JUSTICIA ABIERTA ...

¿JUSTICIA?

Por ARMANDO PÉREZ ARAÚJO

El día viernes primero de noviembre asistí a un extraño evento autodenominado Justicia Abierta, realizado en el agradable y célebre centro de convenciones Anas Mai de la ciudad de Riohacha. Desde el primer momento observé que el atractivo nombre del evento no correspondía a ninguno de los contenidos académicos del programa, pero bueno, eso era lo de menos, había que asistir y escuchar. En la apertura del orden del día estuvo el himno de los colombianos, cantado magistralmente en idioma wayuunaiki por un selecto grupo de jóvenes wayuu. Me resulta totalmente complicado y, además, inevitable que siempre que escucho esta deliciosa interpretación experimento una dolorosa mescla de abandono y patria, de orgullo y tristeza. También entendí de manera rápida que tampoco correspondía a la lógica del programa y a la denominación del evento, que la alta personalidad anfitriona, en este caso el funcionario que inauguraba el evento y le diera la bienvenida a la jurisdicción contenciosa administrativa, en cabeza de la señora presidente del Consejo de Estado, fuese la gerente o jefe de la Intervención Temporal de la educación en La Guajira. Debo advertir que me gustó su discurso, el saludo fue impecable, noté que se trata de una funcionaria decente, bien intencionada y preparada, pero, insisto, ¿por qué tendría que ser ella, precisamente la Jefe de la Intervención, la oferente y anfitriona en una tarea que no deja duda que funge como evidente eslabón en la estrategia política de errada e injusta descentralización territorial y administrativa?, por qué no el gobernador, que no estaba, ni el encargado ni el electo, o la Defensora del Pueblo de La Guajira, o la Vice Defensora, ambas excelentes funcionarias que ahí estaban, o la presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, que ahí estaba y que posteriormente habló muy bien, pero en un rol completamente diferente. También estaban y hablaron otros magistrados del nivel nacional, de La Guajira y de departamentos vecinos, cuyas intervenciones fueron rigurosas y ajustadas a los códigos, la jurisprudencia y la doctrina, pero nada que ver con el real propósito del evento. Entre el público brillaban por su ausencia los congresistas guajiros. Pienso que la respuesta a este weekend de incoherencias es posible hallarla al final de este escrito y tiene que ver con el verdadero objetivo de este propósito denominado Justicia Abierta.

AL GRANO:

Primer taller pedagógico: La región como unidad administrativa: ley 1962 del 2019. Este es el quid de tanto parapeto y la explicación de cualquier cantidad de incoherencias. De lo que realmente se trató fue de promover con la mayor cantidad de vaselina posible la conversión en RET, Región Entidad Territorial, las actuales RAP. Para los efectos del susodicho evento "académico", yo digo sin lugar a equivocarme que fue político, fue traído el Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Atlántico que, dicho sea de paso, hizo una estupenda disertación jurídica, salvo que se le olvidó una cosa así de chiquitica como fue advertirles a los guajiros que en La Guajira existen territorios indígenas, con jerarquía constitucional del tamaño de la de los Departamentos, Distritos y Municipios. Se le olvidó por completo al conferencista referirse a los derechos territoriales del pueblo wayuu y de otros pueblos originarios domiciliados constitucionalmente en La Guajira. En uno de los acápites más dramáticos de su perorata advirtió que de ninguna manera la RET les tocarían un pelo a los ingresos por regalías o participación en el sistema general del presupuesto de la nación a los Municipios y Departamentos. Dicho de otra manera, el ilustre orador dejó a la audiencia el sinsabor de que la RET sí tocaría la actual estructura financiera de las entidades territoriales indígenas. Incluso, no era posible evitar un tema crucial para la dirigencia no indígena de La Guajira como era que las dichosas RET atraparían algunas COMPETENCIAS que ahora son del resorte del departamento y de los municipios.

Mi intervención se limitó a dejar constancia, la cual me permito divulgar ahora, de que esa perniciosa intencionalidad de vender la idea a domicilio a los guajiros de pasar por encima de la territorialidad indígena, principalmente ofende la dignidad humana del pueblo wayuu, ataca fundamentales principios de los derechos humanos internacionales consagrados en la Constitución, bloque de constitucionalidad, Acuerdo de la Habana, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras normas, como son los principios de progresividad de los derechos humanos y no regresividad o de la contundente irreversibilidad de los avances constitucionales de los derechos indígenas. Quedo atento para debatir académica y políticamente este delicado tema.