viernes, 16 de marzo de 2012

LOCOMOTORA SOCIAL

Hace un par de meses conocí por primera vez el NUEVO ROCHE y buena parte de lo hasta entonces construido de PATILLA y CHANCLETA, a raíz de la invitación que me hiciera el ingeniero Jairo Vergara, Jefe de la División de Responsabilidad Social de Cerrejón. Después volví por iniciativa propia, esta vez fui yo quien invitó a José Julio Pérez Díaz, líder de las reclamaciones de comunidades afrocolombianas afectadas por la minería multinacional y de Carlos Rúa, distinguido exponente de la academia y sin duda indiscutible luchador de las causas sociales de los afro descendientes en el país. Mi impresión, lo mismo que la de los dos improvisados acompañantes, fue la de reclamar para nosotros, de alguna manera, el reconocimiento de haber servido a los resultados tangibles, en términos de respeto por la Dignidad Humana de estos colectivos humanos: vivienda adecuada, magnífico proyecto de reinserción educativa para niños y adultos, servicios públicos en las mejores condiciones, especialmente el agua potable durante las veinticuatro horas diarias, como nunca ha ocurrido, lamentablemente, en otras importantes localidades de La Guajira, incluida la capital del departamento. De hecho, esta positiva impresión nuestra tiene un profundo significado, muy ligado a los difíciles orígenes de estas luchas sociales en favor de las comunidades impactadas por la minería a gran escala. Siente uno que algo bueno ha pasado, que ha valido la pena, y que no erramos el camino quienes escogimos la ruta jurídica para buscar y encontrar el equilibrio.
Faltan muchas cosas buenas por hacer. No sólo de parte de la empresa Cerrejón, que ojalá se mantenga en el mejor ritmo de iniciativas y proyectos asumidos en tiempos de León Teicher y Julián González, sino de soluciones originadas en el terreno estatal. Da grima la falta de carácter y compromiso gubernamental, en lo local y nacional, con los grandes y delicados temas sociales alrededor de la mega minería, particularmente en La Guajira. Siempre hemos defendido la tesis de que es, por lo menos, ridícula la argumentación de algunos que pretende excluir la responsabilidad estatal del manejo de la protección social debida a las comunidades impactadas por la minería a gran escala. Creemos que deben concurrir, empresas y Estado y sociedad, en la promoción y logro de soluciones sociales. El caso de Roche, para hablar solo de esta comunidad, es un buen ejemplo para construir la siguiente pedagogía: en este momento hay unas buenas soluciones para unas determinadas familias oriundas de esta localidad, pero hay una gran discusión relacionada con la cobertura, en términos numéricos, de los programas de responsabilidad social y resarcimiento. Nos parece que lo sano es que el Estado, a niveles municipal, departamental y nacional, no le saque el cuerpo a este delicado asunto, sino que más bien debería asomarse, dar la cara, a la discusión equivocadamente planteada y abrazar sin límites sus propias responsabilidades soberanas. Creemos que, independientemente de los beneficios potenciales de las mineras en estas zonas frágiles de la sociedad colombiana, es imperioso que aparezca vigorosamente el Estado colombiano en su verdadera dimensión y desempeñándose en su preciso rol social y constitucional. Si se nos permite el símil, es hora que aparezca el Estado anunciando la partida de la locomotora social en el terreno de la minería.

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