BOMBA DE TIEMPO (4)
La búsqueda de fórmulas a pronto plazo para La Guajira impone la necesidad de circunstanciar el colapso institucional de la frontera, generado por la crisis interna venezolana y la consuetudinaria y mediocrísima politiquería de ambos países, alrededor del tratamiento de los derechos humanos de los indígenas. Dijimos en anterior ocasión que la desterritorialización de La Guajira Indígena amenaza con disolver la personalidad colectiva del pueblo wayuu y de contera privilegios geopolíticos de su territorio, llevándose por delante atributos que históricamente ha percibido la etnia, y algunos beneficios extendidos a la ciudadanía guajira, principalmente, también a las colonias paisas, árabes, etc., ancladas comercialmente en la península a punta de imaginación y tesón, no obstante restricciones y extorsiones aduaneras.
Lo que hemos denominado como bomba tiempo es el estallido social, léase, mierdero, que nos espera, si esta parte del país, o mejor, de ambos países, no se pellizca y ataca la enfermedad por dónde es. De nuestro lado colombiano lo que corresponde es aplicar la Constitución del 91, desarrollarla, en vez de atropellarla de manera vulgar. En materia de derechos indígenas la Carta de navegación se fue hace rato para el canasto de la basura. Nació encaminada a servirle sólo a las camarillas de la politiquería departamental, inclusive, dio lugar al nacimiento y crecimiento de fuerzas políticas importantes, contrarias a la suerte e intereses de los nativos. La Autonomía Indígena, por ejemplo, que debería ser la herramienta jurídica para la paz de la región, ocasionó todo lo contrario: generó inimaginable división de la etnia, inclusive, al interior de las familias, y catapultó el más corrupto modelo de esclavitud contemporánea en La Guajira, que avergüenza y tiene en el ojo del huracán a toda la sociedad departamental, diariamente en los remolinos de primeras páginas de la prensa local y nacional. ¡La hecatombe llegó y se quedó, carajo!, es lo que algunos diagnostican y condenan desesperados, pero recordemos que hay una ley inexorable, la política no es la excepción, que dice que “todo tiene un límite en la vida y lo que no tiene bases se cae”. Prácticamente, la balanza que tenemos está entre si seguimos con pañitos de agua tibia o si cogemos el toro por los cachos. Voy expresar lo anterior apoyándome con el siguiente ejercicio: un ejemplo de pañito de agua tibia, tal vez el más serio de los pañitos de aguas tibias, es el Decreto 1953 de 2014, expedido por el actual gobierno, “por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”. Faltó un poco de sinceridad en esta parte filosófica de la motivación del decreto, y debió decir entre paréntesis (hasta nunca), pues el articulito indicado es, nada menos, el que dice que habrá que ponerse de acuerdo sobre la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su desarrollo, está demostrado que no va a ocurrir dentro la actual dinámica política congresional. Para no entrar en las trabas que conllevaría la aplicación del 330, aún mayores, para el caso de La Guajira Indígena. Pero, digamos que los avances del Decreto citado en temas de educación y salud constituyen un logro importante, que no es lo mismo, hay que recalcarlo, que alcanzar la cima de las garantías constitucionales, porque el funcionamiento de la política local sigue siendo antidemocrático y anti étnico. Si no que lo digan los maestros indígenas, a quienes le deben salarios del año pasado a estas alturas, aparte del trato despectivo y desconcertante de las autoridades gubernamentales, en asuntos de la educación propia, de los municipios y del departamento. Es que todo desemboca en el territorio indígena y su gobierno autonómico, míresele por donde se le mire. Un amigo indígena me dijo lo siguiente: lo que pasa es que la rutina no nos deja pensar. ¡Cierto!. Tenemos que empezar a proponer soluciones constitucionales viables y novedosas, respecto a las evidentes ventajas y potencialidades del territorio indígena, en vez de perseguir simples franquicias aduaneras para el comercio, abstrayéndonos de la superioridad del argumento de mayor jerarquía disponible, despreciando los privilegios de la plataforma jurídica wayuu. Ya lo hemos explicado: se equivocan quienes pretenden negar que La Guajira es una realidad diferente y que requiere una vía constitucional diferenciada. Después miraremos el inexistente, pero totalmente indispensable, Derecho Electoral Indígena.