EL PROBLEMA NO ES ARMANDITO

 

TOMADO DE LA EDICIÓN 63 DE LA REVISTA PENSAMIENTO CARIBE

Por Antagónico Franco

La decisión de Gustavo Francisco de volver imprescindible a Armandito no debería convertirse en el objetivo del poder mediático para masacrar al controvertido exembajador de la FAO.  Masacrar al amigo del presidente para hacerle oposición al presidente no tiene por ningún lado la lógica y ética periodística que requiere este momento de transformaciones truncadas, al menos que se pretenda transitar por los caminos de la violencia política. Lo digo de otra manera, un poco más escatológica o excremental, como lo dijera un célebre padre de la patria: lo que podría ser el gran problema, es decir, que el presidente haya vuelto imprescindible a uno de los conductores de su campaña a la presidencia, no debería servirle a la oposición para confundir la mierda con la pomada.  Armandito, gústele o no a sus colegas periodistas o a sus colegas de la política colombiana, tiene sus atractivos en el mundo del espectáculo político, también en el mundo de los roles del poder, y no podría ser, Armandito, la excepción, para que este presidente lo tenga en cuenta y lo reclute, en momentos de sobrevinientes aprietos políticos, incluso, electorales, si es que le da la soberana gana, cuando así lo considere, y parece que así ha sido, porque es indiscutible que el lenguaraz político barranquillero puede ayudarle a remar en las hediondas aguas del congreso. Eso no tiene necesariamente que revolverse con los extemporáneos argumentos feministas relacionados con los mediáticos bochinches de Armandito con Laura o con Adelina. Tengo que reconocer que me parecieron correctos los ingredientes sumados a la discusión por el muchacho Juan David, Ministro de Cultura, a propósito del rifirrafe periodístico sostenido con los Danieles. Ahora bien, que quede claro que no estamos exonerando a Armandito de nada, porque no se trata de exculparlo de sus pretéritas cagadas, simplemente es que el país no debería seguir sometido a un régimen de opiniones que pretende abrirse paso en los caminos del poder, atropellando las lógicas de la democracia, sobretodo del sentido común. El muchacho Juan David, con el mayor desparpajo, admite estar complacido con la llegada de Armandito al tercer piso de la casa de Nariño, defendiendo su rol de experto y confiable aliado en la estrategia de lidiar los incendios derivados de los comprobados excesos de la mayoría de los congresistas de la oposición, incluso, de los otros. Ya le dije a mi compadre Inocencio que, si yo fuera Gustavo Francisco, nombraría ipso facto, de manera inmediata, a Armandito como Ministro del Interior pa ´que se acabe la vaina y definitivamente alejar el demonio del golpe blando. Sólo así se podrían desembarazar los caminos de la paz total y de las benditas reformas en los que amanecemos cualquier día embarcados y el siguiente sin saber si se caen las estanterías de los proyectos banderas del cambio.

Pilas, señor Carrillo

 

Lo que viene ahora es que el señor Carrillo le restituya a La Guajira los carrotanques, sin excepción y sin pretextos, de tal forma que gran parte del problema de transporte y distribución del agua a las comunidades quede saldado. Evite, señor Carrillo, que dichos vehículos se queden enredados en la madeja de los viejos o nuevos roscogramas de la politiquería de la izquierda o la derecha. En La Guajira se pueden encontrar conductores, aunque lo más seguro es que no tengan licencias al día, pues colabórenles con el trámite y pago, a título de préstamo. También hay organizaciones indígenas con experiencia para hacerse cargo de las rutas respectivas de la distribución inteligente del preciado líquido. No es necesario que reclute cachacos para llenar esos cargos vacantes. Hable, señor Carrillo, con los concesionarios de las vías, para que exoneren de los costosos peajes a todos los vehículos transportadores de agua.

