martes, 16 de noviembre de 2010

Las Caras del Despojo (Tomado de la Publicación Hechos del Callejón)

 • hechos del callejón
Las caras del despojo de tierras
Muchas de las tierras y el patrimonio que los desplazados dejaron atrás ahora aparecen registradas a nombre
de otros. Éste es un panorama nacional y regional de las modalidades de despojo a través de las cuales
actores legales e ilegales se están quedando con tierras de campesinos.
forzadas a dejar en abandono se encuentra
en la región de la Costa Caribe (38,2%),
seguida por la Amazonía, la Orinoquía y el
Pacífico (34,5%) y finalmente por la región
Andina (27,3%). Esta situación se ve agravada
por los medios usados para la apropiación
de las tierras: el miedo, las amenazas,
el asesinato de campesinos y los procesos
administrativos fraudulentos.
Los diferentes tipos de despojo que se
presentan en el país fueron identificados por
el programa de Consultas para la Recuperación
de Tierras del Ministerio de Agricultura,
Conret: la transferencia forzada de dominio,
las ventas falsas, la caducidad administrativa,
el desplazamiento de propietarios y el
desplazamiento de poseedores, ocupantes y
tenedores, son los principales.
Una de las situaciones que ha facilitado
este despojo es la altísima informalidad de
la tenencia de la tierra en Colombia. Esto
se debe, en parte, al retraso del Estado para
titular las tierras baldías a los colonos y,
también, a la práctica generalizada de no registrar
los documentos de propiedad en las
oficinas de Registro de Instrumentos Públicos,
ya sea por evitar el costo de esta diligencia
o, simplemente, por el poco peso que
aún tiene en el campo la cultura del papel.
Lo cierto es que entre la población
desplazada sólo el 18,7% puede catalogarse
como propietaria formal de los predios
abandonados, es decir, que han inscrito la
propiedad de su predio en una Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos (orip),
según el informe de la Comisión de Seguimiento.
Otros desplazados son “poseedores”
o dueños de un predio con un documento
de propiedad no registrado. Muchos de ellos
sólo cuentan con una “cartaventa” . También
hay un alto número de “ocupantes”, colonos
que explotan un terreno baldío y luego les
puede ser adjudicado por la Nación. Y se
encuentran también “tenedores”, quienes
trabajan un predio, ya sea en calidad de
arrendatarios, cosecheros (quienes viven de
recoger las cosechas) u otros. “No es gratuito
que las acciones de despojo y usurpación
recaigan especialmente sobre bienes inmuebles
cuya propiedad no ha sido registrada
ante las orip”, dice el séptimo informe de la
Comisión de Seguimiento.
“Los casos en los que el despojo ha llegado
hasta la transferencia de los títulos sobre la
tierra se presentan en los territorios de dominio
paramilitar, como la Costa Caribe. En
territorios de dominio de la guerrilla, como
Huila, Tolima y Caquetá, se presenta abandono
y repoblamiento de la tierra, pero no
hay un interés por la transferencia de títulos”,
señala Patricia Buriticá, comisionada de la
cnrr y coordinadora de la Comisión Técnica
Especializada en el tema de tierras.
La forma ilegal como han sido transferidas
enormes cantidades de predios rurales,
y en menor medida urbanos, ha significado
un retroceso en la distribución de la tierra en
el país. Instituciones del Estado y organizaciones
sociales han descubierto que a través
de procesos delincuenciales o fraudulentos,
pequeñas parcelas de campesinos se han
convertido en grandes fincas a nombre de
‘‘Me vende o le compro
a la viuda”.
A través de esta
amenaza, que en
algunos casos se
ha convertido en realidad, colombianos han
sido obligados a entregar sus tierras por algunos
pesos, que en ocasiones no han alcanzado
a recibir. Esta frase se ha convertido en
uno de los instrumentos para la apropiación
ilegal de tierras en Colombia.
De las tierras que los desplazados dejaron
atrás, algunas se encuentran abandonadas.
