BORRADOR DE UNA INICIATIVA, AÑO 2022 

Los acuerdos vinculantes con la sociedad local

 Borrador de un documento para discutir sobre Paz, Justicia Social y Ambiental en La Guajira.

Gustavo Petro, Presidente.

 Francia Márquez, Vicepresidenta.

Julio, 2022

Documento elaborado por:

Armando Pérez Araújo

armandoperezaraujo@gmail.com @APerezAraujo 3178313172

 

DESTINATARIOS DEL DOCUMENTO

Es nuestra intención promover la lectura y estudio del presente documento borrador, atendiendo de esa forma la invitación cursada y difundida por el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y la señora vicepresidenta, doctora Francia Márquez Mina, haciéndolo llegar hasta donde sea posible en formato electrónico e impreso a la toda la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, a los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y políticas de La Guajira, y de manera especial a las senadoras Marta Peralta Epieyu e Imelda Daza Cotes y a la Representante a la Cámara Carmen Ramírez Boscán, parlamentarias del departamento de La Guajira, además, visiblemente comprometidas con las diferentes y profundas estrategias de cambio promovidas y defendidas por el nuevo gobierno nacional. De la misma forma se hará todo lo conducente para que estas inquietudes en borrador sirvan para enriquecer y articular el debate civilizado y armónico sobre la suerte de la próxima Guajira que deseamos edificar.

 

 

 

 

 

CONTEXTO Y COYUNTURA

Una cosa es el modelo general de gobierno democrático que se vislumbra se implementará en nuestra Colombia plural, democrática y participativa, en los asuntos de paz, justicia social y ambiental, otra la que deseamos que ocurra respecto al Caribe, que es una de nuestras regiones colombianas con marcada identidad propia y una, totalmente distinta, la que predomina en La Guajira, donde rigen realidades sociales, políticas y jurídicas absolutamente diferentes, además, dramáticas, sobre las cuales haremos las consideraciones puntuales, pensando en lo que hemos cualificado con el nombre de pellejo social de La Guajira. Empecemos entonces llamando las cosas por su nombre y resaltemos lo que se conoce en el mundo del constitucionalismo social universal como el respeto a la diversidad étnica y cultural, cuestión esencial en el caso de este departamento, consagrada en el artículo 7 de la Carta Política y que, en el lenguaje popular de la vicepresidenta Francia Márquez, se acuñó masivamente como el modelo sabroso, que implica reconocer y proteger la respetable dimensión de la vida humana en sociedad, que en crasa filosofía política de la calle equivale a poder vivir en paz y sin miedo. Valga la ocasión para que recordemos que el nuevo mandatario de los colombianos, doctor Gustavo Petro, ha sido explícito y absolutamente comprometido defensor de esa tesis social y filosófica, lo mismo que de los alcances jurídicos y políticos de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, los cuales describen líneas gruesas y nítidas del verdadero Estado Social de Derecho, como que son principalmente fundadas en la autonomía de sus entidades territoriales, vale decir, en la protección y respeto de la dignidad humana, el trabajo, solidaridad de las personas que la integran y prevalencia del interés general, entre otras garantías y derechos reputados como fundamentales.

