sábado, 14 de agosto de 2010

Documento Clave para la relación Minería y Comunidades

MINAS Y COMUNIDADES:
LA DECLARACION DE LONDRES 2008
• Denunciar las afirmaciones sin sustento de la industria minera
• Contra los modelos actuales de “relacionamiento corporativo”
• Frente a las crecientes amenazas a la vida
• Por un total reconocimiento de los derechos comunitarios
En mayo de 2001, veinticuatro representantes de comunidades y grupos
afectados por la minería en Asia, Africa, India y América del Sur y Norte, nos
reunimos en Londres para identificar y analizar los impactos de la minería en la
vida de las comunidades y los ecosistemas, y compartir estrategias para
enfrentar las prácticas y políticas inaceptables de esta industria.
Reconocimos a Londres como la capital minera mundial, donde se provee gran
parte del capital que se invierte en el sector y se fijan los precios
internacionales de los metales. También aquí tienen sus oficinas centrales dos
de las cuatro empresas mineras más influyentes del mundo.
Londres es también el centro de las iniciativas lanzadas por la industria para
persuadir a la “comunidad internacional” y continuar así con muchas de sus
prácticas inaceptables. Al frente de esas iniciativas estaba el Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM), con el apoyo de la mayoría de las
grandes empresas mineras y unas veinte ONGs internacionales.
Siete años atrás, declaramos que estas iniciativas promovían al menos cuatro
verdades a medias o mitos:
(i) la supuesta necesidad de más minerales y más explotaciones
mineras;
(ii) el argumento que sostiene que la minería promueve el desarrollo;
(iii) la creencia en que soluciones técnicas pueden resolver casi todos
los problemas; y
(iv) que todos aquellos que se oponen a la minería son básicamente
comunidades y ONGs ignorantes y “antidesarrollo”.
Vimos que numerosas experiencias – algunas con más de veinte años de
desarrollo – contradicen enfáticamente dichas asunciones.
De aquella histórica reunión nació la Red Minería y Comunidades (Mines and
Communities Network – MAC).
MINAS Y COMUNIDADES – SIETE AÑOS DESPUÉS
Reunidos nuevamente en Londres, en octubre de 2007, con un grupo editorial
de más de treinta miembros de catorce países, MAC reafirma la realidad de
aquellas experiencias y profundiza sus demandas iniciales.
Desde 2001, vemos a los pueblos sufrir todavía más profundamente a causa
de la minería en todas sus etapas y nuevas formas - desde la exploración hasta
la extracción y finalmente el abandono. El dolor y la destrucción irreparable
ocasionada a culturas, identidades y vidas se ha profundizado. Más tierras
ancestrales han sido tomadas, y más riquezas naturales, sin el consentimiento
de los pueblos y sin beneficios sustanciales para las comunidades o las
economías de las naciones donde ellas se encuentran.
El avance de la opresión militar y paramilitar por fuerzas estatales y privadas,
que actúan en nombre de empresas mineras, ha aumentado dramáticamente.
Con esto, una creciente demonización, arresto arbitrario, e incluso asesinato de
líderes comunitarios cuyo único “crimen” ha sido oponerse a proyectos mineros
que amenazan la integridad territorial y modo de vida comunitarios.
La extracción de minerales ha envenenado aguas, destruido fuentes de
alimentación, relaciones sociales, ha provocado enfermedad y daño. Muchas
veces, comunidades han sido divididas por conflictos civiles generados desde
afuera. El aumento en el uso de maquinaria ha quitado a muchos el rol que
alguna vez tuvieron como trabajadores mineros.
En los últimos años la industria minera, con el apoyo de algunas autoridades de
gobierno, se ha vuelto muy agresiva y sofisticada en la manipulación de las
leyes y políticas nacionales e internacionales, que favorecen sus propios
intereses, mediante mecanismos como los tratados de libre comercio.
La legislación minera de unos cien países ha sido drásticamente modificadas
(liberalizadas) según los intereses del capital minero. Protocolos que protegen
a los pueblos indígenas y el medioambiente se diluyen, al tiempo que la
expansión minera alcanza niveles sin precedente y más países minerodependientes
resignan su responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos
para convertirse en sirvientes de las corporaciones globales.
