximación a la realidad que
viven. Esta situación lleva a que las políticas
que les afectan los consideren
indiferenciadamente del resto de “pobres”,
“vulnerables”, o “personas que viven en
poblaciones rurales”.
El hecho de que la información estadística y
étnica puede prestarse a reforzar la
discriminación o a una mala utilización por
parte de los diseñadores de políticas (como
ha sucedido en muchos casos) se convierte
en una tarea sensible, por lo que los
organismos internacionales de derechos
humanos recomiendan que la población
concernida deba no sólo ser consultada sino
que tiene que participar en la información y
en la vigilancia de los usos futuros que ésta
pueda tener.
La información general muestra de todos
modos los problemas más contundentes y
ello contribuye para que profundicemos en
los problemas de una realidad dramática e
injusta y para que ojalá sensibilice a quienes
tienen parte de la solución.
2.1. Población y territorio
Con una población total, según el DNP,
de 701.866 habitantes en cinco
macroregiones identificadas como:
Amazonía, con 83 entidades territoriales (resguardos
y reservas), 44 grupos étnicos y una
población de 48.622, equivalente al 6.9%;
Orinoquia, con 124 entes territoriales, 56
grupos étnicos y 69.866 habitantes que representan
el 9.9% de la población indígena
nacional, en la que se destacan los sicuani,
con el 29.4%, los curripacos, con el 10.1% y
los tukano, con el 9.7% de la región.
La región Centro Oriente, con 28 resguardos,
entre los que se desatacan los pijao,
con el 9%, los uva, con el 19% de una población
de 36.017 habitantes de la región, equivalente
al 5.1 % de la población indígena
nacional.
La región de Occidente con 222 resguardos, 27
pueblos indígenas y 337.636 habitantes, lo que
representa la mayor población del país (48.1%),
destacándose el pueblo nasa o paez, con el
35.1% de la población indígena de la región, los
embera, con 1.1% de la región, los pastos, con
el 16.4% y los guambianos, con el 6.1%.
La Costa Atlántica cuenta con 22 entes territoriales,
17 grupos étnicos y 209.719 habitantes
que representan el 29.4% de la po25
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
blación de la región. El grupo mayoritario de
la región es el wayú, con el 68.6% de la región,
le siguen los zenú, con el 16.1% y los
arhuacos, con el 6.8%.
Sin embargo, la diversidad de cifras sobre
la población indígena cambia sustancialmente
de una institución gubernamental a
otra; la Organización Nacional Indígena de
Colombia y el Movimiento de Autoridades
Indígenas de Colombia manifiestan que la
población indígena sobrepasa el millón.
Esta desinformación acarrea problemas
para el desarrollo de los programas de gobierno
que permitan medir la cobertura real
sobre la totalidad de esa población, más si
se tiene en cuenta los desplazamientos forzados
a que están siendo sometidos los
indígenas, obligándolos a ubicarse en las
cabeceras urbanas. Del total de pueblos indígenas
que habitan el territorio colombiano,
un 85% viven en tierras de resguardos
legalmente constituidos, mientras que
200.000 indígenas, aproximadamente, no
tienen tierra y se encuentran fuera de sus
territorios ancestrales.
Sí bien es cierto que los pueblos indígenas
poseen el 28% del territorio nacional, su ubicación,
calidad, posibilidades de producción
y comercialización no son favorables ni suficientes
para obtener los recursos necesarios
que les permitan una subsistencia digna
y acorde con sus características propias
y que les posibilite una sustentabilidad.
La ubicación geográfica que estratégicamente
les concedió el Estado, aislándolos y
separándolos de los centros de desarrollo y
ubicándolos en zonas de frontera, los coloca
hoy en los escenarios propicios para el
incremento de la colonización indiscriminada,
la producción de cultivos ilícitos, el uso y
control del territorio político, y los ha convertido
en víctimas de la violencia y confrontación
armada entre paramilitares, guerrillas,
colonos y terratenientes,
provocando desplazamientos
masivos de individuos y comunidades
hacia otras comunidades
indígenas
dentro del país, como los
paeces y emberas en el
Putumayo, o hacia el exterior,
por ser fronterizos,
como los tule hacia las comunidades
tule de Panamá
y los awá hacia Ecuador. Un
fenómeno creciente y propio de
la escalada del terror es el desplazamiento
hacia zonas urbanas.
El territorio para los indígenas constituye una
base espiritual y una base material complementarias.
Además de constituir el espacio
que liga a numerosas generaciones con los
antepasados, donde se origina su propia
historia ligada a la identidad, la tierra es considerada
como pariente que da origen a la
vida o espacio madre a quien, por ende, se
debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones
para ayudarla a conservarse
como vital para las generaciones venideras.
Por todo ello, se considera que el territorio
vincula a los indígenas con el pasado y también
con el futuro; les otorga sentido de unión
y de supervivencia en un proceso encadenado
de arraigo, de identidad y pertenencia.
El territorio es la base de la reproducción
cultural y de la condición integrante de un
pueblo, que se relaciona directamente con
la tierra como medio de sustento en la que
se caza, recolecta, cultiva, se crían animales
y se dispone de recursos naturales
como agua, maderas, además de ríos y caminos
necesarios para el transporte. El territorio
es base para la organización de la
26
C A P Í T U L O 2
vida social, para el manejo adecuado de los
bienes de todos y para lidiar los conflictos
internos. Marca límites frente a otras sociedades
y es el espacio para el fortalecimiento
de la autonomía.
Existen diferencias frente a los patrones de
manejo del medio ambiente: “La tierra para
los indígenas tiene un significado amplio,
que comprende no sólo la superficie sino
los recursos naturales –flora, fauna, ríos,
lagos, etc.– que hay en ella. En contraste
con el concepto de propiedad individual, propio
de la cultura occidental, la tierra y los
recursos son generalmente poseídos y utilizados
en forma comunitaria por los indígenas”.
A diferencia de la visión antropocéntrica occidental,
en las sociedades indígenas los
hombres formamos parte de la naturaleza,
junto a otros seres, y ésta no puede ser objeto
de uso desmedido ni menos aún de
explotación. A la tierra se le debe la propia
existencia y por eso hay que cuidarla. Tal vez
a ello se debe el carácter de propiedad colectiva.
Esta relación tan estrecha con la tierra
y la naturaleza hace que hasta hoy las
demandas principales de los indígenas y
sus organizaciones tengan que ver con la
tierra y con el territorio. Tales demandas remiten
a los primeros tiempos de la invasión
europea y han sido objeto de reclamos, protestas
e incluso enfrentamientos entre indígenas
y no indígenas. Y es que sin territorio
no es posible pensar ni en salud ni en educación:
“La pérdida de sus tierras (esenciales
para su modo de vida) ha sido una constante
en la historia indígena de América Latina,
y la lucha por la preservación o restitución
de sus derechos agrarios está en la
base de muchos de los intentos recientes
de los indígenas por organizarse. La tierra y
sus diversos recursos (los bosques, el
agua, los animales, incluso los minerales)
se ven principalmente como bienes colectivos,
comunales, aunque la noción de los
derechos de propiedad individual ha penetrado
en los indígenas después de décadas
de expansión capitalista [...] La cuestión
de la tierra no está aún resuelta para el indígena
en América Latina, y su descuido por
parte de los gobiernos –después de la ola
de reformas agrarias durante los años sesenta
como parte del programa de la Alianza
para el Progreso– impone severas cargas
a los indígenas. (Stavenhagen,
1997:71)10
En rigor, a diferencia de la percepción occidental
de las cosas, la visión indígena del
territorio no considera únicamente lo físicogeográfico,
ni tampoco sólo los aspectos
sociales inherentes a la vida sobre ese suelo;
entre otras dimensiones incluye también
lo histórico espiritual. Ejemplo de esa visión
integral respecto del territorio es lo que destaca
un líder kogui de la Sierra Nevada de
Santa Marta cuando afirma la imposibilidad
de parcelar los aspectos físicos y espirituales
del territorio, al referirse al saneamiento
territorial afirma que: “Para ordenar el territorio,
hay que ordenar el pensamiento. Lo que
nosotros entendemos por ordenamiento territorial
no es sólo demarcar o delimitar un
pedazo de tierra. Es mucho más profundo:
se trata de ordenar el pensamiento para poder
vivir bien sobre ese pedazo de tierra. O
sea que el ordenamiento territorial tiene dos
partes: la espiritual, que se refiere al pensamiento,
y la física, que se refiere a la tierra.
Para nosotros, esas dos partes no se pue-
10 Citado en Aylwin 2002: 7, de Stavenhagen, R. 1997.
“Las organizaciones indígenas: actores emergentes
en América Latina”. En Revista de la CEPAL. Agosto
1997. 61-73. En López, Luis Enrique. Op. cit.
27
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
den separar, siempre están unidas, pues el
territorio es uno solo. (Mamas Kággaba, 1994.
En contratapa de Jimeno, G. y otros,
compiladores.)
Desde una perspectiva tal, es comprensible
que hoy las organizaciones indígenas,
en particular, y los pueblos indígenas, en
general, consideren que un pueblo sin territorio
se encuentra condenado a la extinción
y que durante las últimas décadas lo reivindiquen
mediante movilizaciones y reclamaciones
de distinta índole. Y es que, como
hemos podido apreciar, el reconocimiento
de los derechos indígenas implica reconocer
que los indígenas tienen derecho a recursos
de distinta índole que garanticen su
continuidad.
Cabe destacar, sin embargo, que tales reconocimientos
ocurren en un contexto de
creciente conflicto, producto de la diversidad
de intereses presentes en la cuestión territorial,
y reflejan una virtual lucha de visiones
diferentes respecto a la relación entre el
hombre y la naturaleza. Los indígenas, como
hemos visto, reivindican su derecho a la tierra
como condición sine qua non de su supervivencia
y del ejercicio de su libertad. Por
su parte, los sectores dominantes de la sociedad,
que coinciden con la visión que al
respecto tienen los latifundistas vinculados
con la agroindustria y la actividad agropecuaria
en general, los madereros, los mineros,
las petroleras, entre otros, ven los recursos
naturales y el territorio sólo desde
una perspectiva de uso y explotación. De ahí
que todos ellos juzguen las reivindicaciones
indígenas y los reconocimientos territoriales
por parte de los Estados como un obstáculo
para el crecimiento económico y para
el desarrollo de un país. Entran en conflicto
así dos visiones contrapuestas: la del hombre
como un miembro más y parte integral
de la naturaleza y la del hombre como amo y
señor de la naturaleza.
Pero las demandas territoriales no caracterizan
únicamente a los indígenas que aún
habitan en los territorios ancestrales ni solamente
en el campo. También constituyen
un reclamo creciente de quienes, por diversos
motivos y también por la agresión permanente
de la sociedad hegemónica criollo
mestiza, han debido desplazarse hacia lugares
distintos al ancestral originario, llegando
a ocupar incluso espacios en centros
poblados y ciudades de la región. Pareciera
estar en construcción una noción de
territorio discontinuo vivido o imaginado pero
igualmente importante y necesario para poder
considerarse como indígena. Sentimientos
como éstos contribuyen actualmente
a la construcción cognitivo afectiva de las
sociedades indígenas como transterritoriales
o translocales y también a la constitución
de una identidad indígena territorializada,
que trascendiendo la comunidad indígena
clásica se construye y reconstruye en
una relación permanente o periódica con los
lugares de origen. Esta identidad se retroalimenta
con viajes y visitas, tanto propias
como de parientes y vecinos, así como mediante
la reedición en las ciudades de las
celebraciones principales del lugar de origen
y de otras prácticas socioculturales que,
apelando al trabajo comunitario y a la reciprocidad,
buscan resolver problemas cotidianos
propios de las ciudades. Ello hace,
por ejemplo, que hoy se postule incluso la
noción de ciudades multiculturales en las
que se reconozca no sólo la existencia de
migrantes indígenas sino también el derecho
que les asiste a los indígenas urbanos,
originarios de otras comunidades y lugares
y también a aquellos nacidos ya en la ciu28
C A P Í T U L O 2
dad, de contar con una base mínima de derechos
que garanticen su continuidad sociocultural
y el respeto a su identidad como
indígenas, incluso en el ámbito urbano (cf.
García-Linera 2003).11
2.2. El movimiento indígena
en Colombia
A pesar de los procesos de asimilación
y reinterpretación de los diferentes sistemas
sociales económicos, políticos y tecnológicos
que se impusieron a los indígenas,
mediante procesos de resistencia y recreación
de lo propio, tomando medidas que van
desde las migraciones, la búsqueda de zonas
de refugio, las sublevaciones, hasta la
creación de nuevas identidades étnicas,
como son los nuevos procesos sociales de
conformación de cabildos urbanos y cabildos
urbanos multiétnicos, así como la implantación
de organizaciones durante algo
más de tres décadas, han logrado los indígenas
hacerse visibles y transformar relaciones
con gran parte de las instituciones
del Estado que han conseguido valorar su
aporte a la construcción de país. Algunos
servidores públicos tienen claro el abandono
al que han estado sometidos, el peligro
que corren y ante todo muchos más aceptan
la obligación y el reto de darles un trato
diferenciado que permita su existencia como
pueblos distintos. A partir de 1991 se presentan
ajustes formales como se ha expresado
en defensa de la diversidad cultural, el
reconocimiento a sus formas de propiedad
colectiva y de gobierno, así como de participación
en asuntos públicos y de la política
nacional.
El movimiento indígena en Colombia recoge
en sus planteamientos esta historia de
luchas por la recuperación de sus territorios,
el mantenimiento de sus identidades,
cultura y autonomía, hasta alcanzar los espacios
políticos y económicos con que hoy
cuentan en el país. Existen 34 organizaciones
indígenas entre regionales y nacionales,
y aproximadamente 151 organizaciones
de autoridades tradicionales, población en
82 pueblos y un movimiento político nacional,
para participar directamente en el Congreso
de la República, tanto por la circunscripción
especial, como por la utilización de
canales democráticos de los partidos políticos,
que ha venido logrando cargos de gobierno
departamentales y nacionales.
Mediante la participación en diferentes instancias
para la toma de decisiones, entre las
cuales se encuentra la consulta previa, los
indígenas tienen la alternativa de aceptar un
proyecto o una ley, lo cual cambia el modelo
de gestión gubernamental y de participación
comunitaria y ciudadana, ya que es imprescindible
configurar el desarrollo bajo marcos
culturales diferentes que tengan en cuenta
las aspiraciones de estos pueblos. Estos
cambios configuran nuevos escenarios políticos
y derroteros para el reconocimiento de
sus derechos como sujetos colectivos como
interlocutores directos.
La nueva política indigenista del Estado ha de
responder a la presión firme ejercida por las
autoridades tradicionales y las organizaciones
indígenas. Para algunos asuntos, como se
ha visto anteriormente, se recurre a nuevas y
distintas formas organizativas y a la Acción de
Tutela. El objetivo es siempre el mismo: como
voceros directos con el Estado, defender la
autonomía en la toma de decisiones en asun-
11 Citado por Luis Enrique López. Op. cit. tos que corresponden a los pueblos. El enfo29
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
que del trabajo de las organizaciones indígenas
no sólo se orienta a mejorar condiciones
de existencia de los pueblos indígenas sino
también a la construcción de una nación
multicultural y con un Estado social de derecho
como derrotero para todos.
2.3. Condiciones de vida
especiales
Indígenas en la ciudad
Se han venido presentando en las ciudades
indígenas desplazados. En Medellín
en el año 2000, un grupo de 100 indígenas,
no claramente clasificables de acuerdo a un
grupo étnico, se ubicaron en las calles. Para
unos eran emberas que vinieron a pedir limosna;
los hombres, según esta versión,
ponían a mujeres y niños a pedir limosna.
Otros, los clasificaron como ecuatorianos
que bajo la crisis económica viajaron a Pasto,
Popayán y Cali de donde salieron hacia
Medellín, dado que fueron sacados de estas
ciudades.
Es cada vez más grande el número de indígenas
que se trasladan a las ciudades ya
sea en busca de oportunidades de comercio,
estudio, o por razón de la guerra. La primera
manifestación de este fenómeno se da
con los ingas del Alto Putumayo que iniciaron
procesos de mercadeo de su medicina y yerbas
naturales y establecieron un grupo importante
que reproduce de manera adaptada
usos y costumbres, lo cual les permite mantener
y afianzar su sentido de miembros de
un pueblo distinto. Ellos han fortalecido la
educación bilingüe, las autoridades reconocidas
con competencia jurisdiccional hacen
justicia, y mantienen vínculos afectivos, sociales,
culturales y políticos con sus comunidades
de origen, pero también han sido anfitriones
de otros individuos y grupos recientemente
llegados a la capital.
Los indígenas en las ciudades se relacionan
entre sí, y como indígenas pertenecientes
a diversos pueblos han configurado cabildos
multiculturales y pluriétnicos y
multilingüísticos. Unidos por el sentido de ser
pueblos distintos, amplían la solidaridad de
grupo, intercambian visiones del mundo y
también establecen matrimonios mixtos.
Pese a que son una minoría, han logrado
una presencia respetada particularmente por
la creciente participación de indígenas en el
Senado y la Cámara, en cargos públicos y de
gobierno, y a una mayor difusión de lo étnico
cultural indígena en los medios de comunicación
y en la cotidianidad de los no indígenas
en las ciudades. Esta presencia ha permitido
a los citadinos conocer mundos indígenas
como el del yagé, la medicina tradicional,
las visiones religiosas, el amor a la naturaleza,
que son valorados particularmente
por grupos de jóvenes e
intelectuales.
Los indígenas realizan trámites,
participan en organismos
e instituciones,
tienen sedes
organizativas que son
además de puntos de
encuentro y lugares
donde proyectan
asuntos, realizan tareas
para conectarse
con los nacionales
y con
diferentes comunidades
internacionales.
30
C A P Í T U L O 2
Las ciudades en Colombia no están preparadas
para recibir a los indígenas ni los indígenas
para habitar la ciudad. Existen grupos
identificados en Bogotá, Medellín, Santa
Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería,
Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, donde
viven en condiciones deplorables. Algunos
realizan rituales adaptados para sobrevivir.
Las mujeres y las niñas trabajan en el servicio
doméstico sin las garantías laborales y
de protección legales. En algunas ciudades
intermedias, como Pasto o Popayán, estas
mujeres son discriminadas y explotadas.
Algunas comunidades religiosas también
utilizan niños y niñas para los servicios domésticos.
En Chocó, Vaupés, Caquetá, Puerto
Carreño, Puerto Inírida, niñas indígenas
trabajan como prostitutas, sometidas al peligro
de contraer enfermedades12.
Pese a la advertencia hecha hace cinco años
al Distrito Capital, a la Secretaria de Educación
y al Departamento Administrativo de Bienestar
del Distrito sobre la necesidad de preparar
a los ciudadanos en valores multiculturales
y adecuarse institucionalmente para
ofrecer una educación especializada a los
migrantes indígenas, estudiantes, trabajadores
y funcionarios, hasta hoy se empiezan a
examinar estas necesidades y a configurar
programas13. En todas estas situaciones de
migración a la ciudad, los niños y jóvenes
indígenas se ven privados del acceso a la
educación. Comienzan a surgir propuestas
alternativas de educación indígena urbana,
como la inga en Bogotá, que es pionera en
Colombia.
El Cabildo Inga de Bogotá tiene un jardín infantil
y una propuesta bilingüe para atender a
los niños y niñas ingas. Todo esto es producto
de una reafirmación cultural y étnica que comenzó
de otra manera, o sea, como mecanismo
de supervivencia en la ciudad. Los indígenas
se ocultan al emigrar a zonas urbanas;
buscan no ser reconocidos como hablantes
de otras lenguas, no utilizan la vestimenta propia
y no viven la cultura para poder adaptarse
a la nueva realidad. Sin embargo, a medida
que se van adaptando van encontrando la necesidad
de adecuar su cultura al modo de vida
cotidiano, en lo que es posible, de modo que
fortalecen usos y costumbres que pueden
sobrevivir en un espacio distinto. Se utilizan
las lenguas propias, las bebidas y alimentos,
se activan celebraciones rituales y se fortalece
la solidaridad y la ayuda mutua para proyectar
un futuro como grupo distinto.
Indígenas aislados y amenazados
Dentro de esta tipología de pueblos, hay
indígenas que mantienen escaso contacto
con la sociedad mayoritaria. Los nukak makú,
que aparecieron en la vida nacional en 1989,
manifiestan una fisonomía diferenciada de
los pueblos indígenas de Colombia.
En 1988 unos pocos nukak, mujeres, jóvenes
y niños sin ropas, casi sin ningún elemento
de nuestra sociedad y sin hablar una sola
palabra de castellano, llegaron a Calamar,
camino hacia un territorio ancestral, con rumbo
a los ríos Unilla e Itilla. Gracias a un misionero
de Nuevas Tribus se pudo saber que
este grupo se llamaba a sí mismo Nukak, y
que hablaba una lengua cercanamente
emparentada con la de los bara makú o kakwa.
Los nukak makú, grupo indígena de cazadores
recolectores, son conocidos como los
12 Aporte de Cacildo Yépez. Reunión UNICEF. Noviembre
5 de 2003.
13 Sánchez Botero, Esther. Configuración de valores
multiculturales para la capital (Secretaria de Educación)
y proyección de la atención a los niños, niñas y
jóvenes indígenas en la capital. DABS.
31
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
últimos nómadas verdes que existen en el
mundo. Ocupan parte de la reserva forestal
de la Amazonía colombiana, entre los ríos
Guaviare e Inírida y desde las sabanas de
La Fuga hasta el límite occidental del departamento
del Guanía. Esta área, que aprovechan
para cazar, pescar y recolectar productos
silvestres, engloba el territorio al que se
han visto confinados por el cordón colonizador.
Una característica fundamental de la
forma de vida de los nukak es su organización
en pequeños grupos o bandas nómadas
(oscilan entre 6 y 30 personas) unidas
por relaciones de consanguinidad, afinidad
o alianza.
El nomadismo permanente es la particularidad
que los diferencia de otras sociedades
tribales. Estos indígenas se desplazan aprovechando
los sitios donde hay agua, las concentraciones
de especies vegetales para la
recolección de frutos, las zonas de pesca y
cacería, y los lugares de habitación temporal,
de encuentro y de intercambio. Con ello
completan el ciclo anual de la vida silvestre.
Se desplazan con lo indispensable para
reinstalarse en otro sitio. Su grande y única
riqueza es la selva. Cuando un grupo agota
en un lugar los recursos que ofrece la naturaleza,
se traslada a otro sitio.
La población, según informantes de la región,
entidades y misioneros, se calculó en
3.000 personas Hoy la población se calcula
entre 700 y 1.000 individuos y hay quienes
afirman que son sólo 400, dado el impacto
de las fumigaciones y las enfermedades. El
contacto de este grupo indígena con el mundo
exterior les generó daños irreversibles
que hacen peligrar su existencia, su cultura,
su independencia, su forma particular de relacionarse
con la naturaleza y su vida como
colectividad étnica. Los nukak ya han sufrido
violación de sus derechos humanos, han
sido víctimas de epidemias y algunos de sus
niños han sido raptados. Además, varios de
sus miembros se han vinculado como trabajadores
cocaleros.
A pesar de ser muy reconocida la problemática
que afecta a los nukak, los enredos burocráticos
impiden aplicar los recursos de
transferencias ahorrados cada año que les
corresponden. La situación es especialmente
dramática para los niños, muchos de
los cuales se hallan en orfandad y desprotección.
