CLAUDIA LÓPEZ

Por Armando Pérez Araújo
 No necesita mayor presentación esta mujer que ha protagonizado enormes debates desde adentro y fuera del Congreso, a donde dice no querer regresar por razones de todo tipo, principalmente, éticas y de pudor político. Su carácter es tal vez su mayor herramienta, lo mismo que la profundidad de sus investigaciones y denuncias. Si quisiéramos encontrarle peros a su desempeño político podría ser porque se deja sacar la piedra fácilmente en sus recurrentes agarradas e...n el parlamento y a través de los medios de comunicación, también porque es susceptible de perder el equilibrio cuando tiene que definir posiciones alrededor de temas gruesos de la suerte de la paz de los colombianos. A Santos, por ejemplo, en algunas ocasiones le dio duro y parejo, inclusive, en ciertos temas troncales y sensibles del Acuerdo de Paz de La Habana. A Uribe Vélez, el más aguerrido opositor del presidente, también lo ha encarado con la mayor drasticidad en asuntos realmente delicados. A la Farc, innecesariamente, en los prolegómenos del Acuerdo Final, no las bajaba de criminales, cuando la prudencia de alguien que estuviese pensando en regir los destinos de una nación que clama la paz debería indicarle mesura y delicadeza. Es posible que esa falta de sutileza en la retórica política sea lo que más le atraiga al pueblo de Colombia, cansado y hastiado de tanta demagogia y palabrerío de la tradicional politiquería. Los recientes desencuentros con casi la totalidad de sus colegas del Senado de la República, a propósito de su planteo de reducir los salarios de los congresistas deberían generarle una explicable y obvia antipatía frente a la clase política, es decir, ante los dueños de los votos en cada una de las regiones colombianas. Pero, insisto, no descartemos que el músculo del poder electoral de la vieja política esté desgastado y sea esta joven congresista la que encienda las luces de una agresiva y aplastante batalla electoral. Su primer round será en el seno de su partido, dentro del cual tendrá que despedazar a Sergio Fajardo para después enfrentarse al resto de candidatos, entre quienes se encontrará el candidato del colectivo de la paz, al parecer, Humberto de la Calle. Su carta en este último tramo de su carrera por la Presidencia será la misma que ha mostrado en la apertura de su postulación: no es posible implementar los acuerdos de paz sin antes vencer y domesticar la corrupción. Su caballito de batalla será la lucha contra la corrupción y esa es una atractiva bandera.

PAZ DURADERA

 PAZ DURADERA

Por: Armando Pérez Araújo

Veintitrés zonas veredales transitorias de normalización y ocho pequeños puntos de normalización denominados campamentos representan los sitios donde se concentrarán temporalmente los exguerrilleros de la FARC, llamémoslos así predictivamente, mientras que en el resto del país los colombianos deberemos emprender la lucha para ganar el plebiscito, o como se llame el mecanismo de refrendación de los acuerdos, y contribuir con determinación y buen ejemplo permanentes a que en el ejercicio de la política primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado. La tarea dentro de los treinta y un lugares de ubicación será ardua para el Gobierno Nacional, FARC y Naciones Unidas, pero mucho más exigente el volumen de compromisos del estado colombiano y la sociedad nacional que se generará en todo el territorio patrio. El meollo de este propósito consiste en entender que lo que está firmado hasta ahora es sólo el silencio de los fusiles y el fin de la guerra, también asumir que la paz no está pintada en el papel, que no se puede ver ni tocar, que la paz se hace, se edifica diariamente. Ese es el reto que tenemos los colombianos, construir la paz, claro, más fácil ahora que estamos en la ruta de consolidarla, a pesar de quienes irracionalmente se lucran de la guerra de manera evidente.