Al mismo tiempo, hemos sido testigos presenciales del aumento en la
resistencia comunitaria, y de nuevas alianzas forjadas entre poblaciones
locales y trabajadores, quienes sufren por la incertidumbre de los contratos
temporarios o la usurpación corporativa de la minería tradicional en pequeña
escala.
En mayo de 2001:
1) Demandamos una moratoria para nuevos proyectos mineros a gran
escala en Asia, Africa y América Latina;
2) Expresamos nuestra firme oposición a toda actividad minera o
disposición de residuos mineros en bosques, cursos de agua y
montañas;
3) Llamamos al banco Mundial/Fondo Monetario Internacional a cesar todo
financiamiento hacia códigos mineros diseñados por la propia industria
que fueran impuestos a los gobiernos de Africa, Asia-Pacífico y América
Latina.
4) Demandamos estándares más estrictos y obligatorios para todo el sector
minero;
5) Insistimos en el reconocimiento y respeto incondicional de todos los
derechos sobre el suelo y subsuelo de los pueblos indígenas y las
comunidades afectadas por la minería, así como su derecho a vetar
proyectos inaceptables;
6) También insistimos en que las empresas mineras deben sanear los
perjuicios terribles causados por sus minas antiguas y actuales, sin
utilizar fondos públicos, y deben responsabilizarse en sentido moral,
legal y financiero por sus daños;
Ahora fortalecemos y elaboramos estas demandas iniciales.
NUEVAS DEMANDAS DE CAMBIO:
Llamamos a:
1) Rechazar toda asistencia oficial o de agencias multilaterales para el
desarrollo – la Corporación Financiera Internacional o la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, el Banco Europeo de
Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo, y otros – orientada
principalmente a promover la extracción de minerales, el desarrollo de
infraestructura primaria para la industria minera, o una mayor dilución en
los marcos regulatorios, regímenes de impuestos y regalías, concebidos
para favorecer los intereses de la industria minera privada y sus
inversores.
2) Cancelar o renegociar todos los contratos de extracción y procesamiento
de minerales y licencias que roban a los pueblos la renta de sus
recursos, dilapidan bienes comunes, resultan en la exportación de los
beneficios reales de los minerales extraídos, o sacrifican en cualquier
modo el derecho ciudadano a un modo de vida sustentable. Rechazar
todo código minero y cancelar todo tratado de libre comercio, de
inversiones bilaterales y acuerdos de asistencia multilateral que permitan
o contribuyan con tales contratos o licencias.
3) Abandono de todo código de conducta corporativo o promesa de
responsabilidad social que dependa solamente de una observación
voluntaria, sin monitoreo transparente e independiente de su
implementación.
4) Asegurar a los Pueblos Indígenas garantías a sus derechos, usando
como estándar mínimo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007. De ellos, es
central el derecho a la autodeterminación, del cual es un instrumento
importante el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Los
pueblos indígenas deberían ser convocados a otorgar o negar el CLPI
antes que cualquier actividad de exploración o explotación minera se
lleve a cabo en sus territorios. Si una comunidad indígena decidiera no
otorgar el CLPI, la empresa interesada debe respetar su decisión y
retirarse del territorio de la comunidad.
5) Respeto al derecho de toda comunidad a decir “no” a un proyecto
minero o relativo a los minerales que consideren podría impactar de
manera adversa en su medioambiente o en los recursos de los que
dependen.
6) Repudiar las leyes anti-terrorismo y otras políticas que amenazan la vida
y recortan los derechos de comunidades o activistas que protestan
contra proyectos mineros.
7) Poner fin a la violencia, ya sea de los Estados o aquellos empleados por
empresas mineras, contra quienes se oponen a la minería, incluyendo
asesinatos extrajudiciales.
RESPONSABILIDAD DE LA ONGS:
En 2001, buscamos la solidaridad de la sociedad civil, y especialmente de las
organizaciones de desarrollo y ambientales, en respuesta al clamor global de
las comunidades afectadas por la minería.
1) Pedimos a estas organizaciones que aseguren que las comunidades
afectadas por la minería hayan sido completamente informadas
previamente sobre todos los aspectos de cualquier proyecto minero, y
fortalecidas para responder por ellas mismas frente a esa información.