Otras están ocupadas por terceros, ya sean
ocupantes de buena fe, como campesinos
desplazados de otras regiones, u ocupantes
de mala fe, como paramilitares, testaferros y
algunas empresas de cultivos agroindustriales,
según lo ha declarado el Estado. Y otras hectáreas
ya han cambiado de dueño bajo presión o
a través de diligencias administrativas fraudulentas
y se encuentran en manos de testaferros
o han sido vendidas a terceros de buena fe.
La magnitud del despojo es tal que afecta
a todo el país. La Comisión de Seguimiento
a la política pública de desplazamiento estableció
que la mayor proporción de las tierras
Algunas tierras han sido ocupadas por otros campesinos
desplazados. Otras, por ocupantes de mala fe.
© cortesía piedad martín
Región Caribe
La región Caribe
concentra la mayor
proporción
de tierra
abandonada en el país,
el 38,2%, a pesar de ser
la población desplazada
que menos tierras
poseía: solo el 48,6%
de las familias reporta
la posesión de tierras, según la Comisión de
Seguimiento. En la Costa Caribe son más las
familias que abandonaron predios menores
de 5 hectáreas, que las que abandonaron
predios más grandes. En promedio, cada familia
dejó 13,7 hectáreas, señala la Comisión.
Los departamentos en los que se ha
conocido mayor abandono y despojo de
tierras son Bolívar, Magdalena, Cesar y
Córdoba, donde “se han apropiado de las
mejores tierras del Sinú”, afirma Buriticá. Y
los municipios donde hay más solicitudes de
protección de predios son Tierralta, Córdoba;
San Onofre y Ovejas, Sucre; El Carmen de
Bolívar, San Pablo y María la Baja, Bolívar.
La modalidad de despojo más común
Una de las modalidades de despojo que más
se observa en Bolívar, Cesar y Magdalena
es el desplazamiento de quienes han sido
beneficiarios de reforma agraria. Así ha
ocurrido en Plato y Chivolo, municipios de
Magdalena, donde el pptp ha encontrado
que los adjudicatarios de parcelas del Fondo
Nacional Agrario fueron forzados a desplazarse
en los años noventa por paramilitares
bajo el mando de Jorge 40. Poco tiempo
después, el Incoder les revocó sus títulos y
adjudicó estas tierras a pobladores nuevos.
Algo semejante sucedió en el predio El
Toco, en Cesar, adquirido por el Incora en
los años ochenta y entregado a 43 familias.
A principios de los noventa, un testaferro
de Jorge 40 obligó a los parceleros a firmar
Aún así, en todas las regiones continúa el
fenómeno de la venta masiva de tierras. Actualmente
se investiga la situación en municipios
como Vistahermosa, Meta, los Montes
de María (ver “Sucre: en busca de la protección
de la tierra”), en el Urabá antioqueño
y Tibú, Norte de Santander, donde se han
multiplicado las solicitudes de enajenación
o permisos para la venta de tierras protegidas.
“Estamos estudiando estos fenómenos
ya que podría tratarse del aprovechamiento
de la situación de vulnerabilidad de la población
desplazada y de su difícil situación
económica, por lo que podrían verse forzados
a vender su predio a bajo costo”, asegura
Ricardo Sabogal, del Proyecto de Protección
de Tierras y Patrimonio .
Ésta es una mirada a la situación de despojo
en las tres regiones identificadas por la
Comisión de Seguimiento: la región Caribe,
la región Andina y el grupo de las regiones
Pacífica, Orinoquía y Amazonía.
un solo propietario, y han sido despojadas
fincas que habían sido adquiridas o expropiadas
por el Incora y luego parceladas y
adjudicadas a familias campesinas.
Ante esta situación, el Proyecto de Protección
de Tierras y Patrimonio de Acción
Social, pptp, ha protegido hasta el momento
3,2 millones de hectáreas a lo largo del país.
De ellas, 1,6 millones de hectáreas corresponden
a solicitudes individuales de protección
de predios.
© cortesía piedad martín
Habitantes de ciénagas han vendido ante la presión de actores económicos y políticos y de inversionistas.
letras de cambio y pagarés a su favor, con los
que logró el embargo y remate de los bienes.
