¿JUSTICIA?
Por ARMANDO PÉREZ ARAÚJO
El día viernes primero de noviembre asistí a un extraño
evento autodenominado Justicia Abierta, realizado en el agradable y célebre
centro de convenciones Anas Mai de la ciudad de Riohacha. Desde el primer
momento observé que el atractivo nombre del evento no correspondía a ninguno de
los contenidos académicos del programa, pero bueno, eso era lo de menos, había
que asistir y escuchar. En la apertura del orden del día estuvo el himno de los
colombianos, cantado magistralmente en idioma wayuunaiki por un selecto grupo
de jóvenes wayuu. Me resulta totalmente complicado y, además, inevitable que
siempre que escucho esta deliciosa interpretación experimento una dolorosa
mescla de abandono y patria, de orgullo y tristeza. También entendí de manera
rápida que tampoco correspondía a la lógica del programa y a la denominación
del evento, que la alta personalidad anfitriona, en este caso el funcionario
que inauguraba el evento y le diera la bienvenida a la jurisdicción contenciosa
administrativa, en cabeza de la señora presidente del Consejo de Estado, fuese
la gerente o jefe de la Intervención Temporal de la educación en La Guajira. Debo
advertir que me gustó su discurso, el saludo fue impecable, noté que se trata
de una funcionaria decente, bien intencionada y preparada, pero, insisto, ¿por qué tendría que ser ella, precisamente la Jefe de la
Intervención, la oferente y anfitriona en una tarea que no deja duda que funge
como evidente eslabón en la estrategia política de errada e injusta
descentralización territorial y administrativa?,
por qué no el gobernador, que no estaba, ni el encargado ni el electo, o la
Defensora del Pueblo de La Guajira, o la Vice Defensora, ambas excelentes
funcionarias que ahí estaban, o la presidente del Tribunal Contencioso
Administrativo de La Guajira, que ahí estaba y que posteriormente habló muy
bien, pero en un rol completamente diferente. También estaban y hablaron otros
magistrados del nivel nacional, de La Guajira y de departamentos vecinos, cuyas
intervenciones fueron rigurosas y ajustadas a los códigos, la jurisprudencia y
la doctrina, pero nada que ver con el real propósito del evento. Entre el
público brillaban por su ausencia los congresistas guajiros. Pienso que la respuesta
a este weekend de incoherencias es posible hallarla al final de este escrito y
tiene que ver con el verdadero objetivo de este propósito denominado Justicia
Abierta.
AL
GRANO:
Primer taller pedagógico: La región
como unidad administrativa: ley 1962 del 2019.
Este es el quid de tanto parapeto y la explicación de cualquier cantidad de
incoherencias. De lo que realmente se trató fue de promover con la mayor
cantidad de vaselina posible la conversión en RET, Región Entidad Territorial,
las actuales RAP. Para los efectos del susodicho evento "académico",
yo digo sin lugar a equivocarme que fue político, fue traído el Jefe de la
Oficina Jurídica de la Gobernación del Atlántico que, dicho sea de paso, hizo
una estupenda disertación jurídica, salvo que se le olvidó una cosa así de
chiquitica como fue advertirles a los guajiros que en La Guajira existen
territorios indígenas, con jerarquía constitucional del tamaño de la de los
Departamentos, Distritos y Municipios. Se le olvidó por completo al conferencista
referirse a los derechos territoriales del pueblo wayuu y de otros pueblos
originarios domiciliados constitucionalmente en La Guajira. En uno de los
acápites más dramáticos de su perorata advirtió que de ninguna manera la RET
les tocarían un pelo a los ingresos por regalías o participación en el sistema
general del presupuesto de la nación a los Municipios y Departamentos. Dicho de
otra manera, el ilustre orador dejó a la audiencia el sinsabor de que la RET sí
tocaría la actual estructura financiera de las entidades territoriales
indígenas. Incluso, no era posible evitar un tema crucial para la dirigencia no
indígena de La Guajira como era que las dichosas RET atraparían algunas
COMPETENCIAS que ahora son del resorte del departamento y de los municipios.
Mi
intervención se limitó a dejar constancia, la cual me permito divulgar ahora,
de que esa perniciosa intencionalidad de vender la idea a domicilio a los
guajiros de pasar por encima de la territorialidad indígena, principalmente
ofende la dignidad humana del pueblo wayuu, ataca fundamentales principios de
los derechos humanos internacionales consagrados en la Constitución, bloque de
constitucionalidad, Acuerdo de la Habana, Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras normas, como son los principios
de progresividad de los derechos humanos y no regresividad o de la contundente irreversibilidad
de los avances constitucionales de los derechos indígenas. Quedo atento para
debatir académica y políticamente este delicado tema.
