Suspenden la aplicación de la ley de glaciares en San Juan
El juez Federal Miguel Gálvez, resolvió la no aplicación de 5 artículos la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares para la provincia. Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera, contó la noticia y arriesgó que el tema va ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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2 de noviembre 2010
El juez Federal Miguel Ángel Gálvez, resolvió esta mañana suspender la aplicación de 6 artículos de la ley de protección de glaciares que aprobó el Congreso el mes pasado. En un trámite rápido – la presentación la hicieron ayer los empresarios y gremialistas- el magistrado dio lugar a una medida cautelar, hasta resolver la cuestión de fondo. El tema ahora va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según estimó Jaime Bergé titular de la Cámara Minera de San Juan.
La delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) y varias cámaras empresarias, presentaron ayer ante el Juzgado Federal Nº1 de San Juan una medida cautelar de no innovar planteando la inconstitucionalidad de la flamante ley de protección de glaciares que fuera promulgada por la Nación el pasado jueves.
Bergé, en la puerta de juzgado y a segundos de haber sido notificado, dijo que “se ha resuelto la suspensión de la aplicación de la norma, en el territorio sanjuanino, porque en ese tono estuvo hecha la presentación”.
Más tarde, el juez Federal Miguel Gálvez dijo a Radio Antena 1 que suspendió los artículos 2, 6, 5, 7, y 15 de la norma y ratificó que su decisión es solamente de aplicación en San Juan.
En el mismo orden y al hablar del futuro de la ley, Jaime Bergé arriesgó que “seguramente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En el mismo sentido, el abogado de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), Javier Cámpora, consideró el fallo como "un reconocimiento a las autonomías provinciales".
"Quiero resaltar la unión entre trabajadores y empresarios, que dejando de lado sus diferencias, se han unido para trabajar por San Juan", rescató.
Consultado acerca de la participación del gobernador Gioja en el diseño de la estrategia de defensa, el abogado sindical respondió: "Total. Él nos pidió esto, que no lo dejáramos solo, porque entiende que este no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos".
Juez explica alcance de la medida y confirma presentación de Barrick
El juez que suspendió 6 artículos de la Ley de Glaciares, explicó los alcances de la medida, y confirmó la presentación, vía otra demanda, de la empresa Barrick Gold.
“Supongo que la medida ira a impactar a nivel nacional, pero hoy hemos decretado una cautelar imponiendo la suspensión de algunas normas de esta ley de régimen para la preservación de los glaciares que rige sólo en la provincia de San Juan, donde es mi competencia”, aseguró el titular del 1º Juzgado Federal, Miguel Ángel Gálvez.
“Se presentaron varias entidades que se sienten afectadas por esta ley y han iniciado una acción declarativa contra el estado nacional pidiendo que se declare inconstitucional”, dijo el magistrado en nota con Antena 1. Las entidades son AOMA San Juan, Cámara Minera de San Juan, CGT de San Juan, Cámara Argentina de Servicios Mineros y Cámara Argentina de la Construcción.
Como novedad, Gálvez confirmó a DIARIO DE CUYO ONLINE que la empresa Barrick Gold hizo una presentación, en el mismo sentido, pero aparte de estas asociaciones.
“Nosotros hemos hecho un estudio prima facie, que no significa q sea definitivo, y ordenamos la medida cautelar por la suspensión de los artículos 2, 3, 5, 6 , 7 y 15 de la ley hasta que se estudie profundamente, se corra traslado de la demanda, recién ahí resolveremos, eso no será inmediato”, aseguró. “Seguramente se irá más allá de la feria judicial”, añadió.
Los plazos, según el juez, tiene que ver con “la notificación a la procuración del Tesoro de la Nación, que es el abogado del estado nacional, luego se correrá el proceso de traslado, harán descargo y presentarán pruebas conducentes”.
“Aparte los actores pidieron que se cite como tercero interesado a la provincia. Si esta se hiciera parte, cosa que creo pasará, se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien tiene competencia originaria”, concluyó.
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Por un amparo de las empresas mineras, la Justicia suspende en San Juan la ley de glaciares
La Cámara de Minería y a CGT local reclamaron contra la ley, que obstaculiza la explotación minera en las zonas de glaciares. Asegura que la norma nacional “no puede legislar sobre los recursos naturales”. Cristina había vetado una ley similar en 2008 pero ahora la promulgó.
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2 de noviembre 2010
El juez Federal de San Juan Miguel Angel Gálvez suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, sancionada el mes pasado por el Congreso Nacional, al conceder una medida cautelar contra la norma, presentada por la CGT, los gremios mineros y de la construcción y la Cámara Minera de la provincia.
Así lo informaron por separado este mediodía el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé y el abogado de los gremios Asociación Obrera Minera (AOMA), Carlos Cámpora, luego de haber sido notificados por el magistrado.
La ley de glaciares, que obstaculiza la explotación minera en las zonas de glaciares para preservar las reservas de agua dulce, había sido muy polémica y fue aprobada en el Senado con los votos justos.
Atrás quedó otro proyecto, defendido entre otros por el senador sanjuanino José Luis Gioja, que era más permisivo con las empresas mineras (en San Juan existe el proyecto de Pascua Lama, el primer emprendimiento minero binacional sobre la cordillera, realizado por la canadiense Barrick Gold).
En 2008, la presidente Cristina Kirchner había vetado una ley de glaciares similar a la que se sancionó ahora, y varios proyectos mineros pudieron avanzar gracias a ese veto. Por eso se especulaba con que el oficialismo apoyaría la ley más permisiva, cosa que no sucedió: una parte del bloque K votó a favor de la ley promulgada la sema pasada.
Si aquel veto representa la voluntad oficial, esta vez la medida cautelar de la Justicia –varias veces denostada por Cristina Kirchner- favorece al Gobierno.
En San Juan, las organizaciones vinculadas con la actividad minera hicieron la presentación de "acción de inconstitucionalidad y medida de no innovar" al considerar que "la norma avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no", según informó el abogado.
En realidad, la Constitución Nacional reformada en 1994 devolvió a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Pero en otro artículo también le encomendó al Congreso Nacional sancionar los “presupuestos mínimos ambientales” a partir de los cuales se puede realizar la explotación industrial.
Además de AOMA, también presentaron ayer pedidos de inconstitucionalidad la CGT y la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), mientras que hoy lo hizo la Cámara Minera de la provincia en el mismo sentido.
El escrito sobre el que dictaminó el juez Gálvez "tiene once puntos y plantea la inconstitucionalidad de la norma que más que de protección de Glaciares, es anti minera y afecta el desarrollo de la provincia", dijeron los abogados.
En su resolución, el juez federal de San Juan suspendió los artículos 2, 3, 5, 7 y 15 "que son los que prohibían la actividad industrial y especialmente la minería en la zona de alta montaña", para poder dar protección a los Glaciares y peri Glaciares como reservas de agua dulce.
Según se informó en el juzgado, el juez Gálvez comunicó la resolución al Procurador General de la Nación y al gobierno provincial para pedirles que no apliquen la norma mientras esté suspendida en el ámbito de la provincia de San Juan.
La organización ambientalista Greenpeace reaccionó rápido y señaló que “se trata de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial, ese es el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos”.
Además, dijo que los sectores mineros “se han auto incriminado, si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley”, señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
“Esto no hace más que agravar aún más las sospechas y la pésima reputación que tienen las compañías mineras y los gobernadores que alientan este tipo de acciones judiciales”, dice el comunicado de Greenpeace.
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