Los errores de la derecha, según Sebastián.

Por Armando Pérez Araújo

Recientemente los medios de comunicación y la opinión política colombiana fueron estremecidos por una carta política muy bien jalada de un ciudadano común y corriente, emprendedor del negocio de hacer hamburguesas, que confiesa no ser político ni opinador controlado por empresarios políticos, lo que ya es una gran ventaja en términos de independencia, que revela, hay que admitirlo, que es justo que se le reconozca como buen observador y mejor analista político, a quien se le está promocionando y publicitando por los medios masivos como el gran descubridor del agua tibia en su reciente rol de pensador electoral. Sin quitarle méritos a su obra diagnóstica, menos que sus principales fuentes son los pequeños grupos de estudiantes de La Libre y los meseros de su negocio de comida, con los que diariamente echa carreta sobre la situación política y social del país, llama profundamente la atención que uno de sus principales descubrimientos fue que la oposición colombiana se ha anclado en la inamovible aseveración o predicción de que Petro se caerá antes del 26, o que, a más tardar tal día del mismo año lo derrocarán o lo derrotarán estruendosamente, unos juran que ello ocurrirá electoralmente en marzo, otros menos optimistas que no pasará del mes de junio, en fin, dice que los opositores de Petro dicen cosas, con admirable convencimiento, como si ellos conocieran la próxima historia de Colombia y que esta fuese una especie de línea recta, además, como si ellos, los miembros de la anclada y estulta oposición, puedan adivinar que lo que vendrá para la suerte del país será la resucitación del anacrónico modelo político anterior al del presidente Gustavo Petro. El primíparo y popular analizador, que sorpresivamente fue fichado online por el acreditado noticiero de Julio Sánchez Cristo, responde al nombre de Sebastián Sanint, quien, sin hacer el mayor esfuerzo intelectual, ni ejercicio estadístico alguno, infiere que tremenda estupidez de la derecha política es sólo comparable a la ceguera de los opositores de Petro, a quienes éste calificó de neofascistas del Congreso de la República, porque se opusieron a la reforma laboral propuesta y defendida por el gobierno nacional. Según la revelación del popular personaje, la oposición de hoy no tiene ningún relato, ni siquiera cuenta con proyectos, ni mucho menos nortes, sólo tiene rabia, viudez del poder y un poco de disciplina, en el caso de los llamados uribistas, pero que hoy se halla íngrima, escuálida como dijera el presidente Chávez en algún momento. Según él, el analista Sebastián, los opositores al gobierno convergen en que Petro es simplemente una anomalía que se corregirá en las urnas y, algo peor, los califica simplemente como pequeños grupos y líderes que se venden al mejor postor, que practican el vacacional y ocasional deporte de ejercer la oposición, mientras negocian contratos, su verdadero oficio, que son personas que no convencen, porque no proponen, ya que todo lo de ellos es mera reacción, nada les huele a propio, insiste, mientras tanto, protestan porque Petro juega con los cargos y la chequera del gobierno, como si eso les pareciera extraño y raro en la política colombiana, o, porque domina el miedo y administra la esperanza, y dizque porque tiene el monopolio del relato del cambio, porque habla del campesino, de justicia social y reconocen que Petro tiene discurso. Al presidente lo acusan de tener aliados como Armandito y Roy, imposibles de defender en público, pero imposibles de derrotar en campaña, como si ellos, los hoy pulcros opositores, jamás hubiesen contado con ambos como parte del grueso de las huestes de las que ellos han sido sobresalientes soldados. Finalmente, al parecer, a los opositores en su ceguera les importa un sieso su condición de excorruptos de la política.

Araújo, sí es presidenciable

 

Cuando me dicen que Araújo sí es presidenciable, o cuando me expresan, por ejemplo, que con Araújo sí es posible, así en tono afirmativo y certero, que son las frases que hemos escuchado frecuentemente de labios de colectivos colombianos de diferentes niveles y rincones de la sociedad nacional, inmediatamente entendemos que se están refiriendo a la coherencia, solidez y preparación académica del precandidato, yo prefiero decir candidato, Jaime Araújo Rentería, incluso, a su potencialidad política y arraigo popular de sus trascendentales tesis sobre el funcionamiento constitucional del Estado, así no aparezcan las evidencias estadísticas en algunos ejercicios de las empresas encuestadoras. Lo que ocurre, en todo caso, en cada escenario intelectual, académico, indígena, de gremios de trabajadores o pensionados, de comunidades afrocolombianas, de víctimas, de empresarios, en espacios de jóvenes y mujeres, con la viabilidad presidencial del ex magistrado de la Corte Constitucional, es un poco parecido al explícito sentimiento seudo religioso denominado Vox populi, vox Dei, claro, obviamente moderado y regulado, en cierta forma guiado por la razón, como recientemente fue introducido y explicado por el propio candidato presidencial a propósito de una tesis suya, cuando hablaba del temor que las izquierdas y derechas, insensatas, le guardan al fantasma que ven en el poderío político de la palabra pueblo. No hay duda, pues, que Araújo es presidenciable. Aunque nuestra intención no pretende descalificar a nadie, es inevitable que algunos se sientan aludidos y aludidas.

En todo caso, el planteo nuestro, hasta aquí, quiero que nos sirva para denotar que una de las fortalezas del ex presidente de la Corte Constitucional, a la par de sus ejecutorias jurisprudenciales y a lo bien fundamentado de su discurso académico en los diferentes estadios de la sociedad colombiana, es que ello es totalmente distinto de lo que ocurre con los dimes y diretes del ochenta por ciento de los precandidatos zambullidos en los albañales de la corrupción, de traiciones, conspiraciones, grabaciones, juicios, videos, degradación del vocabulario institucional.  Araújo, está en lo que está, en lo que siempre ha estado, por ejemplo, defendiendo el grueso asunto de los derechos, del acceso de los derechos en temas como los de una reforma agraria, como tiene que hacerse y está consagrada en el Acuerdo de la Habana, asuntos como los de una profunda reforma política como los plantea en los escenarios de las universidades públicas y privadas, en los sindicatos, en fin, Araújo Rentería, aprovecha cualquier posibilidad para incidir positivamente a favor de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter popular. Recientemente, conjuntamente con un grupo de ciudadanos, planteó la necesidad de consultarle al soberano la viabilidad constitucional y legal de la realización una Asamblea Nacional Constituyente con el visto bueno o beneplácito del pueblo colombiano, postura que le granjeó un inusitado apoyo y respetabilidad de los sectores académicos, salvo el desconcertante y lambón trino de un exministro de justicia del gobierno anterior, en el que dijo que esa solicitud del doctor Araújo Rentería era una especie de propuesta a un golpe de estado. Uno comprende que haya gente del común diciendo sandeces por las redes, incluso, gente que quieren posar de presidenciables pidiéndoles a los gringos intervención militar para sacar a Petro, lo que uno no comprende es cómo un bárbaro que sostiene eso que sostuvo el susodicho ex ministro, con el único prurito de atacar un mecanismo de participación democrática, haya podido acceder a tan importante dignidad, Ministro de Estado.

¿Simplemente por ser ciudadano venezolano?

Por Armando Pérez Araújo

El caso de Guillermo Armando Carrero, ciudadano venezolano, conductor y propietario de una gandola transportadora de pescado, desde Venezuela a la capital de Colombia, es posible que sirva para transparentar un fenómeno que no debería explicarse con las luces grises de leyes y jurisprudencias inaplicadas, mucho menos que permanezca archivado en los anaqueles de insensibles tribunales y cortes. Creemos que es hora que trascienda a la opinión pública, incluso, que sea destapado y juzgado internacionalmente. 

Al ciudadano venezolano de esta historia lo enredaron innecesariamente en un injusto procedimiento aduanero, propio de esas cosas que suelen suceder habitualmente, como si fuesen parte del normal paisaje burocrático de tantas trabas y vagabunderías que se pasan por la faja principios constitucionales esenciales de la dinámica social de los dos países hermanos. Gente que cree es ajena, que no tienen nada que ver con la obligación emanada del preámbulo de nuestra normatividad superior que los obliga a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Desde que empecé a conocer este caso, y por más que me he esforzado en encontrar razones aduaneras propias del oficio de los encargados de este tipo de procedimientos, incluso, escarbando en las probabilidades de un error derivado de la equivocabilidad humana o en la equivocidad natural de las autoridades, no he hallado nada diferente a que lo que le sucedió a este honrado trabajador de la respetable economía binacional fue por el simple hecho de que él era un ciudadano venezolano u otra razón de estirpe diferente, o porque lamentablemente cayó en manos inapropiadas de funcionarios constitucionalmente desadaptados, atacados por el síndrome de atropellar al real o aparentemente indefenso o vulnerable, una especie de bulling o típico complejo de inferioridad que opera en algunas situaciones de frontera.