Otra gran pauta, suficientemente explicada y difundida, es que la paz del país se tendrá que construir a partir de cada territorio en particular, es decir, edificando las acciones respectivas con un enfoque territorial. Para explicar con plastilina lo que sería construir la paz para La Guajira como aporte a la paz duradera de toda Colombia, digamos, en primer lugar, que no será suficiente que los compatriotas de la EX FARC se congreguen temporalmente y juiciosos en las cuatro hectáreas del campamento de Fonseca, ni que el estado cumpla sus compromisos en ese perímetro, ni que la verificación impecable de las Naciones Unidas en materia de dejación de armas y fin del conflicto sea la prevista en los acuerdos de La Habana; que tampoco alcanzará la simple comprensión pasiva de la sociedad guajira con la vocación pacífica y democrática de quienes estuvieron haciendo la guerra durante casi sesenta años. Es menester, léase bien, construir una nueva democracia activa, con valores políticos diferentes, lo cual significa que la política tendrá que hacerse otorgándole respeto político real y efectivo a la diversidad étnica y cultural. Dicho de manera más pedagógica: que, independiente de los enclenques alcances de la Constitución del 91 y de la gran reforma electoral que clama el país para toda la nación, la sociedad departamental tendrá que consagrarse en la obtención de varios objetivos específicos, entre ellos, proponer, defender y construir un régimen electoral diferenciado para La Guajira. Vale decir, que la actividad que hoy conocemos como "hacer política", tendrá que transformarse en la defensa y permanente promoción de los derechos humanos de toda la sociedad. No de otra forma se alcanzará la paz duradera. Nótese que en esta disquisición pedagógica hemos eludido voluntariamente temas igualmente sensibles para la búsqueda de la paz como son los atinentes a la salud, educación, territorio, minería y ambiente, etcétera.   

 

¿METIDA DE PATA? o FRANQUEZA

¿METIDA DE PATA? o FRANQUEZA.

Por: Armando Pérez Araújo

La respuesta del presidente Santos a la pregunta de un calificado asistente del Foro Económico Mundial ha suscitado una avalancha de críticas, especialmente de quienes tienen el rol de formadores de opinión. Se ha dicho que constituye su peor metida de pata desde que se desempeña como gobernante. Al presidente se le ha linchado desconsideradamente por las que lucen como palabras suyas amenazantes para forzar ilegítimamente el sí por el plebiscito a favor de la paz de los colombianos. No se le ha dispensado a Santos ninguna clase de atenuantes, incluso, en contraste se ha expresado la conmovedora tesis de que en ese mismo tema las Farc han sido más tiernas, prudentes y juiciosas que las desbocadas advertencias del presidente. Quienes descalifican la sinceridad del mandatario hubiesen preferido escucharle que si los colombianos optáramos por declarar inviable la búsqueda de la paz, la guerrilla se cruzaría de brazos a pensar con nostalgia y a punta de canciones y poesías su incierto futuro político, o que saldría despavorida a huir al exterior de las escalofriantes amenazas de la ultraderecha colombiana, o que la pedagogía política del doctor de la Calle y Jaramillo en la Habana alcanzará para eventualmente disuadir a Timochenko para que imparta perentorias órdenes de rendición y sometimiento a sus huestes actualmente asentadas y desprotegidas en las montañas de Colombia. El colmo de la desfachatez e irresponsabilidad de estos opinadores de profesión es haber calificado de terrorista al presidente por haber divulgado que posee amplísima información sobre la tendencia militar de la guerrilla de adentrarse a tirar plomo en las ciudades, en caso de que no prospere este esfuerzo internacional y democrático de buscar la paz de los colombianos. La columnista española, recientemente secuestrada y liberada por la presión de los demócratas, también por la prudencia del gobierno, de la peor forma, de manera irrespetuosa, trató de mentiroso al presidente Santos, y retorció con tanta perversidad y alevosía sus palabras, que dijo que éste lo que quiso decir fue que la vida de los campesinos vale menos que la vida de los citadinos. No hay derecho a tanta perrería a nombre de la libertad de expresión, máxime si se atenta, además, contra las esperanzas internacionales de la paz en un país que lleva sesenta años de guerra.

