Por Armando Pérez Araújo
La reciente visita del Ministro Palma a La Guajira sirvió
para que se empezara a generar la posibilidad de atenderse un clamor que hemos
planteado desde hace varios años, de revisar la estructura legal de la febril
invasión de parques eólicos por doquier. Le advertimos al presidente Duque, en cuyo mandato
floreció la irresponsable proliferación de tales proyectos invasivos, luego al
candidato Petro, y después siendo éste presidente, lo elemental que es que lo que
hoy existe en materia de ubicación y funcionamiento de los parques eólicos es una completa vagabundería en materia de
respeto a los derechos territoriales del pueblo wayuu. Al fin, llegaron los anuncios
de este gobierno despertando esa posibilidad que, ojalá, sea aterrizada como
tiene que ser, sin filtros ni pendejadas conceptuales de los sabiondos de
siempre. En lo mínimo que tiene fijarse este gobierno, que ayudamos a elegir, es
en que hay que pensar en que los núcleos familiares wayuu, propietarios de cada
zona en particular, las zonas de cada proyecto eólico concreto, sean beneficiados con el reconocimiento y
pago de una especie de canon de arrendamiento, una renta mensual, anualmente
ajustable, por ejemplo, y una participación en la venta de cada kilovatio de
energía. No hay que tenerle miedo a esa elemental equidad y legalidad.
En alguna ocasión pusimos el grito en el cielo en esa
materia, advirtiendo que los parques eólicos que se estaban imponiendo en La
Guajira, desde el llamado Jepirachi, que fue el primero que se impuso en
el año 2003 por EPM, hasta el último que hicieran las diecinueve empresas
sonsacadas por el gobierno, serán absolutamente ilegales si no se cambia el
modelo injusto adoptado. Además, con total respeto y franqueza dijimos que
dichos proyectos diseñados así en territorio indígena, eran simplemente
inconvenientes para la sociedad guajira, incluso, para la suerte de las
empresas invitadas o sonsacadas para tan importante y costosa aventura económica. Advertí
que la descalificación que hacía entonces no era contra la importancia y
trascendencia que reconocí que tenían tales iniciativas energéticas, consideradas
como ineludible Mecanismo de Desarrollo Limpio, conforme a las directrices y
estímulos éticos contemplados en el Protocolo de Kioto y a los compromisos
inherentes al carácter vinculante del Acuerdo de París. Recordé que las 45.000 hectáreas del
resguardo de la Alta y Media Guajira, territorio donde se pretende o pretendía
acomodar por lo menos 65 parques eólicos, eran y son tierras absolutamente
ajenas e indiscutiblemente privadas, a pesar de la estructura feudal del frágil resguardo. No hay
ninguna posibilidad de abrir una discusión sobre si esas son o no son tierras
ajenas. Son ajenas y punto. No son potreros públicos, tampoco son tierras
baldías, mucho menos mostrencas, son técnicamente territorios, es decir,
espacios socioeconómicos protegidos por la normatividad superior interna y por
el bloque de constitucionalidad, lo cual significa, en el elemental lenguaje
castellano, que lo que está ocurriendo en el mencionado territorio wayuu, de la mano
cómplice del Estado colombiano, es una monumental infamia del estado contra la etnia
wayuu, principalmente, sumada a otras desposesiones infligidas contra su
territorialidad, que vienen acaeciendo impunemente.
En aquél momento recordé que unos meses antes había circulado
en las redes sociales un video de la televisión chilena en el que la
presentadora de un influyente noticiero resaltaba el caso del Parque
Eólico Los Cururos, financiado por la multinacional colombiana, EPM, en
el cual, a los dueños de la tierra se les reconoció el derecho a cobrar una
especie de arriendo mensual y una justa participación periódica en dinero por
la venta de los kilovatios de energía producida en su espacio territorial. Lo
anterior es un ejemplo digno de copiar e implementar, en el que, sin tener que
acudir a los sofisticados preceptos constitucionales ni al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, sólo se deberá acudir a lo básico de nuestro Código Civil. Además de concederse las prebendas
o compensaciones económicas a los dueños del territorio colectivo en ese caso chileno, se tuvieron
en cuenta y respetaron los derechos y garantías a vivir en comunidad de otros habitantes
originarios de dicho lugar, es decir, a los típicos, dignos y célebres cururos, que son
una especie de mamíferos roedores que quedaron a salvo por la cuidadosa orden
de la autoridad estatal de ese país, y la entusiasta voluntad de la multinacional empresa de
Medellín, privilegiando que dichos animalitos fuesen conservados y no extinguidos,
cosa que acá no ocurre ni se ha previsto con los derechos de cientos de miles de seres humanos
wayuu establecidos en la península guajira. A manera de una preocupante y triste
inferencia recordemos que cuando la misma EPM estuvo, por primera vez en La Guajira,
se alardeaba en los poderosos noticieros del país, diciendo que el proyecto Jepirachi generaba energía para más de
veinte mil hogares de Medellín, mientras que, decíamos nosotros, en el Cabo de
la Vela no había, no hay, ni para prender un bombillo o cargar un celular.
Proponemos, al señor Ministro Palma, en línea con las
transformaciones que nos ha prometido el presidente Petro, que los actuales y
próximos proyectos eólicos en la Guajira, se revisen y configuren como empresas
especiales de economía mixta, en donde estén los intereses accionarios de los
dueños del territorio, sin excluir los justos e indispensables ingredientes
remuneratorios antes mencionados, más la participación accionaria del Estado
colombiano para asegurar el rol garantista de la solidaridad y equidad del indispensable
modelo social aplicado y atender la soberanía energética y, obviamente, la participación de los
inversionistas privados, colombianos y extranjeros, con total seguridad jurídica,
como tiene que ser, para defender el pellejo de sus inversiones sin correr los
riesgos que corren en proyectos inequitativos como los que hoy se manejan,
producto de las rifas que hizo el anterior gobierno.
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