El ICBF tiene conocimiento de que
treinta niños viven por fuera de la comunidad,
sin incluir nueve que se encuentran bajo
protección de esta entidad estatal. Lo anterior
sin contar algunos niños que viven con
los colonos.
¿Cuál es el futuro de los nukak makú en
medio de la guerra, la colonización, la explotación
brutal y depredadora de los recursos
naturales y el aniquilamiento de la población
por epidemias? Una de las necesidades más
apremiantes tiene que ver en primer lugar
con la posibilidad de vivir en un territorio con
condiciones naturales protegidas.
Indígenas de frontera
Los tratados internacionales con países
de frontera manifiestan que los indígenas
habitantes de dos países fronterizos participan
de la doble nacionalidad. Sin embargo,
frente a situaciones concretas, esta directriz
no se realiza. Es el caso de los a’wa ecuatorianos
en Colombia, de los wayú en Venezuela,
de los tikuna de Brasil, o de los tule
en Panamá.
Los indígenas de frontera que viven en territorios
continuos o en territorios internos tienen
32
C A P Í T U L O 2
ciertos problemas particulares: separación de
unidades sociales como clanes; las necesidades
como pueblos se manejan de modo
diferencial en los países fronterizos; los casos
de niños de protección, por ejemplo, son
más complejos de manejar por cuanto hay
competencias jurisdiccionales especificas
puesto que si son nacionales, el manejo de
grupos identificados como de otra nación configura
un problema de orden público; los gastos
para efecto de ayuda, transportes o gastos
institucionales se complican pues no pueden
haber recibos dentro de una contabilidad nacional
que sean emitidos en otro país.
Se está en mora de examinar y generar una
política al respecto.
En el año 2002 la prensa nacional registró
el rechazo del gobierno panameño para
aceptar la presencia de tules colombianos
en territorio de frontera.
El ICBF de Cali descartó como su responsabilidad
asumir los cuidados a familias indígenas
ecuatorianas que debido a la crisis
económica se desplazaron a Colombia.
El ICBF de Riohacha aceptó proteger al niño
wayú venezolano que llegó a Colombia.
2.4. Conflicto interno
y violencia
El conflicto armado insurgente es más profundo
y está más extendido que en cualquier
otro momento de las últimas tres décadas, y
han disminuido las zonas con una presencia
activa del Estado. En las últimas cinco décadas,
los implicados en el conflicto armado han
pasado de ser la guerrilla y las Fuerzas Armadas
a incluir a los carteles de la droga y a los
grupos paramilitares armados de derecha, lo
que se ha visto acompañado de un aumento
en la densidad, tanto espacial como en términos
de redes recíprocas interdependientes
entre las diferentes partes. El conflicto armado
interno se ha convertido en una lucha por
controlar el territorio en la que muchas zonas
del país, en especial las rurales, se hallan en
disputa activa entre la guerrilla izquierdista y
los grupos derechistas armados. Los municipios
con algún tipo de presencia guerrillera
aumentaron del 17 % en 1985 al 58 % en 1995.
Si a esto se añaden las zonas con actividad
de los paramilitares, los traficantes de droga y
las Fuerzas Armadas, aproximadamente el 75
% del país se encuentra bajo algún nivel de
conflicto armado. El Ejército y la Policía colombianos
han sido incapaces de garantizar la
seguridad de los ciudadanos y la impunidad
es común ante las crecientes violaciones de
todo tipo de los derechos humanos. Como
consecuencia, las corporaciones municipales
y las instituciones de gobierno han perdido su
soberanía y aumenta la cantidad de colombianos
asesinados y desplazados».
Conflicto armado
y desplazamiento indígena14.
Este apartado es fundamental para entender
la grave situación de violencia que
14 Este documento -que hemos resumido con el fin de
presentar su contenido estructural- forma parte de un
estudio de caracterización del desplazamiento indígena
en cinco zonas: Cauca, Putumayo, Sierra Nevada,
Urabá y Chocó. El análisis del conflicto armado,
que aquí se presenta, tiene como base el estudio
comparativo de los informes regionales de las cinco
zonas mencionadas y un taller en el que participaron
los integrantes (indígenas y no indígenas) de los equipos
regionales de investigación y dirigentes de la
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Los datos e informaciones concretas que sustentan
las afirmaciones de este documento se refieren exclusivamente
a las regiones del estudio. Pero el conflicto
armado se extiende por todo el país, afectando
no sólo los territorios indígenas sino toda la sociedad
colombiana. Remitido vía correo electrónico por
Casildo Yépez.
33
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
afrontan los pueblos indígenas de Colombia.
Entendemos por violencia los actos deliberados
con el objeto de causar daño15.
El actual conflicto armado se ha hecho presente
en los territorios indígenas desde sus
comienzos hasta llegar actualmente a afectar
la mayoría de comunidades indígenas
del país. La expansión del conflicto armado
por los territorios indígenas tiene que
ver, fundamentalmente, con los siguientes
factores: a) las ventajas estratégicas de los
territorios indígenas para los grupos ilegales
(insurgencia, narcotráfico, paramilitares)
como zonas de refugio, como corredores
para el tráfico de armas, drogas, contrabando
y movilización de sus efectivos, y
para ejercer desde allí el control de zonas
económica y militarmente estratégicas; b)
la inversión de grandes capitales en zonas
cercanas a territorios indígenas o directamente
en ellos, atrayendo primero a la insurgencia
por razones políticas y financieras
y luego a la contrainsurgencia
para defender las empresas; c) la
expansión de los cultivos ilícitos,
coca y amapola, que terminaron
invadiendo casi todos los territorios
indígenas y convirtiéndose
en la principal fuente
de financiación de los actores
armados de uno y
otro bando; y d) la expansión
del
narcolatifundismo
hacia zonas con
alto potencial de
valorización de
tierras.
Insurgencia, contrainsurgencia, narcotráfico,
empresas multinacionales y megaproyectos
estatales son fuerzas externas,
de gran magnitud e impacto, de mucho
peso económico, capaces de desestabilizar
las estructuras ambientales, territoriales,
culturales y sociales de cualquier
comunidad, de imponer su dominio y precipitar
altos niveles de violencia. La evidencia
demuestra que los impactos tienden
a ser peores en aquellos territorios y
comunidades indígenas que no han logrado
plena consolidación, ya sea porque
el Estado no les ha legalizado sus territorios,
porque son comunidades desorganizadas
o recientemente conformadas o
con muchas contradicciones internas –
como el caso del Naya en el Cauca, de
los kankuamos en La Sierra y de las comunidades
más vulnerables de Urabá,
15 Definición dada en conversación
personal con la antropóloga Myriam
Jimeno.
34
C A P Í T U L O 2
Chocó y Putumayo–16. La afirmación de la
autonomía comunitaria y la resistencia
frente al conflicto armado y a todas estas
fuerzas desestabilizadoras ha empezado
a gestarse en las regiones donde las comunidades
y las organizaciones indígenas
han sido más fuertes, particularmente
en el Cauca y Antioquia.
Casi todos los grupos guerrilleros que han
existido en el país han operado en territorios
indígenas17. Incluso los indígenas mismos
tuvieron su propio movimiento armado:
el denominado “Quintín Lame”, para protegerse
de los terratenientes y de la represión
estatal desatada contra ellos en el gobierno
de Turbay Ayala (Estatuto de Seguridad),
como también contra las arbitrariedades
de otros grupos guerrilleros18.
Las actividades insurgentes, aunque inicialmente
no estuvieran dirigidas contra las comunidades
indígenas, han sido expresión y
fuente de conflicto armado, por la persecución
de los organismos de seguridad del
Estado contra la insurgencia y sus colaboradores
(reales o supuestos), por la
retaliación paramilitar y finalmente por los
propios conflictos y contradicciones de los
grupos armados con las comunidades. La
permanencia de la guerrilla en las comunidades
induce necesariamente interacciones
voluntarias e involuntarias, por lo cual las
comunidades de las denominadas zonas
rojas pueden fácilmente ser señaladas de
colaboradoras de la guerrilla. Algo similar
sucede con las comunidades de las zonas
bajo control paramilitar, que son vistas por
los guerrilleros como colaboradoras de la
fuerza pública y los paramilitares. Estos
señalamientos tienen sus costos para la
población civil, que a la larga termina siendo
señalada y víctima de ambos bandos.
Las actividades de secuestros e incautación
de ganado, vehículos, dinero y otra clase de
bienes por parte de la guerrilla, desplazándose
con ellos hacia las montañas y territorios
indígenas, coloca a estas comunidades,
al igual que a los campesinos y comunidades
negras, en situación de alto riesgo
ante la retaliación por parte de la fuerza pública
y los paramilitares. Por ejemplo, el caso
de la masacre del Naya en el Cauca por parte
de los paramilitares, en la que murieron más
de cien personas (muchas de ellas indígenas
paeces), después de que el ELN entregó
allí a los secuestrados de La María y del
kilómetro 18.19 Por lo anterior, una de las
conclusiones del reciente Congreso de los
16 El Naya, Cauca, territorio recientemente colonizado
(a partir de 1952), su primer cabildo lo eligen en 1994.
En la masacre de abril del 2001 murieron alrededor de
un centenar de personas.
Kankuamos: es la etnia menos tradicional de la Sierra
Nevada y no tiene territorio consolidado. Aquí es
donde ha sido más intensa la guerra, han sido asesinados
150 kankuamos desde el año 96 y allí se han
presentado desplazamientos masivos.
En el Putumayo los indígenas quedaron reducidos a
resguardos muy pequeños y dispersos, además de
que las comunidades del eje Mocoa-Puerto Asís no
han legalizado sus territorios. Este es el escenario
más intenso de guerra en el país.
17 Actualmente, en La Sierra Nevada, hacen presencia
los frentes 19 y 59 de las FARC y el frente 6 de
diciembre del ELN. En la Serranía del Perijá hacen
presencia el frente José Manuel Martínez del ELN y el
41 de las FARC. En Putumayo, los frentes 13, 22,
27, 32 y 48 de las FARC. En la década de 1980 hizo
presencia el frente “Aldemar Londoño” del EPL. En
1984-86, el M-19. En 1998 el frente Comuneros del
Sur del ELN. En el Cauca han hecho presencia.
18 Recuérdese, por ejemplo, la masacre de Caloto, el
asesinato del sacerdote Álvaro Ulcué, indígena paez,
en los cuales estuvieron involucrados miembros de
la fuerza pública. Y, por otra parte, la masacre del
cabildo de Huellas por las FARC en momentos en
que se dirigían a un congreso del CRIC, o las barbaridades
del extinto grupo guerrillero “Ricardo Franco”
en territorios indígenas del Cauca.
19 Aunque la masacre del Naya estaba plenamente anunciada,
las fuerzas de seguridad del Estado no la impidieron.
Por su parte, los guerrilleros del ELN, al oír los
primeros disparos, abandonaron la zona dejando inermes
a las comunidades.
35
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
Pueblos Indígenas de Colombia (nov. 2001)
plantea frente a los grupos insurgentes: “les
seguimos exigiendo que salgan de nuestros
territorios, modifiquen sus procedimientos
contrarios al pueblo, respeten la autoridad,
territorios, gobierno y ejercicio de la jurisdicción
indígena”.20
En desarrollo de actividades mineras, petroleras
y de grandes proyectos de infraestructura
energética y vial, a cargo de empresas
multinacionales, se han venido haciendo
grandes inversiones de capital en territorios
que anteriormente estuvieron al margen
del desarrollo económico del país,
como las selvas de la Amazonia y del Pacífico
y los Llanos Orientales21. La inversión de
capital multinacional en este tipo de proyectos,
que por lo general se ubican en tierras
bajas, es una de las características del nuevo
modelo de desarrollo económico del país.
En muchos de estos territorios hay presencia
de comunidades indígenas.
Si bien estas fuentes de capital pueden ser
una fuente muy importante de desarrollo socioeconómico,
su historia, en muchas regiones,
ha dejado experiencias muy negativas
para el medio ambiente y las comunidades
locales, por lo cual no siempre son vistas
como opciones positivas de desarrollo
sino, por el contrario, como fuente de frustraciones,
corrupción, violencia, conflictos e
inseguridad22. “La explotación de hidrocarburos
en el Putumayo, lejos de ser una fuente
de progreso y desarrollo de las comunidades
indígenas, se ha constituido en factor
de crisis sociocultural. Las grandes y
descontroladas oleadas migratorias provocadas
por el “boom” petrolero han desplazado
a los grupos étnicos hasta llevarlos a
mínimos espacios territoriales que ponen
en riesgo su supervivencia como tales.”23
Son muchos y muy álgidos los conflictos que
se han presentado entre comunidades indígenas
con las multinacionales y con el Estado
colombiano por sus consecuencias
negativas sobre el territorio (invasión masiva
de colonos), los recursos naturales
(deforestación, contaminación) y la integridad
étnica de las comunidades (desorganización,
desintegración familiar, conflictos de
valores). Por ejemplo, el caso de los indígenas
uwá con la Occidental Petroleum o el de
los embera contra la represa de Urrá24. Otro 20 Congreso celebrado en Cota, nov. 25 a 30 de 2001.
Relatoría del tema: Conflicto Armado, La búsqueda
de la paz y La participación indígena en este proceso.
p.6.
21 Explotaciones mineras en Chocó. Madera en Chocó
y Putumayo.
Petróleo en Putumayo y exploraciones en Urabá.
Megaproyectos de infraestructura: represa Urrá, en
el Sinú, afectando a los indígenas embera.
Vías: Carretera variante de Los Contenedores, en la
Costa Atlántica, que une el Urabá antioqueño y la
llanura del Caribe con Venezuela. Esta vía afecta a
los indígenas kankuamo en el Cesar. Eje Valledupar-
San Juan del Cesar y Valledupar-Bosconia. Eje Mocoa-
Puerto Asís en el Putumayo. Vía Popayán-Cali, en
Cauca. Eje Mutatá-Bajirá y Dabeiba-Arboletes en
Urabá.
“El puente internacional sobre el río San Miguel, construido
en territorio de los indígenas COFAN (Reserva
de Yarinal), ha generado protestas de los indígenas,
ya que esta obra no fue concertada con las comunidades
y potencia el asentamiento de colonos en el
interior de la reserva”. Informe Putumayo, p. 20.
22 El problema no es solamente en Colombia sino en
muchos países. Durante los días 21 al 23 de marzo de
2002, se reunieron en Petén, Guatemala, 98 organizaciones
y comunidades de 21 países del mundo ante la
preocupación general causada por los planes de construcción
de represas con diferentes fines en diferentes
regiones. Anualmente se celebra el Día Mundial de
Acción contra las Represas. Estos datos se traen a
cuenta, no como posición en contra del desarrollo de
las fuerzas productivas sino como evidencia de la
conflictividad que implican estas inversiones multinacionales
en la forma como se están activando.
23 Informe del Putumayo: “Aproximación y reseña al
conflicto social y político y su impacto en las comunidades
indígenas”, p. 14.
24 “El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia,
AUC, señala que mató lideres indígenas por oponerse
a la construcción de la represa”. Informe Antioquia, p.
17.
36
C A P Í T U L O 2
de los impactos negativos es, precisamente,
el relacionado con el problema del conflicto
armado y sus consecuencias sobre el
desplazamiento indígena.
Para la insurgencia, las grandes inversiones
económicas mencionadas se constituyen en
objetivos militares estratégicos de su lucha
contra el capitalismo y en fuentes de financiación,
mediante las denominadas “vacunas”
o exigencias de dinero a las empresas
para dejarlas adelantar sus labores. Por su
parte las empresas, para proteger sus inversiones
económicas, consiguen el apoyo del
ejército y contratan grupos privados de seguridad,
legales e incluso ilegales y hasta les
pagan a las guerrillas mismas. De esta manera,
el problema de la seguridad se torna
en un negocio que crece, en un círculo vicioso,
con la intensidad del conflicto.
Como varios de los proyectos aludidos se
han ubicado en territorios indígenas o en
sus alrededores, algunos de estos territorios
han sido utilizados por los grupos insurgentes
para presionar desde allí a las
empresas, atrayendo, por consiguiente, la
represión contra las comunidades. Los paramilitares,
por su parte, se encargan de
garantizar círculos de seguridad, eliminando
violentamente los obstáculos que puedan
afectar el desarrollo de las actividades
empresariales. Los conflictos de los
indígenas con las empresas tienden a ser
aprovechados por los grupos insurgentes
y contrainsurgentes en sus propósitos de
avance territorial. El hecho de haber terminado
siendo víctimas de todos los actores
armados ha llevado a los indígenas a tratar
de guardar distancias, apoyándose,
más bien, en la denuncia y en la solidaridad
internacional de ONGs, entidades, gobiernos
y grupos activistas de derechos
humanos25. Algunos dirigentes indígenas
han sido asesinados y desaparecidos por
liderar la resistencia de las comunidades
contra este tipo de proyectos y contra la
presencia de los grupos armados en sus
territorios26.
Los cultivos ilícitos
La expansión de los cultivos ilícitos por
los territorios indígenas y del conflicto armado
que conllevan tiene que ver con los siguientes
factores: 1) La tradición indígena
del uso de la coca, cuyos conocimientos,
25 Por ejemplo, la jornada “Para que Embera Viva” y la
búsqueda del desaparecido líder indígena Kimy Pernía,
en la que participaron grupos solidarios provenientes
de varios países europeos.
26 Por ejemplo, el indígena embera Kimy Pernía, en el
Sinú.
37
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
tecnologías y variedades genéticas de la
especie han sido aprovechados por los
narcotraficantes, como también éstos han
utilizado los avances científicos y tecnológicos
occidentales. 2) La situación objetiva de
pobreza, la carencia de tierras, la crisis del
sector agropecuario, la falta de apoyo estatal
en muchas comunidades indígenas. Al
igual que en muchas comunidades campesinas
y de colonización, éstas han sido las
principales razones para que la gente se
arriesgue a los cultivos ilícitos en procura
de unos ingresos económicos que nunca
han podido lograr en la economía legal. 3)
Para los narcos, igual que para los grupos
armados, los territorios indígenas presentan
condiciones propicias, por ser zonas alejadas,
de difícil acceso, con nula o poca presencia
estatal y con abundancia de bosques
que les permiten mimetizar los cultivos, los
laboratorios de procesamiento y demás requerimientos
de la economía ilegal.
Con los cultivos ilícitos llegaron a las comunidades
nuevos problemas como la invasión
territorial por parte de colonos y cultivadores
de coca y amapola, la deforestación,
la degradación de los recursos naturales, la
desorganización de las comunidades, el
descontrol de la juventud, la desintegración
familiar, la pérdida de identidad cultural, la
violencia de los narcotraficantes, la delincuencia
común, los grupos armados y muchos
otros problemas que terminaron agravando
la situación de las comunidades27. En
varias oportunidades los indígenas de diferentes
regiones se propusieron por sí mismos
erradicar y prohibir los cultivos ilícitos28 o
llegaron a acuerdos con el gobierno nacional
para la erradicación manual de los cultivos
y su sustitución por otros cultivos o actividades
económicas con apoyo estatal (programa
Plante)29.
Primero fue el cultivo de la marihuana o bonanza
marimbera que afectó algunos territorios
indígenas en la década de los años
setenta30, luego el auge de la coca desde
27 “La unión narcotráfico-guerrilla es un poderío que no
deja prosperar la organización de cualquier comunidad”.
Informe Cauca, p. 14.
28 Por ejemplo, los indígenas a´wá en Nariño o los kogui
de la Sierra Nevada.
29 Actualmente está en vigencia un acuerdo entre el
gobierno nacional y la Organización Zonal Indígena
del Putumayo, OZIP, para la sustitución de cultivos
en las zonas indígenas, por un valor de treinta y seis
mil millones de pesos, cifra que de no tener prudencia
en su ejecución puede llevar a resultados paradójicos.
En el Cauca se firmó en 1994 el Acuerdo de Jambaló
para la erradicación voluntaria, el cual sólo se ha
cumplido parcialmente.
30 Por ejemplo, en la Serranía del Perijá, la bonanza
marimbera (marihuana) empezó en 1982, afectando
los territorios de los indígenas yukpa en: Sokomba,
Siberia, Las Pampas, La Misión, San José, Sikakao y
La Pista.
38
C A P Í T U L O 2
finales de los años ochenta, en la mayoría
de los territorios de clima cálido, y finalmente
la amapola, en la década de los noventa,
en las zonas de páramo y clima frío31. Los
narcotraficantes fomentaron el cultivo masivo
de la amapola que se expandió por las
zonas más altas de las cordilleras, que eran
precisamente las tierras en las que habían
logrado sobrevivir las comunidades indígenas
de la región andina.
Detrás de los cultivos ilícitos llegaron los
grupos insurgentes y luego los paramilitares
en la búsqueda de financiación mediante
las exigencias de dinero a todas las actividades
de la cadena productiva. Posteriormente
fueron los grupos armados mismos
(guerrilleros y paramilitares) los que se encargaron
de fomentar los cultivos, llegando
incluso a obligar a las comunidades a hacerlo,
persiguiendo y asesinando a los líderes
que se opusieron a que sus comunidades
siguieran involucrándose en estas actividades
cuyas consecuencias negativas les
resultaban cada vez más evidentes.
La disputa entre todos los actores armados
por los recursos financieros derivados de
los cultivos ilícitos y actividades asociadas
y, por otra parte, las fumigaciones32, las actividades
de la policía antinarcóticos, del ejército
y demás acciones del gobierno y del Plan
Colombia contra los cultivos de uso ilícito,
arreciaron el conflicto social, ambiental y armado,
con sus consecuencias sobre el desplazamiento
de la población indígena.
Expansión narcolatifundista
Desde hace dos décadas se viene produciendo
en algunas regiones de Colombia una
contrarreforma agraria por parte de
narcolatifundistas que vienen acumulando
propiedad territorial en zonas de alto potencial
de valorización, como es el caso de las tierras
cercanas a los sitios donde se están realizando
megaproyectos de infraestructura y grandes
inversiones de capital empresarial, las
zonas de gran riqueza en cuanto a los recursos
del subsuelo y de la biodiversidad o, como
ha sido el caso de Urabá, donde se proyectan
grandes obras como el canal interoceánico y
la vía panamericana, o por ser una zona estratégica
para el narcotráfico y el contrabando y
apta para la ganadería, el banano, la palma y
otros cultivos industriales.
La expansión narcolatifundista se ha venido
apoyando en la violencia paramilitar, expulsando
colonos y campesinos, población
negra y población indígena. Los resguardos
indígenas y territorios colectivos de las comunidades
negras –consagrados por la
Constitución nacional como territorios
imprescriptibles, inembargables e inajenables–
constituyen un obstáculo para la legalización
de los latifundios, pero no han impedido
la presencia del conflicto armado.
“Desde hace más o menos diez años
se ha agudizado la pelea
entre paramilitares y guerrilleros,
que ha dejado a muchos campesinos e
indígenas muertos,
caseríos abandonados,
el pueblo de Saiza destruido
y quemado y finalmente
más de cinco mil campesinos
y cientos de indígenas desplazados en el
último año.” 33
31 Al Putumayo llega la coca a finales de la década de
1970, presentando su mayor auge hasta 1985, años
en los cuales también se consolida la presencia guerrillera
en este departamento.
