DIAGNÓSTICO PARA LA PRÓXIMA GUAJIRA, INGREDIENTES PARA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Por Armando Pérez Araújo

Está empezando una nueva década llena de problemas y expectativas. Seamos optimistas y digamos que llegó atiborrada de esperanzas de cambio y hablemos sólo de ese cargazón de perspectivas positivas que son las mismas que tiene el resto de los colombianos, más unas muy locales y complejas que constituyen la única o mejor opción de transformación, justicia y cambio real. La primera y gran tarea que tenemos consiste en identificar a cuál de las tantas trabas sociales que aquejan a La Guajira tendríamos que darle el carácter de principal objetivo para derribarla. Sin temor a equivocarme debo decir que lo más considerable y jodido de los tantos asuntos que interfieren nuestra particular dinámica de cambio es todo aquello que tropieza con lo que podríamos denominar como los DERECHOS DE ACCESO A LOS DERECHOS, que en el caso concreto de La Guajira se refieren a derechos de gran jerarquía social y democrática: Empecemos por el Derecho al Acceso al Derecho a la Participación que aquí no existe y sigue aplastado, muy a pesar de haber sido considerado esencial para la apertura democrática del país en la configuración del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba. Allí se acordó que era indispensable ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr las bases para forjar la paz, resaltando que era necesario entender que la construcción de la paz verdadera es asunto definitivamente de todos, de la sociedad en su conjunto y requiere de la participación efectiva de todas las personas sin distinción. En este orden de ideas, la ciudadanía debería convidar a partidos y movimientos políticos democráticos con representatividad local, y a las organizaciones sociales ideológicamente afines, a conformar una unión de fuerzas alternativas alrededor de la paz real con justicia social real en La Guajira y comenzar a trabajar en temas de participación efectiva de todos los sectores. Por diferentes razones, nuestra primera sugerencia es hacer posible el acceso a la participación política y democrática de los sectores indígenas, partiendo del indiscutible presupuesto de que es urgente hacer efectivo el acceso al respeto a la diversidad étnica y cultural. Esta fundamental decisión no debería esperar ni suscitar ninguna discusión, dado el enorme respaldo normativo, nacional e internacional que tiene esta causa social y la representatividad numérica de una decisoria población indígena, ya que estamos hablando de no menos del 50% del censo total departamental, lamentablemente excluido durante toda la vida. No obstante lo demoledor del argumento anterior sabemos que hay corrientes retrógradas, unas, otras simplemente egoístas e imbéciles, que no quieren o no les convienen saber nada del respeto a la diversidad étnica y cultural. Hagamos entonces un poco de pedagogía con este emblemático punto y destaquemos que el derecho de participación de los indígenas aparece en teoría consagrado y reconocido en la Constitución Política y en cuanta ley y tratado o convenio internacional existe, pero, al mismo tiempo, frenado con miles de talanqueras para hacer efectivo el acceso a tan importante derecho. La prueba reina de este desajuste es que en el Acuerdo de La Habana el Capítulo Étnico del documento suscrito se limitó a ratificar la normatividad en materia de derechos indígenas y recordarnos los principios de no regresividad y progresividad de los mismos. Permítaseme advertir y recalcar que porque he sugerido la prontitud con la que habría de asumirse el indispensable acceso a la participación de los indígenas en la toma de las decisiones políticas, no significa de ninguna manera que hemos desestimado la importancia del acceso a esos mismos esenciales derechos de otros sectores siempre marginados, por ejemplo, la población afro discriminada, la agenda social de la mujer y de jóvenes políticamente discriminados, lo cual es absolutamente indispensable para darles el carácter de sujetos políticos en la vida pública de La Guajira y alcanzar el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. El compromiso del Estado al suscribir el Acuerdo de La Habana fue distribuir equitativamente los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos que ejerzan oposición política y darles de esa manera mayores garantías para esa tarea democrática, lo cual constituye una trascendental medida que no espera un minuto político más, mucho menos la revisión integral del régimen electoral, que en el caso de La Guajira merece un capítulo aparte.