Posteriormente, el Incoder adjudicó estas
parcelas a nuevos beneficiarios.
Un caso emblemático del despojo de
adjudicatarios de reforma agraria es el de El
Verdún, un predio de El Carmen de Bolívar.
Cuando fueron desplazados, muchos de estos
campesinos no habían cancelado el 30%
del valor de la parcela, que les corresponde
pagar a los adjudicatarios, y el Gobierno
vendió las deudas de los campesinos a la
Central de Inversiones cisa. “Ahora tenemos
a una población desplazada que quiere
retornar a ese predio, pero por una parte
cisa les está cobrando y, por otra, inversores
interesados en las tierras les están haciendo
ofertas de compra. Tratamos de acompañarlos
para que retornen y no pierdan las
tierras, pero ellos están sometidos a muchas
presiones”, afirma Sabogal. Según el diagnóstico
elaborado por el Ministerio de Agricultura
“en los procedimientos de caducidad
administrativa se observa que la entidad no
tuvo en cuenta la situación pública y notoria
de violencia en la zona, así como la presencia
de grupos paramilitares armados al
margen de la ley que para la época ejercían
control en la región”.
Ventas forzadas y desplazamiento
de propietarios
En departamentos como Córdoba y Magdalena
los propietarios se han visto forzados a
vender sus predios a precios irrisorios bajo
intimidación directa. “Los grupos de autodefensas
contactaban inicialmente a los
propietarios inscritos de los inmuebles, les
proponían comprar las fincas a precios que
ellos mismos imponían y sin considerar las
hechos del callejón • 
 • hechos del callejón
“La región Caribe concentra la mayor proporción de
tierra abandonada en el país, el 38,2%, a pesar de ser la
población desplazada que menos tierras poseía”
condiciones de mercado de la época, ni el
área objeto de compra. Evidenciamos hasta
valores de 150 mil pesos la hectárea de tierra
cultivable”, señala el diagnóstico de Conret.
También se presentan las ventas forzadas
por la presión que actores legales e
ilegales ejercen en la zona. Por ejemplo, en
Córdoba “los campesinos y pescadores de
la Ciénaga Grande de Lorica del Bajo Sinú y
de la Ciénaga Grande deben vender su poca
tierra ante la agresiva presión que tienen de
actores económicos y políticos externos y de
inversionistas”, escribe Astrid Álvarez, de la
Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo,
Swissaid, en la revista Semillas.
Otra modalidad de despojo en la región es
el desplazamiento y el asesinato de los propietarios.
Entre las víctimas de esta modalidad
se encuentra María Zabala, despojada
de una finca de 80 hectáreas en Córdoba tras
el asesinato de su esposo y su hijo. Zabala
fue ganadora del premio a la Mujer Cafam
por su liderazgo en el proyecto “Valle Encantado”,
en el que mujeres viudas de la guerra y
despojadas de sus fincas rehacen su vida. En
abril pasado, María fue víctima de un atentado
contra su vida, el cual se suma a otros
hechos de este tipo contra la vida de líderes
que, como ella, luchan por la recuperación
de sus tierras en Córdoba.
Desplazamiento de poseedores,
tenedores y ocupantes
Una de las formas de despojo que más
ha afectado al Caribe colombiano es el
desplazamiento de poseedores, tenedores
y ocupantes, debido a la altísima informalidad
de la tenencia de la tierra.
En el sur de Bolívar, por ejemplo, “de
cada 100 campesinos que hay en Simití,
71 no tienen forma alguna de acceder a la
tierra”, escribe Astrid Álvarez, de Swissaid.