Por tal razón, si pudiera hablar hoy con el Presidente Petro y decirle al oído algunas recomendaciones sobre las soluciones más urgentes para potenciar la Dignidad Humana de la gente frágil de La Guajira, le diría, como recuerdo que les respondí recientemente a los dirigentes nacionales del Pacto Histórico, Gerardo Ardila y Jorge Rojas, el mismo interrogante planteado por ellos, al momento de finalizar el nutrido cenáculo político de Riohacha, con ocasión de las interesantes y emotivas conclusiones del evento, cuando examinábamos, en vísperas de la elección presidencial de junio, ante ciento sesenta dirigentes y profesionales guajiros, el atractivo e incluyente programa de gobierno del hoy presidente de los colombianos, a lo cual expresaría nuevamente y con el mismo énfasis el siguiente planteo: Señor Presidente Petro, inmediatamente usted se posesione, piense en la posibilidad jurídica de poder declarar especial situación de orden público el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, es decir, que de manera urgente implemente y haga obedecer, obviamente por las vías institucionales, ese importante fallo de la Corte Constitucional, que insólitamente ha sido burlado grosera y sistemáticamente por las autoridades obligadas a cumplirlo, agregándole, por vía de interpretación, al original texto judicial, las añadiduras constitucionales pertinentes, las cuales, a pesar que formalmente tienen vigencia, hasta ahora sólo adornan la fachada retórica de nuestra Carta Política, como son, por ejemplo, los tópicos autonómicos y todo lo concerniente al acceso efectivo al ejercicio pleno de los derechos humanos internacionales. Destituya, si así lo considera su señoría y fuese necesario, a los funcionarios renuentes de su jurisdicción y solicite la aplicación de drásticas y ejemplares sanciones a los representantes legales de las entidades territoriales involucradas y a los de los entes descentralizados involucrados, comprometidos en el desobedecimiento a la citada sentencia. Ahora no podrá ser posible, señor Presidente Petro, que instancias influyentes de la burocracia sigan jugándole sucio a ese trascendental fallo de la Alta Corte, atravesándoseles, incluso, al vigilante rol de la Procuraduría General de la Nación en una materia tan supremamente grave y sensible como es subsanar con seriedad y rigurosidad los efectos de haber demostrado la violación recurrente, masiva y generalizada de los derechos fundamentales y colectivos de todo un pueblo indígena tan importante y numeroso, tal vez el más productivo y dinámico de la sociedad colombiana, que se halla, según el minucioso juicio de la Corte, por debajo de los estándares regularmente admitidos en el resto del país, que fue lo que dio lugar a que fuese declarado el estado de cosas inconstitucional.

También esperamos de usted en La Guajira, señor Presidente Petro, que simultáneamente con el respetuoso pedido anterior, haga cumplir, por las vías institucionales previstas en la ley y la Constitución, los demás fallos judiciales pendientes en el contexto de los abusos de la llamada gran minería carbonífera, especialmente en lo relacionado con la órbita jurisdiccional del gobierno nacional y de las otras dependencias oficiales bajo su mando y tutela presidencial, respecto a casos de justicia social y ambiental emblemáticos, como lo constituye el insólito ataque y destrucción ilegal del corregimiento de Tabaco, entre otras violaciones igualmente graves de desplazamiento forzado por el desarrollo minero, incluyendo el desesperado y estertoroso intento de última hora del actual gobierno de colaborar con la empresa turca BCC en el exterminio de las posibilidades turísticas y de agua de los manantiales de Cañaverales.