Lo concreto es que al patriota venezolano de esta cruel historia lo contrataron en Maracaibo, lugar en donde se hallaba la comestible y ética carga congelada, para transportar en su tractomula refrigerada una cantidad aproximada a treinta toneladas de pescado, con destino a la ciudad de Bogotá. Consideró su deber, además de suscribir las reglas del viaje y el valor del flete con la firma del respectivo Contrato de Transporte de carga, obtener y llevar consigo los documentos inherentes a las obligaciones aduaneras y las atinentes a las obligaciones del transporte internacional por carreteras, acopiando la rigurosa documentación entregado por el Importador, la empresa internacional de carga y el Agente Aduanero. 

Cumpliendo con las indicaciones correspondientes, en territorio colombiano, jurisdicción de Maicao, ingresó el vehículo con su carga a los patios de una especie de Depósito Aduanero Autorizado denominado Cabo de la Vela. Allí, los encargados de la DIAN, Seccional Maicao, realizaron un procedimiento rutinario, encontrando que la carga del pescado estaba mal clasificada, vale decir, que los nombres de los productos hallados en los respectivos embalajes no correspondían a las denominaciones o clases descritas en los documentos de la carga. La discusión, hasta ese momento, era simple, es decir, si había que decomisar el pescado u ordenar la corrección de la clasificación, que era lo más razonable, y en consecuencia corregir la liquidación respectiva para los fines eminentemente tributarios y fiscales. Claro, que si la ley aduanera aplicable, o la jurisprudencia en la materia, ordenaba, sugería o indicaba que lo correcto era indefectiblemente decomisar el pescado mal o erradamente clasificado, que sería una elemental estupidez fiscal y aduanera, pues, ante esa miserable interpretación, lo que procedía era realizar el contraevidente decomiso, como finalmente sucedió. Lo que no era posible, de ninguna manera factible, a la luz de las elementales reglas de la hermenéutica aduanera, de la lógica penal, era aprehender el vehículo, ni mucho menos decomisarlo. Es en ese mediocre escenario, creyendo aún en las desacreditadas tutelas y en la fortaleza judicial de nuestros derechos fundamentales, incluso, en la vigencia de ciertos principios de los derechos humanos internacionales, como el de la solidaridad humana, cuando emprendimos una larga y penosa travesía por los juzgados, tribunales y Cortes, hallando los más desconcertantes casos y de ineptitud y desconexión judicial con la defensa y protección de los derechos humanos. 

En algún momento nos tocó saltar del ámbito del constitucionalismo social judicial a la órbita del derecho penal común y corriente, dado que el asunto había adquirido desde el comienzo ribetes propios del ramplón abuso de la delincuencia común, en la medida en que se aplicó de manera consciente, indebida y desconcertante, un lado de la causal 37 del artículo 647 del Decreto 1165 de 2019 que, de ninguna manera, tendría que haberles permitido el involucramiento del vehículo, ni mucho menos sugerir mediante amenazante compulsa de copias la participación del susodicho ciudadano venezolano en alguna eventual comisión del delito de contrabando o de cosa por el estilo. De todas formas, ya estaban claras las líneas de la grave prevaricación contra los sensibles intereses y herramientas de trabajo de un ciudadano del hermano país, conducta inexplicable a la luz de la legislación aduanera binacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Lo más grave aún no había sido descubierto.

En algún momento de nuestro incesante litigio en la defensa constitucional de los derechos de mi apadrinado, el ciudadano venezolano Guillermo Armando Carrero, descubrimos que los funcionarios de la DIAN, adscritos a la Seccional Maicao, no sólo habían agredido fundamentales derechos al Debido Proceso, Derecho al Trabajo y Dignidad Humana, posteriormente respecto al Derecho de Petición, en medio de hechos y circunstancias asociados a la aprehensión y decomiso ilegales del camión y el complementario equipo refrigerador de su propiedad, descritos en la Resolución 000167 de 2022 y Autos 676 de 2022 y 0011 de 30 de 2022, asuntos que fueron los que dieron lugar a las mentadas acciones de tutelas, sino que, adicionalmente, y durante el trámite y copioso debate de tales acciones judiciales, entre otras cosas, por pura coincidencia, sobrevino la expedición del Decreto 920 de 2023, nada menos que el nuevo Código Aduanero, reinando su ocultación y el silencio sobre este favorable fenómeno, por los funcionarios encargados de manejar la obvia transparencia y legalidad del caso. Es decir, que los expertos de la DIAN, siendo sabiondos y a sabiendas, aplicaron como les dio su soberana gana la clara causal 37 del artículo 647 del Decreto 1165, más allá del límite de su vigencia, en vez de aplicar y obedecer la demoledora causal 33 del decreto 920 de 2023, que fue la que expresamente ordenó su derogatoria, es decir, que la expulsó de la legislación, además, expresando con total claridad lo siguiente: “No procederá la aprehensión del medio de transporte, cuando exista contrato de transporte sobre la mercancía objeto de aprehensión.”, advirtiendo la existencia de una nueva regla de oro que entró en vigencia desde el nueve (9) de junio de 2023. Dicho de otra manera, la nueva norma aduanera prohibió la aprehensión de los vehículos transportadores de mercancía encartados en circunstancias como ésta, vale decir, lo contrario a lo que estaban realizando los desconcertantes servidores públicos encargados de aplicar el nuevo código aduanero vigente.

Es en este crucial y dramático momento de la historia cuando echamos manos de otra petición de amparo, de otra acción de tutela, para solicitar un poco de más de protección constitucional, más de la que habíamos pedido inútilmente, porque el caso se había circunstanciado dentro de unos nuevos hechos. 

El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha, que fue el encargado de tramitar y juzgar la nueva Acción de Tutela, que esencialmente planteaba la protección de nuestro fundamental derecho de petición que había sido conculcado, eludido y burlado por los funcionarios de la DIAN, y ellos, los funcionarios de la DIAN, en vez de cumplir la ley, respondiendo legalmente la petición solicitada, informando lo que tenían que informar al respecto y a fondo, se negaron a dar las explicaciones judicialmente pedidas, induciendo inteligente y sistemáticamente al juez, y éste, ni corto ni perezoso, de forma mansa y desinteligente, dejándose empujar al hueco hediondo de una mal entendida Cosa Constitucionalmente Juzgada, es decir, invocando una especie de insólito borrón y cuenta nueva, clásico tapetape dentro del cotidiano argot de la corrupción judicial. Fue de esa forma antijurídica e infame, pretendiendo hacerle un entierro de tercera a la angustiante causa a favor del ciudadano venezolano, que se configuró otra manera de atropello, desaprovechando la circunstancia judicial para enmendar y corregir el ultraje, revocando los actos administrativos ilegales, evitando que se extienda aún más el ingente perjuicio al particular afectado, nuestro hermano venezolano. Vamos ahora por los caminos del procedimiento penal. Amanecerá y veremos.

LA COLUMNA DE MARBYS

 Por Marbys Redondo Vanegas

(Tomado de la Edición 67 de la Revista Pensamiento Caribe)

 Foro global de la tierra y conflicto armado interno incesante

Hoy después de tanto tiempo, 14 de junio de 2025, volví a tomar el teclado, el dispositivo que reemplazó la pluma de los bravíos escritores del pasado; esta vez y como siempre inspirada por Pérez Araújo, anfitrión de mi nicho de pensadores “Pensamiento Caribe” y con el fervor intenso de hablarle a mi país. Confieso que, para escribir estas líneas me azotan muchos sentimientos a la vez, quizá el más intimidante sea ese miedo a mí misma, ese que sabemos sentir aquellos que no tememos a nada; el miedo a que me atraviesen nuevamente esas ganas de escribir y escribir de lo que procesan mis neuronas sobre los asuntos álgidos coyunturales del Pueblo Negro en este país y que esto no sea tenido a bien por algunos tres gatos, sin embargo, no está demás reiterar que estos textos solo convidan a la reflexión. Me han pasado varias cosas que seguramente solo le suceden a una mujer negra y guajira o guajira y negra, que para todos los casos es lo mismo, por estar confiada en que aún se pueden gestar cambios para su región y para el país, pero cojamos la suave, vamos a ir hablando de esas cosas varias con calma, en otras líneas. El tema central de este escrito son dos cosas puntuales, que si nos ponemos a pensar podrían estar estrechamente relacionadas “Foro global de la tierra y conflicto armado interno incesante” Esta tercera semana de junio de 2025 se llevará a cabo en Colombia un encuentro llamado Foro Global de la Tierra, en el cual participará el Pueblo Negro, este Foro tiene para la gente negra un derrotero central: plantear la postura del Pueblo Negro sobre el acceso, el cuidado y la permanencia en materia de tierras y territorios. A propósito de eso, es dable pensar en los retos que afronta el Pueblo Negro en cuanto al acceso a tierras y territorios y además cuáles podrían ser las opciones de su superación.

Cinco retos fueron los analizados ¿habrá más? Claro que sí, pero mis queridas lectoras y lectores esta humilde servidora se pensó y centrará la discusión en estos cinco.