Claro que es factible que el presidente tenga información amplísima, claro que es su obligación tenerla, claro que es su obligación divulgarla, y qué mejor oportunidad de hacerlo en el Foro Económico Mundial donde se supone que están circunstanciados los representantes y analistas del poder económico empresarial internacional.

Al contrario, es hora de exigirles a los gobernantes total transparencia de la problemática social y que expresen con absoluta crudeza, sin sutilezas, los riesgos de que en esta tarea de arribar a la paz perdurable y sustentable conllevan creerles a los propagandistas de la guerra. 

AL OÍDO DEL GOBERNADOR (2)

AL OÍDO DEL GOBERNADOR (2)

Por: Armando Pérez Araújo

 

En alguna parte del variado y caudaloso volumen de declaraciones públicas del mandatario departamental, desde el arribo a su breve período, pude percibir su razonable temor por lo que podría representar la reapertura de la frontera para la estabilidad social del entorno fronterizo colombiano. No es para menos, habida cuenta de la estruendosa calamidad económica reinante en hermano país y el previsible y obvio desbarajuste de precios que se generaría en el ámbito fronterizo. Lo grave de esa tozuda realidad es que, adicional al sinnúmero de situaciones emanadas de la profunda brecha cambiaria y del terrible desabastecimiento del país vecino, el mandatario paisa y el gobierno nacional tendrán que acatar los instructivos de la Constitución Política, del bloque de constitucionalidad y de sentencias con efectos erga omnes, respecto al ineludible enfoque territorial étnico fronterizo del desarrollo social, político y económico de la zona, máxime si estamos en tiempos de implementación de los acuerdos definitivos de paz que se ven venir, o que llegaron para quedarse, según los cuales no sería dado desconocer y pasar por arriba de los derechos territoriales del pueblo wayuu. Nos parece loable que nuestro flamante gobernante paisa se esmere con anticipación plausible a prever y prevenir la tremenda debacle episódica que se aproxima si es que en Agosto se reabre la frontera.

Pero lo que hemos denominado como bomba tiempo (ver nuestra Bomba de Tiempo 4,www.pensamientocaribe.blogspot.com) es el inminente estallido social, léase, mierdero, que nos espera, si esta parte del país, o mejor, de ambos países, no se pellizcan y atacan la enfermedad por dónde es. De nuestro lado colombiano lo que corresponde es aplicar la Constitución del 91, desarrollarla, en vez de atropellarla de manera vulgar. En materia de derechos indígenas la Carta de navegación se fue hace rato para el canasto de la basura. Nació encaminada a servirle sólo a las camarillas de la politiquería departamental, inclusive, dio lugar al desbordado crecimiento de las fuerzas politiqueras dominantes que hoy hacen y deshacen, contrarias a la suerte e intereses de los nativos. La Autonomía Indígena, por ejemplo, que debería ser la herramienta jurídica para la paz de la región, ocasionó todo lo contrario: generó inimaginable división de la etnia, inclusive, al interior de las familias, y catapultó el más corrupto modelo de esclavitud contemporánea en La Guajira, que avergüenza y tiene en el ojo del huracán a toda la sociedad departamental, diariamente en los remolinos de primeras páginas de la prensa local y nacional. ¡La hecatombe llegó y se quedó, carajo!, es lo que algunos diagnostican y condenan desesperados, pero recordemos que hay una ley inexorable, la política no es la excepción, que dice que “todo tiene un límite en la vida y lo que no tiene bases se cae”.

Que no nos quede duda entonces, señor gobernador (E), que tenemos que empezar a proponer soluciones constitucionales viables y novedosas, respecto a las evidentes ventajas y potencialidades del territorio indígena, en vez de perseguir simples franquicias aduaneras para el comercio, abstrayéndonos de la superioridad del argumento de mayor jerarquía disponible, despreciando los extraordinarios privilegios de la plataforma jurídica wayuu. Ya lo hemos explicado abundantemente: se equivocan quienes pretenden negar que La Guajira es una realidad diferente y que requiere una vía constitucional diferenciada.

