Esta Joda Tiene Que Cambiar! (capítulo 1), 2 Edición

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El hedor de las calles es igual al de los charcos de la escuela. La pestilencia del mercado público y fetidez del alcantarillado medio terminado es por supuesto imperdonable. Similar o peor sensación percibimos de la asquerosa corrupción de los llamados emergentes de la política, lo mismo que de la extrema pobreza que azota a la mayoría de personas de esta región del país, y algo más grave aún que es la irracional postura egoísta de las corruptas camarillas dominantes de la politiquería, enriquecidas de la noche a la mañana con los abusivos privilegios otorgados por la descomunal desigualdad económica y social que infecta de la peor manera.

Claro, también constituye ineludible obligación registrar y divulgar algo que nos deprime y ofende en lo más profunda de la dignidad humana que es el precario resultado de las inconclusas investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, como reiteradamente ocurre con la proverbial ineptitud de los órganos de control, en temas gravísimos como los eufemísticamente llamados falsos positivos, los cuales son simplemente vulgares crímenes de Estado perpetrados contra miles de inocentes e indefensos jóvenes de nuestra provincia colombiana, algo peor que las denominadas ejecuciones sumarias, donde confiados muchachos de la ciudad, en la encrucijada de encontrar empleo decente, algunos invidentes, eran engatusados por los paramilitares en parques, calles y discotecas de sus ciudades, y posteriormente, en forma miserablemente extraña y misteriosa, sus cadáveres resultaban orgullosamente exhibidos como trofeos por las autoridades ante la prensa y la sociedad nacional e internacional, alardeando que se trataba de haber dado de bajá a sanguinarios subversivos abatidos en cruentos enfrentamientos militares entre ejército y guerrilla. De igual manera  sucede con las hostilidades de que son víctimas respetables líderes políticos de la oposición, magistrados, abogados, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que no comparten ni podrían encubrir semejantes prácticas, mucho menos la destreza publicitaria utilizada para agigantar el daño y acelerar el aniquilamiento moral a las víctimas, que consiste en descomponer posturas y expresiones ideológicas, simplemente académicas y éticas, emperifollándolas hábilmente en sofisticados laboratorios de infamias y calumnias, donde son transformadas por órganos judiciales y medios de comunicación afectos al gobierno en delitos de opinión. O aquellos procedimientos, calificados de falsos positivos, aparentemente menos graves, pero igualmente repudiables, en los que socios del régimen, en todo caso narcotraficantes confesos, asunto de por sí diciente y desconcertante, fabricaron sofisticados y mortales carros bombas, que luego eran obsequiados a miembros del ejército, dizque de la patria, para que con el mayor desparpajo publicitario hicieran gala de la farsa como si fuese un tremendo éxito investigativo y urgir su apremiante desactivación, proclamándose ante la sociedad hipnotizada y fascinada como los héroes de un extraordinario logro militar de la tristemente célebre seguridad democrática, es decir, como uno de los plausibles frutos de la alta inteligencia militar del gobierno, dentro de la endemoniada guerra dicen que no es fácil terminar y que por supuesto requiere, según ellos y los portavoces de la prensa alcahueta, de cada vez mayor financiación nacional e internacional, reclamando y obteniendo crecientes e inmerecidos aplausos que se reflejaban en las encuestas de opinión contratadas.

Y qué decir de ese otro género de depravación atroz, como las imperdonables orgías de paramilitares y militares que terminaron pateando, sin temor cristiano ni escrúpulo alguno, las cabezas ensangrentadas de inocentes campesinos decapitados por ellos mismos, o aquellas insólitas masacres en las cuales las víctimas inermes fueron disueltas para desaparecerlas en ácidos letales, o descuartizadas para alimentar marranos, o arrojadas vivas al agua para su propia diversión y satisfacer el apetito de feroces cocodrilos.

Está pasando algo, también grave y detestable, de cierta manera imperceptible, como lo es la creciente y desbordada captura de esenciales instituciones del Estado por la codicia de gran parte de megaproyectos multinacionales, lo cual se viene convirtiendo en otra lacra agregada a nuestra frágil democracia, que la torna inconvenientemente subalterna y paquidérmica, o como acontece con el pésimo ejemplo de discapacidad y cerrazón social de viejos y cansados partidos políticos, o con la irremediable y recurrente mentira de sus jefes de turno y, digámoslo con meridiana claridad lingüística, lo que resulta del extremado y extraño conformismo de nuestra gente sometida al funesto, mediocre modelo de vida. Todo ello desconcierta, perturba y ultraja, de la peor manera, la dignidad humana de toda la sociedad.

Claro, que también impacienta y mortifica el inexplicable silencio de quienes diariamente sufren la circunstancia de que, a pesar del descubrimiento e intensa explotación de las variadas riquezas naturales en nuestro territorio, no existe en ningún lugar de nuestra geografía un buen servicio de acueducto, tampoco de alcantarillado, mucho menos un sistema de salud pública adecuado, ni empleo, ni siquiera cobertura en educación básica primaria, o algún nivel mínimo de democracia o de seguridad, absolutamente nada que se parezca a la artificiosa retahíla propagandística de conceptos huecos y vacíos de principios sólidos y contenido social.

Tampoco es entendible que la tan descarnada y cruda divulgación estadística, ocasionalmente ofrecida por algunos medios de comunicación masiva, cuando informan que en nuestra región, a pesar de las benévolas cifras de ingresos por concepto de regalías y transferencias del presupuesto nacional, existen los más altos y persistentes índices de analfabetismo, o, peor, que reinen inverosímiles niveles de tuberculosis y otras enfermedades mortales, no conmueva o inquiete a nadie, ni suscite reacciones y protestas serias contra ello ni contra el injusto e inadecuado sistema educativo imperante, ni contra la infame carencia de un razonable sistema de protección social para seres humanos totalmente desvalidos e históricamente abandonados por el Estado y la sociedad nacional.

También soy de aquellos que sostienen la simple e incontrovertible tesis de que ya es completamente insoportable la desproporcionada y profunda injerencia del narcotráfico en diferentes desarrollos de la política, pero que igualmente lacera la inexplicable indiferencia de instituciones estatales respecto a esta dramática tendencia delictiva, la cual tiene nítidas trazas de cooperante complicidad con el delito.

 Otra cosa que también genera similar tristeza y decepción es cuando le toca a uno observar a un conocido grupillo de abogados litigantes, habiendo, como saben ellos que hay, tantas tareas que emprender y enormes y graves injusticias que denunciar y enfrentar, apostado rutinariamente a la entrada de la cárcel municipal, juzgado o fiscalía de turno, atosigando y atrapando ferozmente a los parientes de humildes ciudadanos enjaulados o enredados en la madeja judicial. En un país, donde el Estado ha reconocido responsabilidades en alrededor de cincuenta mil desapariciones forzadas, según escalofriantes cifras de la Fiscalía General de la Nación, esos juristas deberían encontrar, en ese drama criminal, el rol de apoyo que la democracia y la circunstancia les señalen, que obviamente no podrá ser nada parecido a lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país.

Pero una de las realidades que más alarma y deprime es tener que escuchar con frecuencia estrambóticas y cotidianas versiones de la ciudadanía, como aquella insólita, según la cual un humilde vendedor de jugo de naranja alegue como buen argumento suyo, para sobrevivir en medio de la esquizofrénica competencia comercial que lo aflige, cuestión que demuestra cabalmente el descontrol y caos imperantes en esta descompuesta sociedad, que tiene ese prójimo que armarse de una jeringa todas las mañanas, para subrepticiamente inyectar agua y azúcar a las frutas de su minúsculo y esencial negocio informal. Seguramente es algo aprendido del ramplón paquete chileno criollo que se practica introduciendo papel periódico y piedras a los retazos de sábanas y sobrecamas para venderlos en el mercado a precio de remate al incauto consumidor, como si fuesen juegos completos de una fina mercancía extranjera. O imitado de la vulgar falsificación de licores y perfumes de marcas reconocidas, que consiste en inyectar a frascos o botellas originales un líquido de la peor calidad, en unos casos, y, en otros, sustancias químicamente elaboradas en burdos y peligrosos laboratorios caseros.

Debo resaltar como algo diferente, más grave que lo anteriormente expuesto, y es la miserable actitud de nuestra Iglesia Católica local, de haberse prestado para convertir la llamada educación contratada en un atractivo botín burocrático y económico que permanentemente persigue y pretende acaparar, para derivar de él jugosas utilidades económicas. Simplemente, no hay duda de eso. Claro, que también resulta nociva la conducta mojigata de otras tendencias eclesiásticas, denominadas por conveniencia y sin pudor cristianas, consistente en acrecentar el volumen de la membrecía en forma de clientela, basando fundamentalmente el credo y prédica en repugnante estrategia de mercadeo, empeñándose en revivir heridas olvidadas, aumentando la saña contra los demás dogmas existentes.