El primero reto es la expansión inminente de actividades extractivas; por razones que quizá hasta al momento no hayan sido debidamente analizadas, los territorios del Pueblo Negro, ocupados ancestralmente o en trámite de titulación colectiva son territorios atractivos para el “desarrollo económico”, el crecimiento expansivo y sin freno de las actividades extractivistas que el Estado permite sobre nuestros territorios, no es compatible (demostrado por la historia) con la conservación que en alineación con los principios y la misionalidad del existir en esta tierra realizan permanentemente las familias negras para mantener los ecosistemas y el ciclo natural de la vida que permite la evolución permanente de las especies.

El primer reto es analizado desde la lógica “expansión inminente de actividades extractivas” pero nadie es caído del zarzo aquí, todos sabemos que el fenómeno que genera lo que para el pueblo negro es un reto, es el

capitalismo bajo sus políticas neoliberales que pretenden generar riqueza para un porcentaje absurdo de la población a costas de la vida de la mayoría de la población mundial y donde a la larga, obviamente estamos incluidos todos.

El segundo, es esta famosa acumulación por desposesión de la tierra. La tierra ha sido vista por el capitalismo (vuelve y juega) como aquel patrimonio que genera riqueza por el hecho de acumularla y gestar un monopolio respecto de su dominio; la postura del Pueblo Negro se contrapone con esa visión: la tierra, vista por nosotros como el territorio (bosques, mares, ríos, lagunas, salinas), produce el alimento que mantiene en pie la vida, por lo que, la tierra acumulada sin hacerla productiva es sinónimo de acrecentar los márgenes de hambruna mundial; esta postura tampoco supone el hecho de poner a producir la tierra que está bajo el dominio del capitalismo, lo que propone materializar es que la tierra debe estar bajo el dominio de quien la produce y la cuida.

 El tercero es el desconocimiento o invalidación de los sistemas de derecho propio, está claro que los sistemas de derecho y gobierno (escritos) del Pueblo Negro (Planes de Etnodesarrollo, Censo de familias, Reglamentos Internos, Caracterización de Prácticas Tradicionales, Planes de Salvaguarda, Planes de Manejo Ambiental) han ido construyéndose a través del tiempo, no por requerir autorregulación al interior de sus propios territorios y comunidades (debido a que las acciones organizativas de iguales entre iguales se vuelven cotidianamente imperceptibles y automáticas), sino por la necesidad de blindar la autoridad tradicional que se ejerce en los territorios respecto de los terceros que cuando no solo desconocen, sino que cuando conocen invalidan la forma de vida del Pueblo Negro y su forma de administrar el territorio.

El cuarto reto y uno de los ejes de estas líneas es el inamovible, incesante, ciego y cruel conflicto armado interno. El fenómeno del conflicto armado interno en Colombia, presente desde la conformación del Estado, manifestado tanto en los espacios urbanos como rurales del país y especialmente agreste en las zonas fronterizas, es quizá uno de los retos más relevantes debido a que a diferencia de otros sectores sociales y por su particularidad étnica, el Pueblo Negro propiamente no hace parte de ningún extremo político y mucho menos armado que participa o propicia del conflicto armado interno, por el contrario, al tener como principio el cuidado

de la vida que yace sobre el territorio (piedra angular de la identidad étnica y cultural), se ha encontrado en el centro de las disputas armadas y políticas, propias del conflicto: (control social, territorial y de la biodiversidad), el conflicto armado sobre los territorios del Pueblo Negro (riberas de los ríos, sabanas, playones comunales, costas, mares), pero además los barrios negros de las zonas urbanas han sido el epicentro de la complejidad del conflicto armado y ha azotado a las familias negras de las formas más radicales y hostiles, lo que ha resultado en la falta de presencia del Estado, pero la invitación es que esta reflexión final pueda ser analizada de manera opuesta, es decir, podría ser que el conflicto se enraíza donde históricamente no ha habido presencia del Estado.

El quinto y último es la desigualdad social que resulta de la agrupación de los anteriores, debe ser analizada desde la esclavización, siendo este hecho el mayor y el primer generador de desigualdad social, política y económica.

El racismo estructural no fue analizado como un reto por la única, sencilla pero dura razón que todos los retos tiene su origen el racismo estructural: que las actividades extractivas se desarrollen sobre territorios de importancia ecológica o espiritual para el pueblo negro es racismo; que el Estado no construya o aplique políticas con enfoque diferencial para la distribución de la tierra: es racismo; que en la actualidad de desconozcan o se invaliden los sistemas de derecho y gobierno propio a pesar de tanta incidencia social para que sean reconocidos: es racismo; que no exista un acuerdo humanitario serio sobre las vidas del pueblo negro en el marco del conflicto: es racismo.

Sobre las medidas y mecanismos que si se establecieran pudiesen fortalecer los sistemas de gobierno propio, podrían tenerse en cuenta: la incorporación o sinergia de esos sistemas de derecho y gobierno propio del pueblo negro con los planes de gobierno territoriales y nacionales; y la consolidación de una jurisdicción especial para gestionar de manera autónoma los conflictos al interior del Pueblo Negro. El panorama geopolítico respecto de la biodiversidad cada día se monetiza más y más, cada elemento de la naturaleza, a la larga tendrá un precio que se avaluará o devaluará según el contexto territorial y político como las acciones en bolsa, la postura del pueblo negro no debiera ser entrar en la ecuación de imprimirle valor monetario a los ecosistemas que sostienen la vida, sin embargo, estar al tanto de los movimientos políticos nos permitirá por lo menos preparar defensa para el territorio.

Ahora sí, por ahí sí es, señor Ministro...

Por Armando Pérez Araújo

La reciente visita del Ministro Palma a La Guajira sirvió para que se empezara a generar la posibilidad de atenderse un clamor que hemos planteado desde hace varios años, de revisar la estructura legal de la febril invasión de parques eólicos por doquier. Le advertimos al presidente Duque, en cuyo mandato floreció la irresponsable proliferación de tales proyectos invasivos, luego al candidato Petro, y después siendo éste presidente, lo elemental que es que lo que hoy existe en materia de ubicación y funcionamiento de los parques eólicos es una completa vagabundería en materia de respeto a los derechos territoriales del pueblo wayuu. Al fin, llegaron los anuncios de este gobierno despertando esa posibilidad que, ojalá, sea aterrizada como tiene que ser, sin filtros ni pendejadas conceptuales de los sabiondos de siempre. En lo mínimo que tiene fijarse este gobierno, que ayudamos a elegir, es en que hay que pensar en que los núcleos familiares wayuu, propietarios de cada zona en particular, las zonas de cada proyecto eólico concreto, sean beneficiados con el reconocimiento y pago de una especie de canon de arrendamiento, una renta mensual, anualmente ajustable, por ejemplo, y una participación en la venta de cada kilovatio de energía. No hay que tenerle miedo a esa elemental equidad y legalidad.

En alguna ocasión pusimos el grito en el cielo en esa materia, advirtiendo que los parques eólicos que se estaban imponiendo en La Guajira, desde el llamado Jepirachi, que fue el primero que se impuso en el año 2003 por EPM, hasta el último que hicieran las diecinueve empresas sonsacadas por el gobierno, serán absolutamente ilegales si no se cambia el modelo injusto adoptado. Además, con total respeto y franqueza dijimos que dichos proyectos diseñados así en territorio indígena, eran simplemente inconvenientes para la sociedad guajira, incluso, para la suerte de las empresas invitadas o sonsacadas para tan importante y costosa aventura económica. Advertí que la descalificación que hacía entonces no era contra la importancia y trascendencia que reconocí que tenían tales iniciativas energéticas, consideradas como ineludible Mecanismo de Desarrollo Limpio, conforme a las directrices y estímulos éticos contemplados en el Protocolo de Kioto y a los compromisos inherentes al carácter vinculante del Acuerdo de París. Recordé que las 45.000 hectáreas del resguardo de la Alta y Media Guajira, territorio donde se pretende o pretendía acomodar por lo menos 65 parques eólicos, eran y son tierras absolutamente ajenas e indiscutiblemente privadas, a pesar de la estructura feudal del frágil resguardo. No hay ninguna posibilidad de abrir una discusión sobre si esas son o no son tierras ajenas. Son ajenas y punto. No son potreros públicos, tampoco son tierras baldías, mucho menos mostrencas, son técnicamente territorios, es decir, espacios socioeconómicos protegidos por la normatividad superior interna y por el bloque de constitucionalidad, lo cual significa, en el elemental lenguaje castellano, que lo que está ocurriendo en el mencionado territorio wayuu, de la mano cómplice del Estado colombiano, es una monumental infamia del estado contra la etnia wayuu, principalmente, sumada a otras desposesiones infligidas contra su territorialidad, que vienen acaeciendo impunemente.