Muchos de ellos son colonos que llevaban
más de diez años cultivando tierras baldías
sin que el Estado les titulara, mientras
que otros aprovechaban zonas de reserva,
como sabanas y playones comunales, para
lograr su sustento. Pero con la llegada de
paramilitares y grandes empresarios el
panorama cambió. “Somos campesinos
sin tierra que vemos cómo las sabanas y
playones comunales que aprovechábamos
son cercados y saturados de palma africana
y ganado. Las tierras que no podían ser
tituladas a los campesinos y pescadores
sí fueron entregadas a las empresas de
palma”, afirmó Salvador Alcántara, de la
Asociación de Productores Alternativos
de Simití, Asproas, en el seminario “Las
configuraciones de los territorios rurales
en el siglo xxi”.
Los colonos a los que el Estado no les ha titulado la tierra que trabajan también tienen derecho sobre ella.
© cortesía simone bruno
Región Andina
En esta región,
donde hay más pequeños
que grandes
propietarios, se
encuentra el 27,3%
de las tierras abandonadas
en el país,
según la Comisión
de Seguimiento.
En promedio, cada familia abandonó
11,8 hectáreas de tierra, y 2,5 hectáreas de
cultivos.
El Magdalena Medio, el Catatumbo, el
Bajo Cauca y el Urabá antioqueño son las
zonas que registran mayor abandono y
despojo de tierras. Por su parte, los municipios
que mayor número de solicitudes
de protección han presentado en la región
Andina son Turbo, Antioquia, con 677 solicitudes,
y Tibú, Norte de Santander, con
485. Actualmente, en estas dos zonas hay
alerta tanto por la venta masiva de predios
como por las amenazas recibidas por los
líderes de la recuperación de tierras, que
se han concretado en homicidios, como el
de Benigno Gil, desplazado de Mutatá, Antioquia,
e integrante de la Mesa Nacional
Campesina de Recuperación de Tierras.
Transferencia forzada de dominio
La situación más grave de transferencia
forzada de dominio en la región Andina
se ha presentado en el Urabá antioqueño,
según el Ministerio de Agricultura. Allí,
los paramilitares que dominaron la región
obligaron a cientos de familias a desplazarse
y a poner su nombre en los folios de
matrícula inmobiliaria antes de partir. Esto
ocurrió de manera especial en los corregimientos
El Tres y Currulao, ubicados
entre Turbo y Necoclí, y en la zona del río
Tulapas, todos en Urabá.
Ventas y firmas falsas
En Urabá también se han presentado
expropiaciones con firmas falsas, tanto de
propiedades como de parcelas adjudicadas
por el Incora. En el caso de las parcelas,
quienes despojan han presentado
solicitudes de adjudicación, las cuales han
sido aprobadas prontamente y el mismo
día han sido inscritas en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos. Mientras
tanto, decenas de familias desplazadas
esperan en Medellín la posibilidad de
recuperar sus tierras.
Región Pacífica,
Orinoquía y Amazonía
El 34,5% de los
predios que han sido
abandonados o despojados
en Colombia
están ubicados en
esta región, según la
Comisión de Seguimiento,
que también
encontró que estos
son predios más extensos que los de las
regiones Caribe y Andina, ya que el 42,2%
de los predios abandonados o despojados
tienen más de 15 hectáreas.
Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá,
Arauca, Vichada, Guaviare y Casanare
son los más afectados por la situación de
despojo. Precisamente por ello, municipios
como Riosucio, en Chocó, y Vistahermosa,
en Meta, tienen numerosas solicitudes de
protección de tierras: el primero con 338 y
el segundo, con 325.
Usurpación por legales
Las disputas territoriales en zonas mayoritariamente
afrocolombianas, como los
territorios colectivos en el Pacífico, han
estado relacionadas con la expansión de
monocultivos de palma de aceite.
En ocho años, los cultivos de palma en
Tumaco pasaron de 20.996 hectáreas, en
1999, a 34.610 hectáreas, en 2007. Según el
primer informe sobre discriminación racial
y derechos de la población afrocolombiana,
Raza y derechos humanos en Colombia, que
será publicado por la Universidad de los
Andes, las empresas Palmeiras s.a. y Salamanca
s.a. han explotado 800 hectáreas la
primera, y 2.400 hectáreas la segunda, en
territorios del Consejo Comunitario Alto
Mira y Frontera.