Debo agregar que carcome por dentro de mi ser tener que concluir fatalmente que nuestro siniestro sistema de salubridad pública ha descendido hondamente a los hediondos albañales de corrupción politiquera, a tal extremo de irrespeto de la dignidad humana, que no cabe duda alguna de que el nauseabundo fenómeno de putrefacción política transfiguró a los empobrecidos pacientes de siempre en simples víctimas de los mediocres matasanos contratados a destajo por audaces empresas, patent de EPS o IPS, que trafican con las necesidades de la salud de los menesterosos de la población, y que han reducido ridículamente su responsabilidad preventiva y curativa a recomendar, sin ningún escrúpulo y para todo tipo de enfermedades y dolores, tabletas de ibuprofeno, acetaminofen, diclofenaco, naproxeno y amoxiclina. Lo anterior sin entrar en otras esferas delincuenciales donde se mueven horondos los traficantes y asaltantes de la salubridad pública para realizar cobros y recobros en detrimento del presupuesto que debería destinarse para atender la salud pública de los ciudadanos.

Pero de todo lo expresado hasta ahora no hay cosa que ofenda tanto el alma y lastime el pellejo de cualquier social demócrata, que tener que comprobar que importantes y notorios exponentes de la etnia wayuu esconden astutamente su respetable condición indígena para aparentar posturas completamente ajenas a su cultura autóctona. O lo frecuentemente ocurrido con aquellos líderes negros a quienes la censura de la sabiduría popular, dada su inconsistencia política con la causa étnica, los compara con una guanábana madura, es decir, visiblemente negros por fuera y blancos por dentro.

De algo habrá servido este complejo y repulsivo contexto para que un buen día resolviera zambullirme en el fangoso charco político de una agitada campaña electoral, cuyo inmediato objetivo estuvo centrado en lograr una curul en la conformación de la Asamblea de La Guajira.

No había pasado mucho tiempo desde que empecé a desenvolverme de manera pública como un firme candidato a la duma cuando, un día cualquiera, en pleno apogeo de intensa e inimaginable faena proselitista, recibí sorpresivamente la reconfortante llamada a mi celular de quien recuerdo que se identificó como el Corregidor de Matitas y, además, quien se declaró ferviente partidario de mi atrevida aventura electoral. Tengo que admitir y destacar en esta oportunidad, la inteligencia y preparación de quien se reveló como gran conocedor de mi ajetreo profesional de abogado litigante, al servicio de indígenas y afrocolombianos afectados por los impactos ambientales de los megaproyectos de la minería transnacional en La Guajira. Demostró el extraño pero gratísimo adherente de mi campaña electoral su profundo conocimiento sobre algunos detalles íntimos de mi litigio social y jurídico. Por ejemplo, recuerdo que narró, con increíble y admirable precisión histórica, curiosos y hasta pintorescos episodios, casi todos o, mejor dicho, todos extraídos de mi estrecho anecdotario profesional y familiar, relacionados, en su mayoría, con reclamaciones y expectativas de comunidades afectadas por empresas carboníferas de El Cerrejón, obviamente, incluyendo en el complejo y emotivo relato los entremetimientos de diferentes ramas del Estado, arribando a la conclusión de reconocer que, no obstante ello, se dio lugar a que obtuviésemos, entre otros logros, suavizar el impacto del reasentamiento involuntario a que fue sometido el Corregimiento de Oreganal, que finalmente fue reubicado a un lugar donde quedó relativamente a salvo del exterminio, o el reasentamiento de Espinal y Caracolí, o nuestra lucha por visibilizar y denunciar los casos de Tamaquitos, Roche, Patilla, Chancleta, Los Remedios, Provincial, Las Casitas, etc., y, obviamente la dramática y favorable resolución dentro del emblemático caso de la comunidad de Tabaco, cuya reconstrucción integral hemos conseguido que sea ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

El inesperado reconocimiento estimuló, más de lo que normalmente le ocurre a cualquier candidato, mi engreimiento electoral, generando en consecuencia un hondo agradecimiento al citado Corregidor, por su peculiar y desinteresada adhesión. No se limitó el conspicuo ciudadano a destacar el simple y aislado suceso del atrabiliario desplazamiento forzado a que estuvieron sometidas las comunidades perturbadas por la minería, sino que, además, adornó con lujo de detalles, algunos de tinte personal, su oportuna, sucinta y pulida narración del particular historial, reseñando a veces referencias que apuntaban a destacar la participación activa de personas y familias aquejadas por la contaminación ambiental del momento, lo mismo que la notoria y a veces estridente figuración de algunos líderes sociales de la región involucrados en la susodicha exigencia colectiva, siempre destacando elementos de nuestra argumentación jurídica que sirvieron de estructura y guía de las demandas sociales de la población agredida.

Digamos que me sorprendió el Corregidor recordándome una de esas anécdotas de mis aposentos y que consideré era algo privado, que, además creía, hasta ese momento, pertenecía exclusivamente al archivo de mi restringido círculo de amigos y colegas: fue la vez aquella que la empleada doméstica, alarmada y casi llorando, me comunicó una alarmante noticia, diciéndome lo siguiente: en la mañana de hoy llamaron del Juzgado para informar que los carros de Carbocol habían salido para Espinal y Caracolí, lo cual dio lugar a pedirle que explicara con calma y detalle su versión sobre los hechos narrados de esa forma cruda y simple, toda vez que justamente para esa época se tejían sentidas y explicables conjeturas alrededor de amenazas de abogados y comodines de las empresas asociadas, Intercor y Carbocol, contra indígenas y campesinos dueños de tierras y titulares de otros derechos de no menos monta jurídica, pertenecientes a ambas comunidades vecinas de la mina, es decir, Espinal y Caracolí. Aún conturbada y sollozando me respondió que sí, que precisamente eso fue lo que dejó dicho la secretaria del Juzgado, quien había llamado con urgencia por teléfono, mientras yo estaba ausente de mi domicilio, para avisarme que teníamos que acudir velozmente al Juzgado de San Juan del Cesar, porque en horas de la mañana habían salido varios carros de Carbocol con destino a los amenazados caseríos. Con prontitud averigüé lo sucedido y descubrí que sí, que efectivamente sí era cierto que la secretaria del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar me había buscado por vía telefónica, de manera diligente y con presteza poco acostumbrada, pero sólo para decirme lo que creyó era la buena nueva, pero totalmente diferente a lo anteriormente escuchado de boca de mi empleada, es decir, que ese día ya habían salido muy temprano del despacho del Juez los Autos que esperábamos y deseábamos que salieran dentro del proceso judicial de la empresa Carbocol contra las comunidades de Espinal y Caracolí.

Manifestó el Corregidor su profundo deseo de participar desinteresadamente y con todas sus energías a favor de mi candidatura a la Asamblea, pero, eso sí, advirtiéndome que en todo momento él guardaría la prudente distancia que la investidura del cargo de Corregidor de Matitas le imponía, de conformidad a estrictas exigencias de la ética, la moral y ley electoral del país. A veces me hizo sentir incómodo con sus redundadas e inmerecidas galanterías conmigo, pero era perceptiblemente claro que el decoroso servidor público de ninguna manera deseaba participar, ni siquiera ligeramente opinar, en los prohibidos escenarios de la liza política local, mucho menos hacerlo detrás de censurables prebendas o de asuntos de igual forma rechazables. Doy fe de que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia pude escucharle palabra o frase indelicada o desconsiderada en contra de ningún otro candidato competidor nuestro, o de partido o movimiento diferente al suyo, usando entonaciones emponzoñadas del recalcitrante medio hostil de la política de la región, especialmente agudizado en épocas preelectorales. Esa decente faceta también me generó una enternecedora indicación sobre su excelente calidad humana y su magnífico don de gentes. Estremecedor ejemplo y un buen síntoma de dignidad política en un país donde pulula el desconcierto por tanta desfachatez y soberbia oficial dentro de las diversas jerarquías del Estado, acrecentada también en épocas de votaciones.

—Yo recuerdo, dijo con propiedad y refiriéndose a mi oficio de abogado, sus frecuentes y fuertes enfrentamientos con las empresas mineras del Cerrejón, sobre todo a raíz de la expedición de aquella famosa sentencia del Consejo de Estado, obtenida con testarudez por usted, mediante la cual se anularon para siempre las inconvenientes y antipáticas reservas territoriales imperantes en La Guajira, especialmente las decretadas por el Incora en zonas de influencia de la minería de carbón, que constituyeron durante largo tiempo una agresión infame contra la función social de la propiedad privada de los campesinos e indígenas; también recuerdo, la sentencia de la Corte Constitucional, igualmente lograda con ahínco por usted, que causó extraordinario revuelo periodístico, porque con ella se ordenó recular varios kilómetros a las mineras que estaban apoltronadas en patios de humildes familias indígenas wayuu y afrocolombianas de Espinal y Caracolí. A los electores, resaltaba también con nostalgia y un marcado énfasis patriótico el señor Corregidor de Matitas, tampoco se les podrá olvidar que usted ha sido el abogado que con éxito y sin descanso se ha hecho cargo de interesantes casos en defensa de grupos y personas humildes de nuestra región, afectados por diferentes factores de perturbación y violación de sus derechos humanos.

