BOMBA DE TIEMPO (5)
EDUCACIÓN INDÍGENA y algo más.
A propósito del recurrente fenómeno de justicia por propia cuenta, al que han llevado a los maestros indígenas de La Guajira, de tener que bloquear las carreteras para presionar el pago de sus sueldos (recientemente hubo cuatro bloqueos en la pasada semana), se hace necesario resaltar el trato discriminatorio al cual está sometida la educación indígena en La Guajira, asunto indiscutiblemente grave que por supuesto afecta la calidad y extensión de este fundamental derecho. No hay otra intención en este escrito, diferente a contribuir a formar una buena opinión sobre el problema de la educación indígena. Deliberadamente sólo trataré de concentrarme en lo que creo constituye hoy el sumun de una injusta provocación y el cinismo con que se gobiernan los temas de la educación indígena por parte de las autoridades municipales y departamentales, sin excluir, claro que no es excluible, el precario rol del Ministerio de Educación Nacional, que funge irresponsablemente intermitente, de manera episódica y esporádica. En esto último, es decir, en este específico y defectuoso rol estatal, es posible hallar la principal carencia de la problemática, o el poco tino que demuestra el gobierno nacional en el manejo de sus propias políticas públicas y de los logros de la reciente normatividad educativa, de corte relativamente indigenista.
La explicación del despelote imperante, no es posible denominarlo de otra manera, toca con las responsabilidades del gobierno nacional en garantizar el orden constitucional en materia de educación indígena. El escenario jurídico y financiero es lamentablemente cruel y contraproducente, no obstante el Decreto 1953 de 2014, es decir, el precario desarrollo de la Constitución Política, que a la postre es lo que sirve de caldo de cultivo y estímulo para que suceda lo que está sucediendo, en las barbas del MEN y de los entes de control, sin que estos se inmuten o se sonrojen.
El Control de la educación propia de los indígenas, así con mayúscula, lo ejercen libremente los gobernantes no indígenas y de la peor manera, que es lo más grave y ofende el sentimiento de cualquier demócrata, pues no estaría pasando nada malo si el ejercicio de la delegación a los contratistas o testaferros fuese impecable.
Sabemos que hay Uniones Temporales, Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones existentes en La Guajira, que se desempeñan como contratistas de la administración de la educación indígena frente a la gobernación o alcaldías con obligaciones originadas en la ley, algunas muy bien intencionadas y seguramente realizando lo correcto y lo posible, contra viento y marea, debe advertirse, aunque la mayoría no lo son, no pueden serlo, pues sus agendas comerciales son anti indigenistas y francamente permeadas o cooptadas por bacrines pertenecientes a los albañales de la peor politiquería que domina el estado de cosas irregulares. Es aquí, en este oscuro y fétido lugar del crudo diagnóstico, dónde reside el verdadero problema, y dónde surgen justificadas quejas y rumores sobre la existencia de bandas que trafican con los intereses de la educación indígena, según se dice vox pópuli, integradas por funcionarios, ex funcionarios y/o por quienes obedecen pautas de estos y defienden sólo sus intereses personales o de grupo. Lo peor es que esos poderosos capitales que se construyen a costa del presupuesto de la mayor cobertura y de la buena calidad de la educación de los indígenas, lo mismo que con los sagrados salarios de los docentes indígenas y dineros de la salud de la etnia, y con todos los recursos económicos que atañen a la vida de los pueblos indígenas, son continuamente reinvertidos en reelegirse y atornillarse políticamente para asegurar su permanencia en los consabidos puestos de control, manteniendo esto que cada vez configura más y más lo que se ha empezado a identificar como una contemporánea esclavitud con repercusiones y responsabilidades en las cifras de morbilidad y mortalidad que ya se conocen.