 

 

 

 

 

AL OIDO DEL GOBERNADOR (1)

AL OÍDO DEL GOBERNADOR: (1)

El mensaje del gobernador encargado al segundo encuentro de columnistas del Diario del Norte, el viernes pasado, se caracterizó por exhortar al grupo de colaboradores del principal medio escrito a opinar de manera especial sobre la problemática wayuu. Seguramente, lo que clamaba era nuestra ayuda para dilucidar el difícil tópico de gobernabilidad indígena que percibió, a propósito de que el periódico nos convocó para estimular la mayor reflexión posible sobre la grave crisis institucional de La Guajira en términos obviamente generales. A lo mejor, nuestro gobernador paisa entendió, sin mucho apuro y desde un comienzo de su breve encargo, que el componente indígena tiene un importante valor agregado imposible de eludir a la hora de tomar acertadas decisiones administrativas, máxime si lo que se pretende es atajar o morigerar con urgencia la profunda crisis institucional y política de La Guajira y que, además, existe un compromiso del Gobierno Nacional, entre otros, de implementar el Decreto 1953 de 2014 cuyo esencial objetivo es consolidar la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, mientras ocurren los esperados sucesos legislativos para darle desarrollo y cumplimiento al deseo del constituyente de aplicar el artículo 329 de la Constitución Política.
Para no salirnos del tema, doctor Vélez, debemos distinguir entre la cuestión coyuntural del fenómeno mediático de la prensa, la obvia reacción explosiva de las redes sociales y el asunto eminentemente estructural de la profunda marginalidad, pobreza y hambre de La Guajira, de La Guajira Wayuu, que es donde hoy está encuadrada la gran preocupación nacional y la suya como efímero gobernante de turno, sin desconocer lo que ocurre en la otra latitud social. En el nivel no estructural de la crisis podríamos incluir la que hemos denominado corrupción contemporánea, es decir, todo lo que se ha dicho que ocurre en el ICBF, el inservible Sistema de Salud Pública, la politiquería de las entidades territoriales, el fenómeno del niño, los injustos veranos del desierto, etc. Incluso, si quisiéramos, podríamos enlistar en ese rango a todo lo malo que se pueda decir del presidente Maduro y su explicable cierre de frontera, lo mismo que los perversos hábitos electorales de la politiquería nacional que contagiaron y fracturaron con su ejemplo la dinámica del pueblo Wayuu. Imposible, además, eludir a la hora del debate académico el examen de las responsabilidades colectivas, grupales e individuales, aunque ese debería ser el principal reto de los organismos de control, los cuales, dicho sea de paso, también han incurrido en evidente complicidad y encubrimiento, por lo menos en grave omisión de sus funciones. Y si quisiéramos detenernos en el examen de los orígenes de la corrupción republicana, que parecería ser sistémica, estaríamos forzados a encontrar en la médula del despelote institucional a importantes personalidades y partidos de la política nacional. Claramente, doctor Vélez, no se trata de justificar, defender o exculpar a los jefes y grupos políticos de La Guajira, pero sí de contextualizar correctamente el análisis y derivar de ese propósito unas conclusiones serias sobre un tema que indiscutiblemente tiene profundas raíces nacionales.

Empecemos, doctor Jorge Enrique Vélez, reconociendo que el Pueblo Wayuu tiene una basta y compleja territorialidad en Colombia y Venezuela. El municipio de Uribia, que se dice es la capital indígena de Colombia, solamente tiene casi 9000 kilómetros cuadrados de extensión y es la entidad territorial de mayor área y caos en el Departamento de La Guajira. Agreguémosle a esa realidad los índices geográficos y demográficos de Manaure, gran parte de Riohacha, Maicao, Albania, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, principalmente. Y para aproximarnos al verdadero contexto sociológico y su complejidad, digamos que es de tal magnitud el potencial poblacional Wayuu en el hermano país que sólo en la ciudad de Maracaibo existen no menos de setenta populosos barrios habitados por familias de la etnia, aparte del alto número de habitantes de Mara, Sinamaica, Moján, Paraguaipoa, Guarero, Carretal, Guana, Machiques y muchas veredas y rancherías de esta frontera caracterizadamente indígena. Pongámonos de acuerdo entonces en que no es posible analizar unilateralmente la crisis del Pueblo Wayuu si no lo hacemos mirando lo que ocurre en su dinámica binacional, máxime si la singular característica política, cultural y geográfica del pueblo indígena nos obliga a comprender el indispensable contexto integral de la etnia. Eso también explica en bastante medida la generalizada aseveración de que el cierre abrupto de la frontera colombo venezolana en el Zulia, constituyó un quiebre en la economía de la población indígena, básicamente, precipitando lamentables niveles de desabastecimiento, hambre, desnutrición y muertes asociadas a estos dramáticos fenómenos.