Tendré siempre que reconocer que este tipo de espontáneas adhesiones, libres de cualquier fingimiento y de la acostumbrada acritud, lo reconcilian a uno con esa parte de la sociedad que tanto daño hace al altruismo que debe caracterizar a la magnánima actividad política, en donde no ha quedado otra alternativa diferente que bambolearse en medio de la siempre fortuita y ruinosa campaña electoral, en la que se pasan los candidatos eludiendo y contrarrestando aleves sablazos económicos de los sagaces traficantes electorales, atrincherados en grupos o movimientos adornados con alguna fascinante  denominación política, pero que en la práctica simplemente actúan como empresas comerciales, convertidas en pervertidas cuadrillas que encarecen y envilecen la contienda democrática, degradando la calidad del compromiso social con fundamentales temas públicos.

Lo que normalmente ocurre en nuestro medio, es decir, a lo que se nos tiene tradicionalmente acostumbrados y sometidos, es que el eventual adherente político propone o responde, según el caso o la ocasión, al angustiado y urgido candidato que, previamente a la decisión de apoyarle en la campaña electoral, tendrá éste que ayudar a resolver carencias económicas, que son simplemente las de él, familiares y amigos enlistados como sus potenciales simpatizantes y votantes, independiente de que, además, deberá asumir íntegramente aquellos gastos inevitables de la logística, vocablo éste antipático y caricaturesco, que comprende un amplio universo de contratación de vehículos, cubrimiento de costos de alimentación para el grupo integrante del denominado comité político, financiación de uniformes para vestir un desconocido y flojo equipo de fútbol, que sólo sale a la palestra deportiva en época preelectoral, en cuya camiseta deberá aparecer la mejor fotografía posible del candidato financiador, los colores característicos de la campaña política respectiva, el escudo y nombre del partido o movimiento y el slogan inteligentemente adoptado para cazar incautos y cándidos clientes. Igualmente está establecido que el candidato deberá asumir otros gastos considerados aleatorios, cuya autorización dependerá del número y tamaño previsible de reuniones promocionales de la jornada electoral respectiva. Lo anteriormente expuesto no incluye los gastos correspondientes a los dos últimos días, especialmente del día de los comicios, propiamente dicho, cuando tendría lugar la inexcusable necesidad de cubrir con prudente antelación los componentes de los costos presupuestados para esa fecha, que siempre será los del intenso e inevitable jaleo electorero, obviamente sin excluir las especiales consideraciones propagandísticas y publicitarias respecto a la provisión de las coloridas camisetas, pantalonetas y gorras marcadas con un vistoso logotipo muy bien seleccionado, que inexplicablemente no se podrán lucir en la zona electoral, porque justamente está tajantemente prohibido ingresar con ellas al sitio de las votaciones. Similar contrasentido ocurre con la inevitable y costosa dotación de licor que, siendo una dura exigencia de los capitanes políticos en la circunstancia comicial, ligada profundamente a la tradición cultural, también su consumo está rotundamente prohibido para el día de las elecciones.

El Corregidor de Matitas, al contrario de lo que normalmente hemos dicho que ocurre, fue tan caballeroso y delicado, que lo primero que hizo fue advertirme, con elegante y refinado estilo democrático, que él asumiría los principales gastos que eventualmente genere la dinámica de su pequeña pero significativa facción electoral, agregando que, como consecuencia de ello, en justa contraprestación, nuestro frágil proyecto sólo contribuiría parcialmente, asumiendo uno que otro gasto aislado, acordado dentro de un marco decente de sana y obvia equidad, el cual debería estar revestido de extraordinaria trascendencia y justificación. Nada más justo que eso.

Recibí su segunda llamada a mi celular para notificarme que en ese momento él estaba en Maicao, coincidencialmente ubicado a pocos metros de mi oficina, pidiéndome el favor de recibirlo con prontitud, antes de regresar a su lugar de origen, pues era su principal interés conocerme personalmente y aprovechar la ocasión para presentarme a su señora esposa. No tuvo necesidad de anunciarme que ella era de igual manera descomplicada y radical, presumí que también había resuelto, como lo hizo él en el momento de su primera llamada, porque además de  marido era el indiscutible orientador ideológico suyo, tomar la incondicional y firme decisión política de abrazar la causa social de mi candidatura política a la asamblea, naturalmente guiada por principios éticos y morales indispensables para emprender la desinteresada colaboración electoral conmigo. Además, intuí, como algo muy natural, la firme y comprometida adhesión de la esposa del señor Corregidor, aunque deduje innecesario, y probablemente imprudente, proponerle o sugerirle alguna explicación respecto de esa unilateral determinación, pues la sola presencia suya estaba expresándolo todo, de manera que no extendí más la conversación respecto a ese innecesario e inútil extremo de la misma. Les rogué que me visitaran sin demora y ordené improvisarles un ligero y suculento almuerzo que brindaría en honor a ellos, en señal de imperecedera gratitud por tanta esplendidez demostrada en el corto tiempo de conocerlos. Antes de media hora mi secretaria me avisaba por el citófono que ya estaban en la recepción de mi oficina los distinguidos huéspedes. No los puse a esperar ni un solo minuto, y dije que los hicieran ingresar y les brindaran café y asiento. Las personas que me acompañaban comprendieron que era prudente dejarme solo con la pareja de esposos, y con prontitud y disimulo decidieron despedirse de la manera más discreta posible. El Corregidor de Matitas, tal como me lo había imaginado, además de ser interlocutor locuaz y dicharachero, lucía muy alegre y perspicaz, de pequeña estatura física, bastante moreno y cabello apretado, su señora esposa parecida a él en el aspecto físico, eso sí, un tanto torpe y parca de palabra a la hora de hablar de política, pero en cierta forma pizpireta, vestida con falda roja larga de pliegues bien aplanchados y camiseta azul, aparentemente exhibiendo colores característicos de un partido o movimiento político, circunstancia ésta que también me pareció innecesario e irrespetuoso indagar.

—Tengo mucho gusto en presentarle a mi señora esposa que, además, es nuestra candidata al Concejo de Riohacha, y va ocupando el cuarto renglón en la lista del partido. Ella ha querido conocerlo y decirle personalmente que está dispuesta a apoyarlo en su aspiración política. No estoy seguro que podamos, ella y yo, reunir más de cincuenta votos para usted, pero trataremos de lograrlo, si Dios quiere, con nuestro esmero y mucho cariño.

La excelente noticia de que la mujercita era candidata al Concejo de Riohacha, sumada esa positiva circunstancia a que su elocuente marido era el entusiasta y carismático Corregidor de Matitas, no ofrecía duda alguna de que los cincuenta votos eran simplemente una cifra inteligentemente calculada por ellos, con la mayor prudencia matemática, seguramente que por debajo de sus posibilidades electorales reales, pero que, indiscutiblemente, también servía ese gesto sensato y maduro para demostrar que estaban actuando con moderación y compostura, como tiene que ser, cosa que me agradaba aún más y me otorgaba completa certidumbre y razonable optimismo político. Tuvimos entonces la oportunidad, mientras era hora del almuerzo, de examinar diferentes tópicos de la política nacional, regional y local, inclusive tratamos con el mayor cuidado el delicado asunto del orden público del país, el cual para la zona contigua al corregimiento de Matitas, precisamente, según la autorizada afirmación del Corregidor, lamentablemente no estaba completamente garantizado.

—Lo vamos a invitar cualquier día de estos a visitar a Matitas para que allá lo empiecen a conocer, dijo, recordándome que yo era poco conocido, o, corrigió, bastante desconocido en dicho corregimiento. Aprovechemos, manifestó con toda objetividad, que durante la próxima semana se celebrarán las festividades del Divino Niño, para que coloquemos en algunos sitios estratégicos, sugiero que uno a la entrada y otro alrededor de la plaza principal del pueblo, pasacalles suficientemente grandes y bonitos, resaltando su nombre y apellidos, y que en letras de molde, negras y grandes, diga: ¡Matitas te saluda! Para esa tarea hablaré con un primo mío que es buen pintor, que, además, no nos cobrará absolutamente nada por hacerlo. Sólo tendríamos que comprar los metros de tela apropiada y con seguridad que conseguiremos que alguien nos ayude a subirlos y amarrarlos a los postes de la empresa de energía eléctrica.

—No se preocupe, le dije, yo aporto la tela que se necesite. Con cien mil pesos podemos cubrir esa imperiosa necesidad. No sabe usted cuánto le agradezco señor Corregidor esa recomendación tan acertada, relacionada con mi visita a Matitas. Esa sería una magnífica oportunidad para que empiecen a conocerme y reconocerme sus paisanos y familiares, como usted lo está indicando con tanta sinceridad. Además, yo no tendría ningún inconveniente en acudir con toda humildad y orgullo, si es que es del gusto de ustedes invitarme, claro está, cuando sea prudente ir, y poder conversar ampliamente de sus problemas con la gente de allá y escuchar sus prioritarias demandas. Eso me serviría mucho para mi proyecto político.

—Yo prefiero que la visita suya a Matitas sea un poco más adelante, pues, como le dije, la cuestión del orden público es supremamente delicada. Es mejor evitarle innecesarios riesgos. Un secuestro suyo a estas alturas sería desastroso para el desarrollo de su campaña política, agregó.