Dicho lo anterior, comencemos entonces por uno de los temas principales y de más prioridad y gran significación: Las relaciones con Venezuela: No tenemos ninguna duda de que las relaciones con la hermana República Bolivariana de Venezuela serán una enorme prioridad para este próximo gobierno popular y democrático, sin embargo, es menester resaltar que el presidente Gustavo Petro ha dicho y reiterado, que entre todos los asuntos relacionados con la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, serán precisamente los pertenecientes a La Guajira-Zulia, los primordialmente tenidas en cuenta por aquello de las garantías territoriales inherentes a los individuos y diferentes pueblos indígenas allí circunstanciados, especialmente el impacto sobre la vida del populoso pueblo wayuu, respecto a los cuales existen diversos derechos amenazados y/o vulnerados, especialmente aquellos relacionados o atinentes a los parámetros de la autonomía, la estabilidad del crecimiento natural de la economía fronteriza, lo mismo que respecto a la urgente normalización de los inverosímiles desórdenes administrativos respecto a los derechos de Identidad Personal e identificación, que afectan la Dignidad Humana de todo un pueblo y distorsionan la calidad de vida personal y colectiva de los habitantes de la congestionada frontera. Señor presidente y señora vicepresidenta, hemos querido resaltar lo relacionado al fundamental derecho a la Identidad Personal porque se trata de un asunto supremamente sensible y delicado, que ha estragado durante muchos años la respetabilidad de la identidad colectiva de los habitantes de frontera, con sus graves consecuencias sociales en otros frentes. Necesitamos entonces encontrarle solución jurídica a este complejo asunto binacional, mediante la firma de un instrumento internacional, dado que su peculiar dinámica fronteriza, afecta la dignidad humana individual y colectiva, inclusive, desde el crucial momento inmediatamente posterior al nacimiento de niños wayuu, que es cuando se obstruye y perturba de la peor forma el trámite y expedición legal del Registro Civil de nacimiento, y otras veces, que también resulta igualmente grave, que ocurre cuando el ciudadano o ciudadana wayuu, que necesita transitar desde Colombia para Venezuela y viceversa, que también lo es su espacio territorial étnico, porque tiene que atravesar y moverse en la artificial frontera binacional, repito, su territorio ancestral, no encontrando otra salida que valiéndose de un falso Registro Civil de nacimiento expedido ilegalmente por la autoridad de la nación vecina y de ese infrahumano encasillamiento acceder a la falsa identidad personal y, peor que eso, socorrerse en la doble identificación personal, claramente presionado y determinado por la increíble y reprochable carencia de las mínimas garantías estatales por parte de las autoridades civiles de ambos países hermanos. La aberración anterior se ha venido convirtiendo en una práctica humillante y consuetudinaria para el ejercicio de la ciudadanía wayuu, es decir, en una especie de contemporánea esclavización que es indispensable revisar y erradicar ahora en este gobierno democrático, evitando que los habitantes nativos de esta parte de la frontera con Venezuela tengan que seguir portando dos cédulas diferentes, dos licencias de conducción con información personal obviamente diferente, y así sucesivamente.