 

APUNTES PARA UN DEBATE

Apuntes para un debate:
1- Debemos distinguir entre la cuestión coyuntural del fenómeno mediático de la prensa, sumada la reacción explosiva de las redes sociales y el asunto eminentemente estructural de la profunda marginalidad, pobreza y hambre de La Guajira. Permítaseme hablar sólo de La Guajira Wayuu, que es donde hoy está encuadrado el debate nacional.
2- Dentro del nivel NO estructural podríamos incluir la que hemos denominado corrupción contemporánea, es decir, todo lo que se ha dicho que ocurre en el ICBF, el inservible Sistema de Salud Pública, la politiquería de las entidades territoriales, el fenómeno del niño, los prolongados veranos del desierto, etc. Incluso, si quisiéramos, podríamos enlistar en esa categoría o rango a todo lo malo que se diga del presidente Maduro y su explicable cierre de frontera, lo mismo que los hábitos electorales de la peor politiquería nacional que han contagiado e invadido la mismísima cultura Wayuu.
3- Es imposible eludir a la hora de un serio y profundo debate público el riguroso examen de las responsabilidades colectivas, grupales e individuales, aunque ese debería ser el principal reto de los organismos de control, los cuales, dicho sea de paso, también han incurrido en evidente complicidad y encubrimiento, por lo menos en grave omisión de sus funciones. Y si quisiéramos detenernos en el examen académico de los orígenes de la corrupción republicana, que parecería ser sistémica, estaríamos forzados a encontrar en el cogollo del despelote a importantes actores y partidos de la política nacional. Claramente, no se trata de justificar, defender o exculpar a los jefes políticos de La Guajira, pero sí de contextualizar correctamente el análisis y derivar de ese propósito unas conclusiones serias sobre un tema que tiene raíces nacionales. Ojalá tengamos la suerte que del estudio que haga el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos se desprendan órdenes a las autoridades colombianas correspondientes, por parte de la Comisión o la Corte, las cuales podrían arrojar las luces indispensables para dilucidar mejor las violaciones y enderezar el rumbo.
4- Pero tratemos de llegar al meollo del tema y veamos cual es el problema estructural que más temprano que tarde habrá de abordarse por diferentes caminos para corregir la marginalidad y otros males que terminan en los dramáticos niveles de desnutrición, muerte y la peor degradación de la Dignidad Humana:
4.1 Empecemos afirmando y reconociendo que el Pueblo Wayuu tiene una basta y compleja territorialidad en Colombia y Venezuela. El municipio de Uribia, capital indígena de Colombia, solamente tiene una extensión de casi 9000 kilómetros cuadrados y es la entidad territorial de mayor área en el Departamento de La Guajira. Agreguémosle a la anterior realidad los índices geográficos y demográficos de Manaure, gran parte de Riohacha, Maicao, Albania, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, principalmente. Y para aproximarnos a una idea del contexto sociológico y complejidad del problema, digamos que es de tal magnitud el potencial poblacional Wayuu en el hermano país que solamente en la ciudad de Maracaibo existen no menos de setenta populosos barrios habitados por familias de la etnia ( colombo venezolanas ), aparte del alto número de habitantes de Mara, Sinamaica, Moján, Paraguaipoa, Guarero, Carretal, Guana, Machiques y muchas veredas y rancherías de esta frontera caracterizadamente Wayuu. Pongámonos de acuerdo entonces en que no es posible analizar unilateralmente la crisis del Pueblo Wayuu si no lo hacemos mirando lo que ocurre en su rigurosa dinámica binacional, máxime si la singular característica política, cultural y geográfica del pueblo indígena nos obliga