Realmente, comprendí que era buena idea aplazar mi visita a Matitas y a otros lugares rurales, donde, además, yo no tenía incentivos electorales fuertes, como sí los podía tener en sitios populosos como Maicao, Riohacha, la zona vecina de la minería y otros centros urbanos, que no requerirían de mayores esfuerzos publicitarios de parte de mi campaña proselitista, porque es precisamente en esos lugares donde mi nombre es de alguna manera conocido y mi reputación política probablemente aceptada por buena parte del potencial electorado. Concentrarme en Maicao debería ser una de las prioridades, lo entendí con absoluta claridad, pues en este populoso municipio reside buena cantidad de personas vinculadas a la Empresa Comunitaria Uninacional Indígena, proyecto económico y social éste liderado y forjado por Remedios, en compañía de Challo, Douglas, Delia, Chemane, Mina Pocaterra, Cristóbal Colón, Carlos Bolao, Juan Ríos, Waica, Mami Paz, Adán, Carlos Mendoza, los pálidos y otros líderes importantes de la frontera colombo venezolana, wayuu y alijunas, con quienes impulsé la introducción de combustible líquido a La Guajira en forma legal, actividad de la cual se han beneficiado más de trescientas familias de la zona fronteriza, cuya estructuración y sustentación jurídica, nadie lo podrá negar, estuvo bajo nuestra orientación profesional en la crucial y peligrosa fase organizativa. Peligrosa, porque siempre fue latente la presión que soportamos de grupos armados al margen de la ley, ejercida alrededor de este esencial proyecto social.

La circunstancia, electoralmente hablando, era supremamente favorable, la cual no podía desaprovecharse o descartarse por ningún motivo, como tampoco debería desaprovecharse la conveniencia electoral que me ofrecía realizar la campaña política al interior de la Comuna Cuatro, principalmente en el barrio Santa Isabel, donde aproximadamente cuatro mil personas de carne y hueso se favorecieron con la expedición de la sentencia del Tribunal que promoví dentro de la Acción Popular que culminó con la condena de construir obras esenciales de ingeniería sanitaria para asegurar el efectivo goce de los derechos colectivos a la salud pública y el medio ambiente sano, reconocidos y protegidos en teoría por la ley, pero completa y abiertamente desconocidos por las autoridades competentes en tan delicada materia. No habría que realizar mayor esfuerzo para recordar que fue a raíz de nuestra denodada intervención de abogado litigante que desaparecieron de calles, residencias, escuelas y comedores infantiles de la Comuna Cuatro, los hediondos torrentes de excremento humano que inundaron de indignidad y fetidez la calidad de vida de centenares de familias asentadas en este marginado y humilde sector de Maicao. Todo este interesante caudal de potencialidades me hizo comprender mejor que no era necesario, por lo menos en este momento, acudir al corregimiento de Matitas, si ello, además, implicaría correr un inminente peligro para nuestra seguridad personal, tal como prudente y sabiamente lo advirtió la reflexión del Corregidor de Matitas.

No pasaron tres días cuando llamó al móvil celular nuevamente, avisándome que los pasacalles habían quedado bien instalados y ubicados y, sobre todo, que la pericia artística de su primo hermano, el atento y solidario pintor de brocha gorda, había logrado una espectacular demostración de dominio del llamado efímero arte, hermosamente plasmado en este caso específico. Es una lástima, dijo, refiriéndose al fino acabado del acertado producto publicitario, que ese bello trabajo artístico, tan lindo y muy bien orientado, en cualquier momento tengamos que quitarlo del sitio que ocupa y guardarlo, o probablemente botarlo a la basura, como cualquier objeto inservible que estorba. Añadió que había olvidado informarme que su esposa y candidata al concejo era, además, testigo de Jehová, y que, en ese privilegiado carácter religioso, se le facilitaba más convocar a sus correligionarios y simpatizantes, pues gozaba la diligente y polifacética mujer de total respeto dentro del influyente grupo religioso.

En la agenda de prioridades de la solícita candidata estaba congregar, para el día siguiente bien temprano, alrededor de setenta personas en un lugar diferente al que ordinariamente usaban para celebrar sus ceremonias y demás encuentros religiosos, pues no era muy ético hacerlo en el consabido Salón del Reino de los Testigos de Jehová, dado que en esta ocasión, se examinarían algunos temas eminentemente terrenales del poder local. Sentí que además de los inexcusables costos del alquiler del sitio requerido, los organizadores del importante evento, mis intrépidos e incondicionales aliados políticos, también deberían sortear la solución de algo elemental, como eran los ineludibles tentempiés para atender la corta pero propicia reunión de fieles del evangelio. Me dio vergüenza esperar que el Corregidor o su esposa sugirieran la obvia ayuda monetaria y preferí abalanzarme con mi generosa y equitativa, pero jamás herética, propuesta de asumir esos costos económicos para atender un suceso que me facilitaría contar con una segura votación adicional. Y ahora sí no me quedó duda alguna de que esos serían más de cincuenta votos. Decidí entonces solicitarle al mi nuevo aliado que ese día se trasladara a Maicao para recibir mi justa contribución. No será necesario viajar, respondió en tono un tanto confianzudo y burlón, porque estoy precisamente en Maicao y, en cuestión de media hora, o menos, llegaré a su oficina. Salí rápidamente hasta la plaza a prestarle a un amigo el dinero requerido para mi voluntaria aportación, pues el tiempo electoral apremiaba a toda velocidad. Cuando regresé, ya el Corregidor estaba esperando a la entrada del edificio, luciendo alegre y optimista, lleno de energía positiva, conversando animadamente con su esposa y otras personas del equipo asesor de mi campaña política. Tampoco quedé con duda alguna sobre que el sencillo y simpático vestido de la señora esposa del Corregidor correspondía al diseño publicitario de su partido o movimiento político, pues los colores, los mismos del trajecito de la primera vez, así lo sugerían inequívocamente. Los atendí rápidamente y como pude, pero con esmero y sin prosopopeya alguna, les aconsejé que regresaran apresuradamente a Riohacha para no perder tiempo. Salieron raudos y optimistas a esa ciudad donde se estaban organizando los preparativos de la congregación para el día siguiente, bien temprano, como ya dije.

En horas de la tarde me correspondió atender otra reunión política con algunos abogados, universitarios y líderes sociales, predominantemente indígenas, para reflexionar sobre diferentes tópicos relacionados con el manejo de la propiedad privada de la tierra en el país y, particularmente, en el caso de La Guajira, haciendo énfasis en la gravedad que reviste este último caso, a propósito de los múltiples desplazamientos forzados generados por los impactos en la pequeña propiedad, como consecuencia de la denominada bonanza de la marihuana, inicialmente, luego con ocasión o por causa de los gigantes proyectos mineros, y por último la presión de la guerrilla y paramilitares instalados en el territorio. Alguien, después de cordialísima pero profunda sustentación sociológica hizo posicionar como fuerte factor generador de desplazamientos forzados, se dijo que tal vez el más corpulento y forzudo de todos estos fenómenos, a la ramplona corrupción administrativa y política. También se advirtió sobre lo grave que resultará para la sociedad la incontenible tendencia  de construir represas o balsas en territorios indígenas y no indígenas, para el caso es lo mismo, sin asumir las consideraciones de respeto a mínimas normas ecológicas, derechos, usos y costumbres de las comunidades amenazadas o fuertemente afectadas por dichas obras.

Tocamos en esa ocasión aspectos relacionados con los estrictos contenidos de una ideal Reforma Agraria en Colombia, especialmente asuntos relacionados con la necesidad de abordar la discusión de la figura de la modicidad del canon y la obligación de avanzar progresivamente en la productividad social de la tierra, pilares básicos para sustentar una fórmula enfitéutica justa y adecuada para desarrollar el campo en un país anárquico y raquítico, institucionalmente hablando, como el nuestro.

Igualmente, escuchamos interesantes puntos de vista, interpretados dentro del actual orden político y jurídico, relacionados con la estructura y experiencias de la antiquísima institución romana citada, entendida, desde aquellos tiempos, como una especie de arrendamiento perpetuo, en unos casos, en otros como de carácter temporal, la cual tuvo también interesantes y exitosos desarrollos en Francia y Bélgica, donde el enfiteuta históricamente ha sido considerado como verdadero propietario rural, investido o revestido en forma permanente del denominado dominio útil de la tierra. Algo así como que la propiedad de la tierra debe ser para quien la trabaja en forma permanente, sin correr el riesgo que le digan comunista a quien predique y defienda esa tesis.