En aquél momento recordé que unos meses antes había circulado en las redes sociales un video de la televisión chilena en el que la presentadora de un influyente noticiero resaltaba el caso del Parque Eólico Los Cururos, financiado por la multinacional colombiana, EPM, en el cual, a los dueños de la tierra se les reconoció el derecho a cobrar una especie de arriendo mensual y una justa participación periódica en dinero por la venta de los kilovatios de energía producida en su espacio territorial. Lo anterior es un ejemplo digno de copiar e implementar, en el que, sin tener que acudir a los sofisticados preceptos constitucionales ni al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sólo se deberá acudir a lo básico de nuestro Código Civil. Además de concederse las prebendas o compensaciones económicas a los dueños del territorio colectivo en ese caso chileno, se tuvieron en cuenta y respetaron los derechos y garantías a vivir en comunidad de otros habitantes originarios de dicho lugar, es decir, a los típicos, dignos y célebres cururos, que son una especie de mamíferos roedores que quedaron a salvo por la cuidadosa orden de la autoridad estatal de ese país, y la entusiasta voluntad de la multinacional empresa de Medellín, privilegiando que dichos animalitos fuesen conservados y no extinguidos, cosa que acá no ocurre ni se ha previsto con los derechos de cientos de miles de seres humanos wayuu establecidos en la península guajira. A manera de una preocupante y triste inferencia recordemos que cuando la misma EPM estuvo, por primera vez en La Guajira, se alardeaba en los poderosos noticieros del país, diciendo que el proyecto Jepirachi generaba energía para más de veinte mil hogares de Medellín, mientras que, decíamos nosotros, en el Cabo de la Vela no había, no hay, ni para prender un bombillo o cargar un celular.

Proponemos, al señor Ministro Palma, en línea con las transformaciones que nos ha prometido el presidente Petro, que los actuales y próximos proyectos eólicos en la Guajira, se revisen y configuren como empresas especiales de economía mixta, en donde estén los intereses accionarios de los dueños del territorio, sin excluir los justos e indispensables ingredientes remuneratorios antes mencionados, más la participación accionaria del Estado colombiano para asegurar el rol garantista de la solidaridad y equidad del indispensable modelo social aplicado y atender la soberanía energética y, obviamente, la participación de los inversionistas privados, colombianos y extranjeros, con total seguridad jurídica, como tiene que ser, para defender el pellejo de sus inversiones sin correr los riesgos que corren en proyectos inequitativos como los que hoy se manejan, producto de las rifas que hizo el anterior gobierno.

 

UNAS PERLAS Y UN PAR DE JOYAS

Por Armando Pérez Araújo

A raíz del estudio que he estado haciendo sobre el diseño de una Acción Popular que resuelva el drama de ausencia de normas y mecanismos para garantizar y asegurarle un Cierre y Abandono de Mina Justo e Integral a La Guajira, del grande del Cerrejón, como lo hemos denominado de manera figurada, me he encontrado con la necesidad de entender y poder explicarle al presidente Petro, que será el principal destinatario procesal de dicha Acción Popular, cómo fue que hicieron los audaces gringos, sin disparar un solo tiro, para entrar al territorio guajiro y apoderarse de los sitios clave y adueñarse de lo que muy pronto fue la mina de carbón más grande del mundo y sus anexidades ferrocarrileras y portuarias. Una de las perlas jurídicas halladas en ese extenso expediente de violaciones y trampas, fue cómo inventaron el funcionamiento de una trinca fatal bien aceitada, usando a Carbocol S.A., como mecanismo de legitimación y de penetración, junto con el Incora e Intercor, filial de Exxon Mobil; y la otra perla, fue el demoledor invento de atribuirle al Incora la mendaz y patrañera competencia dizque de poder disponer del territorio wayuu a su antojo y acomodo, el acomodo era el de la familia Rockefeller, para lo cual fue menester sacar de la manga, a manera de instrumento embaucador, lo que fraguaron con el rimbombante nombre de Resguardo de la Media y Alta Guajira, y uno peor que ese, de peor calaña, denominado Reservas, que era la manera subrepticia de sustraer las destinadas al proyecto minero extranjero. El truco utilizado fue usar a Carbocol, empresa estatal, para solicitar a la otra estatal Incora, las tierras indispensables, para construir el puerto y la línea de la carretera y el ferrocarril. El secreto del embuste utilizado como argumento legal fue calificar de mala fe, esas tierras privadas del pueblo wayuu como baldías, es decir, tierras de la nación, a sabiendas que no lo eran, para obsequiárselas a la familia extranjera interesada. Siendo justos con la mentada familia norteamericana, al frente de tremendo ejercicio terrófago, estuvieron realmente, haciendo gala de su experticia y preparación para estructurar el ardid, fueron los adelantados y desvergonzados juristas de la patria, como suelen decir ahora, y seguramente políticos encumbrados de aquella época.

Una vez encombados, lo digo creyendo que es muy posible que el traqueto vocablo era utilizado para la época de 1984 en la sofisticada delincuencia del bajo mundo o, mejor, atrincherados, los cavernícolas de entonces tuvieron la necesidad de enfrentar la principal dificultad que era sortear la circunstancia de tropezar indefectiblemente con la territorialidad indígena, atravesada en los caminos mineros y portuarios de la seductora península de La Guajira, lo cual determinó la escogencia de los errados atajos jurídicos, por demás irresponsables e inverosímiles, como fue haber incurrido en el adefesio de tener que afirmar, sin el mínimo pudor, que el territorio indígena wayuu era susceptible de calificarse como tierra baldía.

Semejante exabrupto jurídico constituyó el primer gran paso para concretar el zarpazo fraudulento de que fue víctima la territorialidad del pueblo wayuu, pretendida por la más grande multinacional del mundo en ese momento, de propiedad de los más ricos del mundo, con fines de transporte y exportación de carbón, extrayendo del globo territorial indígena lo que necesitó el gobierno de entonces para satisfacer y complacer a los proponentes y prepotentes gringos, amancebados con súbditos y sirvientes colombianos, y entregárselo a título de aporte a la avispada familia norteamericana. Basta leer las tonterías argumentativas de la Resolución 015 de febrero 28 de 1984, del Incora, mediante la cual se constituyó el Resguardo de la Alta y Media Guajira, y las de la Resolución 28 de 19 de Julio de 1994 de la misma entidad, con la que se amplió el susodicho resguardo, para deducir la maniobra cómplice y feudataria. En ambos textos se mantiene incólume la palabreja baldía, erigida como el colmo de la desfachatez, de la defraudación y cinismo de los altos funcionarios de un país, contra el territorio de sus connacionales ancestrales y el derecho a su propio desarrollo. Parte de esa gran mentira de entonces fue hacerle creer al pueblo wayuu y a la sociedad colombiana en general, que le estaban regalando el resguardo a los indígenas, como si fuesen tierras de la nación, llamándolas baldías, advirtiendo con claridad indignante que se quedaban por fuera de la apariencia resguardatoria las tierras que necesitaba el proyecto minero, a las calificaron como Reservas. Es justo y útil precisar, que al frente de la Junta Directiva del Incora, como su presidente, a quién le cabe gran responsabilidad jurídica y política de haberle hurtado el territorio wayuu a sus propietarios, estaba la señora Cecilia López Montaño, firmando la Resolución de febrero de 1984, y diez años después, en julio de 1994, ampliando el mismo Resguardo, es decir, afirmando y ampliando el susodicho hurto sistemático de tierras, en el mismo cargo, aparece la firma del flamante doctor José Antonio Ocampo, ambas joyas, filtrados por los estructuradores del poder económico y terrateniente colombiano, insertados como garantistas del viejo y caduco establecimiento económico, estuvieron como ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, vestidos de actores de la transformación social ofrecida a los colombianos, aunque después pelaron el cobre denostando al primer mandatario por sus políticas sociales de cambio.

 

ALGUNAS TRAMPAS JURÍDICAS QUE OCURRIERON CUANDO LLEGÓ CERREJÓN A LA GUAJIRA

Por Armando Pérez Araújo

Recordemos y tengamos en cuenta que, en materia de ubicación geográfica del proyecto carbonífero, los extranjeros de Exxon Mobil, las autoridades estatales y los asesores jurídicos colombianos del proyecto, atrincherados en IFI, Ecopetrol y lo que se llamó Carbocol S.A., tuvieron que sortear y enfrentar las dificultades que significaba tropezar indefectiblemente con la territorialidad indígena atravesada en los caminos mineros y portuarios de la seductora península, lo cual determinó la escogencia de errados atajos jurídicos, por demás inverosímiles, como fue haber incurrido en el adefesio jurídico de afirmar que el territorio wayuu era susceptible de tratarse como una tierra baldía, falacia desbordada en la práctica, dando lugar a groseras maniobras que las convirtió en tierras mostrencas, a pesar de los disfraces usados como de RESGUARDO DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA y RESERVAS territoriales. Semejante exabrupto constituyó el primer gran paso para concretar el zarpazo fraudulento de que fue víctima el territorio del pueblo wayuu, pretendido entonces por la más grande multinacional del mundo con fines de transporte y exportación de carbón, extrayendo del globo territorial lo que necesitó el gobierno para entregárselo como aporte a la poderosa y avispada familia norteamericana. Basta leer las argumentaciones de la Resolución 015 de febrero 28 de 1984, del Incora, mediante la cual se constituyó ilegalmente el Resguardo de la Alta y Media Guajira, y las de la Resolución 28 de 19 de Julio de 1994 de la misma entidad, con la que se amplió dicho resguardo, para deducir la maniobra ostensiblemente cómplice. En los contenidos de ambos textos se mantiene incólume la palabreja baldío, erigida como el colmo de la desfachatez y el cinismo de un país contra el territorio de sus connacionales ancestrales y el derecho a su propio desarrollo. Parte de la gran mentira de entonces fue hacerle creer al pueblo wayuu y a la sociedad colombiana en general, que le estaban regalando el resguardo a los indígenas, como si fuesen tierras de la nación.