32 No sólo las fumigaciones de ahora con el Plan Colombia.
En 1985 y 1986 hubo fumigaciones en territorios
indígenas de la Serranía del Perijá. 33 Informe Antioquia. p. 16.
39
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
Con el auge relativamente reciente de los
paramilitares y su rápida expansión por todo
el territorio nacional34 –desafiando y sacando
a la insurgencia de muchas zonas donde
ésta ejerció por muchos años una posición
hegemónica–, el conflicto entró en una nueva
fase, más intensa y degradada, de
retaliación y terror contra la población civil, de
disputa territorial35 y confrontación armada de
guerrilleros contra paramilitares y fuerzas del
Estado, de lucha a muerte por el control de
los recursos naturales, la población, la política
y las economías regionales.
Podríamos hablar de la fase anterior como
de fase de hostigamiento, y de la presente
como fase de confrontación y disputa territorial.
Esta nueva fase es el resultado de un
relativo equilibrio en la correlación de fuerzas,
lo cual lleva a pasar de estrategias de
defensa a estrategias de ataque, saliendo a
buscar al enemigo, aunque sin dejar de esquivar
tácticamente la confrontación directa
ni de hacer víctima a la población civil. De
esta manera, los escenarios cambian con
frecuencia de dominio militar: unas veces la
guerrilla, otra los paramilitares o el ejército.
La situación se calma relativamente mientras
dure la hegemonía de un solo grupo.
Luego vienen las represalias de los unos o
de los otros contra las comunidades. La creciente
mancha roja que se extendía desde
las fronteras de colonización hacia las ciudades
pasa a convertirse en un mosaico de
colores en pugna en todo el territorio nacional.
Los exabruptos de la guerrilla han abonado
el terreno para la expansión paramilitar
y la tolerancia de la opinión pública hacia la
guerra contrainsurgente.
Los paramilitares, en su versión actual, cuentan
con apoyo político de un sector de la clase
dirigente y con fuentes muy grandes de financiación
derivadas del narcotráfico, de las contribuciones
de ganaderos y de empresas
agroindustriales y mineras, además del
boleteo, del cobro de tributos y de extorsión a
la población civil. Pero su expansión no podría
explicarse solamente por el factor económico
sino, además, por el apoyo que han recibido
de parte de algunos sectores de las fuerzas
armadas, de la clase política y empresarial.
En algunos lugares la entrada del ejército a
territorios indígenas ha sido inmediatamente
previa e incluso simultánea a la entrada de
los paramilitares36. En muchas oportunidades
los militares no han hecho nada por impedir
masacres anunciadas por los paramilitares,
como sucedió en el caso de la masacre del
Naya que fue anunciada con meses de anticipación37.
En la Sierra Nevada, doce mil campesinos
e indígenas se desplazaron y se to-
34 Al municipio de Riosucio en el Chocó los paramilitares
entraron por primera vez en 1996 y a Juradó,
municipio del mismo departamento, en 1997. Sus
actividades en el Cauca empezaron desde octubre de
1997; al Naya, en particular, ingresaron en el 2000.
En el norte de Urabá iniciaron sus actividades desde
mediados de 1994. En el Putumayo hicieron sus primeras
intervenciones entre 1987 y 1991 “los Macetos”
y “los Combos”. Fue muy sonado el caso de la base
en El Azul, a orillas del río San Miguel, con expertos
israelíes.
35 Por ejemplo, los combates de las FARC en el Cesar,
en la zona de Patillal, Badillo y Los Corazones, bajo el
control de las AUC.
“En 1999, se presentan continuos enfrentamientos
entre el Ejercito, paramilitares y guerrilla en áreas de
la Serranía de Abibe y en el eje carreteable Mutatá-
Pavarandó-Uradá, que produce un gran desplazamiento
forzado campesino hacia la cabecera municipal de
Mutatá”. Informe Antioquia, p.14.
36 El 20 de diciembre de 1996 el ejército y los paramilitares
entran en Río Sucio, población sobre el río
Atrato en el departamento del Chocó. Son asesinados
más de cien personas de las comunidades negras.
El ejército bombardea y monta una base militar
en Río Sucio. También establece una base militar en
el río Salaquí. Informe del Chocó.
37 Precisamente por haber venido a Bogotá a implorarle
al gobierno que impidieran la masacre, fue asesinado
por el ELN el gobernador indígena del cabildo del
Naya. Informe de La Sierra, p. 67.
40
C A P Í T U L O 2
maron la carretera principal durante la cuarta
semana de enero del 2002, presionando para
que el ejército frenara la guerra entre dos facciones
de los paramilitares y que se parara
las represalias por el secuestro y asesinato
de la doctora Consuelo Araujo en inmediaciones
del territorio de los indígenas kankuamos.
“A pesar de los requerimientos e informaciones
de la comunidad sobre el inminente riesgo
de acciones armadas, la fuerza pública no
toma las medidas pertinentes y por lo general
aparecen después de ocurridos los hechos.”
Estos hechos han sido denunciados por todos
los organismos de derechos humanos y
por ello Estados Unidos ha llegado a condicionar
el apoyo del Plan Colombia al respeto
por los derechos humanos y a romper los lazos
de miembros de la fuerza pública con los
paramilitares. Varios militares han sido acusados
y procesados por estas razones.
En cuanto a la geografía de la guerra, los paramilitares
–al contrario de la insurgencia que
tiende a ubicarse en las partes más altas y
remotas de las cordilleras, en las cabeceras
de los ríos de las llanuras selváticas y en las
zonas de colonización– procuran establecerse
en cercanías a las cabeceras municipales,
a los principales centros urbanos y capitales
de departamentos, próximos a bases
militares o de policía38, en las tierras bajas y
en cruces de vías39 y sitios estratégicos desde
donde puedan ejercer el control de personas,
alimentos, medicinas, comunicaciones
y cualquier clase de apoyo para la insurgencia.
Para unos y otros, el litoral Pacífico se ha
convertido en una región estratégica para el
tráfico de armas y, por tanto, en zonas de disputa
territorial entre ambos bandos, afectando
mayormente a comunidades indígenas y
negras que son las que predominan en esta
región. Tumaco, Guapi, Buenaventura, Bahía
Solano y Jurado, que son los principales centros
urbanos de la costa del Pacífico, se han
visto afectados por desplazamientos de comunidades
indígenas y negras debido a masacres
y combates en sus alrededores40.
38 Base paramilitar “Mártires del Valle de Upar”, cerca de
la base del ejército en Valledupar. Base paramilitar en
Timba, Cauca, a media hora de la Tercera Brigada del
ejército en Cali. Base paramilitar en Juradó, Chocó, y
base militar en Bahía Solano. En Puerto Asís, Putumayo,
tienen asiento grandes bases militares, policía
antinarcóticos y paramilitares.
39 En el sitio La Y de Los Corazones, a diez minutos de
Valledupar, desde donde las AUC controlan la entrada
hacia la Sierra Nevada, específicamente al territorio
de los kankuamo; el eje Valledupar-San Juan del Cesar
y Valledupar-Bosconia. En Urabá, los ejes
Dabeiba-Arboletes y Mutatá-Bajirá. En Putumayo, la
carretera entre Mocoa y Puerto Asís.
También la guerrilla ha hecho retenes móviles esporádicos
en las vías en todo el país, por ejemplo en la
vía Cali Popayán en el Cauca; o en la vía entre La
Paz-Codazzi- Becerril-Curumaní, en el Cesar, desde
donde controlan la entrada a la Serranía del Perijá, lo
cual afecta a los indígenas yukpas.
40 Ejemplo: debido a la llegada de los paramilitares a
Iscuandé el 19 de octubre de 2001, toda la población
se deslazó a Guapi, Cauca. De 4.500 habitantes de
Iscuandé sólo 11 permanecieron en la población. La
población de las bocas del río Saija fue objeto de otra
masacre. Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, en el departamento
de Nariño, han sido escenario de combates
entre guerrilla y paramilitares por cerca de un año.
41
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
Una de las primeras bases paramilitares y
centro de operaciones de su dirección general
ha sido el Nudo del Paramillo, zona
selvática y limítrofe entre los departamentos
de Córdoba y Antioquia la cual, por sus condiciones
geográficas, facilita el refugio y la
defensa, sirviéndoles de retaguardia para
ejercer el control de zonas estratégicas y
orientar desde allí las avanzadas de limpieza
territorial para la expansión del
narcolatifundismo desde Urabá y a lograr el
control hegemónico de esa esquina
binacional con Panamá. Esta es una zona
que, además de su riqueza en biodiversidad,
es estratégica para el tráfico de armas, drogas
y contrabando, tanto por el océano Atlántico
como por el Pacífico. Por ello, Urabá
ha sido una de las zonas de mayor intensidad
del conflicto armado en el país, afectando
y produciendo desplazamiento de indígenas
embera de los departamentos de
Córdoba y Antioquia y de población negra
del Chocó.
La estrategia paramilitar consiste en activar
un régimen de terror mediante masacres, torturas
y crímenes atroces para castigar a las
poblaciones o personas que consideran colaboradoras
de los grupos guerrilleros o que
permiten su presencia. Las retaliaciones han
sido más graves cuando se trata de secuestros
o muertes de personas de mucha importancia
política o económica41. El terror también
se ejerce para desalojar al campesinado
de las tierras ubicadas en áreas de expansión
del latifundio ganadero, empresas
agroindustriales, cercanas a los megaproyectos
o, en general, de terrenos susceptibles
de alta valorización. Y para desmovilizar
organizaciones populares, comunitarias y,
especialmente, de derechos humanos por
sus actividades nacionales e internacionales
de denuncia. Además de la contrainsurgencia,
protección de empresas y apoyo a la
expansión narcolatifundista, los paramilitares
desempeñan otras, como la protección
de laboratorios de procesamiento de coca,
ajustes de cuentas de los narcotraficantes,
protección a dirigentes del clientelismo político
y control territorial.
En contra de los paramilitares, una de las
conclusiones del Congreso de los Pueblos
Indígenas es la siguiente: “Los grupos paramilitares
deben parar los asesinatos, masacres,
secuestros, señalamientos, amenazas
y desplazamientos de comunidades, que
están motivados por los intereses económicos
de megaproyectos y terratenientes. Deben
salir de nuestros territorios. De manera
urgente se reclama la devolución vivos de los
dirigentes y líderes secuestrados”.42
El ejército y los paramilitares perciben a los
indígenas como colaboradores de la guerrilla,
ya sea porque ésta se ubica en los territorios
indígenas o en sus entornos o por
haber jóvenes indígenas en las filas guerrilleras
(como también los hay en las de los
paramilitares y en las filas del ejército43). Con
la población negra pasa lo contrario, en el
sentido de que es percibida por los guerrilleros
como colaboradora de los paramilita-
41 Como en el caso de los secuestrados del Km.18 y la
iglesia La María, en el departamento del Valle, cuya
retaliación fue la masacre del Naya; o cuando el
secuestro, en la Sierra Nevada, de la doctora Consuelo
Araujo Noguera, ex ministra de Estado, esposa
del procurador general de la nación y perteneciente a
una de las familias políticamente más influyentes de
la Costa Atlántica.
42 Cota, nov. 2002. Relatoría tema Conflicto Armado,
p. 6.
43 Aunque los indígenas están legalmente eximidos de
prestar el servicio militar, todos los grupos armados
los reclutan. Hay familias con hijos en el ejército, en
los paramilitares y en la guerrilla.
42
C A P Í T U L O 2
res por su ubicación en las zonas bajas y
cercanas a los centros urbanos, que son
territorios de influencia paramilitar.44
Guerrilleros, paramilitares y delincuencia
común alrededor de los cultivos ilícitos y de
los megaproyectos han generado violencia,
desorden social, pérdida de valores, migración
desenfrenada, prostitución, inflación
económica, despilfarro, daños ambientales,
corrupción político administrativa y todo tipo
de confusión que se suma a los problemas
estructurales de pobreza y atraso en el desarrollo
socioeconómico45.
Todos los actores armados han tendido a involucrar
en su guerra a la población civil, quedando
ésta en medio del conflicto y resultando
víctima de todos los fuegos. El caso de
Urabá ha sido uno de los más graves: “En
medio del conflicto desbordado que significó
entre 1994 y 2000 más de 60 líderes asesinados
y más de 60 violaciones graves del derecho
internacional humanitario en comunidades
indígenas por parte de todos los actores
(Ejército nacional, paramilitares, FARC y ELN)
también fueron forzadas a desplazarse cerca
de 13 comunidades y 2.820 indígenas, especialmente
de Urabá. Una comunidad de
Tierralta, Córdoba, y otra de Riosucio, Chocó,
fueron forzadas a desplazarse a Resguardos
de Polines y Murindó respectivamente”46.
Se han dado casos de familias y comunidades
campesinas, indígenas y negras con
hijos y parientes enrolados en todos los grupos
armados y, en consecuencia, con víctimas
producidas entre todos ellos47.
La degradación del conflicto se expresa en
múltiples acciones cometidas por todos los
actores armados, como las siguientes: ataques
a los pueblos, especialmente de regiones
apartadas, pueblos pobres, con la
consabida destrucción indiscriminada de
iglesias, viviendas y establecimientos públicos;
bombardeos a la población civil48; des-
44 Texto que aparece a punto seguido. “Para ejercer el
control territorial, los paramilitares están utilizando comerciantes,
para detectar a quien pretenda comprar
alimentos para la guerrilla; transportadores (taxistas),
para controlar quien entra o sale de las zonas; hoteles
y agencias de viaje, para controlar a quienes puedan
ser contactos o apoyos de la subversión; a los administradores
de haciendas y empresas, para controlar
la mano de obra e impedir la infiltración de la guerrilla o
la actividad sindical. Han empezado a ejercer también
el control de algunas entidades de salud62, y a promover
sus propios candidatos a las corporaciones públicas,
incluyendo el Congreso de la República62, escenario
que se les facilita mucho más que a los insurgentes.
Estos se proyectan electoralmente pero sobre
todo en las localidades de sus áreas de mayor influencia.
Los paramilitares están utilizando ahora lenguajes
políticos con temas como la participación comunitaria,
el medio ambiente, el desarrollo local, el Plan Colombia
y hasta los derechos humanos. De una fase de disputa
territorial, que ha caracterizado los últimos cinco
años, el conflicto parece estar girando hacia una nueva
fase de mayor ingerencia paramilitar en el Estado y
de un Estado más preparado para la guerra contrainsurgente
con la ayuda de Estados Unidos por medio
del Plan Colombia. Esto significa el fortalecimiento de
la derecha en la política colombiana. Por el lado de la
insurgencia, al romperse los diálogos de paz, se intensifica
su tendencia militarista, lo que le implica un
retroceso político y mayor alejamiento del respaldo
popular”.
45 “La aparición de grupos paramilitares y de guerrilleros,
así como el aumento desproporcionado de la
delincuencia común, el alcoholismo y la prostitución,
generados por la actividad de la coca, han ocasionado
altos grados de violencia en la zona, los cuales
han afectado a colonos e indígenas”. Informe Putumayo,
p. 19.
46 Informe de Antioquia, p. 26.
47 “La señora ( ) emigró a Villa Germania y de allí fue
desplazada por el asesinato de un hijo por parte de las
AUC, asimismo a su otro hijo, primeramente las AUC
le saquearon la casa y luego las FARC se la bombardearon
destruyéndosela totalmente”. Informe Sierra
Nevada, p.12.
48 “Se han presentado combates entre el ejército y la
guerrilla y como consecuencia de ello se han registrado
bombardeos indiscriminados por parte del ejército
nacional sobre cultivos y asentamientos de los indígenas
yukpas”. Informe Sierra Nevada, p. 7. “La guerrilla
ocupa ilegalmente áreas de caseríos y aun viviendas
indígenas y el ejército realiza bombardeos causando
heridos y destrucción de viviendas indígenas en Bedó
y Porroso. La guerrilla, el Ejercito y los paramilitares
se enfrentan en los territorios indígenas y le dicen a
los indígenas “si no van a colaborar, mejor no estorben
y váyanse de aquí”. Informe Antioquia, p. 14.
43
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
trucción de la infraestructura energética, vial
y petrolera; masacres49, muertes atroces,
asesinatos de dirigentes; secuestros, desapariciones,
extorsiones; reclutamiento forzado
de menores; violación de mujeres; controles
a la libre movilización y al transporte
de personas, alimentos y medicinas; y en
general, violación a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario. El reclutamiento
de indígenas por parte de cualquiera
de los grupos armados es uno de
los factores que colocan a las comunidades
en mayor situación de riesgo. La degradación
del conflicto se exacerbó definitivamente
por la arremetida de los paramilitares,
basada más en estrategias de terror
contra la población civil, que en la confrontación
directa con la insurgencia. En respuesta,
también los guerrilleros han tomado medidas
similares.
Los indígenas, en particular, además de
lo anterior, han sido violentados en sus
derechos colectivos relacionados con su
autonomía territorial ya que sin su consentimiento
los grupos armados de uno u otro
bando, como también el ejército, han utilizado
sus territorios. Las autoridades indígenas
tradicionales han sido desconocidas
por todos ellos y los dirigentes de las
organizaciones indígenas han sido víctimas
de todos los actores armados. Es tal
la confusión y la degradación del conflicto
que en varias masacres de indígenas no
se ha logrado saber si los autores fueron
paramilitares, ejército, guerrilla, narcos o
delincuencia común50. Los guerrilleros se
disfrazan de paramilitares y éstos de guerrilleros
para que sus asesinatos se los
achaquen al bando contrario. Tal fue el
caso, por ejemplo, de los guerrilleros de
las FARC, disfrazados de paramilitares,
que asesinaron al líder paez Cristóbal
Seque, del Norte del Cauca, en junio del
2001. Parecería que, habiéndose llegado
a este nivel de degradación de la lucha
armada, todas las tácticas y estrategias
resultaran válidas. También algunos indígenas
hicieron parte de esta degradación,
como los que por contradicciones personales
o familiares acusaron falsamente a
otros para que uno u otro de los grupos
armados los ajusticiaran. De hecho, varios
dirigentes indígenas han sido ejecutados
por esta causa.51
Para los indígenas, las diferencias entre las
guerrillas y los paramilitares se han ido
desdibujando: ambos tienen en los cultivos
ilícitos una de sus principales fuentes de
financiación y los fomentan en las zonas indígenas;
ambos desconocen la autonomía
de las autoridades indígenas e imponen
contribuciones a las comunidades; no entienden
la identidad cultural ni asumen las
reivindicaciones propias de los indígenas;
violan sus territorios, colocando a las comunidades
en situaciones de alta vulnerabilidad;
reclutan la juventud; desaparecen y asesinan
sus dirigentes; hacen alianzas criminales
con la delincuencia común; y convierten
sus territorios en escenarios de guerra,
de disputa territorial y de control sobre la población,
el transporte, la movilización, los ali-
49 Entre los kankuamos de la Sierra Nevada ha habido
más de 150 muertos por el conflicto armado, desde
1986. En Juradó, Chocó, fueron asesinados en 1997
más de 30 personas de la comunidad negra.
50 Por ejemplo, la masacre de Corinto, ocurrida en el
mes de noviembre.
51 “El 29 de enero de 1999 se produce el asesinato del
gobernador de Baujudó (Chigorodó, Antioquia),
Argemiro Domicó, por parte de los paramilitares. Este
hecho ocurre porque un líder de Baujudó redactó una
carta y falsificó la firma del gobernador mayor de
Chigorodó, para acusar a Argemiro de ser auxiliar de
la guerrilla”. Informe Antioquia, p. 13.
44
C A P Í T U L O 2
mentos, las medicinas y la comunicación,
con gravísimas consecuencias en términos
de violaciones de derechos humanos y de
riesgos para la integridad étnica de las comunidades.
Mientras los grupos guerrilleros
tienden a subordinar a las organizaciones
populares, los paramilitares tienden a
destruirlos. El racismo tiene en estos grupos
armados su expresión más violenta.
Los grupos guerrilleros llegaron a las zonas
indígenas con un discurso de justicia
social y de liberación nacional que lógicamente
atraía a los indígenas como organización
popular interesada en contribuir al
cambio radical de las estructuras económicas,
sociales, políticas y culturales de nuestra
nación, con miras a garantizar las posibilidades
de seguir existiendo y desarrollándose
como pueblos históricos en una sociedad
pluriétnica y multicultural. No obstante
–con excepción del Movimiento Armado
Quintín Lame, integrado por indígenas– los
diferentes grupos insurgentes no incorporaban
en sus programas político-militares
las reivindicaciones específicamente indígenas
ya que en el enfoque revolucionario ortodoxo,
que tiende a predominar en estos
grupos, lo étnico está supeditado a los intereses
de clase: “el pueblo contra las oligarquías”.
Con el tiempo, el discurso político
de la insurgencia se ha venido debilitando
en la medida en que se fortalece su enfoque
militarista y sus intereses financieros
cada vez más cercanos a los cultivos ilícitos,
lo cual los ha distanciado cada vez más de
la aceptación de los indígenas.52 Los grupos
guerrilleros empezaron a operar militarmente
en las zonas indígenas, al igual
que en las zonas campesinas, con acciones
de limpieza social, eliminando delincuentes
comunes para ganarse la confianza
de la población. Luego fueron imponiendo
su autoridad sobre la de los cabildos y
autoridades tradicionales de los indígenas,
con lo cual empezaron las contradicciones
con las comunidades, agravadas cada vez
más por las exigencias económicas, el reclutamiento
de jóvenes, el juzgamiento y ejecución
de indígenas, las arbitrariedades en
la vida cotidiana de las comunidades, y los
riesgos que atraen sobre ellas53. Las FARC,
en particular, tratan de convertirse en Estado
alternativo en las zonas donde ejercen
mayor influencia, Estado que choca con la
autonomía, gobierno y control territorial por
parte de las autoridades indígenas.
Para los indígenas, la autonomía territorial,
el fortalecimiento de sus autoridades tradicionales
y de sus organizaciones locales,
regionales y nacionales han sido parte fundamental
de sus luchas y conquistas de los
últimos treinta años. Y es que como pueblos
indígenas, como realidades históricas
preexistentes a la llegada de los europeos,
el territorio, la autonomía y la identidad cultural
constituyen sus banderas más importantes.
La Constitución nacional de 1991 les
reconoció y amplió el derecho a la autonomía,
con otras reivindicaciones como el derecho
a ejercer sus propias formas de justicia
y a ser consultados antes de que se ejecute
alguna acción o se tome alguna medida
legislativa o administrativa que pueda
afectar su integridad étnica: territorios, re-
52 A continuación de punto seguido “Además, el movimiento
indígena, desde su inicio hace treinta años, ha
sido visto por los grupos insurgentes con prevención
y recelo por la independencia política que lo ha caracterizado.
Los paramilitares, por su parte, lo ven como
un movimiento subversivo”.
53 “Comenzaron a sancionar a los comuneros, algunos
solamente se podían mover de la casa al trabajo y
del trabajo a la casa, otros con multas y a perseguir
a los médicos tradicionales, los cuales son muy escasos
en la zona”. Informe Cauca, p. 15.
45
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
cursos naturales, cohesión social, identidad
cultural.54
Por lo anterior, resulta claro que la lógica
militar y el ejercicio de poder de los grupos
armados (insurgentes y contrainsurgentes)
entra en conflicto, de plano, con la lógica y la
fuerza de la autonomía indígena.55 Donde no
hay una territorialidad indígena y una cohesión
social plenamente consolidada como
parcialidades de resguardo con sus autoridades
propias y sentido de pertenencia es
donde más agudo ha sido el conflicto y más
han sufrido los indígenas. Por ejemplo, en
el medio Putumayo, donde las reservas indígenas
no han sido convertidas en resguardos
y proliferan resguardos pequeñísimos
y dispersos56; en el territorio de los
kankuamo, que son los menos consolidados
de la Sierra Nevada; en el Naya (Cauca),
donde existe cabildo pero el Incora no ha
legalizado el resguardo.