También se generaron inteligentes y favorables comentarios a la relativamente reciente aplicación de la enfiteusis en la formulación y ejecución de la Reforma Agraria mexicana, donde su apropiada utilización aseguró algún nivel de éxito en la distribución justa y adecuada de la propiedad de la tierra en ese país. Se analizaron también las reflexiones del reconocido economista norteamericano Henry George, acerca de las reiteradas y fuertes críticas suyas a lo que calificó, desde su época, como odiosa propiedad de la tierra, especialmente cuando se encuentra injustamente acumulada en pocas manos. ¡Qué tal que George hubiese palpado lo ocurrido recientemente en el país con el acaparamiento armado de las tierras!, comentaron varios asistentes. Hubo fuertes críticas a la politiquería de la región en la aplicación de la ley agraria vigente. En el caso concreto de La Guajira se denunció el hecho  de que la gran mayoría de los beneficiarios de los precarios programas estatales de adjudicación de predios rurales ha sido carente de vocación y pertenencia campesina, inclusive, se dijo que algunos de éstos son personas absolutamente distantes del campo y completamente apáticas respecto al ejercicio del trabajo productivo de la tierra. Este cuestionamiento se hizo extensivo a otras regiones del país donde pasa lo mismo. Denunciaron que las adjudicaciones de predios rurales, hasta ahora realizadas a dedo por los gobiernos de turno, sin estudios ni escrúpulo, se han decidido favoreciendo a personas que exclusivamente aplican como amigas o recomendadas políticas del gobernante y/o sus incondicionales títeres o testaferros. Ello, concluyeron enfáticamente, explica el alto grado de deslealtad y deserción de adjudicatarios de predios rurales con los respectivos programas agrarios, y, además, en cierta forma justifica el incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el sistema financiero del sector para amortizar los créditos concedidos con recursos implementados para esa finalidad social. A los argumentos anteriores añadieron la consuetudinaria crítica a la descomunal escasez de tecnología y asesoría apropiadas para ayudar al campesino pobre en la correcta explotación del campo, también de esenciales recursos que jamás han sido puestos al alcance de la población campesina necesitada, como semillas de buena calidad, maquinarias y equipos adecuados para la actividad agropecuaria. De la misma manera se otorgó sitial de responsabilidad a los terribles ingredientes generados por el narcoterrorismo, que han suscitado el mayor desplazamiento forzado en la historia del país. Millones de hectáreas han sido desagregadas violentamente del inventario nacional de nuestras tierras productivas. Según la más detallada encuesta que se ha hecho sobre este tema, por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, se ha concluido que, por causas relacionadas con el conflicto interno, fueron abandonadas en los últimos 30 años 6,65 millones de hectáreas.

Adicionalmente, gobernantes y responsables políticos del sector agropecuario colombiano, recientemente concedieron cuantiosos recursos públicos, rotulados en teoría como generosos incentivos gratuitos para los pobres del campo, a un puñado de familias ricachonas, reinas y terratenientes, obviamente allegados al partido de gobierno y encubridores coaligados para protervos fines, incluyendo directivos de ciertos medios de comunicación. Se infiere que gran cantidad de estos personajes son completamente ajenos al sector agropecuario. A lo dicho con anterioridad, y como aderezo para digerir mejor el desastroso fenómeno, se añadieron cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según las cuales, 2.428 propietarios poseen 44 millones de hectáreas equivalentes a 53.5% de la tierra. De otra parte 1.3 millones de propietarios que equivalen al 35.8% poseen 345 mil hectáreas, es decir, el 0.42% de las tierras productivas del país. Estos últimos tienen menos de una hectárea.

Después de haber escuchado las advertencias concretas respecto al Derecho Fundamental al Agua, entendido este vital Derecho en las mejores condiciones de potabilidad, suficiencia y disposición pública, y posteriormente resaltar el cuidado que hay que tener para conservar de manera permanente este esencial recurso, la discusión se centró finalmente en el cardinal papel conjunto que la sociedad y líderes políticos deben asumir en la orientación de la defensa de la vida y la paz, pues no se podrá exigir a éstos últimos buenos niveles de calidad y honestidad en sus tareas legislativas y de control político, si son los amplios estamentos de la base de la sociedad los que con frecuencia inducen a romper los esquemas jurídicos y éticos de respeto mínimo a nuestra frágil democracia. No faltó quien expresara la necesidad de que el pueblo wayuu recupere el control de los centros de educación indígena que aún dirige y administra la Iglesia Católica, como si fuesen entes de su propiedad particular: Internado Indígena de Nazaret, Internado Indígena de Aremasain, Internado Indígena de Uribia, Institución Educativa Monte Alvernia y Escuela Laura Montoya de Maicao. Lo mismo habrá que hacerse, se dijo, para exigir desde un comienzo que las instituciones educativas que se vayan creando empiecen bajo la correcta orientación de los dirigentes de la etnia, como ocurre con el Internado Indígena de Albania.

La oportunidad fue la más propicia para atreverme a narrar y resaltar el insólito caso del Corregidor de Matitas y su esposa, quienes han asumido conmigo un respetable e inolvidable rol cívico, digno de ser mostrado como ejemplo ante la sociedad nacional, apuntalándome en el empeño de arribar por la vía electoral y ética a obtener una curul en la Asamblea. Fue impresionante la algarabía que suscitó en el auditorio mi emotiva intervención, en la que obviamente resalté el contraste con las características proverbialmente graves reinantes en nuestro complicado medio político.

Alguien, por ejemplo, atestiguó que en la Alta Guajira el alquiler de un camión, con capacidad de siete y media toneladas de carga, contratado para transportar entre treinta y cincuenta electores amontonados como bultos, resaltemos que en la región se transportan a candorosos seres humanos en estos grandes vehículos de carga en trance electoral, si se le puede llamar así a esa forma de transportar votantes, tiene el astronómico costo de dos millones de pesos diarios. Adicionalmente, los intermediarios del vulgar procedimiento comercial facturan por viaje veinte y treinta millones de pesos, que es el precio comercialmente establecido en esa repugnante modalidad de mercadeo para organizar, guiar y controlar la carga humana sojuzgada, lo cual significa que a los impropiamente denominados cargos de elección popular, salvo rarísimas excepciones, sólo acceden miembros o patrocinados de muy pocas familias económicamente privilegiadas de La Guajira y, algo peor, los candidatos de las ya no pequeñas mafias electoreras impulsados con dineros del presupuesto público, administrado al margen de la ley, con la ayuda adicional de recursos indiscutiblemente sucios, gran parte originados en las pestilentes cloacas del narcotráfico y en otras prácticas no menos apestosas que desdicen de una sociedad que pretende clasificar como civilizada y lucir como de estirpe democrática.

En Uribia, considerada y reputada como la capital indígena de Colombia, según lo expresado por uno de los expositores del foro, la tendencia tiene el inmoral ingrediente de que la gran mayoría de las campañas electorales es financiada con dinero ilícito de la peor ralea y sustraído de las partidas que el presupuesto nacional concede u otorga constitucionalmente a los ciudadanos de los pueblos indígenas de Colombia, cuando anualmente se realizan las trasferencias de la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación. Significa lo anterior que el punible carrusel electoral, adoptado de la peor manera por los mercaderes de la politiquería, implica acceder al poder de la municipalidad para mangonear con los recursos de propiedad de las comunidades nativas, colocándolos al servicio exclusivo de pandillas gobernadas por personas o familias ajenas a la etnia, y, no solamente ajenas, sino integradas por militantes que actúan como bravucones opositores a sus intereses sociales y territoriales.

De acuerdo a la breve y sencillísima exposición que atentamente escuchamos de un indígena experto en la pertinente materia de Derecho Público, un wayuu supremamente flaco y pálido pero bien curtido en el constitucionalismo social, este mal orgánico de la sociedad local sólo será posible abatirlo implementando audaces ajustes para un desarrollo institucional profundo, que respete y asuma con seriedad el rol y personalidad colectivos del pueblo wayuu, lo cual, aunque está consagrado y predicado de manera prístina como una norma vinculante de nuestra Carta Política, continúa existiendo dentro de ella como letra bella, pero muerta, sin desarrollo adecuado, simplemente haciendo parte de un hermoso, rígido y aprestigiado monumento retórico. Se salvaron de la demoledora crítica los magistrados de la década comprendida del 91 al 2001, integrantes de la Corte Constitucional calificada como segunda Corte de Oro del país, quienes hicieron fundamentales aportes jurisprudenciales en este y otros temas. Los tratadistas dicen que la primera Corte de Oro fue en aquellos tiempos del Presidente López Pumarejo, y se caracterizó por leer e interpretar el Derecho en paralelo con la realidad nacional. De nada ha servido para La Guajira, recalcó, que haya llegado a la palestra académica enorme caudal de avanzado constitucionalismo social, ayudado de trascendental reconocimiento político y jurídico de carácter general y abstracto en esenciales materias autonómicas, de innegable fuerza y respeto de la diversidad étnica y cultural, si no se concretan, territorializan, adecuan y aterrizan los derechos de las comunidades indígenas.

Algunos llegaron a proponer, inclusive, acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para obtener la protección internacional derivada de las obligaciones incumplidas de Colombia alrededor de las garantías electorales establecidas en la Convención Americana, dado que, según se demostró con la lectura de las respectivas sentencias, está consagrado y expresamente ratificado por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos que los derechos políticos-electorales son derechos humanos. Se insistió en que es claro, además, que el pueblo wayuu vive históricamente un drama constante y creciente de violaciones a sus derechos electorales, que hacen nugatorias las libertades y garantías formales existentes en la legislación general del país, por lo cual es urgente exigir una adecuada regulación y protección, para contrarrestar, por lo menos eso, la atrabiliaria discriminación política existente para un grupo humano tan importante y desvalido como este pueblo indígena. Se trajo a colación que sobre este asunto específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el sonado caso de la organización Yatama vs. Nicaragua, avanzó profundamente y se expresó de la siguiente forma: El Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, regulando su ejercicio en forma acorde al principio de igualdad y no discriminación y adoptando las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio “considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales.” No basta con un reconocimiento formal.