a comprender el indispensable contexto integral de la etnia. Eso también explica en bastante medida la generalizada aseveración de que el cierre abrupto de la frontera colombo venezolana en el Zulia, constituye un quiebre en la economía de la población indígena, precipitando los lamentables niveles de desabastecimiento, hambre,desnutrición y muertes asociadas a estos fenómenos. Digamos que es un error afirmar que esta es la causa más importante del fenómeno de desnutrición y sus peores consecuencias, como lo sería prescindir de ella a la hora del análisis profundo y concreto. Se desprende de lo anteriormente dicho que siendo válido el aserto mencionado, también deberá serlo que antes de que ocurriera el aludido cierre fronterizo el relativo bienestar del pueblo indígena emanaba de las gangas y privilegios originados en la economía y tolerancia venezolanas.
4.2 Hemos afirmado con frecuencia, y ahora con más razón, a propósito de la crisis alimentaria actual, que a La Guajira Wayuu no sólo se le ha negado el goce efectivo de adecuados y eficientes Sistemas de Salud Pública y de Bienestar Social, sino que también de manera increíble la mayoría de sus Derechos Fundamentales Especiales.
4.2.1 Comencemos diciendo, a manera de prefacio, que es simplemente inaceptable, desde la óptica del respeto de los Derechos Humanos Internacionales, que el ser humano Wayuu tenga la increíble y triste necesidad de usar simultáneamente dos cédulas de ciudadanía, una colombiana y otra venezolana, para desenvolverse en uno u otro país, dentro su territorio ancestral. Aquí no hay un simple problema de doble identificación, de falsa identificación, que se prestaría y se presta para todo tipo de irregularidades y conjeturas, mucho menos un saludable ejercicio de la doble nacionalidad, sino un desastroso atentado contra el Derecho a la Identidad Personal, lo cual es sumamente grave, en la medida en que de contera se atropella el Interés Superior del Niño, consagrado internacionalmente como un derecho absolutamente respetable. Consecuente con lo anterior es menester introducir urgentemente una norma binacional consensuada por ambos países para remplazar el histórico adefesio identitario por una Cédula Única Wayuu, de la cual se desprendan derechos y deberes ciudadanos respecto a Colombia y Venezuela, los cuales deberán reglar mediante tratado semejante violación a los Derechos Humanos. De no hacerse voluntariamente, habría que esperar una orden internacional en el mismo sentido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para corregir este primer entuerto estructural y estratégico del Pueblo Wayuu que incide profundamente en la vida de sus habitantes.
4.2.2 A este drama le tenemos que sumar la degradación de la Identidad Colectiva del Pueblo Wayuu proveniente del menosprecio constitucional y desdén gubernamental, circunstancias estructurales que hacen nugatorio el concepto jurídico y político de Pueblo y convierten la la importante etnia en una simple montonera de personas o individualidades diferentes. Nótese cómo indeliberadamente, pero de manera reiterada e inveterada, se hacen referencias a la Comunidad Wayuu para aludir al Pueblo Wayuu. Aparentemente es un tema de retórica política, pero es realmente un asunto estructural y de fondo del funcionamiento de los Estados respecto al tratamiento de sus deberes constitucionales frente a un pueblo de tanta jerarquía sociocultural. Sin adecuar los Estados ( Colombia y Venezuela ) a una razonable modificación, edificada consensualmente con los líderes y jefes de la etnia, será imposible instalar debidamente el respeto a la Diversidad Étnica y Cultural, la Autonomía con todas sus arandelas en materia de Competencias, el Derecho Electoral Propio, el Autogobierno, etcétera.