Transición Energética y Respeto de los Derechos Humanos: Sabemos del entusiasmo del señor Presidente, el cual compartimos plenamente, para rodear de garantías y de la mayor celeridad y seguridad posible la transición energética del país y de su compromiso con la consecuente descarbonización de la economía, que también constituye una bandera de la mayoría de los colombianos y de la totalidad de los integrantes de Causa Caribe. No obstante, digámoslo con total franqueza, tenemos que expresar que dichos proyectos eólicos en territorio indígena, tal como están planteados y autorizados en la geografía de la península guajira, son perjudiciales e inconvenientes para las comunidades nativas, incluso, para la suerte económica de las empresas nacionales y extranjeras irresponsablemente invitadas para tan importante y costosa aventura económica, lo cual arriesga la reputación internacional del país ante el mundo de los inversionistas. Hemos advertido que no tienen nada que ver las antedichas descalificaciones con la importancia que reconocemos sí tienen tales iniciativas, consideradas como que son un ineludible Mecanismo de Desarrollo Limpio, conforme a las directrices ecológicas y estímulos éticos contemplados en el Protocolo de Kioto y en los compromisos del Acuerdo de París. En primer lugar, conviene que recordemos que las 45.000 hectáreas del Resguardo de la Alta y Media Guajira, espacio territorial étnico en donde se pretende acomodar a la brava, por lo menos 65 parques eólicos proyectados, son ABSOLUTAMENTE AJENAS y privadas, por tanto, no existirá ninguna posibilidad de abrir discusión alguna sobre si esas son o no son tierras ajenas. Son ajenas y punto, es decir, no son tierras baldías de la nación, ni son ejidos, ni cosas por el estilo, mucho menos son un potrero público como es lo que se les ha considerado en la cuestionable práctica. Adicionalmente, admitamos que son espacios socioeconómicos y geopolíticos, reconocidos y protegidos por la normatividad superior interna y por el bloque de constitucionalidad, lo cual significa, en simple y elemental lenguaje castellano, que lo que a la mayor velocidad viene ocurriendo en el mencionado territorio indígena fracturado, de la mano irresponsablemente protectora y cómplice del Estado colombiano, es una monumental infamia contra la estructura territorial de la etnia wayuu, sumada a desposesiones históricamente infligidas contra la propia autonomía del importante pueblo indígena, las cuales vienen ocurriendo impunemente, agregadas a las violaciones constatadas en la sentencia T 302-2017, de la Corte Constitucional. Ello es más grave si sucede, como evidentemente ha venido aconteciendo, es decir, a la mayor velocidad posible, de manera zigzagueante y sistemática, comandados por las poderosas empresas interesadas y guiados por las principales autoridades nacionales del estado y también por las locales, incluso, por instituciones parapetadas detrás de sofisticadas nomenclaturas de amañadas atribuciones ambientales, disfrazadas de competencias logradas a punta de inteligentes maniobras publicitarias y del obvio apoyo inmoral e irresponsable de la prensa, consumando así la susodicha y punible invasión de tierras como perteneciente a respetables inversiones nacionales y extranjeras que dicen traerán progreso al departamento de La Guajira y especialmente al territorio indígena sediento y olvidado. Ni lo uno ni lo otro. Más temprano que tarde se desnudará el entuerto jurídico y social, quedando en evidencia el punible despropósito y la maldad.

