domingo, 28 de octubre de 2012

Tercer Tiempo del Relacionamiento de Cerrejón


EL TERCER TIEMPO DEL RELACIONAMIENTO DE LA EMPRESA  CERREJÓN
Por Armando Pérez Araújo



La Historia de la relación de la minería carbonífera del Cerrejón con la sociedad nacional y regional tiene tres importantes momentos que vale la pena resaltar:
En un comienzo fue una relación, digamos que unánimemente solidaria con la minería, de parte de líderes sociales y académicos, especialmente, tanto a nivel regional como nacional. Salvo algunos debates y reflexiones jurídicas alrededor de la conveniencia del Contrato de Asociación Carbocol-Intercor, lo demás fue una práctica unanimista y de manifiesta solidaridad con la explotación carbonífera.
Posteriormente, y una vez estaba dimensionado y bien consolidado el proyecto minero, en lo que se podría llamar un segundo momento de esa relación, surgen reclamaciones y esporádicos reclamantes. Comenzaron a generarse situaciones que interfirieron en la normal relación de vecindad de la mina con algunas comunidades o familias impactadas, fruto, además, del entendible crecimiento de la minería y de la increíble imprevisión y vacío institucional de la autoridad estatal colombiana. Se agrietan completamente las relaciones de la empresa minera con los reclamantes y/o con sus representantes, pero se mantiene inmodificable el apoyo de los sectores del gobierno y la política con las empresas mineras. No sólo los reclamantes de la época no tuvimos el acompañamiento de los políticos y el gobierno, sino que padecimos la aversión apasionada de esos sectores que no perdonaban una sola crítica a ese factor económico nacional generado desde La Guajira. Durante esta fase pasaron muchas cosas de la misma índole. Varias veces hicimos uso de una frase caricaturesca para referirnos a ese fenómeno de incondicional y ciega adhesión a la minería multinacional, que, valga la ocasión resaltar, generaba más daño que beneficio a la propia actividad minera, concebida ésta de manera integral y perdurable: les decíamos a esos defensores de oficio del impacto minero, especialmente a los influyentes personajes de la política local, que si las empresas mineras decidían invitarles para que se sentaran a conversar con seriedad algún tema de estirpe social, ellos corrían, apresuradamente y sin frenos, a acostarse y desvestirse. No recuerdo haber escuchado, con anterioridad a los recientes anuncios de la probabilidad de desvío del Ranchería, por parte de esos mismos dirigentes políticos de La Guajira y del resto del país, salvo rarísimas excepciones, alguna censura o advertencia, sobre la suerte ecológica de los ríos o arroyos del departamento de La Guajira. Lo que sí recuerdo perfectamente, quiero destacar el contraste a manera de ilustración pedagógica, es la aclamación unánime que recibió la Represa del Río Ranchería desde el anuncio de su construcción, fenómeno que no se compadecía con los riesgos ecológicos que imponía e impone semejante decisión en materia de impactos físicos a la suerte del río y el contorno. Es sabido el peligro ecológico permanente que constituye para la vida de un río la menor equivocación en el diseño y construcción de una represa, máxime si ello ocurre en las circunstancias de fragilidad del Ranchería. Daba la impresión que era electoralmente rentable apoyar sin condiciones y sin reservas la Represa del Rio. Igual impresión tenemos ahora de que los políticos metidos en este publicitado tejemaneje creen que es rentable, electoralmente hablando, aclaro, cuestionar cualquier modificación al cauce del Rio Ranchería. Aclaro nuevamente: estoy completamente de acuerdo con el debate que hay que hacer y que habrá que adelantarse con profundidad para salvaguardar la vida y la salud del Río Ranchería. Mi preocupación es pensar en que no se aborden desde un comienzo los verdaderos elementos de una buena argumentación jurídica y social por estar irremediablemente subyugados por los cálculos electorales u otras pasiones de inferior rango ético y moral, diciéndole que no a las cosas, simplemente porque nó. Me deja muchas dudas que se piense que bastarán las denuncias y los discursos. Digámoslo de otra manera: tengo entendido que la empresa Cerrejón aún no ha develado oficialmente su verdadera intención de desviar el Río Ranchería, en qué dimensión lo haría, etcétera, pero, lo cierto es que es un buen suceso, que habrá que valorarlo como una buena práctica, que de alguna manera haya contribuido a que el tema o la discusión esté en el tapete, gracias también a que hace varios años, hay que reiterarlo, en una asamblea de accionistas de Anglo American en Londres, por intermedio de Richard Solly, planteamos unos interrogantes a una de las empresas dueñas de la mina de Cerrejón. En ese momento, repito, planteamos algunas inquietudes sobre lo que hasta ese momento era un simple rumor de escritorios al interior de la compañía minera, y tenemos que colegir de la afirmación anterior que ahora no puede ser susceptible de crítica la empresa Cerrejón por el simple hecho de salir en forma temprana a la socialización de la iniciativa, haciendo tanteos, sondeos, midiéndole la temperatura a las comunidades, antes de avanzar en la propuestas de trámites, aspecto ese consagrado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas como un buen anticipo a la lealtad necesaria dentro del contexto de una sana controversia futura.
Me preocupa, insisto, es que estamos en este tercer tiempo de la relación entre la minería del carbón en La Guajira y los dirigentes nacionales y locales, donde han brotado desencuentros con las empresas mineras, por una parte, y sólo se están probando los músculos de la política local y nacional para fijar posiciones de dominio o de revancha frente al sector minero en general y particularmente respecto a la eventual desviación del Río Ranchería.
A mi me parece conveniente y útil, repito, que en forma temprana se realice un debate informado y argumentalmente sólido para examinar lo bueno y lo malo de la controversial iniciativa, pero creo que es igualmente peligroso que defender la eventual decisión de desviar el río sin una poderosa argumentación a favor, atacarla sin la razonable y bien elaborada plataforma argumental de impugnación.
Lo correcto, entonces, es exigir del Estado garantías para conocer oportunamente y en detalles la certidumbre de lo que parece aún no se ha decidido, pero que evidentemente sí quiere y necesita la empresa Cerrejón. Este es el debate que habrá que emprenderse de pie y sin perder en ningún momento la cabeza.



 

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