2) Pedimos a estas organizaciones que se nieguen a participar en
iniciativas impulsadas por la industria para servir a sus propios intereses.
3) También les pedimos que promuevan medidas de cumplimiento legal y
políticamente obligatorio que aseguren la responsabilidad de la industria
minera, ante todo, frente a las comunidades afectadas por la exploración
y extracción de minerales.
Ahora, invitamos a estas organizaciones a ir más allá y:
1) Apoyar activamente a las comunidades en la defensa de sus derechos.
2) Asegurar que nunca negociarán con la industria o los gobiernos en
nombre o representación de ninguna comunidad, excepto que hayan
sido invitadas a hacerlo por la propia comunidad.
3) Denunciar cualquier abuso a los derechos humanos perpetrado contra
aquellos que se oponen a operaciones mineras.
4) Promover y asistir modelos de desarrollo tradicionales, u otros, que
hayan sido elegidos por las comunidades como alternativa a la
dependencia de la gran minería, de acuerdo a su integridad cultural,
social, económica y ambiental.
5) Rechazar cualquier fondo u oferta de financiamiento que provenga de
empresas mineras o empresas relacionadas con el sector minero,
cualquiera sea su propósito declarado.
6) Negarse a colaborar o emplear cualquier consultor – incluyendo
académicos – que no puedan probar fehacientemente su independencia
de la industria minera.
Finalmente, como miembros o adherentes de la Red Minería y Comunidades,
renovamos nuestro compromiso en la defensa de nuestros miembros y todos
aquellos con quienes trabajamos, cuando su nombre, derecho a la libre
expresión y organización, o la propia vida sean puestos bajo amenaza.
Hacia el cumplimiento de estos objetivos, invitamos a firmar esta Nueva
Declaración de Londres.
(Lista de quienes firman como miembros y adherentes la Declaración, 12/
2008)
Abdulai Darimani
THIRD WORLD NETWORK AFRICA (Ghana)
Abigail (Abie) Kiyan Cordillera Peoples Alliance (CPA) (Philippines
Abu A. Brima NETWORK MOVEMENT FOR JUSTICE AND
DEVELOPMENT (Sierra Leone)
Chalid Muhammad Indonesia
Siti Maemunah (Mai) JATAM (Indonesia)
Tracy Glynn JATAM (Canada)
Mining Advocacy Network and the Conservation
Council of New Brunswick
Armando Perez Araujo YANAMA (Colombia)
Remedios Fajardo YANAMA (Colombia)
Catalino ‘Bong’ Corpuz TEBTEBBA FOUNDATION (Philippines)
Catherine Coumans MININGWATCH CANADA (Canada
Dawn Paley MININGWATCH CANADA (Canada)
Susan Murdock MININGWATCH CANADA (Canada)
Jamie Kneen MININGWATCH CANADA (Canada)
Russell Hart MININGWATCH CANADA (Canada)
Cesar Padilla
Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina
(Latin America)
Geoff Nettleton PIPLinks (United Kingdom)
Andrew Whitmore (Whit) PIPlinks
Ximena Warnaars
Luis Claps
Ecuador
Jo M Villaneuva LRC-KSK (Friends of the Earth - Philippines)
Jose De Echave COOPERACION (Peru)
Clemente ‘Enteng’ Bautista KALIKASAN (Philippines)
Karyn Keenan Halifax Initiative (Canada)
Lulu Jimenez Cordillera Peoples Alliance (CPA) (Philippines)
Ravi Rebbapragada Mines, Minerals and People (India)
K Bhanumathi (Bhanu) Mines, Minerals and People (India)
Sreedhar Ramamurty Environics Trust, Mines, Minerals and People (India)
Stuart Kirsch Associate Professor
The University of Michigan
Techa Beaumont Minerals Policy Institute (MPI) (Australia)
Tito Natividad Fiel DIOPIM Committee on Mining Issues (DCMI)
(Philippines)
Xavier Dias BIRSA (India)
Jharkhand Mines Area Coordination Committee
Andrew Hickman Down to Earth (DTE) UK
Andrew Whitmore PIPLinks
Richard Solly Partizans (UK)
Roger Moody Partizans (UK)

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