AL OÍDO DEL GOBERNADOR (2)

AL OÍDO DEL GOBERNADOR (2)

Por: Armando Pérez Araújo

 

En alguna parte del variado y caudaloso volumen de declaraciones públicas del mandatario departamental, desde el arribo a su breve período, pude percibir su razonable temor por lo que podría representar la reapertura de la frontera para la estabilidad social del entorno fronterizo colombiano. No es para menos, habida cuenta de la estruendosa calamidad económica reinante en hermano país y el previsible y obvio desbarajuste de precios que se generaría en el ámbito fronterizo. Lo grave de esa tozuda realidad es que, adicional al sinnúmero de situaciones emanadas de la profunda brecha cambiaria y del terrible desabastecimiento del país vecino, el mandatario paisa y el gobierno nacional tendrán que acatar los instructivos de la Constitución Política, del bloque de constitucionalidad y de sentencias con efectos erga omnes, respecto al ineludible enfoque territorial étnico fronterizo del desarrollo social, político y económico de la zona, máxime si estamos en tiempos de implementación de los acuerdos definitivos de paz que se ven venir, o que llegaron para quedarse, según los cuales no sería dado desconocer y pasar por arriba de los derechos territoriales del pueblo wayuu. Nos parece loable que nuestro flamante gobernante paisa se esmere con anticipación plausible a prever y prevenir la tremenda debacle episódica que se aproxima si es que en Agosto se reabre la frontera.

Pero lo que hemos denominado como bomba tiempo (ver nuestra Bomba de Tiempo 4,www.pensamientocaribe.blogspot.com) es el inminente estallido social, léase, mierdero, que nos espera, si esta parte del país, o mejor, de ambos países, no se pellizcan y atacan la enfermedad por dónde es. De nuestro lado colombiano lo que corresponde es aplicar la Constitución del 91, desarrollarla, en vez de atropellarla de manera vulgar. En materia de derechos indígenas la Carta de navegación se fue hace rato para el canasto de la basura. Nació encaminada a servirle sólo a las camarillas de la politiquería departamental, inclusive, dio lugar al desbordado crecimiento de las fuerzas politiqueras dominantes que hoy hacen y deshacen, contrarias a la suerte e intereses de los nativos. La Autonomía Indígena, por ejemplo, que debería ser la herramienta jurídica para la paz de la región, ocasionó todo lo contrario: generó inimaginable división de la etnia, inclusive, al interior de las familias, y catapultó el más corrupto modelo de esclavitud contemporánea en La Guajira, que avergüenza y tiene en el ojo del huracán a toda la sociedad departamental, diariamente en los remolinos de primeras páginas de la prensa local y nacional. ¡La hecatombe llegó y se quedó, carajo!, es lo que algunos diagnostican y condenan desesperados, pero recordemos que hay una ley inexorable, la política no es la excepción, que dice que “todo tiene un límite en la vida y lo que no tiene bases se cae”.

Que no nos quede duda entonces, señor gobernador (E), que tenemos que empezar a proponer soluciones constitucionales viables y novedosas, respecto a las evidentes ventajas y potencialidades del territorio indígena, en vez de perseguir simples franquicias aduaneras para el comercio, abstrayéndonos de la superioridad del argumento de mayor jerarquía disponible, despreciando los extraordinarios privilegios de la plataforma jurídica wayuu. Ya lo hemos explicado abundantemente: se equivocan quienes pretenden negar que La Guajira es una realidad diferente y que requiere una vía constitucional diferenciada.