Las contradicciones y el resentimiento de
los indígenas se acentúan a medida que se
acrecienta la degradación del conflicto armado,
especialmente cuando caen asesinados
los líderes políticos y autoridades tradicionales
que inspiran el sentimiento de la
autonomía y la resistencia comunitaria con-
54 Ley 21 de 1991 ratificatoria del Convenio 169 de la
O.I.T.
55 Incluso en la época del Quintín Lame, las comunidades
se vieron algunas veces en la necesidad de llamarlos
a cuentas.
56 “Un requisito planteado por parte de las organizaciones
indígenas regionales es la suspensión de las
explotaciones petroleras hasta que no sean convertidas
las reservas en resguardos” (OZIP, Feb. de 1997).
Informe regional Putumayo, p. 19.
46
C A P Í T U L O 2
tra la guerra. Esta ha sido la principal causa
de los desplazamientos de población indígena.
Los paramilitares, por su parte, han llegado
a los territorios indígenas en una forma
mucho más intimidatoria, masacrando la
gente y asesinando dirigentes, pues en general
perciben a los indígenas como aliados
de la subversión y obstáculo para el
desarrollo regional. No obstante, al ver que
las contradicciones de los indígenas con los
grupos insurgentes se acrecientan, los paramilitares
empiezan a decir que respetan
la autonomía de los indígenas. Esto, a su
vez, es aprovechado por la guerrilla para clasificar
a los indígenas de simpatizantes de
los paramilitares. Los medios de comunicación
también han hecho un manejo perverso
de la información presentando de
manera parcializada la resistencia indígena
como dirigida solamente en contra de la
guerrilla57, con lo cual contribuyen a elevar el
riesgo para los indígenas en medio del conflicto
armado.
Los indígenas –tanto en las comunidades
locales como de las organizaciones regionales
y nacionales– han intentado muchas
veces dialogar con los grupos armados para
solucionar sus contradicciones, habiendo llegado
a acuerdos en algunos casos. Desde
finales de la década de 1970 el CRIC hizo lo
posible para dialogar con el Secretariado de
las FARC para tratar de parar el asesinato de
líderes indígenas por parte de esa organización.
En octubre de 1986 el Comité Coordinador
Indígena de Antioquia (futura OIA), con
otras organizaciones indígenas, buscaron
nuevamente el diálogo y en 1987 se firmó en
Casa Verde un Acuerdo Básico que incluyó:58
Respeto por las autoridades indígenas. No
reclutamiento de indígenas. No pago de cuotas.
No matar indígenas que hayan cometido
faltas. No ejercer intimidación para apoyos
políticos. Hacer acuerdos de cumplimiento
con los diferentes frentes.
Si bien algunas comunidades (como los Kogui
de la Sierra Nevada) se niegan rotundamente
a cualquier diálogo con los grupos armados,
muchas han dialogado con uno u otro grupo,
logrando algún resultado temporal. Pero, a la
larga, como lo demuestran los hechos, los
acuerdos casi siempre han terminado siendo
desconocidos “por ordenes superiores” (autoritarismo
y verticalidad militar). Toda esta situación
ha llevado a la desconfianza y a la decisión
por parte de los indígenas de optar –no
sólo como comunidades sino como movimiento
social, que hace partícipe a todas las
organizaciones de los pueblos indígenas– por
una estrategia de resistencia frente a todos
los actores armados: guerrilla, paramilitares y
cuerpos de seguridad del Estado.
No obstante, la resistencia contra la guerra
y sus actores no significa dejar de insistir en
la vía del diálogo como estrategia fundamental
para la paz. El Congreso de los Pueblos
Indígenas reiteró la necesidad de construir
una propuesta alternativa de paz a partir de
una discusión “abierta, de cara al país, donde
tengamos el derecho de decirle a los grupos
armados y al Estado lo que pensamos
y queremos en relación con la paz, el ordenamiento
territorial, la reforma agraria, los
planes de desarrollo y el derecho de decidir
57 La revista Cambio (enero 7 a 14 de 2002) tituló
“Contraguerrilla Popular” el artículo en que reseñó la
resistencia pacífica opuesta por indígenas y campesinos
de Caldono, Bolívar, Puracé y Coconuco en el
Cauca, no obstante citar palabras del gobernador Floro
Tunubalá que expresaban explícitamente el rechazo a
todos los actores armados. 58 Cota, nov. 2002. Informe Antioquia, p. 26.
47
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
sobre el tipo de sociedad que queremos”.
En ese mismo congreso expresaron su desacuerdo
con la forma como se estaban realizando
las negociaciones de paz del gobierno
con las FARC en la zona de distensión:
“Los pueblos indígenas no nos sentimos
recogidos ni representados por el Estado ni
por las FARC ni, en general, por los actores
armados del conflicto”59.
Para contribuir a la construcción de una alternativa
de paz, se aprobó en el congreso
la conformación de una Mesa Indígena de
Paz con delegados de organizaciones y pueblos
indígenas, que se encargue de la
interlocución con los actores armados, con
el Estado, con las organizaciones sociales
y organismos pertinentes nacionales e internacionales,
que haga veeduría a las acciones
del Estado, acompañamiento a las
comunidades y autoridades indígenas, que
impulse procesos de investigación y de reflexión
en el interior de las comunidades
sobre el conflicto, sus impactos en las comunidades
y las formas como éstas lo están
afrontando.
Resistencia indígena
“No tengo miedo,
hace tiempo que los grupos violentos están
en esta región (...)
Somos una pequeña comunidad
humana, unida, que viene
de una autoridad ancestral,
con cultura, identidad
y lengua propia (...)
dijimos que seguíamos con nuestra visión
y propuesta de paz”.60
Ante la extensión del conflicto armado en
Colombia, su intensificación y degradación
durante los últimos cinco años, diferentes
sectores sociales (...) están dando pie a que
la creciente tendencia de la resistencia civil
se focalice principalmente contra las Farc y a
que en la opinión pública se fortalezcan políticamente
posiciones radicales de derecha.
Lejos de resolver los problemas del país, lograr
la justicia social y la transformación democrática,
la lucha armada los ha estado
agravando cada vez más. Esta realidad y la
creciente degradación del conflicto, ha traído
como consecuencia un descontento cada vez
más grande de la población (...)61 En el caso
de muchas organizaciones populares y del
movimiento indígena, en particular, su propuesta
es la resistencia civil contra todos los
actores de la guerra: insurgencia, paramilitares,
ejército y policía.
Pioneros de esta posición de resistencia civil
(...) han sido comunidades campesinas, indígenas
y pobladores (...). El periódico El
Espectador destacó el ejemplo de resistencia
dado por los indígenas del Cauca.62
59 Relatoría tema Conflicto Armado, p. 5.
60 Sahila del Pueblo Tule, Federico Achan, del Resguardo
de Ipkikuntiwala, localizado entre Turbo y Necoclí.
61 La Asamblea por la Paz, que reúne múltiples organizaciones
sociales, en su declaración del 18 de enero del
2002, numeral 6, propone a los actores del conflicto:
“Reconocer y respetar las expresiones de resistencia
civil contra la guerra, por respeto a los principios y
normas del derecho humanitario y la vigencia de los
derechos humanos”.
62 “En cuatro episodios de resistencia indígena, a partir
del 16 de noviembre (2001), en el municipio de Bolívar,
con antorchas y música los indígenas hicieron
retroceder los fusiles de la guerrilla. Antes, a mediados
de mayo, las comunidades hicieron lo mismo con
las amenazas de los paramilitares, al realizar durante
varios días la marcha minga por la vida que llegó
hasta Cali. También con sus bastones, con mandato
de la asamblea comunitaria de Jambaló, a partir del 5
de junio, desalojaron los laboratorios de droga que
hombres de poder habían construido en sus terrenos
y derrotaron al candidato a la gobernación de los
partidos liberal y conservador, consiguiendo el apoyo
para posesionar el 1 de enero (2002) al taita Floro
Tunubalá en el Palacio Departamental de Popayán”.
48
C A P Í T U L O 2
Desde cuando empezaron las retaliaciones de
los paramilitares, los indígenas comenzaron a
ensayar estrategias de resistencia, como la denominada
“neutralidad activa” (1994) por parte
de la Organización Indígena de Antioquia, O.I.A.,
ejerciendo la autonomía en sus territorios y comunidades
para protegerse de todos los actores
armados. Los principios básicos que animaron
la propuesta fueron los siguientes63. En
mayo de 1999, se creó el denominado Territorio
de Convivencia, Diálogo y Negociación en el
sitio La María, municipio de Piendamó, departamento
del Cauca, como espacio alternativo
de participación de la sociedad civil frente a los
diálogos de paz entre las FARC y el gobierno en
el Caguán. (...).64 Actualmente (Cota, noviembre
del 2001) todas las organizaciones indígenas
han comenzado a promover la resistencia
civil desarmada (...).
El 65,5 % de los pueblos indígenas localizados
en la amazonía colombiana tienen una
población menor a mil personas. El grave
impacto de la violencia sobre estos pueblos
entraña un serio riesgo de extinción65. El reducido
tamaño demográfico exige acciones
urgentes de protección y defensa de estas
comunidades. ALDHU considera prioritario
y urgente exponer la situación de los pueblos
indígenas amazónicos que pueden
estar afrontando la agonía de algunas culturas,
sin que la sociedad nacional y occidental
conozcan su realidad». El Foro66 indica
que las violaciones a los derechos humanos
de los indígenas tienen «un enorme significado
para las culturas amazónicas: la
desaparición, la separación o la inhabilitación
de una persona perteneciente a un pueblo
indígena trastorna una o muchas piezas
de la estructura social. El homicidio, la desaparición
forzada, el desplazamiento forzado,
o las lesiones a la integridad personal,
infligidos especialmente sobre autoridades
tradicionales representa la pérdida del conocimiento
y control sobre ecosistemas y
recursos naturales, supresión de conocimientos
y protocolos médicos, desaparición
de formas de control del territorio y, en general,
pérdida de formas particulares de ordenamiento
social y cultural. Esta situación se
ve agravada por el desplazamiento forzado
del que son víctimas los pueblos
amazónicos colombianos. Hasta septiembre
de 2003, 1.311 indígenas de Caquetá,
Guaviare, Putumayo y Vaupés, el equivalente
al 2,7% de la población indígena de los
cuatro departamentos, se vio forzada a dejar
sus territorios por causas relacionadas
con la violencia política.
A pesar de que el tamaño de la muestra no
es estadísticamente significativo, de los 20
niños de la UC-ELN entrevistados, 6 fue-
63 Informe Antioquia, p. 26. Fortaecer la organización y
autonomía de los cabildos y comunidades. Tutoría o
acompañamiento externo. Diálogo organizado con los
actores armados. Divulgación de la neutralidad indígena
y denuncia de los infractores. El autocuidado, como
voluntad comunitaria de generar espacios y mecanismos
propios de resolución de conflictos. No uso de la
violencia y no participar de ninguna manera en la confrontación
armada. Refuerzo de la jurisdicción indígena.
64 A punto seguido continua el texto: “a partir de esto
comienza a abrirse una alternativa político electoral:
en junio del año siguiente, las organizaciones populares
del Cauca conformaron el Bloque Social Alternativo
y el 30 de Octubre triunfaron con la elección de
Floro Tunubalá, como primer indígena en ocupar el
cargo de gobernador del departamento del Cauca, 5
diputados, 8 alcaldías y 120 concejales. La participación
político electoral de los indígenas se viene dando
desde la promulgación de la nueva Constitución que
les reconoció una circunscripción electoral especial”.
65 Así lo señala un estudio realizado por el Proyecto
Promoción y Protección de los Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana
y Ecuatoriana que ejecuta la Asociación Latinoamericana
para los Derechos Humanos, ALDHU, con auspicio
de la Unión Europea.
66 El Foro «La Agonía del Jaguar», sobre pueblos indígenas
amazónicos y derechos humanos en el contexto
del conflicto colombiano, el 26 y 27 de noviembre,
en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez
de Quesada, en ciudad de Bogotá, dará a conocer la
situación de los pueblos amazónicos.
49
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
ron reclutados por la fuerza, sugiere la posibilidad
de que la UC-ELN recurra a esta
práctica con mayor frecuencia que las
FARC-EP.
Jenny, una niña pequeña de
rasgos indígenas,
sólo tenía trece
años cuando la
milicia de la UCELN
se la llevó por
la fuerza en Boyacá.
“El ELN me obligó a
entrar. Eso pasó hace
tres meses, más o menos,
al principio de marzo
[2002]. Ellos venían con frecuencia
a las casas de la
gente, donde yo vivía en
Boyacá, nos decían que debíamos
unirnos a las FARC o al
ELN. Los dos grupos trabajan
juntos. Ellos me decían
que yo tenía talento. Las
FARC exigían muchachos
mayores de quince pero
también recibían muchachos
más jóvenes que eso.
Los del ELN exigían que uno tuviera
al menos once. Los adultos
no tenían que hacerlo, pero
también los invitaban a que se
unieran. Ocho días después de
que vinieron a mi casa, me obligaron
a ir con ellos al campamento.
Fueron doce horas de
camino. Había como quinientas
personas ahí, la mayoría
niños. De pronto unos cincuenta
habían sido
reclutados a la fuerza. Ahí
sólo había como unos doscientos
adultos.
En el departamento de Casanare, Johny, el
más pequeño de ocho hermanos, estaba
en su antigua escuela (dejó de estudiar
después de quinto grado) cuando un grupo
de miembros de la UCELN
se le acercaron y lo
amenazaron con matarlo
si no se iba con ellos. «Me
forzaron a unirme», Johny
dijo con firmeza. «Me dijeron
que era por tres meses,
luego me soltarían y
me dejarían en la casa. No
creo que me buscaban a
mí, fue por casualidad.»
Johny fue rescatado por el
Ejército antes de que transcurrieran
los tres meses.
Juan José es un
sicuani del departamento
de
Vichada, que hace
frontera con Venezuela
y alberga al
mayor número de
comunidades indígenas.
En noviembre
de 2001, un escuadrón
de las FARC-EP
que pasaba por su aldea
le reclutó por la fuerza
junto con otros miembros
de la comunidad,
entre ellos mujeres
y niños. Obligaron
al grupo a marchar
durante tres días
hasta llegar al campamento
guerrillero. Tras
quince días de entre50
C A P Í T U L O 2
namiento, trasladaron a los nuevos reclutas
en un viaje de tres semanas por el río
Vichada a La Macarena, Meta, en el corazón
de la Zona: “Como ellos siempre llegaban
allí, me aconsejaban, me decían muchas
cosas: que uno no sufre en la guerrilla,
que a uno no le falta nada, ni mata a
nadie. Pero era mentira, ya que cuando uno
está metido, a uno le mandan a hacer muchas
cosas. Me dijeron que si yo no ingresaba,
me mataban. Pasó lo mismo con varios
indígenas como yo. Era un combo de
cinco personas, fueron ellos los que me
llevaron. Había otros indígenas en la guerrilla,
adultos y niños”.
Minas antipersonal
Colombia es el único país de América
en el que se siguen plantando minas. La
mayoría de los dispositivos antipersonal
utilizados por los grupos armados irregulares
de Colombia están fabricados con
materiales baratos y fáciles de conseguir,
como tubos de PVC, botellas de soda, baterías
y cables. Los niños reclutas de la
guerrilla y las fuerzas paramilitares reciben
entrenamiento sobre el ensamblaje y
la colocación de estos dispositivos letales,
que incluyen las trampas cazabobos
o las minas enterradas bajo tierra y activadas
por presión, conocidas como quiebrapatas.
El Departamento Nacional de
Planeación calculaba en el 2002 que había
al menos 100.000 minas quiebrapatas
en Colombia.
Todas las partes en el conflicto colombiano
utilizan las minas y se cree que su empleo
está aumentando. Según el Ministerio de la
Defensa Nacional, entre enero y octubre de
2002, 141 miembros de las fuerzas de seguridad
murieron a causa de las minas, cinco
veces más de la cifra de 2001.
UNICEF registró un aumento similar de las
víctimas civiles: la cifra aumentó un ciento
por ciento, con 170 muertes en 2002. Las
víctimas adultas de las minas antipersonal
suelen sufrir mutilaciones y pérdida de extremidades.
En el caso de los niños, dada
su corta estatura, se produce con más frecuencia
la muerte o heridas catastróficas.
Actualmente, 422 municipalidades de 30
departamentos colombianos están afectadas
por las minas.
51
A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N I N D Í G E N A E N C O L O M B I A
...juventud
en los pueblos indígenas
Capítulo 3
52
C A P Í T U L O 3 niños defectuosos
o huérfanos nukak makú
Los miembros de las bandas nukak
makú buscan evaluar al semejante, al igual.
Como lo hacemos en nuestra sociedad, evalúan
las reales condiciones en que nace un
niño, desde dos aspectos fundamentales:
condiciones físicas y condiciones sociales:
¿oye?, ¿ve?, ¿está su cuerpo completo?
Pero además, ¿existen las condiciones
materiales y afectivas para que pueda obtener
los cuidados de los mayores, a quienes
corresponde su protección porque son huérfanos?
67 Con base en los resultados del proceso
de evaluación, que siempre está presente,
este niño será clasificado como ser
humano igual, que debe ser cuidado para
hacerse adulto nukak makú, o será pensado
como sujeto para el traslado a otra sociedad.
Esta última medida se enmarca en
el concepto de fatalidad, cuando no existe
otra posibilidad de actuar y, claro, en la de
protección a la vida. Dejar estos niños con
la imposibilidad objetiva de ser nómadas
es una medida de protección68.
La lectura en profundidad de los expedientes
y datos acopiados genera una hipótesis diferenciada
de las causas anteriormente descritas:
a) si tienen un defecto físico que les impide
ser caminantes nómadas, estos niños no
son idénticos a los nukak makú; b) la circunstancia
de la orfandad es pensada como conjunto
vacío que impide el ámbito social y afectivo
necesario, indispensable e irremplazable
de uno o de ambos padres para que generen
la seguridad alimentaria y los cuidados necesarios
para los primeros meses y años de
vida. Estas dos situaciones, en el marco de
un medio de vida culturalmente determinado,
definen clasificatoriamente a estos seres
como distintos, es decir, no plenamente completos,
no caminantes, esencia de su mundo.
Aquellos a los cuales no se los puede sustentar,
porque no están los parientes que deben
hacerlo o no pueden hacerlo por sí mismos
no podrán asumirlo, se abandonan en una
decisión de vida o muerte que es fatal, en los
términos expuestos anteriormente. Esta argumentación,
que da por sentado cómo son
los nukak makú, destituye la extensión de
ideas o argumentaciones desde posiciones
etnocéntricas, por medio de las cuales se traslada
el marco ideal de lo que debe ser nuestro
ideal de cuidado a los niños, así sea contrario
en la realidad, y que, por idealización del otro,
o por extensión de visiones racistas, atribuye
explicaciones falsas.
El Código del Menor define “menor” con
base en la edad cronológica. Los diferentes
pueblos indígenas no necesariamente definen
estos ciclos por días calendario. La niña
wayú o tikuna que han menstruado son mujeres
casaderas. Un paez de quince años que
roba gallinas a varios comunitarios, o sea el
activo corriente de la comunidad para emergencias,
es tratado como adulto desviado. Sus
derechos y sus deberes cambian69. Conocer
estas manifestaciones de los derechos propios
de los pueblos es fundamental, particularmente
cuando un caso sale a la jurisdicción
ordinaria por alguna circunstancia70. Se
67 En la sociedad mayoritaria cientos de niños permanecen
institucionalizados buscando un hogar y nosotros
sus miembros no nos hacemos responsables por ellos.
Los dejamos abandonados a su suerte.
68 Sánchez Botero, Esther. Investigación sobre niños
abandonados nukak makú. ICBF, Defensoria del pueblo.
Gracias a esta investigación se aceptó esta medida
de los jefes de banda y se justificó por qué no
retornarlos a su medio como lo establecía una sentencia.
69 Sánchez Botero, Esther. Peritaje para la Corte Constitucional
2000.
70 Sanchez Botero, Esther. Proyecto para la construcción
de entendimiento intercultural.
53
N I Ñ E Z, A D O L E S C E N C I A Y J U V E N T U D E N L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S
tensiona cultural y normativamente el interés
superior del niño y el derecho indeterminado
de la cultura71.
Registro civil de nacimiento
El registro civil de nacimiento le brinda al
niño la posibilidad de participar como miembro
de una nación. Si como indígena nace
en una sociedad matrilineal que le sucede
el nombre del clan materno a los hijos, estos
registros tendrán una diferencia con
otras formas de suceder el parentesco mediante
la continuación de un distintivo de familia
(clan). En Colombia, los niños y niñas
indígenas pertenecientes a sistemas de
parentesco unilineales tienen derecho a ser
registrados de acuerdo a su cultura. Este
registro realmente es necesario como indígenas
nacionales que participan como colombianos
de realidades en ese ámbito. Es
valioso, sin embargo, examinar situaciones
desde las culturas y explorar cómo ellos clasifican
a los niños y cómo les dan su identidad
y “registro”.
El registro de nacimiento no siempre parece
necesario para los padres. Sin embargo,
dadas las funciones jurisdiccionales que tienen
las autoridades de los pueblos indígenas,
ellos están registrando nacimientos y
muertes. Esta posibilidad debería
institucionalizarse mediante un convenio interinstitucional
con las unidades de los diferentes
sistemas de gobierno indígena, con
lo cual se sortearía esta situación de forma
oportuna, como también se solucionaría el
problema que se presenta en algunas notarías,
ya que los servidores públicos sugieren
o les ponen nombres a los niños a su antojo,
porque consideran inadecuados los
propuestos por los padres indígenas.
Además, como no conocen
sobre la existencia de
sistemas de parentesco diferentes,
imponen su visión
y propio sistema de
registro.
Identidad y reconocimiento
social
Algunas mujeres tikuna
tuvieron hijos con hombres que
trabajaron en un campamento petrolero.
Los hombres, por ser blancos, no
podían sucederle el nombre de un clan a
sus hijos y las mujeres no suceden el clan a
los hijos porque el sistema de parentesco
es patrilineal. Dado que es absolutamente
indispensable tener un clan para organizar
la vida social, las autoridades tikuna decidieron
crear un nombre de clan para registrar
estos niños dentro del sistema de parentesco,
entonces crearon el clan Vaca. Así,
los hijos de una mujer indígena y un blanco
serán clasificados y tratados como miembros
del clan Vaca.
Mínimos jurídicos
Muchas realidades culturales pueden
chocar con otras culturas. Algunas prácticas
culturales son prohibidas en Colombia. Los
cuatro mínimos jurídicos: derecho a la vida,
a la integridad del cuerpo, a no ser esclavizado
y a un debido proceso, no son admisibles
en Colombia por razones culturales.
Ello ha implicado para los pueblos la obligatoriedad
de cambiar algunos usos y costumbres72
tales como:
71 Sánchez Botero, Esther. Herramienta de interpretación
y ponderación para decisión de casos de Protección
de niños indígenas.