UN CIERRE DE MINA JUSTO PARA LA GUAJIRA

 

UN CIERRE DE MINA JUSTO PARA LA GUAJIRA

Por Armando Pérez Araújo

Al paso que vamos el fenómeno del CIERRE DE MINA, en el caso Cerrejón, se va a desperdiciar, en vez de aprovecharse como la gran oportunidad que es, salvo que, entre todos, pongamos nuestro granito de arena para colocar el primer ladrillo de un exigente edificio que, en la práctica, no en la teoría, como ocurrió con el ejercicio predictivo que hicimos con algunos dirigentes sociales y políticos de La Guajira, cuando idealizamos una especie de maqueta soñada, en beneficio de la paz de esta importante región del país. Lo primero, por supuesto, debería ser adoptar el criterio de que el Cierre y Abandono de la Mina, insisto, debería ser la gran oportunidad para transformar radicalmente la suerte social del departamento, conforme a las muy variadas características medioambientales, especialmente la particular composición político territorial del espacio multicultural y pluriétnico de esta región binacional del país. De acuerdo con la información disponible y el concreto análisis que hemos hecho sobre legislaciones de cierre de minas de países con similar tradición minera, además, estudiar la propia legislación colombiana, hemos comprobado que no existe la necesidad de expedir una ley que regule específicamente el cierre y abandono de minas en Colombia, que no significa que sobre que se allane de la mejor manera las falencias que se hallan al respecto. Si bien esa materia no existe de manera codificada, podemos afirmar que se encuentran normas diseminadas en leyes y decretos sobre tales normativas ambientales y mineras, delimitadas jurídicamente, resaltando de manera especial la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 685 de 2001, la propia Constitución Política, el Acuerdo de la Habana, tratados internacionales, entre otras.

También, al paso que vamos, estamos desperdiciando los vientos del gobierno progresista del presidente Petro, que es nuestro cuarto de hora válido, hay que reconocerlo, para desatrasar las tareas que se han debido implementar en la dirección de organizar la bienvenida al fenómeno del Cierre de la Mina Justo de Cerrejón. Por lo tanto, el ejercicio que tenemos que hacer con urgencia es empezar a pensar, desde ahora, desde ya, sobre cómo saber conversar con el gobierno nacional, incluso, aprender un poco tarde a apoyar al gobierno que ayudamos a elegir, para asegurarnos, por ejemplo, que más de cincuenta mil hectáreas de tierras potencialmente productivas alrededor de la mina, sean urgentemente restituidas mediante algún procedimiento razonable y gradual a campesinos indígenas y afrocolombianos oriundos de ese mismo territorio. Ya es hora que una buena cantidad de estas tierras, de consuno, de forma solidaria, gobierno, empresa minera, comunidades y dirigentes sociales y políticos, entremos a dialogar sobre cómo construir el mecanismo jurídico justo y expedito que permita, por lo menos, retornar al escenario productivo una buena cantidad de esas tierras fértiles en la dirección de la búsqueda de la ideal soberanía alimentaria. De contera, no nos parecen prudentes, ni apropiados, ni mucho menos aconsejables, los ligeros anuncios de la señora viceministra de minas y energía, cuando manifiesta la vocación del gobierno nacional de reindustrializar a La Guajira, asunto que suena muy simple, porque denota el afán de implementar para las comunidades, algo más de lo mismo, es decir, no tocar el punto álgido de la deuda territorial que es prioritario subsanarla.

Deberíamos estar organizando, señora Vice, una lluvia de iniciativas e ideas de lo que sería una coherente propuesta con lo que predica Petro, por ejemplo, respecto a una empresa de economía mixta de carga, de pasajeros y turística, con capital público y privado, con participación accionaria de las comunidades dueñas del territorio étnico, que maneje el recurso portuario, aeroportuario y ferrocarrilero, de lo que es hoy propiedad del consorcio minero de Cerrejón. También, reflexionar sobre la suerte del sofisticado campamento y las demás instalaciones anexas de lo que hoy es el complejo industrial y habitacional Mushaisa, en donde ojalá cuaje lo que alguna vez pensamos que podría ser el escenario para el campus y demás componentes de lo que sería el espacio para la mejor universidad del caribe, la Universidad de la Paz.

El gran resumen de todo es que la anhelada transición energética justa en La Guajira, no será posible si no se implementa el cierre de mina justo y razonable. Ambos episodios, claves para la justicia social y ambiental de la península, deben resolver la gran deuda territorial que aflige a las comunidades étnicas. Por un lado, restituirles al pueblo wayuu y afro el territorio cercenado, desde lo ocurrido con la constitución del inútil Resguardo de la Alta y Media Guajira y sus consecuentes y estratégicas reservas territoriales basadas en la farsa de que eran tierras baldías, hasta lo sucedido con el establecimiento de proyectos eólicos masivos e invasivos en el mismo territorio “resguardado”. Estos últimos ejercicios, aún susceptible de revisarlos social y jurídicamente hablando, antes de que se configuren como parte de una irreversible conflictividad que haga inviable la esperada generación de energía limpia.