LA PRÓXIMA GUAJIRA (2)

LA PRÓXIMA GUAJIRA (2)

Por Armando Pérez Araújo

Dijimos en la anterior la columna de esta serie, que era prioritario, por varias razones de peso social, jurídico y humanitario, trabajar en los diferentes temas del acceso efectivo al derecho a la participación política. Hablemos entonces del desconcertante rol de los medios de comunicación y de los comunicadores que para bien o para mal hace parte vital de lo que ocurra en materia de acceso real a la participación de la sociedad guajira en decisiones de la política. Se ha vuelto una mala costumbre, por ejemplo, la maña antidemocrática, según la cual, los dueños de los medios de comunicación ordenan y periodistas obedecen, la gran mayoría de ellos porque hay muchas excepciones, que durante el segmento de las campañas autorizado por la ley electoral, o sea, cuando es más indispensable y útil la opción del elector para diferenciar y escoger propuestas, ningún candidato podrá declarar, informar, opinar, ni siquiera aspirar a que su nombre sea mencionado, mucho menos exponer la bondad de su programa político, sin antes pautar, es decir, sin antes contratar la tarifa unilateralmente elaborada por el empresario. En ciertos casos es tan demoledor el poder del dinero de algunas estructuras electoreras, que los horarios radiales son adquiridos al por mayor y exclusividad, durante todos los días, por el tiempo que fuese necesario y el lapso permitido por la ley electoral. De alguna forma esto ocurre con los medios escritos, los radiales y, quien lo iba a creer, también con las emisoras comunitarias y los portales alternativos de internet, que esperaríamos que fuesen el gran contrapeso del evidente abuso de posición dominante de los caudales de dinero al servicio de empresarios electorales. Lo grave de todo esto no es el simple resultado matemático de una simple elección, sino la descarada sistematicidad en la degradación de toda una extraordinaria estrategia de paz que luce saboteada, en vez de implementarse, por agentes de la intelectualidad, inclusive. Tengo que agregar lo siguiente: que, mientras esto sucede, es decir, mientras los medios y sus periodistas se dedican a operar y ayudar estrategias logísticas de importantes empresarios electorales, la sociedad departamental atraviesa desconsideradamente desprotegida y expósita por los caminos de la disolución. Me explico: es evidente que están pasando cosas o que se están preparando desde Barranquilla, por ejemplo, para hablar sólo de lo ocurrido en un evento disfrazado, poblado de silenciosos medios de comunicación (ver mi columna ¿JUSTICIA?),  donde se promovió sin ningún pudor político, pero, como lo escribí en esa ocasión, con la mayor cantidad de vaselina posible, la conversión en RET, Región Entidad Territorial, las actuales RAP, para meterse en el bolsillo al departamento de La Guajira, como a cualquier bien mostrenco del siglo pasado y transformarlo en una rentable hacienda particular. Lo peor es que, sin lugar a dudas, esto último está asociado con otras campañas orquestadas desde la capital del país y el exterior, con algo que está planteado y avanzado, en materia de desbordada y abusiva proliferación de cientos de parques eólicos en territorio indígena protegido, principalmente, sin que exista la más mínima salvaguardia estatal, y evidenciando la peor desconsideración constitucional al respeto de los derechos humanos internacionales, a tal extremo de vulneración que observadores vaticinan preocupantes desenlaces disruptivos contra la paz, la tranquilidad social y económica de la península. Concluyo de la siguiente forma: la subasta del territorio indígena wayuu a pedazos, con el pretexto de facilitar la transición energética del país, además de ilegal e innecesaria, injusta e imperdonable, le traerá más angustias que ventajas a la sociedad colombiana, y más pobreza e inestabilidad a la etnia wayuu y a toda la población guajira. Esto aplica también para otras estrategias de invasión territorial con fines turísticos o extractivos mineros.