72 Sánchez Botero, Esther. Audioteca sobre mínimos
jurídicos. Con apoyo de la Embajada de Holanda.
54
C A P Í T U L O 3
! Los embera en Risaralda y los paeces
en el Cauca mutilaban el clítoris.
! Los u´wa clasificaban a los gemelos
como distintos y como seres para vivir
con una deidad en un plano diferente a
la tierra donde habitan los u´wa no indígenas.
! Las mujeres curripaco no aceptaban que
sus niños gravemente enfermos fueran
trasladados a Bogotá, porque casi siempre
se morían y no les devolvían sus cadáveres.
Procesos rituales
La salida de una etapa a otra de la vida
implica rituales de paso.
Las niñas uwá menstruantes utilizan un
sombrero de hojas tejidas y también hacen
una dieta especial y ayunos. Por el color
amarillento que toman estas niñas vale la
pena examinar, por ejemplo, si este ritual
las afecta biológicamente.
Las niñas tikuna a las que se les arrancaba
el pelo de la cabeza, que deben perder y botar
al río como manifestación de un cambio,
hoy les es cortado con tijeras. La creencia y el
ritual permanecen, pero hay una adaptación
en el modo de hacerlo.
Guardar la niña varios días en una casa sin
luz y con ciertos ayunos es una práctica de
los ingas del bajo Putumayo y de los
arhuacos.
Niños indígenas trabajadores
El niño, la niña y el joven tienen que participar
del mundo del trabajo, en el que son
inducidos lentamente. Acompañar a pescar,
cazar, sembrar, cosechar, vender, desgranar,
hacer mandados, traer leña, son prácticas
cotidianas. En algunos pueblos hoy el trabajo
consiste en otras formas: comprar el
gas o la gasolina, recoger coca para el mercado,
lo que manifiesta cambios en las actividades
que históricamente desempeñaron
estos niños y jóvenes. Estos trabajos tienen
efectos negativos cuando contribuyen a generar
dependencia a la sociedad mayoritaria
que los envuelve, como jornaleros en sistemas
de explotación, en sistemas como el
de endeudamiento o la expropiación por falta
de pago, además producen cambios de
sus hábitos culturales.
La presencia de grupos religiosos también
implica procesos de individuación de personas
y familias y del relajamiento de formas
de trabajo en minga, del cambio de
mano y de la ayuda mutua.
Dado que los hombres salen de las comunidades
para participar en grupos armados
o como cosechadores de coca, para
ganarse el sustento en lugares distantes, el
cuidado de los hijos pequeños queda en
manos de las mujeres y, particularmente en
niñas, a quienes les toca asumir solas el
sostenimiento de los niños y más pequeños
y a veces de los más ancianos.
Las percepciones sobre trabajo infantil y juvenil
así como sobre recreación o actividades
culturales pueden tener una lectura muy
diferente entre los pueblos indígenas y entre
los propios niños indígenas, sobre todo
cuando se trata de actividades familiares que
contribuyen a su autosostenimiento o educación.
Es significativa la presencia de jóvenes indígenas
trabajadores fuera de sus pueblos.
La familia indígena ha demostrado un alto
aprecio y cuidado por los niños y jóvenes y
55
N I Ñ E Z, A D O L E S C E N C I A Y J U V E N T U D E N L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S
ha buscado mantenerlos fuera de los trabajos
pesados y lejanos. Hay varios testimonios
de que ellos padecen un gran sufrimiento.
Los ingas del Bajo Putumayo se han tenido
que enganchar como guerrilleros y otros
como paramilitares. Muchos desplazados se
meten a trabajar como raspachines de coca.
Hacen jornadas muy largas, viven en malas
condiciones y son explotados.
Los jóvenes wayú cuidan rebaños durante
largas jornadas y ello los excluye de participar
en la escuela.
Algunos jóvenes wayú son utilizados para
robar contrabando o para pasarlo por fuera
de los retenes y aduanas.
En algunas regiones, mujeres y hombres jóvenes
trabajan en oficios domésticos para
apoyarse a sí mismos, a sus familias y como
medio para poder estudiar. Ello significa jornadas
de trabajo exhaustivas. Muchas veces
no reciben salario y solamente reciben ropa
y comida. Pueden ser explotadas por los mismos
indígenas en la ciudad, que han alcanzado
mejores condiciones y que se han “blanqueado”.
En este espacio se corre el riesgo
de negar la identidad, de rechazar lo propio y
de caer incluso en la prostitución.
Muchos menores realizan trabajos sin reconocimiento
social ni jurídico, sin acceso a
prestaciones de la seguridad social y sin
condiciones de higiene y de seguridad mínimas.
Los niños indígenas participan de la vida
familiar y de los contextos de trabajo y de
fiesta de modo permanente. Sobre la base
del ejemplo y de las demostraciones, los
niños aprenden cientos de realidades necesarias
para su crecimiento, para llegar a
ser adultos útiles y para reproducir la cultura.
Así, reconocen a sus parientes, vecinos y
comunitarios; también sus deberes y derechos;
reciben el entrenamiento necesario
que les permite rendimiento y eficacia en
las tareas productivas. Según Catalina
Lacerna73, la eficacia de la educación indígena
es altísima; muy superior a la educación
formal, ya que solamente cuando el niño
es capaz de hacer determinado procedimiento
y saber por qué, el adulto le permite
asumir esa responsabilidad74.
Se llama proceso de sociabilización a la
transmisión de la cultura y puede decirse
que, en este proceso, los indígenas, en general,
son muy efectivos. La condición de
sociedades pequeñas y “cara a cara” permite
este resultado como medio pedagógico.
Enseñar a jugar y divertirse, solo o con
otros, enseñar a trabajar y enseñar a pensar,
son tres campos claramente determinados
en los procesos de sociabilización
indígena. Este que es un campo especializado
que permite no sólo conocer qué se
transmite, sino cómo se transmiten determinadas
concepciones del mundo, prácticas
y conocimientos intelectuales, que hacen
parte de etnografías amplias, muchas
de las cuales permanecen inconsultas en
los anaqueles de las universidades. Urge
llevar a cabo proyectos de investigación en
los cuales investigadores indígenas y no indígenas
sistematicen y construyan el conocimiento
necesario que lleve al diseño y ac-
73 Conversación personal
74 Ordeñar es una posibilidad que entraña primero ver
ordeñar. Para entrenar se divide toda la actividad en
procesos y se dan razones para cada una de las
actividades. Por ejemplo, amarrar las patas de la
vaca para que no se mueva y pueda golpear o derramar
el recipiente de la leche.
56
C A P Í T U L O 3
tivación de proyectos para la familia, los niños,
niñas y jóvenes indígenas.
Conocer cómo ellos transmiten el conocimiento
sería valioso para muchos agentes
que “educan” y “capacitan” con malos resultados.
El ejemplo, la experimentación y el
saber el porqué de todas las cosas ha de
incorporarse.
Es en la vida familiar y comunitaria que se da
la crianza y transformación del sujeto para
participar de la condición de miembro de un
pueblo. El trabajo de los niños y jóvenes logra
ofrecer un valor diferente y cumple varias
funciones. Los niños, niñas y jóvenes se convierten
en mano de obra necesaria para satisfacer
necesidades individuales, familiares
y comunitarias, que hacen parte de un ciclo
de preparación para la vida de adultos. Combinar
este aprendizaje en medio de una escuela
bilingüe, que enseña estos mundos
específicos es ideal, dado que se aprenden
otras realidades para poder vivir como miembros
de una sociedad multicultural.
Es frecuente encontrar en jardines o
guarderías infantiles de programas institucionales
una parodia de lo indígena. Se podría
llamar a estas expresiones “Fisher Price indígena”.
Es decir, idénticas estructuras y funciones
para estimular a los niños y recrearlos a
la manera de la cultura norteamericana, sólo
que en vez de osos del polo norte de plástico o
de dinosaurios, tienen mazorcas en movimiento,
chumbes o semillas secas. En estos
lugares realizan actividades para estimular los
niños, desconociendo los modos culturales
propios. Mientras hay horarios para actividades
de motricidad fina, que es importante trabajar,
los niños llegan a sus casas a desgranar
mazorcas. Es decir, en estos lugares no
sólo se inducen hábitos alimenticios, de sueño,
de recreación, separados de los propios,
sino que se promueve la desvaloración de lo
propio. Contrasta esta institucionalidad con
proyectos totalmente diferentes que previamente
a su instalación se han construido con
la gente, con base en investigación / acción.
Estos modos institucionales de apoyar a los
niños, reafirmando lo propio, son un acierto
del ICBF. La vinculación de indígenas para ponerlos
en práctica después de un buen intercambio
de visiones ha resultado excelente.75
75 Caso del Alto Putumayo.
57
N I Ñ E Z, A D O L E S C E N C I A Y J U V E N T U D E N L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S
Los arhuacos, que tienen que bajar constantemente
a la ciudad de Valledupar, permiten
a sus hijos ver televisión, jugar con
carros, dinosaurios y robots, hablar castellano;
pero arriba, en lugares como Seineme,
no pueden tener esos juguetes. Ellos separan
uno y otro ámbito cultural.76
Los arhuacos ordenaron el retorno de todos
los estudiantes, incluso los universitarios,
dado que sentían que había una crisis de
sentido, que era necesario enderezar mediante
una intervención directa de los Mamos
con los niños, niñas y jóvenes.
Niñez institucionalizada
Niños indígenas con problemas de salud
graves, por ejemplo, neurológicos o psiquiátricos
severos, y sin entender el castellano,
permanecen en instituciones años sin
que sus familiares los visiten. Cuando los
defensores de menores van a Bogotá aprovechan
para visitar a sus remitidos. No existe
un programa que apoye a los niños y a
sus padres.
Se han registrado varios casos de jóvenes
que acuden a los comandantes guerrilleros
para liquidar un conflicto interno. Por ejemplo,
las jóvenes cubeo piden que intervengan
ante la autoridad para que les den libertad
y no restrinjan que ellas salgan de la
comunidad para hacer pareja con blancos.
Bajo amenaza de muerte estos comandantes
obligan a que les den “libertad”.
Dado que los paeces hoy no vulneran el derecho
a la vida, lo cual significa que no asesinan
a los brujos y a los rateros, los jóvenes
piden a la guerrilla que los ajusticie.
El desprecio de lo propio
en los jóvenes
Por diversas fuentes, jóvenes indígenas
de ambos sexos demandan cambios internos
en sus pueblos. No están de acuerdo
con las obligaciones que deben asumir y se
rebelan. Si bien es propio de estas edades
autoafirmarse, negando muchos rumbos
establecidos por los mayores, lo cual puede
considerarse como “normal”, existen situaciones
que introducen cambios que vul- 76 Observación personal.
58
C A P Í T U L O 3
neran la condición de pueblos: no someterse
a la autoridad que tiene competencia jurisdiccional,
no “mingar” o prestar servicios
a la comunidad; buscar ilícitamente dinero
para sí mismo, no aceptar instituciones propias
como el matrimonio endógeno o prescrito.
Búsqueda de hombres blancos
El asedio de jóvenes indígenas cubeo
significa un grave problema para los comandantes
del ejército y de la policía en Mitú. La
promiscuidad, la prostitución y la transmisión
de enfermedades son significativamente
importantes en la zona. Hay pocos hombres
jóvenes cubeo, porque están en la guerrilla
y “a ellas les encantan los uniformados”
77.
Servicio militar
Aunque la Constitución protege la condición
de indígenas para no prestar el
servicio militar, se han venido gestando
propuestas para reglamentar este artículo
bajo otros principios, lo cual dadas las
condiciones en que se encuentran los
pueblos indígenas vulneraría gravemente
su condición de pueblos.
na revisión de las acciones estatales frente
a la población indígena y de los mismos pueblos
como entes vivos y creativos en procura
de soluciones permite observar: a) avances
significativos, b) obstáculos c) tareas
pendientes y d) asuntos a reafirmar para colaborar
a crear las mejores condiciones de
vida buena, no sólo para ellos mismos como
indígenas sino para todos los colombianos.
77 Entrevista personal. Programa para la Construcción
de entendimiento intercultural. Mitú, 2000.
59
N I Ñ E Z, A D O L E S C E N C I A Y J U V E N T U D E N L O S P U E B L O S I N D Í G E N A S
...en las políticas
públicas
Capítulo 4
60
eC A P Í T U L O 4 l Estado ha venido reconceptualizando su
comprensión de la diversidad étnica del país
mediante la interlocución directa de autoridades
y lideres indígenas y para el efecto ha
producido una serie de normas jurídicas
que regularizan sus relaciones acorde con
el reconocimiento de los derechos civiles,
políticos, económicos y culturales, al principio
de no discriminación y al respeto por la
diferencia y por la autonomía para el ejercicio
el derecho a decidir su futuro.
El gobierno en el Plan de Desarrollo 2003 -
2006, “Hacia un Estado Comunitario”, conforma
la “Consejería Presidencial para Asuntos
Étnicos”, encargada de coordinar con los
Ministerios, el diseño y definición de las políticas
conducentes a elevar el nivel de vida
de los grupos étnicos y a garantizar su participación
en las decisiones que les atañen.
Apoya la elaboración y ejecución de Planes
de Vida acordes con las condiciones económicas,
sociales y culturales.
Diseña y define las políticas conducentes a
elevar el nivel de vida de los grupos étnicos
y a garantizar su participación en las decisiones
que les atañen.
En los departamentos con población indígena,
en correspondencia con los planes
de vida del cupo regional asignado al departamento
para programas de salud, educación,
y saneamiento básico, define los
proyectos de etnosalud, etnoeducación y
saneamiento básico de las comunidades
indígenas.
Concierta y diseña una estrategia para orientar
recursos nacionales, regionales e interinstitucionales
para propender por la adquisición
de tierras, la constitución, ampliación
y saneamiento de resguardos para los
pueblos indígenas.
Diseña programas integrales de registro e
identificación que incluyen a todos los grupos
étnicos existentes de conformidad con
lo establecido en las normas.
De acuerdo con las posibilidades fiscales y
la aprobación de los instrumentos internacionales
de protección a los pueblos indígenas,
busca el fortalecimiento de la educación
intercultural indígena acorde a los
principios etnoeducativos.
Este marco ha de servir de guía y control a las
instituciones públicas para activar programas
que parten tanto de principios multiculturales
e interculturales, que son base para el
relacionamiento con los pueblos y los individuos
indígenas, como con relación al desarrollo.
Por ello, un eje fundamental es el de la
participación directa de las autoridades y sus
comunidades en la definición de los asuntos
que los afecten. Los programas han de contribuir
al proyecto histórico alternativo de desarrollo
a partir de su particular diferencia sociocultural,
reconocida por el Estado y por el
gobierno. El desarrollo no se concibe como
mejoramiento de infraestructura, es decir,
número de letrinas instaladas, o número de
metros de instalación para riego, sino que,
desde una dimensión humana, configura
más capacidad de resolver asuntos, de formular,
gestionar, articular, construir y trascender
su propio modelo superando la dependencia
económica, política, social y cultural
de acuerdo a sus aspiraciones. Todo ello
integralmente bajo el ámbito de la naturaleza,
el territorio, la cultura, la historia, el pensamiento,
mediante relaciones interdependientes
e interactuantes. En la forma como éstas
se articulan se conforman particularidades
61
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
propias de organización social, política, económica
y religiosa, o sea que el desarrollo
contribuye a fortalecer la identidad étnica en
su confrontación con otras identidades. Dado
que cada pueblo posee contextos sociales
diferentes, sin perder de vista que no están
aislados, sino en relación con el resto de la
sociedad nacional, que viven dentro de un
entorno social amplio y no en una sociedad
cerrada, puede acceder a recursos exógenos
sin renunciar a perder su identidad, a decidir
sobre su futuro, optando por alternativas nuevas
bajo el control cultural sobre esas decisiones
y dentro de un proceso que no responda
a situaciones coyunturales sino que
implique dimensiones políticas, es decir,
toma de decisiones que como tales afectan
la vida del grupo.
El análisis de la situación en cada pueblo
permite: a) identificar carencias y necesidades
internas y en relación con el contexto
regional; b) reconocer los elementos históricos
constitutivos de conflictos e intereses;
c) reconocer los recursos propios, los recursos
que fueron impuestos y los apropiados;
d) dar prioridad a acciones colectivas
para diagnosticar, ver tendencias y en consecuencia
formular los cambios que lleven
a satisfacer necesidades culturales compartidas,
mediante un proyecto reflexivo para
lograr la apropiación critica y selectiva de
nuevos elementos y conocimientos, que sea
resultado de la confrontación permanente
de ideas y experiencias.
Los criterios para una buena interrelación
son: a) el reconocimiento interno y externo
de la condición de unidades políticas diferentes
y particulares dentro de la organización
del Estado, con autoridad sobre su territorio,
que es el ámbito de la cultura; b) la
valoración de formas propias de organización
social y política como potencial
para la autogestión, el liderazgo
socialmente legitimado que
anime la creación y el fortalecimiento
de nuevos espacios
para el desarrollo y c)
la participación y logro de
un desarrollo autónomo y
autogestionario.
En conclusión, las instituciones
del Estado han de
saber que no todo programa
es necesario en todos los pueblos.
No todo programa puede ejecutarse
de igual modo. No basta con que
un programa sea un fin en sí mismo; es decir,
todo programa debe fortalecer la etnicidad y
la cultura de los pueblos y ser un buen medio
para generar más autonomía y más participación,
dos seguros confiables para evitar
un tratamiento indiferenciado a los indígenas
que, si bien puede responder como
fin para satisfacer una necesidad, lo debe
hacer también como medio para fortalecer
lo diverso. Todo programa debe partir de una
investigación o estudio participativo que evita
tratamientos genéricos: a) para examinar
la bondad de un programa en determinado
pueblo o comunidad, o para una particular
familia o niño, b) para identificar desde los
mismos pueblos las concepciones sobre
bienestar, desarrollo, familia, niñez, hábitos
de higiene y alimenticios, rutinas de juego,
formas de crianza, trato a los niños, concepciones
sobre salud y enfermedad, etc., que
tiene cada pueblo, dado que difieren de las
de otras sociedades indígenas y de las de
la sociedad mayoritaria y, c) para activar programas
de manera diferente. Por ejemplo,
en un programa para mejorar el estado nutricional
es importante, además de conocer
los recursos internos y las razones que lle62
C A P Í T U L O 4
van a realizar ese programa en ese particular
pueblo indígena, definir los alimentos que
ingieren y el modo de prepararlos, el manejo
al recién nacido, la manera de compartir o
no los alimentos, el trato a los huérfanos,
entre otros. Ello define lo cultural o, incluso,
eventualmente, las “trabas culturales” que
están generando desarmonía y deben reorientarse.
Los pastos definieron en algunos
resguardos prohibir el licor por considerarlo
una “traba cultural”, debido al impacto
negativo que estaba teniendo sobre la
calidad de vida de las familias, pero particularmente
de los niños. Hay que desestimular
acciones que actúan bajo visiones
paternalistas que sostengan estados de
cosas que generan dependencia y un trato
basado en la mendicidad y la caridad.
Concertar los planes de vida. Permite un
proceso significativo de planificación, que no
imponga y que busque acercar el proceso
entre los equipos institucionales externos
que reconocen a las autoridades tradicionales
de dichos pueblos, no sólo como contrapartes,
sino como autoridades con jurisdicción
especial para asuntos administrativos,
así como reconoce a los cabildos como
entidades públicas de carácter especial. Si
hay un esfuerzo diferenciado que además
de maximizar recursos, porque se utilizan
donde se necesitan, las instituciones externas
que buscan apoyar acciones bajo la posibilidad
de reafirmar la identidad cultural,
los usos y costumbres, potencian las estructuras
sociales y culturales, orientadas a
mejorar condiciones de vida que faciliten su
crecimiento, como personas y grupos.
Sobre estos referentes se presentan a continuación
instituciones y programas que
como medios deben alcanzar potenciar la
existencia cultural alterna de los pueblos.
4.1. Salud y seguridad social78
Los principales problemas en el sector
salud en las comunidades indígenas se concentran
en la desnutrición, los altos índices
de morbimortalidad, el desconocimiento de
su cultura médica y la dificultad para que se
cubra a toda la población indígena con los
servicios de salud que les son necesarios.
Es muy sensible a las condiciones de
bienestar de la población en Colombia. La
tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores
de salud que ha logrado mayor
descenso y transformación en su estructura
durante los últimos años, pasando de 28.1
x 1.000 n.v. en 1998 a 25.6 para el año 2001,
lográndose la meta establecida para el año
2000 de 26 x 1.000 n.v.
Las diferentes políticas, así como el desarrollo
económico y social del país, han mejorado
los indicadores de desarrollo de la
niñez menor de cinco años. Sin embargo,
persisten las diferencias regionales en la
reducción de la mortalidad infantil y en sus
notables diferencias territoriales, que son al
tiempo, manifestación y consecuencia de
las desigualdades regionales y sociales que
caracterizan al país. En algunos departamentos,
la mortalidad infantil es del orden del 22
x 1000, lo cual contrasta con otros que registran
98.82 X 1000 para hombres y 81.26 x
1000 n.v. en mujeres, esto es expresión de
las enormes brechas en el desarrollo económico
y social: por 1000 n.v. en el Chocó
hay 98.8, en Caquetá 70.9, en Cauca 64.1,
en Arauca 61.2, en Nariño 59.8, que son los
78 Un derrotero a activar tendrá que crear un sistema
especializado de información sobre la salud en los
pueblos indígenas. No existen estadísticas especializadas.
La información presentada fue suministrada
por el ICBF, sede nacional.
63
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
departamentos con mayor proporción de población
indígena.
El estado nutricional de la población indígena
además de asociarse directamente con
la morbilidad y la mortalidad de la población
se relaciona con los niveles de seguridad
alimentaria de la población, la cual a su vez
está determinada por múltiples factores que
inciden en el acceso a los alimentos: la escasez
de tierras adecuadas para la producción,
las nuevas demandas para participar de en
sistemas de mercado, las condiciones tecnológicas
atrasadas, los hábitos culturales y las
creencias con relación a los alimentos y al
cuidado diferenciado de los adultos frente a
los niños, la prioridad del colectivo sobre el
bienestar individual, los impactos de la guerra
sobre la calidad de la tierra, las fuentes de
agua para provisión de comida y el acaparamiento
de alimentos institucionales por parte
de los actores armados, entre varios factores.
En el 2000, el 13.5 % de los menores de cinco
años presentaron desnutrición crónica79 o retardo
en el crecimiento y esto se relaciona con
la situación de marginalidad y la pobreza. El
2.8 % de ellos se encuentra en riesgo de desnutrición
severa, siendo el grupo más afectado
el de los menores de 12 a 24 meses. En
estudio realizado sobre 800 casos de protección
de niños, niñas y jóvenes indígenas, realizado
en 16 regiones de Colombia, el 98 %
son casos de desnutrición. Muchos de ellos
reincidentes después de procesos institucionales
de recuperación nutricional.
En los menores de 5 años se presentó desnutrición
aguda en el 0.8 %, con severidad en
el 0.1 %80. Los niños más afectados al igual
que en la desnutrición crónica son los menores
de 12 a 24 meses. Le siguen en prevalencia
los menores de 6 meses. La prevalencia
de desnutrición global81 general fue
de 6.7 %, con severidad del 0.8 %, los más
afectados son menores de 1 a 2 años entre
quienes la desnutrición alcanza el 10 %. Entre
los de 2 años la desnutrición severa llega
al 2 %. (ENDS/2000)
Los departamentos con mayores índices de
desnutrición son: Cauca y Nariño, seguidos
por Tolima, Huila y Caquetá, que son departamentos
con un volumen de población indígena
representativa.