Por esa potísima razón resulta forzoso concluir que es indispensable revisar el tópico relacionado con la invasión estatal de tierras ajenas y sus repercusiones sociales, ambientales y jurídicas, sobre las cuales se pretenden invertir, léase arriesgar, millonarios recursos con el controvertible propósito de atraer el desarrollo de energías limpias y de contera hacer creer que de esa forma se favorecen los intereses económicos de importantes empresas colombianas y extranjeras. Es un hecho incontrovertible que la Constitución Política nuestra ha perdido vigencia social en La Guajira, adicionalmente también es cierto que bajo su égida el territorio étnico de la Media y Alta Guajira ha sido objeto de la peor y más irrazonable balcanización, ahora utilizando el deleznable pretexto dizque de contribuir con la transición energética. Transición energética sí, pero no así. Es esa la discusión. Miremos, entonces con el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta doctora Francia Márquez, qué podemos hacer a estas alturas.

Democracia y Gobernanza Territorial: Tal como lo contempla el punto 4.1 del programa del presidente Petro, constituye su anhelo gubernamental como el nuevo modelo del Estado Social de Derecho colombiano el acápite sobre Democracia, Gobernanza Territorial y Progreso Económico para una sociedad en paz, lo cual significa que esta vital materia para La Guajira tendrá todo el decidido respaldo del nuevo gobierno, haciendo que este asunto sea clave en la mirada que tenemos para la indispensable estabilidad diversa y profunda de la sociedad que pensamos. Nos gusta supremamente la idea del presidente Petro de democratizar las diferentes oportunidades de progreso económico, dejando a salvo, claro está, el mandato constitucional referido a diferenciar territorialmente los espacios indígenas y los no indígenas, en un departamento en donde la diversidad es evidente.

No nos gusta la idea de quienes tienen el codicioso proyecto de manejar desde la ciudad de Barranquilla los asuntos de La Guajira, amparándose en lo que la ley 1962 del 2019 prevé con el sugestivo nombre de RET, Región Entidad Territorial, instancia que pasaría por encima de las expectativas previstas para las entidades territoriales de La Guajira, en este caso, los territorios indígenas, los municipios económicamente más importantes, incluso, el Departamento, en términos de autonomía por la Constitución Política. Nos consta que ese esperpento viene caminando, pero he ahí la importancia de estos debates bien informados.

Al contrario, quisiéramos que el gobierno nacional que comienza examine la posibilidad de promover la iniciativa de un Estatuto Constitucional para la sociedad wayuu que contemple como sería apenas natural y obvio la opción autonómica constitucional del artículo 287 de la Carta, es decir, volver una realidad jurídica y administrativa lo establecido hace treinta años en la Carta para las entidades territoriales indígenas de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales, lo cual, lógicamente deberá manejarse con la gradualidad razonable y de conformidad con el respeto de los usos y costumbres y de las demás normas que los protegen. La discusión será interesante y ardua, aunque muy bien respaldada porque sabemos que el nuevo gobierno está interesado en construir, según está dicho con sus propias palabras, “un sistema de ordenamiento y gobernanza territorial integral, democrático e intercultural que reconozca a quienes nunca han tenido, impulsando la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como instrumento integral de protección del territorio, entendiendo a éste como un ser viviente desde una perspectiva biocultural, que se nutre de tradiciones, saberes ancestrales y el conocimiento de los pueblos originarios, negros y campesinos, respetando la gobernanza y la autonomía de cada pueblo en particular. Esta LOOT deberá incluir y garantizar, entre otros temas, el fortalecimiento y articulación de los resguardos y entidades territoriales indígenas, los consejos comunitarios mayores (Ley 70/93) y las territorialidades campesinas”. (texto resaltado en cursiva extraído del programa de gobierno). No tenemos ninguna duda que éste será el plato fuerte del nuevo gobierno nacional, el más histórico y complejo de todos, dentro de las variadas y profundas discusiones que se avecinan en el seno de los Acuerdos Regionales Vinculantes para La Guajira, después en el Congreso de la República. También, que será lo más importante, de las tantas expectativas que se tienen del próximo gobierno, alrededor de la suerte de la próxima Guajira, en términos de respeto a la diversidad, incluso, de la pervivencia de la etnia wayuu.