A pesar de que el Incora declaró a estas
empresas como ocupantes de mala fe y con
un fallo les negó sus solicitudes de explotación
en el territorio colectivo, aún no se ha
efectuado la entrega material del territorio a
las comunidades, y las empresas siguen allí.
“La ocupación de los territorios con los
cultivos de palma aceitera ha implicado una
dramática pérdida territorial para las comunidades
negras”, señala el informe.
Adicional a esta situación, hay otra que
también preocupa: actores armados han
hostigado y amenazado a la comunidad
que defiende el derecho a la tierra, y dos de
sus líderes han sido asesinados.
Usurpación de cultivos
Otra modalidad de despojo descubierta en la
región Andina es la usurpación de los cultivos.
Así sucedió en Urabá, en cuatro veredas
antiguamente expropiadas por el Incora a
la sociedad Emilio Hasbún y parceladas en
2000 a decenas de familias campesinas. Raúl
Hasbún, empresario bananero y paramilitar,
obligó a los campesinos a pagarle las tierras
al decomisarles su producción de plátano
durante dos años. Actualmente se adelanta
la devolución de algunas de estas tierras
como resultado de los acuerdos preprocesales
del juicio a Raúl Hasbún.
Desplazamiento de poseedores,
tenedores y ocupantes
En la región Andina también se presentan
situaciones críticas por el desplazamiento
de poseedores, tenedores y ocupantes. En
el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, hay
grandes extensiones de baldíos que han sido
habitados por familias completas durante
tantos años, que algunos ya han heredado.
Allí construyeron sus casas y la infraestructura
para el ganado pero nunca legalizaron
dicha situación. Ante la expropiación masiva
de tierras, hoy no tienen pruebas para un
proceso judicial. Los paramilitares entregaron
algunos de estos predios en el proceso
de desmovilización.
Tierras abandonadas
En otras zonas, como en Huila y Tolima,
donde el actor armado que predomina es la
guerrilla, no se presentan las modalidades
de despojo que practicaron los paramilitares.
“El desplazamiento de la guerrilla es por
vacuna: ‘o paga un precio por estar ahí o se
va’. Los campesinos no pueden entrar a su
predio por el conflicto, pero a diferencia de
los paramilitares, en estos casos la guerrilla
no tiene afán de apropiarse del territorio”,
afirma Eugenia Méndez, directora de
Conret.
Sin embargo, las tierras sufren otras
afectaciones. No solamente se deterioran
sus viviendas y se pierden sus animales y
cultivos. En algunos casos son ocupadas
por terceros de buena fe, como desplazados
de otras regiones. Y en otros, como
en San Francisco, Antioquia, la tierra está
sembrada de minas antipersonal colocadas
por la guerrilla.
Despojo en la zona urbana
En la zona andina se ha presentado una
situación particular: el despojo en la zona
urbana, como lo han vivido Barrancabermeja,
Santander, y la Comuna 13 de
Medellín.
En Barrancabermeja, por ejemplo, la
situación se evidenció entre 1998 y 2000
después de la confrontación entre guerrillas
y paramilitares por el control de las
comunas. El poder paramilitar se consolidó,
sacó a muchas familias de sus casas y
posteriormente repobló los barrios. Actualmente,
Acción Social ha iniciado el estudio
de esta situación con miras a restituir las
viviendas a sus verdaderos dueños.
Las tierras entregadas por el Estado en procesos de reforma agraria son especialmente perseguidas.
© cortesía piedad martín
hechos del callejón • 
Por otra parte, “las empresas
palmicultoras han talado
vastas extensiones de bosque
primario, han drenado
los suelos y han construido
infraestructura vial en los
territorios colectivos para
dar paso al monocultivo”,
continúa el informe. Esto ha
generado la desaparición de
cultivos de subsistencia y el
desplazamiento de familias
del Consejo Comunitario en
busca de otros medios de
subsistencia.