La lactancia materna está generalizada en
todo el territorio nacional. Del 94.5 % de los
niños y niñas que alguna vez lactó en 1995
pasó al 95.5 % en el 2000, lo que significa
que el trabajo desarrollado a lo largo y ancho
del país ha logrado un nivel de impacto
importante. Dentro de los hábitos de crianza
cultural más extendidos entre los indígenas
se encuentra la lactancia materna muy prolongada.
Este hecho es un activo cultural muy
importante.
4.2. La seguridad alimentaria
La disponibilidad de alimentos, como
solución al problema del hambre de las poblaciones
indígenas, no se debe ni a la incapacidad
de producción de alimentos, ni a un
crecimiento desproporcionado de su población,
ni a la falta de alimentos en Colombia,
sino a la falta de acceso a los alimentos disponibles,
entre otras razones a causa de la
pobreza. Lo que padecen los indígenas de
modo creciente es una crisis económica de
desproporcionada magnitud, motivada por
79 Baja talla /Edad y Género
80 Bajo peso/Talla y Género 81 Bajo peso/Edad y Género
64
C A P Í T U L O 4
los desequilibrados patrones de
relacionamiento que el Estado ha establecido
con ellos en sus regiones. La desnutrición,
el hambre y la miseria son hoy fruto de
un modelo de seguridad social inadecuado
que no atiende las más elementales respuestas
a la dignidad humana de todos los
colombianos. El derecho a la alimentación y
el derecho a la vida son interdependientes,
así como el derecho a la salud y la vida digna.
Las carencias de individuos y de pueblos
enteros en materia del derecho a la alimentación82
no sólo implica un menoscabo de
ese particular derecho, sino de los derechos
humanos en general, que forja graves limitaciones
para el desarrollo de personas en la
vida social, lo cual significa un atentado de
proporciones inimaginables contra la dignidad
humana83.
Entre los obstáculos estructurales que impiden
garantizar la alimentación se encuentran:
el descenso de la calidad de vida y el ascenso
de la iniquidad; la magnitud del desplazamiento
forzado; la situación de las tierras, la agricultura
y la desigualdad84; el conflicto armado;
el incremento de los cultivos ilícitos. La colonización
descontrolada y el narcotráfico son fenómenos
que una parte muy importante de la
población indígena ha sufrido y que traen
como consecuencia hambre y desnutrición.
Las condiciones de desequilibrio biológico,
consecuencia del hambre, muestran ejemplos
francamente inconcebibles en una nación
llena de posibilidades para la vida buena.
Los sikuani, los cubeo y los kankuamo,
por ejemplo, tienen restricciones severas
para poder comprar alimentos y sus tierras
no sirven para la producción.
Las mujeres embera de Antioquia se estaban
muriendo85. Las autoridades del pueblo
optaron por pedir ayuda a la Secretaría de
Salud Pública y ésta a la Universidad de Antioquia.
Un equipo interdisciplinario trabajó
durante dos años para detectar el origen de
las tempranas muertes de estas mujeres.
En primer lugar, ellas a los 14 o 15 años ya
tienen dos hijos, lo cual implica un trabajo
fuerte de crianza. Por división del trabajo según
género, ellas toman alimentos de los círculos
concéntricos 1° y 2°, que están próximos
a su casa y los hombres deben hacerlo
en el 3°, en el 4° y en el 5°, donde hay pesca,
caza bajita con ayuda de perros y caza alta y
recolección para obtener animales, cogollos
y frutos. Dado que estos anillos han sido invadidos
por colonos, correspondía a las mujeres
proveer los cuidados a los productos
sembrados en los espacios culturalmente
definidos como “trabajo de mujer” y cosechar
los productos, pelarlos, cocinarlos y repartirlos.
El desgaste energético de estas mujeres
por el exceso de trabajo no era equilibrado
con la comida ingerida, lo cual ocasionaba
la muerte temprana. Es de anotar que las
medidas antropométricas de talla y peso internacionalmente
utilizadas tuvieron que ser
adecuadas. Los médicos tradicionales se hicieron
partícipes en el proceso y determinaron
realizar un cambio cultural por medio del
cual los hombres realizarían tareas antes clasificadas
como femeninas y las mujeres
aceptarían este cambio cultural necesario
para adecuar las condiciones nutricionales.
82 Caso de pueblos y comunidades de Nariño y Cauca
de pueblos llaneros, del Chocó y de la Sierra Nevada,
particularmente.
83 Mantilla Quijano, Alejandro. El derecho a una alimentación
adecuada: los retos actuales. Miembro del proyecto
Aurora. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá,
2003.
84 Ibid. p. 176.
85 Galviz, Aída, Departamento de Antropología de la
Universidad de Antioquia y Colciencias S. F.
65
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
Este cambio ha sido significativo pero el acceso
a alimentos sigue siendo insuficiente
para todos.
La ejecución del programa “Diálogos
para una maternidad segura”86 es, sin duda,
un proyecto valioso, pero presenta el problema
de que en el enfoque metodológico
no hay dialogo. Desde la sociedad mayoritaria
se define qué debe saber una mujer
para tener una maternidad segura, pero fuera
de lograr traducir estos conceptos, no se trabaja
para saber qué es maternidad segura
para ellas; qué es “maternidad como estado”,
qué es “segura”. La transferencia de modelos
generalmente se sustentan en una
relación no horizontal, que parte de la ignorancia
o vacío de conocimiento del otro, por
lo que el que sabe salvará al otro con su
conocimiento. Esta visión etnocéntrica implica
perdida de recursos dado que, generalmente,
estos códigos hacen parte de un
sistema cultural en salud, que no concuerda
necesariamente con otro.
Queda claro con este párrafo que todo programa
ha de activarse con un enfoque
metodológico que parta, en primer lugar, por
rescatar, reconocer y examinar, desde las
categorías del participante o de la población
que será sujeto del programa el campo que
ha de ser intervenido.
El enganche de hombres cubeo en grupos
insurgentes ha traído como consecuencia
que las mujeres cubeo solas tengan que
mantener los niños. Ellas deben caminar
grandes distancias para cuidar los sembrados
y solas deben extraer el veneno a la yuca,
lo que ha traído deformaciones en la clavículas
y consecuencias en la salud. Por otro
lado, al no pescar y no cazar, se manifiesta
malnutrición proteico calórico y déficit de proteínas
(Kwashiorkor) dado el tipo de alimentos
que vienen consumiendo, lo que ha tenido
efectos graves en la salud comunitaria.
El ICBF ha registrado en varios lugares de
Colombia que grupos guerrilleros se abastecen
con las mesadas de alimentos que el
Instituto remite. Y además son clasificados
como alimentos para la guerrilla, con lo que
corren peligro los funcionarios y transportadores
de alimentos.
Además de la configuración de hábitos culturales,
los alimentos son buenos para pensar.
Ellos están clasificados en todas las
culturas y como categorías hacen parte de
86 UNICEF y Universidad del Valle. Sep. 2003.
66
C A P Í T U L O 4
mundos e imaginarios compartidos por grupos
particulares. Para los paeces en SEK,
por ejemplo, la gallina, el chocolate, el maíz,
la chicha son alimentos propios y deseables
para las parturientas. Tienen la característica
de ser calientes y de compartir con
otras realidades el mundo de lo femenino.
La cultura también determina qué debe comerse
de los animales, vegetales y minerales
asequibles; cuál es su uso, según la
edad, el estado de crecimiento o de salud;
cómo deben comerse y con quién. Por participar
de los mundos de creencias configuran
restricciones y normatividades determinadas,
por ejemplo, los u´wa y los arhuacos
hacen ayunos sin sal que de no realizarse
acarrean una sanción.
Durante los noventa, Colombia tomó decisiones
importantes respecto al sistema de
salud. Estas medidas han tenido efectos
positivos en el acceso y calidad de los servicios
de salud. Sin embargo, todavía son necesarias
más acciones si se desea completar,
consolidar y mantener las mejoras que
siguieron a la promulgación de la Ley 100.
Es indudable que para los pueblos indígenas
se ha extendido considerablemente la
cobertura de salud y seguridad social y que
hoy existen varias ARS indígenas. Sin embargo,
los indígenas siguen muriendo por
enfermedades fácilmente prevenibles o curables
en otras partes del país. El manejo de
la salud en los diferentes pueblos, por medio
de médicos tradicionales y de parteras,
es muy extendido y diferencial. Los indígenas
utilizan su medicina muchas veces en
diálogo intercultural con la medicina alopática.
Dado que, en general, no se le reconoce
su valor a esta medicina con relación a principios
y procedimientos, se inducen programas
que terminan por minar sus conocimientos
y dejar sin opción interna muchas salidas.
Trabajos de interculturalidad para combinar
ambas medicinas, cuando es necesario,
existen en varias partes de Colombia,
como entre los wayú, los paeces y los guambianos,
quienes han hecho experimentos
ejemplarizantes. Programas para la revalorización,
socialización y fortalecimiento de los
conocimientos internos, en un país escaso
de recursos, pueden significar importantes
oportunidades de vida y mejoramiento de las
condiciones de insalubridad o enfermedad.
El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un
Estado Comunitario” otorga al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar la responsabilidad
de coordinar el Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición. El objetivo general
de este Plan es contribuir al mejoramiento
de la situación alimentaria y nutricional de la
población colombiana, en especial de la
más pobre y vulnerable, integrando acciones
multisectoriales en las áreas de salud,
alimentación, nutrición, agricultura, educación,
comunicación y medio ambiente, mediante
estrategias de coordinación intersectorial,
participación ciudadana, equidad, educación
e investigación.
El eje “Nutriendo” concibe que el derecho a la
vida se encuentra estrechamente relacionado
con las posibilidades y condiciones nutricionales
de los niños. El desafío es la reducción de
la desnutrición crónica y el tratamiento de carencias
específicas, como es el caso de las
anemias por deficiencia de hierro y otros micronutrientes.
Durante cuatro años (periodo de
gobierno) se pretende incrementar el suministro
de una “complementación alimentaria” a
500.000 niños y niñas mayores de 6 meses
hasta los 5 años, dando prioridad a niños de 6
a 36 meses, de los estratos más pobres de la
67
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
población, ubicados especialmente en el área
rural. Mediante el “Programa Familias en Acción”
se entregan 305.757 subsidios nutricionales
a niños menores de 7 años de familias
pobres. Dentro del programa “Fortificación de
alimentos” el ICBF produce anualmente aproximadamente
32.000 TM de la mezcla vegetal
denominada Bienestarina, enriquecida con vitaminas
y minerales, la cual está en proceso
de reformulación para cubrir la deficiencia de
micronutrientes. “Los desayunos escolares”
están fortificados con hierro y el hecho de hacerlo
con la harina de trigo de consumo nacional
tiene el mismo propósito87.
El eje “Creciendo y Aprendiendo”, a través de
la familia, busca fortalecer la humanización
de las personas, generando procesos de
recuperación de su identidad y capacidad
constante de crecer y transformarse. Se busca
contribuir al desarrollo del capital humano
y del capital social que genere condiciones
favorables para la transformación social, económica,
política y cultural del país, ampliar
los vínculos sociales y las oportunidades,
gracias al desarrollo de la capacidad humana
y el fortalecimiento de las redes sociales.
El eje “Restableciendo vínculos” comprende
los fundamentos conceptuales, políticos y
estratégicos del conjunto de servicios orientados
a la restitución plena de derechos para
lograr la integración familiar, social y comunitaria
de niños y adolescentes. Incluye una
directriz estratégica denominada “Reintegro
familiar”, con la cual se busca fortalecer y flexibilizar
los procesos de protección, de tal manera
que la separación de los niños de su
medio familiar se produzca efectivamente
como último recurso y atendiendo de manera
exclusiva su interés superior. Así mismo,
busca fortalecer el medio social comunitario
y el medio familiar para la protección de los
niños que son separados de su familia biológica.
Es necesario comprender el significado
y el efecto que la institucionalización tiene
en los niños y las niñas, las razones que
favorecen el rompimiento de los vínculos naturales
desde la prestación de los servicios y
explorar nuevas posibilidades de respuesta
para generar alternativas protectoras con los
niños en su contexto familiar y comunitario.
Programas estratégicos como “Reconciliación
Familiar”88, “Educadores Familiares”,
“Escuela de Padres”, “Familias en acción”,
“Observatorios de infancia y familia”, entre
otras muchas modalidades de servicio, y “Haz
paz”89 buscan la consolidación de familias
democráticas, tolerantes de las diferencias,
respetuosas de la dignidad y de los derechos
de sus miembros, sin distingo de edad,
género, cultura, o capacidad física o intelectual,
mediante acciones para prevenir relaciones
violentas en el interior de las familias,
de promoción y fortalecimiento de factores
de convivencia, de detección temprana y de
atención preventiva, mejoramiento de la calidad,
la disponibilidad, el acceso y la utilización
de los servicios, y desarrollan nuevos
modelos para la rehabilitación psicosocial de
niños y familias”, si bien son muy válidos para
la situación particular de los miembros de la
sociedad mayoritaria, no son necesariamente
transportables y transferibles como único modelo
a encajar indistintamente en todos los
pueblos indígenas.
87 No se encuentra desglosada la proporción a pueblos
indígenas.
88 Arreglar asuntos sin judicializarlos.
89 Esta política parte de concebir la violencia dentro de
la familia como un fenómeno que afecta a los individuos,
la familia y la sociedad en general, incidiendo
en su desarrollo económico y social, y convirtiéndose
en un elemento fundamental a ser considerado en
el abordaje de la salud pública.
68
C A P Í T U L O 4
Programas como estos que están pensados
hegemónicamente han de examinarse en
función de responder a pueblos donde la problemática
sea similar no sólo en los hechos
visibles sino en las connotaciones propias,
de modo que puedan servir como estrategia.
Número de beneficiarios ICBF 5’738.744
Unidades de servicio90 138.250
Niños en hogares de bienestar, modalidad 0-7 años 802,844
Modalidad FAMI 383.992
Hogares infantiles, lactantes y preescolares 71.931
Recuperación nutricional 54.112
Asistencia nutricional al escolar y al adolescente 2’285.894
Familias Escuela educador familiar 134.040
Personas en Escuela educador familiar 161.230
Asistencia integral a niños y jóvenes en clubes juveniles y prejuveniles 50.400
Instituciones de protección para la niñez, externado y seminternado 34.272
Instituciones de protección para la niñez internado 46.383
Jóvenes en conflicto con la ley en instituciones de reeducación 8.985
Hogares sustitutos 7.019
Niños atendidos en hogares sustitutos 19.393
El ICBF atiende la familia y a niños niñas y
jóvenes indígenas
Desde antes de la Constitución de 1991 el
Instituto inició un proceso sin precedentes
en las instituciones públicas que partiendo
de las condiciones distintas de los pueblos
indígenas generara modos de atención y programas
distintos en función de responder
adecuadamente a sus condiciones particulares.
Mediante la contratación de indígenas
y no indígenas intelectuales se inició con funcionarios
especializados en el tema un proceso
para adecuar la institución. Este proceso
ha ido ajustándose para configurar una
política pública de protección a los niños, niñas
y jóvenes indígenas. El programa de atención
a la familia indígena amplia incluso la
misión institucional en el entendido de que
condiciones estructurales de calidad de vida
deterioradas solamente pueden abordarse
de modo integral en marcos alrededor de los
diferentes sistemas culturales. El
etnodesarrollo y la investigación/acción/participativa
son los marcos teóricos y metodológicos
que han servido de base para actuar.
El programa de atención a la familia indígena
del ICBF ha realizado una audioteca con
los temas centrales orientada a comunidades,
cuya oralidad es significativa para apropiar
y compartir conocimientos.
El cuadro de ejemplos que a continuación
se presenta muestra las acciones afirmativas
activadas en función de dar a los pueblos
indígenas un trato discriminatoriamente
positivo que fortalezca la etnicidad
y la cultura y, por supuesto, los derechos
humanos, como se ha expresado al inicio
90 Apertura programática vigente. de este documento.
69
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
Experiencias de adecuación institucional del ICBF91
UBICACIÓN TIPO DE ACCIÓN
GUAJIRA Los Defensores de Familia y miembros de la comunidad
wayú encontraron que el Registro Civil de los niños para
garantizar el derecho a la identidad iba en vía contraria al
principio de reconocimiento a la diferencia y a la identidad,
pues los wayú son matrilineales y reciben el nombre
de un clan por línea materna. Dado que se registraban
acorde con la sucesión de apellidos en la sociedad mayoritaria
y el tipo de familia bilineal, se gestionó ante el Consejo
de Estado, quien solicitó a la Registraduría Nacional
del Estado Civil y ésta notificó a las notarias modificar el
procedimiento para ser consecuentes con el reconocimiento
constitucional.
Una niña wayú que fue llevada a vivir lejos de su comunidad
y no quiere volver a ella argumenta que está feliz con el
estilo de vida que tiene en esa ciudad, interpone una acción
de tutela en la cual argumenta el derecho al libre desarrollo
de la personalidad para permanecer lejos de su pueblo; mientras
tanto su madre wayú y su tío materno la reclaman en
nombre del clan. Se comprende por parte de los Defensores
de Familia lo que significa una niña para la comunidad
wayú (dote, herencia, otros) y dentro de este contexto se
pondera el derecho individual de la niña y el derecho a la
integridad del pueblo wayú, por lo que se toman decisiones
para fortalecer al pueblo.
NARIÑO En la Comunidad Awa, se hicieron estudios sobre socialización
de los niños y se concluyó que este pueblo por
su concepción no requería actividades de estimulación
temprana para los niños menores de tres años. Ellos
conciben que a esta edad los niños pertenecen aún a
otro mundo y deben ser sobre todo socializados por sus
hermanos y no por los adultos. Las pruebas de desarrollo
que posteriormente se les realizaron constataron que
esta práctica cultural manifiesta gran eficacia y que comparados
con la población mestiza tienen niveles de desarrollo
semejantes.
91 El Instituto viene estimulando procesos de capacitación para adecuar los procesos de protección. Esther Sánchez
Botero ha estado vinculada como consultora a los Programas de Capacitación, a los equipos de Protección en zonas
con alta población indígena. Programa para la Construcción de entendimiento intercultural.
70
C A P Í T U L O 4
Entre los pastos la realización de fiestas anuales dejaba a
los niños descuidados mientras los adultos participaban
de la fiesta. Se determinó realizar brigadas especiales y
temporales para albergar los niños.
CÓDIGO DEL MENOR Estudio, análisis y ajuste del Código del menor acorde con la
Constitución Política del 91
Este Código es anterior. Dos campos fundamentales han de
modificarse: la competencia jurisdiccional de las autoridades
indígenas y el trato diferencial a los pueblos como sujetos
de derecho.
GUAVIARE Catorce niños nukak makú que fueron “abandonados” entre
colonos se ubicaron en hogares sustitutos. El Consejo
de Estado define la tutela interpuesta por la
Defensoria del Pueblo y ordena al ICBF el reintegro de
ellos a su comunidad. Mediante un proceso de investigación
se precisa que los niños, todos con defectos físicos
graves o huérfanos, fueron dejados por sus parientes o
padres dentro de la sociedad mayoritaria –que es sedentaria
y no nómada–, que tiene otro sistema de salud para
aliviar situaciones imposibles para ellos y dispone de alimentos
que todos ellos deben buscar, como una medida
de protección y no de abandono. Las condiciones de vida
como nómadas, recolectores y cazadores no les permite
a esos niños abordar esa vida. Se demostró la inconsistencia
del fallo con el derecho a la identidad y a la
determinación del pueblo nukak por lo que no fueron reintegrados
y fueron dados en adopción (niños con sordera,
ciegos, con malformaciones) para protegerlos.
CAUCA Reconocimiento de sus autoridades tradicionales y de sus
formas propias para definir conjuntamente procedimientos
acordes con sus usos para realizar adopciones.
Adecuaciones nutricionales según sus usos y costumbres.
Proyectos productivos para apoyar el trabajo con niños, incorporación
de los miembros de la comunidad una vez en la
semana para trabajar y orientar los programas estatales.
Administración de programas alimentarios del PMA acordes
con formas de organización propia.
71
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
AMAZONAS Estudio sobre formas de socialización de niños. Identificación
de actividades específicas, formas pedagógicas de los
tikuna. Producción de cartillas en lengua tikuna.
GUAINÍA Recopilación de mitos y leyendas que permiten entender sus
concepciones en torno a la niñez como medio para fortalecer
y adecuar el programa
PUTUMAYO Formulación, organización y adecuación del programa de jóvenes
del Programa Círculos de Cuadra.
CÓRDOBA Apoyo a procesos de investigación de la historia y organización
para fortalecer al pueblo zenú, que han venido perdiendo
la memoria histórica y estaban en situación de gran fragmentación
cultural.
ARAUCA Niños mellizos llevados al hospital de Saravena para que
fueran entregados al ICBF para su protección. La enfermera,
quien no conocía la lengua de los uwa, procedió a hacerles
firmar a los padres una nota de entrega de los niños para
adopción. Los padres no conocían el alcance de esta nota
pues no dominan el castellano y lo que querían era preservar
a los niños mientras que su comunidad ayunaba y definía el
procedimiento a seguir con los niños Entretanto la defensora
de familia remitió a los niños a una casa de adopciones, cuya
directora interpuso acción de tutela. La comunidad definió
modificar la creencia para que pudieran vivir con ellos y no
fueran recogidos por una deidad para vivir con ella, por lo que
la Corte Constitucional ordenó el reintegro de los niños a su
comunidad. El ICBF y los representantes de la comunidad
uwa hicieron posible este reintegro mediante encuentros y
recursos especiales.
Desde siempre, Colombia se ha valido del
crecimiento económico y de la expansión
paralela de los servicios sociales básicos
para suplir la puesta en marcha de una red
de protección social. La asistencia social no
estaba incluida en las profundas reformas
del sector social de los años noventa, que
llevaron a un mayor gasto y a la descentralización
de la salud y la educación. En consecuencia,
los programas de asistencia social
no sólo siguen siendo inadecuados para
responder a grandes crisis que afectan a
muchas personas de un modo simultáneo,
sino que, además, cuentan con una finan72
C A P Í T U L O 4
ciación insuficiente, están centralizados y
carecen de un enfoque estratégico. Las reformas
de las políticas del sector social introducidas
en los años noventa por la Constitución
de 1991, la Ley 60 y la Ley 100, no
incluían la asistencia social. Dicha exclusión
tuvo tres consecuencias: en primer lugar, la
asistencia social no participó del gran incremento
del gasto en el sector social, impulsado
por el sólido crecimiento económico
de Colombia. Mientras que el financiamiento
de la salud y la educación aumentó aproximadamente
de 4% del PIB a principios de
los años noventa hasta más de un 8% del
PIB en 1996, los gastos presupuestados del
gobierno central para asistencia social fluctuaron
en torno al 1% del PIB durante la primera
mitad de los años noventa y descendieron
por debajo del 0,7% en el 2002. Se
trata de un nivel de gasto en asistencia social
muy bajo si se compara con el de países
en una etapa de desarrollo similar y con
las necesidades de grupos vulnerables específicos
que carecen de acceso a programas
clave de asistencia social, como los
indígenas. En segundo lugar, puesto que las
reformas de descentralización que marcaron
las pautas de la política del sector social
no incluyeron la asistencia social, los principales
programas de asistencia social siguen
estando muy centralizados. Las transferencias
fiscales a los gobiernos locales
que absorben el 14% del PIB no incluyen
financiamiento para la asistencia social. Los
gobiernos locales apenas tienen criterio para
asignar los fondos de asistencia social y del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Por
último, el enfoque estratégico y las directivas
de políticas establecidas para la mayoría
de los programas del sector social como
parte de las reformas no se aplicaron a la
asistencia social. Los programas de asistencia
social siguen estando fragmentados,
carecen de un enfoque y en gran medida
están fuera del alcance de aquellos que se
encuentran en el sector no estructurado92.