En el capítulo de las pretensiones de nuestra Acción Popular que próximamente instauraremos, recordaremos esta histórica desposesión muy poco puesta en práctica en negocios de la minería colombiana, pero que servirá para comprender que estas tierras eran y son del pueblo wayuu, que jamás fueron baldías, ni pertenecieron a la nación, por lo que deberán hacer parte de la recuperación del territorio que hemos previsto en este mecanismo constitucional, a favor de sus ancestrales propietarios, en vez de que lleguen a conformar el paquete de activos reversibles a la nación, lo cual sería el colmo, como lo serían activos distintos a estos asuntos relativos al parque territorial del pueblo wayuu.

También es útil y pertinente resaltar que parte de las tierras ancestrales o tradicionales de comunidades campesinas de origen afrocolombiano, fueron adquiridas por la asociación Intercor-Carbocol, mediante métodos de presión inaceptables, irrazonables en la mayoría de los casos y, en otros. con el empleo de mecanismos incoherentes y absurdos, por ejemplo, lo ocurrido con las denominadas expropiaciones de predios rústicos, que no eran rústicos, incluyendo la expropiación del corregimiento afrocolombiano vivo, activo y en funcionamiento, Tabaco, lo mismo que Manantial, las ilegales Reservas del Incora constituidas a favor de la estatal Carbocol S.A., que debieron ser anuladas por decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de septiembre 25 de 1992, con ponencia de Carlos Betancur Jaramillo, expediente 6922, mediante la cual se dirimió a favor de los nativos el reconocimiento de sus derechos territoriales y su vocación de propietarios. Adicionalmente fueron implementadas insólitas defraudaciones, revestidas de falsa apariencia, denominándolas Recuperación del Espacio Público y otras, de peor calaña, calificadas absurda e irresponsablemente como Servidumbres Mineras, las cuales fueron constituidas y realizadas en sitios prohibidos, por ejemplo, contra viviendas familiares, ocupadas con niños y adultos mayores, destruyéndolas, utilizando estrategias salvajes, nada diferentes a un ataque brutal y desproporcionado zarpazo contra el derecho a la propiedad privada y el respeto de la dignidad humana de familias guajiras que hicieron parte de la desposesión de tierras de las zonas mineras pobladas. El sistema judicial colombiano se rindió ante el poderío político de la empresa extranjera. Soy testigo de excepción. El caso de Espinal y Caracolí, aparentemente dirimido por la sentencia T 528 de 1992 de la H. Corte Constitucional, porque luego fue burlada e incumplida por Intercor y los Ministerios respectivos, representa un estratégico caso de contaminación, corrupción e impunidad, instrumentalizados al servicio de los intereses de la empresa extranjera, en medio del drama territorial vivido por las comunidades vecinas del tajo sur de la mina. En los folios 131, 132, 133 y 134 del expediente, reposa el estudio poblacional  elaborado por la Organización Indígena YANAMA, insertado en el expediente como pieza probatoria de dicha sentencia. Hemos traído a colación este caso de burla, corrupción y contaminación usado como criminal herramienta de presión y abuso de poder, para estragar y humillar en la práctica terrófaga contra la campesinidad colombiana, caso que fue tramitado administrativamente ante el Ministerio de Salud, donde. A pesar de que fue definida la gravedad y carácter INHABITABLE y ALTO RIESGO PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL, en el espacio social y campesino vecino de la mina, la decisión fue políticamente interferida por el presidente Gaviria, transformando en inocuos los esfuerzos de los científicos y especialistas, y en frustración las transidas esperanzas de familias afrocolombianas campesinas, que se debatieron con los poderosos intereses de la familia Rockefeller, expectaciones, finalmente apabulladas por la grosera y corrupta trinca edificada a favor de la poderosa e ilegal minería carbonífera, y, a pesar, de la contundencia de una sentencia de la Corte Constitucional. (Ver Resolución 02122 de 1991, febrero 22, del Ministerio de 

TUMBANDO Y CAPANDO

Ayer 31 de mayo se formalizó en la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción del Comité encargado de los trámites electorales de la Candidatura Presidencial de Jaime Araújo Rentería para el 2026. Este primer paso de la mecánica electoral significa que la cosa con él va en serio, que la cosa con Araújo es diciendo y haciendo como lo dice el refrán popular, o tumbando y capando, como lo expresamos coloquialmente en nuestro ambiente campesino costeño. Araújo Rentería había prometido que, si era necesario, parece que sí lo es, acudirá al mecanismo de las firmas. Es eso lo que está haciendo, de paso, invitando a recolectar las firmas para su candidatura y para configurar la lista abierta al Senado de la República de la cual hacemos parte. El significado de esta formalidad legal, independiente del susodicho juego de palabras, es que lo que viene ahora es la campaña a la Presidencia de la República, propiamente dicha, para que Araújo Rentería demuestre porqué decimos que es el mejor, libra por libra, como dicen los narradores del boxeo respecto a los púgiles de un encuentro deportivo. Jaime Araújo tiene claros los derechos que promueve y defiende para la próxima Colombia en la cabeza. Además de varios idiomas, habla muy bien el lenguaje de la democracia. Entiende y defiende los términos de la democracia directa, del estado federal, la importancia y limitaciones de una Consulta Popular, la necesidad y urgencia de una asamblea constituyente popular, se bandea muy bien en los terrenos de Weber, Sieyès, Rousseau, Fals Borda, en los espacios de la academia o en los de cualquier pescador de Sucre o La Guajira, indígenas del Amazonas o del Cabo de la Vela, sobre los asuntos de la sierra Nevada de Santa Marta o de la Ciénaga Grande o de la Mojana. Perfectamente navega en los mares del sindicalismo colombiano, en los complicados asuntos de las universidades públicas, también en los colegios. Su paso memorable por la Corte Constitucional dejó una imborrable estela jurisprudencial de derechos para las víctimas, para los pensionados, para los destechados, para las mujeres, en fin, para la ruta que ahora transita para encontrar la llegada al solio presidencial. Araújo Rentería no se engolosinó electoralmente, atacando al presidente Petro, para encontrar dividendos entre sus adversarios, tampoco alabándolo con ceguera para hallar adeptos entre sus incondicionales, prefirió conservar la independencia y distancia para aprobar lo bueno que el mandatario haga y poder tener la libertad crítica para desaprobarlo. Igualmente hizo con los contradictores del Presidente. Araújo es coherente.

JORGE PÉREZ BERNIER Y YO

 Por Armando Pérez Araújo

Al ex gobernador Jorge Pérez lo conozco desde que era gerente de Inscredial, la entidad encargada de otorgar vivienda social a gente necesitada de ella, y yo, como abogado y como siempre, defendiendo causas difíciles, casi imposibles de defender, en este caso, la de deudores morosos de dicha institución, la mayoría humildes habitantes del barrio Maleiwa de Maicao, que enfrentaban el temor de seguir permaneciendo como dueños de sus casas. Como quiera que practico la precaución y buena costumbre de indagar por el lugar de origen de los apellidos de las personas que comienzo a conocer, máxime si, en casos como el de esta reseña histórica, cuando el interlocutor habitual tenía mi apellido Pérez, encontré que por el simple hecho de que Pérez Bernier me informara que su apellido paterno provenía del Carmen de Bolívar, ello fue suficiente motivación para inferir la probabilidad de que podría existir algún parentesco entre esos distintos Pérez, los del tronco paterno de Pérez Bernier y los Pérez míos, que sabía que descendíamos de Magangué, Bolívar. En todo caso, el manifiesto don de gentes del amable gerente y ocasional contertulio, más su espontánea sencillez, transparencia y bonhomía, facilitaron el nivel de comprensión para resolver consensualmente, es decir, a punta de comprensión y respeto por los derechos humanos, la tranquilidad y estabilidad de los propietarios que el suscrito representaba extrajudicialmente ante la entidad regentada por Pérez Bernier. Podríamos decir que entre nosotros nació ipso facto, una especie de amistad a primera vista, acompañada del fraternal y cariñoso trato familiar continuo, respaldado por la probabilidad meramente estadística de que entre los Pérez Bernier y nosotros, los Pérez Araújo, por razones que podríamos considerar geofamiliares, podría existir algún vínculo consanguíneo común. Adicional a ese invariable y afectuoso trato de parientes que por muchos años nos hemos prodigado, surgió mi matrimonio con la dirigente wayuu Remedios Fajardo, quien siendo hija del riohachero Pedro Fajardo Bernier, tío de Jorge, dejaba develada la circunstancia de que su abuela resultó ser hermana del abuelo de mismísimo Pérez Bernier, revelando otra sobreviniente variante familiar de parentesco por afinidad entre nosotros.