El Comercio de Maicao, breve Contexto Histórico: para los efectos del asunto especial del comercio, resaltemos que el Pueblo Wayuu es el titular universal de los derechos territoriales de la Alta y Media Guajira, incluyendo la actividad y dinámica de los puertos tradicionales, trochas y caminos, lo mismo que del espacio geopolítico de la zona fronteriza colombovenezolana, asuntos sobre los cuales hoy en día ya no hay discusión ni duda alguna. Recordemos que desde la llegada de los llamados turcos a Maicao los indígenas han sido sus fraternales anfitriones, en las verdes y en las maduras, es útil resaltarlo. Sobre eso tampoco cabe la menor duda, porque también es absolutamente cierto que los siriolibaneses o turcos de Maicao, como se les cataloga respetuosa y afectuosamente, han demostrado su mejor propósito de querer articularse y asociarse con los nativos de la penínsu1la, especialmente, respecto al manejo 1del comercio con los wayuu comerciantes, considerados, insisto, dueños del territorio estratégico local. Por estas razones consideramos que es indiscutible y muy importante reconocer el rol de los turcos en el crecimiento y desarrollo del comercio de Maicao, vale decir, en aquello que podríamos calificar como la suerte económica de La Guajira, en la que podríamos afirmar que han sido imprescindibles. Desafortunadamente, el comercio de Maicao, como quien dice la gallina de los huevos de oro de los turcos y guajiros ha comenzado a tambalear, entre otras poderosas razones, por la insólita desconsideración que han tenido y siguen teniendo las diferentes autoridades nacionales y locales con el respeto que se merece la territorialidad étnica del Pueblo Wayuu. Indudablemente las garantías del territorio indígena están comenzando a ceder y a resquebrajarse, muchos no se han percatado de ello todavía, otros se hacen los pendejos, incluso algunos comerciantes importantes, mientras que los autodenominados jefes políticos, empujan hasta el precipicio el tren de la hecatombe a favor de la desposesión territorial de los Derechos Humanos del Pueblo Wayuu. En todo caso, es indiscutible que algo muy grave y negativo sucede en términos de la galopante desterritorialización de La Guajira indígena, por supuesto de las bases del comercio histórico de toda La Guajira, asunto que estamos seguros será de la mejor forma atendido por el nuevo gobierno popular y democrático. Agreguemos a lo anterior, aunque ya está expresado en otro ángulo de este borrador de documento básico de discusión, que fenómenos como los de más de sesenta parques eólicos en la Alta y Media Guajira, que impactarán, repito, alrededor de trecientas comunidades wayuu, lo mismo que la natural funcionalidad y operación de los puertos tradicionales, vías, movilidad y fronteras indígenas, es obvio que claramente repercutirán en la vida del turismo y del comercio de Maicao, quiere decir, en la suerte de La Guajira, por tanto deberían alertar al pueblo wayuu, también a los turcos, que serían, no hay duda, víctimas del primer nivel de la misma masacre económica, advertida y anunciada. Elemental y obvio es inferir que ahora los turcos de Maicao, los afros y demás actores sociales de La Guajira, se enderecen a favor de la defensa propuesta por el gobierno del territorio wayuu, vale decir, el espacio político de sus socios o aliados naturales. Finalmente, podríamos concluir diciendo que el gran problema de los turcos, mejor dicho, del comercio de Maicao, también de los paisas que ocupan un destacado lugar en el comercio de La Guajira, incluso de la nueva comercial Uribia, la capital indígena colombiana, de toda la sociedad wayuu, es decir, de la totalidad de la ciudadanía guajira y de gran parte del caribe colombiano, es que este vertebral asunto de la economía no ha sido correctamente diagnosticado. Los diferentes gobiernos han sido torpes en el manejo de sus responsabilidades, los líderes turcos y los demás líderes no han tenido la puntería correcta en la adecuada orientación jurídica y política del fenómeno. Los líderes indígenas menos la han tenido, al contrario, ellos han sido desconectados o ignorados de las grandes discusiones nacionales y locales respecto a la suerte del comercio de Maicao, en otras palabras, el componente jurídico constitucional indigenista ha sido desaprovechado o desperdiciado por los comerciantes de una u otra filiación o grupo. Aquella sociedad natural original entre comerciantes turcos, paisas y demás grupos o sectores establecidos en el comercio tradicional de Maicao con el Pueblo Wayuu, no ha funcionado como debe ser por diferentes causas, pero la principal ha sido la discriminación territorial con el dueño del aviso, que quiéranlo o no sigue siendo el Pueblo Wayuu, inevitablemente. En diferentes ocasiones hemos recurrido al ejemplo de que los defensores del comercio de Maicao, argumentativamente, aducen en sus reclamaciones sociales como las causas de los peores impactos negativos, las erradas medidas aduaneras del gobierno contra la población nativa, por ejemplo, las consecuencias en el desempleo que se generarían en el ámbito de coteros y caleteros del puerto indígena, porque efectivamente son ellos los que cargan y descargan barcos y camiones, además, porque son la parte más numerosa de la nómina de choferes de camiones y de las llamadas camionetas moscas que son los que hacen el rol de la contrainteligencia a las autoridades aduaneras o de policía, y los que juegan a las escondidas peligrosamente, sin la respectiva y adecuada normatividad que les asegure la protección constitucional al trabajo legítimo. Dicho de manera simple, la visión que históricamente se ha manejado en las reclamaciones y discusiones de este crucial e importantísimo problema, no ha sido la legítima e indiscutible cuestión constitucional del Pueblo Wayuu, sino la de considerarlo circunstancialmente como una simple población colectiva de individuos indígenas con enredos aduaneros y policivos, sin la connotación especial que tiene en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por si acaso resultare necesario para reforzar la tesis expuesta con antelación, me permito transcribir los artículos V y VI de la DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS que dicen: «V. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos humanos».  «VI. Derechos colectivos. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas.»