La vulnerabilidad se basa en los resultados
esperados de los riesgos y en las respuestas
a estos riesgos, y el grado de vulnerabilidad
está determinado por la probabilidad
de que una crisis haga que la situación de
particulares, familias o comunidades caiga
por debajo de un umbral de bienestar predeterminado,
como la pobreza. (Heitzman,
Canagarajah y Siegel, 2002.)93
Los principales programas de asistencia
social de Colombia no estaban preparados
para ofrecer una protección anticíclica adecuada
a aquellas personas más afectadas
por la reciente crisis. Estas deficiencias llevaron
a la introducción de un nuevo programa
a corto plazo, la Red de Apoyo Social
(RAS), para mitigar los peores efectos de la
crisis. La puesta en práctica de los programas
de la RAS comenzó en 2001 y se esperaba
que éstos alcanzaran su capacidad total
a principios del 200294.
Los niños y los adolescentes constituyen
en Colombia los principales grupos vulnerables
específicos según la edad que requieren
actualmente asistencia por parte de
una red de protección social reformada. La
Tabla A del Anexo presenta una visión general
de los grupos de riesgo clave por edad y
los programas de protección social diseñados
para afrontar estos riesgos. Los niños
en edad preescolar y de escuela primaria
afrontan importantes riesgos de pobreza,
92 Colombia. Fundamentos económicos de la paz.
Giugale Marcelo M, Lafourcade Olivier y Luff Connie,
Editores. Banco Mundial, Alfaomega, abril de 2003.
pp. 623-624.
93 p. 628.
94 Ibid. p. 627.
73
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
salud y nutrición, incluyendo un brusco descenso
de las tasas de vacunación y un incremento
del porcentaje de algunas enfermedades
que no se tratan (como la diarrea).
Aproximadamente la mitad de los niños colombianos
no han sido vacunados contra
enfermedades básicas contagiosas, un
descenso en la cobertura de 10 puntos porcentuales
en sólo cinco años (Profamilia,
1995 - 2000). La pobreza está más extendida
entre los muy jóvenes que entre cualquier
otro grupo analizado en el Informe sobre
pobreza en Colombia de 2001: cerca del 70
% de los niños menores de siete años en
las zonas urbanas y casi el 90% de los niños
en zonas rurales son pobres. (Consulte
la Tabla 23.3)
Los jóvenes entre 12 y 17 años han sido
identificados como excepcionalmente vulnerables,
debido a que están expuestos a múltiples
aspectos de la violencia y la delincuencia.
Colombia ya posee la censurable distinción
de tener la tasa más alta del mundo
de secuestros y homicidios, y una gran proporción
de los autores y las víctimas de los
delitos urbanos económicos y sociales son
menores. Los grupos-muestra elegidos informaron
que la delincuencia juvenil y los
robos callejeros se han incrementado enormemente
en los últimos años y que se están
reclutando a la fuerza adolescentes para
participar en el conflicto armado. Los embarazos
en adolescentes y la exposición a enfermedades
de transmisión sexual también
representan un importante riesgo. Según
encuestas demográficas y de salud
(Profamilia, 1995 - 2000), los embarazos
entre adolescentes están aumentando. Alrededor
del 19 % de las adolescentes entre
15 y 19 años estaban embarazadas o habían
tenido un hijo en el momento de la encuesta,
en comparación con el 17% en 1995.
La tasa es mucho mayor en las zonas rurales
(26%) y es inversamente proporcional a
la educación. No hay duda de que estos fenómenos
se ven exacerbados por las tasas
cada vez más altas de inactividad y desempleo
entre los jóvenes. (Consulte la Tabla A
del Anexo)95
Las personas desplazadas dentro del país
como resultado del conflicto interno de Colombia
constituyen otro grupo críticamente
vulnerable. La fuerza económica y militar de
las guerrillas y los paramilitares, relacionada
con la droga, ha producido un drástico
aumento de la violencia, las muertes y los
desplazamientos, especialmente entre la
población civil rural. Existe un gran debate
en cuanto al número y las características de
la población desplazada dentro del país. Se
calculan hasta casi dos millones. (Codees
– UNICEF, 1999). Esta población ha sido
expulsada de zonas donde han estado realizando
actividades económicas productivas
y se les ha realojado en barrios de tugurios
urbanos donde las perspectivas de empleo
son limitadas, el acceso a los servicios sociales
está restringido y la violencia y la delincuencia
están extendidas.
Por contraste con años anteriores, la reciente
migración a las zonas urbanas constituye
actualmente una buena variable predictiva
de la pobreza: el 64 % son pobres frente al
55 % de la población general (Tabla 3). Los
datos disponibles sugieren que la mayoría
de los desplazados son mujeres (56 %) y
niños (el 55 % son menores de 18 años),
con una educación y unas capacidades limitadas.
En su migración de zonas rurales
a urbanas, han abandonado su principal activo
(sus tierras) y afrontan obstáculos para
95 pp. 629-630.
74
C A P Í T U L O 4
acceder a puestos de trabajo y servicios sociales.
Su concentración en unas pocas ciudades
de Colombia ha añadido presión a
los limitados presupuestos municipales,
una situación agravada por la importante y
constante falta de financiamiento para la
principal estrategia nacional para las personas
desplazadas dentro del país96.
4.3. Educación Intercultural
Venimos de procesos educativos en los
cuales nuestros sistemas de conocimiento y
nuestro espíritu trataron de ser aniquilados.
Se nos impuso un idioma, un manejo del
tiempo y de la relación con la madre tierra.
Algunos de nuestros mayores fueron
aislados y los niños llevados a la fuerza a
lugares cerrados, llamados orfelinatos, en
los cuales se intentó hacernos creer que
no teníamos padres, historia o
conocimiento.
Nuestros mayores lucharon y con gran
esfuerzo lograron sostener los idiomas, el
manejo territorial, la relación con los
espíritus que conforman la madre tierra,
gracias a ellos aún tenemos fuerza y
esperanza para luchar. Intentaron
educarnos para desarraigarnos
territorialmente y apoderarse de nuestras
mejores tierras, sin entender que allí está
la vida, están los espíritus, está todo lo que
constituye la esencia de la vida, es decir, lo
que llamamos sagrado. Cuando logramos
apropiar la escuela y avanzar en el
desarrollo de propuestas educativas al
servicio de la cultura y la comunidad,
acordes con la vida y los sistemas de
conocimiento que desarrollamos en miles
de años, nos encontramos con la violencia
social y política que vive nuestro país.
Cuando en nuestras comunidades nos
reunimos para encontrar soluciones a
nuestros problemas, discutir los acuerdos
y normas para relacionarnos mejor unos
con otros, organizar nuestro trabajo,
escuchar a nuestros abuelos sobre las
historias que han vivido y viven nuestros
pueblos, aprender a cultivas, tejer,
construir viviendas, llegar a ser médicos
tradicionales, parteras, músicos, sentimos
que esto es educación.
Desde mediados del siglo XX, los pueblos
indígenas han tenido que participar en los
procesos de la educación llamada oficial,
como un mecanismo para sobrevivir como
indígenas. Han realizado numerosos esfuerzos
para apoyar estos procesos en el entendido
de que están inmersos en el orden
nacional, predominantemente castellanizado
y occidentalizado. Han facilitado infraestructura,
comida y salarios a los maestros
que han accedido a trabajar en sus comunidades.
Aprender el idioma que era oficial,
las operaciones matemáticas y la lectoescritura
se configuraron como un medio de
defensa de lo propio en un Estado monocultural
y monolingüe. Animaba a muchos
someterse a este proceso para sobrevivir
en el mundo hegemónico de la sociedad
mayoritaria, camuflando lo propio, considerado
como atrasado y despreciable. El Estado
que buscaba civilizarlos no encontró
mejor mecanismo que entregar a los misioneros
la educación de los indígenas, lo cual
permitía interactuar con ellos para configurar
la mano de obra para las iniciativas de
los incipientes capitalistas agrarios. La educación
para los pueblos indígenas estuvo a
cargo de la iglesia católica mediante el Concordato
de 1886, enmarcado en una política
para conducir y transformar a las «tribus salvajes
» a la vida «civilizada». 96 pp. 631-632.
75
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
Según cifras estimadas por el Ministerio de
Educación Nacional, el analfabetismo de la
población indígena alcanza el 44 %. El Ministerio
está atendiendo directamente a la
población indígena en 24 departamentos,
lo que representa 43 pueblos. De acuerdo
al censo DANE de 1993, del total de población
indígena en edad escolar, en un rango
de población de 5 a 24 años, estaba en
257.492 personas, lo que correspondía a
un 33 %. La asistencia escolar indígena
estaba en 80.458 personas, que constituye
el 31 % de la población en edad escolar atendida
por el sistema educativo colombiano.
El Estado, por medio del Ministerio de Educación,
desde hace dos décadas ha pretendido
responder a las particularidades
étnicas, socioculturales y lingüísticas de las
familias y poblaciones indígenas, contribuyendo
a crear un modelo de educación que
funcione en paralelo con el modelo educativo,
de naturaleza monocultural occidental,
con el objeto de tener en cuenta la diversidad
que caracteriza a la nación. Ha buscado
que los niños, niñas y jóvenes indígenas
tengan la posibilidad de participar de los
contenidos de una educación que fortalezca
la lengua y los valores propios y que a la vez
concilie las necesidades que demanda el
sistema educativo formal, ya que como colombianos
indígenas deben acceder en
condiciones de igualdad para participar de
los estudios intermedios y superiores. Este
modelo busca encontrar entendimiento entre
los procesos y contenidos desde la educación
formal a cargo de la escuela y los
que la propia familia y la comunidad ponen
en práctica bajo el modelo de educación propia.
Mediante un enfoque de etnoeducación se
transformó la pedagogía en el país, que hasta
entonces no había tenido nunca en cuenta
a las poblaciones indígenas, intentando
hacer realidad propuestas que interpretaran
y acertaran con respuestas las demandas
desde los mismos pueblos. La etnoeducación
parte de los principios de autonomía,
participación comunitaria, interculturalidad,
diversidad lingüística y cohesión social fundamentada
en la territorialidad, los usos y
76
C A P Í T U L O 4
costumbres, la autonomía, la cultura, la cosmovisión
y la realidad propia. La educación
intercultural bilingüe es un avance político y
sociopedagógico que está abriendo puertas
para que cada vez más se hagan partícipes
los mismos indígenas en la gestión de
estos programas. El país dispone de una
legislación educativa indígena de vanguardia,
resultante de los procesos de concertación
entre los pueblos y el gobierno, la cual
se genera como producto de experiencias y
programas piloto bajo criterios, contenidos
y metodologías que replantean la educación
de modo coherente con las políticas existentes.
Las mesas nacionales y las regionales
sobre políticas etnoeducativas son un
gran espacio para desarrollar, proyectar y
comprometer al Estado en los procesos de
mejoramiento y eficacia de los derroteros
que lo comprometen.
77
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
Normatividad97
Cuadro N° 1
NORMA AÑO ASPECTOS PRINCIPALES
Decreto 1142 1978 Reconoce que la educación dirigida a los pueblos
indígenas debe respetar su cultura y permite el
nombramiento de docentes indígenas sin los requisitos
que se exigen a los no indígenas.
Ley 21 de 1991 1991 Los artículos 26 al 30 hablan de educación para
(Convenio 169 pueblos indígenas.
de la OIT) El artículo 27 establece que el gobierno debe garantizar
el traslado de los programas educativos
para que se desarrollen en territorios indígenas a
los representantes de los pueblos indígenas.
Constitución Política 1991 Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad
de la nación colombiana.
Artículo 10: Se reconoce la oficialidad de las lenguas
indígenas en los territorios donde se hablan.
Artículo 68: Establece que la educación para los
grupos étnicos debe responder a las aspiraciones
de dichos grupos.
Ley 115 o Ley 1994 En el Título 3, Capítulo 3, establece las características
General de Educación que debe tener la educación para los grupos étnicos.
Decreto 804 1995 Desarrolla la ley 115.
Establece claramente que el nombramiento de docentes,
directivos docentes y personal administrativo
en territorios indígenas debe ser concertado
con las autoridades indígenas.
Los docentes y directivos docentes indígenas están
exentos de títulos de bachiller o normalista y del
concurso para su nombramiento. Los currículos y
calendarios académicos deben responder a las características
particulares de los grupos étnicos.
Cuando el Estado tenga que contratar la prestación
del servicio educativo, tendrán prelación las organizaciones
indígenas con experiencia en educación.
Decreto 982 1999 Establece compromisos del Gobierno Nacional para
el desarrollo integral de la política indígena en el
Departamento del Cauca y considera que es necesario
fortalecer el sistema educativo de los pueblos
indígenas y sus autoridades, de acuerdo con sus
características culturales, sociales y administrativas.
97 Cuadro (Anexo N° 1) ONIC - CRIC. Informe sobre el derecho a la educación en los pueblos indígenas de Colombia
ante la relatoría especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas. Bogotá, octubre 8 de 2003.
78
C A P Í T U L O 4
Directiva Ministerial 08 2003 Dirigida a alcaldes, gobernadores y secretarios de
educación. Reafirma la vigencia de toda la legislación
etnoeducativa.
La reorganización de la educación en territorios indígenas
debe atender a los parámetros establecidos
en dicha legislación.
Es posible la creación de instituciones educativas
en territorios indígenas mediante la fusión de centros,
aunque al momento de la fusión no se ofrezca
la secundaria, siempre y cuando se presente un
cronograma para ofrecer la básica secundaria en
el mediano plazo.
Decreto 2582 2003 Establece como requisito para aplicar la evaluación
de desempeño de los docentes en los territorios
indígenas la concertación del sistema de evaluación
con las organizaciones indígenas.
98 ONIC - CRIC. Informe sobre el derecho a la educación
en los pueblos indígenas de Colombia ante la
relatoría especial sobre el derecho a la educación de
las Naciones Unidas Bogotá, octubre 8 de 2003.
Fortalecimiento de la visión propia98
En las comunidades indígenas históricamente
la escuela ha desempeñado un papel
desintegrador de la cultura en tanto que
ella fue y aún lo es, en muchos casos, un
mecanismo de “aculturación” centrada en
la homogenización, negando los valores y
potencialidades de cada pueblo en particular.
La educación tiene que ver con tres objetivos
fundamentales que son: 1) Construir
normas, valores, actitudes y, en general, el
pensamiento que asegure una convivencia
armónica con la naturaleza, con los pueblos
mismos, con otras culturas y poblaciones.
2) Entender el proceso histórico con el objeto
de vivenciar las culturas, fortalecer la identidad
y asegurar la persistencia como pueblos
y, 3) Lograr formación y capacitación en
acuerdo con los requerimientos y las necesidades
de la realidad donde se desenvuelven
los pueblos.
Separación entre educación
y transmisión de la cultura99
Para los indígenas, el proceso educativo,
como mecanismo para adquirir conocimientos
y habilidades formalmente y los procesos
de sociabilización que permiten transmitir
los valores de la cultura propia, no están
separados; por ello, se plantea que: “en
todo este quehacer educativo, la acción de
la familia, de los mayores, de las autoridades
tradicionales (médicos, parteras, cabildos,
ancianos) es básica para la formación
y orientación de los hombres y mujeres que
integran un pueblo. Según las costumbres,
desde que el niño nace y aun antes, se le va
orientando para que vaya asumiendo comportamientos,
valores, normas que les van
a permitir integrarse a la vida de la comunidad
para que sea trabajador, se reconozca
como indígena, se sienta orgulloso de serlo,
sea crítico, participe en los trabajos y acciones
de la comunidad. Así la educación compromete,
no sólo la adquisición de conoci-
99 Ibid.
79
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
mientos y saberes, sino que tiene que ver
con la expresión integral del ser como componente
de un colectivo, con sus sentimientos,
con el sentido y significado que le da la
vida, con la capacidad de integrarse y
proyectarse comunitariamente, fundamentando
la educación para que el niño haga
valer sus derechos y respete los demás.
Igualmente, la educación siempre tiene que
ver con una estrecha relación entre el pensamiento
y la acción, por eso tiene más fuerza
la práctica, el ejemplo, el hacer y el vivir.
No se concibe que una persona sea muy
brillante en su discurso, pero incapaz de resolver
los problemas de su entorno. El conocimiento
implica una relación coherente
entre el ser, el pensar y el actuar. Por ello, la
educación es una de las mejores estrategias
para lograr construir el tejido de una
sociedad con dignidad y libertad. Finalmente,
la educación es un medio para definir
una opción propia de desarrollo con la cual
se garantice una buena calidad de vida a
los hijos y a los nietos100 .
Indicadores de logro de la educación
escolarizada101
La poca inversión en educación indígena no
permite el desarrollo de las obligaciones
constitucionales y legales, lo cual se manifiesta
en insuficiencia y escasa cobertura de
las escuelas y de docentes, y el acceso de
sólo el 50% de la población en edad escolar.
Se ha limitado al pago de docentes, desconociendo
la necesidad de realizar investigación
lingüística, diseños curriculares apropiados
a las características de los pueblos.
La dotación de mobiliario y material didáctico
específico son escasos.
Respecto al contenido de la educación es
necesario eliminar la estandarización
curricular, la cual no permite adaptar completamente
las particularidades culturales
(lo indígena se reduce a áreas complementarias),
el menosprecio al bilingüismo y la
preponderancia de materiales monolingües.
Es necesaria la pertinencia contextual de la
educación para el desempeño en el contexto
específico (no se forma en el conocimiento
de lo indígena entre la población mestiza),
educación intercultural para indígenas
pero no para toda la sociedad.
Administrativamente no se cumple el Art. 27
de la ley 21 de 1991 (Conv. 169) para que
los mismos pueblos administren la educación,
en el que se estipula: La edad escolar.
La educación de adultos. La política para la
educación superior. La adecuación a condiciones
asociadas de tipo económico, territorial,
nutricional.
En términos generales, los pueblos indígenas
del país afrontan en materia educativa los
problemas derivados de la falta de atención
estatal a las iniciativas propias y la discriminación,
producto de la desinformación e ignorancia
de los colombianos sobre los aportes
necesarios para la construcción del futuro de
todos los habitantes de Colombia.
Impactos negativos
en los jóvenes que no pueden estudiar102
La escasa presencia y apoyo del Estado, sumados
a las desigualdades ocasionadas por
el modelo económico imperante, han contribuido
a agudizar la inserción de los jóvenes
indígenas en los grupos armados en conflicto;
a pesar de los esfuerzos que los cabildos
100 Ibid.
101 Ibid. 102 Ibid.
80
C A P Í T U L O 4
vienen realizando para retener a la juventud
en sus respectivos territorios. La falta de oportunidades
de trabajo, estudio e incentivos para
el mejoramiento de la calidad de vida se convierten
en estímulo para que los niños y jóvenes
sean cooptados por estos grupos al margen
de la ley. Cabe anotar que muchos de
ellos son obligados bajo presión de los mismos
grupos armados a formar parte en este
conflicto. Las niñas y jóvenes soportan las
peores consecuencias, porque además son
prostituidas, maltratadas y muchas de ellas
obligadas a practicarse abortos o a asumir
solas la responsabilidad de la crianza de los
hijos. Esta situación la sufren muchas jóvenes
y mujeres en distintos territorios indígenas.
Este es el contexto en el cual se mueven
los pueblos indígenas y donde se pretende
controlar y asumir la educación propia.
Desde una visión, el multiculturalismo es la
multiplicidad de culturas diferenciadas que
existen en una nación y que pueden vivir sin
establecer relación entre ellas, es decir, un
multiculturalismo como separación, marcado
por los fundamentos conceptuales del
liberalismo, esto es, los principios de igualdad
y de tolerancia al otro distinto –posición
considerada como medular y como un valor
y una actitud suficiente para asegurar que la
sociedad funcione–. Hay otras visiones,
como la de Catherine Walsh, quien plantea
“un modelo de interculturalidad que busca
relaciones culturales complejas, con negociaciones
e intercambios culturales de vía
múltiple. Se inquiere desarrollar intercambios
y encuentros equitativos entre pueblos
o personas con conocimientos y prácticas
culturalmente diferentes. Se trata de una
interacción que parte del conflicto inherente
a las asimetrías sociales, económicas, políticas
y del poder. No se trata simplemente
de reconocer, descubrir o tolerar al otro o la
diferencia en sí; tampoco se trata de
esencializar identidades o entenderlas como
adscripciones étnicas inamovibles. Más
bien, se trata de impulsar activamente procesos
de intercambio que permitan construir
espacios de encuentro entre seres y
saberes, sentidos y prácticas distintas”103.
Por ello, en el marco de los cambios constitucionales
la configuración de políticas públicas
debe estar fundamentada en el reconocimiento
y la valoración de otras sociedades que
demandan de las instituciones adecuaciones
para que los programas sean un medio al
fortalecimiento de la cultura. Así las cosas, solamente
puede trabajarse en función del desarrollo
con identidad. El desarrollo de Colombia
implica partir del reconocimiento de
una nación diversa que mediante programas
y proyectos fortalece las diversas identidades
que cruzan distintos órdenes de la vida social,
económica, política y cultural. Este desarrollo
con identidad será posible mediante una educación
intercultural que ha de influir en la vida
de los indígenas y de los no indígenas, para
obtener clara conciencia del valor de la diversidad,
derrumbando el etnocentrismo, el racismo
y la discriminación. La educación intercultural
es una herramienta en la construcción
de una ciudadanía sin exclusiones, de
una cultura democrática y de igualdad, que en
la práctica permite y posibilita el ejercicio igualitario
de la ciudadanía, el respeto de los derechos
de las personas y de su dignidad.
La educación bilingüe tiene por objeto fortalecer
el manejo de la lengua materna de los
educandos a la vez que favorecer el aprendi-
103 Walsh, Catherine. La problemática de la interculturalidad
y el campo educativo. Ponencia presentada en el
Congreso de la OEI “Multiculturalismo, identidad y
educación”, 16 de abril de 2002. Quito, Universidad
Andina Simón Bolívar.
81
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
zaje del castellano, necesario en una sociedad
multilingüe. De esta forma, la educación
bilingüe tiene que trabajar los contenidos educativos
para responder a las necesidades
básicas de aprendizaje y, además, valorar lo
propio, acercando la escuela a las comunidades
y a la vida cultural de los indígenas.
Este modelo implica la necesidad de diferenciar
currículos que respondan universalmente
al propósito de valorar y fortalecer lo
propio en cada pueblo y, paralelamente, activar
los currículos mínimos de alcance nacional,
en función de generar capacidades y
competencias para participar como iguales
en los procesos de educación superior nacional.