Resulta que un día cualquiera me visitó mi primo hermano Carlos Pérez Almenares, destacado investigador en historiografía y meta historia de nuestros asuntos de familia, para informarme que había culminado una importante indagación familiar, relativamente comprobada, según la cual, el popular sacerdote Padre Prasca de Magangué, cura emblemático de esa ciudad, que en la década de los cincuenta fue trasladado al Carmen de Bolívar, llevándose de ayudante y compañero, en calidad de monaguillo a uno de sus sobrinos, de nombre Carlos Pérez, que suponemos era entonces un joven entre los quince y veinte años de edad. De conformidad con la citada averiguación el apuesto obispillo muy pronto cautivó el amor de una hermosa carmera y según dice la historia, relatada por mi primo hermano Carlos, más temprano que tarde, pasó lo que tenía que pasar, es decir, el sobrino, alumno y protegido del cura embarazó a su joven novia. El niño de esa relación nació varón y su nombre fue Miguel, quien, de acuerdo con la emotiva aunque muy fragmentada investigación, una vez creció se estableció en La Guajira y también, más temprano que tarde, igualmente enamoró a una bella dama de la sociedad riohachera de apellido Bernier, con quien se casó. La suma de los factores, y sin más vueltas, es decir, el sumun y producto de esta curiosa historia, es que el principal protagonista y enamoradizo monaguillo, con la mayor certitud, resultó ser mi abuelo Carlos Pérez Mejía y, al parecer, también abuelo del ex gobernador. Mejor dicho, al buen entendedor pocas palabras bastan: todo indica que el ex gobernador Jorge Pérez Bernier, una vez quede confirmada esta desordenada y emocionante explicación, será considerado como mi primo hermano.

Ahora hablemos de la condena de quien, reitero, parece ser mi primo hermano, ojalá así sea, a favor de su presumible inocencia, no sólo por aquel precepto guajiro de que a lo tuyo tú, con razón o sin ella, como reza el popular principio de solidaridad, sino porque a simple vista me ha parecido que lo que hay en el canto de la cabuya es un monumental exabrupto, conociendo, como conozco la característica corrupta y perversa permeabilidad de nuestro sistema judicial por la politiquería, y particularmente, porque he sido testigo y víctima lo que ocurre en los vulnerables espacios del mismo sistema judicial en las instancias de La Guajira. También, porque conozco de los proverbiales estragos de la poderosa corrupción local imperante en este medio nuestro, poblado de oscuros y jugosos intereses. Naturalmente, tengo que advertir que no me referiré a ninguna decisión judicial en especial, en torno a los derechos y garantías de mi presunto primo hermano, porque entiendo, en calidad de defensor de los derechos humanos, y porque como abogado he sido muchas veces víctima de este sistema, comprendiendo que sin conocer detalles del proceso de marras, no sería correcto expresar ninguna opinión al respecto. Me basta entender lo que se percibe en la calle y dice en parques y corrillos de la política y la politiquería, incluso, lo que observé en el rostro del ex gobernador, cuando decidió difundir las sentidas palabras suyas sobre su determinación de entregarse a las autoridades. Es más, creo que para mí bastarán las elocuentes y tristes imágenes de su ingreso a las instalaciones judiciales de la calle primera de la capital guajira, porque evoqué con ellas aquella también triste circunstancia fáctica, hace un poco más de veinte años, cuando ingresé por la misma puerta, ilegalmente capturado y visiblemente sojuzgado. A los treinta y siete días, en mi caso, una instancia superior, a cargo de un juez justo y serio, porque de que los hay, los hay, decretó mi libertad, añadiendo frases contra la estupidez judicial, que no se las ha llevado el viento, pero que contribuyeron a reconciliarme un poco con la justicia colombiana, como esta: “..eso no se hace con un hombre que ha dado muestras de ser respetuoso del derecho...” . Ello no borró mi dolor, pero espero que a Pérez Bernier le pase lo mismo y quede libre y resarcido por orden de la Sala Plena de la Corte Suprema.

QUEREMOS EMPUJAR UN CIERRE DE MINA JUSTO, ACOMPAÑADO DE TANSFORMACIONES DEL TAMAÑO DEL CERREJÓN

Por Armando Pérez Araújo

¿QUÉ HACEMOS CON EL TREN, CON EL PUERTO Y LOS DOS AEROPUERTOS, CON LAS TIERRAS DEL NORTE Y CON LAS DEL SUR Y CON EL CAMPAMENTO DE MUSHAISA Y OTROS ACTIVOS NO MENOS IMPORTANTES?

La tremenda noticia de que el presidente Petro está interesado en conversar con los dueños del sistema del ferrocarril privado, la empresa Cerrejón, para negociar la posibilidad de consensuar una fórmula adecuada y equitativa, por supuesto contractual, no solamente no es descabellada sino la más inteligente y popular para los intereses de los colombianos y, particularmente, para los de los tradicionalmente olvidados de La Guajira. Celebramos que esta iniciativa, que hemos impulsado desde Causa Caribe y divulgado en Pensamiento Caribe, haya cuajado y se convierta en el principal motor de la necesaria bandera de cambio y de transformaciones inmediatas que requerimos. El presidente Petro tiene toda la razón, también porque tiene la sartén por el mango y porque resulta adicionalmente viable. Lo explicamos así: en primer lugar, es evidente que el proceso minero de La Guajira ya no es aquél desaforado y terrófago de antes, cuando cada gobierno regional y nacional, la sociedad colombiana, los medios de comunicación, incluso, componentes de nuestra espiritualidad, como la Iglesia Católica asentada en La Guajira, se comportaban como los peores exponentes de la sumisión y genuflexión, mostrándose dóciles ante los exorbitantes intereses de la norteamericana familia Rockefeller. Recordemos que en ese entonces parecía que estaba completamente prohibido en el país disentir de las políticas corporativas impartidas desde las esferas de Exxon Mobil en Dallas, además, porque la maniatada y postrada estatal Carbocol S.A. que suponíamos, debería haberse comportado erguida, actuaba escasamente celosa del cuidado de los pequeños intereses de los colombianos, limitándose y concentrándose en velar por los asuntos socialmente intranscendentes del contrato de asociación. Pero los tiempos han cambiado y es evidente que el Presidente Petro se ha desmarcado de las multinacionales extractivistas, y, claro, adicionalmente, resulta evidente la obligatoriedad del fenómeno jurídico y social que implica el indefectible e inminente Cierre de Mina Justo y Equitativo, lo mismo que la Transición Energética Justa, instrumentos como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Escazú, etcétera, que les impone a las partes contratantes, particularmente para el caso concreto y especial de La Guajira, un entendible cambio de reglas del juego a favor de los parámetros de la justicia social y ambiental, banderas programáticas de este gobierno. De manera que acceder de forma temprana a los sobrantes servicios parciales del tren y de algunos importantes activos de propiedad de la empresa Cerrejón, también servirá para asegurar y garantizar a la frágil población de La Guajira, la indispensable transportación de incalculables volúmenes de agua que, dicho sea de paso, es útil y justo reconocerlo ahora, en la actualidad dicha empresa voluntariamente atiende algo de distribución a diferentes rancherías vecinas, asunto que en alguna medida es digno de aplaudir y estimular, aunque advirtiendo que ello ocurre de manera relativa y en cantidades absolutamente insuficientes, dentro del marco de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. El sistema del ferrocarril minero, de propiedad de la actual empresa carbonífera, también nos ha puesto a reflexionar sobre la viabilidad de estructurar y complementar responsabilidades administrativas, financieras y operativas entre gobierno, empresa Cerrejón, trabajadores y ex trabajadores de la mina y otras empresas asociativas que se integren a esa magna iniciativa social que sería una Gran Empresa de Economía Mixta, destacando el interés societario de afros e indígenas y resaltando que el inajenable aporte de los dueños del territorio, se concretaría exclusivamente a la cesión pro témpore de USO DEL SUELO TERRITORIAL AUTÓCTONO. Los estudios que se hagan al respecto arrojarán las pertinentes recomendaciones respecto a la producción, transporte y distribución de alimentos del campo, incluso, de la exportación e importación de productos agropecuarios y otros renglones de la economía autóctona, por ejemplo, asuntos relativos a las incalculables potencialidades pesqueras de la región caribe, incluyendo importante zona marítima de la región fronteriza venezolana y más allá de ella. El presidente Petro sabe muy bien, porque él ha sido partidario de explorar las posibilidades turísticas de La Guajira, que a partir de los soportes que representarían las potencialidades del tren y sus activos, dos aeropuertos privados de hoy, utilizados exclusivamente por y para la minera extranjera, lo mismo que formidables y sofisticados activos de la infraestructura portuaria de la empresa Cerrejón, constituiría, según la propuesta que hemos ventilado con dirigentes guajiros, la base para que en el próximo futuro se establezca y consolide en lo que es hoy del dominio de empresas extranjeras Puerto Bolívar, la más importante Sociedad Portuaria Mixta y Multipropósito Indígena.