La gran minería y algunos interrogantes sobre la explotación y el Cierre de Mina de Cerrejón: los temas de la gran minería en el país y especialmente de los prospectados como nuevos grandes proyectos de la minería, hacen parte una plataforma gradual relacionada con la transición energética. No tenemos aún los elementos de juicio para referirnos a esos nuevos proyectos, salvo a la poca información disponible respecto al caso de Cañaverales y la empresa turca BCC. Otra cosa es lo que constituyen los temas judiciales pendientes de la actual gran minería del Cerrejón, asuntos que ya hemos dejado claro al principio del documento, que no son temas completamente gubernamentales, pero que un gobierno del corte ideológico del próximo de Petro y Márquez, es posible que sea exitosamente abordado, por las connotaciones que tienen en materia de equidad, justicia social y ambiental. En cuanto al tema contractual denominado cierre de la mina, debo registrar y recordar que por iniciativa de directivos de la revista Pensamiento Caribe nos reunimos virtualmente César Arizmendi Morales, Eduardo Lozano, Martín Rafael López González, Armando Valbuena, Jesús Rafael Gamarra Luna y el suscrito para conversar sobre lo concerniente a dicho evento futuro y próximo. El propósito fue elaborar una ruta metodológica y de contenidos para que el tema del cierre de la mina lo pudiéramos manejar con la mayor propiedad intelectual y periodística. Puedo decir que todos cumplimos con nuestro granito de arena para colocar el primer ladrillo de un exigente edificio que ese día, a mano alzada, y sin que ese fuese el propósito de la reunión, hicimos una especie de maqueta ideal, en beneficio de La Guajira, de la gente de La Guajira. Me tocó tomar nota de las diferentes exposiciones, porque tuve ese rol de moderador, de que una gran conclusión de esa tertulia virtual fuera la de que para cuando sea el día del esperado cierre, en el 2033, deberíamos tener planeado todo para encontrarnos con la Gran Oportunidad de transformar La Guajira. Hablamos mucho de la ecología, del paisaje, de los bienes y servicios ambientales, de los ríos y arroyos, de los trabajadores, de los indios y de los negros, de las tierras, del territorio étnico afro e indígena, de los puertos y aeropuertos, del ferrocarril, de las fronteras, del comercio, de hacer leyes y decretos apropiados y pertinentes, incluso, hablamos de la necesidad de realizar un nuevo examen de constitucionalidad social. Hablamos mucho sobre lo que significa e implica para los colombianos y particularmente para la suerte de La Guajira que de conformidad al contrato respectivo todos los bienes importantes del proyecto Cerrejón deben pasar a la órbita administrativa de la Nación. Debo decir que de todo lo dicho en esa reunión de soñadores me quedaron sonando muchas cosas, pero hubo algo, expresado con la mayor naturalidad y propiedad por César Arizmendi Morales, que tenía que ver con poder convertir el atractivo Campamento Mushaisa y otras instalaciones extraordinarias de la gigante mina, en el principal complejo tecnológico y universitario del país, dotado de muchos componentes que no se hallarían en cualquier otra universidad estatal colombiana. Posteriormente a dicha reunión, hice al respecto una llamada a mi amigo, columnista y uno de los Consejeros de la Revista Pensamiento Caribe, Gerardo Ardila, Director del Centro de Estudios de la Universidad Nacional, hombre de Universidad de toda la vida, experto también en los intríngulis de la planeación pública, además, un cachaco conocedor de los asuntos sociales de La Guajira. Con él tratamos la posibilidad de escuchar a un par de especialistas internacionales y también la necesidad de investigar la probabilidad de cómo podría ser una buena idea aprovechar la experiencia de Costa Rica con la Universidad para la Paz, la cual está en manos de la ONU desde 1980. Personalmente, aquella iniciativa de reunirnos, dejó la sensación de que se pareció mucho al trámite de un Acto de Constitución, o Acuerdo de Intención, sobre la promisoria suerte de La Guajira Próxima, palabras más palabras menos, respecto a un sueño que podemos materializar con la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la dirección del estado. Tengo la sabrosa sensación de poder imaginarme en un inmediato futuro a la vicepresidenta y Ministra, doctora Francia Márquez Mina, rodeada de expertas en asuntos universitarios, como la senadora Imelda Daza Cotes y Remedios Fajardo, defendiendo el funcionamiento de una gran Universidad Pública para la Implementación de la Paz, funcionando en lo que antes fueron los territorios afrocolombianos e indígenas del sur de La Guajira. Ello sería un buen primer paso y la gran oportunidad para canalizar algunos pendientes del Acuerdo de La Habana. De igual manera sería un buen ejercicio del gobierno del Presidente Petro ir pensando en la estrategia de implementar, dentro del actual inventario de tierras no mineras disponibles del Cerrejón, mientras llega el año 33, provisionalmente, y después del cierre de la mina, hacerlo de forma definitiva, el establecimiento de grandes granjas solares que fuesen necesarias para producir la energía indispensable para asegurarle a la región caribe y a La Guajira un nuevo giro social y económico.

Represa del Ranchería: sabemos de la importancia la importancia que tiene y la ha que se le ha concedido a la Represa El Cercado o del Ranchería, por las tremendas expectativas que se han suscitado y por las grandes decepciones y frustraciones que se han despertado en su ya largo camino de construcción y entrega en funcionamiento. Dado que es casi imposible hacer algo diferente a terminar lo que está contractualmente previsto, consideramos que la principal discusión que valdría la pena estimular ahora sería la de la viabilidad técnica y ambiental de los diseños acordados. Preocupa, por ejemplo, que Planeación Nacional haya frenado la obra por algunas consideraciones que atañen a los diseños, aparentemente defectuosos. Es conveniente advertir que las represas mal hechas, en similar, a veces peor dimensión que la misma minería, pueden resultar ecológicamente más desastrosas para la suerte de las comunidades vecinas que la falta de agua requerida, especialmente para el agro, río arriba y río abajo.