Siguiendo con el desarrollo del foro, podemos decir que llamó poderosamente la atención el interés que suscitó en el ánimo de los líderes sociales la ponencia mencionada, igual que la subsiguiente discusión introducida por el inquieto wayuu Orángel, sobre los alcances prácticos de La Ciencia Política, la obra académica de Marcel Prelot, respecto al específico tema de sobreponer, en algunos casos, la ciencia jurídica a la política. Gustó sobremanera, por ejemplo, cuando Orángel hizo aquella afirmación en dicha exposición que textualmente decía: “El derecho procede de la política, y la política presupone el derecho como condición fundamental de la libertad. Ésta se desarrolla en los límites que traza el derecho”. El anterior concepto filosófico, que también constituye una expresión, por excelencia sencilla y contundente, ayudó al esclarecido wayuu pronunciar mejor su tesis y transparentar con nitidez los sobresalientes ribetes de la terrible calamidad constitucional que sufren las comunidades de Uribia, que es idéntica a la sufrida por otras territorialidades indígenas de La Guajira y del país, donde, no obstante habérseles ascendido a la refinada categoría de entidades territoriales, presuntamente con jerarquía y fortaleza jurídicas, vale decir privilegiadas, ostentando iguales charreteras que Departamentos, Distritos Especiales y Municipios, no es de ninguna manera cierto que efectivamente gocen de autonomía para la gestión y ejercicio de sus verdaderos intereses, tampoco que estén gobernadas por autoridades propias y que ejerzan las competencias que deberían ejercer, y, mucho menos, que con el respeto debido a la dignidad humana, administren real y consecuentemente sus recursos, tal como lo ordena la Carta.

La fanfarroneada participación de los pueblos indígenas en la composición de las rentas nacionales, glorificada sobradamente en la Constitución Nacional es, en nuestro medio, simplemente nominal o formal y, algo peor, se tornó recurrentemente absurda y contraproducente, pues la personería para el manejo de los recursos públicos de las comunidades, desde que se aprobó la nueva Constitución Política, ha sido ejercida caprichosamente por autoridades no indígenas, con ayuda secuaz y cómplice de no pocos nativos de las localidades respectivas. Son los contratistas usureros quienes, de manera libre y sin atadura legal, derrochan el presupuesto y controlan a su antojo, sin restricciones de ninguna índole el aparato administrativo y financiero municipal, obviamente actuando en detrimento de la dignidad humana de la colectividad wayuu y de familias y personas en particular, generando accesoriamente los más altos niveles de corrupción administrativa y política que se hubiesen registrado en la historia de las instituciones de la región.

Rafa Pushaina, reconocido como un buen hombre y amigo de mi familia, pero también admirador entusiasta de mi inmediato proyecto político, me visitó al día siguiente a mi residencia. Hablamos largo sobre el tremendo problema existente para realizar exitosamente una campaña política de manera correcta, máxime si el candidato no dispone de recursos económicos suficientes, como era evidente en mi particular drama, en medio de enorme desigualdad reinante en La Guajira, donde parece se acentúa más que en otras latitudes, por la persistente presencia financiera de caudalosas corrientes de dinero sucio, proveniente de diversos y oscuros orígenes. Dicha dificultad con el tiempo se ha transformado en fenómeno absolutamente desconcertante,  más grave aún, por la total carencia de medios de comunicación asequibles y éticos, al alcance de los competidores políticos, también a los bajos índices de lectura dentro de las comunidades, y, algo gravísimo, a la inexistencia de un mínimo sistema público de transporte de pasajeros votantes que permita atender, en condiciones de igualdad y equidad democráticas, los simples y elementales requerimientos para la movilidad de personas en jornadas electorales.

Resaltábamos que en época de campañas políticas, como seguramente no ocurre en otro lugar del planeta, los grandes potentados electorales compran, al por mayor y en forma absoluta, franjas de tiempo disponibles de las escasas radioemisoras existentes, incluidas las de noticieros y programas musicales populares, para colocarlas a disposición exclusiva de sus mezquinos y torcidos intereses.

Rafa Pushaina, que lucía animado por la rigurosidad intelectual que predominó en la mencionada reunión de líderes sociales, llegó predicando entre otras la sensata afirmación de que uno de los factores preponderantes que había que garantizar en las campañas políticas futuras es el blindaje inteligente de la organización electoral, protegiéndola con un gran caparazón ético y moral, de tal manera que oportunamente se pudiese impedir la incursión de tránsfugas y bribones dedicados profesionalmente al inmoral tráfico de votos. Rafa subrayó tan grave el comportamiento descocado de la inmensa mayoría de políticos de la región, demostrando que existen líderes de cierta importancia social que en su desmedido afán electorero no escatiman esfuerzos para tomar en arriendo a cualquier precio casas, estratégicamente ubicadas, para adecuarlas y desarrollar actividad y ceremonial de falsas iglesias, cristianas o protestantes, y facilitar desde esa mentirosa tribuna la pesca y engaño a incautos y piadosos paisanos. Agregó que existe algo, igualmente grave para el funcionamiento de cualquier sistema democrático, que tiene que ver con la norma utilizada por algunos médicos, abogados, odontólogos, bacteriólogos, rectores y profesores de colegios y universidades, que instalan a disposición de sus preferidas roscas electorales atractivos servicios temporales gratuitos, publicitados con altísimos descuentos promocionales, para aceitar y favorecer las corruptas maquinarias politiqueras, sin respeto alguno a consideraciones morales.

Me pareció bien intencionado y oportuno el anterior apunte ideológico de Rafa Pushaina, pero le respondí que hoy en día es totalmente imposible purificar en forma absoluta y perfecta la organización electoral, asegurando un considerable nivel de excelencia en esa materia, máxime si, como ocurre con la etnia wayuu, buena parte de sus dirigentes y reconocidos orientadores de opinión, son precisamente quienes más actúan a favor de la podredumbre política.

—¿A propósito, desde cuándo conoces al Negro Acosta, dijo un tanto sobresaltado Rafa?

— ¿El Negro Acosta?..... no, no recuerdo quién es el Negro Acosta.

—¡Claro que sí lo conoces!. Me pareció verlo ayer a la entrada de tu oficina. Él estaba acompañado de una mujer vestida con pollerita roja y camiseta azul.

—Ah, te estás refiriendo es al Corregidor de Matitas que, precisamente, estaba con su señora esposa, vestida así como tú dices, quien, además, es candidata al Concejo de Riohacha.

—Me has hecho dudar un poco con eso que me dices -reaccionó preocupado Rafa- pero conservo casi la completa certeza de que estamos hablando es del Negro Acosta y no de ningún Corregidor de Matitas.

—Si es así como tú dices, añadí, no habrá ningún problema, porque eso querrá decir que conozco al personaje como el Corregidor de Matitas y tú como Negro Acosta.

—Lo grave, agregó Rafa, es que si ese sujeto resulta ser en realidad el Negro Acosta, es claro entonces que no estamos hablando del Corregidor de Matitas. Y no sólo es eso, sino que el tipejo ese es conocido y reconocido en los círculos políticos de Riohacha como el terror y azote de los comandos políticos de los candidatos. Ojalá esté equivocado.

Ciertamente, la pregunta de Rafa Pushaina introdujo un inesperado ingrediente de desestabilización sicológica, aunque es completamente entendible que lo más probable, mejor, lo que pudo haber ocurrido, fue que él, Rafa Pushaina, hubiese errado en su ligera apreciación. Por otro lado, cosa que tampoco me agradó para nada y evidentemente ha provocado la preocupación de tener que enfrentar la investigación, unilateral y privadamente del delicado asunto, lo cual implica correr el riesgo de que el solidario y prudente Corregidor de Matitas descubriese algún grado de desconfianza y reconcomio, dañándose la amistad y afectándose para siempre el respeto mutuo entre nosotros. Afrontar el caso directamente con el Corregidor, sin ambages, con franqueza y claridad, expresando lo que alguien se atrevió contarme, con la discreción y magnífica intención con las que discernió el tema mi entrañable amigo Rafa Pushaina, probablemente terminaba representando para todos un agravante adicional, constituyéndose en injusto componente de discordia, repugnante ante los ojos de la sociedad. Quedarme callado, como si nada hubiese sucedido, como si Rafa Pushaina jamás lo hubiese manifestado, era peor y resultaba inconsecuente con la sinceridad que lo animó a él, que no fue, desde luego que no, azuzarme contra mi potencial elector, cosa que de haber provenido de una persona diferente podría haberse considerado en nuestro medio como algo normal y creíble. En todo caso, lo que más interesa ahora es no arriesgar los cincuenta votitos que indudablemente van a hacer falta el día de las elecciones.

Recordé que en las dependencias del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, CTI, seccional Maicao, contaba con un amigo allí laborando, a quien podía recurrir en circunstancias angustiosas, como ésta, solicitándole el consejo e indispensable ayuda institucional. Este amigo, Fredy, goza de la ventaja de ser oriundo de Riohacha, además de la fama de ser buen detective, y por tanto resultaba para él más fácil que a cualquiera concluir con éxito la sencilla y discreta tarea de inteligencia investigativa. Acordamos la estrategia de que en el momento en que el Corregidor llegase a mi oficina, yo llamaría inmediatamente a su celular para que acudiera con la mayor prontitud y cautela posibles. Ayudaba la circunstancia de que el CTI estaba ubicado a sólo cincuenta metros de mi residencia. 