Similar situación se presenta
en los casos emblemáticos
de Jiguamiandó y Curvaradó,
al norte del Chocó, donde
empresas de palma, ganado
y maderas han usurpado alrededor
de 3.836 hectáreas de
territorios colectivos afrocolombianos,
y también se han
dado operaciones violentas de
grupos paramilitares, según
publica Cecoín en su revista
Etnias y Política.
Ante la inseguridad en
la zona, en febrero pasado,
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ratificó
las medidas provisionales a
miembros de la comunidad.
Asimismo, algunas de las
empresas cultivadoras de palma
pretendieron legalizar la expropiación de
tierras mediante mecanismos fraudulentos,
según lo afirma Cecoín. Aunque las comunidades
tienen sus títulos como Consejos Comunitarios,
empresas continúan explotando
los recursos, mientras las comunidades
emprenden acciones judiciales para recuperar
la posesión material de sus tierras.
Usurpación por actores ilegales
En su informe Primero las víctimas, la Procuraduría
General señala que “Narcotraficantes
y grupos paramilitares han ingresado al
territorio de pueblos indígenas y afrocolombianos
apropiándose de predios mediante la
fuerza, ocupaciones de hecho, o vía títulos
fraguados u obtenidos de manera controvertida,
ya sea para beneficio propio, para
la siembra de coca o para facilitar la consolidación
y penetración de terratenientes o
campesinos externos” (cidh, 1998).
En el caso de la guerrilla, la modalidad es
otra, según la entidad. En los departamentos
del Pacífico las Farc presionan a las comunidades
a sembrar coca en sus territorios
y, además, a vender o a prestar las tierras
para la siembra ilegal a favor de quienes
ellos designan. Además de esto, impiden el
derecho a la libre circulación y al ingreso de
alimentos.
Pérdida de territorios colectivos
por macroproyectos
Los macroproyectos han influido en la pérdida
de territorios colectivos, como lo dice
la Procuraduría en su informe, donde señala
que “los pueblos indígenas han perdido
territorio durante décadas ante la implantación
no consultada de proyectos de explotación
de recursos naturales”.
En el mismo documento esta entidad
advierte de esta situación en Putumayo,
ante la construcción de la vía
Mocoa-Puerto Asís y el ingreso
de las petroleras Texas Petroleum
Company y Gulf Oil
Company, a las que el Gobierno
les entregó en concesión
por 30 años la explotación del
crudo en Orito.
Aunque el Incora constituyó
cuatro reservas en este
departamento a comienzos
de los años setenta, en 1992,
debido a la construcción de
megaproyectos, a los indígenas
sólo les quedaba el 26%
de los territorios reconocidos,
afirma la Procuraduría.
Aún hoy, la entidad ha
encontrado que “los actores
armados ilegales amenazan,
intimidan, asesinan y desplazan
a los dirigentes, líderes
y demás miembros de los
consejos comunitarios y de
los resguardos que se oponen
a la siembra de cultivos de
uso ilícito o a los proyectos de
desarrollo en los territorios
colectivos”.
En otras regiones del
país, el retraso del Estado en
la titulación de territorios
colectivos, como lo ordena
la Ley 70 para los territorios
de los afrocolombianos,
ha expuesto a estas comunidades
al despojo de sus tierras. En el
Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de
la organización popular campesina del Alto
Atrato, Cocomopoca, ha gestionado ante
el Incoder y la Unidad Nacional de Tierras
Rurales, Unat, para que protejan las tierras
que ellos han habitado desde generaciones
ancestrales y las registren como territorio
colectivo, sin lograr una respuesta positiva.
Mientras tanto, la comunidad y la Diócesis
de Quibdó ha denunciado hostigamientos
a sus habitantes por parte de empresas
mineras que gestionan una licencia para
explotar su territorio. La situación que hoy
viven los miembros de Cocomopoca es la
misma por la que pasaron centenares de
campesinos en otras regiones del país, que
han sido expropiados, asesinados o forzados
al desplazamiento.
Éstas son algunas de las caras o las facetas
del despojo de tierras en Colombia. w
Miles de campesinos esperan que haya seguridad para regresar a su territorio.
© foto olga gonzález
 • hechos del callejón

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