Por Armando Pérez Araújo
¿QUÉ HACEMOS CON
EL TREN, CON EL PUERTO Y LOS DOS AEROPUERTOS, CON LAS TIERRAS DEL NORTE Y CON
LAS DEL SUR Y CON EL CAMPAMENTO DE MUSHAISA Y OTROS ACTIVOS NO MENOS
IMPORTANTES?
La tremenda
noticia de que el presidente Petro está interesado en conversar con los dueños
del sistema del ferrocarril privado, la empresa Cerrejón, para negociar la
posibilidad de consensuar una fórmula adecuada y equitativa, por supuesto
contractual, no solamente no es descabellada sino la más inteligente y popular
para los intereses de los colombianos y, particularmente, para los de los
tradicionalmente olvidados de La Guajira. Celebramos que esta iniciativa, que hemos
impulsado desde Causa Caribe y divulgado en Pensamiento
Caribe, haya cuajado y se convierta en el principal motor de la necesaria bandera
de cambio y de transformaciones inmediatas que requerimos. El presidente Petro
tiene toda la razón, también porque tiene la sartén por el mango y porque
resulta adicionalmente viable. Lo explicamos así: en primer lugar, es evidente
que el proceso minero de La Guajira ya no es aquél desaforado y terrófago de
antes, cuando cada gobierno regional y nacional, la sociedad colombiana, los
medios de comunicación, incluso, componentes de nuestra espiritualidad, como la
Iglesia Católica asentada en La Guajira, se comportaban como los peores
exponentes de la sumisión y genuflexión, mostrándose dóciles ante los
exorbitantes intereses de la norteamericana familia Rockefeller. Recordemos que
en ese entonces parecía que estaba completamente prohibido en el país disentir
de las políticas corporativas impartidas desde las esferas de Exxon Mobil en
Dallas, además, porque la maniatada y postrada estatal Carbocol S.A. que
suponíamos, debería haberse comportado erguida, actuaba escasamente celosa del
cuidado de los pequeños intereses de los colombianos, limitándose y
concentrándose en velar por los asuntos socialmente intranscendentes del
contrato de asociación. Pero los tiempos han cambiado y es evidente que el
Presidente Petro se ha desmarcado de las multinacionales extractivistas, y,
claro, adicionalmente, resulta evidente la obligatoriedad del fenómeno jurídico
y social que implica el indefectible e inminente Cierre de Mina Justo y Equitativo, lo mismo que la Transición
Energética Justa, instrumentos como el Acuerdo de París, el Protocolo
de Kioto, el Acuerdo de Escazú, etcétera, que les impone a las partes
contratantes, particularmente para el caso concreto y especial de La Guajira,
un entendible cambio de reglas del juego a favor de los parámetros de la
justicia social y ambiental, banderas programáticas de este gobierno. De manera
que acceder de forma temprana a los sobrantes servicios parciales del tren y de
algunos importantes activos de propiedad de la empresa Cerrejón, también
servirá para asegurar y garantizar a la frágil población de La Guajira, la
indispensable transportación de incalculables volúmenes de agua que, dicho sea
de paso, es útil y justo reconocerlo ahora, en la actualidad dicha empresa
voluntariamente atiende algo de distribución a diferentes rancherías vecinas,
asunto que en alguna medida es digno de aplaudir y estimular, aunque
advirtiendo que ello ocurre de manera relativa y en cantidades absolutamente insuficientes,
dentro del marco de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial.
El sistema del ferrocarril minero, de propiedad de la actual empresa carbonífera,
también nos ha puesto a reflexionar sobre la viabilidad de estructurar y complementar
responsabilidades administrativas, financieras y operativas entre gobierno,
empresa Cerrejón, trabajadores y ex trabajadores de la mina y otras empresas
asociativas que se integren a esa magna iniciativa social que sería una Gran
Empresa de Economía Mixta, destacando el interés societario de afros e
indígenas y resaltando que el inajenable aporte de los dueños del territorio,
se concretaría exclusivamente a la cesión pro témpore de USO DEL SUELO
TERRITORIAL AUTÓCTONO. Los estudios que se hagan al respecto arrojarán las
pertinentes recomendaciones respecto a la producción, transporte y distribución
de alimentos del campo, incluso, de la exportación e importación de productos
agropecuarios y otros renglones de la economía autóctona, por ejemplo, asuntos
relativos a las incalculables potencialidades pesqueras de la región caribe,
incluyendo importante zona marítima de la región fronteriza venezolana y más
allá de ella. El presidente Petro sabe muy bien, porque él ha sido partidario
de explorar las posibilidades turísticas de La Guajira, que a partir de los
soportes que representarían las potencialidades del tren y sus activos, dos
aeropuertos privados de hoy, utilizados exclusivamente por y para la minera
extranjera, lo mismo que formidables y sofisticados activos de la infraestructura
portuaria de la empresa Cerrejón, constituiría, según la propuesta que hemos
ventilado con dirigentes guajiros, la base para que en el próximo futuro se
establezca y consolide en lo que es hoy del dominio de empresas extranjeras
Puerto Bolívar, la más importante Sociedad Portuaria Mixta y Multipropósito
Indígena.
Aspiramos a que,
en lo que falta de este gobierno de transformaciones, que ya es poco, deberían
quedar por lo menos las mínimas bases normativas, jurídicas y técnicas, para la
consolidación de una ambiciosa estrategia de educación superior, que podría
llamarse la Universidad de la Paz Colombiana, mediante la conversión de las
instalaciones del actual campamento de Mushaisha, de propiedad de la minera,
conformado por hoteles, almacenes, supermercados, escuelas, colegios, oficinas
de toda clase y categorías, laboratorios clínicos e industriales, infraestructura
de empresas de servicios varios, consultorios médicos, bacteriológicos y
odontológicos, gimnasios, empresas de transporte de carga y pasajeros, agencia
de viajes, estaciones de servicios de combustibles y lubricantes, hospitales,
clínicas, acueductos, alcantarillados, bodegas, parqueaderos, edificios,
talleres, bancos, ciudadelas y todo tipo de soluciones habitacionales,
restaurantes, cafeterías, clubes, varios auditorios y piscinas, canchas
deportivas, etcétera, configurándose el campus universitario de lo que sin duda
sería la institución de educación superior más importante del caribe
colombiano, en caso de que este gobierno que debería ser el gobierno de las
transformaciones así lo planee y ordene.
Tampoco debería extrañarnos
que el Presidente empiece a implementar las normas y mecanismos jurídicos de
transición gradual, reitero, mediante contratación bilateral con la empresa
dueña de esos activos, para hacer desde ahora posible el pronto y efectivo
acceso, paulatino y escalonado a más de cincuenta mil hectáreas de tierras
productivas, progresivamente vacantes, privilegiando en primer lugar a las
familias campesinas de la región, indígenas y negros, impactados por la minera.
De ninguna manera, no podemos excluir, los altos niveles de la carga moral que
tienen sobre sus hombros, léase cargos de conciencia, de los actuales
propietarios y/o administradores de la empresa minera, quienes deberían
facilitarle las cosas al presidente Gustavo Petro y demás autoridades,
especialmente por el recorderis que
nos toca refrescarles la memoria, sin entrar ahora en detalles, sobre la
ilegalidad y absurdidad del inicial acceso a las tierras indígenas del norte y
a las de los negros del sur, lo mismo que fundamentos y argumentos filosóficos
de entonces, parapetados en lo que ingeniosamente se llamó Declaratoria de
Utilidad Pública y Social.
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