Aspiramos a que, en lo que falta de este gobierno de transformaciones, que ya es poco, deberían quedar por lo menos las mínimas bases normativas, jurídicas y técnicas, para la consolidación de una ambiciosa estrategia de educación superior, que podría llamarse la Universidad de la Paz Colombiana, mediante la conversión de las instalaciones del actual campamento de Mushaisha, de propiedad de la minera, conformado por hoteles, almacenes, supermercados, escuelas, colegios, oficinas de toda clase y categorías, laboratorios clínicos e industriales, infraestructura de empresas de servicios varios, consultorios médicos, bacteriológicos y odontológicos, gimnasios, empresas de transporte de carga y pasajeros, agencia de viajes, estaciones de servicios de combustibles y lubricantes, hospitales, clínicas, acueductos, alcantarillados, bodegas, parqueaderos, edificios, talleres, bancos, ciudadelas y todo tipo de soluciones habitacionales, restaurantes, cafeterías, clubes, varios auditorios y piscinas, canchas deportivas, etcétera, configurándose el campus universitario de lo que sin duda sería la institución de educación superior más importante del caribe colombiano, en caso de que este gobierno que debería ser el gobierno de las transformaciones así lo planee y ordene.

Tampoco debería extrañarnos que el Presidente empiece a implementar las normas y mecanismos jurídicos de transición gradual, reitero, mediante contratación bilateral con la empresa dueña de esos activos, para hacer desde ahora posible el pronto y efectivo acceso, paulatino y escalonado a más de cincuenta mil hectáreas de tierras productivas, progresivamente vacantes, privilegiando en primer lugar a las familias campesinas de la región, indígenas y negros, impactados por la minera. De ninguna manera, no podemos excluir, los altos niveles de la carga moral que tienen sobre sus hombros, léase cargos de conciencia, de los actuales propietarios y/o administradores de la empresa minera, quienes deberían facilitarle las cosas al presidente Gustavo Petro y demás autoridades, especialmente por el recorderis que nos toca refrescarles la memoria, sin entrar ahora en detalles, sobre la ilegalidad y absurdidad del inicial acceso a las tierras indígenas del norte y a las de los negros del sur, lo mismo que fundamentos y argumentos filosóficos de entonces, parapetados en lo que ingeniosamente se llamó Declaratoria de Utilidad Pública y Social.

 

RELACIONES INTERNACIONALES DE COLOMBIA CON LOS ESTADOS UNIDOS Y CHINA, LA NECESIDAD DE CURAR VIEJAS Y RECIENTES HERIDAS CON VENEZUELA Y POR SUPUESTO LA COYUNTURA DE LA PRESIDENCIA PROTÉMPORE DE LA CELAC.

Por Jaime Araújo Rentería

Hay personas que consideran que las relaciones internacionales de Colombia, dependen exclusivamente de la voluntad del Presidente de turno, lo que trae como consecuencia que cambien de un extremo a otro, dependiendo de quién sea el Presidente en cada circunstancia. Este vaivén, se pretende justificar con el revestimiento de una superpuesta Ideología política y también jurídicamente, invocando el artículo 189 de la Constitución Política que establece que el Presidente es el Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales.
Sin embargo, no hay que olvidar que el Presidente de la Republica es un poder constituido y, por lo mismo, sometido a la constitución del Estado. Además, no olvidemos que Colombia es de los países que tiene reguladas sus relaciones internacionales en su propia Constitución, lo cual obliga por igual a cualquier Presidente y a todos sus ciudadanos, que significa que nadie, en el Estado de Derecho, está por encima de la Constitución, de igual forma que las relaciones internacionales de Colombia NO están sujetas al capricho y vaivenes de ningún presidente y No respetarla es violar la Constitución.
Una de las primeras constituciones que reguló sus relaciones internacionales, fue la soviética de 1977 y hoy son varias las que lo hacen así, como las de Italia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay o Portugal, entre otras.
Entre las normas constitucionales que regulan las relaciones internacionales, están los artículos 9, 226 y 227 de la constitución que establecen cómo deben ser nuestras relaciones internacionales con el resto de los países, que en sus partes pertinentes dicen: “ARTICULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos …De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”. “Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.” “Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, …”.
El principio de la soberanía exige que el Estado y su Presidente no sean títeres de ningún imperio, por ninguna razón política, militar o comercial. En relación con el tema de los límites a la soberanía, debemos preguntarnos por tres clases de límites distintos: si existen límites fácticos; si existen límites éticos; y finalmente si existen límites jurídicos al soberano. En relación con las dos primeras clases, la gran mayoría de los autores aceptan que existe esa clase de límites, sin embargo, existe una gran polémica en relación con la inherente a los límites jurídicos. El problema de si la soberanía es absoluta o es limitada debe estudiarse en dos esferas: interna e internacional.
En el plano internacional, hay que tener en cuenta que se parte de un supuesto diametralmente opuesto al del plano interno. En este último aparece como una clara relación de mando-obediencia, lo que presupone una relación de desigualdad entre el que manda y el que obedece y es también una relación positiva: la de dar órdenes. En cambio, en el plano internacional, se presupone que los sujetos que se relacionan entre sí, están en una relación de igualdad, donde todos los sujetos de derecho son iguales entre sí y por lo mismo se trata de una relación negativa; donde si bien es cierto ningún sujeto puede dar órdenes al otro, tampoco está obligado a recibirlas; dicho de otra manera, la soberanía se traduce, en el plano internacional, en que ningún Estado está obligado a recibir órdenes de otro Estado. La diferencia fundamental entre la soberanía interior y la exterior, está en el hecho de que en la soberanía interior el soberano da órdenes a todos y el no recibe órdenes de ninguno; en cambio, en la soberanía exterior, el soberano no recibe órdenes de ninguno de los sujetos del derecho, pero tampoco puede darlas.
En relación con el respeto a la autodeterminación de los pueblos, propugnado por todos los socialdemócratas del mundo y que fue un avance fundamental del derecho internacional moderno, frente a lo que existía antes, que era el derecho de cualquier Estado, comenzando por las grandes potencias, de intervenir, invadir y sojuzgar a cualquier otro Estado, con el pretexto de que no le gustaba su gobierno; lo que era fuente de guerras internacionales o de guerras civiles. Precisamente, con el fin de lograr la paz internacional, era necesario que los Estados se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos de otros Estados y que fueran los propios pueblos de esos Estados, quienes decidieran cuándo y cómo cambiar a sus gobiernos. La revolución de octubre defendió el principio de autodeterminación de los pueblos y ayudó al proceso de descolonización de pueblos sometidos a potencias extranjeras. En Estados federales ya desaparecidos, como la URSS o la República Federal Popular de Yugoslavia, sí se reconoció constitucionalmente el derecho de autodeterminación, incluso de secesión, de las repúblicas que lo conformaban.
Por no respetar el principio de autodeterminación de los pueblos es que tenemos problemas irresolubles con varios de los países limítrofes, como es el caso de Nicaragua y Venezuela, donde por no dialogar con esos países tenemos problemas en nuestras fronteras, como son con Nicaragua, los casos de San Andrés, providencia, etc., y con Venezuela el de LOS MONJES, donde está una de las mayores reservas petroleras del mundo y donde los gobiernos de derecha regalaron parte del territorio nacional. En el caso de San Andrés hemos acudido ante la Corte Internacional de Justicia y hemos perdido también parte de nuestro territorio, lo perdimos con la sentencia de 2012. Si queremos resolver estos conflictos, tenemos que sentarnos y entendernos con el mayor respeto con nuestras contrapartes, independientemente de que nos gusten o no sus gobiernos. Lo que más conviene a nuestra economía y a los colombianos es que nuestra patria tenga relaciones comerciales, sociales, culturales y científicas, con todos los países del mundo en condiciones de igualdad y de reciprocidad, como ordena nuestra Constitución. No podemos permitir que los gobiernos, violando la Constitución, nos llenen de bases militares extranjeras, como lo hizo el de Uribe, o entreguemos a Gorgona como se quiere hacer ahora, nos metan como aliados de la OTAN, como lo hizo el de Santos, o nos metan en una guerra con Venezuela, Nicaragua o cualquier otro país.
No es cierto, como el gobierno y sus áulicos afirman, que si no se cumplen los tratados internacionales nada pasa, ya que, en el derecho internacional, por ser un derecho todavía primitivo, los propios Estados pueden evaluar si su contraparte está cumpliendo el derecho internacional y si considera que no, puede hacer justicia por propia mano y aplicar las sanciones que pueden ser de distinto grado y que pueden incluir las más graves, como son las represalias y la GUERRA. Es poco probable que le ganemos una guerra a Venezuela y mucho menos a otro país limítrofe como Brasil, y si creemos que podemos ganársela a Nicaragua, no sabemos si sus aliados, incluida Rusia la dejen sola.
Conclusión:
Creemos que los gobiernos de Colombia, deben dirigir nuestras relaciones internacionales como manda la Constitución y no a su libre albedrio. Y si quieren hacer conocer a los otros Estados sus molestias, deben hacerlo por los medios diplomáticos regulares y no por X; exhortamos que deben buscar la integración latinoamericana y del Caribe; promover las relaciones sociales y económicas con todas las naciones del mundo, sobre bases de equidad y reciprocidad. Ser soberano internacionalmente y respetar la autodeterminación de los pueblos. Y esto es válido para el caso de Venezuela, como de otros Estados.
Saludamos con moderado optimismo la llegada de Colombia a ocupar la presidencia pro témpore de la CELAC, deseando para el señor Presidente éxitos en su desempeño y buen viento en este mar de profundas dificultades y pujas entre las poderosas potencias del mundo.
 

