CASI NOS DEJA EL TREN
La tremenda noticia de que el presidente Petro está interesado en conversar con los dueños del sistema del ferrocarril privado, la empresa Cerrejón, para negociar la posibilidad de consensuar una fórmula adecuada y equitativa, por supuesto contractual, no solamente no es descabellada sino la más inteligente y popular para los intereses de los colombianos y, particularmente, para los de los tradicionalmente olvidados de La Guajira. Celebramos que esta iniciativa, que hemos impulsado desde nuestra Causa Caribe y divulgado en Pensamiento Caribe, haya cuajado y se convierta en una interesante bandera de cambio y de transformación inmediata. El presidente Petro tiene toda la razón, también tiene cogida la sartén por el mango, y veamos porqué resulta adicionalmente viable: en primer lugar, el proceso minero carbonífero de La Guajira ya no es el desaforado terrófago de antes, cuando cada gobierno regional y nacional, la sociedad colombiana, incluso, componentes de nuestra espiritualidad, como nuestra Iglesia Católica asentada en La Guajira, se comportaban con los peores signos de genuflexión, mostrándose arrodillados y sumisos a los poderosos y exorbitantes intereses de la gringa familia Rockefeller. Recordemos que en ese entonces parecía que estaba completamente prohibido en el país disentir de las políticas corporativas impartidas desde las altas esferas de Exxon Mobil en Dallas, además, la postrada estatal Carbocol S.A. que suponíamos, debería haberse comportado erguida, actuando celosa del cuidado de tantos y tan sensibles intereses de los colombianos, se limitaba y concentraba en velar los asuntos socialmente intranscendentes del contrato de asociación. Pero los tiempos han cambiado y es evidente que el Presidente Petro se ha desmarcado de las multinacionales extractivistas, y, claro, adicionalmente, resulta evidente la tozudez del vinculante fenómeno jurídico que indefectiblemente implica el inminente y justo Cierre de Mina, lo mismo que la Transición Energética Justa, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Escazú, etcétera, que les impone a las partes contratantes, particularmente para el caso concreto de La Guajira, un entendible cambio de reglas del juego a favor de los parámetros de la justicia social y ambiental. De manera que acceder de forma temprana a los sobrantes servicios parciales del tren y algunos activos de propiedad de la empresa Cerrejón, también servirá para asegurar y garantizar a la sedienta población guajira, la indispensable transportación de incalculables volúmenes de agua que, dicho sea de paso, es justo reconocerlo ahora, en la actualidad dicha empresa voluntariamente atiende su distribución a diferentes rancherías vecinas, asunto que en alguna medida es digno de aplaudir y estimular, aunque advirtiendo que ello ocurre de manera relativa y en cantidades absolutamente insuficientes, dentro del marco de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. El sistema del ferrocarril minero, de propiedad de la actual empresa carbonífera, también nos ha puesto a reflexionar, y el presidente Petro lo sabe, sobre la trazabilidad y viabilidad contractual de complementar responsabilidades administrativas, financieras y operativas entre gobierno, empresa Cerrejón, trabajadores y ex trabajadores de la mina y otras empresas asociativas campesinas, afros e indígenas, resaltemos, con el inajenable aporte de los dueños del territorio, que aportarían exclusivamente el USO DEL SUELO TERRITORIAL, respecto a la producción, transporte y distribución de alimentos del campo, incluso, exportación e importación de productos agropecuarios y de otros renglones de la economía autóctona regional, por ejemplo, asuntos relativos a las incalculables potencialidades pesqueras de la región caribe colombiana, incluyendo importante zona marítima de la región venezolana y más allá. El presidente Petro sabe muy bien, además, porque él siempre ha sido partidario de explorar las posibilidades turísticas de La Guajira, que a partir de los grandes soportes que representarían las potencialidades del tren y sus activos, los dos aeropuertos privados de hoy, utilizados exclusivamente por y para la minera extranjera, lo mismo que los formidables activos de la infraestructura portuaria minera, constituiría, según la elemental propuesta que hemos ventilado con algunos dirigentes guajiros, la base para que en el próximo futuro se establezca la más importante Sociedad Portuaria Mixta y Multipropósito Indígena de América. En lo que falta de este gobierno deberían quedar por lo menos las mínimas bases normativas, jurídicas y técnicas, para la consolidación de una ambiciosa estrategia de educación superior, mediante la conversión de las instalaciones del actual campamento de Mushaisha, de propiedad de la minera, conformado por hoteles, almacenes, supermercados, escuelas y colegios, oficinas de toda clase, laboratorios clínicos e industriales, infraestructura de terceras empresas de servicios varios, consultorios médicos y odontológicos, gimnasios, empresas de transporte de carga y pasajeros, agencia de viajes, estaciones de servicios de combustibles y lubricantes, hospitales, clínicas, acueductos, alcantarillados, bodegas, parqueaderos, edificios, talleres, bancos, ciudadelas y todo tipo de soluciones habitacionales, restaurantes, cafeterías, clubes, varios auditorios, piscinas, varias canchas deportivas, etcétera, en el campus universitario de lo que sería la institución de educación superior más importante del caribe colombiano, en caso de que este gobierno de transformaciones así lo planee y ordene. Tampoco nos debería sorprender que el presidente Petro y su Ministra de Agricultura empiecen a implementar normas y mecanismos de transición gradual, reitero, mediante contratación con la empresa dueña de esos activos, para hacer posible el pronto y efectivo acceso, paulatino y escalonado a más de cincuenta mil hectáreas de tierras productivas, progresivamente vacantes, privilegiando en primer lugar a las familias de la región, indígenas y negros, impactados por la actividad minera. De ninguna manera, no podemos excluir, por supuesto, los altos niveles de la carga moral que tienen sobre sus hombros, léase conciencias, los actuales dueños y administradores de la empresa minera, los cuales deberían facilitarle la tarea al señor presidente Petro, especialmente el recorderis que nos toca refrescar, sin entrar en mayores detalles, sobre la ilegalidad y absurdidad del acceso a las tierras indígenas del norte y a las de los negros del sur, lo mismo que los fundamentos y argumentos filosóficos de entonces, parapetados en lo que se llamó la Declaratoria de Utilidad Pública y Social.
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