domingo, 5 de diciembre de 2010

La Política Agropecuaria (Por Salomón Kalmanovitz)

LA POLÍTICA AGROPECUARIA
Por: Salomón Kalmanovitz
La política agropecuaria de Santos rompe con la de su antecesor, pero no tanto.
La ruptura tiene que ver con medidas que pretenden frenar el desplazamiento de 750.000 familias ocurrido en los últimos 20 años y ofrecer la posibilidad de restituirles sus tierras mediante una ley que ya pasó por la Comisión Primera del Senado. El sentido racional que la orienta es el saneamiento de los derechos de propiedad sobre el suelo, descompuestos por el conflicto y la captura del notariado y de parte de las agencias públicas agropecuarias por el crimen organizado.
Sin ese saneamiento se dificultan las grandes inversiones, nacionales y extranjeras, contempladas en el desarrollo de la altillanura colombiana, desde Casanare hasta el Vichada, pasando por el Meta. El gobierno de Santos continúa con la política del anterior gobierno en este sentido: se trata de replicar la experiencia del cercado brasileño, basado en enormes propiedades, que convirtió a ese país en uno de los grandes exportadores de alimentos del mundo. Ello requirió un profundo desarrollo de sus instituciones de ciencia y tecnología como política de Estado por más de 30 años.
No ha sido acompañado este proceso en Colombia por el fortalecimiento de los programas de doctorado en ciencias básicas —biología, geología, química y física— y de las ingenierías aplicadas que serían necesarias para enfrentar problemas en la calidad de los suelos, plagas, malezas y regímenes climáticos extremos. Es más grave aún la situación por el deterioro de las instituciones de investigación y extensión, clientelizadas en los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe.
La diferencia con el modelo brasileño es que acá se trata esencialmente del desarrollo de los biocombustibles, aceite de palma y etanol de caña y de yuca, más otros cultivos de plantación como el cacao y el caucho. El Gobierno se propone levantar la restricción en la otorgación de baldíos a una Unidad Agropecuaria Familiar (UAF) y dejarla ilimitada.
La base de la política uribista fue la de otorgar un mercado cautivo y costosos subsidios, que todavía estamos pagando los consumidores de gasolina y diésel a los productores de caña y palma africana. Este último cultivo ha tenido una expansión notable en Nariño (Tumaco), Chocó y Urabá, exponiendo la presencia de algunos empresarios violentos. Es aparente que el desplazamiento y la apropiación de tierras comunitarias de afrocolombianos para sembrar de manera atolondrada palma como monocultivo, en territorios demasiado húmedos, condujo a la invasión de plagas y hongos de difícil tratamiento. ¿Los habrá castigado el cielo que no la justicia?
Por el contrario, los modelos campesinos de palma, combinados con siembras de pancoger del padre Francisco de Roux, y las asociaciones entre grandes empresas y campesinos del Magdalena Medio han desarrollado un territorio más adecuado para el cultivo y han sido menos nocivas socialmente.
Como lo ha expresado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se ha tratado de una política basada en subsidios (para los ricos más atrasados, agregaría) y no en la provisión de bienes públicos, que es lo que se propone cambiar. Éstos incluyen laboratorios para certificar la calidad de alimentos de exportación, difusión de las mejores prácticas agrícolas y pecuarias, análisis de suelos y semillas mejoradas que rindan más en las duras condiciones del trópico.

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