CANDIDATO PRESIDENCIAL ARAÚJO RENTERÍA ESTÁ PREOCUPADO POR LA SUERTE DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

Por: Jaime Araújo Rentería

Más allá de si vale la pena discutir o celebrar, de si el Plan de Manejo Ambiental anunciado en su momento por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para recuperar la Ciénaga Grande de Santa Marta, estaría financiado por una inversión de ocho o nueve millones de dólares, gestionada por éste o por el anterior gobierno, lo que interesa realmente a los colombianos es que se logren las metas de un bien diseñado plan de manejo ambiental y que se abandone la tendencia de inútiles rifirrafes entre encumbradas funcionarias y exfuncionarias del importante Ministerio. Destaquemos que lo que está en juego es la suerte de un ecosistema estratégico para el país y el mundo, declarado humedal de importancia internacional Ramsar en 1998 y Reserva de Biósfera por la Unesco en el año 2000. Este ecosistema, además, tiene el atractivo social y económico que produce un promedio de 6.000 toneladas de pescado al año. El plan de recuperación del actual gobierno tiene contemplado trabajar en conjunto con las comunidades y las entidades del Sistema Nacional Ambiental donde se realizará una reconversión económica, la restauración ecológica de manglares y caños y el restablecimiento de conexiones a través de los canales de la Ciénaga Grande, el cual beneficiará más de 250.000 personas de la región, suponemos que el esfuerzo incluirá el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena. Quisiéramos agregar a esa iniciativa ecológica la necesidad de implementar con urgencia un programa de vivienda digna, ojalá con la opción de reforzar las posibilidades del turismo ecológico de la zona, adecuada y asequible, de conformidad a los lineamientos definidos por el Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales de ña ONU.

REITERAR LO QUE EXPRESÉ EN DICIEMBRE..

 

CASI NOS DEJA EL TREN

Por Armando Pérez Araújo

La tremenda noticia de que el presidente Petro está interesado en conversar con los dueños del sistema del ferrocarril privado, la empresa Cerrejón, para negociar la posibilidad de consensuar una fórmula adecuada y equitativa, por supuesto contractual, no solamente no es descabellada sino la más inteligente y popular para los intereses de los colombianos y, particularmente, para los de los tradicionalmente olvidados de La Guajira. Celebramos que esta iniciativa, que hemos impulsado desde nuestra Causa Caribe y divulgado en Pensamiento Caribe, haya cuajado y se convierta en una interesante bandera de cambio y de transformación inmediata. El presidente Petro tiene toda la razón, también tiene cogida la sartén por el mango, y veamos porqué resulta adicionalmente viable: en primer lugar, el proceso minero carbonífero de La Guajira ya no es el desaforado terrófago de antes, cuando cada gobierno regional y nacional, la sociedad colombiana, incluso, componentes de nuestra espiritualidad, como nuestra Iglesia Católica asentada en La Guajira, se comportaban con los peores signos de genuflexión, mostrándose arrodillados y sumisos a los poderosos y exorbitantes intereses de la gringa familia Rockefeller. Recordemos que en ese entonces parecía que estaba completamente prohibido en el país disentir de las políticas corporativas impartidas desde las altas esferas de Exxon Mobil en Dallas, además, la postrada estatal Carbocol S.A. que suponíamos, debería haberse comportado erguida, actuando celosa del cuidado de tantos y tan sensibles intereses de los colombianos, se limitaba y concentraba en velar los asuntos socialmente intranscendentes del contrato de asociación. Pero los tiempos han cambiado y es evidente que el Presidente Petro se ha desmarcado de las multinacionales extractivistas, y, claro, adicionalmente, resulta evidente la tozudez del vinculante fenómeno jurídico que indefectiblemente implica el inminente y justo Cierre de Mina, lo mismo que la Transición Energética Justa, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Escazú, etcétera, que les impone a las partes contratantes, particularmente para el caso concreto de La Guajira, un entendible cambio de reglas del juego a favor de los parámetros de la justicia social y ambiental. De manera que acceder de forma temprana a los sobrantes servicios parciales del tren y algunos activos de propiedad de la empresa Cerrejón, también servirá para asegurar y garantizar a la sedienta población guajira, la indispensable transportación de incalculables volúmenes de agua que, dicho sea de paso, es justo reconocerlo ahora, en la actualidad dicha empresa voluntariamente atiende su distribución a diferentes rancherías vecinas, asunto que en alguna medida es digno de aplaudir y estimular, aunque advirtiendo que ello ocurre de manera relativa y en cantidades absolutamente insuficientes, dentro del marco de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. El sistema del ferrocarril minero, de propiedad de la actual empresa carbonífera, también nos ha puesto a reflexionar, y el presidente Petro lo sabe, sobre la trazabilidad y viabilidad contractual de complementar responsabilidades administrativas, financieras y operativas entre gobierno, empresa Cerrejón, trabajadores y ex trabajadores de la mina y otras empresas asociativas campesinas, afros e indígenas, resaltemos, con el inajenable aporte de los dueños del territorio, que aportarían exclusivamente el USO DEL SUELO TERRITORIAL, respecto a la producción, transporte y distribución de alimentos del campo, incluso, exportación e importación de productos agropecuarios y de otros renglones de la economía autóctona regional, por ejemplo, asuntos relativos a las incalculables potencialidades pesqueras de la región caribe colombiana, incluyendo importante zona marítima de la región venezolana y más allá. El presidente Petro sabe muy bien, además, porque él siempre ha sido partidario de explorar las posibilidades turísticas de La Guajira, que a partir de los grandes soportes que representarían las potencialidades del tren y sus activos, los dos aeropuertos privados de hoy, utilizados exclusivamente por y para la minera extranjera, lo mismo que los formidables activos de la infraestructura portuaria minera, constituiría, según la elemental propuesta que hemos ventilado con algunos dirigentes guajiros, la base para que en el próximo futuro se establezca la más importante Sociedad Portuaria Mixta y Multipropósito Indígena de América. En lo que falta de este gobierno deberían quedar por lo menos las mínimas bases normativas, jurídicas y técnicas, para la consolidación de una ambiciosa estrategia de educación superior, mediante la conversión de las instalaciones del actual campamento de Mushaisha, de propiedad de la minera, conformado por hoteles, almacenes, supermercados, escuelas y colegios, oficinas de toda clase, laboratorios clínicos e industriales, infraestructura de terceras empresas de servicios varios, consultorios médicos y odontológicos, gimnasios, empresas de transporte de carga y pasajeros, agencia de viajes, estaciones de servicios de combustibles y lubricantes, hospitales, clínicas, acueductos, alcantarillados, bodegas, parqueaderos, edificios, talleres, bancos, ciudadelas y todo tipo de soluciones habitacionales, restaurantes, cafeterías, clubes, varios auditorios, piscinas, varias canchas deportivas, etcétera, en el campus universitario de lo que sería la institución de educación superior más importante del caribe colombiano, en caso de que este gobierno de transformaciones así lo planee y ordene. Tampoco nos debería sorprender que el presidente Petro y su Ministra de Agricultura empiecen a implementar normas y mecanismos de transición gradual, reitero, mediante contratación con la empresa dueña de esos activos, para hacer posible el pronto y efectivo acceso, paulatino y escalonado a más de cincuenta mil hectáreas de tierras productivas, progresivamente vacantes, privilegiando en primer lugar a las familias de la región, indígenas y negros, impactados por la actividad minera. De ninguna manera, no podemos excluir, por supuesto, los altos niveles de la carga moral que tienen sobre sus hombros, léase conciencias, los actuales dueños y administradores de la empresa minera, los cuales deberían facilitarle la tarea al señor presidente Petro, especialmente el recorderis que nos toca refrescar, sin entrar en mayores detalles, sobre la ilegalidad y absurdidad del acceso a las tierras indígenas del norte y a las de los negros del sur, lo mismo que los fundamentos y argumentos filosóficos de entonces, parapetados en lo que se llamó la Declaratoria de Utilidad Pública y Social.