BOMBA DE TIEMPO (3)
No es posible avanzar en este reiterado planteamiento nuestro, sin respirar profundamente y reflexionar sobre el significado y alcance del vocablo TERRITORIO. Personalmente creo que aquí está el meollo de la confusión reinante en esta materia clave de la realidad social de La Guajira, por lo tanto es menester hacer unas mínimas precisiones: la primera que se me ocurre proponer es que tengamos que admitir que esa realidad está amarrada a la realidad de la etnia wayuu. Creo que esta afirmación es incuestionable e indiscutida, hasta por quienes miran por encima de sus hombros la connotación histórica y política del pueblo indígena, por lo tanto podríamos deducir que lo que sigue es comprender que hay asuntos, entre ellos la territorialidad del pueblo wayuu, que no se puede ni se debe eludir a la hora de pretender la defensa de los derechos de La Guajira. Además de perverso sería absolutamente desconcertante e insensato que en vez de acudir a la territorialidad wayuu se elija prescindir de ella a la hora del debate jurídico y la propuesta político administrativa, que es lo que lamentablemente viene ocurriendo de forma inveterada. Políticos, académicos y líderes sociales, claro, con distinguidas excepciones, acuden a la palestra de las corporaciones públicas, a las columnas de opinión, a los micrófonos de la radio y la televisión, a los escenarios de gobierno, etcétera, a defender, por ejemplo, el comercio fronterizo, la estabilidad jurídica de los puertos de la Alta Guajira, en fin, el universo comercial y aduanero de La Guajira, prescindiendo de la argumentación de fondo que no es otra cosa que la respetabilidad constitucional del territorio wayuu. Les produce urticaria utilizar el argumento territorial wayuu porque saben que ello tendría que desembocar en la autonomía, el gobierno propio, la consulta previa y todo lo que ellos llaman carajadas constitucionales del derecho de los indígenas. Este intento de frenar el desarrollo de las garantías indígenas es lo que ha generado un ambiente de desterritorialización de La Guajira y ha convertido el sagrado escenario territorial indígena en una especie de extenso y caótico potrero sin normas de protección para ninguna actividad. Usted, amiga lectora y amigo lector, póngase a pensar, con qué cara nuestros personajes, me refiero a los que mandan en la política de La Guajira, van a luchar por los efectivos privilegios territoriales del pueblo wayuu, si ellos, estos personajes nuestros, son los crasos usurpadores de esas garantías constitucionales. Revisen municipio por municipio y me dirán. La pregunta que sé que les surgirá es la siguiente: ¿entonces, cómo lo hacen?, ¿cómo hacen para no mencionar los intereses wayuu, siendo que ello es tan evidente, en una de esas reuniones con las esferas del poder central? Les respondo: claro que sí hablan de los intereses wayuu. Si el tema es la normatividad portuaria, por ejemplo, resaltan las estadísticas que indican la mano de obra wayuu utilizada en el cargue y descargue de los barcos y que estaría abocada a un cese laboral forzoso. Incluirían el potencial desempleo de choferes indígenas de tanta cantidad de camiones, el lucro cesante de pequeños y medianos capitales de indígenas invertidos en el parque automotor amenazado. Las mujeres indígenas que quedarían cesantes en su oficio de cocineras en los puertos. A los niños wayuu se les encimaría otra causa de morbilidad y mortalidad. Y, si el tema es el comercio de Maicao, ocurriría lo mismo, idéntica argumentación más la connotación fronteriza. Jamás de los jamases esgrimirán el territorio wayuu como arma jurídica. Aunque no cuaje como razonamiento válido, aunque parezca estrambótico, a La Guajira le tocará empezar a razonar y entender que el camino de la paz y del desarrollo es la territorialidad wayuu. Montesquieu y Rouseau, que fueron los primeros en precisar el alcance de este término político, enseñaron que territorio es una extensión de tierra donde habita una colectividad humana con una “autoridad definida”. No nos digamos mentiras: eso aquí lo tenemos como un simple adorno de nuestra Constitución.