UN CIERRE DE MINA JUSTO PARA LA GUAJIRA

 

UN CIERRE DE MINA JUSTO PARA LA GUAJIRA

Por Armando Pérez Araújo

Al paso que vamos el fenómeno del CIERRE DE MINA, en el caso Cerrejón, se va a desperdiciar, en vez de aprovecharse como la gran oportunidad que es, salvo que, entre todos, pongamos nuestro granito de arena para colocar el primer ladrillo de un exigente edificio que, en la práctica, no en la teoría, como ocurrió con el ejercicio predictivo que hicimos con algunos dirigentes sociales y políticos de La Guajira, cuando idealizamos una especie de maqueta soñada, en beneficio de la paz de esta importante región del país. Lo primero, por supuesto, debería ser adoptar el criterio de que el Cierre y Abandono de la Mina, insisto, debería ser la gran oportunidad para transformar radicalmente la suerte social del departamento, conforme a las muy variadas características medioambientales, especialmente la particular composición político territorial del espacio multicultural y pluriétnico de esta región binacional del país. De acuerdo con la información disponible y el concreto análisis que hemos hecho sobre legislaciones de cierre de minas de países con similar tradición minera, además, estudiar la propia legislación colombiana, hemos comprobado que no existe la necesidad de expedir una ley que regule específicamente el cierre y abandono de minas en Colombia, que no significa que sobre que se allane de la mejor manera las falencias que se hallan al respecto. Si bien esa materia no existe de manera codificada, podemos afirmar que se encuentran normas diseminadas en leyes y decretos sobre tales normativas ambientales y mineras, delimitadas jurídicamente, resaltando de manera especial la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 685 de 2001, la propia Constitución Política, el Acuerdo de la Habana, tratados internacionales, entre otras.

También, al paso que vamos, estamos desperdiciando los vientos del gobierno progresista del presidente Petro, que es nuestro cuarto de hora válido, hay que reconocerlo, para desatrasar las tareas que se han debido implementar en la dirección de organizar la bienvenida al fenómeno del Cierre de la Mina Justo de Cerrejón. Por lo tanto, el ejercicio que tenemos que hacer con urgencia es empezar a pensar, desde ahora, desde ya, sobre cómo saber conversar con el gobierno nacional, incluso, aprender un poco tarde a apoyar al gobierno que ayudamos a elegir, para asegurarnos, por ejemplo, que más de cincuenta mil hectáreas de tierras potencialmente productivas alrededor de la mina, sean urgentemente restituidas mediante algún procedimiento razonable y gradual a campesinos indígenas y afrocolombianos oriundos de ese mismo territorio. Ya es hora que una buena cantidad de estas tierras, de consuno, de forma solidaria, gobierno, empresa minera, comunidades y dirigentes sociales y políticos, entremos a dialogar sobre cómo construir el mecanismo jurídico justo y expedito que permita, por lo menos, retornar al escenario productivo una buena cantidad de esas tierras fértiles en la dirección de la búsqueda de la ideal soberanía alimentaria. De contera, no nos parecen prudentes, ni apropiados, ni mucho menos aconsejables, los ligeros anuncios de la señora viceministra de minas y energía, cuando manifiesta la vocación del gobierno nacional de reindustrializar a La Guajira, asunto que suena muy simple, porque denota el afán de implementar para las comunidades, algo más de lo mismo, es decir, no tocar el punto álgido de la deuda territorial que es prioritario subsanarla.

Deberíamos estar organizando, señora Vice, una lluvia de iniciativas e ideas de lo que sería una coherente propuesta con lo que predica Petro, por ejemplo, respecto a una empresa de economía mixta de carga, de pasajeros y turística, con capital público y privado, con participación accionaria de las comunidades dueñas del territorio étnico, que maneje el recurso portuario, aeroportuario y ferrocarrilero, de lo que es hoy propiedad del consorcio minero de Cerrejón. También, reflexionar sobre la suerte del sofisticado campamento y las demás instalaciones anexas de lo que hoy es el complejo industrial y habitacional Mushaisa, en donde ojalá cuaje lo que alguna vez pensamos que podría ser el escenario para el campus y demás componentes de lo que sería el espacio para la mejor universidad del caribe, la Universidad de la Paz.

El gran resumen de todo es que la anhelada transición energética justa en La Guajira, no será posible si no se implementa el cierre de mina justo y razonable. Ambos episodios, claves para la justicia social y ambiental de la península, deben resolver la gran deuda territorial que aflige a las comunidades étnicas. Por un lado, restituirles al pueblo wayuu y afro el territorio cercenado, desde lo ocurrido con la constitución del inútil Resguardo de la Alta y Media Guajira y sus consecuentes y estratégicas reservas territoriales basadas en la farsa de que eran tierras baldías, hasta lo sucedido con el establecimiento de proyectos eólicos masivos e invasivos en el mismo territorio “resguardado”. Estos últimos ejercicios, aún susceptible de revisarlos social y jurídicamente hablando, antes de que se configuren como parte de una irreversible conflictividad que haga inviable la esperada generación de energía limpia.