domingo, 24 de febrero de 2013

EL COLMO DE LA DESFACHATEZ


Por: Armando Pérez Araújo
La aventura de Ecopetrol y Repsol de provocar una reacción de toda Colombia para rechazar la estrategia de aniquilar las posibilidades de autonomía del pueblo Wayuu, nada menos que en El Cabo de la Vela, sirve para explicar lo que es fácil y no quieren entender en materia de Consulta Previa, el gobierno y los terrófagos que no desaprovechan la fragilidad normativa de nuestro establecimiento jurídico constitucional. Es el colmo de la desfachatez y de la mediocridad política pretender encender una sonora controversia internacional, no será menos que eso, alrededor de la pervivencia Wayuu en el Cabo de la Vela y de la tranquila existencia de este consagrado y sagrado refugio turístico y ambiental de todos los colombianos y de muchos extranjeros de diferentes partes del mundo. Convocamos, invitamos y alertamos a todas y todos nuestros amigos y aliados, nacionales y extranjeros, para que cerremos filas alrededor de la defensa del Cabo de la Vela. Estaré listo, desde ya, para atender la defensa jurídica y política del territorio de Jepira. Lo he estado siempre, cuando se ha tratado de otras latitudes de la territorialidad indígena o afro descendiente, con mucha más razón estaré ahora, teniendo como tengo adicionales y poderosas razones familiares. Debo denunciar ante la opinión del país y de La Guajira que estos señores de Repsol no pueden certificar sus antecedentes de buena conducta, lo que significa que su aparición en el panorama de la territorialidad wayuu generaría no pocas malas noticias.
Miren esto: recientemente, aún hay ruido sobre ese tema, el gobierno autonómico catalán, el Generalitat, acusó a Repsol de ocultar el vertimiento de entre 4.500 y 6.000 toneladas de material contaminante alrededor de La Pobla de Mafumet, provincia de Tarragona. Como quien dice una segunda y agravada versión de lo ocurrido con la multinacional Drummond en las playas de Santa Marta. Independiente de los legítimos recelos que genera una amenaza de esta naturaleza para la paz, para la estabilidad económica y cultural del pueblo wayuu, en un sitio emblemático de su religiosidad, lo que más preocupa es la fragilidad jurídica de nuestro ambiguo sistema garantista en materia de Consultas Previas. La normatividad vigente se manifiesta con una inconveniente doble moral: por una parte, es cierto, hay una clara y perentoria advertencia sobre la inviolabilidad del instituto de la Consulta Previa; por otro lado, también es cierto, hay un boquete, igualmente ratificado por la jurisprudencia de las altas cortes, que indica que la Consulta Previa e Informada no constituye un poder absoluto en cabeza de las comunidades para impedir o frenar una decisión en uno u otro sentido. Lo anterior, fácil de comprender, constituye la más inaceptable ambigüedad jurídica en detrimento de todos, inclusive de proyectos empresariales o iniciativas legislativas de significativo interés para la sociedad, incluidas las comunidades frágiles, por supuesto. Recordemos que hace pocas semanas el establecimiento gubernamental y empresarial colombiano expresó su insatisfacción por los complejos, costosos y extendidos trámites de la Consulta Previa y la pre Consulta Previa, por una parte, y, por otro lado, los líderes indígenas del país, reunidos extraordinariamente en el municipio de Sampués (Sucre), también expresaron sus particulares preocupaciones respecto a este reprochable fenómeno de incertidumbre e inseguridad jurídica. Lo que debe abrirse paso ya, y lo digo con la mayor claridad y énfasis, compatible con la seriedad con que debe manejarse el respeto a la diversidad étnica y cultural, en situaciones y circunstancias como estas, frente al peligro que se cierne sobre el Cabo de la Vela, por ejemplo, es que este tipo de proyectos, socialmente peligrosos, cultural y económicamente ruinosos, terminantemente deben estar prohibidos por el legislador colombiano.




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