Eran aproximadamente las diez de la mañana del siguiente día cuando recibí una llamada de quien con pegajosa zalamería preguntaba ¿sabe quién le habla?. Claro que sí sé quién me habla, es usted señor Corregidor, respondí de manera cariñosa y natural. Le tengo buenas noticias, espéreme que le visite, expresó mientras colgaba el aparato celular. Llamé con rapidez a mi amigo del CTI, quien llegó con tal presteza que lo hizo antes que el Corregidor.

—¡Ya viene el hombre!, le dije. Le ruego que todo suceda con naturalidad, como si nada estuviese ocurriendo. Actúe como si usted es solamente un buen amigo que está aquí por casualidad, normalmente, apoyándome en temas de la campaña electoral. No saque a relucir, por ningún motivo o circunstancia, su condición de policía judicial, fue lo que le dije con mucho nerviosismo a Fredy.

—Permiso, dijo mi secretaria, lo está esperando el Corregidor de Matitas y su señora.

—Dígales que sigan.

—Buenos días, buenos días, dijeron en coro.

—Buenos días, buenos días, contestamos en coro.

—Tengo mucho gusto en presentarle al Corregidor de Matitas y a su señora que está aspirando al Concejo de Riohacha, le dije a mi amigo investigador del CTI.

—Mucho gusto, respondió suave e imperceptible, casi sin dejarse reconocer, guardando la natural compostura y delicadeza del caso, curioseando los libros de la biblioteca de mi oficina.

Los visitantes respondieron al unísono con la misma frase, mucho gusto, mucho gusto, agregando sendas sonrisas, omitiendo decir nombres y apellidos, cosa que noté con facilidad y total certitud porque siempre me mantuve alerta, esperando que el Corregidor pronunciara alguno de los dos, o ambos, y que por ningún motivo contestara diciendo que era el Negro Acosta, o alguien con un nombre, apellido o sobrenombre semejante. Realmente no hizo falta, porque la costumbre generalizada es que jamás se ha requerido indispensable pronunciar nombres y apellidos en el acto protocolario de la presentación personal. El ambiente es de completa cordialidad y optimismo.

 —Venimos a informarle que todo va muy bien. La reunión con los testigos de Jehová fue maravillosa. Dice mi mujer que su nombre, apellido y número en el tarjetón ya están circulando con una consigna cristiana en el corazón de sus colegas religiosos.

—¡Yo te conozco, yo te conozco!, hijueputa, expresó rabioso y con tremenda algazara el investigador del CTI.

—¿Qué pasó?, qué pasó, pregunté nervioso, ante la explosiva e imprudente reacción del detective.

—Yo te conozco, eres el chofer de un taxi verde y sé que vives en el barrio Entre Ríos de Riohacha. No eres ningún Corregidor. Tú eres el Negro Acosta. Tú eres un bandido.

—Jalémosle al respetito, jalémosle al respetito, deje ese alboroto, rebatió varias veces el Corregidor, un poco tembloroso.

—¡Cálmense!, ¡cálmense!, imploré a uno y otro, sin demostrar que entendía una u otra extrema actitud.

No tuve opción diferente a llamar por celular a otro amigo mío que residía en la ciudad de Riohacha, a quien pedí que con suma urgencia acudiera a la Alcaldía o a cualquier oficina del gobierno municipal y preguntara por el nombre y apellido del actual Corregidor de Matitas. Es urgente saber eso ya, ahora, con exactitud, advertí en tono categórico y sin importarme mucho que el señor Corregidor y su mujer escucharan mi desconsiderada indagación sobre sus datos de identidad, y descubrieran que la duda había comenzado a invadirme en forma súbita y dramática. Le sugerí contratar un taxi para no perder tiempo. Es de vida o muerte, insistí, a punto de gritarle la verdad. No hay tiempo ahora de explicar absolutamente nada, respondí a la entendible intención de mi amigo de indagar los motivos de la prisa. En el fondo de mi alma abrigaba la esperanza de que el embrollo se aclarara a favor del Corregidor, que también era algo parecido a salvar cincuenta o más votos que podrían estar corriendo serio peligro en ambos casos, es decir, en el impensado extremo de que el Corregidor resultase siendo un tramoyista empedernido, o en el de que mi leal amigo, Rafa Pushaina, lo mismo que el investigador del CTI, hubiesen sido víctimas de una lamentable y grave equivocación humana, involucrando en tremendo gatuperio y de manera injusta al hombre y amigo fiel, de quien sólo se le habían escuchado frases de elogio y solidaridad política con nuestro proyecto electoral.

No fue necesario que me respondieran desde Riohacha sobre la gran pregunta planteada en mi urgente llamada de auxilio, es decir, respecto a establecer la correcta identificación del personaje puesto en entredicho, porque la mujer del Corregidor súbitamente se abalanzó llorando contra el pecho de éste, a punto de tumbarlo, reclamándole el por qué la había mezclado y enredado en tan peligroso lío con la justicia penal. La mujer se desplomó emocionalmente y no paraba de gimotear ni de insultar a su cómplice por haberla involucrado en el delicado e ilegal asunto.

—¡Yo te lo decía!. Eso está muy mal Negro, está muy mal que hayas estafado a ese señor, le enrostraba la mujer a su amigo y compinche, mientras continuaba con el refunfuño.

Pude descubrir, al fin, que efectivamente se trataba del temible Negro Acosta, uno de los grandes jefes de una bien organizada banda criminal, cuya principal y rentable actividad delincuencial se había concentrado alrededor de personas y grupos políticos a quienes decidió por oficio esculcar sus tesorerías, luego de poner en marcha variados y sofisticados procedimientos, donde la principal e invariable estrategia era acudir, primero, a la falsa adhesión política en época pre electoral, haciendo gala de la forma más convincente de bellaquería, como lo hizo el falso corregidor conmigo. En algunos casos la treta desarrollada consistía en que la cuadrilla actuaba aprovechando el alto desempeño histriónico de timadores bien entrenados para aparentar reptarse sin despertar sospechas ante los poderosos caciques de la politiquería y curtidos manzanillos, obteniendo de esa forma la palanca apropiada para ubicarse convenientemente en encumbrados escaños de una mal llamada organización política y conseguir de esa forma propicias condiciones para acceder, obviamente sin méritos ni trabas ni títulos ni nada, a jugosas y seductoras contrataciones con entidades territoriales e institutos públicos. Otras veces, cosa que ocurre con frecuencia, la víctima escogida por la peculiar organización podría ser un bisoño pero potentado aspirante a participar o figurar en puestos de comando de la rastrera politiquería local, a quien sus aduladores de turno elevan a mágicas nubes de vanagloria, al extremo de inflarlo y lanzarlo sin retorno a los hondos huecos de la frívola y sonora popularidad social, contando para ello con la mediocre e indispensable complicidad de críticos y criticones, lo mismo que con el apoyo secuaz, locuaz de buena parte del gremio de comunicadores sociales, prensa escrita, radio y televisión locales. En diferentes ocasiones seleccionan y hacen funcionar un estratégico grupo de mujeres inteligentes y muy hermosas, más hermosas que inteligentes, pero, eso sí, dotadas de especiales atributos físicos, con el explicable propósito de servir de permanente y dulce compañía a la víctima elegida y, sobre todo, hacerle sentir, en público y en privado, la jactancia inmarcesible del postizo poder a la frágil e inexperta víctima. En este caso, como en los otros mencionados, el aplauso inmerecido hace estragos, lo mismo que el recurrente doctoreo, la loa y lisonja, logran convertir en eficaces instrumentos de corrupción administrativa a quienes conscientemente se autodenominan y pagan alta remuneración para hacerse llamar pública y recurrentemente con el sofisticado remoquete de políticos, no siendo cosa diferente que exponentes vulgares y pusilánimes de rastrera corrupción politiquera, simples marionetas, subalternos eficaces de prosaicas organizaciones delincuenciales.

 Lamentable posición ocupan en la susodicha nómina organizativa periodistas y representantes de la mayoría de los medios de comunicación masiva, quienes tienen entre otros roles y responsabilidades la rentable pero degradante y humillante tarea de empañar y deslucir la reputación del contradictor político, utilizando el veneno de la maledicencia y calumnia, propalando rumores para dañar al adversario, invisibilizando u opacando los éxitos de los otros candidatos, o tiñendo de sucio los aciertos de los aliados del contrario, negando, inclusive, la posibilidad democrática de la sana discusión política dentro de los escenarios y parámetros informativos normales de la prensa.