Cuidar que los contenidos
curriculares fortalezcan la historia, el orgullo
en la vida comunitaria, los modos solidarios
de ser y existir como colectivo, las normas
y obligaciones, los deberes y el ritual,
representa un reto y un deber.
4.4. Neoliberalismo
y pueblos indígenas
El neoliberalismo radical rechaza drásticamente
la idea de que haya islas de bienes
de comercio o producción fuera del mercado
en manos de pueblos y autoridades que demandan
reconocimiento a sus distintos derechos
y no se dejan seducir fácilmente por las
posiciones altas del Estado y el poder privado.
El concepto de territorio indígena, el de
suelo y subsuelo, no sólo les repulsa a los
políticos por sugerir un Estado dentro del Estado
(sugerencia completamente falsa) sino
también por apuntar a una pérdida considerable
de oportunidades unilaterales de explotación
económica de los recursos locales104.
Aunque no hay autonomía sin restricciones,
sin mecanismos de articulación de intereses
locales y nacionales, por ejemplo, que
permitan garantizar de algún modo que las
partes puedan ceder, los megaproyectos en
zonas indígenas representan una piedra en
el zapato. El problema que se percibe en
estas sociedades, de modo equivocado, es
el de una insuficiente capacidad para entender
el mundo como es o como debe ser
y cómo esta mirada proteccionista del medio,
o de otro modelo de vida social y económica,
afecta el desarrollo y la unidad de
la nación.
Esta visión se enmarca en un multiculturalismo
unitario, que bajo el modelo hegemónico
busca extender lo propio de manera uniforme
y universal y no incluye ninguna capacidad de
apertura para que se introduzcan referentes
distintos reconocidos constitucional e internacionalmente,
es decir, un multiculturalismo
igualitario.
A lo largo de este documento nos hemos
referido de una manera u otra a distintas
situaciones que caracterizan la vida actual
de los indígenas y de modo indirecto a las
situaciones que por ende viven los niños,
niñas y jóvenes indígenas, como pertenecientes
a sus pueblos y comunidades. No
obstante, es necesario trabajar un aparte dedicado
especialmente a ellos, para mirar
algunos asuntos que les recaen de modo
particular.
Para comenzar, existe muy poca información
en las instituciones del Estado y en
las mismas organizaciones indígenas que
muestre los diferentes aspectos –negativos
o positivos– que rodean su existencia.
Sin embargo, sobre la base de un trabajo
de investigación/acción /capacitación, eje-
104 Hoekema, André J. “Hacia un pluralismo jurídico formal
de tipo igualitario”. En Pluralismo jurídico y
alternatividad judicial. El Otro Derecho. 26-27 ISA
Dupligráficas, 2002.
82
C A P Í T U L O 4
cutado por el ICBF durante tres años105, trataremos
de precisar algunos asuntos que
buscan motivar a todos los que trabajen
este documento y tengan opción de contribuir
para acercarse a ellos y conocerlos con
mayor empeño. Para responder a esta provocación
diría que, en primer lugar, es necesario
apoyar la consecución de información
sobre su situación actual. Este acercamiento
determinará medidas especiales
en muy diversos campos, para proteger sus
vidas y, con éstas, como prioridad, “el derecho
a tener su propia vida cultural” como
miembros constitutivos de pueblos indígenas
particulares.
105 Sánchez Botero, Esther.
La Aplicación práctica de la Política de Reconocimiento
a la diversidad étnica y cultural: protección a niños
y niñas indígenas. ICBF, Quebecor Editores.
La cultura como clonación. ICBF, Quebecor Editores.
Política de reconocimiento a la diversidad étnica y
cultural y de protección al menor: Jurisprudencia sobre
el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural.
ICBF, Áncora editores, 2002.
Diez años de ejercicio de la jurisdicción especial indígena.
Procuraduría General de la Nación. 2001.
Justicia indígena. Calidoscopio de las justicias en
Colombia. Coautora. Uniandes 2000.
La Jurisdicción especial indígena. Coautora con Isabel
Cristina Jaramillo. Procuraduría General de la Nación.
Imprenta Nacional.
Audioteca ICBF para el Proyecto de atención a la
familia y al menor indígena.
Tener una cultura no es otra cosa que tener
referentes cognitivos compartidos. Estos referentes
conocidos y que nos permiten conocer,
según legados de los mayores, obviamente,
pueden cambiar en el tiempo y
por diferentes circunstancias. Hemos seleccionado
algunas notas etnográficas y de referencia
a casos que muestran y justifican
por qué deben existir programas especiales
para esta población particular, dado que
la cultura que poseen, y que constitucionalmente
todos debemos proteger, se manifiesta
en la cotidianidad que ellos viven.
Uno de esos clasificadores que comparten
todas las sociedades tiene que ver con mi
semejante y con las categorías de pequeñín,
niño, joven, adulto.
83
L O I N D Í G E N A E N L A S P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S
...y la Cooperación
Internacional
Capítulo 5
84
C A P Í T U L O 5
5.1. Propuesta
de indicadores106
Mejoramiento económico y social
El derecho al mejoramiento económico y
social de los pueblos indígenas implica la
posibilidad de participar en la definición de
las agendas de intervención para el desarrollo
económico y social por parte de los
Estados, la cooperación internacional y las
organizaciones no estatales. Esto quiere
decir que como parte del derecho de los
pueblos indígenas a su distintividad y, por
tanto, a su reconocimiento jurídico como
sujetos de derecho, es preciso que se los
reconozca como sujetos legales con derecho
a participar en los procesos de decisión
económica y social que afectan sus vidas, a
ser beneficiarios o no de políticas económicas
e inversiones específicamente diseñadas
para su atención.
Si tomamos, para avanzar, las variables de
trabajo, salud y educación con miras a establecer
indicadores que permitan monitorear
y seguir los avances, estancamientos y retrocesos
del derecho de lo pueblos indígenas
a su mejoramiento económico y social,
se podrían consignar desde la perspectiva
de los derechos humanos del sistema de
las Naciones Unidas, por ejemplo, las siguientes
variables especificas:
Variable salud
! Fortalecimiento del sujeto colectivo del
derecho a la salud.
! Fortalecimiento del sujeto del derecho
a su propia medicina.
! Fortalecimiento a los procesos complementarios
e interculturales.
! Mejores coberturas de salud para los
pueblos indígenas con relación a periodos
previos.
! Fortalecimiento de las concepciones de
salud y enfermedad.
! Fortalecimiento de formas propias en
curaciones y hábitos medicinales que
satisfagan condiciones saludables.
Políticas económicas e inversiones
! Mejores programas y proyectos económicos
y sociales, con relación a periodos
previos, diseñados específicamente
para la atención a pueblos indígenas.
! Mejor infraestructura productiva y de servicios
para las poblaciones indígenas.
! Mejor infraestructura vial para las poblaciones
indígenas, con relación a periodos
previos, en sus áreas de ocupación
y manejo territorial.
! Mejores medios de transporte y locomoción.
! Mejores ingresos (en retribución a productos
y servicios).
! Mejor vivienda.
! Mejor acceso a la alimentación.
! Mejor cobertura educativa.
Crédito, subsidios y apoyos económicos
! Leyes y normativas reglamentarias para
créditos, subsidios y apoyos económicos.
! Mejores condiciones de crédito.
! Fortalecimiento de cultura económica
de reciprocidad.
! Afirmación de usos y costumbres laborales
y de intercambio propios.
! Afirmación de usos y costumbres de manejo,
apropiación y propiedad de recursos.
! Afirmación de usos y costumbres propios
de organización espacial, localización
territorial y ocupación de tierras mediante
reconocimientos jurídicos, titulados,
saneamientos y ordenamientos
variables de primer orden.
106 Ibid. Se han adecuado siguiendo la propuesta de este
autor.
85
D E S A F Í O S P A R A E L E S T A D O Y L A C O O P E R A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L
Variable educativa, donde el derecho preferente
para los pueblos indígenas es
marcadamente urgente. Aquí se trata de la
necesidad de ampliar las coberturas de la
educación escolar y universitaria para las
poblaciones indígenas. Un derecho preferente
a la educación escolar y universitaria
es ya, en el siglo XXI, un derecho mayor para
unos pueblos que precisan de todo tipo de
formaciones para poder encarar en pie de
igualdad la discusión de sus destinos en el
actual mundo informatizado y de flujos masivos
de conocimientos e informaciones.
Incentivar coberturas y contendidos, formas
y estilos propios como fuere. La variable
educación remite a algunas variables específicas,
como son:
! Tamaños y dimensiones de la cobertura
educativa formal y no formal escolar
para pueblos indígenas.
! Tamaños y dimensiones de la cobertura
educativa formal y no formal universitaria
para pueblos indígenas.
! Calidad de los contenidos educativos
escolares impartidos en los pueblos indígenas.
! Calidad de los contenidos educativos
universitarios impartidos en los pueblos
indígenas.
! Servicios de apoyo económico y social
para educandos indígenas.
Desafíos
En lo tocante a los niños y adolescentes indígenas,
es necesario poner en marcha un
Plan de Acción que incluya los pocos vitales
que mediante estrategias y acciones específicas
permitan modificar en un tiempo determinado
la realidad negativa actual. Esos pocos
vitales son nada menos que lo que la
sociedad colombiana con sociedades e instituciones
internacionales sean capaces
de hacer para que puedan vivir
estos niños, niñas y jóvenes
indígenas de Colombia: a)
un equilibrio biológico, b) un
equilibrio social, c) un equilibrio
psicológico y d) un
equilibrio cultural. Frente a
cada uno habrá estrategias,
actividades e indicadores
y ojalá presupuestos
y responsables.
Es importante continuar fortaleciendo
un grupo –como el que se
configuró con el apoyo de UNICEF– para
pensar en este informe, y que sea un tanto
ampliado, que se reúna de modo estable,
participe para planificar y hacer seguimiento
a los desarrollos que positivamente puedan
afectar a esta población particular. Dado que
los niños y jóvenes se encuentran en medio
de los pueblos mismos y que estos son unidades
especiales para la activación de programas,
se requiere fortalecer un enfoque
metodológico de intervención, que además
de estar apuntando a la perspectiva de los
derechos, tome en cuenta que toda intervención
ha de fortalecer la etnicidad y la cultura a
partir del reconocimiento a la diversidad. No
es necesario inventar este enfoque; existen
metodologías de intervención ya aplicadas
que han demostrado su bondad y han sido
logradas con la participación de indígenas,
que como servidores públicos, autoridades
o líderes han contribuido a ello.107 Partir de lo
que la gente hace y explicar el porqué es un
marco sencillo y muy complejo a la vez, que
da respuestas a quienes van a intervenir una
comunidad. Sin embargo, así como un mé-
107 ICBF, CRIC, OIA.
86
C A P Í T U L O 5
dico tiene criterios para reconocer en simples
síntomas problemas de salud no identificados,
la lectura de realidades sociales y
económicas no es un asunto obvio que se
aparece con el simple contacto. La visión de
las comunidades o autoridades es imprescindible
de ser tenido en cuenta para contrastarse
con otros referentes externos. Siguiendo
con el ejemplo de tener una enfermedad
y sentir el malestar que entraña, no
significa la posibilidad de encontrar salidas
para recuperar la salud.
No es posible realizar ningún programa sin
el otro ni por el otro. Transformar mecanismos
internos y externos para conocer e investigar
la problemática de una comunidad
es un paso para potenciar internamente los
componentes a tener en cuenta bajo condiciones
de cambio. Hacer un diagnóstico con
la gente implica además de conocer una realidad,
aprender cómo se hace, lo cual genera
mayor suficiencia interna para el examen de
situaciones permanentemente cambiantes.
Este grupo ha de apoyar sistemas de información
ojalá centrados en las Organizaciones
Indígenas. El grupo hace observaciones
sobre situaciones puntuales con base en indicadores
de política social. Procura actividades
de investigación, acción y seguimiento.
Ante todo busca que los programas locales
en pueblos indígenas sean concertados e
integrales. Es necesario trabajar muy cerca
con servidores públicos para asegurar los
presupuestos y la calidad de las ejecutorias.
Procesos de cambio cultural de los servidores
públicos
Los servidores públicos son profesionales
que realizan una tarea institucional y como
personas tienen una cultura que muchas
veces manifiesta racismo, etnocentrismo
o paternalismo, tres visiones que se traducen
en comportamientos y en directrices
especificas dentro de los programas. Estas
visiones ideologizadas son contrarias
a la Constitución y la Ley. Sin embargo, son
susceptibles de cambio mediante procesos
educativos. El conocimiento cercano a
los indígenas es la mejor herramienta para
cambiar estos referentes. Por ello, los procesos
de cambio, mediante la preparación
de los funcionarios que realizan tareas directas
o indirectas, deben implicar el contacto
con autoridades y comunidades. De
igual modo, los indígenas que tienen asiduamente
que utilizar referentes e instituciones
del orden nacional tienen que conocer
esas otras visiones, generalmente centradas
en un modelo de desarrollo, para
construir interculturalidad e interlegalidad y
planes de vida acordes a sus visiones.
5.2. Avances significativos
Desarrollo de la Constitución y de la legislación
internacional y nacional vigente.
Voluntad política de algunas instituciones del
Estado, el gobierno y de organizaciones no
gubernamentales, para tratar a estas poblaciones
como pueblos, bajo unos principios
y enfoque diferencial.
! Cambian los referentes de lo que es un
indígena, sea niño o adulto.
! Cambian los procesos de planificación.
! Existen equipos humanos indígenas y
no indígenas para liderar procesos en
instituciones importantes del gobierno.
! Se ejecutan metodologías e instrumentos
de intervención.
! Hay mejoramiento de condiciones profesionales
mediante el conocimiento de
temas étnicos.
! Fortalecimiento interno de las autoridades
y los pueblos para desarrollar pro87
D E S A F Í O S P A R A E L E S T A D O Y L A C O O P E R A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L
cesos de interlocución con el Estado y
otras instancias sociales y políticas.
! Participación en la política nacional por
medio de cargos públicos.
5.3. Obstáculos
y dificultades
! Concepciones y actitudes discriminatorias.
! Desconocimiento por parte de instituciones
y servidores públicos de las condiciones
culturales de los pueblos que
orienten al trabajo de manera diferencial.
! Políticas públicas que no incrementan
los gastos sociales para hacer efectiva
la discriminación positiva.
! Fragmentación dentro de algunas comunidades.
! Carencia de sistemas de información
que permitan conocer situaciones específicas
y hacer seguimiento y evaluación.
! Situación social precaria, violencia y
desplazamiento.
! Temor de los servidores públicos para
poner en práctica programas en zonas
de refugio.
! Paternalismo.
5.4. Tareas pendientes
! Fortalecer el trabajo con distintas autoridades
y comunidades de los pueblos
indígenas y con organizaciones para
examinar la Convención de los Derechos
del Niño.
! Fortalecer el trabajo con distintas autoridades
y comunidades de los pueblos
indígenas y con organizaciones para
examinar el Código del menor.
! Destinar recursos de cooperación internacional
para procesos de investigación,
acción y formación, tendientes a apoyar
procesos de socialización.
88
C A P Í T U L O 5
! Fortalecer procesos administrativos con
cabildos (entidades públicas de carácter
especial).
! Apoyar la formulación de Planes de Vida.
La legislación que posibilita a los niños indígenas
la supervivencia, protección, desarrollo
y el ejercicio pleno de sus derechos y
libertades con dignidad, es claramente insuficiente
y débil.
Los organismos responsables de traducir en
políticas las provisiones de CDN y demás legislación
aplicable –con la excepción del ICBF–
han demostrado un gran desconocimiento de
la realidad indígena y no han tenido hasta ahora
un enfoque que dé prioridad a los niños,
niñas y jóvenes indígenas, dando como resultado
una mayor discriminación. A pesar de
expresar que el ICBF sí ha incursionado seriamente
en la construcción de una política
diferenciada, lo que se ha hecho no cubre todas
las regiones y pueblos y tiende a no ser
prioritario su avance. Los cambios de personal
obligan a inducir estos programas.
No existen mecanismos adecuados de consulta
y participación auténtica por medio de
los cuales los niños y niñas indígenas puedan
ser efectivamente tomados en cuenta.
Los indígenas, como minoría, constituyen
un segmento relativo pobre de la sociedad
colombiana. El grado de vulnerabilidad de
los niños indígenas en todos los órdenes
se multiplica por razón de etnicidad.
Los pocos indicadores existentes sobre
educación, salud, infraestructura, seguridad
social y otros, de niños y niñas indígenas,
muestran menores niveles de cobertura y
calidad en todos los órdenes y altos índices
de disparidad y vulnerabilidad.
La falta de coordinación entre los diversos
programas diseñados para atender las necesidades
de la niñez indígena es una constante,
así como la falta de racionalización y
eficiencia de los presupuestos asignados.
La dispersión en la que viven las comunidades
indígenas rurales y el alto costo de los
servicios se cuentan entre las causas principales
de la baja tasa de acceso a tales
servicios. Es de mencionar que los Defensores
del Chocó, por ejemplo, no cuentan
con una lancha y tampoco con presupuesto
para visitar niños institucionalizados ubicados
a grandes distancias. Similares condiciones
tienen los funcionarios de Amazonia.
No se respeta siempre el derecho a la educación
en sus propias lenguas y valores
culturales. La educación a la que logran acceder
los niños, niñas y jóvenes indígenas
–donde no hay programas especiales– se
traduce en cambios aculturativos y por ende
irrespetuosos del derecho a lo propio.
El Estado no valora suficientemente el patrimonio
cultural, lingüístico y de intuiciones tradicionales
de los pueblos indígenas, particularmente
los referidos a las prácticas médicas,
y no ejecuta programas para que se respete
su espiritualidad, creencias, ritos y lugares
sagrados, lo cual repercute en los jóvenes,
que no ven su sociedad como valorable.
Existe una gran cantidad de desafíos que
encarar, tanto en el orden del perfeccionamiento
y complementación legislativa, la definición
concertada de políticas públicas y su
ejecución compartida con los actores sociales
e instituciones, como en el plano subjetivo
de la conciencia general de la sociedad
colombiana, a través de los medios de comunicación,
entre otros, para operar un re89
D E S A F Í O S P A R A E L E S T A D O Y L A C O O P E R A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L
forma cultural con un profundo sentido ético
que lleve a la sociedad a reconocerse positivamente
como nación multicultural, valorando
las contribuciones de cada una de sus
culturas constitutivas.
Dicha transformación deberá estar orientada
a la construcción de unas relaciones
interculturales fundadas en el reconocimiento
y respeto al “otro”, el diálogo y la horizontalidad,
que deje atrás cualquier posición
etnocentrista o paternalista como las que
hasta ahora se han pretendido dueñas de
la verdad histórica y expresiones de un pensamiento
universal, presuntamente único.
El camino de la interculturalidad no puede
quedarse en el reconocimiento de la diversidad
cultural de la sociedad si ello no sirve
también para transformar las injustas estructuras
que la rigen108.
5.5. Recomendaciones
Desarrollar programas y proyectos,
alianzas y estrategias que aporten acciones
para la defensa de los derechos humanos
en los territorios de los pueblos indígenas.
Crear políticas de protección y consolidar
mecanismos para la atención de los pueblos
indígenas desplazados desarrollando
estrategias para una rápida reinserción en
sus territorios.
Desarrollar campañas de capacitación dirigidas
a los líderes y poblaciones indígenas
sobre las normas constitucionales, la participación
en los programas de gobierno y el
manejo de los recursos de transferencia.
Desarrollar mecanismos que ayuden a definir
y actualizar el número de pueblos indígenas
existentes en territorio colombiano.
Reconocer a las organizaciones y autoridades
tradicionales indígenas como interlocutores
válidos, restableciendo una comunicación
directa y permanente entre éstos y
las entidades del Estado.
Culminar los procesos de dotación de tierras,
saneamiento, ampliación y constitución
de resguardos.
Consolidar los programas de salud y educación
vinculando las propuestas de medicina
tradicional y etnoeducación que tienen las
poblaciones indígenas y afrocolombianas.
Crear mecanismos para incluir en los programas
de salud y educación que desarrolla
el gobierno las nuevas poblaciones que
no aparecen censadas después de 1993.
Desarrollar campañas informativas y educativas
a las entidades e instancias del Estado
y la sociedad civil sobre la existencia
de los pueblos indígenas en la construcción
de país.
El derecho a la diferencia entre los pueblos
sólo se puede plantear de modo adecuado
desde el postulado de la igualdad109. El derecho
a la igualdad afirma que ellos cuentan
y deben contar con los mismos derechos
que todos, pero para el fortalecimiento
de su distintividad deben adecuarse los
medios.
Desde tal perspectiva es imprescindible que
se establezcan observatorios para el mo-
108 Alem Rojo, Alfonso. La situación de la niñez indígena
en México. Quito, 12 de julio de 2001. 109 Calla, Ricardo. Op. cit.
90
C A P Í T U L O 5
nitoreo y el seguimiento a la aplicación de
tales derechos, buscando establecer indicadores
apropiados de las variables de superación
del racismo y afirmación cultural,
trabajo, salud y educación, participación
política y justicia económica y retribución
equitativa. Se trata de variables que en cada
caso pueden dar lugar al establecimiento
de múltiples indicadores objetivos.
Propuestas y recomendaciones110
! Fortalecer experiencias piloto en todos
los niveles escolarizados.
! Progresiva participación de los mismos
pueblos desde lo formativo en los municipios
y departamentos.
! Coordinar y concertar con el Estado los
planes, programas, proyectos y acciones
a emprender para la ejecución, sistematización,
seguimiento y evaluación
de cada actividad con la participación
efectiva de las comunidades y pueblos.
! Valorar prácticas culturales tradicionales.
! Fortalecer y acompañar los procesos locales
y zonales.
! Sistematizar y evaluar procesos
participativamente.
! Consolidar sistemas de información
educativa.
110 Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC,
Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Informe
sobre el derecho a la educación en los pueblos
indígenas de Colombia ante la relatora especial sobre
el derecho a la educación de las Naciones Unidas.
Bogotá, octubre 8 de 2003.
! Gestionar financiación estatal para los
procesos educativos formales.
! Activar de manera sostenida la fórmula
contenida en la Ley 715 para asignar
transferencias para educación a las entidades
territoriales según el número de
estudiantes, población a la que hay que
atender
! Indicadores de pobreza.
! Estimular a las entidades territoriales
para que adopten políticas que respalden
los programas que vinculan los recursos
con los resultados pretendidos.
! Garantizar un sistema explícito de identificación
de los niños que merecen ayuda
especial en educación, incluidas ayudas
directas e indirectas, por ejemplo,
Familias en Acción.
! Mejorar la responsabilidad y supervisión
del desempeño del Ministerio de Educación
en cuanto a lograr la finalización universal
de la educación básica.
! Fortalecer la capacidad de apoyo del Ministerio
de Educación a las entidades
territoriales para que adquieran las capacidades
técnicas necesarias para
mejorar resultados del aprendizaje:
Telesecundaria, Escuela Nueva, Aceleración
de aprendizaje y Sistema de
aprendizaje tutorial.
Finalmente, el pájaro no vuela
porque tiene alas,
sino porque quiere.
Tenemos todo en nuestro país
para que un pequeño puñado de colombianos,
indígenas, ancianos, hombres y mujeres, jóvenes
y niños tengan una oportunidad de vida buena.

1 comentario:

  1. que no se quede en escritos que se actue con los indigenas y mas que se estudie el uso y abuso de alcohol en comunidades indigenas de colombia.

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