No interesa la humillación que tengan que aguantar estos comunicadores por encargo. El pago vergonzoso que reciben los panegiristas de oficio se convierte en indispensable ponzoña del lacayo oficio seudoperiodístico. Artistas y grupos musicales, algunos consagrados por la fama ganada en franca lid, también realizan la execrable tarea de cipayos y escuderos fieles del perverso esquema politiquero, incluyendo en sus éxitos musicales saludos y especiales halagos para contribuir al favorecido candidato con la efectiva muleta publicitaria. Otros artistas graban graciosos y costosos jingles para tareas de promoción de radio, televisión y campañas intensas en vehículos automotores utilizados para el tedioso perifoneo diario. Después de esta feria chambona y millonaria, durante varios meses de incesante orgía electoral, finalmente resultan siendo dueños de credenciales y amos de curules de corporaciones públicas,  ellos y sus secuaces financiados, convirtiéndose en electores de contralores y personeros, amigotes de los procuradores, socios incondicionales de los gobernadores y alcaldes, en el impúdico ordeño del presupuesto oficial. En muchos casos se convierten en campantes propietarios de vehículos transportadores de agua, que luego serán contratados con recursos estatales, lo cual les representa un poderoso y claro interés económico en atrancar o frenar cualquier posibilidad de proveer a la ciudadanía con un acueducto público compatible con el respeto de la dignidad humana de la colectividad. Este absurdo fenómeno también viene ocurriendo con el esencial servicio público de alcantarillado, que en varios municipios ha sido diseñado y construido por simples comerciantes, sin cumplimiento de mínimas especificaciones técnicas y ambientales, ni pretendiendo perseguir cobertura o meta social alguna, pero, eso sí, con la inclinación lucrativa a ser explotado con imposición de altas tarifas, al libre antojo de sus dueños, que también están entronizados y entroncados en el llamado escenario político, quienes procuran, como única tarea, velar por los intereses de su aventajado negocio.

Descubrí también, luego de la exhaustiva investigación que adelanté con eficaz ayuda de Rafa Pushaina, que el embustero Corregidor de Matitas, o como en verdad se llame el facineroso que adoptó el gracioso calificativo, que lo que hizo conmigo fue apuntar para ganarle una apuesta a un colega del repugnante oficio de farsante electoral, que consistía en que él lograría en un tiempo record, naturalmente antes de la celebración de las elecciones, contando con la eficiente contribución de un libreto inteligentemente diseñado, sustraerme, a mí, el candidato más pobre de todos los aspirantes, con domicilio establecido a pocos metros de la Fiscalía y el CTI, y sin que nadie lo husmeara o sospechara, de la canallesca forma como lo concibió y medio logró, la suma de trescientos mil pesos, que fue la cifra calculada para dejarme en la física calle, endeudado y sin ninguna posibilidad de reclamar. Gracias a la amabilidad y valor cívico de Rafa Pushaina, el amigo que por casualidad descubrió que la bestia planeaba embestirme, también a la eficaz ayuda del acertado detective, pudimos frustrar la singular defraudación y darme el lujo de mantener privados de la libertad a los embaucadores durante varias horas de ese aciago día de tensión y borbollón en mi oficina, mientras que sus familiares y compinches contribuyeron a recolectar la suma dizque invertida en pasacalles, alquiler del local para la realización de la inexistente reunión religiosa y compra de los falsos refrescos y tentempiés, para devolvérmela. Por aplicación extensiva de una particular norma de la Ley Guajira, procedimiento fundamentalmente idóneo y breve del cual me valí, adicionalmente me apropié del principal elemento utilizado en el ilícito, es decir, me quedé legalmente con el móvil celular utilizado por el falso corregidor, que aún conservo como trofeo.

Ahora la circunstancia me permite evocar la intervención de aquél indio flaco y pálido de nombre Orángel, cuando en aquella memorable reunión de líderes y académicos en Uribia, con admirable convicción expresaba que la Ley Guajira, en esta y otras materias, tiene fundamento en la eficaz y justa compensación o reparación social a las víctimas, dicho de otra forma, en el castigo ejemplar y oportuno de responsables, entendido ello desde el ángulo colectivo y familiar del daño jurídico, o en la propiamente dicha agresión material o sicológica.

Recuerdo bien que decía que el sistema de justicia indígena autónoma descansa en sólidos e históricos principios éticos de convivencia pacífica y de duradera estabilidad social. Pregonaba que el pueblo wayuu, además de ser numeroso y cualitativamente importante por su connotación fronteriza y económica, se ha erigido como representativo ejemplo de tranquila convivencia ciudadana, dadas la particular estructura familiar clanil, la alta responsabilidad colectiva y la circunstancia de beneficiarse de una institución ancestral seria y legítima como es el pütchipü  o palabrero, según se dice, que es en el fondo el cabal ejemplo de la abogacía por la paz y reconciliación entre personas y familias de la etnia wayuu, enfrentadas y enfrascadas en complicadas controversias.

Viéndolo bien, he podido caer en cuenta que es bastante mejor para todos, sociedad, gobierno y comunidades nativas, pensar y trabajar en fortalecer esta estructura cultural y jurídica, desarrollarla con apego a usos y costumbres, en vez de contraponer o sobreponer procedimientos y mecanismos alijunas, paralelos o antagónicos. Por esa razón, antes de cualquier otra argumentación, haciendo campaña política bajo el lema “Esta joda tiene que cambiar” he propuesto elevar el respeto a la autonomía judicial indígena, lo mismo que luchar denodadamente por consagrar la verdadera autonomía penitenciaria del pueblo wayuu. Me inspiré, para esta última afirmación, en la dolorosa circunstancia del impacto negativo que el narcotráfico y otros delitos internacionales ha propiciado en lo social, cultural y económico a sinnúmero de wayuu privados de libertad en EU,  Puerto Rico, Martinica, México, Venezuela y naturalmente Colombia, entre otros países.

Este fenómeno triste y estrangulador de la etnicidad del pueblo indígena tiene profundas implicaciones sociales, dada la innegable gravedad de estos delitos contemporáneos y algunas conductas conexas, por lo que sugiero que sea desde adentro de la etnia que deberían proponerse y generarse soluciones penales y penitenciarias propias, de tal forma que no aleguen, o piensen que podría alegarse o invocarse, impunidad para el wayuu incurso o responsable en una conducta delictiva ciertamente grave, sino que se demande correcta aplicación del respeto efectivo y adecuado a la diversidad étnica y cultural y al desarrollo del principio de la Autonomía Judicial Indígena. Habrá que hacerse la salvedad de que el fenómeno no sólo se presenta en las cárceles del exterior e interior del país por el delito de narcotráfico y similares, sino que también es frecuente y generalizado respecto a las distintas infracciones penales, inclusive conductas correspondientes a causas menores o pequeñas causas.

En síntesis, es mejor, para los miembros de la etnia wayuu y la denominada sociedad nacional, que empiece a implementarse el correcto funcionamiento de establecimientos de reeducación y rehabilitación para indígenas que infrinjan la ley penal, o que se hallen involucrados en investigaciones que eventualmente conlleven medidas privativas de la libertad, y no tener que tener que soportar la dureza e inconveniencia cultural, social y jurídica de legislaciones penales y correccionales consagradas para grupos humanos absolutamente diferentes. Por algo será que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos de indígenas, como quien dice la norma avanzada y aplicable sobre la sensible materia, consagran recomendaciones perentorias en el sentido de que debe prescindirse de la imposición de castigos que impliquen el encarcelamiento. El artículo 10 del Convenio 169 de la OIT dice textualmente que: “1 Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2 Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.”

A propósito de la normatividad internacional aplicable, ya es hora de que en el Sistema Interamericano, es decir, la Comisión y la Corte, se abra paso y asuma gradualmente, pero con absoluta firmeza, la competencia relacionada con la violación de los Derechos Humanos y los llamados Económicos, Sociales y Culturales de individuos y grupos indígenas, aceptando como agotamiento de recurso interno válido, las actuaciones u omisiones ostensibles en las cuales el Estado Parte involucrado hubiese desconocido o despreciado la intervención jurisdiccional de la Justicia Indígena correspondiente, administrativa o judicial, no obstante las peticiones y requerimientos razonables pertinentes formulados por la institucionalidad indígena sobre esa materia en particular. Para sugerir un ejemplo se nos ocurre indicar la competencia incondicional que debería tener el Sistema Interamericano de Justicia para juzgar directamente a los Estados Parte que recurrente y sistemáticamente violen los parámetros de la Educación Propia o Etnoeducación de las comunidades o Pueblo indígena en especial, sin que sea requisito para la admisibilidad de una demanda concreta acudir y agotar los procedimientos contenciosos de la jurisdicción interna del país comprometido. También podría servir de ejemplo el recurrente caso de indígenas secuestrados por particulares en alguna ciudad venezolana y entregados a autoridades colombianas para que éstas los procesen a partir de una inexistente captura, supuestamente legal. Bastaría para estos eventos la petición de la Autoridad Indígena o de la organización social correspondiente, o de los familiares de la víctima, cumpliendo con los requisitos de rigor, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando las características del hecho o suceso, para que esta desate los procedimientos tendientes a consolidar la protección debida y oportuna. No habrá duda de que servirá de algo el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: “Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”.

Recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió con motivo de la resolución del caso de la comunidad indígena Xakmok Kásek Vs. Paraguay, expresaron un fuerte compromiso del Sistema Interamericano con el principio de progresividad. Lo cual denota un ambiente propicio para avanzar con buen viento en la protección de múltiples derechos relacionados con la vida colectiva de los indígenas. Además, expresamente la misma Corte ha hecho suya la argumentación de que entre los indígenas “existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”.